Sentencia 2004-01432 de mayo 15 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 700012331000200401432-01

No. Interno: 18740

Demandante: Municipio de Coveñas

Demandado: Sociedad Oleoducto Central S.A. OCENSA

Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones.

De conformidad con los artículos 97 y 186 del Decreto 01 de 1984, le corresponde a la Sala decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Municipio de Coveñas, mediante apoderado judicial, contra la sentencia del 12 de marzo de 2009, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre.

2.1. Generalidades.

a. Sentencias contra las que procede el recurso extraordinario de revisión.

De conformidad con el texto original del artículo 185 del Decreto 01 de 1984(2) el recurso extraordinario de revisión procedía contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia.

Mediante Sentencia C-520 de 2009(3), la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia”, contenida en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984. Las razones de esa decisión quedaron plasmadas en el siguiente sentido:

La disposición cuestionada niega la posibilidad a quien se ha visto perjudicado con una sentencia fundada en pruebas o hechos fraudulentos o erróneos, de obtener la tutela judicial efectiva. Las causales que dan lugar al recurso extraordinario de revisión en lo contencioso administrativo, pueden configurarse en cualquier clase de proceso cuya naturaleza permita su ocurrencia. No obstante, la norma cuestionada excluye del recurso de revisión ciertas sentencias, sin que tal exclusión tenga justificación constitucional.

Igualmente, tampoco resulta compatible con el derecho a la igualdad y al acceso a la justicia, que se exija la interposición de un recurso de apelación como condición procesal para acceder al recurso extraordinario de revisión. Dada la naturaleza de las causales del recurso extraordinario, la mayoría referidas a hechos no conocidos al momento en que se dicta la sentencia, no resulta jurídicamente viable sujetar el ejercicio de recursos extraordinarios al uso de los de naturaleza ordinaria. Una exigencia de este tipo forzaría a que siempre fuera necesario apelar la sentencia, con el fin de dejar abierta la puerta para la eventual ocurrencia de alguna de las causales que da lugar al recurso extraordinario de revisión. Tal exigencia procesal, crea un requisito no establecido en el ordenamiento, que no solo aumenta la carga de trabajo de la jurisdicción contenciosa, encarece de manera innecesaria el acceso a la justicia, sino que desconoce la finalidad por la cual fueron establecidos los recursos extraordinarios, que no es otra que la búsqueda de la verdad material.

Por tanto, no encuentra la Corte que exista un principio de razón suficiente, que justifique que una norma como la acusada, excluya a determinadas sentencias de ser revisadas mediante este recurso extraordinario, a pesar de haberse configurado una de las causales analizadas, y en esa medida resulta contraria al derecho a acceder a la justicia, al derecho a la igualdad y al debido proceso.

De manera que, conforme lo precisó la Corte Constitucional, es posible interponer el recurso extraordinario de revisión contra las siguientes sentencias:

1. Sentencias de primera y segunda instancia de los juzgados administrativos. Los Tribunales Administrativos son los competentes para resolver el recurso.

2. Sentencias de los Tribunales y las de las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado. Son competentes para resolverlos, la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, conforme a las normas de competencia aplicables al caso.

b. Alcance del recurso extraordinario de revisión.

Como lo ha precisado la Sala Plena del Consejo de Estado en anteriores oportunidades(4), el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional de las sentencias que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada, para restablecer tanto el imperio de la justicia como del ordenamiento jurídico que resultan lesionados por hechos externos al proceso judicial.

Dicho recurso, sin embargo, no es una instancia judicial adicional que permita variar la causa de la demanda, ni la defensa del demandado, ni remediar la deficiencia probatoria. Tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos jurídicos de las providencias. Es decir, el recurso extraordinario de revisión, a diferencia de lo que ocurre con el recurso extraordinario de súplica, no está previsto para cuestionar la actividad interpretativa del juez, sino para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que afectan el principio de justicia.

Justamente, las causales del recurso extraordinario de revisión tienen que ver con vicios de naturaleza procesal, que no sustancial, y, por ende, no están previstas para corregir errores que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial. Frente al tema, la doctrina judicial de esta corporación ha sido pacífica en decir que:

i Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza.

A excepción de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo referida a la violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia, ninguno de los otros hechos constitutivos de causal de recurso extraordinario de revisión aluden a la actividad analítica del juez o a la labor intelectual de juzgamiento, porque involucran bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 6°: nulidad originada en la sentencia y numeral 8°: desconocimiento de la cosa juzgada) o bien, aspectos que aluden a la validez intrínseca de las pruebas o a la insuficiencia de los medios probatorios (nums. 1°, 2°, 3°, 4° y 7°). 

Por otra parte, no todas las causales tienen el mismo alcance temporal, pues mientras algunas cuestionan la validez o suficiencia de las pruebas, determinable al momento del pronunciamiento de la sentencia, otras causales se refieren a la validez o suficiencia sobreviniente de las pruebas, es decir, luego de ocurrido un hecho posterior al pronunciamiento del fallo. 

Se advierte que la mayoría de las irregularidades constitutivas de causales de revisión aluden a situaciones que solo son aceptables y oponibles al aparato jurisdiccional cuando acontecen en forma posterior a la sentencia. Así ocurre con la invalidez o insuficiencia sobreviniente de los medios probatorios (nums. 2, 3, 4 segunda hipótesis y 7), el cohecho o violencia con que se pronunció la sentencia (num. 5) y la nulidad procesal originada en el fallo (num. 6º). 

El requerimiento entonces de que el hecho sea sobreviniente al fallo presupone que se recobre la prueba no aportada en su oportunidad (num. 2), que aparezca la persona con mejor derecho a reclamar (num. 3), que la persona beneficiada con la sentencia pierda la condición por la que le fue reconocido el derecho (num.l 4, segunda hipótesis), que penalmente se declare el cohecho o la violencia en que se incurrió al dictar la sentencia (num. 5º) y que se condene penalmente a los peritos que rindieron el dictamen que sirvió de base para la decisión (num. 7º)(5).

En idéntico sentido, la Corte Constitucional ha dicho(6):

5.2. Como puede observarse, las causales consagradas en los numerales 1, 2 (parcial), 5, y 7 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo se fundan en la necesidad de obtener una sentencia conforme a derecho frente a la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos: la detección de documentos falsos o adulterados o de peritazgos fraudulentos, que fueron decisivos en la adopción de la sentencia que se busca dejar sin efectos, la aparición de documentos que no pudieron ser conocidos porque la contraparte los ocultó, o el señalamiento penal de que la sentencia fue producto de cohecho o violencia.

Por su parte, las causales consagradas en los numerales 2 (parcial), 3, y 4, permiten corregir errores por circunstancias no conocidas al momento de proferir la sentencia cuestionada, que de haber sido conocidas, hubieran dado lugar a una sentencia distinta: la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada, o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las circunstancias que justificaban que se hubiera decretado una prestación periódica.  

La causal del numeral 6, busca restablecer el debido proceso, al permitir corregir una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso que no era susceptible del recurso de apelación. Finalmente, la causal del numeral 8, protege tanto el debido proceso como la intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto de revisión.  

En todos los eventos previstos en el artículo 188 Código Contencioso Administrativo, se garantiza al perjudicado con una sentencia que desconoce la justicia material, la posibilidad de acceder a la justicia y obtener la protección de sus derechos. Tal como lo ha señalado esta Corporación en distintas oportunidades, el recurso extraordinario de revisión constituye un desarrollo armónico del derecho a acceder a la administración de justicia. Así, ha sido puesto de presente por la Corte al señalar que “[e]l artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”(7). 

Ahora bien, el artículo 188 del Decreto 01 de 1984 establece las causales de revisión de las sentencias que dicta la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esas causales, en general, tienen que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error o la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión.

El recurso de revisión, entonces, está sometido a causales expresamente definidas y, por ende, la prosperidad está supeditada a que se demuestre la existencia de una de tales causales. De ahí que no sea procedente interpretar las causales y derivar supuestos fácticos diferentes a los que expresamente están definidos por el artículo 188 del Decreto 01 de 1984. Las causales de revisión no admiten interpretación analógica o extensiva, son taxativas.

c. La nulidad originada en la sentencia. Causal del recurso extraordinario de revisión.

En el asunto que nos ocupa, el municipio de Coveñas, parte demandada en el proceso, invocó como causal de revisión la prevista en el numeral 6º del artículo 188 del Decreto 01 de 1984, que dispone:

ART. 188.—Causales de Revisión. Son causales de revisión:

(...). 

6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Frente a lo que debe entenderse por nulidad originada en la sentencia, esta Corporación ha sostenido(8) que los hechos que la configuran no pueden ser otros que los supuestos enunciados en las nulidades procesales previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, también se ha aceptado que la sentencia puede verse viciada por hechos que si bien no están previstos como causales de nulidad procesal, sí pueden afectar la legalidad de la decisión, verbigracia: la sentencia en la que se condena a la parte que no fue vinculada al proceso; la sentencia que se dicta a pesar de que el proceso estaba legalmente suspendido o interrumpido; la sentencia de las corporaciones judiciales que no tienen el número de votos necesarios para la aprobación; la sentencia que no tiene formal ni materialmente motivación, etcétera.

Ahora, en principio, se trata de irregularidades procesales que surgen con la expedición de la sentencia, no las acaecidas en etapas procesales anteriores. Es decir, es la propia sentencia la que debe generar la nulidad o vicio. En efecto, en la sentencia del 2 de marzo de 2010(9), la Sala Plena concluyó que la causal sexta de revisión exige que el vicio se configure al momento en que se profiera la sentencia y que, por ende, no es posible “alegar como causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo 145, íbídem, (sic) impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe ‘antes de dictar sentencia’”.

Sin embargo, esta corporación también ha aceptado que pueden alegarse como hechos constitutivos de esta causal los vicios ocurridos antes de proferirse la sentencia, siempre que el afectado no haya tenido la oportunidad de alegarlos ante el juez porque solo los conoció por la sentencia. Así se reconoció en la sentencia antes mencionada: “la jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso(10)” (Se destaca).

En el último caso, el afectado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad. De lo contrario, la causal de revisión se convertiría en un mecanismo para que las partes subsanen las omisiones cometidas en el proceso ordinario y aleguen nulidades que pudieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil(11).

En conclusión, la causal de nulidad originada en la sentencia se configura por los mismos hechos previstos para las nulidades procesales y por las irregularidades que, si bien no están previstas como causales de nulidad procesal, sí pueden afectar la legalidad de la decisión. Además, puede alegarse por vicios ocurridos al momento de expedirse la sentencia o por vicios ocurridos con anterioridad, siempre que el afectado pruebe que no pudo alegarlos oportunamente porque los conoció solo por la sentencia.

d. El caso concreto.

Previo a resolver de fondo, la Sala parte de precisar que la sentencia del 12 de marzo de 2009, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, recurrida en revisión, quedó ejecutoriada el 30 de marzo de 2009, puesto que contra la misma, el Municipio demando no interpuso recurso de apelación.

El numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo dispone que la causal de revisión procede cuando se compruebe la existencia de nulidad originada en la sentencia que puso fin al procesoy contra la que no procede recurso de apelación.

Si bien es cierto que contra la sentencia ahora recurrida en revisión procedía el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-520 de 2009, precisó que resulta incompatible con el derecho a la igualdad y al acceso a la justicia, que se exija la interposición del recurso de apelación como condición procesal para acceder al recurso extraordinario de revisión.

Por lo tanto, se procede a analizar de fondo la causal de nulidad aludida por el municipio de Coveñas.

Según el municipio demandado, el proceso que culminó con la sentencia recurrida es nulo, porque no se integró el litisconsorcio necesario. A juicio del municipio, el tribunal debió vincular al proceso a la Unión Temporal Iluminaciones del Golf, empresa que, según dijo, se encarga de la operación, mantenimiento, administración y modernización de la infraestructura del servicio de alumbrado público en el Municipio de Coveñas. Explicó que fue esa empresa la que expidió las facturas, objeto de cobro coactivo, del servicio de alumbrado público a cargo de la Sociedad Oleoducto de Colombia S.A.

Al respecto, la Sala desde ya advierte que el recurso no está llamado a prosperar, porque no se configuró la causal de nulidad invocada por la demandante. A juicio de la Sala, en el presente asunto no era necesario integrar el litisconsorcio necesario con la Unión Temporal Iluminaciones del Golf.

El artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el litisconsorcio necesario, dispone:

“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de éste a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.  

En el caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez hará la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados. (...)”. 

Conforme con la disposición transcrita, el litisconsorcio necesario se presenta cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto la relación jurídica material, única e indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente, lo que impone su comparecencia obligatoria al proceso, por ser un requisito imprescindible para adelantarlo válidamente.

La característica esencial del litisconsorcio necesario es que la sentencia tiene que ser única y de igual contenido para la pluralidad de sujetos que integran la relación jurídico-procesal, unidad que impide adoptar decisiones que no incidan en todos los integrantes, en tanto que en el litisconsorcio facultativo como la pluralidad de partes corresponde también a una pluralidad de relaciones sustanciales controvertidas, es posible que las causas reunidas se separen en cierto momento y cada uno vuelva a ser objeto de un proceso separado.

Sobre el efecto de la falta de integración del litisconsorcio necesario, la jurisprudencia ha precisado lo siguiente:

“a) Según el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 51 ibídem, hay relaciones jurídicas sustanciales o pretensiones respecto de las cuales, ya por su propia índole o por mandato de la ley, no es posible hacer un pronunciamiento judicial de mérito sin la comparecencia plena de las personas que son sujetos de ellas, toda vez que la sentencia debe comprenderlas a todas y de manera uniforme; se configura de ese modo un litisconsorcio necesario, que se denomina por activa si tal la pluralidad se hace imperativa en la parte demandante, o por pasiva si lo es en la parte demandada.

b) Empero, no a toda relación jurídica o pretensión que tenga fuente en un acuerdo de voluntades cabe extender, sin distingo, la precedente noción de litisconsorcio necesario; la secuela que deriva su presencia, según la cual, “la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas...”, solo encuentra fiel expresión en todas aquellas pretensiones encaminadas a obtener que se reconozca la existencia, validez, modificación, disolución o alteración de determinado acto jurídico; por lo tanto, lo que se impone es hacer un cuidadoso examen de la demanda a fin de verificar exactamente, con vista en ella, cuál es la naturaleza y el alcance personal de la relación sustancial sometida a controversia, para deducir de allí si el litisconsorcio es o no necesario”(12).

En esa medida, el litisconsorcio necesario tiene su fundamento en la naturaleza de la relación sustancial objeto del litigio, definida expresamente por la ley o determinada mediante la interpretación de los hechos y derechos materia del proceso. En el primer evento basta estarse a lo dispuesto por la ley, pero cuando se trata de establecerlo con fundamento en la relación objeto del litigio, se impone un análisis cuidadoso para establecer la naturaleza del asunto y la imposibilidad de proferir un pronunciamiento de fondo, sin la comparecencia de un número plural de sujetos.

En el caso sub examine, la sociedad Oleoducto Central S.A. OCENSA demandó, en acción de nulidad y restablecimiento, los actos administrativos mediante los que el Alcalde del Municipio de Coveñas rechazó las excepciones propuestas por OCENSA contra el mandamiento de pago 777 del 8 de noviembre de 2004, proferido en el proceso administrativo de cobro coactivo del impuesto de alumbrado público de ciertos períodos, adelantado en su contra.

Los artículos 710 y siguientes del Estatuto de Rentas del Municipio de Coveñas [Ac. 007/2002] regulan el procedimiento administrativo de cobro de las obligaciones tributarias del municipio. De acuerdo con el artículo 712 de dicho estatuto(13), los funcionarios de la Secretaría de Hacienda Municipal o de la Administración Tributaria son los competentes para adelantar el proceso de investigación y para exigir el cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, intereses y sanciones.

En virtud de lo anterior, el Alcalde de Coveñas libró el mandamiento de pago 777 del 8 de noviembre de 2004, por el impuesto de alumbrado público que adeudaba OCENSA S.A., por valor de $571.152.000. Contra el mandamiento de pago, OCENSA propuso las excepciones de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, falta de ejecutoria del título ejecutivo e incompetencia del funcionario que profirió el mandamiento de pago.

Las excepciones fueron negadas por el mismo Alcalde del Municipio de Coveñas, mediante la Resolución 825 del 29 de diciembre de 2004, confirmada por medio de la Resolución 21 del 11 de febrero de 2005.

En consecuencia, para la Sala no era necesario vincular, en calidad de litisconsorcio necesario, a la Unión Temporal Iluminaciones del Golfo.

Es menester precisar que el proceso administrativo de cobro coactivo tuvo como fin exigir el pago del impuesto de alumbrado público, cuya administración, liquidación, discusión y cobro compete al municipio, independientemente de que por razones operativas, para facilitar el recaudo, se haya previsto que el impuesto de alumbrado público se liquide en las facturas que expidió la Unión Temporal.

En esa medida, el recurso interpuesto por el Municipio no prospera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

NO PROSPERA el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado judicial del Municipio de Coveñas contra la sentencia del 12 de marzo de 2009, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(2) ART. 185.—El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Conejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia.

(3) Magistrada ponente María Victoria Calle, actor: Javier Domínguez Betancur, sentencia del 4 de agosto de 2009.

(4) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de abril de 2004. C.P. María Inés Ortiz Barbosa. Expediente de Revisión No. 1999-0194.

(5) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Susana Buitrago Valencia, 1° de diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00.

(6) Sentencia C-520 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.

(7) Sentencia C-426 de 2002, MP: Rodrigo Escobar Gil.

(8) Ver, entre otras, las siguientes sentencias:

• Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. María Inés Ortiz Barbosa. Sentencia del 20 de abril de 2004, Expediente: 11001-03-15-000-1996-0132-01(REV), actor: Gabriel Ángel Acosta Torres, demandado: Incora.

• Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Jaime Moreno García. Sentencia del 18 de octubre de 2005, Expediente: 11001-03-15-000-2000-00239-00(REV), actor: Sociedad Almacén Tío Sam, demandado DIAN.

• Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. María Elena Giraldo Gómez. Sentencia del 7 de febrero de 2006, Expediente: 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV), actor Jesús Alberto Ortiz Díaz y otros, demandado: Ministerio de Trabajo.

• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010, Expediente 185, actor: Edgar Iván González Bustamante, demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación.

• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. (e) Martha Teresa Briceño de Valencia. Sentencia del 9 de marzo de 2010, Expediente 1100103150002002-1024-01, interno 059, actor: José Jafeth Ibargüen Mosquera.

• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 31 de mayo de 2011, Expediente 1100103150002008-00294-00, actor: Luis Carlos Zambrano Rozo, demandado: SENA.

(9) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación: 11001-03-15-000-2001-0091-01. Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la República.

(10) Sentencia del 20 de abril de 2004, expediente REV-00132.

(11) Artículo 142. Oportunidad y trámite Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella.

La nulidad por no interrupción del proceso en caso de enfermedad grave, deberá alegarse dentro de los cinco días siguientes al en que haya cesado la incapacidad.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339 <338>, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades. La declaración de nulidad sólo beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario.

Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo donde ocurran, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores, o por causa legal.

La solicitud se resolverá previo traslado por tres días a las otras partes, cuando el juez considere que no es necesario la práctica de alguna prueba que le haya sido solicitada y no decreta otra de oficio; en caso contrario se tramitará incidente.

La nulidad originaria en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso, podrá alegarse también en la oportunidad y forma consagradas en el inciso 3.

(12) Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de octubre de 1999. proceso 5224.

(13) ART. 712.—Competencia para investigaciones tributarias. Dentro del procedimiento administrativo de cobro los funcionarios de la Secretaría de Hacienda Municipal o de la Administración tributaria, para efectos de la investigación de bienes, tendrán las mismas facultades de investigación que los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (E.T., art. 825-1).