Sentencia 2004-01603 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., 13 de diciembre de 2017.

Exp.: 41951

Rad.: 25000232600200401603-01

Actores: E. S. V. M. y otros

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Reparación directa

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia.

9. La Sala es competente para resolver el caso sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en concordancia con la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(2).

II. Hechos probados.

10. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

10.1. El 13 de enero de 1998 la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación abrió instrucción contra 14 personas como presuntos autores de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir con fines terroristas y conformación de grupos paramilitares, dentro de quienes se hallaba el mayor del Ejército Nacional E. S. V. M. Contra estas personas, en la misma decisión, se ordenó la expedición de órdenes de captura (copia auténtica de la providencia de apertura de instrucción contra el señor E. S. V. M. y otros, por parte de la Fiscalía General de la Nación, el 13 de enero de 1998 —fls. 1-3, cdno. 4—).

10.2. El mismo 13 de enero de 1998 fue expedida la orden de captura Nº 31 en contra del señor E. S. V. M., la cual se hizo efectiva el 11 de febrero siguiente por parte del Batallón de Policía Militar Nº 13 del Ejército (copia auténtica de la orden de captura Nº 031 del 13 de enero de 1998 —f. 124, cdno. 4—; copia auténtica de la constancia de buen trato del capturado E. S. V. M. del 13 de enero de 1998 —fl. 125, cdno. 1—).

10.3. El 25 de febrero de 1998 se resolvió la situación jurídica del señor V. M. y otras personas por parte del Fiscal Regional de Bogotá de la unidad de derechos humanos, cobijándole con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación. La providencia sustenta tal decisión, principalmente, en la declaración de señor E. Z. P., quien señaló que el demandante estuvo en una reunión en la hacienda L. C. de Tierralta, en la cual se encontraba C. C. G. y S. M. Otros apartes hacen referencia a la credibilidad que las acusaciones lanzadas por Z. P. tenían de acuerdo con informes del CTI, y la inverosimilitud de la indagatoria del procesado, en cuanto resultaba muy poco probable que, como afirmó, a pesar de ser el comandante segundo del ejército en la zona de Montería, no tuviera conocimiento de acciones de grupos paramilitares en la región. Se destaca, entonces, lo siguiente (copia auténtica de la providencia del 25 de febrero de 1998 por la que se resolvió la situación jurídica del señor E. S. V. M. y tras personas —fls. 28-56, cdno. 4—):

Ahora bien, es el señor Z. P. quien en forma directa señala que aproximadamente en el mes de agosto del año anterior, estuvo en una reunión que se llevó a cabo en la HACIENDA “L. C.” de Montería en la que participaron C. C. G. Y S. M., reunión que según pudo advertir tenía como propósito coordinar lo relacionado con las elecciones en diferentes lugares de Córdoba, Urabá y Bolívar, evidenciando aquellos señores la preocupación que en algunos lugares se eligiera gente de izquierda, lugares donde no permitirían las elecciones por esa razón. 

Pues con ese propósito, señala el deponente, citaron al mayor V. del BATALLÓN JUNÍN de Montería, quien se presentó efectivamente a eso de la una de la tarde y estuvo hasta que finalizó la reunión a eso de los dos y media de la tarde, tratando el tema definido y ya mencionado. 

Debemos ser insistentes en que E. Z. P., conforme sus dichos ya corroborados por el Cuerpo Técnico de Investigación en innumerables informes que reposan en el proceso, ha demostrado ser conocedor profundo de los movimientos de altas instancias de la organización y desde luego de las operaciones del grupo, razón que el despacho atiende para considerar creíble la vinculación del mayor V. M. con ese grupo de los señores C. G., recordando que el deponente es enfático en manifestar que “en montería sólo conozco a ese mayor que lo conocí personalmente (...)”, insistiendo el mismo que esas autoridades colaboran y que incluso en esa reunión en que intervino el mayor V. por llamado de sus amigos C. Y M., se mencionó que las relaciones con la Fiscalía eran buenas. 

(...) 

En la diligencia de indagatoria, el señor mayor V. M. hace una extensa explicación de la acción unificada de los diferentes organismos de seguridad y de los estamentos civiles en torno a la lucha contra la subversión en Córdoba, acción que según él permitió la reactivación del comercio, la industria, la ganadería y el turismo y la pacificación de la zona. Afirmación que en efecto encuentra soporte en la realidad, no obstante resulta al menos llamativo cómo no aparece igual efectividad frente a los grupos de justicia privada. 

Refiere algunas órdenes de operaciones que podrían tener como destinatarios a los grupos de justicia privada, no obstante tanto en sus respuestas como en los documentos anexos no se notan acciones decididas, amén de evidenciar serias contradicciones al manifestar a pregunta posterior referente a que si conoce de la presencia de grupos de justicia o autodefensas en Córdoba, indicando que “...no, no estoy enterado...”. 

Resulta curioso cómo siendo de conocimiento público y más en esa zona del país, la presencia de la organización C. G., sea él el único ciudadano que lo desconoce, situación nada aceptable en tratándose además de un miembro de uno de los cuerpos armados y de inteligencia de Estado, queriendo ubicar esas para él conjeturas, en la irresponsabilidad de los medios de comunicación que distorsionan la realidad y hacen creer, dice, que esos señores transitan libremente por Córdoba. 

10.4. Esta decisión fue objeto de recurso de reposición por parte de la defensa del señor V. M. y confirmada por la Fiscalía Regional de Derechos Humanos de Bogotá el 21 de enero de 1999 (copia auténtica del recurso de reposición de la defensa del señor V. M. contra la providencia del 25 de febrero de 1998 —fls. 58-59, cdno. 4—; copia auténtica de la providencia del 21 de enero de 1999 que confirmó la medida de aseguramiento dictada contra el señor V. M. —fls. 63-67, cdno. 4—).

10.5. El 8 de febrero de 1999 la Fiscalía Regional de Derechos Humanos de Bogotá calificó el mérito del sumario en la investigación surtida contra el señor V. M. y otras personas y resolvió proferir resolución de acusación contra aquel por infracción al Decreto 1194 de 1989, es decir, vinculación agravada —por su pertenencia a las Fueras Armadas— a grupos de justicia privada o paramilitares (copia auténtica de la resolución de acusación del 8 de febrero de 1999 —fls. 77-120, cdno. 4—).

10.6. La motivación de la resolución de acusación en contra del señor V. M. radica, básicamente, en el testimonio del señor Z. P., quien, como ya se ha señalado, afirmó haber estado en una reunión de líderes paramilitares a la que asistió el mayor V. Para el ente acusador, la versión de Z. merecía total credibilidad y su descripción física no daba lugar a dudas sobre la identidad del mayor G. descrito por este y el acusado. Así las cosas, señaló:

Es así como E. Z. P. en sus declaraciones y lo sostiene en todas sus salidas al proceso, manifiesta haber estado presente en la Hacienda L. C. ubicada a pocos kilómetros de Tierralta (Córdoba) en la que se efectuó una reunión en la cual participaron C. C. G., S. M., entre otros, haciéndose presente en dicha reunión el mayor V. del batallón JUNÍN de Montería. 

(...) 

Ante lo anteriormente depuesto por Z. P. se solicitó al Batallón JUNÍN información que acreditara si en dicha unidad militar prestaba sus servicios un mayor V., recibiéndose como respuesta el oficio 524 de diciembre 15 de 1997 suscrito por el coronel A. V. Comandante de la Décimo Primera Brigada del Ejército con sede en montería, donde se informa que al batallón Junín de Montería se encuentra adscrito el mayor E. S. V. M. ocupando el cargo actual de Ejecutivo y Segundo Comandante de dicha Unidad. 

De esta manera no queda ninguna duda a cuál mayor V. se refiere E. Z. P. en sus declaraciones, quedando desvirtuada de esta manera una posible falta de individualización, lo que alude la defensa. Pero a más de lo anterior Z. P. hace una descripción morfológica del mayor V. , manifestando que se trata de un hombre de tez clara, cabello liso de color negro, de 1.70 de estatura, contextura atlética, ni gordo ni flaco, que no usa ni barba ni bigote, de edad promedio 35 años aproximadamente, nariz recta normal, labios delgados y sin señales particulares notorias, descripción que si la comparamos con la que se hizo el mismo en diligencia de indagatoria por parte del Fiscal que la recepcionó, podemos observar que guardan gran similitud y podríamos decir sin temor a equívocos que se trata de la misma persona, debiéndose dejar en claro que Z. P. solo manifiesta haberlo visto aquella vez.  

(...)  

Ahora, lo que sí nos llama la atención y resulta bastante curioso e inexplicable, el hecho de que el mayor S. V. en su injurada manifieste no estar enterado de la existencia de grupos de Autodefensas o paramilitares en el departamento de Córdoba, cuando es de público conocimiento y más en esa región del país la presencia de la organización C. G. y sea él el único que lo desconoce, máxime tratándose de un miembro de las Fuerzas Armadas que por su condición de tal, necesariamente debería tener conocimiento de los diversos factores generadores de violencia, dentro de los que se encuentra precisamente los grupos de justicia privada. 

10.7. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena de Indias, que el 1º de agosto del 2002 profirió sentencia absolutoria a favor del señor E. S. V. M. La providencia hace énfasis en que la única prueba en contra del acusado es la declaración su contra hecha por el señor Z. P., la cual resulta insuficiente para llegar a una condena (copia auténtica de la sentencia del primero de agosto del 2002 del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena de Indias —fls. 133-138, cdno. 1—).

10.8. Agregó que la Fiscalía misma presentó reparos a la prueba y solicitó la absolución, los cuales resultan válidos al evidenciarse contradictoria e inconsistente, sin elementos que establezcan circunstancias precisas de la participación del señor V. M. en actividades de paramilitarismo. Se destacan los siguientes apartes:

En el curso de la vista pública realizada en este juzgamiento, los sujetos procesales formularon las alegaciones que a continuación se compendian: 

1. El fiscal:  

El asunto que cobija al mayor S. V. es muy simple, porque el proceso cuenta con muchos cuadernos y miles de folios, pero la situación fáctica y jurídica que lo compromete es insular porque está circunscrita a la afirmación hecha por E. Z. P. al atribuirle, sin concretar fecha específica, haberse reunido en la finca “L. C.” con C. C. y el “M. M.”.  

En consecuencia, en el proceso sólo se cuenta con una simple afirmación y un único medio probatorio, porque no existe ninguna otra prueba directa o indirecta que comprometa al sindicado y esa sola afirmación y ese solo testimonio no pueden servir jamás para afirmar que S. V. pertenece o está asociado con los grupos de autodefensas, razón por la cual se pide su absolución. 

(...) 

Un cuidadoso trasegar a través del extenso paginario que conforma este acopio procesal lleva a la inequívoca e incontrovertible conclusión de que solamente una prueba compromete el nombre de E. S. V. M. en relación con la operancia de los grupos paramilitares involucrados en esta pesquisa judicial y está constituida por la atestación de E. Z. P., sobre cuya veracidad son absolutamente válidos los razonados reparos formulados por el representante del ente acusador que intervino en la audiencia, por el procesado mismo y por su defensor, porque abundan razones para proclamar que las afirmaciones de este testigo son contradictorias, mendaces y nutridamente inconsistentes, porque no encuadran en la lógica del conocimiento que ofrece la experiencia, porque son inciertas en cuanto a su contenido material en la medida en que carecen de circunstancias precisas y en esas condiciones a la única certeza a la que se puede llegar, por vía de esa pieza probatoria, es que no está ni remotamente demostrada la participación del acusado en la comisión de la conducta que se le enrostra en la resolución acusatoria. 

Recuérdese que lo referido por Z. P. fue, palabras más, palabras menos, que V. M. había asistido a una reunión con C. y M., reconocidos líderes paramilitares, sin embargo, de tal afirmación no podría el despacho concluir en forma cierta que el procesado esté incurso en el delito que le fue enrostrado, precisamente porque la gran cantidad de páginas que conforman este expediente no se vislumbran en relación con los requisitos para que se tipifique el comportamiento que se le enrostró, que requiere una concertación, acuerdo o asociación para integrar una banda delincuencial o grupo de justicia privada al margen de la ley. 

En ese orden de ideas, la postura asumida por los sujetos procesales que intervinieron en la vista pública es consecuente con la realidad fáctica, jurídica y probatoria que ofrece el proceso y, por consiguiente, inexorable es proclamar que no concurren los requisitos sustanciales que para proferir condena en su contra exige el artículo 232 del manual instructivo penal, por lo que, de contera, se impone su absolución, como lo propusieron él, su defensor y el señor delegado de la Fiscalía. 

10.9. Ante la ausencia de recursos en su contra, la sentencia quedó ejecutoriada el 9 de agosto del 2002 (copia auténtica de constancia secretarial de ejecutoria de la sentencia del primero de agosto del 2002 del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena de Indias —fl. 141, cdno. 1—).

10.10. La privación de la libertad del señor E. S. V. M. se dio entre las fechas 11 de febrero de 1998, cuando fue capturado, hasta el 22 de agosto del 2000, cuando recobró la libertad de manera provisional, firmando en tal fecha acta de compromiso y constituyendo depósitos judiciales por los valores de $ 2 240 000 y $ 181 060 (copia auténtica de las actas de derechos de capturado y buen trato del 11 de febrero de 1998 —fls. 125-126, cdno. 4—, copia auténtica del oficio Nº 0838 del 25 de agosto del 2000 del Juzgado Primero Penal Municipal de Montería —fl. 129, cdno. 4—; copia auténtica de las consignaciones por depósitos judiciales por valor de $ 2 420 000 y $ 181 060, hechas por el señor E. V. M. el 22 de agosto del 2000 —f. 130, cdno. 4—).

III. Problema jurídico.

11. De acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda, así como con las consideraciones hechas por el a quo y los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala debe determinar si en el presente caso se reúnen los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad que fue ordenada en contra del señor E. S. V. M.(3) en el marco del proceso penal adelantado en su contra por su presunto vínculo con grupos paramilitares que operaban en el departamento de Córdoba. De cumplirse dichas exigencias, se evaluará la modificación de la sentencia de primera instancia en lo relativo a la indemnización otorgada.

IV. Análisis de la Sala

12. La responsabilidad extracontractual del Estado encuentra su principal fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política que indica que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

13. Esto implica que en todos aquellos casos en los que se pretenda que se declare la responsabilidad del Estado, ya sea por una acción, omisión, hecho u operación que le sea imputable en cualquiera de las formas que la jurisprudencia de esta corporación ha desarrollado, resulta fundamental que se encuentre probado que de hecho existió el daño cuya reparación se pretende, so pena de que deban desestimarse las pretensiones de la demanda. Así lo indicó esta Sección(4):

Como resulta imposible adelantar un análisis respecto de los restantes elementos para acreditar la responsabilidad, debido a que se está en presencia de una falta absoluta de la prueba del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado, lo cual releva al juzgador de cualquier otro tipo de consideraciones, la Sala confirmará la sentencia impugnada, con fundamento en las razones expuestas. A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone la norma legal en cita, toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permita demostrar el acaecimiento del hecho dañoso que fundamentó la presente acción indemnizatoria. 

14. En la demanda se alegó que las actuaciones del ente instructor generaron un daño antijurídico que se configuró con la captura y privación de la libertad del señor V. M., el 11 de febrero de 1998 en el marco de un proceso penal en el que finalmente fue absuelto de pertenecer a grupos paramilitares del departamento de Córdoba; daño respecto del cual, ha dicho la jurisprudencia de la Sala(5):

El artículo 28 de la Constitución Política, siguiendo las directrices de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia(6), consagra el derecho a la libertad como un derecho fundamental de las personas, razón por la cual sólo puede ser limitado “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”, ya que tal afectación de un bien tan preciado para las personas, sólo se justifica en la medida en que sea necesario para garantizar un bien mayor, de interés general, como es la debida aplicación de la ley penal, la cual establecerá los requisitos para que sean procedentes las medidas privativas de la libertad, bien sea en forma preventiva o como mecanismo sancionatorio.

15. En cuanto a la imputación de este daño, se advierte que el régimen de responsabilidad aplicado a los casos de privación injusta de la libertad se encuentra constituido generalmente por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que disponía:

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. 

16. En interpretación de dicho artículo, el criterio de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es que al damnificado no le es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla para que se origine dicho deber de reparar, sino que le basta con acreditar que se le generó un daño derivado de que contra él se hubiese impuesto una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial que finalmente hubiese culminado con una decisión favorable a su inocencia, porque el hecho no existió, no se constituye en delito, o el privado de la libertad no fue el autor del mismo, eventos de responsabilidad objetiva a los que recientemente se agregaron los casos en que se exonere de responsabilidad penal por aplicación del principio in dubio pro reo. De esta manera, se advirtió(7):

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(8), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél(9). 

17. Igualmente, se ha señalado que el anterior criterio de imputación objetiva de responsabilidad por los eventos contemplados mayoritariamente en la normativa procesal penal del año 1991, rige y es aplicable a pesar de que para el caso concreto que se resuelva hubiese entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, cuyo artículo 68 establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”.

18. Ciertamente, si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, interpretación que, como lo recuerda la Fiscalía con insistencia en este caso, se desprende del análisis que de esa disposición realizó la Corte Constitucional al estudiar su exequibilidad(10), lo cierto es que esta corporación ha considerado que la misma no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución Política para derivar de manera objetiva el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas en tanto éstas no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede en los eventos en que las personas son privadas de la libertad durante una investigación penal a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, situaciones que evidentemente se equiparan a los casos a los que se refiere el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(11).

19. En el mismo sentido, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis de responsabilidad objetiva establecidas en el Decreto 2700 de 1991, con independencia de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, no por una aplicación ultractiva de dicho precepto, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, puesto que, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión. Al respecto se indicó(12):

Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos es el objetivo, inclusive con posterioridad a la ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación(13).  

En consecuencia, la Subsección no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.

Es decir, cuando se absuelve al procesado porque el hecho no existió, no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa.

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso. 

20. Con observancia de lo expuesto, es evidente que, por regla general, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación es unívoca en cuanto a que los casos en los que se estudia la eventual responsabilidad extracontractual del Estado derivados de la privación de la libertad obedecen a una lógica propia de un régimen objetivo de responsabilidad.

21. Sin embargo, cabe recordar que la Sección ha señalado en repetidas oportunidades que si bien es cierto que el operador judicial tiene plena libertad para acudir a cualquiera de los títulos de imputación decantados por la jurisprudencia vigente, no se puede perder de vista que, ante la posibilidad de que frente a un mismo evento le pueda surgir al Estado la obligación de resarcir los perjuicios causados tanto en aplicación del título subjetivo de responsabilidad consistente en la falla en la prestación del servicio como del uso de títulos objetivos de responsabilidad, el encontrarse demostrada la configuración de una falencia por parte del organismo estatal a la cual le sea atribuible el detrimento demandado, impone que el juez aborde el juicio de responsabilidad que corresponda en utilización del fundamento subjetivo señalado, desplazándose así los cimientos de responsabilidad de carácter objetivo que se hubiesen advertido aplicables.

22. Esto, con el fin de, por una parte, dejar en evidencia el error cometido en la prestación del servicio púbico pertinente, haciéndose palpable la función preventiva del instituto de la responsabilidad(14), de tal forma que el yerro que produjo el daño no vuelva a repetirse y por ende, el fallo judicial se constituya en una herramienta que propenda para que en un futuro no se produzca la consecuencia perjudicial respectiva, y de otro lado, para advertir la posible repetición que pueda intentar el Estado contra el funcionario o empleado público que en el cumplimiento de las funciones o tareas estatales ocasionó el daño con culpa grave o dolo(15). Sobre este punto, se ha señalado por esta corporación(16):

En la actualidad, cuando se debate la responsabilidad del Estado por daños causados accidentalmente con el uso de armas de fuego, por regla general se aplica la teoría del riesgo excepcional(17); en efecto, la administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es la manipulación de las armas de fuego de las cuales están dotadas algunas autoridades por razón de las funciones a ellas encomendadas, tales como la Policía Nacional, el DAS, o el Ejército Nacional, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales artefactos peligrosos. 

Sin embargo, cuando se advierte que el daño no se produjo accidentalmente sino por un mal funcionamiento de la Administración, ello se debe poner de presente y el título de imputación bajo el cual se definirá el litigio será el de falla del servicio(18), en aras del cumplimiento del deber de diagnóstico y pedagogía que tiene el juez al definir la responsabilidad del Estado y con el fin de que éste pueda repetir contra el agente que dolosa o culposamente hubiere producido el daño, en caso de ser condenado a la correspondiente reparación. 

En términos generales, la falla del servicio probada surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual resulta de la labor de diagnóstico que adelanta el juez en relación con las falencias en las cuales incurrió la Administración y se constituye en un juicio de reproche.

23. En este contexto, la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, pero no por el régimen objetivo que en principio resultaría aplicable, sino señalando con claridad que en el caso se presentaba un evidente incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, normatividad procesal penal que consideró vigente para el momento de los hechos.

24. En tal sentido, como se expuso en los párrafos 6.1., indicó, que la norma en cita exige dos indicios graves en contra del encartado y en este caso sólo se contaba con la declaración de Z. P., así como que esta no tenía fundamento verdadero y resultaba inconclusa y ambigua.

25. La Sala no encuentra acreditado que en el caso se haya presentado una falla en el servicio constituida por la ausencia de requisitos para imponer la medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad en centro carcelario sobre lo que, es necesario hacer algunas precisiones.

26. La apreciación del tribunal respecto de la norma procesal penal aplicable resulta errónea. Equivocadamente el a quo afirma que por la fecha de ocurrencia de los hechos, refiriéndose al adelantamiento del proceso judicial contra el señor E. S. M. V., resultaba aplicable como norma reguladora de los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento el citado artículo 356 de la Ley 600 de 2000, que hablaba de la necesidad de dos indicios graves en contra del encartado.

27. Sin embargo, la totalidad del proceso penal se adelantó en vigencia de la normatividad procesal penal anterior, Decreto 2700 de 1991. Esto en consideración a que el mismo inició con la apertura de la instrucción el 13 de enero de 1998 (ver supra párr. 10.1) y finalizó con la sentencia absolutoria del 1 de agosto del 2002 del Juzgado Único Penal del Circuito de Cartagena, ejecutoriada el 9 de agosto siguiente (ver supra párr. 10.7 a 10.9).

28. Téngase en cuenta que la Ley 600 del 2000 fue promulgada el 24 de julio de tal año y su vigencia, conforme en lo previsto en el artículo 536, inició un año después, es decir, el 24 de julio del 2001, fecha posterior a la finalización del proceso penal en contra del demandante.

29. Esta norma, en su artículo 388, establece como único requisito sustancial para la imposición de medida de aseguramiento la existencia de un sólo indicio grave de responsabilidad, en contraste a lo previsto en la Ley 600 de 2000 que, como se ha señalado previamente, requería dos.

30. La providencia del 13 de enero de 1998 por la que se impuso la medida de aseguramiento cumple con el requisito consignado, en cuanto sí contaba con un indicio de la implicación del demandante con grupos paramilitares, consistente en el testimonio del paramilitar Z. P., quien afirmó haberlo visto como asistente de una reunión en el Municipio de Tierralta, Córdoba, a la que también habrían concurrido Salvatore Mancuso y C. C. G.

31. A pesar de que este sólo medio de convicción evidentemente terminó siendo insuficiente para ofrecer una certeza judicial que desvirtuara la presunción de inocencia, la decisión de imposición de la medida cautelar resiste un juicio de razonabilidad, máxime cuando, como la misma demanda acepta, la pertenencia de Z. P. a las autodefensas es una circunstancia fuera de discusión (ver supra párr. 2.9) y su declaración no fue usada para el propósito de sustentar la medida de forma insular, sino acompañada de un análisis de la calidad de segundo comandante del Batallón Junín de Córdoba, su ascendencia sobre la comunidad y la inverosimilitud de sus afirmaciones recogidas en la indagatoria que rindió sobre su total desconocimiento del fenómeno paramilitar en la región.

32. En tal sentido, sin pretender emitir juicio sobre el contenido material de la declaración de E. Z. P. o la valoración que sobre esta hizo el ente acusador o el juez de la causa, lo cierto es que la falla del servicio que permita alejarse del régimen objetivo que por regla general debe aplicarse a esta tipo de casos no resulta evidente como lo exige la jurisprudencia de la sección para darle prevalencia al subjetivo.

33. Sin perjuicio de esto, lo cierto es que sí se dan de manera clara y meridiana los elementos necesarios para proferir sentencia condenatoria de la Fiscalía General de la Nación, dado que, como se ha señalado se manera suficiente en los apartes precedentes, la responsabilidad extracontractual del estado por casos de privación de la libertad debe ser juzgada como regla general en el marco del régimen objetivo que ya ha sido descrito, en el cual esta debe ser declarada sin importar la razonabilidad de la medida que impuso la medida de aseguramiento, siempre que se encuentre debidamente acreditada la imposición de una medida de aseguramiento, la efectiva detención, y la absolución por providencia judicial o equivalente en la que se haya declarado la inocencia por inexistencia de la conducta reprochada, porque el acusado no la cometió, o esta no constituía delito.

34. En el caso concreto está probada la imposición de una medida de aseguramiento en contra del señor E. S. V. M. por su presunta relación con grupos paramilitares en el departamento de Córdoba el 13 de enero de 1998 —ver supra párr. 10.1—, su captura el 11 de febrero de 1998 —ver supra párr. 10.2—, su reclusión intramuros del 11 de febrero de 1998 al 22 de agosto del 2000 y su absolución definitiva en sentencia judicial del 1 de agosto del 2002 del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena —ver supra párr. 10.7— que quedó ejecutoriada el 9 de agosto siguiente —ver supra párr. 10.9—, en la que se señaló con claridad que en el caso no existían pruebas suficientes de los elementos tipificadores del delito que se le enrostró, que para efectos jurídicos significa que no lo cometió, elementos todos que, por virtud de la ley, califican como injusta la privación sufrida por el demandante.

35. Por lo anterior, y en consideración a que no se probó de ninguna forma que el demandante hubiese incurrido en una conducta gravemente culposa en términos civiles que implicaran la configuración de la causal exonerativa prevista en el parágrafo del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en el sentido de declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertas sufrida por el señor E. S. V. M. entre el 11 de febrero de 1998 y el 22 de agosto del 2000, aunque por las razones reciñen expresadas y o por las consignadas en dicha providencia.

V. Liquidación de perjuicios.

Perjuicios morales.

36. En primera instancia por perjuicios materiales se otorgó una indemnización de 100 salarios mínimos mensuales legales para la víctima directa, 80 para su cónyuge y 50 para sus padres e hijos. La Sala encuentra procedente la indemnización de cada uno de ellos por estar probado su respectiva calidad conforme con los registros civiles obrantes en los folios 92-98 del cuaderno 1(19).

37. La indemnización de la víctima directa de la privación es adecuada de acuerdo con los parámetros impuestos por la jurisprudencia de esta Sección(20), que ha unificado su postura en torno a que una privación mayor a 18 meses debe ser indemnizada con 100 salarios mínimos mensuales legales. Sin embargo, no resulta adecuada respecto de los demás demandantes, pues debió ser la misma en tanto su calidad de cónyuge y parientes en primer grado de consanguinidad deriva en la presunción de un grado de aflicción igual al del propio detenido.

38. Sin embargo, se mantendrá incólume la sentencia de primera instancia en este sentido, dado que aunque la apelación de la Fiscalía respecto de la responsabilidad habilita a la Sala para pronunciarse al respecto, la parte demandante no presentó reparos a la liquidación de perjuicios hecha por el a quo en este rubro, lo que hace improcedente la agravación de la situación del ente acusador, en cuanto se advierte que no habría lugar a disminuir la condena impuesta por el tribunal.

Perjuicios materiales.

Daño emergente.

39. Sí fue materia de controversia por parte del recurrente el daño emergente otorgado en primera instancia, concretamente en tres aspectos: i) la negativa del a quo a indemnizar por los dineros adeudados al abogado E. M. V. J., ii) la concesión de únicamente el IPC respecto de las sumas otorgadas por daño emergente, cuando debió darse el interés bancario corriente y iii) que no se tuvo en cuenta la caución por $ 2.601.060 que tuvo que pagar el señor V. M. para acceder al beneficio de libertad provisional. Sólo se modificará la sentencia en el primero de los sentidos, según se pasa a explicar.

40. Tal como lo señaló la sentencia apelada, en el caso se encuentra probado que el demandante suscribió, con el objeto de su defensa técnica, contrato de prestación de servicios profesionales con los abogados G. A. H. G. y E. M. V. J. (fl. 28, cdno. 2). Igualmente, está acreditado que en virtud de estos acuerdos de voluntades el señor Hoyos Gómez recibió del demandante E. S. V. M. la suma de $ 50 000 000, según consta en el las constancias de pago obrantes a folios 99 y 100 del cuaderno 1.

41. Así, el tribunal de primera instancia accedió a indemnizar por esta suma, en consideración a la existencia del contrato de prestación, la constancia del pago, y la actuación del profesional al interior del proceso penal. Sin embargo, negó cualquier reparación por el abogado Valverde Jiménez, dado que no existe actuación suya en el plenario.

42. La Sala encuentra que en el caso, como se señaló, está probada la suscripción de un contrato de prestación de servicios en el que este abogado aparece como suplente (fl. 28, cdno. 2), en el que se acordaron unos honorarios de $ 10.000.000 que, tal como lo señala el demandante, no se condicionaron para su pago a que aquel actuara efectivamente en el proceso penal.

43. Por otro lado, en este proceso rindió testimonio el abogado Valverde Jiménez —fls. 188-189, cdno. 2—, en el que ratificó la existencia del contrato de prestación de servicios y señaló que de los honorarios totales de $ 10.000.000 había recibido para ese momento —4 de mayo del 2006— $ 5.000.000 y se le adeudaban los $ 5.000.000 restantes.

44. La Sala modificará la sentencia de primera instancia para conceder la totalidad de lo pedido en este rubro. Está claro que los $ 5 000 000 que efectivamente se le cancelaron al señor Valverde Jiménez constituyen una suma de dinero que salió del patrimonio del demandante con el objeto de sufragar los costos de su defensa, mientras que lo restante, aunque no consta haber sido cancelado, ante la existencia de la clara obligación de pagarse, ya implica una afectación al patrimonio del señor V. M. Es cierto que las piezas probatorias del proceso penal no revelan actuaciones de este profesional, pero ello resulta lógico si se tiene en cuenta que se le contrató como suplente del señor G. A. H. G.

45. No puede pensarse que los acusados en un proceso penal están obligados en incurrir en lo mínimo posible para su defensa, sino que por el contrario, la conducta que resulta esperable de ellos es que, en la medida de lo razonable, hagan todo lo posible por esclarecer su situación. En este caso resulta comprensible que el señor V. M. no sólo contratara un abogado defensor, sino que previera el ejercicio de su defensa técnica incluso en el evento en que el titular no se encontrara en condiciones para el efecto.

46. Por lo tanto, estando probado en el plenario que para su defensa técnica contrató a un abogado por la suma de $ 10.000.000, esta suma será otorgada como indemnización.

47. En lo que tiene que ver con la concesión del interés bancario corriente respecto de las sumas constitutivas de daño emergente, esto no se concederá ni respecto de lo aquí concedido, ni de lo que se concedió en primera instancia.

48. Esto debido a que para que tal cosa fuera procedente, no sólo debería probarse que las sumas de dinero salieron del patrimonio de la víctima, sino que estas, de no haberlo hecho, hubieran sido usadas en una actividad productiva o comercial.

49. En este orden de ideas, y en conclusión, en lo que tiene que ver con el daño emergente, se modificará la sentencia de primera instancia en el sentido de indemnizar por os $ 10 000 000 millones cancelados y adeudados al señor E. M. V. J., los cuales serán actualizados a la fecha de esta sentencia. Por otra parte, se realizará actualización también sobre la suma que fue otorgada en la sentencia apelada por la actividad de defensa ejercida por G. A. H. G., desde la fecha de tal providencia hasta hoy. La liquidación será la siguiente:

50. Por los honorarios de E. M. V. J.:

Ra = Rh x (IPC final- octubre de 2017)

IPC inicial – agosto de 2002)

Ra = $ 10 000 000 x (138,09)

(70,01)

Ra = $ 19 700 000

51. Por los honorarios de G. A. H. G.:

Ra = Rh x (IPC final- octubre de 2017)

IPC inicial – febrero de 2011)

Ra = $ 50 000 000 x (138,09)

(106,83)

Ra = $ 64.500.000

52. Finalmente, se negará como parte integrante de la indemnización por daño emergente el valor de $ 2.601.060 que tuvo que pagar el señor V. M. como caución para acceder al beneficio de libertad condicional, pues consta en el acta de entrega visible en el folio 132 del cuaderno 4 que dicho monto fue devuelto y recibido a entera satisfacción del demandante el 5 de septiembre del 2002.

53. Así las cosas, el total de la indemnización por daño emergente daño emergente asciende a la suma de $ 84.200.000.

Lucro cesante.

54. Dos elementos fueron puestos en tela de juicio por la parte demandante en su apelación respecto del lucro cesante: i) que las sumas otorgadas en este rubro hubieran sido objeto únicamente de actualización y no de interés bancario corriente; y ii) que para la liquidación del lucro cesante por los salarios no recibidos se debía tener en cuenta que la fecha de devolución del 50% retenido se produjo el 17 de octubre del 2002.

55. Respecto del otorgamiento de interés bancario corriente se repite la consideración hecha para el efecto en el daño emergente; es decir, sólo tendría lugar acceder a indemnizar con el cálculo de intereses de este tipo si se demostrara no sólo que se dejó de percibir un monto de dinero, sino que de haberse recibido éste hubiese sido usado para una actividad productiva o comercial concreta.

56. Respecto de lo segundo, la Sala considera que no sólo no hay lugar a la reliquidación del lucro cesante, sino que los perjuicios a este título no se causaron de forma efectiva.

57. Téngase en cuenta que está demostrado que el señor V. M. no perdió su empleo por causa del proceso penal, sino que fue suspendido mediante Resolución Nº 000305 del 7 de mayo de 1998 (fl. 196, cdno. 2) en la que se dispuso que este seguiría percibiendo durante el tiempo de la suspensión la totalidad de las primas y subsidios, así como el 50% de su sueldo básico.

58. También está acreditado que sus funciones se restablecieron mediante la Resolución Nº 000715 del 2 de agosto del 2002 (fl. 197, cdno. 2), en la que se dispuso además que los sueldos retenidos serían devueltos una vez se contara con decisión definitiva y ejecutoriada.

59. Después, mediante Resolución Nº 000971 del 17 de octubre de 2002, se ordenó la devolución de los haberes retenidos (fl. 198, cdno. 2). El monto al que ascendió la retención, conforme los señala el oficio CE-JEDEH-DIPER-SJU-702, fue de $ 27.737.723 (fls. 193-195, cdno. 2), que según dice el mismo demandante en su apelación le fueron pagados en el 17 de octubre de 2002.

60. Este material probatorio es insuficiente para tener certeza del monto total que le fue pagado efectivamente al señor V. M., al no contarse con prueba documental de la cancelación en sí misma considerada, por lo que finalmente bien se le habría podido devolver materialmente sus sueldos con algún tipo de actualización o intereses. Ante esta incertidumbre, estando la parte demandante en la obligación de probar la ocurrencia del perjuicio conforme a lo previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, se revocará la indemnización dada en la sentencia de primera instancia por lucro cesante.

Otros perjuicios inmateriales.

61. La parte demandante solicitó por daño a la vida de relación que se le reconociera el valor equivalente a 100 salarios mínimos para cada una de las personas que integra dicho extremo de la litis. Cabe señalar que dicha tipología de perjuicio ha sido revaluada por la jurisprudencia de esta corporación, que ha previsto para estos casos la categoría de afectación o vulneración de derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente.

62. Sobre el particular, recientemente el Consejo de Estado ha precisado que la afectación de dichos bienes, como lo son los derechos a tener una familia, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—, les da derecho a su reparación integral, preferentemente mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, en casos en que la lesión sea de extrema gravedad, al reconocimiento de una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(21).

63. No obstante lo anterior, tras revisar el expediente, se encuentra que el demandante principal no solicitó ni aportó ninguna prueba que dé cuenta de las alteraciones afectaciones a derechos fundamentales a las que se vio sometido con ocasión a limitación de la libertad que sufrió y, mucho menos, la forma en la cual estas modificaron permanentemente su plan de vida, cuando dicha actividad era una carga que se encontraba en cabeza suya.

64. Por el contrario, para sustentar la causación de este daño invoca circunstancias relativas a la aflicción causada a los familiares del señor V. M. por las publicaciones hechas en medios de la situación, la desintegración del hogar y la suspensión del servicio que le fue impuesta a la víctima principal, hechos que en realidad son constitutivos de la afectación sentimental que fue ya reparada.

65. Particularmente, respecto de la posible violación al derecho fundamental al buen nombre del actor, debe tomarse en consideración que aunque se documentó que la noticia de la captura del entonces mayor V. M. fue cubierta por medios nacionales y regionales como los periódicos El Tiempo y El Meridiano de Córdoba (fls. 25-27, cdno. 2), los términos de las notas periodísticas no resultan injuriosos y se limitaron a reportar hechos objetivos como la captura y el delito del que trataba la investigación por la que fue ordenada la detención.

VI. Costas.

66. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar la sentencia del 16 de febrero del 2011 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, cuya parte resolutiva quedará de la siguiente forma:

PRIMERO: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor E. D. V. M., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: CONDENAR a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a cancelar a E. S. V. M. por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente ochenta y cuatro millones doscientos mil pesos ($ 84.200.000). 

TERCERO: CONDENAR a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a cancelar a E. S. V. M. por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia. 

CUARTO: CONDENAR a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a cancelar a cada uno de los demandantes G. E. V. S. y C. A. B. P., por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de ejecutoria de esta providencia. 

QUINTO: CONDENAR a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a cancelar a cada uno de los demandantes G. D. E. y J. A. V. S., por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de ejecutoria de esta providencia. 

SEXTO: CONDENAR a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a cancelar a cada uno de los demandantes E. V. D. y E. M. V., por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de ejecutoria de esta providencia. 

SÉPTIMO: NEGAR, las demás pretensiones de la demanda. 

OCTAVO: CÚMPLASE lo normado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para efectos de ejecución de la presente sentencia. 

NOVENO: Sin condena en costas. 

2. Por Secretaría expídanse las copias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, una vez en firme la decisión.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz del Castillo—Ramiro Pazos Guerrero, impedido».

2 Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

3 Se aclara que conforme con el sistema Siglo XXI de gestión judicial, ninguna de las personas a las que se cobijó con medida de aseguramiento en la misma decisión aparece como demandante en procesos adelantados frente al Consejo de Estado.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de junio del 2012, Exp. 23811, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de julio de 2008, Exp. 16388, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

6 [8] “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, Exp. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354), actor: Luis Carlos Orozco Osorio, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Con fundamento en ese criterio, esta subsección ha señalado:

15.3. Lo anterior también resulta extendible a aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sujeto privado de la libertad se sustentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta, que en la mayoría de estos casos, las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo, estuvieron estrictamente ajustadas a la normatividad correspondiente. Así mismo, es menester dejar claro, que la injusticia que reviste la privación de la libertad en éstos eventos, no deriva de la ilicitud en el proceder de los funcionarios judiciales, sino en que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar los daños ocasionados como consecuencia de habérsele impuesto una detención “preventiva” mientras se le adelantaba un proceso penal, el cual culminó con una decisión absolutoria, evidenciándose así que el Estado, quien fue el que ordenó esa detención, fue incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de la que siempre gozó el afectado: antes, durante y después de la actuación penal desplegada en su contra. 

15.4. En suma, también se le habrá causado un daño especial a la persona privada de su libertad de forma preventiva y que posteriormente fue absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño fue con la finalidad de alcanzar un beneficio para la colectividad, interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias, y que con todo esto, únicamente se afectó de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, se ocasiona con esto una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, lo que indica que esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en armonía con el artículo 90 constitucional. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2014, Exp. 25000-23-26-000-2003-02376-01(29890), actor: Juan Sebastián Fajardo Bonell y otro, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

8 [18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp. 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.449.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

10 “Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (...).

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible. Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 19 de octubre 2011, Exp. 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.

13 [3] “Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

14 Sobre la referida función, la doctrina jurídica ha sostenido: “Sin embargo, la responsabilidad no es un término que se pueda confundir con resarcimiento, pues las reglas de la responsabilidad civil pueden cumplir otras funciones diferentes a la de la compensación de los daños; así, se habla de una función preventiva, según la cual la responsabilidad puede servir de mecanismo para evitar que se produzcan daños, función que se traduce en la influencia que las reglas de la materia pueden tener sobre la forma en que una persona despliega determinada actividad que podría dar lugar a la producción de un daño. La función preventiva se inscribe como una función social (...) y teniendo en cuenta que en el centro del análisis de la responsabilidad se encuentra el sujeto que ha sufrido el daño, la prevención se manifiesta también con un importante contenido económico, toda vez que la forma del resarcimiento que reciba la víctima de un daño tendrá la capacidad de señalar modelos de comportamiento para los potenciales causantes de daños, pues estos podrán traer indicaciones claras sobre costos y sobre incentivos, según la forma en que el daño haya sido liquidado”. Édgar Cortés, Responsabilidad civil y daños a la persona. El daño a la salud en la experiencia italiana, ¿Un momento para América Latina? Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2012, págs. 62-63.

15 Al respecto, la Sala ha dicho: “Ahora bien, es evidente que cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser declarada con base en este título jurídico de imputación. Dicho en otros términos, en cualquier caso, será necesario determinar si las autoridades actuaron dentro del marco de sus obligaciones legales y constitucionales, más aún, con el fin de que la administración adopte los correctivos que sean del caso para evitar situaciones vulneradoras que comprometan su responsabilidad nuevamente (nota Nº 12 de la sentencia en cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1997-03365-01(18271), actor: Myriam Roa Duarte y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”). Consejo de Estado, sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2012, Exp. 25000-23-26-000-2000-02130-01(24071), actor: Rosa Elena Herrera Carrillo y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, Exp. 05001-23-24-000-1994-02073-01(17927), actor: Elizabeth Pérez Sosa y otros, C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.

17 [2] Hasta 1989, la jurisprudencia del Consejo de Estado resolvió los casos relacionados con daños causados por armas de dotación oficial a través de la falla del servicio probada —sentencia de octubre 21 de 1982— con alguna incursión en la presunción de culpa —sentencia de octubre 24 de 1975, Exp. 1631—. Pero en sentencia del 20 de febrero de ese año, Exp. 4655, el Consejo de Estado habló de falla del servicio presunta. En tal sentencia se dijo que el actor sólo debía acreditar que ha sufrido un perjuicio indemnizable y la existencia de una relación causal con el servicio y, por su parte, la Administración sólo podía exonerarse de toda responsabilidad si probaba que aunque el daño fue causado por un hecho a ella imputable, obró de tal manera prudente y diligente, que su actuación no puede calificarse como omisiva, imprudente o negligente, que dé lugar a comprometer su responsabilidad. Posteriormente se consideró que los daños producidos por cosas o actividades peligrosas, como el uso de armas de fuego de dotación oficial, debían analizarse bajo el régimen de presunción de responsabilidad —sentencias de agosto 24 de 1992, Exp. 6.754 y, de septiembre 16 de 1999, Exp. 10922— en el entendido de que la falla sólo habrá de presumirse en los eventos de responsabilidad médico hospitalaria. Más adelante, la Sala señaló que el régimen aplicable es el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo, posición que se mantiene en la actualidad —sentencias de julio 14 de 2004, Exp. 14308; de febrero 24 de 2005, Exp. 13967 y; de marzo 30 de 2006, Exp. 15441—.

18 [3] Al respecto existen abundantes antecedentes jurisprudenciales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de agosto 19 de 2004, Exp. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; marzo 10 de 2005, Exp. 14808, C.P. Germán Rodríguez y; abril 26 de 2006, Exp. 15427, C.P. Ruth Stella Correa.

19 La calidad de hijos de la víctima de los menores D. E. y J. A. V. S. se encuentra acreditada con sus registros civiles de nacimiento (fls. 93-94, cdno. 1). La calidad de padres de la víctima de los señores E. V. D. y E. M. V. está probada con el registro civil de nacimiento de E. S. V. M. La calidad de cónyuge de la víctima de la señora G. E. V. M. está probada con la copia del registro civil de matrimonio obrante en el folio 98 del cuaderno 1.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.