Sentencia 2004-01526 de junio 15 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación 47001 23 31 000 2004 01526 01

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Actor: Junior José Escalante Amador

Acción de cumplimiento

Consulta incidente de desacato

Bogotá, D.C., quince de junio de dos mil siete.

Procede la Sala a decidir la Consulta que se surte contra el auto de dieciséis (16) de febrero de dos mil siete (2007) dictado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante el cual se sancionó al señor Jairo Quintero Gómez en su condición de Alcalde del municipio de Ciénaga, con arresto domiciliario de cinco (5) días.

Antecedentes

Mediante sentencia de veintiséis (26) de octubre de dos mil cuatro (2004), el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió a las pretensiones formuladas por el señor Junior José Escalante Amador, a fin de obtener el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2 de 16 de febrero de 2004.

Incidente de desacato.

El señor Junior José Escalante, mediante apoderado, formuló incidente de desacato contra el municipio de Ciénaga, por considerar que éste incumplió la orden impartida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia de 26 de octubre de 2004.

Afirma que mediante el fallo proferido el Tribunal Administrativo del Magdalena dispuso el cumplimiento de la Resolución 2 de 16 de febrero de 2004 sujetándolo al acuerdo de reestructuración de pasivos al que se había sometido el municipio de Ciénaga, por lo que al fracasar éste la demandada debió consignar en el fondo escogido por los trabajadores el valor de las cesantías del año 2003 (fl. 11).

Contestación del incidente.

El Alcalde del municipio de Ciénaga mediante apoderado contestó el incidente de desacato propuesto y señaló que la sentencia ordenó que una vez suscrito el acuerdo de reestructuración de pasivos debía dársele prioridad al pago del valor previsto en la Resolución 2 de 16 de febrero de 2004, y que el trámite para la reestructuración de pasivos no pudo culminarse por no haber cumplido con los requisitos de forma y de fondo para ello como consecuencia del caos financiero del municipio. Señala que se están haciendo las gestiones para conseguir el dinero necesario para el pago de las obligaciones laborales y contractuales pendientes (fls. 16 a 19).

Providencia consultada.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto del dieciséis (16) de febrero de dos mil siete (2007) declaró que el señor Jairo Quintero Gómez no acató la orden impartida por esa Corporación en la sentencia de veintiséis (26) de octubre de dos mil cuatro (2004), y en consecuencia, le impuso como sanción arresto domiciliario de cinco (5) días.

Consideró que en el presente caso el cumplimiento de la Resolución 2 de 16 de febrero de 2004 no estaba condicionado a la celebración del acuerdo de reestructuración y que si bien la realidad de los entes territoriales no es la mejor, esta situación no es un factor de exoneración para el cumplimiento de la sentencia, máxime cuando no se observó esfuerzo de la administración para transformar la situación económica del municipio (fls. 28 a 325).

Consideraciones

El artículo 29, inciso 2 de la Ley 393 de 1997 dispone que las sanciones impuestas en un incidente de desacato serán consultadas ante el superior para que este decida si la misma debe o no revocarse; por ello se debe confrontar el contenido del fallo de cumplimiento con la actuación de la autoridad a fin de verificar si esta incumplió o no.

En el presente caso, la sentencia de veintiséis (26) de octubre de dos mil cuatro (2004) dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que se reputa incumplida, dispuso lo siguiente:

“1. ACCÉDASE a la solicitud de cumplimiento formulada por el señor Junior José Escalante Amador. En consecuencia, una vez suscrito el acuerdo de reestructuración de pasivos deberá el ente territorial encausado pagar en oportunidad atendiendo el orden y prioridad correspondiente, el valor pecuniario consignado en la Resolución 2 del 16 de febrero de 2004. “Por la cual se cancelan las cesantías del año 2003, del personal administrativo de la Alcaldía Municipal.

2. Notifíquese esta providencia a las partes, conforme lo indica en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997” (negrilla y subrayas de la Sala).

Y en las consideraciones de la referida sentencia se señala:

“ ... Amén de que la acción ejecutiva con fundamento en el acto de reconocimiento no se torna un mecanismo oficial definido dado que el ente territorial se acogió a la Ley de reestructuración de créditos y en tal virtud los asuntos de tal naturaleza no pueden iniciarse y/o suspenderse de pleno derecho por lo tanto, se accederá a la pretensión habida consideración de que la decisión cuyo cumplimiento se impetra contiene un mandato imperativo e inobjetable a mas de hallarse acreditada la renuencia u omisión del ente oficial en dar, acotamiento a la pluricitada decisión. Por lo tanto se accederá a la solicitud en el sentido de que una vez suscrito el acuerdo de reestructuración correspondiente se dé la prioridad en el pago conforme al orden previsto en el respectivo convenio”. (negrilla y subrayas de la Sala).

Para la Sala es claro que el Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó el cumplimiento de la Resolución 2 de 16 de febrero de 2004, y que la misma no se ha cumplido en la medida que no se la ha pagado el auxilio de cesantía al señor Junior José Escalante Amador correspondiente al año 2003. Pero ocurre que el a quo supeditó el cumplimiento del fallo a dos condiciones: i) la suscripción del acuerdo de reestructuración, ii) que el pago se realice en el orden previsto en el convenio de acreedores.

De la situación fáctica y probatoria que obra en el expediente se demuestra que el pretendido acuerdo de reestructuración previsto por la Ley 550 de 1999 (1) no se ha celebrado, y por lo tanto, la condición futura a la cual la sentencia supeditó el pago hasta la fecha no se ha producido.

Así las cosas, y a pesar de que efectivamente el municipio está en mora de cancelar el auxilio de cesantía al actor, no se concluye que exista incumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el veintiséis (26) de octubre de dos mil cuatro (2004), por lo que la Sala revocará la decisión adoptada.

Cabe advertir que dentro del trámite del incidente de desacato no es viable controvertir, adicionar o modificar la decisión ejecutoriada, pues su objeto no es otro que el de verificar la ejecución de las órdenes judiciales que se impusieron en la sentencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto de dieciséis (16) de febrero de dos mil siete (2007) dictado por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

2. NOTIFÍQUESE a los interesados.

Magistrados: María Nohemí Hernández Pinzón—Susana Buitrago Valencia, Presidenta—Filemón Jiménez Ochoa—Mauricio Torres Cuervo.

(1) Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.

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