Sentencia 2004-01490/38138 de febrero 29 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 17001233100020040149001 (38138)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Bogotá D.C. veintinueve de febrero de dos mil dieciséis

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: María Cristina Ramos Sánchez y otros

Demandado: La Nación - Fiscalía General de la Nación

EXTRACTOS «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia tal como fue entendida por esta Corporación(2), la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, por hechos de la administración de justicia debe ser conocida por esta Corporación.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala examinar si la privación de la libertad que sufrieron las señoras María Cristina Ramos Sánchez y María Elena Llano Prieto y sus consecuencias a nivel emocional, económico y relacional constituyen daños antijurídicos imputables al Estado.

3. Análisis del caso.

3.1. Hechos probados.

3.1.1. Está probado que la señora María Cristina Ramos Sánchez es hermana de Ana Patricia, María Amelia, Sonia y Luis Fernando Ramos Sánchez, tía de Yobana Catalina Ramos y madre de Alejandra Largo Ramos (registros civiles a folios, 17 a 24, cdno. 1). Además se sabe que es compañera permanente del señor José Orlando Largo González tal como consta en el testimonio de los señores María Victoria Murillo y Dairo Martínez Prada, quienes manifestaron conocer a la señora desde hace dieciséis y quince años respectivamente, por razones de negocios (Murillo) y vecindad con la familia (Martínez) y tener noticia de su convivencia con el señor Largo González desde que la conocen (fls. 6 a 11, cdno. 2). La circunstancia está igualmente reiterada en la declaración extrajuicio rendida por las señoras Yolanda Largo González y Ligia Valencia González (fl. 14 —cara y envés— y 15, cdno. 1), la cual será tenida en cuenta, toda vez que no ha sido objeto de impugnación por la parte contra quien se oponen. Aunado a ello se tendrá como indicativo de la relación el hecho de la común paternidad de Alejandra Largo Ramos.

Se resalta también que está probada la especial unión de la señora María Cristina Ramos Sánchez con sus hermanos y Yobana Catalina Ramos, quienes, para el momento, residían en el hogar de sus padres. Sobre este punto declaró el señor Dairo Martínez Prada:

Preguntado: ¿Cómo eran las relaciones de María Cristina Ramos Sánchez con sus padres y hermanos?

Contestó: Buena. Ella veía por los papás y los hermanos, ella iba donde ellos.

(…)

¿Con quién vivían los hermanos y sobrina de María Cristina Ramos Sánchez?

Contestó: En la casa de los papás.

¿Por qué le consta que María Cristina Ramos Sánchez veía por el hogar de sus padres y hermanos?

Porque ella es la mayor y ella pasaba todo para la casa, ella llevaba la obligación de ellos yo vivía en los bajos de ella y manteníamos reunidos y veía que ella era la que veía por ellos.

Preguntado: ¿Le consta a usted con qué frecuencia la señora María Cristina Ramos Sánchez frecuentaba (sic) la casa de sus padres?

Contestó: Diario. (fls. 9-11, cdno. 2)

Y la señora María Victoria Murillo manifestó:

Preguntado: ¿Sabe usted quiénes son los padres y hermanos de María Cristina Ramos Sánchez?

Contestó:

Sí, doña Graciela, Don Leonidas, el papá, yo siempre le decía el viejito, y las hermanas, María Melia (sic), Sonia, Patricia, Luis y una sobrina Johana que era por las que Cristina veía por ellas (sic)…

(…)

¿Le consta a usted la frecuencia en la que María Cristina Ramos Sánchez frecuentaba (sic) la casa de sus padres?

Contestó: Diario, ellos vivían en Chipre y ella en el Aquilino, y ella todos los días iba.

(…)

Preguntado: Díganos si usted sabe si de todos los sobrinos de María Cristina Ramos Sánchez haya una situación especial con alguno de ellos donde se demuestre una preferencia o una relación afectiva especial en relación con los demás.

Contestó: Con Johana, porque pues Cristina fue la que le dio estudio, fue la que la crió a ella y siempre ha estado al lado de ellos (fls. 7 y 8, cdno. 2).

3.1.2. Se sabe María Elena Llano Prieto es tía de Edelmira Llano Prieto (Registro Civil, fl. 35, cdno. 1). También se conoce que asumió la crianza de la antedicha, así como la de Helmer de Jesús Díaz Llano, de quien no se puede predicar con certeza parentesco legal, debido a las omisiones presentadas en su registro civil (falta el nombre de los padres) pero respecto de quien se halla plenamente acreditada su relación afectiva con su tía. Sobre la relación afectiva de carácter materno-filial existente entre la señora María Elena Llano Prieto.

Al respecto depuso la señora María Ofilia Palacio Leudo:

Preguntado: Indíquele al Despacho con quién ha vivido la señora María Elena Llanos (sic).

Contestó: Con la mamá, una hermana, los sobrinos. La mamá, doña Eledmira Prieto, ya fallecida, no me acuerdo la fecha que se fue en el mes de mayo de 2003. La hermana, Alba Lucía también ya fallecida, el Sobrino Helmer y con la sobrina que actualmente vive, Edielmira Llano.

Preguntado: Si le consta a qué se han dedicano (sic) los sobrinos de la señora María Elena Llanos (sic) que usted menciona.

Contestó: Que yo sepa ella ha sido la que los ha mantenido, en el estudio, todo hasta hace poco que ella le costeó la carrera como soldado profesional al sobrino.

Preguntado: Sírvase precisar al Tribunal desde cuándo han vivido los sobrinos de la señora María Elena Llanos (sic) Prieto.

Contestó: Siempre, desde que el niño Helmer tenía dos años y Edelmira desde que nació.

Preguntado: ¿Bajo qué cuidado ha estado el cuidado y la crianza de la niña Edelmira Llano Prieto?

Contestó: Bajo el cuidado de María Elena Llano, es la que siempre ha visto por ella.

Preguntado: ¿Por qué sabe, es decir, qué hechos le indican que la crianza y sostenimiento de los menores Helmer y Edelmira han estado a cargo de la señora María Elena Llanos (sic)?

Contestó: Porque fui muy amiga de esa casa cuando vivía en Arauca y soy testiga (sic) de que cuando trabajaba ha visto por ellos siempre:

Preguntado: Sírvase explicarle al Despacho cómo se manifiesta esa crianza y cuidado hacia esos menores, ¿de qué manera?

Contestó: Prácticamente para ellos es como la mamá y la tienen como tal y no como la tía. (fls. 13 y 14, cdno. 1).

Y la señora María Luz Ciro de Escudero contestó así:

Preguntado: Indíquele al Despacho con quién ha vivido la señora María Elena Llanos (sic).

Contestó: Con la mamá doña Edelmira, con Alba Lucía, su hermana, con Helmer de Jesús, su sobrino y con la niña Edelmira Llano.

Preguntado. Si le consta, ¿a qué se han dedicado los sobrinos de la señora María Elena Llanos (sic) que usted menciona? Contestó:

Pues Helmer desde la edad de dos años la hermana lo dejó ahí, desde ese momento María Elena fue la mamá y el papá de él, la niña en esos intermedios la mamá estaba embarazada, y nació y María Elena llevó la obligación de la niña, la llevó y aún lo hace porque la niña está aún con ella.

(…)

Preguntado: Sírvase precisar al Tribunal desde cuándo han vivido los sobrinos de la señora María Elena Llanos Prieto en la casa.

Contestó Pues como lo digo, Helmer lo dejó la mamá desde la edad de 2 añitos y la niña desde siempre que la mamá la tuvo ha vivido ahí la niña. (fl. 17, cdno. 2).

3.1.3. Se sabe que para el momento de su detención, la señoras María Cristina Ramos Sánchez se desempeñó como Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Tránsito y transporte, devengando por lo anterior la suma de $743.400 pesos en el año de 1995 y $877.212 (certificado, expedido por la alcaldía de Manizales a fl. 43, cdno. 1, y acta resolución de revocación en el puesto a fl. 45, cdno. 1). En lo que respecta a la señora María Elena Llano Prieto es de notar que aunque la certificación de la Alcaldía de Manizales la señala como Auxiliar de la Secretaría de Educación Municipal, con ingresos de $174.372 pesos en 1995 y $209.246 en 1996, cargo que aparece, así mismo en el acta de remoción en el cargo, uno de los testimonios recogidos dentro del proceso de lo contencioso administrativo (Hernán Orjuela Rozo, fl. 2, cdno. 1), y varios de los rendidos ante la Fiscalía y la Personería Municipal de Manizales (Germán Augusto Cano Bedoya - fl. 39, cdno. 1 ante la Personería y 138, cdno. 1 ante la Fiscalía Elvira Mejía Ángel - 103, cdno. 1, Jorge Eliécer Clavijo Salgado, (fl. 171, cdno. 1), así como sus propias declaraciones fl. 100. cdno. 1, permiten inferir que independientemente de lo consignado nominalmente en los contratos, la señora Llano Prieto laboraba en la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Manizales. Más aún, la razón de su vinculación al proceso fue su condición de funcionaria de esta dependencia, la cual no fue controvertida sino confirmada por la entonces sindicada.

3.1.4. Está comprobado que, el día 2 de febrero de 1995, la señora María Elvira Mejía denunció ante la Fiscalía General de la Nación irregularidades en la expedición de paz y salvos en la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Manizales. En sus declaraciones la denunciante señaló como sospechosas a las señoras Llano y Prieto, así como el señor Francisco Luis Nieto Cuervo, sin ahondar en las razones.

3.1.5. Se sabe que el día 8 de agosto de 1995, la Fiscalía Décima de Manizales impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de las señoras María Cristina Ramos Sánchez y María Elena Llano Prieto, por los delitos de cohecho propio, falsedad material de empleado oficial en documento público y falsedad ideológica en documento público. En la referida resolución se niega el beneficio de libertad provisional y se sustituye la pena por libertad domiciliaria.

La decisión fue tomada tras verificar que efectivamente en la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Manizales, existían operaciones irregulares de expedición de certificados de paz y salvos, a cambio del pago a un funcionario de dicha dependencia (Francisco Luis Nieto) de una cantidad menor al monto de la suma efectivamente debida, lo que le representaba al deudor una ganancia. Audeudada(sic). El ilícito fue acreditado por el testimonio de diecinueve personas que afirmaron haber entregado las sumas de dinero antes mencionadas, así como por inspecciones judiciales que probaron falsificaciones materiales e ideológicas en los documentos de soporte de las exoneraciones.

En lo que respecta a las señoras Ramos Sánchez y Llano Prieto el fundamento principal de la decisión se encuentra en los señalamientos hechos por el señor Francisco Luis Nieto Cuervo, quien admitió estar implicado en las irregularidades denunciadas, dando detalles sobre el modo en que éstas tenían lugar. Según el señor Cuervo, él se encargaba de contactar a interesado, recibir el dinero y expedir el paz y salvo, mientras que la señora Llano conseguía la documentación en la que se certificaba que el automotor había estado en reparación o había tenido un accidente y se allegaba una petición de exoneración, generalmente falsificado con la firma de quien figuraba como propietario y la señora Ramos firmaba la resolución, luego rubricada por el jefe de tránsito.

Igualmente, la medida tuvo en cuenta el testimonio del señor Germán Augusto Cano Bedoya quien manifestó que el señor Rogelio Posada Posada le reveló haber cancelado la suma de $200.000 a la señora Llano Prieto; que al indagar el caso, es el propietario del vehículo se percató de la existencia de datos falsos, circunstancia de la que fue informada la señora María Cristina Ramos, quien se limitó a decir que la documentación era correcta. Así mismo, manifestó haber visto a la señora Llano y a otra funcionaria “escudriñando” sospechosamente la documentación presentada como irregular a la señora Ramos Sánchez, tras enterarse de la denuncia de la irregularidad.

3.1.6. Está probado que el día 8 de agosto de 1995, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Manizales suspendió del ejercicio de sus cargos a las señoras María Elena Llano y María Cristina Ramos Sánchez Prieto, según se puede verificar, respectivamente, en las resoluciones 1320 y 1321 de dicha fecha (fls. 45 y 48, cdno. 1).

3.1.7. Se sabe que el día 12 de diciembre de 1995 la Fiscalía General de la Nación concedió a las señoras María Elena Llano Prieto y María Cristina Ramos Sánchez el beneficio de libertad provisional, por haberse cumplido el término de 120 días desde la detención efectiva (fl. 128, cdno. 1)

3.1.8. Se sabe que el día 12 de marzo de 1996, la Fiscalía General revocó la solicitud de suspensión en el cargo de la señora María Cristina Ramos Sánchez y que el 10 de abril siguiente revocó la solicitud respecto de la señora María Elena Llano Prieto. Por tal razón, la Alcaldía de Manizales, mediante resoluciones 408 de 15 de marzo y 583 de 18 de abril de 1996, revocó las suspensiones decretadas y dispuso el reintegro inmediato de las señoras Ramos Sánchez y Llano Prieto a sus puestos de trabajo.

3.1.9. Consta que el día 27 de junio de 2001, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación en contra de las señoras María Cristina Ramos Sánchez y María Elena Llano Prieto por los delitos de “cohecho propio e impropio”, “falsedad material de empleado oficial en documento público y “falsedad ideológica en documento público”. Las consideraciones del ente investigador fueron similares a las que motivaron la medida de aseguramiento.

3.1.10. No se controvierte que el día 27 de junio de 2003, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales absolvió a las sindicadas de todo cargo. A continuación se relacionan los argumentos del juez penal. Debido a la relevancia de su argumentación y del recuento probatorio para posteriores análisis (especialmente en lo referido a la situación de la señora María Elena Llano) se transcriben in extenso algunos apartes de la parte motiva de dicho fallo:

1. Como bien se sabe, en este proceso se les formularon cargos a las acusadas María Cristina Ramos Sánchez y María Elena Llano Prieto, como coautoras de los delitos de “falsedad material de empleado oficial en documento público”, “falsedad ideológica en documento público” y “cohecho propio” cometidos en concurso y en perjuicio de la fe pública y de la administración pública.

(…)

Con respecto al primer requisito que demanda el inciso segundo del artículo 232 del Código Procesal Penal para proferir un fallo de carácter condenatorio, esto es, prueba que conduzca a la certeza sobre la real existencia de las conductas punibles investigadas, resulta imperioso anotar, desde ahora, que no se presenta ninguna duda en canto a esa exigencia. Veamos:

Quedó suficientemente demostrado, con todo el material probatorio recaudada en este asunto, que en la Secretaría de Tránsito Municipal de esta capital se presentaron una serie de irregularidades para la expedición de resoluciones mediante las cuales se exoneraron un considerable número de propietarios o tenedores de vehículos automotores, por concepto de multas por certificados de movilización, irregularidades que, evidentemente, trascendieron al campo delictivo.

De la referida causa procesal claramente se infiere que a esa dependencia oficial acudían personas que aparecían como deudoras por dicho concepto, o en otros casos lo hacían los llamados tramitadores de documentos ante esa entidad y después de averiguar el valor que debían cancelar, solicitaban la exoneración o al menos la rebaja de ese valor. Era entonces la oportunidad que aprovechaba Francisco Luis Nieto Cuervo, uno de los empleados que en ese entonces atendía al público, para entrar en una transacción ilegal para la expedición del certificado de movilización. Se estableció probatoriamente, que para la obtención de las mencionadas exoneraciones, los usuarios aportaron, en muchas ocasiones, documentos espurios, claro está, con la anuencia deliberada del citado empleado oficial. Todo lo cual conllevó a la tipificación de varias conductas punibles, con notorio perjuicio no solo para la fe pública, sino también para la administración pública, puesto que una de las consecuencias consistió en que el erario público dejó de percibir dineros que legalmente debían ingresar por concepto de multas.

Veremos a continuación si se cumple la segunda exigencia de la citada norma procedimental penal, o sea la que hace referencia a la certeza sobre la responsabilidad de las procesadas:

(…)

Situación de María Cristina Ramos Sánchez

(…)

Digamos desde ahora, que el Despacho se identifica plenamente por lo argumentado en la audiencia pública tanto por el señor representante del Ministerio Público, como con el señor Defensor, cuando aducen que la versión incriminatoria vertida por el citado Nieto Cuervo en contra de esta acusada no merece ninguna credibilidad.

Leídas una a una todas las deponencias obrantes en este proceso, tanto las que suministraron los demás funcionarios que para aquella época laboraban en la Secretaría de Tránsito Municipal, como las de los usuarios que de una u otra forma tuvieron relación con las irregularidades ya mencionadas, presentadas en dicha dependencia oficial, se puede observar que exceptuando las testificaciones del referido Nieto Cuervo y la de su amigo Germán Augusto Cano Bedoya, ninguna de estas declaraciones señala a María Cristina Ramos Sánchez como coautora o partícipe de las conductas punibles que le fueron endilgadas.

Como atinadamente lo indicó el Agente del Ministerio Público, en este proceso nadie declaró que esta sindicada hubiera recibido dineros para proferir una resolución de exoneración de multas o para la expedición de paz y salvos, en forma ilegal. Y es que de verdad, todos los usuarios que acudieron a esa dependencia en procura de obtener una exoneración o rebaja en el valor de las multas que adeudaban, siempre afirmaron que para el contacto y la transacción ilegal, se entendían únicamente con Francisco Luis Nieto, más conocido por ellos como “Pacho” o “Pachito”. Cuando se les preguntaba si conocían a la Dra. María Cristina Ramos Sánchez y si habían tenido alguna comunicación con ella para que los favoreciera con los beneficios que les otorgaban a algunos deudores de multas, unos pocos respondieron que sí la llegaron a ver en esa oficina, pero jamás trataron con ella para que, asumiendo una actividad ilegal, les concediera ese tipo de beneficios.

Y es así como empieza por derruirse esa falsa imputación del co-sindicado Nieto- Cuervo, quie(sic) aseveró categóricamente en la declaración juramentada, rendida con posterioridad al sometimiento a la sentencia anticipada, que aquellas transacciones o negociaciones ilegales, únicamente tenían conocimiento María Cristina, María Elena, los usuarios que daban la plata y él. Recordemos lo que manifestó en una de las respuestas suministradas en aquella diligencia: “en ningún momento era oculta —se está refiriéndose a la repartición de esos dineros— porque la que llevaba siempre la plata era María Elena, Jefe de Archivo, dentro de los tres o cuatro que hay dentro del proceso no era oculto la procedencia de la plata, pero ante el público y demás compañeros, excepto del que daba la plata, sí era oculto”. Con lo que está indicando, que los usuarios que aportaban esos dineros si sabían en qué forma se repartían. Afirmación que, como ya se anticipó, jamás fue confirmada por persona alguna —subrayas fuera del texto—.

Entonces puede inferirse, como lo entiende el señor Procurador Judicial, que probablemente el encartado Nieto Cuervo incriminó a otras personas como coautoras del las ilicitudes cometidas por él, porque ingenuamente pensó que en esa forma podría aminorarse su responsabilidad, o simplemente porque quiso tomar revancha debido a que María Cristina intervino para que su amigo Germán Augusto Cano fuera trasladado de esa dependencia a la Secretaría de Educación. Es que no se puede olvidar que fue ese mismo individuo quien comentó en declaración juramentada que él sabía del odio que Germán Cano les tenía a María Cristina y María Elena, “óyese ser porque María Cristina ayudó para que fuera trasladado de la Secretaría de Tránsito a la Secretaría de Educación”. Y tampoco se puede olvidar que Germán Cano tenía notoria influencia en las decisiones que pudiera tomar Francisco Luis, lo que se puede inferir de las mismas expresiones que presentó este en la referida declaración juramentada, y de los memoriales que le llevaba a la cárcel para que los enviara a la Fiscalía Instructora.

De manera, pues, que esa acusación directa proveniente de un individuo que, como bien se sabe, no tuvo escrúpulo alguno para ejecutar esa serie de actividades ilícitas en el ejercicio de las funciones que le habían sido encomendadas en la mencionada dependencia de Tránsito Municipal, jamás podrá ser considerada como imparcial, como ceñida a la real ocurrencia de los acontecimientos delictuosos investigados y mucho menos, cuando no contó con un verdadero respaldo probatorio, como continuación veremos.

El señor Germán Augusto Cano Bedoya, quien mostró un exagerado interés en que las procesadas Ramos Sánchez y Llano Prieto fueran sancionadas “con cárcel”, como claramente afirmó su amigo Francisco Luis Nieto- “el quiere verlas en la cárcel porque yo no soy el que deba estar pagando cárcel sino ellas” (fl. 136, v), este testigo, repítese, pretendió por todos los medios involucrar tanto a María Cristina como a María Elena en la comisión de las irregularidades delictivas que se presentaron en la multimencionada dependencia.

En su declaración de fecha agosto 26 de 1996, se atrevió a aseverar que María Cristina le ordenaba al señor Francisco Luis Nieto y a varios de los señores funcionarios de automotores, entre ellos yo, que expidiéramos paz y salvos sin el usuario estar a paz y salvo…como yo no colaboré a ella, ella utilizó los servicios de Francisco Luis Nieto, para estos fines y según él por temor a represalias de la Dra. Ramos cumplía sus órdenes.

Esta versión a todas luces, aparece mentirosa, porque en ninguna de las demás testificaciones obrantes en este expediente, encuentra respaldo alguno. Ni siquiera su propio amigo y ex-compañero de labores Nieto Cuervo, lo corroboró en tal sentido, puesto fue éste quien afirmó en sus diferentes intervenciones, que la idea de ejecutar tales actividades ilícitas le surgió a él, y que era él voluntariamente quien conseguía los “clientes” y acordaba el valor de las ilegales transacciones; en ningún momento manifestó que María Cristina le hubiera exigido la expedición de los paz y salvos en la forma indicada por Cano Bedoya.

(...)

Cuando la señora Elvira Mejía Ángel denunció ante la Fiscalía las irregularidades que había detectado en la expedición de resoluciones de exoneración de multas, manifestó que ella sospechaba de María Cristina Ramos, de María Elena Llano y de Francisco Luis Nieto, como autores de esas infracciones. No dio explicación alguna sobre las razones que le permitían sospechar de esas tres personas.

(...)

El señor Rogelio Posada Posada declaró lo siguiente: “yo llego a la ventanilla donde un señor que es el que atiende allí, entonces yo le muestro todos los documentos, él me dice que la cuenta son $286.000 y algo más, entonces yo le digo que si me pueden hacer una rebaja y él me dijo que no, me mandó donde una doctora que es la jefe de él, y ella me dijo que ella no podía y que yo para que me había dejado colgar tanto en eso y yo le dije que apenas yo había comprado ese carro, porque el carro estuvo cinco meses en el parqueadero y ella con voz alta me dijo “camine vamos allí”, estaba como enojada, ahí fue cuando conocí a esta señora María Elena, que es la del archivo, entonces esta señora la doctora le dijo que me ayudara a mí, entonces ella revisó los papeles y me dijo que por $200.000 me cuadraba eso, yo le dije que me rebajara más que solo tenía 200.000, y ella me dijo que no”. Al fin de cuentas consiguió los $200.000 y “yo le entregué la plata a María Elena y ella me entregó el certificado de movilización”.

Como puede observarse, este declarante en forma alguna acusó a María Cristina Ramos Sánchez como persona que hubiera intervenido ilícitamente en la transacción de la rebaja de la multa referida. Y si María Cristina la llevó hasta la oficina de María Elena Llano para que le ayudara en el caso suyo, fue precisamente porque en algunos eventos y con el lleno de varios requisitos, los usuarios podían beneficiarse con rebajas en las multas que registraban en esa dependencia. Pero eso no demuestra que la inculpada Ramos Sánchez lo hubiera hecho con el propósito de lucrarse ilegalmente o que en esa eventualidad hubiese expedido la respectiva resolución de exoneración en forma dolosa”

De todo lo anterior se concluye que no obran pruebas que conduzcan a la certeza de que la acusada Maria Cristina Ramos Sánchez participó directa e indirectamente en la ejecución de las conductas punibles imputadas en este asunto.

(…)

Situación de María Elena Llano Prieto

Indicó el ente acusador que esta sindicada, en común acuerdo con María Cristina Ramos, prestó “un aporte dentro de la actividad delincuencial” que se les incrimina en el proceso.

Para la Fiscalía, la mencionada Llano Prieto, quien se desempeñaba en el archivo, era la persona que allegaba documentos falsos a las carpetas, tales como croquis de accidentes de tránsito, los cuales no fueron elaborados por el personal autorizado, solicitudes de exoneración que no fueron firmadas por quienes figuraban en ellas, constancias de talleres de reparación que tampoco corresponden a la verdad, y además que fue la persona que ilegalmente recibió el dinero relacionado con el caso del señor Rogelio Posada.

Sin embargo, para este juzgador, respetando el criterio de la Fiscalía acusadora, las pruebas allegadas al proceso no conducen a la certeza que reclama la norma 232 del código instrumental, para concluir que la citada Llano Prieto participó dolosamente en la empresa criminal que se le imputa. Y únicamente encontramos una seria incriminación frente al caso relacionado con el señor Rogelio Posada, sobre el cual nos ocuparemos en la parte final de las consideraciones concernientes a esta procesada.

(….)

Con respecto al cargo concreto que le fue endilgado por el caso relacionado con el señor Rogelio Posada Posada, débese formular las siguientes precisiones:

Quedó demostrado que efectivamente María Elena Llano fue la persona que recibió de manos del señor Posada Posada la suma de doscientos mil pesos para la negociación de la multa que le figuraba al vehículo de placas HA 69-31.

Para una mejor ilustración de lo que sucedió en este caso, recordemos lo que explicó el señor Posada Posada “para hacer el traspaso a que el carro quedara a nombre mío, yo llego a la ventanilla donde un señor que es el que atiende ahí…entonces yo le muestro todos los documentos al señor, entonces él me dice que la cuenta son $286.000 y algo más, entonces yo le digo que si me pueden hacer una rebaja, y él me dijo que él no podía, me mandó donde una doctora que es la jefe de él y ella me dijo que no podía y que yo para qué me había dejado colgar tanto en eso y yo le dije que apenas yo había comprado ese carro, porque el carro estuvo cinco meses en un parqueadero, y ella en voz alta me dijo, “camine vamos allí”, estaba como enojada, ahí fue cuando yo conocía a esta señora María Elena, que es la del archivo y me dijo que por $200.000 me cuadraba eso, yo le entregué la plata a María Elena y ella me entregó el certificado de movilización, yo le dije que si me daba recibo y ella me dijo que así está bien y me entregó el certificado. …cuando yo le entregué el dinero en ese momento no había nadie ahí” Agregó” Esta vaina o resolución, me di cuenta porque ese señor don Germán la exigió entonces ella mandó eso y diagale(sic) que esa es la resolución que hubo para el traspaso para que el carro quedara libre de impuestos, entonces él dizque que por qué habían pagado solo $102.000, entos ahí fue cuando ella mandó esa resolución (doña María Elena) y entonces él me dijo que si estaba seguro que había dado los $200.000 y yo le dije que sí, entonces él me dijo que firmara un papel donde constara que sí había dado los $200.000 y se lo firmé, entonces me dijo que me habían robado $96.000 y entonces yo le dije “no veo problema en eso, porque me habían rebajado $86.000, él me mostró unos recibos rosaditos donde figuraba que solo se habían pagado $102.000….me dijeron, tranquilo, puede irse”

Con lo testificado por el señor Posada Posada quedó bien claro que la señora Llano Prieto le manifestó que esa multa por el valor de $286.000 que le figuraba al referido vehículo, se la podía rebajar a $200.000, que fue la suma que en definitiva le entregó a la citada Llano Prieto. Según lo explicado por este mismo usuario, de ese valor la mencionada implicada se apropió de $98.000.

Esta defraudación fue la única que en el proceso quedó probada, pero no se puede predicar que con esa ilícita actividad incurrió en alguno de los delitos que le fueron imputados en la resolución de acuasación(sic), puesto que fue el propio señor Posada Posada quien afirmó en su declaración juramentada, que él se acercó con todos los documentos a la ventanilla cuando solicitó que le rebajaran la multa y que esos documentos fueron los que entregó a la señora María Elena cuando acordaron el valor que debía cancelar. Entonces, ¿cómo aseverar que esta acusada allegó documentos falsos para que se expidiera la respectiva resolución de exoneración? Y es más, con la prueba grafológica obrante a folios 2258-2261 quedó descartado que la inculpada Llano Prieto hubiese falsificado las firmas que aparecen en los memoriales obreantes a folios 178 y 179. Así, pues, que en criterio de este Despacho, no procede un juicio de reproche por los juicios de falsedad documental. Y tampoco por el delito de cohecho propio, por cuanto esta señora no recibió ese dinero con la finalidad de ejecutar un contrato a sus deberes. No. Lo que se puede inferir es que, conforme a la autorización que le había dado la jefe, procedió a rebajar la referida multa, y con una actitud dolosa, claro está, se apropió de la suma de $98.000, como bien lo especificó el señor Posada Posada. Esa apropiación, como lo planteó el defensor en la audiencia pública, podría constituir un delito contra el patrimonio ajeno, pero no una infracción penal contra la administración pública, y como en la resolución de acusación no se formuló cargo alguno por los delitos contra el ajeno patrimonio, no procede, entonces, un juicio de reproche por la referida ilicitud en este evento (fls. 242 a 250).

3.1.11. Se acreditó que el diario “La Patria de Manizales” publicó una noticia de una página de extensión sobre las irregularidades que acontecían en la oficina de Tránsito y Transporte de Manizales, así como sobre la investigación y las medidas de aseguramiento impuestas a los señores Nieto Cuervo, Ramos Sánchez y Llano Prieto. En la mencionada nota periodística, titulada “Fiscalía averigua falsificaciones en tránsito” y con el subtítulo “medidas de aseguramiento contra tres personas” se nombra en varias ocasiones a las señoras Ramos Sánchez y Llano Prieto y se utilizan expresiones como “olla podrida” para referirse a las anomalías en la expedición de paz y salvo.

3.1.12. Obran el expediente seis recibos suscritos por el abogado Horacio Gutiérrez Estrada, en los que se lee:

1. “Manizales, Octubre 1º de 2002. Recibí de María Helena Llanos Prieto, trescientos mil pesos a cuenta de honorarios por su defensa ante el juzgado 1º del circuito penal. Resta un monto de doscientos mil pesos”.

(Nota. En la parte inferior de este recibo hay una nota manuscrita y firmada por el mismo abogado que dice “Recibí el saldo restante de mis honorarios)”

2. “Manizales, octubre 1º de 2002. Recibí de María Helena Llanos Prieto, trescientos mil pesos a cuenta de honorarios por su defensa ante el juzgado 1º del circuito penal. Resta un monto de doscientos mil pesos. (Este recibo parece ser copia del anterior)”

3. “Manizales, Abril 10 de 2002. Recibí de María Helena Llanos Prieto, trescientos mil pesos a cuenta de honorarios por su defensa ante el juzgado 1º del circuito penal. Resta un monto de quinientos sesenta mil pesos”.

4. “Manizales, Abril 9, 2002. Recibí de María Helena Llanos Prieto, trescientos mil pesos a cuenta de honorarios por su defensa ante el juzgado 1º del circuito penal. Resta un monto de ochocientos mil pesos”

5. Recibí de María Helena Llanos Prieto, trescientos mil pesos a cuenta de honorarios por su defensa ante el juzgado 1º del circuito penal (la nota no tiene fecha).

6. Recibí de María Helena Llanos Prieto, trescientos mil pesos a cuenta de honorarios por su defensa ante el juzgado 1º del circuito penal. (Este recibo parece ser copia del anterior).

3.2. Consideraciones generales

El reconocimiento de la eminencia de la persona como ser que es fin en sí mismo y, que por ende, no admite ser reducida a la condición de instrumento está inescindiblemente ligado al respeto de su libertad. Esta coimplicación(sic) dignidad-libertad, cuyo respeto es connatural al Estado de Derecho, ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones por la Corte Constitucional la cual, de hecho, ha considerado que la autonomía es uno de los tres lineamientos fundamentales que hacen parte del objeto de protección del enunciado normativo de la dignidad humana(3).

El principio de libertad y autonomía, que como ya se ha dicho está inescindiblemente ligado a la dignidad humana, se desarrolla en un amplio catálogo de derechos o libertades fundamentales, dentro de los cuales se ha de destacar, por el momento, aquella salvaguardia del ejercicio arbitrario de las facultades de detención y el ius puniendi, contenida en el artículo 28 de la Carta Política que reza:

Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

El artículo antedicho comprende por una parte, el reconocimiento de la libertad de la persona y, por otra, la aceptación de que ésta puede ser restringida temporalmente (aunque nunca anulada definitivamente, tal como lo sugiere la prohibición de las penas imprescriptibles) en razón de la necesidad social de investigar y sancionar las conductas delictivas. Que el reconocimiento de la libertad física y la previsión de una justicia penal con facultades para restringirla se hallen en la misma norma constitucional no deja de ser significativo y pone de manifiesto que, en el marco del Estado de derecho, el ejercicio de las antedichas facultades no puede entenderse como una prerrogativa omnímoda de las autoridades. Por el contrario, a quien se le confiere la autoridad para restringir la libertad, como salvaguardia del orden social, se lo erige también como garante y guardián de la misma.

Ahora bien, en tanto ejercida por hombres, la existencia misma de la justicia penal conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de ésta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente.

El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a los principios de presunción de incocencia(sic), legalidad, favorabilidad, defensa e in dubio pro reo, así como los de necesidad y excepcionalidad de las medidas de aseguramiento en la etapa de investigación. El segundo da lugar a un deber de indemnizar y reparar, al margen de las conductas de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida,

Señala al respecto el artículo 90 constitucional:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Vale recordar los debates al respecto en la Asamblea Constituyente:

Hay varias novedades dentro de este inciso, varias novedades que vale la pena resaltar por la importancia que tiene, el primero: el de que allí se consagra expresamente la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, en una norma de carácter positivo y de jerarquía constitucional, estamos hablando de los daños antijurídicos, y con esto, vale la pena que la comisión lo tenga en cuenta, porque en esta materia puede considerarse que nuestra propuesta es audaz, tradicionalmente, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado que han venido construyendo nuestros tribunales, como ya lo mencioné, se ha elaborado a partir del juicio que se hace sobre la conducta del ente público, primero estableciendo que si esa conducta podía calificarse de culpable habría lugar a la responsabilidad, luego se fue tendiendo un tanto más a noción de falla en el servicio, que es la que actualmente prima entre nosotros, la falla en el servicio es toda, pues en términos muy generales, es toda conducta de la administración que sea contraria al cumplimiento de su obligación en los términos establecidos por la Constitución y por la ley, lo que nosotros proponemos es que se desplace el centro de gravedad de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la conducta antijurídica del ente público a la antijuridicidad del daño, de manera que con esto se amplía muchísimo la responsabilidad y no queda cobijado solamente el ente público cuando su conducta ha dado lugar a que se causen unos daños, sino cuando le ha infringido alguno a un particular que no tenga porqué soportar ese daño(4).

Dado que en el nuevo paradigma constitucional la determinación de la responsabilidad estatal no depende de la pregunta por la ilegitimidad de la actuación estatal o culpa del agente que la ejecuta, sino de la interrogación sobre qué afectaciones del derecho deben ser soportadas por quien las padece y relación causa a efecto con y la acción u omisión de la administración, se impone que para la determinación de la naturaleza de la responsabilidad estatal por privación de la libertad, se plantee previamente la pregunta de cuándo una persona está en la obligación de soportar una medida restrictiva de su libertad. Dentro del marco axiológico de un Estado de derecho, la única respuesta admisible es que alguien está obligado a soportar la restricción de la libertad cuando ésta ha sido impuesta como consecuencia de una acción libre antecedente, esto es, como medio de contención al delito. Tratándose de una pena efectivamente subsiguiente al delito, la restricción indeseada de la libertad, no entra realmente en pugna con la autonomía y la dignidad del hombre sino que de cierto modo, es consecuencia de ellas. Siguiendo, nuevamente a Kant, se puede decir que lo que realmente ha sucedido es que lo que, el delincuente recibe en forma de coacción, es la contracara de su acción libre.

Como se ve, en estos casos, la pena se reputa justa y, con razón, no contradice al principio de dignidad; puesto que no parte de una disposición arbitraria del bien jurídico de la libertad por parte del Estado, sino que, por el contrario, se aviene al delincuente como consecuencia de su autonomía, de modo que, en cierta forma, es exigida por su misma dignidad. No sucede lo mismo cuando la pena o la medida de aseguramiento no pueden correlacionarse de alguna manera, con acto originario de la libertad. En efecto, incluso cuando la privación de la libertad no provenga de la arbitrariedad estatal, pues en el caso concreto se hubiesen seguido sin éxito todas las reglas de la prudencia encaminadas a evitar el error. Esto es así porque negar la injusticia de la detención de quien no es culpable supondría asumir que, de alguna manera, la autonomía y el propio ser de por el solo hecho de la investigación se sujetan a disposición del Estado. Aceptar que el Estado no incurre en injusticia por disponer sobre la libertad de las personas significa, empero, aceptar que la libertad no es derecho y condición preexistente ontológicamente a la asociación sino mera concesión del poder(5). El todo social es, desde esta perspectiva, el titular de todos los derechos y su gracioso dispensador. Nadie puede reclamar nada al Estado, porque no hay nada anterior a él. Claramente no es éste el Estado de derecho.

A riesgo de caer en repeticiones, hay que insistir. La suposición de que el bien de la sociedad justifique el sacrificio de la libertad del inocente, es en sí misma una instrumentalización de la persona en favor de la sociedad, incompatible con afirmación básica del carácter del hombre como fin en sí mismo. Por otra parte, la aceptación de que una persona pueda hallarse efectivamente obligada a soportar la restricción de la libertad, siendo inocente, es claramente incompatible con la afirmación del principio de igualdad que tiene carácter de rector y fundante en toda sociedad. En efecto, cuando se afirma que alguien tiene que soportar eventualmente el sacrificio de sus libertades, como consecuencia de que el error o los fallos del sistema penal son un riesgo necesario para el buen funcionamiento del la sociedad, lo que realmente se está diciendo es que algunas personas tienen el deber de asumir el “riesgo” del mal funcionamiento de la administración del justicia, en tanto que otros no han de ver jamás limitada su libertad.

Por las razones antedichas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha abandonado enfáticamente la tesis según la cual, salvo en el caso de desviación manifiesta de la administración judicial, la eventualidad de ser privado de la libertad se encuentra comprendida dentro de las cargas públicas que todo ciudadano debe soportar. Recuérdese en este sentido lo manifestado por esta Corporación en sentencia de 4 de diciembre de 2006:

…La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(6)

Se ha de insistir, por lo demás, en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada por ende de una previsión legal (v.gr. el art. 414 del Decreto 2700 de 1991) o jurisprudencial. Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría conceptual del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación. En efecto, en los proyectos y ponencias presentados en la Asamblea Nacional Constituyente se advierte una preocupación seria por reparar las consecuencias de la pérdida de la libertad por error judicial. Al respecto es diciente lo manifestado por la Constituyente Helena Herrán de Montoya, el día 7 de marzo de 1991, en la exposición de motivos de un artículo cuyo texto es similar en lo sustancial al actual artículo 90 de la Constitución:

Desde hace ya mucho tiempo en Colombia se admite la responsabilidad del Estado, y la más acogida jurisprudencia y doctrina han hecho ingente esfuerzo interpretavo(sic) para hallar el arraigo normativo de esa responsabilidad en el artículo 16 de la Carta vigente.

Con todo, esa misma jurisprudencia ha descartado de plano la obligación del Estado de salir a garantizar indemnización a quienes han sufrido daños por actos de los jueces, incluso en situaciones tan aberrantes como las que reciben el nombre de error judicial; personas que han padecido el viacrucis de un proceso, el oprobio de la detención en nuestras cárceles, la infamia de una sentencia condenatoria y al cabo del tiempo han probado su inocencia.

De ahí que es de capital importancia que desde la Constitución misma se consagre en forma expresa la responsabilidad, extendiéndola a todos los servicios y funciones estatales, pues si quien es víctima, por ejemplo, del atropellamiento ocasionado por un vehículo cuyo conductor es empleado oficial y está ebrio tiene derecho a indemnización y en ello todos concordamos, con mucha mayor razón debe repararse el daño sufrido por quien es víctima del funcionamiento del servicio de justicia.

Aunque muchas constituciones traen una norma expresa para el error judicial o para la administración de justicia en general, consideramos más técnico que un solo artículo se consagre la responsabilidad del Estado por todas sus actividades, del modo que se hace por ejemplo, en la Constitución española (“los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, art. 106, segundo apartado), y en la uruguaya (“el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”, art. 24).

Es una verdad a gritos que en Colombia reina la impunidad más absoluta. Y sin embargo, cuando se produce una condena, no siempre se logra el acierto y de ahí que nuestra historia judicial registre casos extremadamente dolorosos como relata, entre otros, el profesor Carlos H. Pareja.

Colombia está en deuda con la verdadera justicia, y la presente es la más propicia ocasión para ponerse al día.(7)

Por lo demás, el artículo 94 de la Carta también incorpora al orden constitucional lo enunciado en los tratados y convenios de derecho internacional ratificados por Colombia que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Esto no deja de ser significativo, puesto que la reparación de la detención injusta está explícitamente reconocida como componente del derecho a la libertad, por el numeral 5º del artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3.1.1. Connotaciones jurídicas de la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo

Lo dicho hasta el momento debe alertar sobre la irrelevancia jurídica que en el caso sub-lite comporta el hecho de que la absolución proferida por el juez penal obedeciera a la aplicación del principio in dubio pro reo, esto es, a la constatación de la insuficiencia del material probatorio para superar el umbral de la duda razonable.

En efecto, si la fuente jurídica de la obligación de reparar a quien ha sido privado de la libertad, por razón distinta a su culpabilidad probada, se deriva de la Constitución misma y los tratados internacionales, y si se ha dicho hasta la saciedad que esta obligación se impone objetivamente sobre el Estado en virtud de las normas descritas, poca relevancia tiene el hecho de que el supuesto del in dubio pro reo pueda subsumirse en los tres casos específicamente señalados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. En efecto, esta circunstancia solo sería relevante en el supuesto de que el fundamento único y definitivo de la responsabilidad al margen de la culpa subjetiva se hallase en la norma antes mencionada, tesis coherente con la mentalidad preconstitucional, pero totalmente ajena al panorama jurídico del país después de la Carta de 1991.

En efecto, el modelo de responsabilidad estatal previsto en la Constitución de 1991 impide la distinción entre un régimen objetivo de responsabilidad para los tres casos contemplados en el antiguo Código de Procedimiento Penal y uno subjetivo o de “falla probada en el servicio” para el resto de los casos, ya que el artículo 90 de la Constitución impone la óptica objetiva en la consideración de cualquier daño causado por agentes estatales. Tanto en el caso de las sentencias proferidas en virtud de la duda, como en todos los demás supuestos de daño causado por un agente estatal, la única pregunta relevante para la determinación de si existe o no deber de reparación tiene que ver con la posibilidad de predicar que el perjudicado tenga el deber de soportar el daño como algo propio.

Ahora bien, salvo aquellos casos en los que las dudas e indicios de responsabilidad son atribuibles de alguna manera al sindicado (v.gr. uso de mentiras, amenazas comprobadas a las víctimas, etc), no tiene sentido alguno suponer que el acusado tenga que ver condicionada la reparación del daño innegable que supone la pérdida de la libertad, al hecho de que sea posible acreditar plenamente y más allá de toda duda razonable la inocencia. Para empezar, lo anterior supondría que el acusado siempre cuenta con los recursos técnicos y humanos (v.gr. investigadores, laboratorios) para responder con éxito a la acusación. En segundo lugar, aceptar la hipótesis anterior supone que en todos los casos el acusado tiene la posibilidad de probar su inocencia, cuando existe toda una serie de hechos cuya prueba negativa es simplemente imposible (v.gr. es imposible probar que jamás se ha tocado indebidamente a una persona). Incluso desde el punto de vista lógico se tiene como hecho inconcuso que las afirmaciones y negaciones indefinidas no pueden ser probados y, por lo tanto, su exigencia es absolutamente carente de sentido. En tercer lugar, la duda es un estado subjetivo del sujeto que enjuicia y, en cuanto tal, constituye un factor totalmente externo al acusado. Las mismas pruebas que llevan a un juez a declarar probada la inocencia pueden ser consideradas por otro meramente constitutivas de duda y no es razonable suponer que el sindicado tenga que verse jurídicamente afectado por esta diferencia que, en más de una ocasión obedece a los diversos tipos de personalidad de los juzgadores. Sin embargo, la principal y definitiva razón para sostener que los casos de absolución por aplicación del principio in dubio pro reo no requieren de la acreditación de actuación manifiestamente desviada de las autoridades, radica en que sostener lo contrario sería manifiestamente lesivo de presunción de inocencia. En efecto, quien sostiene que solamente hay responsabilidad al margen de la culpa en los casos en los que se acredita positivamente la inocencia, implícitamente afirma que, al menos en el campo del derecho de daños, la inocencia debe ser probada o, lo que es lo mismo, que persiste una cierta presunción de culpa, cuya desvirtuación corresponde a la parte actora. Esto, claramente no tiene cabida en el sistema constitucional actual.

Se ha de destacar que el argumento antedicho ha sido ratificado por sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013 en la que se lee:

Si se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad —cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto—, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente –en todo sentido– que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo. Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en beneficio de la colectividad —interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias—, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional.(8)

3.2.2. Sobre la aptitud exoneradora del hecho del tercero o del actor en la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad. Consideraciones sobre la ruptura del nexo causal.

De lo dicho hasta el momento se sigue que, quien fue privado de su libertad, sin que se haya desvirtuado la presunción de inocencia sufrió un daño antijurídico. La antijuridicidad del daño, empero, no comporta necesariamente que la obligación indemnizatoria pueda exigirse al Estado.

Tradicionalmente, en el análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado se ha admitido que tanto el hecho de terceros como el de la propia víctima pueden impedir la imputación de un daño antijurídico, efectivamente sufrido, a la entidad pública demandada, en la medida en que rompen el nexo de causalidad entre la acción estatal y el perjuicio. En el caso de la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, no parece que se aplique en rigor ninguno de estos supuestos, sin que por ello haya que concluir, necesariamente, que no cabe exoneración estatal.

Por un lado, difícilmente se puede pensar en un supuesto en el que la actuación de terceros se dé de un modo totalmente ajeno al funcionamiento del sistema penal. Por el contrario, la mayor parte de casos en los que se alega el hecho del tercero en el contexto de los procesos por privación injusta de la libertad tienen que ver con la “inducción al error” por parte de testigos que, voluntaria o involuntariamente suministran información incorrecta o la alteración dolosa de las pruebas. Sin embargo, estas circunstancias no pueden calificarse como impredecibles o irresistibles para los operarios de la justicia a cuyo caso se confía el juicio o la investigación, requisito imprescindible para la eficacia de la excepción del hecho exclusivo y excluyente e un tercero.

Más aún, es evidente que el proceso penal se cimienta sobre un sistema probatorio, naturalmente falible. En su mayoría, las pruebas sobre las que se estructura el juicio de responsabilidad, son fuentes humanas y, por lo tanto, falibles. La aceptación del testimonio, el dictamen pericial o los documentos, y en general cualquier tipo de prueba implica necesariamente la aceptación de su falibilidad. Esto es, el testigo puede faltar a la verdad o equivocarse en su precepción, el perito puede errar y el documento puede haber sido alterado.

Justamente por el origen humano y, por ende falible, de las fuentes de acceso al conocimiento de los hechos, se impone al investigador o el juzgador un deber reforzado de analizar rigurosamente las pruebas, de acuerdo con las exigencias de la sana crítica. El escrutinio del juez debe dirigirse justamente a identificar las posibles falencias y a evaluar su grado de fiabilidad. Por lo anterior, la aceptación de la exoneración por hecho de terceros en eventos en los que se demuestre que la decisión se tomó con fundamento en una prueba que no resultó del todo veraz, es tanto como eximir al juez (κριτής, crités(sic)), del la carga de juzgar con criterio. Esto es lo mismo que aceptar que el juez deje de ser juez. Al respecto no se debe olvidar lo dicho por la Sala, en sentencia de 7 de abril de 2011:

Como la medida de aseguramiento que se impuso al demandante estuvo motivada en el falso testimonio rendido en el proceso por varias personas, resulta relevante establecer si as falsas imputaciones de un tercero, pueden constituir, en una investigación penal, una cau(sic) a extraña que permita exonerar de responsabilidad al Estado.

(…)

Para adelantar la investigación por la presunta comisión de hechos ilícitos, desvirtuar la presunción de inocencia e imponer una sanción al penalmente responsable, el Estado puede hacer uso de todos los medios de prueba siempre que estén constitucionalmente permitidos y garanticen el derecho de defensa en el proceso

(...).

Entre los medios de prueba se encuentra el testimonio (...). El testimonio constituye un instrumento al servicio del Estado para el ejercicio del ius puniendi y en consecuencia, no puede considerarse como un hecho externo, ajeno a la entidad. El Estado tiene el control permanente de ese instrumento, que incluye, el decreto, práctica y valoración de la prueba y por lo tanto, no puede considerarse que el hecho de que el testigo tergiverse la realidad pueda constituir un hecho imprevisible ni irresistible para el mismo. El funcionario judicial es quien determina si la prueba es conducente o pertinente; es quien interroga al testigo; quien verifica la validez de su versión y quien puede establecer su credibilidad, a través de la valoración del dicho, aplicando las reglas de la sana crítica, esto es, las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, en conjunto con los demás medios de prueba directos o indirectos con los que se cuente en el proceso.

(…)

Los daños sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor (...) son imputables al Estado, aunque esa decisión se hubiera fundamentado en las versiones falsas de varios testigos, porque el titular de La función punitiva es el Estado y por ende, le son inherentes todos los riesgos que se deriven de la utilización de un medio de prueba fallido, como lo son las declaraciones de testigos interesados en desviar el curso de la investigación(9).

Por lo anterior, no encuentra la Sala aceptables los argumentos de la entidad demandada sobre la completa imputación del daño a terceros, en este caso, los testigos (a quienes, por lo demás, no se puede calificar de falsos).

En lo que respecta a la exoneración por culpa de la víctima del que trata el artículo 2357 del Código Civil vale recordar que la jurisprudencia se ha encargado de explicar que no atiende a la falta de dilifencia(sic) o impericia de la víctima, tampoco a su intención sino que se trata de un asunto de causalidad, si la víctima causó el daño, al margen de la subjetividad de la actuación, rompe la causalidad y no surge la obligación de indemnización. Consideración inadmisible tratándose de prviación(sic) de la libertad. Esto es así porque al igual que el hecho del tercero, ajeno a la facultad punitiva del Estado, la víctima no estuvo en posibilidad de generar una investigación en su contra, tampoco una medida de aseguramiento. Es que el Estado, titular de la acción penal, habría de estar en capacidad de desvirtuar la presunción de inocencia, al margen del titular de la misma. Que entre el hecho del sindicado y la pena o medida de aseguramiento no existe relación de necesidad fáctica, es una de las premisas básicas de la teoría jurídica moderna, comprobable por lo demás, por el desafortunadamente elevado número de eventos de impunidad, esto es, de casos en los que habiéndose verificado fácticamente el supuesto de hecho de una norma sancionatoria, no se aviene la consecuencia jurídica prevista. Y esto, se reitera, porque solamente desde las coordenadas teóricas de un rampante naturalismo (que no debe confundirse con la doctrina milenaria del derecho natural), la sanción o medida de aseguramiento se entiende como fácticamente y necesariamente ligada al supuesto de hecho.

Lo anterior no significa que el hecho de la víctima, cuando reviste la connotación de gravemente culposo o doloso, carezca de efectos respecto de la declaración de la responsabilidad estatal, pues por expresa disposición legal (art. 414 Decreto Ley 2700 de 1991, en su parte final y art. 70 de la Ley 270 de 1996) y por exigencia de los principios constitucionales contenidos en los artículos 83 y 95, así como en virtud de los preceptos milenariamente aceptados de vivir honestamente (honeste vivere) y no hacer daño a los demás (naeminem laedere)(10) se impone la imposibilidad reconocer indemnización a quien ha obrado con culpa grave o dolo. Se insiste, sin embargo, en que la razón por la cual la culpa grave o el dolo del agente se estimen jurídicamente relevantes, no radica en su aptitud para desrvirtuar el nexo causal (tratándose simplemente de una causalidad indirecta) sino en razones de proporcionalidad y de interpretación armónica de los preceptos constitucionales.

3.2.3. La interpretación armónica de la Constitución y la culpa grave o el dolo de la víctima.

Si la de la incapacidad del Estado de desvirtuar la presunción de inocencia se sigue siempre la imposibilidad de afirmar un deber de soportar la carga jurídica de la detención, en principio habría que concluir que en estos supuestos siempre es posible predicar el daño antijurídico y, por ende, en aplicación directa del mandato incondicional de contenido en el artículo 90, habría que declarar la obligación indemnizatoria.

Sin embargo, esta conclusión deja de lado la independencia del ilícito civil, amén del principio general del derecho acorde con el cual nadie puede alegar a su favor su culpa.

En efecto, el proceso penal, en tanto escenario de la máxima expresión del ius puniendi, se caracteriza por su sujeción absoluta a un severo sistema de garantías. En lo que a este problema concierne, se impone destacar dos aspectos en los que la severidad de las garantías del sistema penal es notoria. El primero de estos aspectos es el imperativo de circunscripción del juicio penal a los principios de legalidad, favorabilidad, no dos no dos veces por lo mismo y presunción de inocencia. En consecuencia la causa se construye sobre la resolución de acusación y los parámetros de la tipicidad. En efecto, no le es dado al juez penal proferir un juicio de reproche abierto, sino ceñido a la correspondencia de la conducta con el tipo descrito en la norma. De modo que, así se advierta una conducta indebida o socialmente reprochable, la ausencia de correspondencia con el tipo impide proferir una sentencia condenatoria. Por otra parte, la sentencia penal se construye sobre exigentes baremos probatorios, más estrictos que en un escenario civil. Para salvaguardar las libertades básicas, en el proceso penal se exige a la acusación superar el umbral de la duda razonable.

Ello significa que no basta demostrar que la hipótesis que compromete la responsabilidad penal es la más probable sino que se exige, además, que las demás alternativas carezcan de plausibilidad. En otras palabras, para declarar la responsabilidad penal, es menester demostrar que las hipótesis absolutorias son no razonables.

Desde luego, estas peculiaridades propias de la acción penal tienen como consecuencia directa la aceptación de que, por lo menos en alguna medida, habrá casos en los que aunque la presunción de inocencia permanece incólume el ilícito civil queda demostrado, de donde no procede la reparación la conducta habrá de ser valorada al margen de la investigación penal. Se trata, en últimas, de evitar el reconocimiento de un beneficio a partir de la propia culpa, que la tradición jurídica occidental rechaza desde tiempos inmemoriales (nemo turpitudinem suam allegans auditur).

En este sentido, respecto de los supuestos en los que en el proceso contencioso-administrativo se verifique la culpa grave o el dolo de quien se presenta como actor, es menester armonizar el artículo 90 de la Constitución Política con los mandatos recogidos en los artículos 95 y 83 de la misma norma superior el que actúa con dolo o culpa grave no puede recibir una indemnización, pues esto contadice(sic) el principio de la buena fe (art. 83, Constitución Política) y el catálogo no taxativo de deberes de los colombianos y residentes en Colombia, dentro de los que se incluye el respeto del orden normativo y los derechos ajenos (art. 95 de la Constitución Política).

3.2.4. La culpa civil como eximente.

Las consideraciones que anteceden son susceptibles de fuertes objeciones fundadas en los principios de juez natural y non bis in ídem, constitutivos del núcleo duro del derecho al debido proceso en materia penal. La contradicción entre éstos postulados constitucionales y la prohibición, igualmente constitucional, de reconocer indemnización a quien ha presentado al juez de lo contencioso administrativo prueba de su propia culpa, es, sin embargo aparente.

En efecto, no cabe duda de que el juez contencioso administrativo no está facultado para revisar “en tercera instancia” la sentencia penal. En este sentido, se ha de aceptar como verdad inobjetable que le está vedado pronunciarse sobre el carácter delictivo o no de los hechos bajo estudio o el reproche de la conducta del sindicado a la luz de la ley penal. Juicio que le corresponde adelantar al juez de la reparación directa, en orden a resolver sobre la obligación de indemnizar el daño derivado de la privación injusta de la libertad, trata del ilícito civil, construido al amparo de las normas y los principios y valores constitucionales para los que, sin perjuicio del daño antijurídico y el deber de reparación no hay derechos absolutos desprovisto de compormiso(sic) institucional dirigido a construir un estado justo.

Para entender lo anterior es menester tener en cuenta que el concepto civil de la culpa es sustancialmente diferente al que es propio de ámbito de lo penal. A este respecto vale la pena recordar que mientras en el Código Civil la culpa demanda de una confrontación objetiva con un estándar general, según la situación del agente en un sistema de relaciones jurídicas, el juicio de culpabilidad en sede penal comporta un reproche subjetivo a la conducta particular en orden a la realización de la infracción, la culpa grave, equivalente al dolo civil tiene que ver con el desconocimiento inexcusable de un patrón socialmente aceptado de comportamiento sindicado a quien se le reprocha haber obrado de un modo contrario a la norma penal, estando en condiciones de haber obrado distinto. Ello implica que en el juicio penal, el análisis de la culpa, en tanto elemento eminentemente subjetivo del delito, subordine el juicio de reproche a las circunstancias particulares de quien realiza la conducta. Así, mientras que en el ámbito de lo civil bastará acreditar que la actuación impugnada no satisface las exigencias objetivas de la buena fe, en el juicio penal se han de ponderar circunstancias meramente subjetivas como las pasiones (miedo, ira), el grado de educación, los antecedentes personales, etc. Así, mientras que en el ámbito de lo civil el reproche se deriva de un análisis comparativo, en el juicio penal el análisis de la culpa se han de ponderar circunstancias particulares como las pasiones (miedo, ira), el grado de educación, los antecedentes personales, etc.

Lo anterior no quiere decir que el concepto de culpa civil no admita gradaciones. Sin embargo, éstas no se derivan de las características subjetivas del agente, sino de una posición relacional objetiva, esto es, de su situación en el sistema de relaciones jurídicas. La gradación de la culpa general (o civil) ciertamente existe. Pero esta gradación no depende de quién sea el agente, sino de la distinción, preestablecida, entre distintos estándares de prudencia, de los cuales habla el artículo 63 del Código Civil en los siguientes términos:

La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.

Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

A estos parámetros generales, establecidos en el Código Civil, hay que añadir parámetros específicos para determinación de la culpa grave (civil) tratándose de sujetos cualificados. Así, por ejemplo, el enjuiciamiento de la actuación del funcionario público ha de hacerse considerando, además, los parámetros objetivos contenidos en los artículos constitucionales y legales, esto es los artículo 6(11), y 121(12) la Carta Política y los desarrollos legislativos y reglamentarios relativos al ejercicio de la función pública en general y el cargo en particular. En este punto hay que considerar que no se trata de un juicio disciplinario establecido para confrontar la conducta del servidor con el cumplimiento de los fines del servicio, sino de valorar a la víctima como integrante del grupo social al que pertenece, mismo que le exige responder a unos cánones preestablecidos.

A lo anteriormente dicho hay que añadir que el análisis del elemento de la culpabilidad, en tanto que constitutivo del delito, está subordinado a los límites de la tipicidad. En sede penal no basta, como se dijo anteriormente, demostrar que la voluntad estuvo directa o indirectamente encaminada a una conducta contraria al derecho o la buena fe, sino que hace falta demostrar el desconocimiento de una regla específica. Es decir, la censura realizada en sede penal tiene que ver con la posibilidad subjetiva de actuación distinta y la intención igualmente subjetiva no hacerlo. No existe, pues, culpa genérica sino consecuente a la realización del tipo penal. En otras palabras, mientras que en el análisis de la culpa civil resulta irrelevante el direccionamiento de la voluntad, en sede penal, salvo expresa disposición en contrario, la culpabilidad se identifica con el direccionamiento de la voluntad al ilícito.

Por último, en el análisis en sede penal se aplica un baremo probatorio exigente en orden a desvirtuar la presunción de inocencia en cuanto principio fundante del Estado de Derecho. En sede penal es menester acreditar, más allá de toda duda razonable, que el acusado infringió dolosamente el tipo en cuestión, exigencia, que como se ha mencionado reiteradamente, no se da en el análisis de la culpa civil.

Sobre este punto vale recordar lo planteado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la diferencia del baremo probatorio requerido para declarar la responsabilidad del Estado frente a la víctima (juicio que versa sobre la culpa aquiliana, que es culpa civil) respecto de la mayor carga probatoria que, razonablemente, caracteriza al juicio penal:

Este Tribunal resalta que la jurisdicción internacional tiene carácter coadyuvante y complementaria y que no desempeña funciones de tribunal de cuarta instancia. Adicionalmente, recuerda que, a diferencia de un tribunal penal, para establecer que se ha producido una violación de los derechos contemplados en la Convención no es necesario que se pruebe la responsabilidad del Estado más allá de toda duda razonable ni que se identifique individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Para esta Corte es necesario adquirir la convicción de Casación que se han verificado acciones u omisiones, atribuibles al Estado, que han permitido la perpetración de esas violaciones o que existe una obligación del Estado oncumplida(sic) por éste. En este sentido, para un tribunal internacional los criterios de valoración de la prueba son menos rígidos que en los sistemas legales internos y le es posible evaluar libremente las pruebas”(13).

Criterio este que ha sido recogido también en la jurisprudencia nacional. Así, por ejemplo, en sentencia de 16 de diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia advirtió que los fallos condenatorios contra el Estado en sede internacional y contencioso-administrativa por los hechos relativos a las desapariciones forzadas ocurridas tras la toma guerrillera y luego militar del Palacio de Justicia, no comportan “automáticamente y sin mayor fórmula de juicio” la declaración de responsabilidad de los procesados por esos hechos en materia penal, debido, en parte, a la diferencia del rigor probatorio exigido en una y otra sede(14).

Valga aclarar que el reconocimiento de un menor baremo probatorio fuera de la jurisdicción penal (o más extensivamente, del ámbito del derecho sancionatorio) no equivale a sostener que en el resto de esferas jurídicas sea menester acreditar efectivamente la inocencia. En efecto, tal postura implicaría la asunción tácita de que la libertad humana es naturalmente desviada y egoísta, de modo que la rectitud de la conducta constituye un supuesto excepcional que debe ser probado. Asunción que resulta de suyo incompatible con el modelo político liberal, que como su nombre lo indica, ve en la liberta un bien jurídico digno de protección y no un peligro llamado a ser contenido. Así pues, el reconocimiento de un menor baremo probatorio fuera de los límites del derecho sancionatorio equivale a la aceptación de que en este ámbito la culpabilidad requiere que la alternativa contraria carezca casi completo de verosimilitud, en el campo de lo no sancionatorio basta con demostrar que es la opción más plausible, sin que las otras deban ser consideradas, necesariamente, irracionales.

Todas estas razones llevan dada la separación entre la absolución de responsabilidad penal y la reparación que debe ordenar el juez de la administración, bajo los parámetros de los artículos 90, 83 y 95 de la Carta Política.

3.2.5. Coincidencia fáctica y diferencia o material del juicio sobre la culpa civil y el enjuiciamiento penal.

Es menester advertir la yuxtaposición de la valoración de la situación fáctica que comportan los juicios sobre la conducta de la víctima, en el marco de los estándares objetivos (en función de la posición del sujeto en el conjunto de las relaciones sociales) con lo probado en el proceso penal, sin que sea posible establecer una coincidencia absoluta.

Dicha coincidencia fáctica no puede equipararse sin más a una infracción al principio de juez natural, violación del non bis in idem. Para entender lo anterior, es necesario tener en cuenta la distinción filosófica entre el objeto material y formal de los actos intelectuales (entre los cuales se cuenta el juicio prudencial, constitutivo del acto jurisdiccional). En efecto, mientras que el objeto material del acto cognoscitivo se define como aquello que se conoce, el objeto formal o formalidad propia tiene que ver con la particular perspectiva desde la que se conoce la realidad; el aspecto o dimensión de la realidad sobre la que se enfoca el conocimiento. Así, por ejemplo, el cuerpo humano puede ser objeto simultáneamente de la biología y de la estética y unos mismos hechos, pueden ser igualmente analizados por el historiador, el jurista o el sociólogo.

Las disciplinas jurídicas particulares que en lo científico dan lugar a las ramas del derecho y en lo procesal a las distintas jurisdicciones, también se distinguen entre sí según su formalidad. SI bien todas analizan la conducta humana, no todas lo hacen desde la misma perspectiva. Así, por ejemplo, el derecho y la jurisdicción de lo penal confrontan una forma de actuar o dejar de hacerlo con la norma penal, para derivar de la correspondencia estricta la infracción y así mismo inmiscuirse en la culpabilidad y antijuridicidad para así mismo imponer la sanción que connota el mayor grado de restricción a los derechos, mientras que el examen en sede contencioso administrativa sobre la actuación previa a la detención de que quien fue privado a la libertad apunta a responder a la pregunta sobre su aptitud o ineptitud para reclamar una indemnización, aclarando que la negación de esta última no puede entenderse como una sanción, en tanto que no restringe un derecho preexistente.

En otras palabras, mientras que en sede penal los hechos son analizados, en cuanto posibles constitutivos de delito, en sede de reparación se analizan como posible eximente del deber estatal de indemnización. Esta diferencia en la formalización cognoscitiva de los hechos, impide predicar la identidad en el análisis, contraria al precepto de non bis in idem.

3.3. Consideraciones sobre el caso concreto.

En el caso concreto estima la Sala que es preciso distinguir entre la situación de las señoras María Cristina Ramos Sánchez y María Elena Llano Prieto. En efecto, mientras que en el caso de la primera, todas las pruebas que supuestamente la incriminan están indudablemente viciadas por la animadversión de los testigos, circunstancia que impide darles crédito probatorio, incluso ateniéndose a los parámetros menos exigentes del enjuiciamiento de la culpa civil, en el caso de la señora Llano Prieto obra un testimonio, respaldado por prueba documental, que no puede ser considerado parcial y que da cuenta de una acción contrario al estándar objetivo de comportamiento que debe observar un servidor público encargado del recaudo de tributos.

En efecto, como se mencionó ad supra, en el expediente obra el testimonio del señor Rogelio Posada Posada, quien afirmó haber entregado a la señora María Elena Llano Prieto la suma de $200.000 pesos y constatado, posteriormente, que en los registros de la Secretaría figuraba únicamente una consignación por $102.000 pesos. El mencionado testigo, declaró, además, que la señora Llano Prieto le entregó un certificado de paz y salvo después del pago. Independientemente del hecho de que se entienda probada o no la negociación respecto de una multa originalmente tasada en $286.000 (pues no se puede descartar que el señor Posada Posada fuera beneficiario de alguna rebaja o exención), es evidente que la señora Posada Posada expidió un certificado y recibió dinero sin estar facultada para ello, puesto que, como se vio anteriormente, ella era una funcionaria del archivo a quien no correspondía ni la expedición de paz y salvos ni mucho menos, la recepción del importe de las multas. De hecho, a folio 33 del cuaderno 2, obra el testimonio del entonces Secretario de Tránsito y Transporte de Manizales Agustín Moreno Aristizábal, quien enfáticamente aclaró que “en Secretaría no recibimos dineros en tránsito, todo se hace y se debe hacer a través de ventanillas”. Más grave aún es el hecho de que reportó haber recibido una cantidad notablemente inferior. Esta conducta, se insiste, desconoce el exigente patrón de conducta que deben observar quienes se encargan de cobrar tributos y efectuar al respecto la expedición de un recibo inferior a la deuda e incluso a lo pagado por fuera de las funciones.

Respecto del testimonio del señor Posada Posada es menester aclarar que, si bien presenta cierto grado de ambigüedad y podría llegar a parecer indicativo de que la señora Ramos Sánchez autorizó a la señora María Elena Llano negociar con el usuario el valor de la multa, o recibir el valor de la misma, no existe una indicación directa en tal sentido. Es más, aunque del testimonio del señor Posada Posada no se puede inferir que la “doctora” con la que habló fuera efectivamente la señora Ramos Sánchez, la coincidencia que se logra de confrontarla con las referencias que, sobre el mismo caso hiciera el señor Germán Augusto Cano no puede ser tendia(sic) como prueba sólida, justamente, en razón de la probada enemistad entre este último testigo y la entonces acusada.

Además, el hecho probado de lo que antecediera a la reunión del señor Posada Posada con la señora Llano Prieto fuese la solicitud de una rebaja a una “doctora”, identificable o no con la señora Ramos Sánchez, no implica, de suyo que se pactara una rebaja ilegal y menos aún un negocio ilícito con tal objeto, puesto que, según declararon los testigos, ellas indagaban por causales legítimas de exoneración,

Así las cosas, se concluye que el daño causado a la señora Ramos Sánchez y a su núcleo familiar deberá ser reparado, en tanto que la señora Llano Prieto no recibirá indemnización.

4. Liquidación de perjuicios.

Habiendo comprobado que en el sub lite existen razones para imputar a la Nación los daños sufridos, es preciso fijar la cuantía de los mismos.

4.1. Perjuicios morales.

Ahora bien, la Sala hace notar que, aunque en reciente sentencia de unificación(15) la Sala Plena reiteró criterios jurisprudenciales según los cuales el perjuicio moral ha de ser tasado en salarios mínimos mensuales legales, el tope indemnizatorio se fija en 100 smlmv y estableció criterios generales de indemnización, así

NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1° de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidad Parientes en el 3º de consanguinidad Parientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta
en meses
50% del Porcentaje de la Víctima directa35% del Porcentaje de la Víctima directa25% del Porcentaje de la Víctima directa15% del Porcentaje de la Víctima directa
SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Así las cosas, dado que la señora Ramos Sánchez estuvo privada de la libertad por un tiempo superior a 3 e inferior a 9 meses, se impone la conclusión de que tanto a ella como a su compañero permanente e hija se le adeudan 50 smlmv, por este concepto. Así mismo, atendiendo a la regla general corresponderían 25 smlmv a sus hermanos y 17, 5 smlmv a su sobrina Yobana Catalina Ramos. Empero, ya en muchas ocasiones ha estimado la Sala que en aquellos casos en los que se acredite que la dinámica afectiva entre los actores reviste mayor intensidad a la que en la generalidad de los casos es propia del nivel de parentesco. Ahora bien, en el caso concreto se puede verificar que la relación entre Yobana Catalina Ramos y su tía María Cristina es más cercana que la que ordinariamente se predica de tíos y sobrinos, circunstancia sobre la que es especialmente relevante el testimonio de los señores Dairo Martínez y María Victoria Murillo, citados ad supra, quienes declararon que la señora Ramos Sánchez “veía” por su sobrina, además de haberla “criado”, y mantener un contacto diario. Ahora bien, a pesar de que los testigos consideran que la señora Ramos Sánchez atendió a Yobana Catalina “como a su hija”, la circunstancia de que ésta conviviera bajo el mismo techo y en un mismo núcleo familiar con su madre, la señora María Amelia Ramos, impide determinar por certeza si la relación es auténticamente asimilable a la del hijo de crianza o si se equipara al trato que el la señora María Cristina Ramos Sánchez daba al resto de sus hermanos, sobre quienes también se manifestó recibían su ayuda económica y no habían abandonado la casa paterna. Dado que ordinariamente, la relación entre madre e hija se ajusta a las dinámicas afectivas de lo maternofilial y en este caso la prueba no resulta suficiente dada la presencia de la madre y que ninguna razón se advierte para la sustitución total o parcial de la repatación(sic), por lo que se inferirá que la relación entre Yobana Catalina Ramos y su tía es asimilable a la que existe entre esta última y los hermanos Ramos Sánchez. Así pues, la Sala indemnizará a Yobana Catalina Ramos del mismo modo que a su madre y a sus tíos (excluida la señora María Cristina Ramos, quien, por razones obvias, se indemnizará como víctima directa).

Por otra parte, se ha de recordar que la señora Ramos Sánchez sufrió un perjuicio adicional, al haberse publicado en un diario de alta difusión local una noticia en la que aparecía como partícipe de una operación corrupta. Esta circunstancia, la afecta especialmente, dada su condición de profesional del derecho y funcionaria pública, respecto de la cual hay una exigencia reforzada de rectitud en la conducta la que la rectitud de la conducta es especialmente exigida. Por esta razón la indemnización impuesta será aumentada. Sobre este último punto, es menester recordar lo dicho por esta Sala en sentencia de 31 de mayo de 2013(16) en la que se dispuso el aumento de diez salarios mínimos en la condena a un abogado por las siguientes consideraciones:

Existen oficios en los que la imagen califica al sujeto que los ejerce y determina su competencia mientras que en otros esta última nada tiene que ver con su probidad moral. Muchos son los supuestos uno y otro caso, pero de momento importa resaltar que quienes representan a otros en el foro, ya sea en el litigio, en la magistratura o en la actividad política, no pueden proyectar confianza con una imagen desprovista de honradez.

Que la rectitud del espíritu sea condición indispensable para el ejercicio del derecho o de la política es cosa bien sabida. Ya desde la antigüedad este principio fue expresado por Quintiliano, quien del orador (es decir quien interviene ante el foro) exigía además de pericia ser vir bonus y quien, por lo demás excluye de la vida pública a quienes no gocen de independencia moral, como los difamados. Tampoco se escapa esta relación a Ulpiano, para quien el jurista debe ser sacerdote de la justicia, o a la filosofía posterior que afirma categóricamente que la iuris prudentia presupone la justicia.

Por lo tanto, “si la abogacía no se sustenta en la lucidez del ingenio sino en la rectitud de la conciencia”, como dice Ángel Osorio, impugnar esta última condición es descalificar por completo al abogado en cuanto tal, minar su fiabilidad pública, convertirlo en un paria dentro de su profesión. A un artesano o un técnico le basta con acreditar su saber hacer, pero al hombre público se le exige ser una determinada clase de persona, merecedora de la confianza suficiente para delegarle la representación en el mundo jurídico y para confiar a su prudencia el disfrute de los propios derechos.

Otro tanto se puede decir del político de quien se exige (o debe exigir) proyectar la rectitud moral propia de quien no intentará obtener beneficios a costa del bien común o de no anteponer sus intereses a los de los representados.

Por otra parte, siendo cierto que cualquier acusación que ponga en tela de juicio la rectitud personal del jurista o el hombre público le afecta en virtud de su profesión, se debe aclarar que existe cierto tipo de acusaciones que afectan de modo especial su fama y su prestigio profesional. Este es el caso de los delitos directamente relacionados con el ejercicio de su oficio, con las oportunidades que éste comporta o que sugieren el abuso de la confianza legítimamente depositada en ellos. Es claro, por ejemplo, que aunque en cualquier caso se mancille la reputación, no es lo mismo acusar a un servidor público de peculado que de lesiones personales culposas o de conducir en estado de embriaguez.

Así las cosas, en el presente caso, se reconocerán 60 smlmv a la señora Ramos Sánchez, a su hija y a su compañero permanente y 30 a cada uno de los demás demandantes.

4.2. Perjuicios materiales.

4.2.1. Daño emergente.

En las copias del proceso penal aportadas al proceso se hace patente la señora contó con la representación de un abogado penalista (hecho que, por otra parte cabría inferirlo a partir del artículo 29 constitucional)— Dado que en caso concreto no obra prueba de los montos efectivamente pagados al profesional del derecho, la indemnización se hará sobre la base de las tarifas establecidas por el Colegio Nacional de Abogados para casos de la naturaleza del proceso penal en cuestión. Ahora bien, según las tablas de honorarios de la mencionada entidad la asistencia en un proceso penal ante el Fiscal Seccional y los Juzgados Penales del Circuito, se fijan así:

1.8.7. Etapa instructiva:

18.7. Ante Fiscal Seccional, diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

18. Etapa de juicio

18.8. Ante Juzgado Penal del Circuito, diez salarios mínimos legales mensuales vigentes(17).

Así las cosas, en el caso sub-exámine se fija el valor del daño emergente en un el equivalente a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4.2.2. Lucro cesante.

En lo que respecta al lucro cesante, hay prueba de que la Señora María Cristina Ramos Sánchez fue suspendida de su cargo el día 8 de agosto de 1995 y fue reintegrada al mismo el 15 de marzo de 1996. Esto es 7.26 meses. Ahora bien, aun siendo cierta la suspensión y el no pago de salarios, es menester anotar que en virtud de la providencia que puso fin al proceso, la señora Ramos Sánchez, además de ser reintegrada, debió haber recibido el reintegro de los salarios dejados de percibir, según lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley 734 de 2002. De este modo, en el caso concreto, el lucro cesante sufrido por la actora debe considerarse imputable a la Alcaldía de Manizales y no a la entidad demandada.

Por lo anterior, se impone negar las pretensiones relativa (sic) a esta clase de perjuicios materiales.

En el caso concreto no habrá condena en costas por cuanto no se cumplen los requisitos para su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

III. Resuelve

1. Revocar la sentencia proferida el 9 de julio de 2009 por el Tribunal Administrativo de Caldas.

2. Declarar patrimonialmente responsables a la Nación-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios morales y materiales que derivados de la privación injusta de la libertad de María Cristina Ramos Sánchez.

3. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar a los demandantes las siguientes sumas, por concepto de daños morales.

a) María Cristina Ramos Sánchez, la suma equivalente a 60 smlmv

b) José Orlando Largo González, la suma equivalente a 60 smlmv

c) Alejandra Largo Ramos, la suma equivalente a 60 smlmv

d) Ana Patricia Ramos Sánchez, la suma equivalente a 30 smlmv

e) María Amelia Ramos Sánchez, la suma equivalente a 30 smlmv

f) Sonia Ramos Sánchez, la suma equivalente a 30 smlmv

g) Luis Fernando Ramos Sánchez, la suma equivalente a 30 smlmv

h) Yobana Catalina Ramos, la suma equivalente a 30 smlmv

4. Condenar a la Fiscalía General de la Nación, a pagar a la señora María Cristina Ramos Sánchez la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes perjuicios materiales consistentes en daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales.

5. Negar las demás pretensiones.

6. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase»

(2) “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”.

(3) “Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). (Corte Constitucional, Sentencia T. 881/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

(4) Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, Actas de sesiones de las Comisiones, art. 90, Sesión Comisión 1, mayo 6, pág. 4.

(5) En este sentido vale recordar nuevamente a Kant, quien afirma enfáticamente que “la pena judicial (poena forensis) (…) no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que de imponérsele sólo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitros(sic) de otros ni confundido entre los objetos del derecho real” Immanuel Kant, Metafísica de las Costumbres, Bogotá,. Rei Andes, 1995. Pág. 166.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Radicación 25000-23-000-1994-09817-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Ponencia presentada por la Constituyente Helena Herrán de Montoya el 7 de marzo de 1991, en Gaceta Constitucional, Nº 27, 26 de marzo de 1991, págs. 10 y 11.

(8) Conejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentecia de 17 de octubre de 2013, Radicado 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354)., C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 7 de abril de 2011, Expediente 18571, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(10) Digesto, 1, 1, 10.

(11) “ART. 6º—Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

(12) "ART. 121.—Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

(13) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 14 de noviembre de 2014, Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs Colombia.

(14) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 16 de diciembre de 2015, SP17466-2015, Radicación 38957. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Radicado 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 31 de mayo de 2013 Radicación S25000-23-26-000-1999-01531-01(27079), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(17) Colegio Nacional de Abogados - Conalbos, “Tarifas de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado adoptada por junta directiva nacional por Resolución 001 de enero 30 de 2012”. Disponible en la página de la entidad http://conalbos.com/tarifas.