Sentencia 2004-01448 de enero 31 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación 13001 2331 000 2004 01448 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Gustavo Adolfo Olier Corrales

Acción Popular

Bogotá, D.C., treinta y uno de enero de dos mil ocho.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la providencia proferida el 5 de julio de 2006 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual declaró terminado por perención el proceso de la referencia.

I. La actuación procesal

El 19 de julio de 2005, el ciudadano Gustavo Adolfo Olier Corrales promovió demanda en ejercicio de la acción popular contra el departamento de Bolívar, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Surtigas S.A. ESP y Colombia Telecomunicaciones S.A., con el fin de obtener el amparo de los derechos e intereses colectivos “de los consumidores y usuarios”, los cuales estima vulnerados como consecuencia de la inclusión dentro de las facturas de algunos servicios públicos domiciliarios el cobro por concepto de impuestos ordenados por las entidades territoriales demandadas, lo cual no está autorizado por la Ley 142 de 1994.

En ese orden, como medida de protección de tales derechos, solicitó que se ordene a las entidades territoriales demandadas abstenerse de ordenar el cobro de tributo dentro de las facturas de los servicios públicos domiciliarios, y a las empresas prestadoras de los mismos suspender cualquier cobro por ese concepto dentro de sus facturas.

La demanda fue admitida mediante auto del 26 de julio de 2005, siendo notificada legalmente al representante legal del departamento de Bolívar y del Distrito de Cartagena, quienes presentaron contestación a la misma oponiéndose a sus pretensiones; en el literal d) de ese proveído se dispuso que a costa del actor se realizara la publicación de un aviso para los fines de que trata el artículo 21 de la Ley 472 de 1998.

II. El auto recurrido

Mediante el auto del 5 de julio de 2005 el Tribunal Administrativo de Bolívar, luego de citar los mismos antecedentes antes reseñados, declaró la perención del proceso, en consideración a que “para el caso concreto es claro que el proceso ha estado por un término que supera los seis (06) meses, en la secretaría de esta corporación a la espera de la actividad de la parte accionante (sic), específicamente la publicación del aviso, igualmente se establece que el trámite no se encuentra suspendido, ni a la espera de alguna actuación referente a la actividad de la administración, ni tampoco es impulso oficioso del juez quien respecto a la obligación legal de realizar la publicación del aviso nada puede hacer para sustituir esta carga” (fl. 100).

III. El recurso de apelación

Inconformes con la anterior decisión el actor la apeló con el fin de que sea revocada, y en su lugar, se disponga la continuación del trámite de la acción.

Aduce que la figura de la perención no es aplicable en las acciones populares, dada su naturaleza de acción pública que involucra derechos e intereses colectivos y no subjetivos o individuales; además, precisa, es deber del juez, una vez proferida la acción, impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito, tal como lo establece el artículo 5º de la Ley 472 de 1998.

Además, señala que pese a la existencia de un término judicial para efectos de la publicación, el actor se encontraba a la espera de que la administración de justicia obrara con celeridad en las notificaciones a las empresas de servicios públicos demandadas.

IV. Las consideraciones

1. La Sala, en primer lugar, estima pertinente señalar que no obstante lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, la providencia mediante la cual se termine el proceso por perención es susceptible del recurso de apelación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 de esa misma ley, según el cual los aspectos no regulados por esta deben ser rituados con aplicación de las disposiciones pertinentes de los códigos de Procedimiento Civil o Contencioso Administrativo, —según sea la jurisdicción ante la cual deba tramitarse la respectiva acción popular—, normativa esta última que en su artículo 181, num. 3 prevé como pasible de ese medio de impugnación, el auto “que ponga fin al proceso”.

En consecuencia, en orden a garantizar el principio de doble instancia de los procesos judiciales, debe procurarse, por vía de instancia, la revisión de la providencia apelada.

2. Para resolver se tiene que conforme a lo dispuesto en el artículo 2º, inciso 2º de la Ley 472 de 1998, que desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política, las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

3. Por su parte, en el artículo 5º de la citada ley, en su inciso final se establece:

“(...).

Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionario de conocimiento deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda” (resalta la Sala).

Del texto trascrito se establece con claridad que es obligación del juez popular impulsar la acción interpuesta tomando las medidas necesarias para llegar a una decisión de mérito, lo cual significa que no puede decretar la perención del proceso por falta de impulso, porque este no le corresponde al demandante sino al juez, por mandato legal.

Lo anterior tiene fundamento en la naturaleza pública de la acción popular, cuyo objeto recae en la protección de aquellos derechos indivisibles o supraindividuales, que se proyectan de manera unitaria a una colectividad sin que una persona pueda ser excluida de su ejercicio por ninguna otra, porque se trata de un derecho que le pertenece a todos y cada uno de los miembros de la colectividad; en tal sentido, entonces, no es el derecho subjetivo del demandante el que está en juego en estos asuntos, sino el derecho de la colectividad, y es por ello que el juez debe adoptar las medidas que sean del caso para darle trámite al proceso, con el fin de proferir una decisión de mérito que resuelva la controversia planteada, no siendo válido imponer una sanción que es propia de los juicios en los que se apunta hacia la defensa de derechos individuales.

4. Además, debe tenerse en cuenta que, conforme a la misma norma antes citada, el trámite de las acciones populares se rige por los principios de celeridad y eficacia y que la Ley 472 de 1998 consagró términos perentorios que deben cumplirse, lo cual hace más grave la falta del impulso oficioso por parte del juez.

5. En consecuencia, se revocará el auto del 5 de julio de 2006 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, se ordenará al a quo continuar con el trámite correspondiente y adoptar todas las medidas necesarias para proferir una decisión de mérito como lo establece la Ley 472 de 1998.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto del 5 de julio de 2006 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, ORDÉNASE continuar el trámite correspondiente adoptando las medidas necesarias para proferir una decisión de mérito, de conformidad con lo estipulado en el artículo 5º de la Ley 472 de 1998.

2. Ejecutoriada esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 31 de enero de 2008.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno—Camilo Arciniegas Andrade—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Martha Sofía Sanz Tobón.

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