Sentencia 2004-01523/51129 de noviembre 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 41001-23-31-000-2004-01523-01(51129)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: J.J.Ch.V. y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación - Rama judicial

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Temas: Privación injusta de la libertad - Régimen objetivo de responsabilidad / reiteración jurisprudencial - La conducta punible no existió / liquidación de lucro cesante para personal de nivel profesional - Ingreso según el observatorio laboral y ocupacional del SENA

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil diecisiete.

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación y la parte actora contra la sentencia del 23 de septiembre de 2013(1), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que resolvió:

1. DECLARAR que la Nación - Rama Judicial no es patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor J.J.Ch.V.

2. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor J.J.Ch.V., por las razones expresadas en la parte considerativa de esta providencia.

“3. CONDÉNESE a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a la SUCESIÓN del señor J.J.Ch.V., a título de perjuicios morales, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar, los perjuicios materiales, a la SUCESIÓN del señor J.J.Ch.V., en los siguientes valores: a título de daño emergente la suma de $ 40.073.891 y por concepto de lucro cesante la suma de $ 36.131.201.

“(...)” (resaltado del original).

I. Antecedentes

1. La demanda.

El 29 de noviembre de 2004, en ejercicio de la acción de reparación directa, el señor J.J.Ch.V. interpuso demanda contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios causados “... por la falla del servicio, error jurisdiccional, que condujo a la injusta privación de la libertad del ingeniero J.J.Ch.V...”.

Como consecuencia de la anterior declaración, la parte actora solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagar “... las sumas de dinero que correspondan a la indemnización de los daños materiales y morales cuya cuantificación se determinará en la sentencia, con la respectiva indexación y dentro de los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo en la cuantía que resulte probada”.

2. Fundamentos fácticos de la demanda.

La Fiscalía General de la Nación inició investigación penal contra el señor J.J.Ch.V., por la posible comisión del delito de peculado.

El 23 de junio de 1997, al resolver la situación jurídica del mencionado señor, la Fiscalía 14 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. En esa misma decisión, la medida impuesta al señor Ch.V. fue sustituida por detención domiciliaria.

Según se manifestó en la demanda, la detención domiciliaria se hizo efectiva el 18 de julio de 1997, fecha en la cual se suscribió la correspondiente “diligencia de compromiso”.

El 11 de noviembre de 1997, la Fiscalía 14 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva profirió resolución de acusación contra el señor J.J.Ch.V., como autor del delito de peculado en concurso homogéneo.

Posteriormente, mediante fallo del 12 de junio de 2000, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva (Huila) absolvió al señor Ch.V. de los cargos imputados. Contra esa decisión la Fiscalía 14 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva interpuso el recurso de apelación.

A instancias de la apelación, por fallo del 23 de agosto de 2000, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva confirmó la sentencia de primera instancia.

La Fiscalía General de la Nación presentó demanda de casación contra la sentencia del 23 de agosto de 2000 ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la que, mediante providencia del 5 de diciembre de 2002, la inadmitió.

El señor J.J.Ch.V. estuvo privado de la libertad desde “el 18 de julio de 1997 hasta el 28 de junio de 2000 cuando el Juez Segundo Penal del Circuito de Neiva ordenó su libertad, previa absolución”.

3. Trámite en primera instancia.

La demanda de reparación directa se radicó ante el Tribunal Administrativo del Huila, el cual, mediante auto del 31 de enero de 2005, la admitió(2). Esa decisión se notificó en debida forma a las entidades demandadas(3).

Implementados los juzgados administrativos, el proceso se remitió al Juzgado Primero Administrativo de Neiva, el que, por auto del 18 de octubre de 2006, avocó el conocimiento del mismo(4).

Posteriormente, por providencia del 21 de octubre de 2008, el Juzgado Primero Administrativo de Neiva declaró su falta de competencia para conocer del asunto y lo remitió al Tribunal Administrativo del Huila(5) y mediante proveído del 19 de noviembre de 2008 decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 18 de octubre de 2006 y avocó el conocimiento del proceso(6).

4. Contestación de la demanda.

4.1. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que las decisiones adoptadas dentro del proceso penal adelantado contra el señor Ch.V. fueron ajustadas a derecho.

Sostuvo que la investigación penal, la medida de aseguramiento y la resolución de acusación dictada contra el señor J.J.Ch.V. tuvieron como fundamento las pruebas e indicios que daban cuenta de la posible comisión del delito de peculado.

Explicó que para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento y para proferir la resolución de acusación, no era necesario que existieran en el proceso pruebas que brindaran certeza respecto de la responsabilidad penal del señor Ch.V., toda vez que ese grado de convicción solo se requería para proferir sentencia condenatoria.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación señaló que el hecho de que el señor Ch.V. se absolviera de los cargos que se le imputaron no implicaba la ilegalidad de la actuación de esa entidad, pues “... la instrucción debía adelantarse, en cada caso, adoptando las decisiones que resulten procedentes, en cada momento procesal, para investigar el delito respectivo y, en muchos eventos, las pruebas practicadas pueden llevar al juez a proferir auto de cesación de procedimiento o fallo absolutorio”(7).

4.2. La Rama Judicial no contestó la demanda.

5. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 23 de septiembre de 2013, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

El a quo señaló que se acreditó la existencia del daño por el que se reclamó, pues las pruebas obrantes en el expediente dieron cuenta de que el señor J.J.Ch.V. estuvo privado de la libertad, en detención domiciliaria, desde el 18 de julio de 1997 hasta el 28 de junio de 2000.

Agregó que el hecho de que el señor Ch.V. se hubiera absuelto al establecerse que la conducta por la cual fue investigado no existió, ello le dio al daño sufrido por este —pérdida temporal de su libertad— la connotación de antijurídico, es decir, que no tenía el deber jurídico de soportarlo y, por ende, se generó para el Estado la obligación de indemnizarlo por ese daño.

Por lo dicho, concluyó que “... se dan los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado objetiva, por cuanto el señor J.J.Ch.V. fue absuelto de los cargos formulados por el investigador con base en la segunda causal prevista en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991: ‘el hecho no existió’”.

El tribunal administrativo de primera instancia explicó que el daño causado al señor J.J.Ch.V. era imputable a la Fiscalía General de la Nación, porque fue esa entidad la que le impuso la medida de aseguramiento y dictó la resolución de acusación en su contra.

Por otra parte, adujo que la Rama Judicial no era responsable de la privación injusta de la libertad del señor Ch.V., pues fue precisamente el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Neiva el que lo absolvió y ordenó su libertad, al considerar que el delito por el que fue investigado no existió.

En línea con lo anterior, por perjuicios morales, el tribunal administrativo de primera instancia condenó a la Fiscalía General de la Nación al pago de 100 smlmv para la sucesión del señor J.J.Ch.V.

Así mismo, por perjuicios materiales, a título de daño emergente, ordenó el pago de $ 40.073.891 a favor de la sucesión del señor J.J.Ch.V. y de $ 36.131.201, por concepto de lucro cesante(8).

El a quo liquidó el lucro cesante con el salario mínimo legal mensual vigente, al considerar que si bien se acreditó que el señor Ch.V. celebró varios contratos antes de su detención, lo cierto era que no se probó cuál fue la “... utilidad perdida por la no ejecución de uno o varios contratos que tuviese suscritos o a punto de suscribir, los cuales debiera ejecutar durante el periodo que estuvo privado de la libertad”. Con todo, en la respectiva liquidación se incluyeron los 8.75 meses que, según las estadísticas, tarda una persona en conseguir trabajo luego de recobrar su libertad.

6. Los recursos de apelación.

6.1. La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación. Reiteró que las actuaciones de esa entidad se adelantaron en acatamiento de la Constitución Política y las normas penales vigentes para la época de los hechos.

Resaltó que la medida de aseguramiento impuesta al señor J.J.Ch.V. se ajustó a todas las exigencias sustanciales y formales de la ley y que la detención de la que fue objeto el mencionado señor no podía ser considerada “injusta”, porque se fundamentó en las pruebas que fueron legalmente aportadas a la investigación penal.

Puntualmente, la entidad apelante indicó que “... al encontrarse reunidos los requisitos establecidos por la ley para dictar las medidas de aseguramiento dado el caudal probatorio allegado al proceso que involucraban al demandante en los hechos objeto de investigación, se puede predicar que la privación de la libertad fue ajustada a los lineamientos de la ley, dado que la fiscalía soportó en derecho la razón de la misma; luego no puede entonces predicarse la presencia o existencia de un daño antijurídico, ya que el sindicado, dados los indicios y su extremo grado de compromiso en los hechos que se le imputaban, estaba en el deber legal de soportar los rigores investigativos”.

Con todo, indicó que los valores reconocidos por concepto de perjuicios morales a la parte demandante fueron excesivos y “... no corresponde al perfil del perjuicio demostrado en el proceso”.

Por último, la fiscalía señaló que en caso de considerar que la detención del señor Ch.V. fue injusta, la Rama Judicial también debía responder patrimonialmente, por incumplir el plazo con el que contaba para dictar la respectiva sentencia condenatoria y, como consecuencia, prolongar el período de detención(9).

6.1. La parte actora solicitó que se modificara el ordinal cuarto del fallo de primera instancia, en el sentido de incrementar el monto reconocido por concepto de lucro cesante.

Alegó que ese perjuicio no podía ser tasado teniendo en cuenta el salario mínimo, habida cuenta de que se allegaron las pruebas necesarias para acreditar que el demandante “... desempeñaba una actividad productiva como ingeniero electricista, que fue prolífico desde el año 1994, lo cual hace presumir que sin lugar a duda, obtenía ingresos de conformidad con estas calidades, tanto antes como después de su privación injusta de la libertad”.

Indicó que, según la Resolución 747 del 9 de marzo de 1998 (que fija los sueldos máximos mensuales que se pueden pagar en contratos de consultorías), el sueldo del señor Ch.V. para la época en que fue privado de la libertad (1997), sería de $ 7.997.000 y, por tanto, el lucro cesante debió liquidarse con una base muy superior al salario mínimo legal mensual vigente.

Señaló que “... tal como se puede evidenciar en los diferentes estadios procesales pertinentes al caso concreto, se puede determinar que el ingeniero J.J.Ch.V. llevaba ejerciendo la profesión desde el año 1974 con buen auge, adjunto fotocopia del diploma. Después de su libertad los ingresos fueron buenos, dada su brillante trayectoria, como se ve en las declaraciones de renta y patrimonio declarados por el mismo Ch.V. en el año 2000, ingreso mensual: $ 6.375.000; 2001: ingreso mensual: $ 17.759.583 y 2002: ingreso mensual: $ 11.533.333, donde se evidencia que los ingresos pueden incluirse fuera de los honorarios, comisiones y servicios”(10).

7. Trámite en segunda instancia.

Los recursos presentados en los términos expuestos fueron admitidos por auto calendado el 29 de julio de 2014(11). Posteriormente, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo(12).

8. Alegatos de conclusión.

8.1. La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos a lo largo de sus intervenciones, esto es, que esta entidad actuó en observancia de la Constitución y la ley penal vigente para la época de los hechos.

Adujo que la medida de aseguramiento impuesta al señor Ch.V. no fue ilegal ni desproporcionada, sino que se ajustó a todas las exigencias sustanciales y formales de la ley penal(13).

8.2. La Rama Judicial solicitó que se confirmara el fallo de primera instancia.

Indicó que las providencias dictadas dentro del proceso penal adelantado contra el señor Ch.V. “... en modo alguno permiten deducir que existió un funcionamiento anormal de la administración de justicia que hubiese producido un daño antijurídico por parte del Estado y, por consiguiente, mal puede endilgársele una responsabilidad patrimonial a la Rama Judicial por los supuestos perjuicios sufridos, al ser vinculado el actor a la investigación penal, pues obraban indicios suficientes y por tanto tenía la obligación de soportar la carga”(14).

9. El Ministerio Público no rindió concepto en segunda instancia.

10. Pruebas en segunda instancia.

Con el recurso de apelación, con el fin de acreditar el lucro cesante reclamado en la demanda, la parte actora aportó copia del título de ingeniero electricista conferido al señor J.J.Ch.V.(15) y las declaraciones de renta del mencionado señor, correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002(16).

Mediante auto del 25 de agosto de 2017, el despacho sustanciador denegó el decreto de pruebas respecto de dichos documentos, al considerar que no se reunían los requisitos establecidos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo para el decreto de pruebas en segunda instancia(17). Contra esa decisión no se interpuso ningún recurso.

II. Consideraciones

Corresponde a la sala pronunciarse sobre los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación y la parte demandante contra la sentencia del 23 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la sala abordará los siguientes temas: 1) prelación de fallo en los casos de privación injusta de la libertad; 2) verificación del cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa relativos a la competencia, la legitimación en la causa por activa y el ejercicio oportuno de la acción; 3) responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad; 4) análisis de responsabilidad en el caso concreto; 5) liquidación de perjuicios y 6) la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que ingresaron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en estricto orden cronológico.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, artículo 16, permite decidir con prelación, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos que impliquen “solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso, la sala advierte que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor J.J.Ch.V., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y fijar jurisprudencia consolidada y reiterada.

Por consiguiente, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver con prelación este asunto.

2. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine.

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso, en razón de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por cuanto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(18).

2.2. Legitimación en la causa por activa.

Para la sala, el señor J.J.Ch.V. se encuentra legitimado para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto, de las pruebas obrantes en el expediente, se desprende que fue privado de la libertad con ocasión del proceso penal adelantado por la comisión del delito de peculado en concurso homogéneo(19). Es decir, es la víctima directa del daño cuya indemnización se pretende.

2.3. El ejercicio oportuno de la acción.

El artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable) establecía que la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Cuando se trata de acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado ha establecido que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde la fecha en que quedó en libertad el procesado, lo último que ocurra, por ser el momento a partir del cual se evidencia el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(20).

La subsección considera que, en el sub lite, el término de caducidad se debe contabilizar a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia del 5 de diciembre de 2002, mediante la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema inadmitió la demanda de casación presentada por la Fiscalía General de la Nación.

No obstante, como en el expediente no obra prueba de la constancia de ejecutoria de dicha decisión, la sala, en aplicación del artículo 187(21) de la Ley 600 de 2000(22), según el cual las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de ser notificadas, tendrá como fecha de ejecutoria de la providencia dictada por la Corte Suprema de Justicia el 26 de diciembre de 2002(23), por cuanto se notificó por estado el 19 de diciembre de 2002(24).

Entonces, el término de caducidad inició su cómputo el 27 de diciembre de 2002 y venció el 27 de diciembre de 2004. Como la demanda se presentó el 29 de noviembre de 2004(25), la Sala concluye que se hizo dentro del plazo de dos años que establecía el artículo 136-8 del CCA.

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la tesis reiterada y unificada por la Sección Tercera del Consejo de Estado(26), se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación del principio universal de in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(27).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y luego es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia del 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de esos supuestos, es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio universal del in dubio pro reo.

4. Caso concreto.

De las pruebas aportadas, la Sala destaca:

El presidente de la junta de administración de la empresa comunitaria autogestionaria “Lucha unidad” denunció al ingeniero J.J.Ch.V., por la supuesta comisión del delito de peculado, porque “(…) dicha empresa suscribió un contrato para la electrificación de la vereda XXX con el ingeniero (…), por valor de $ 66.128.000, cantidad de la cual se le dio un anticipo de $ 15.500.000 provenientes de un auxilio concedido por la central hidroeléctrica de Betania, suma recibida por el contratista el 28 de diciembre de 1994, sin que hasta la fecha del denuncio, haya adelantado o iniciado la obra”(28).

Una vez iniciada la investigación penal y oído en indagatoria el señor J.J.Ch.V., mediante resolución del 23 de junio de 1997, la fiscalía 14 delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva, al resolver la situación jurídica del mencionado señor, dispuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“1. DECRETAR medida de aseguramiento consistente en DETENCIÓN PREVENTIVA a J.J.Ch.V., de condiciones civiles y personales conocidas en la investigación, como presunto autor responsable del delito denominado genéricamente de peculado, que consagra el Código Penal en su libro 2º, título III, capítulo I.

“2. SUSTITUIR la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta a J.J.Ch.V., por la DETENCIÓN DOMICILIARIA, de conformidad con el art. 53 de la Ley 81 de 1993 - art. 396 del C. de P. Penal, para lo cual deberá prestar caución prendaria por el equivalente a seis (6) salarios mínimos mensuales vigentes, esto es la suma de un millón treinta y dos mil pesos ($ 1.032.000) que deberá depositar dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente resolución, en la cuenta de depósitos que para el efecto posee la fiscalía, suscribiendo diligencia de compromiso en los términos del art. 419 del C. de P. Penal, con las advertencias de ley en caso de incumplimiento.

“3. La medida de aseguramiento de DETENCIÓN DOMICILIARA se cumplirá en el domicilio registrado por el procesado Ch.V. en su indagatoria - carrera 5ª bis Nº 17 41 barrio Quirinal de Neiva, debiendo permanecer en esta morada, oficiándose al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, para la vigilancia y verificación del cumplimiento de la medida”(29).

En cumplimiento de lo ordenado en la anterior resolución, el 18 de julio de 1997, se suscribió la respectiva “diligencia de compromiso”, en la que se indicó (se transcribe con posibles errores incluidos):

“(…) prestada la caución en la forma indicada, al compareciente se le impusieron las siguientes obligaciones. 1º presentarse cuando se le requiera. 2º observar buena conducta, individual, social y familiar. 3º informar todo cambio de residencia. 4º no salir del país sin previa autorización del funcionario, advirtiéndosele que el incumplimiento a las obligaciones dará lugar a que se le revoque el beneficio concedido y a la perdida de la caución. No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma como aparece. Se le hace saber al compareciente que la detención domiciliaria la debe cumplir en la residencia registrada en la indagatoria, esto es, carrera 5ª bis Nº 17 - 41 barrio Quirinal de esta ciudad, lugar donde debe permanecer conforme a lo ordenado en la resolución por medio de la cual se le resolvió la situación jurídica”(30).

Por providencia del 11 de noviembre de 1997(31), la fiscalía 14 delegada ante los juzgados penales del circuito de Neiva dispuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“1. Adicionar la medida de aseguramiento de detención domiciliaria (sustituta), decretada contra J.J.Ch.V., en el sentido de que se trata de un concurso homogéneo de hechos punibles, cuya calificación jurídica provisional se señalara en forma genérica —del peculado— en la resolución que resolvió su situación jurídica.

“2. Proferir resolución de acusación en contra de J.J.Ch.V., de condiciones civiles y personales conocidas en la investigación, como autor y presunto responsable del ilícito de PECULADO de que trata el C. Penal en su libro 2º título III, capítulo primero, en concurso homogéneo de hechos punibles, en concordancia con el artículo 26 del mismo código, acorde a lo señalado en la parte motiva de esta decisión.

“3. En desarrollo de la medida de aseguramiento vigente de detención domiciliaria (sustituta), decretada en contra del mismo Ch.V., se mantendrá la misma, debiendo continuar haciéndose efectiva esta en el lugar, términos y obligaciones que se impusieran al momento de suscribir la diligencia de compromiso, bajo la caución prendaria que constituyera para tal efecto”(32).

Por providencia del 14 de enero de 1998, la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el proveído del 11 de noviembre de 2007(33).

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, mediante sentencia del 12 de junio de 2000, absolvió al señor J.J.Ch.V. de los cargos formulados por la fiscalía 14 delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva y ordenó devolverle la caución prestada.

Como fundamento de esa decisión se expuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“Del análisis de las pruebas recaudadas no brindan la certeza del hecho ni de la responsabilidad del imputado. Es evidente que con lo aportado por el departamento se compraron materiales y se inició la obra y hasta allí por parte del departamento se ejerció la interventoría de los dineros aportados hasta que se efectuara el acta parcial de la obra. Con ella se reciben los dineros aportados por la CHB, por valor de $ 15.500.000 recibidos por el contratista mediante cheques Nº 0611525 del 28 de diciembre de 1994 del Banco de Colombia por valor de $ 7.750.000 y el Nº 1772850 del Banco de occidente por el mismo valor.

“Esta por su lado comunica dos inconvenientes presentados en la obra, el incumplimiento de la mano de obra por parte de la comunidad, así lo hace saber a la CHB, al presidente de la junta de acción comunal y al interventor de obras públicas, en notas enviadas al 5 de mayo de 1994, 6 de julio de 1994 y el 5 de noviembre del mismo año y el 25 de enero de 1996.

“El contrato es ley para las partes y lo que debieron hacer las entidades era verificar la ejecución de ese contrato conforme a los términos como se comprometieron al suscribir el documento, para finalmente y conforme lo dispone el art. 68 sobre la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias contractuales, puesto que en la información suministrada por la comunidad, la interventoría, la administración pública ha debido tomar cartas en el asunto y proceder a la liquidación del contrato, conforme al art. 60 de la Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal.

“No se puede predicar prueba fehaciente de ocurrencia del hecho, puesto que ellas lo que indican es que no se puede imputar una conducta de apropiación de dineros que en cumplimiento de un contrato le fueron entregados al contratista quien continuó después de ello ejecutando la obra pero advirtiendo al contratante del incumplimiento de parte de uno de los sujetos que actuaba como parte en el contrato.

“De igual manera no se infiere responsabilidad pues las probanzas allegadas dan cuenta de que el contratista estuvo atento al desarrollo de la obra, a dar cuenta de lo que allí sucedía, de que se finiquitara y se establecieran las cuentas, pues considera que por el incumplimiento de uno de los contratantes debió asumir por su cuenta labores que no le correspondían dentro de lo pactado y que le generaran gastos que debían haberse cuantificado para determinar las compensaciones a que hubiera lugar (…).

“Todo lo anterior es conclusivo de que a favor de J.J.Ch.V. le cobija la presunción de inocencia y procede en su lugar la absolución de los cargos elevados por la fiscalía”(34).

A instancias del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía 14 delegada ante los juzgados penales del circuito de Neiva, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, por providencia del 23 de agosto de 2000, confirmó el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva.

En ese pronunciamiento se indicó (se transcribe con posibles errores incluidos):

De la atenta lectura del proceso se obtiene la certeza de la inexistencia del hecho como se entrará a demostrar y, por eso, el tribunal no se detendrá en las conclusiones de la fiscalía recurrente ni sobre la existencia del hecho y menos sobre la responsabilidad del procesado por ausencia del hecho punible.

“(…).

“El procesado admite haber recibido esa suma de dinero y que al reiniciar la obra en la última quincena de diciembre de 1994 trabajando hasta la primera quincena de marzo de 1995, que tuvo que suspender la ejecución de la obra primero, porque el último tramo de donde debía colocar los postes correspondía a siembras de arroz por lo cual se dificultaba la entrada de vehículos al sitio para llevar los materiales ya que estaban en plena cosecha del grano y que debido precisamente a esta circunstancia debió hacer un nuevo rediseño lo que le generó gastos, así mismo alega que se convino en que la comunidad debía aportar la mano de obra no calificada, lo que no se cumplió a cabalidad porque cuando necesitaba este aporte era incipiente porque no salían los trabajadores necesarios ya que se disculpaban en que estaban en la cosecha del arroz y los obreros que iban a colaborar iban cansados y no trabajaban la totalidad de horas requeridas, por lo que en vista de ello debió contratar por su cuenta trabajadores que le implicaron gastos adicionales, que lo llevó a solicitar autorización para contratar por su cuenta trabajadores que le implicaron gastos adicionales, que lo llevó a solicitar autorización para contratar una grúa para la hincada de los postes y templetes, lo mismo ocurrió con el transporte de materiales y obreros dentro de la obra, aporte que le correspondía a la comunidad pero que debió asumirlo el contratista, generándole pérdidas.

“(…).

“Habiéndose satisfecho la inversión de la CHB, tal como se certifica en la comunicación transcrita, hubiera quedado pendiente por aclarar el saldo por valor de $ 3.184.539 a favor de la comunidad que se registró en el acta parcial de entrega de obra el 11 de noviembre de 1994 y con relación al aporte de $ 35.000.000 que hiciera el departamento, que como se registrará más adelante también se satisfizo.

“Porque ha de precisarse que el mismo interventor en declaración jurada afirma que solamente prestó sus servicios como tal durante el período de seis meses que era el término de su contrato y tampoco precisa el factor determinante del incumplimiento del contratista pues considera que pudo obedecer a ‘que posiblemente fue por material que él no había puesto en la obra por incumplimiento de los proveedores o esperando los otros o siguientes recursos que le diera la junta de acción comunal para la ejecución de la obra’.

“En referencia al aporte de los treinta y cinco millones que hiciera el departamento, la contraloría departamental del Huila a través de la Unidad de Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva falló sin responsabilidad fiscal a favor de J.Ch.V. y su fundamento es importante transcribir:

“(…).

“Esta prueba aparece dentro de las documentales aportadas por la defensa dentro del término del, art. 446 CPP, en la etapa de juicio y ratifica la inexistencia del hecho, pues el ente fiscalizador no encontró afectación del patrimonio estatal en el desarrollo de la obra con relación a su inversión.

“Para abundar en razones, dentro de la audiencia pública, (…) delegado por la comunidad para la vigilancia del desarrollo de la obra, admite que por su ignorancia incurrió en yerros sobre la utilización del contratista del aporte de la CHB y reconoce que avala el documento que aparece a folio 392 donde pone por escrito esas falencias. Y a renglón seguido, aclara que cuando la comunidad no colaboró más y el ingeniero no volvió a pesar de haberle concedido los plazos por el solicitados, fue llamado por el interventor de la CHB para que rindiera informe de la plata y ‘yo le dije vaya y haga los inventarios para saber que había invertido el ingeniero allá con esos $ 15.500.000, ese interventor no realizó esa tarea, yo preocupado por la situación le comenté a él que el ingeniero había llevado cables y otras vainas pero considero que ahí no estaba toda la plata, entonces él me dijo que si él no ha cumplido yo lo demando es a ud., preocupado con esa situación yo procedí a ponerle la demanda al ingeniero para que responda ante la CHB y ante la comunidad’.

“Se concluye, si el contratista no laboró más en la obra y, por falta de interventoría tanto de la CHB, como dice el testigo, y por parte del departamento como se anuncia en el oficio suscrito por la Secretaría de Obras Públicas Departamentales el 7 de febrero de 1996 no se practicó visita alguna, para la fecha de la denuncia el contratista había cumplido como se desprende del informe y la decisión de los inversionistas. Por tanto, elhechonoexistióy,poresarazóndebeabsolversealprocesado Ch.V. a quien debió habérsele cesado el procedimiento frente a prueba fehaciente y oportuna de esta situación”(35) (se destaca).

La Fiscalía General de la Nación interpuso demanda de casación contra la anterior decisión. Por providencia del 5 de diciembre de 2002, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la inadmitió, por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPP(36).

4.1. De la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.

La Sala estudiará la responsabilidad de esta entidad a la luz del régimen objetivo de responsabilidad que se aplica a los casos de privación injusta de la libertad.

Este régimen, como se explicó, implica que cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta es atípica o que la absolución se dio en aplicación del principio in dubio pro reo, el juez debe verificar exclusivamente que la actuación de la administración haya sido la causante del daño antijurídico, en razón de que quien lo padeció no estaba en el deber jurídico de soportarlo, siempre que no opere alguna causal de exoneración de responsabilidad.

Siendo así, para la subsección, el Estado tiene la obligación de indemnizar por los perjuicios que se le habrían causado a la parte demandante por la privación injusta de la libertad del señor J.J.Ch.V., por cuanto, tal y como se desprende de las pruebas relacionadas con anterioridad, la absolución a favor del mencionado señor, como autor del delito de peculado en concurso homogéneo, tuvo como fundamento que la conducta punible no existió.

En efecto, según lo expuesto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, las pruebas obrantes en el proceso penal evidenciaron que el señor Ch.V. no se apropió del anticipo de $ 15.500.000 entregado para la ejecución del contrato suscrito con la empresa comunitaria autogestionaria “Lucha unida”, para la electrificación de la vereda XXX, pues esa suma de dinero fue utilizada para la compra de los materiales y el inicio de la obra.

Ese despacho judicial estimó que el ingeniero J.J.Ch.V., siempre estuvo pendiente del desarrollo de la obra y de rendir las cuentas correspondientes y que los inconvenientes y dificultades que se presentaron a lo largo del desarrollo de la obra no se debieron al contratista, esto es, al señor Ch.V., sino a otro de los sujetos que participó en el contrato.

Por otra parte, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, al pronunciarse sobre el recurso de apelación propuesto por la Fiscalía General de la Nación, ratificó que no existió ningún tipo de apropiación del anticipo de los $ 15.500.000 por parte del señor Ch.V.

Además, ese tribunal sostuvo que tampoco hubo una desviación de los dineros aportados por el departamento del Huila para el desarrollo de esa obra. Como fundamento de esa afirmación, explicó que en el proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la posible desviación de esos dineros, la contraloría departamental del Huila concluyó que no se afectó el patrimonio estatal con el desarrollo de dicha obra y ello, a su juicio, fue indicativo de que el hecho por el cual se le investigó al mencionado señor no existió.

En esas condiciones, a juicio de la sala, quedó probado que el señor J.J.Ch.V. fue privado injustamente de la libertad, con ocasión de la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria impuesta por la Fiscalía General de la Nación, situación que le generó un daño antijurídico que no se encontraba en la obligación de soportar, circunstancia que, necesariamente, comprometió la responsabilidad de dicha entidad, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

Conviene precisar que si bien la investigación adelantada contra el señor Ch.V. fue producto de la denuncia penal formulada por el presidente de la junta de administración de la empresa comunitaria autogestionaria “Lucha unidad”, lo cierto es que ello no es suficiente para considerar que se configuró la causal eximente de responsabilidad denominada hecho de un tercero, por cuanto la Fiscalía General de la Nación era la encargada de establecer si existían o no elementos suficientes para imponerle medida de aseguramiento —como en efecto lo hizo—, con ocasión de la existencia de irregularidades en la ejecución del contrato de electrificación de la vereda XXX.

Para la sala, tampoco es procedente eximir de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por culpa exclusiva de la víctima, por cuanto no existe prueba en el expediente que acredite que el señor J.J.Ch.V. hubiese actuado con dolo o culpa grave, por cuya conducta diera lugar al proceso penal en el que se le vinculó y a la medida restrictiva del derecho a la libertad de la que fue objeto.

Por el contrario, dentro del proceso penal, se estableció que los dineros entregados al señor Ch.V. fueron utilizados para la iniciación de la obra para la que fue contratado y, además, como se expuso, siempre estuvo presto a cumplir el objeto del contrato y a rendir cuentas respecto de los adelantos o inconvenientes presentados en la ejecución del mismo, al punto que las autoridades judiciales que conocieron del proceso llegaron a la conclusión de que era evidente la “inexistencia del hecho” por el que se investigó el señor Ch.V. —peculado en concurso homogéneo—.

Siendo así, la subsección confirmará la decisión de primera instancia en el sentido de declarar patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad del señor J.J.Ch.V.

Ahora bien, como en el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación se indicó que en caso de considerar que la detención del señor Ch.V. fue injusta —como en efecto ocurrió— también se debería condenar a la Rama Judicial, la subsección procederá al respectivo análisis de responsabilidad de esa entidad.

4.2. De la responsabilidad de la rama judicial.

En concreto, la Fiscalía General de la Nación alegó que la Rama Judicial incumplió el plazo con el que contaba para dictar la respectiva sentencia condenatoria y esta situación produjo que se prolongara el período de detención del señor J. J.Ch.V., razón por la cual, a su juicio, esa entidad también debía responder patrimonialmente por el daño alegado por la parte actora.

En esos términos, entiende la sala que lo planteado por el ente investigador es que la Rama Judicial habría incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial, aspecto sobre el cual, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado:

“[…] para la determinación de qué se entiende por ‘violación o desconocimiento del plazo razonable’ corresponde al juzgador analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como los factores internos y externos en los que se presta el servicio, en otros términos, con qué instrumentos o herramientas se contaba para adoptar la decisión y, por lo tanto, si no existen circunstancias que justifiquen el retardo en la definición del asunto administrativo o jurisdiccional.

“De modo que, notodatardanzaesindebidaporquepuedenexistirrazonesquelajustifiquen y que conduzcan al operador jurídico a la conclusión de que no se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, conclusión a la que arribó el juez constitucional al señalar que lamorajudicialnodesconoceelderechoaunjuicioenunplazorazonablesiexistenfactoresquejustifiquenelsobrepasarlostérminosfijadosenlaley (v. gr. la congestión judicial, las resolución de peticiones formuladas por las partes, la petición de los agentes del Ministerio Público para estudiar el proceso, etc.)(37).

“En esa línea de pensamiento, para poder predicar la existencia de una dilación injustificada de una decisión administrativa o judicial, a la luz del artículo 29 de la Constitución Política, es preciso que se constate la configuración de los siguientes presupuestos: i) los términos fijados en la ley deben haberse sobrepasado […], ii) la tardanza en la toma de la decisión no debe tener causa o motivo que la justifique, iii) la mora debe ser producto de una omisión de los funcionarios que tienen a su cargo el impulso o la decisión, y iv) la violación del plazo vencido debe catalogarse como desproporcionada frente al trámite respectivo.

“Frente a este último aspecto, es importante indicar que son dos los factores que determinan la razonabilidad o no del plazo: i) la duración de trámites o procesos similares al que es objeto de juzgamiento, y ii) el estudio riguroso de las circunstancias fácticas para aplicar estrictamente las reglas de la experiencia”(38).

Pues bien, el artículo 444 del Decreto 2700 de 1991 (norma aplicable) establecía que la etapa de juzgamiento iniciaba cuando quedaba ejecutoriada la resolución de acusación y que, a partir de ese momento, la Fiscalía General de la Nación perdía la dirección de la investigación y adquiría la calidad de sujeto procesal.

A su vez, el artículo 446 de esa norma consagraba que “(…) al día siguiente de recibido el proceso, previa constancia secretarial, el expediente quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de treinta días hábiles, para preparar la audiencia pública, solicitar las nulidades que se hayan originado en la etapa de instrucción que no se hayan resuelto y las pruebas que sean conducentes”.

Por su parte, el artículo 447 del CPP disponía que si no se declaraba la invalidez del proceso, vencido el término de 30 días hábiles en los cuales el expediente estaría a disposición de las partes, se debía fijar fecha y hora para la audiencia de juicio, sin exceder de diez días hábiles. Además, ese artículo establecía que en esa misma decisión, se decretarían las pruebas que se consideraban procedentes.

Así mismo, el artículo 448 de ese código señalaba que las pruebas decretadas “(…) se practicarán en la audiencia pública, excepto las que deban realizarse fuera de la sede del juzgado o requieran de estudios previos, las cuales se practicarán en el término que fije el juez, el cual no podrá exceder de quince días hábiles”.

Por último, el artículo 456 del Decreto 2700 de 1991 indicaba que finalizada la práctica de pruebas y la intervención de las partes en audiencia, el juez debía dictar sentencia dentro de los diez días siguientes.

Siendo así, se tiene que, en vigencia del Decreto 2700 de 1991 (norma aplicable), luego de que el juez penal asumía el conocimiento del proceso, es decir, que iniciaba la etapa de juzgamiento, contaba con un período no mayor a sesenta y cinco (65) días hábiles para dictar la sentencia correspondiente.

En el sub lite, como se indicó con anterioridad, la providencia mediante la cual se confirmó la resolución de acusación dictada por la Fiscalía General de la Nación contra el señor J.J.Ch.V. se dictó el 14 de enero de 1998 y, según información extractada de la sentencia de segunda instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva avocó el conocimiento del proceso el 22 de enero de 1998(39) y el 12 de junio de 2000 dictó la sentencia de primera instancia.

Entonces, se tiene que la Rama Judicial tardó más de 2 años en proferir la sentencia de primera instancia, término que, evidentemente, sobrepasó en exceso los 65 días hábiles que establecía el Decreto 2700 de 1991 para adoptar una decisión de fondo dentro de un proceso penal y, por ende, es evidente que dicha entidad incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial.

Conviene precisar que esta corporación ha establecido que existen algunas situaciones que pueden llegar a justificar el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido impulsado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora(40). Empero, en este caso, la Rama Judicial no demostró que se hubiera presentado alguna de estas situaciones.

En efecto, no existe prueba que evidencie que pese al proceder diligente, acucioso, expedito y eficiente del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, existieron circunstancias que imposibilitaron dictar sentencia dentro de los 65 días hábiles siguientes a que inició la etapa de juicio ni que dichas situaciones obedecieron a la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado o el volumen de trabajo de ese despacho judicial y, por tanto, no podría concluirse que la inobservancia de los términos que consagraba el Decreto 2700 de 1991 se encuentra justificada.

Por el contrario, se observa que la Rama Judicial no contestó la demanda, es decir, no explicó por qué excedió el plazo con el que contaba para dictar la sentencia de primera instancia dentro del proceso penal adelantado contra el señor Ch.V. por el delito de peculado en concurso homogéneo y tampoco se allegó al proceso de reparación directa la totalidad del expediente penal en el que se pudiera descartar que fue la inactividad del despacho judicial lo que generó la mora judicial.

En definitiva, al no estar justificado el hecho de que el despacho judicial de conocimiento tardara más de dos años para emitir un pronunciamiento de fondo dentro del proceso penal adelantado contra el señor Ch.V., la subsección estima que la Rama Judicial deberá responder a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial injustificada, habida cuenta de que, se reitera, incumplió los términos que establecía el CPP vigente para la época de los hechos y ello generó que se excediera el tiempo que estuvo detenido injustamente el señor J.J.Ch.V.

Así las cosas, la sala considera que la Fiscalía General de la Nación, en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, deberá responder en un 50% de la condena por la privación injusta de la libertad del señor Ch.V., porque fue la entidad que le impuso la medida de aseguramiento.

Por su parte, la Rama Judicial deberá responder en un porcentaje igual —50%— por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial en el que incurrió, por ser la demora en dictar la sentencia de primera instancia lo que prolongó el tiempo de dicha detención.

Por lo expuesto, la sala revocará la decisión apelada y, en su lugar, condenará patrimonialmente a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad del señor Ch.V.

5. Indemnización de perjuicios.

Estando claro que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial —en porcentajes iguales— están llamadas a responder por la privación injusta de la libertad que padeció el señor J.J.Ch.V., procede la sala a pronunciarse sobre los perjuicios reclamados.

5.1. Cuestión previa.

Revisado el expediente se observa que mediante providencia del 12 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo del Huila resolvió tener como sucesoras del señor J.J.Ch.V. —demandante— a las señoras N.I.C. de Ch., S.L.Ch.C., C.P.Ch.C. y D.P.Ch.C., por cuanto se acreditó que el mencionado señor falleció el 12 de abril de 2006(41). Por tanto, el reconocimiento de perjuicios en el fallo de primera instancia se hizo a favor de la sucesión del señor Ch.V. y así se mantendrá en esta providencia.

5.2. Perjuicios morales.

En el caso bajo estudio, el tribunal administrativo de primera instancia condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 100 SMLMV a favor de la sucesión del señor Ch.V.

En el recurso de apelación, la Fiscalía General de la Nación alegó que era excesivo el monto reconocido por ese concepto y, por tanto, pidió disminuirlo.

Debe precisarse que, en virtud de las diferencias existentes entre la privación física y la restricción jurídica de la libertad, esta subsección, ha venido sosteniendo que la indemnización de perjuicios morales a quienes fueron objeto de una privación jurídica, desde el punto de vista pecuniario, no puede ser idéntica a la que se le reconoce a quienes sí padecieron una restricción física de su libertad en un centro de reclusión(42). Así mismo, se ha señalado que cuando una persona es privada de la libertad, pero es recluida en su domicilio, el quantum indemnizatorio deberá ser reducido en un 30%(43).

Ahora bien, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad de la cual fue víctima el señor Ch.V. le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida.

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso, la sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P., arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado, y iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

En esta línea, resulta relevante señalar que la sala ha determinado que cuando concurran diferentes medidas preventivas, como lo son la privación física de la libertad, la detención domiciliaria o la libertad provisional durante el período de tiempo en que se haya producido la privación injusta de la libertad, se deberá cuantificar de manera separada cada lapso, con el fin de determinar de manera exacta la indemnización que corresponda a cada víctima por concepto de perjuicios morales.

Por tanto, la indemnización a reconocer a la parte demandante estará determinada por la sumatoria de los salarios mínimos a reconocer por cada uno de los períodos en los que la víctima del daño estuvo privado de la libertad, sin que, en principio, dicha operación aritmética pueda superar el tope establecido por esta corporación para el reconocimiento de perjuicios morales para este tipo de asuntos —100 SMLMV—.

En el sub lite, obra constancia suscrita por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, en la que se indicó (se transcribe con posibles errores incluidos): “Que el señor J.J.Ch.V. identificado con la C.C. XXX de Bogotá, permaneció en detención domiciliaria desde el 18 de julio de 1997, fecha en la cual firmó la correspondiente diligencia hasta el 28 de junio de 2000, dentro del proceso que se le adelantó por el delito de peculado, radicado bajo el Nº 1998 - 00011”(44).

Siendo así, se tiene que el señor Ch.V. estuvo en detención domiciliaria por un período de 35.3 meses. Por tanto, en aplicación de los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014(45) y con la reducción del 30% por tratarse de una restricción de la libertad de carácter domiciliaria, la suma a reconocer es de 70 SMLMV.

Por consiguiente, se modificará el fallo de primera instancia y, en su lugar, se condenará a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 70 SMLMV a favor de la sucesión del señor J.J.Ch.V.

5.3. Perjuicios materiales.

5.3.1. Daño emergente.

El Tribunal Administrativo de Huila condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de daño emergente, la suma de $ 40.073.391 a favor de la sucesión del señor Ch.V.

Como este punto no fue objeto de apelación, la sala únicamente actualizará el monto reconocido de la siguiente manera:

Sentencia 2004-01523-51129 de noviembre 10 de 2017 i1
 

Entonces, se modificará la sentencia apelada y se condenará a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a pagar, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 48.430.366 a favor de la sucesión del señor J.J.Ch.V.

5.3.2. Lucro cesante.

En la demanda se indicó (se transcribe con posibles errores incluidos):

Del cuadro anterior se determina que la utilidad actualizada obtenida por J.Ch.V. en la ejecución de contratos es de $ 207.209.333.

“Debido a que esta utilidad se obtuvo durante los años 1994, 1995, 1996 hasta el 18 de julio de 1997, lo que corresponde en total a 42 meses y 18 días, cifra equivalente a 42.6 meses, entonces la utilidad promedio mensual referida es:

Sentencia 2004-01523-51129 de noviembre 10 de 2017 i2
 

La utilidad promedio mensual es de $ 4.864.069.

“El tiempo que mi poderdante dejó de laborar por su injusta detención (18 de julio de 1997 - 28 de junio de 2000), fue de 35 meses y 10 días, que equivalen a 35.33 meses, los cuales le ocasionaron perjuicios por lucro cesante de:

“Lucro cesante = $ 4.864.069 X 35.33 meses

Lucro cesante = $ 171.847.550”.

En el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de lucro cesante, la suma de $ 36.131.201.

La parte actora, en el recurso de apelación, solicitó que se incrementara dicho monto, pues, a su juicio, ese perjuicio no podía ser tasado teniendo en cuenta el salario mínimo, habida cuenta de que se allegaron las pruebas necesarias para acreditar que el demandante “(…) desempeñaba una actividad productiva como ingeniero electricista, que fue prolífico desde el año 1994, lo cual hace presumir que sin lugar a duda, obtenía ingresos de conformidad con estas calidades, tanto antes como después de su privación injusta de la libertad”. 

Además, se pidió que para fijar la base de liquidación del lucro cesante se tuvieran en cuenta las calidades profesionales del señor Ch.V. y las declaraciones de renta presentadas con posterioridad a que recobró su libertad. 

Pues bien, se debe mencionar que con el recurso de apelación presentado por la parte actora se allegó copia del título de ingeniero electricista conferido al señor Ch.V.(46) y las declaraciones de renta de los años 2000, 2001 y 2002(47). Sin embargo, tal y como se señaló en providencia del 25 de agosto de 2017(48), dichos documento no pueden ser tenidos como prueba dentro del presente proceso para efectos de liquidar el lucro cesante, porque no se cumplió ninguno de los presupuestos que establecía el artículo 214(49) del CCA (norma aplicable) para el decreto de pruebas en segunda instancia. 

Así lo señaló la subsección en sentencia del 10 de mayo de 2017, en la que lee:

“Por otra parte, la sala no puede pasar por alto el hecho de que en el recurso de apelación la parte actora señaló que como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el ahora demandante, debió renunciar al cargo que venía ejerciendo.

“Al respecto, resulta necesario señalar que con la demanda no se aportó algún elemento de prueba que demuestre esa situación; sin embargo, con el escrito de los alegatos de conclusión en primera instancia, la parte actora allegó unos documentos que indican que efectivamente el señor S.A. renunció al cargo que desempeñaba.

“Pues bien, la Sala no otorgará valor probatorio a dichos documentos por haberse aportado, de manera extemporánea.

“Así lo ha considerado esta sección, en los siguientes términos:

‘Por otra parte, se advierte que una vez vencida la etapa probatoria y durante el término dispuesto para que las partes presentaran alegatos de conclusión, la entidad demandada anexó junto con su escrito de alegatos finales copia de (…).

‘(…) Como se observa, los aludidos documentos fueron aportados después de agotarse la etapa procesal prevista para el efecto, supuesto bajo el cual los referidos documentos no pueden ser objeto de apreciación judicial, de conformidad con el principio de preclusión que inspira los actos procesales’(50).

“Con todo, conviene aclarar que las pruebas que la parte actora pretendió hacer valer no fueron solicitadas con la demanda, pese a que existían con anterioridad a la fecha en la que se ejerció el derecho de acción, lo que impone concluir que no corresponden a elementos de juicio que se dejaron de practicar por el Tribunal Administrativo de Boyacá, ni a documentos que no pudieron aducirse por fuerza mayor o caso fortuito e incluso tampoco versan “(…) sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia (…)”(51), lo cual, en términos del artículo 214 del CCA, habilitaría su incorporación en una oportunidad procesal diferente a aquella que, por regla general, prevé el ordenamiento jurídico en forma preclusiva”(52).

Ahora bien, se observa que al expediente se allegaron los certificados de los contratos que, en su condición de ingeniero electricista, ejecutó el señor J.J.Ch.V. durante los años 1994, 1995, 1996, esto es, antes de la privación injusta de su libertad. 

Sin embargo, para la subsección, las cifras y valores contenidas en dichas constancias no pueden ser tenidas en cuenta para establecer los montos que el señor Ch.V. dejó de devengar durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, por cuanto no brindan la certeza de que para esa época —del 18 de julio de 1997 al 28 de junio de 2000— se suscribiría la misma cantidad de contratos y que los valores serían los mismos, por tanto, se torna hipotético que el demandante hubiera continuado con contratos de las mismas características, de no haberse encontrado privado de la libertad. 

Por otra parte, se observa que el señor F.C.A.R.(53), quien rindió testimonio dentro del proceso de reparación directa, manifestó: “(…) supe que antes de ser detenido el señor J.Ch. tuvo contratos constantes y permanentes en el campo de la electrificación (…) de acuerdo con la experiencia que tengo al respecto por haber laborado en la electrificadora, dependiendo del contratista y de la organización, en promedio la utilidad que uno esperaría en general es de un 25% aproximadamente (…)”. Así mismo, el señor G.Z.C. indicó que las utilidades de un contrato de electrificación rural oscilan entre un 25% y un 30% del valor del contrato. 

Para la sala, estas declaraciones constituyen simples manifestaciones generales y no brindan datos específicos respecto de las utilidades y contratos que se dejaron de suscribir con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Ch.V. Por tanto, no se tendrán en cuenta para la liquidación de lucro cesante. 

Con todo, la sala presume que, tal y como lo alegó la parte actora en el recurso de apelación, tenía un ingreso superior a un salario mínimo legal mensual vigente, puesto que, como se desprende de las pruebas documentales del proceso, tenía una carrera profesional —ingeniero electricista—. 

Siendo así, como ya lo hizo la subsección(54), con el fin de liquidar la indemnización del lucro cesante reclamado, se tomará el ingreso promedio que, según el observatorio laboral y ocupacional del SENA, en su “Boletín de tendencia de las ocupaciones a nivel nacional y regional 2º trimestre 2015”(55), percibía una persona de nivel profesional en el mercado laboral colombiano. Este documento señaló que los hombres de ese nivel de formación en Colombia devengaban en promedio $ 2.072.717 mensuales. 

Ahora, dado que la cifra de $ 2.072.717 corresponde al 2015 y el señor Ch.V. fue privado de la libertad en 1997, es pertinente aplicar la siguiente fórmula con el objeto de establecer la equivalencia de esa cantidad de dinero para el año en que se causó el daño(56):

Sentencia 2004-01523-51129 de noviembre 10 de 2017 i3
 

Donde:

— Vh: valor histórico por despejar (salario de un profesional en 1997)

— Vp: valor presente (salario de un profesional en 2015: $ 2.072.717)

— Índice inicial: índice de precios al consumidor a julio de 1997 (fecha en que el demandante fue privado de la libertad).

— Índice final: índice de precios al consumidor a junio de 2015 (fecha del boletín elaborado por el SENA).

Aplicando la fórmula:

Sentencia 2004-01523-51129 de noviembre 10 de 2017 i4
 

Vh = $ 14.092,0307

Según la anterior operación aritmética, se concluye que el señor Ch.V. tenía, para la época de la privación de la libertad (julio de 1997), un ingreso mensual de, por lo menos, $ 14.092,0307, cifra que será tenida en cuenta para liquidar la indemnización de su lucro cesante y que se actualizará a la fecha de esta sentencia, así:

Sentencia 2004-01523-51129 de noviembre 10 de 2017 i5
 

Donde:

— Vp: valor presente de la suma a actualizar.

— Vh: valor a actualizar ($ 14.092,0307).

— Índice final: índice de precios al consumidor vigente a la fecha de esta sentencia (octubre de 2017).

— Índice inicial: índice de precios al consumidor a julio de 1997 (fecha en que el demandante fue privado de la libertad).

Aplicando la fórmula:

Sentencia 2004-01523-51129 de noviembre 10 de 2017 i6
 

Vp = $ 2.344.201.

Entonces, la sala procederá a calcular el monto de la indemnización:

Período a indemnizar: 35.3 meses.

Se tomará como ingreso base de liquidación el salario que devengaba el actor ($ 2.344.201), sin que en este caso a dicha cifra se le incremente un 25%, por concepto de prestaciones sociales, por cuanto no se acreditó que, para el momento de la privación de la libertad, el señor Ch.V. era un trabajador dependiente(57).

Tampoco se reconocerá el lapso de tiempo que la persona requiere para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral, tal y como se ha reconocido en algunos casos de privación injusta de la libertad, pues, como se indicó, en el proceso no se demostró que el señor Ch.V. tuviese un vínculo laboral antes de ser privado de su libertad.

Dicho lo anterior, se aplicará la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado, así:

Sentencia 2004-01523-51129 de noviembre 10 de 2017 i7
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor Ch.V.: de $ 2.344.201.

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 35.3 meses.

Reemplazando tenemos:

Sentencia 2004-01523-51129 de noviembre 10 de 2017 i8
 

S = $ 90.045.653

Entonces, el lucro cesante a favor de la sucesión del señor J.J.Ch.V. corresponde a: $ 90.045.653.

6. Condena en costas.

Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 23 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, la cual quedará así:

“1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor J.J.Ch.V., por las razones expresadas en la parte considerativa de esta providencia.

“2. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial, según lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

“3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, a pagar, en partes iguales, a la sucesión del señor J.J.Ch.V., a título de perjuicios morales, la suma equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, a pagar, en partes iguales, los perjuicios materiales, a la sucesión del señor J.J.Ch.V., en los siguientes valores: a título de daño emergente la suma de $ 48.430.366 y por concepto de lucro cesante la suma de $ 90.045.653”.

2. Sin condena en costas.

3. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

4. EXPEDIR al apoderado de la parte actora que ha venido actuando las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del CPC.

5. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera, con aclaración de voto.

1 Los ordinales tercero y cuarto de esta providencia fueron corregidos por providencia del 30 de enero de 2014, en el sentido de indicar que el pago de los perjuicios debía hacerse a favor de la sucesión del señor J.J.Ch.V. (fls. 382 -383, cdno. segunda instancia).

2 Fls. 149 - 150, cuaderno principal 1.

3 Fls. 157 - 158, cuaderno principal 1.

4 Fl. 193, cuaderno principal 1.

5 Fls. 222 - 223, cuaderno principal 2.

6 Fls. 226 - 228, cuaderno principal 2.

7 Fls. 178 - 183, cuaderno principal 1.

8 Fls. 308 - 331, cuaderno segunda instancia.

9 Fls. 337 - 340, cuaderno segunda instancia.

10 Fls. 350 - 360, cuaderno segunda instancia.

11 Fl. 414, cuaderno segunda instancia.

12 Fl. 416, cuaderno segunda instancia.

13 Fls. 417 - 422, cuaderno segunda instancia.

14 Fls. 425 - 427, cuaderno segunda instancia.

15 Fl. 361, cuaderno segunda instancia.

16 Fls. 362 - 364, cuaderno segunda instancia.

17 Fls. 468 - 470, cuaderno segunda instancia.

18 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

19 Fls. 31 - 41, cdno. ppal. 1.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, Magistrada Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, exp. 21.801, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, exp. 37.410, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

21 “ART. 187.—Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.

“La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.

“Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar esta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión”.

22 Aunque el proceso penal inicial se tramitó con el Decreto 2700 de 1991, la demanda de casación se promovió en vigencia de la Ley 600 de 2000 y, por tanto, esa es la norma que se tendrá en cuenta para efectos del conteo del término de caducidad.

23 El 21, 22 y 25 de diciembre de 2002 no fueron días hábiles.

24 Fl. 99, reverso cdno. ppal. 1.

25 Fl. 23, cdno. ppal. 1.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 17 de octubre de 2013. Exp. 23.354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

27 Sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168 y sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas en la sentencia del 26 de mayo de 2011, exp. 20.299 de la misma subsección, entre muchas otras.

28 Fl. 31, cdno. ppal. 1.

29 Fls. 31 - 41, cdno. ppal. 1.

30 Fl. 42, cdno. ppal. 1.

31 Fls. 349 - 362, cdno. 1.

32 Fls. 46 - 66, cdno. ppal. 1.

33 Información extraída del fallo de segunda instancia (fl. 78, cdno. ppal. 1).

34 Fls. 68 - 74, cdno. ppal. 1.

35 Fls. 76 - 88, cdno. ppal. 1.

36 Fls. 91 - 99, cdno. ppal. 1.

37 Corte Constitucional, Sentencia T-612 de 2003.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de febrero de 2016, rad. 52001-23-31-000-2005-00551-01(39524). C.P. Danilo Rojas Betancourth.

39 Fl. 78, cdno. ppal. 1.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 30495, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

41 Fls. 305 - 306, cdno. ppal. 2.

42 Ver sentencia del 9 de marzo de 2016 (rad: 25000-23-26-000-2005-02453-01), Nº interno 34554, en la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A sostuvo:

“(…) el quantum indemnizatorio a reconocer frente a una persona que ha sufrido una privación injusta y física de su libertad, no será siempre el mismo que se le deba reconocer a quien, pese a padecer una restricción de su libertad, no la afronta de manera física en un establecimiento carcelario.

“(…).

“Así pues, dadas las diferencias evidentes que existen entre una y otra restricción a la libertad, es decir, aquella que comporta la privación física dentro de un centro carcelario y la que surge como consecuencia de una medida de aseguramiento de carácter preventivo o cautelar, la sala advierte que la indemnización a reconocer por concepto del perjuicio moral frente a los daños antijurídicos producidos a causa de estas últimas no debe ser la misma a la que se accede frente a personas que sí contaron con una limitación de su libertad en la totalidad de su expresión o dimensión.

“(…).

“Sin que lo anterior constituya, desde luego, una regla absoluta e inmodificable, pues se precisa que en cada caso el juez deberá analizar la restricción jurídica a la libertad que sufrió el procesado que posteriormente resulta absuelto como consecuencia de una medida de aseguramiento, lo cierto es que la indemnización que se reconozca a los afectados no deberá ser, desde el punto de vista pecuniario, idéntica a la que se le reconoce a quienes sí fueron víctimas de una privación física de tan esencial derecho fundamental y la padecieron, además, en un centro de reclusión o cárcel.

Con base en lo expuesto, la subsección reducirá la indemnización por perjuicios morales a favor de los actores en este proceso en un 50%, pues como se indicó anteriormente, en el presente litigio se acreditó que el actor nunca estuvo privado físicamente de su libertad” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

43 En sentencia del 1 de agosto de 2016 (exp. 39.747), el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, indicó:

“En cuanto al monto a pagar por el tiempo restante, la sala acoge lo dispuesto por esta Subsección en la citada sentencia del 9 de marzo de 2016 y la complementa en el sentido de que a su juicio el monto a indemnizar a una persona que fue víctima de una privación injusta de la libertad pero que estuvo recluida en su domicilio debe ser disminuido en un 30%, comoquiera que, si bien la detención domiciliaria limita derechos fundamentales es mayor la afectación cuando se recluye a una persona en un establecimiento carcelario, pues en este último caso se vulneran derechos tales como la intimidad, el trabajo, la educación, entre otros, a lo cual se suman las situaciones de angustia o intranquilidad que puede atravesar al convivir con otros reclusos, nada de lo cual ocurre con la detención domiciliaria ni con la privación jurídica de la libertad, pues no es lo mismo, sin duda, permanecer en la casa que en un centro de reclusión”(se destaca).

44 Fl. 100, cdno. ppal. 1.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P.: Dr. Hernán Andrade Rincón (E), sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp.: 36.149.

46 Fl. 361, cdno. segunda instancia.

47 Fls. 362 - 364, cdno. segunda instancia.

48 Fls. 468 - 470, cdno. segunda instancia.

49 “ART. 214.—Pruebas en segunda instancia. Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

4. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior”.

50 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 17.120, reiterada por esta subsección en sentencias de: i) 23 de junio de 2011, exp. 19.918, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; ii) 13 de agosto de 2014, exp. 30.025, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E) y iii) 8 de marzo de 2017, exp. 45.460”.

51 Original de la cita: “ART. 241 del CCA, num. 2º”.

52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de mayo de 2017, rad.: 150012331000200800476 01 (46207).

53 Fl. 204, cdno. ppal. 2.

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de agosto de 2016, 680012-33-1-000-2001-01930-01 (37.502).

55 Ver http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/boletin_tendencia_2015_trim2.pdf

56 El razonamiento y los cálculos aquí utilizados para fijar la indemnización del lucro cesante ya fueron utilizados por esta subsección a través de la sentencia del 25 de mayo de 2016, dentro del expediente Nº 76001-23-31-000-2003-02986-01(38.991), CP: Carlos Alberto Zambrano Barrera.

57 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 3 de agosto de 2017, rad.: 25000-23-26-000-2011-00994-01 (51017), sostuvo: “(…) toda vez que las prestaciones sociales son un beneficio al cual tienen derecho, únicamente, las personas que se encuentran bajo una relación laboral, mas no así los contratistas o quienes se dediquen a actividades productivas independientes, para la sala, cuando la víctima no acredita que al momento de la restricción de su libertad era un trabajador dependiente, dicho reconocimiento resulta improcedente”.

Aclaración de voto

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la providencia mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad que sufrió el señor J.J.Ch.V., por el delito de peculado, del cual fue exonerado por el juez, por cuanto el hecho no existió, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del indubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del C. de P.P., pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se dé por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o esta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del in dubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (D. 2700/1991, art. 414) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del in dubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub judice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó al señor J.J.Ch.V., ya que la justicia penal lo exoneró de responsabilidad, por cuanto no existió el delito imputado.

Fecha ut supra. 

Carlos Alberto Zambrano Barrera