Sentencia 2004-01705/35770 de diciembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 2500232600020040170501 (35.770)

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Sociedad de Comercialización Internacional Flores Suesca, S.A.

Demandado: Empresa de Energía de Bogotá, S.A., ESP y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

Descriptores: Caducidad de la acción en reforma o corrección de la demanda - reiteración de la jurisprudencia

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Bogotá D.C., siete de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Jurisdicción y competencia.

Esta es la jurisdicción con aptitud legal para conocer del presente asunto de conformidad con los previsto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, dado que el asunto que se analiza tiene origen en un litigio entre C.I. Flores de Suesca S.A. y EEB, ESP y la EAAB, ESP, esto es entre un particular y unas empresas de servicios públicos de carácter estatal.

Además, la Sala es competente para conocer del recurso de apelación formulado por la EEB, ESP, toda vez que la mayor de las pretensiones de contenido económico, daño emergente, se estimó en la suma de $ 234.024.656, monto superior a la suma equivalente a 500 smlmv ($ 179.000.000), exigida en por la Ley 446 de 1998 para el momento de presentación de la demanda para que el proceso tuviera vocación de doble instancia.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación, en orden a determinar si la reforma a la demanda presentada el 11 de octubre de 2004, por la Sociedad Comercializadora Internacional Flores de Suesca S.A., para incluir como integrante de la parte pasiva a la Empresa de Energía de Bogotá, S.A. ESP fue presentada en tiempo, como lo consideró el tribunal o si por el contrario, como lo aduce la parte recurrente y el Ministerio Público, lo fue por fuera de los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, mismos que debieron respetarse aún para el momento de la corrección o reforma de la demanda.

De encontrarse que la reforma a la demanda fue presentada oportunamente, la Sala deberá establecer si se encuentra probados el daño y la imputación(6).

3. Análisis del caso.

3.1. La oportunidad para reclamar los daños derivados de una inundación.

3.1.1. La caducidad es una sanción por el ejercicio extemporáneo de las acciones judiciales. De forma que, cuando la demanda se plantea por fuera de los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo se pierde la posibilidad de acudir al juez para hacer efectivo el derecho sustancial presuntamente desconocido o vulnerado. Como se puede observar, esta institución tiene aparejados al tiempo criterios de justicia y seguridad jurídica.

3.1.2. El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo subrogado por la Ley 446 de 1998 sobre la oportunidad para el ejercicio de la acción de reparación directa señala:

“Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

(…)

“…8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

3.1.3. La aplicación de esta norma en la mayoría de los eventos, no ofrece problemas, pues se inicia el día siguiente de la producción del hecho dañoso, por ejemplo el accidente de tránsito en el que se produce una lesión o el enfrentamiento armado con saldo fatal, la muerte, y se prolonga hasta el último día de los dos años calendario. Sin embargo, existen casos especiales, en los cuales la manifestación del daño no coincide con el acaecimiento del hecho, por lo cual el conteo del término se inicia desde que se tuvo conocimiento del mismo(7) o desde su cesación, cuando se trata de un daño continuado o de tracto sucesivo(8).

En el primer supuesto, la Sala ha ubicado eventos como la muerte de una persona que se consideraba desaparecida, pues no sería razonable que el término para contabilizar la caducidad iniciará desde el momento en que ocurrió materialmente la muerte, sino desde cuando se tiene la noticia lo que, no en pocos casos ocurre años después. En el segundo, casos como la contaminación a un río, con ocasión de la fuga de una sustancia contaminante, pues en dicho evento los daños solo se evidencia cuando cesa el derrame, salvo que los daños se materialicen después, caso en el que se puede volver al supuesto del conocimiento de daño(9).

3.3.4. Ahora bien, en el presente caso, la parte demandante señala que el indebido manejo de los embalses Tominé, Neusa y Sisga y de las compuertas de Achury produjeron el desbordamiento del Río Bogotá, lo que generó la inundación del predio de su propiedad y la consecuente destrucción de aproximadamente 35.050 plantas de rosas de las variedades Charlotte y Rouge Baiser, de una edad aproximada de dos (2) años… y gastos en orden a superar la inundación, como la adquisición de una motobomba, el pago de jornales y alimentación para el personal que colaboró a superar la emergencia, el pago de honorarios a los auxiliares de la justicias que practicaron el dictamen pericial anticipado, entre otros.

3.3.5. Para la Sala, los daños que se demandan, como por lo regular ocurre con los que se producen con ocasión de una inundación, sucedieron en virtud de un evento que no tiene el carácter continuado, dado que se trata de un suceso del que se deriva un perjuicio proyectado al futuro. Así, la fecha del hecho dañoso, esto es la inundación, es el punto de partida para el computo de caducidad, indistintamente que esta haya generado secuelas posteriores, como el pago de los honorarios de los auxiliares que realizaron la prueba anticipada.

De esta forma, lo ha considerado la Sala en eventos similares al que ahora se estudia en la que la causa del daño fue una inundación(10). En palabras de la Sala:

“…Finalmente, es oportuno precisar que, además de que las supuestas inundaciones, consecuencia de las obras que se echan de menos, se derivan de la misma obra pública, de haber existido no pueden invocarse, ahora como un daño autónomo de carácter continuado a efectos de dejar en la indeterminación el término de caducidad, pues lo cierto es que aquellos de ordinario son sucesos de ejecución instantánea. Ahora, de haberse presentado durante la temporada invernal, lógico era que lo fuera desde la subsiguiente, lo que implica que debía demandarse en los dos años siguientes, pues de cara al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo no es aceptable que se invoquen ocho años después, aduciendo, sin ninguna precisión que se trata de hechos actuales y persistentes al momento de presentación de la demanda, cuando resultó demostrado que la obra pública fue terminada en el mes de junio de 1997(11).

En este contexto, la Sala colige que, en este caso, como se ha realizado en casos análogos, el cómputo del término de caducidad deberá realizarse con base en la fecha en que se produjo la inundación del predio de la sociedad actora.

3.2. La oportunidad para presentar la adición o corrección a la demanda.

3.2.1. El artículo 208 del Código Contencioso Administrativo sobre la posibilidad de aclarar o corregir la demanda señala:

“…Hasta el último día de fijación en lista podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez.

Sin embargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en el resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se surtirá directamente con éste”.

De lo anterior se siguiente que en los procesos ordinarios que se tramitan ante esta jurisdicción, la parte actora puede corregir o aclarar su demanda hasta el último día de fijación en lista, lo que le permite adicionar o sustituir las pretensiones que desee formular en ella, siempre y cuando no se prescinda de la totalidad de los demandantes, demandados o de las peticiones inicialmente presentadas, de acuerdo con lo señalado por el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil(12).

3.2.2. Ahora bien, respecto de agregaciones a la demanda o peticiones diferentes a las manifestadas en un comienzo, esta corporación ha señalado que se debe verificar la no configuración del término de caducidad, so pena de que el aditamento respectivo elevado extemporáneamente sea rechazado al momento de aceptarse la reforma de la demanda, o se deniegue su procedencia al instante de proferirse el fallo(13).

3.2.3. A ese entendimiento, como lo puso de presente la EEB ESP y el agente del Ministerio Público delegado ante esta corporación, se ha circunscrito esta Sección, quien, además, de manera reciente unificó su jurisprudencia en esa dirección al evidenciar la necesidad de verificar el fenómeno procesal de la caducidad respecto de todas las nuevas pretensiones que se eleven en ejercicio del derecho de acción, incluso cuando ello suceda en el marco de la presentación de un escrito de adición de una demanda inicialmente interpuesta(14).

En esa oportunidad, el pleno de la Sección Tercera asumió el conocimiento de la impugnación que se formuló contra el auto del 16 de septiembre de 2010, por medio del cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda rechazó la corrección de una demanda en lo que a la inclusión de nuevos demandados se refiere y la admitió en lo relativo a la nueva pretensión de los daños a la vida de relación, Explicó que en un mismo año, la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció de manera disímil sobre la posibilidad de adicionar la demanda, no obstante en ambos discursos argumentativos reconoció que se debía tener en cuenta el término de caducidad de la acción para efectos de presentar el aditamento(15).

La Sala Plena de la Sección Tercera consideró la existencia de una pugna, o al menos una confusión, puesto que de una parte, se podía sostener que el demandante primigenio podía agregar cuantas peticiones deseara sin tener en cuenta el plazo y, de otro lado, que la caducidad de la acción se configura sin importar que quien eleve una nueva solicitud haya formulado otras peticiones con anterioridad. Razón por la cual decidió unificar su jurisprudencia en torna a este último entendimiento; para el efecto lo encontró adecuada al instituto de la caducidad, al derecho de acción y a los diferentes tipos de pretensiones que se pueden elevar, sumado a que garantiza la posibilidad de que los conflictos que surjan en la sociedad encuentren un punto de cierre en beneficio de la seguridad jurídica, sin que ello implique un cercenamiento irrazonable del derecho de acceder a la administración de justicia.

Para sustentar la decisión unificada, se plantearon los argumentos que se transcriben, para su mayor comprensión:

“…13.5. Con observancia de lo expuesto, resulta evidente que la caducidad de la acción no versa sobre el derecho único, individual, abstracto y fundamental de acceder a la administración de justicia —ver párrafos 12.1 y 12.2—, como si a quien le caduca tal prerrogativa no pudiera volver a acceder a la misma en ningún momento, interpretación que podría provenir del mal uso a nivel legal del término acción y que cercenaría ese derecho personalísimo y subjetivo injustificadamente , sino que tiene que ver con la imposibilidad de utilizarlo frente a las diferentes pretensiones en específico que puedan ser manifestadas en respuesta a la ocurrencia de un acontecimiento y en uso de los diferentes medios de control establecidos para que el administrado persiga la finalidad que éstos contemplan, lapso cuya contabilización, como se advirtió, usualmente comienza cuando acaece dicha circunstancia de la cual se deriva el mismo interés particular de accionar.

13.6. En esa línea de pensamiento, esta corporación ha reconocido la confusión que existe sobre el término acción —ver nota 44—, y ha considerado que cuando se estableció la caducidad de las señaladas “acciones” o medios de control, en realidad se optó por establecer un límite temporal para elevar las pretensiones propias de aquéllos…

Como sucede para la reclamación de la tutela judicial, en general, el legislador ha considerado conveniente establecer un límite temporal al ejercicio de las acciones contencioso administrativas encaminadas a obtener el reconocimiento de derechos subjetivos supuestamente vulnerados o desconocidos por la actividad estatal, es decir, cuando la finalidad no sea únicamente la de ejercer un control objetivo de legalidad, con lo cual se garantiza el interés general radicado en la seguridad jurídica de la estabilidad y firmeza de las actuaciones estatales, creadoras de situaciones jurídicas de carácter particular y concreto.

Es por ello que el Código Contencioso Administrativo consagra el término de caducidad de las distintas acciones que proceden ante la jurisdicción contencioso administrativa, entendido como aquel plazo máximo, perentorio y preclusivo, de naturaleza objetiva, dentro del cual las acciones pueden ser ejercidas, que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni se suspende, salvo en el evento del trámite de la conciliación extrajudicial (…), en el que por expresa disposición legal se da dicha suspensión del término de caducidad de la acción mientras aquel se surte, sin sobrepasar de un máximo de tres meses o en el evento del cierre de los despachos judiciales (…) (resaltado por la Sala) .

13.7. Teniendo en cuenta que el derecho de acceso a la administración de justicia para elevar cierto tipo pretensiones sólo puede ser utilizado dentro de un tiempo objetivo establecido por el instituto de la caducidad de la acción, se advierte que no es posible que se presenten puntos o aspectos de contienda que no hubiesen sido formulados en ese lapso, puesto que su finalización inhabilita la posibilidad de utilizar aquél derecho y por ende, impide ejercerlo para elevar cualquier solicitud.

13.8. En efecto, si la configuración de la caducidad de la acción equivale al fenecimiento del tiempo objetivo que tienen los administrados para accionar y por consiguiente, para elevar todas las pretensiones que deseen respecto del suceso o de la situación de la que se derivaría su interés para acceder a la administración de justicia , lapso que es determinado por el medio de control que deban usar, es evidente que cuando ese plazo objetivamente establecido se encuentra culminado, ninguno de ellos puede manifestar peticiones toda vez que se encontraría vencida la oportunidad que tenían para hacerlo.

13.9. De esta forma, si se tomara el tipo de pretensiones que mayoritariamente se elevaron en el sub lite, esto es, aquellas correspondientes a las del medio de control de reparación directa —ver párrafos 1, 12.16 y 13.3 y nota n.º 48—, se observa que quienes consideren que se les causó un daño antijurídico a raíz de un hecho de la administración pueden poner la jurisdicción en funcionamiento con el fin de materializar el interés particular de obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que se les hubiese originado, no obstante lo cual, esa potestad frente a esa situación en concreto no se extiende en el tiempo de modo indefinido, sino que sólo les es posible ejercerla durante los dos años siguientes al día después de ocurrido el hecho dañoso a partir del cual se desprendería su interés de accionar, carga que como se vio, fue adecuada y razonablemente establecida por el ordenamiento jurídico.

13.10. Es así como, a partir del debido entendimiento y relación de los conceptos de acción como derecho de acceder a la administración de justicia, de pretensión como la petición que en ejercicio de ese derecho se puede elevar ante el órgano judicial correspondiente, y de caducidad de la acción como limitador temporal del derecho de acción que inhibe su uso para elevar pretensiones una vez finaliza el tiempo objetivo establecido por la ley para ello, la Sala advierte que la primera de las dos posturas jurisprudenciales en pugna analizadas carece de todo fundamento tanto razonable como normativo, y por el contrario, contraviene el adecuado sentido de los aspectos señalados, mientras que la segunda posición se adecua a ellos, garantiza el fin constitucional de la seguridad jurídica, y evita la paralización de la administración de justicia sin afectar irrazonablemente el acceso a la misma.

13.11. Teniendo en cuenta que el derecho de acción no puede ser utilizado de manera permanente frente a una circunstancia particular, comoquiera que su uso se encuentra únicamente habilitado durante el interregno determinado por el instituto de la caducidad de la acción, de tal forma que después de que transcurre ese plazo no es viable que nadie eleve pretensiones, es evidente que una vez vencido el mismo no es plausible que una persona que nunca ejercitó su derecho de acceso a la administración de justicia proceda a hacerlo, así como tampoco puede obrar de esa manera quien lo hubiese utilizado en tiempo pero sólo para elevar algunas de las peticiones que podía manifestar, en tanto respecto de esos dos sujetos se configura la misma situación, esto es, el intentar utilizar el derecho de acción por fuera del período en que ello les estaba permitido.

13.12. Al respecto, se debe recordar que el término para emplear el derecho de acción es objetivo o en otras palabras, corre hasta su finalización sin consideración de la conducta que asuman los sujetos a quienes se les contabiliza —ver párrafos 13 a 13.2—, de modo que el hecho de que un sujeto exprese una solicitud en tiempo no impide que la contabilización de ese período en el que él tiene la carga legalmente establecida de elevar sus pretensiones llegue a su culminación.

13.13. Debido a lo anterior, y dado que la caducidad de la acción marca la finalización del plazo en que los administrados pueden accionar para elevar las solicitudes que quieran propias del medio de control que corresponda, se debe advertir que una vez configurado dicho instituto no es posible que a través de ningún mecanismo, sea mediante la presentación de una demanda o de su reforma en el tiempo establecido para ello, se expongan nuevas pretensiones a la jurisdicción, por lo que en ese escenario realmente no hay una diferencia entre el individuo que no demandó en ningún momento y el sujeto que sí lo hizo, pero que sólo expuso parcialmente las peticiones que estaba legitimado para elevar, puesto que a los dos les habría fenecido la oportunidad objetiva que tenían para accionar y por consiguiente, para formular ante la justicia las solicitudes que desearan en ejercicio de ese derecho…

(…)

13.25. Teniendo en cuenta las razones señaladas, en especial, que el término de caducidad de la acción delimita el tiempo en que el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia puede ser válidamente usado para formular las pretensiones que se desee según el interés particular que surja, y que en relación con ese período sólo se ha admitido su suspensión pero no su interrupción —última posibilidad que no tiene fundamento alguno al interior del ordenamiento jurídico y conllevaría a escenarios vulneratorios de las mismas finalidades constitucionales que se quisieron garantizar con la carga de accionar dentro de un plazo en específico establecido por la ley—, se debe concluir que esa limitante rige tanto para el momento en que se eleven pretensiones a través de la demanda que inicie un proceso jurisdiccional, como para cuando se pretenda adicionar nuevas peticiones a ese libelo introductorio para agregar nuevos demandantes, nuevos demandados y nuevos objetos de litigio —todo lo cual se hace a través de la manifestación de pretensiones procesales; ver párrafos 12.10 y 12.11—, en tanto en ambas situaciones se requiere del empleo de dicho derecho acción que de estar caducado, no puede ser válidamente utilizado.

13.26. En este punto, conviene destacar que el término para ejercer el derecho de acción se diferencia completamente del plazo establecido por la ley para reformar la demanda, de manera que no pueden confundirse y mucho menos considerarse al último como una extensión del primero, en tanto ello no fue previsto por el ordenamiento jurídico y conllevaría igualmente a que se afecte la seguridad jurídica de manera irreflexiva e innecesaria, toda vez que los términos establecidos por el legislador para acudir a la administración de justicia que se cuentan a partir del mismo momento en que surge el interés para demandar, son los suficientemente amplios para que se eleven las solicitudes necesarias.

(…)

13.31. Por su parte, resulta preciso reiterar que la verificación de la caducidad de la acción únicamente se debe efectuar en relación con las nuevas pretensiones para cuya manifestación se debe emplear el derecho de acceso a la administración de justicia, y no respecto de aquéllas que se hubiesen elevado y que luego se pretenda su modificación en el tiempo para reformar la demanda, en tanto como dichas peticiones ya se habrían formulado, para su alteración no es necesario utilizar el derecho de acción, sino que basta con acudir a las normas que regulan el instituto de enmendación de la demanda —ver párrafos 9 a 9.2 y 13.28—.

(…)

13.33. Como corolario de lo señalado, la jurisprudencia de esta Sección se unifica en el sentido de que toda pretensión debe efectuarse dentro del término en que se puede ejercer el derecho de acceder a la administración de justicia, período que sólo puede ser suspendido pero no interrumpido, de tal forma que su contabilización continua hasta su culminación sin que sea relevante que con anterioridad a su vencimiento se presente en forma oportuna peticiones en ejercicio del derecho de acción señalado, por lo que se impone que se verifique la caducidad de toda nueva pretensión sin perjuicio de que ésta se formule al comenzar un proceso, o durante su trámite vía reformulación del libelo introductorio.

13.34. Sin perjuicio de lo anterior, no se puede perder de vista que lo expuesto puede llegar a ser excepcionado en los litigios que para ser resueltos deban contar con la comparecencia e intervención de todos los sujetos que hicieron parte de las relaciones o actos jurídicos objeto del proceso, esto es, en los que por la naturaleza de dicho objeto o por el mandato de la ley requieran de la conformación de un litisconsorcio necesario de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83(16) del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta de que sin la participación de dichas personas no sería factible que se profiriera sentencia de mérito en tanto el objeto sobre el que versa el litigio respectivo es único e inescindible(17).

13.35. No obstante lo anterior, conviene destacar que la excepción a la contabilización del término para accionar sólo se configura en los eventos de litisconsorcio necesario en los que hubiesen dejado de participar quienes habrían tenido que concurrir al proceso, por lo que de encontrarse debidamente integradas las partes de la litis, no habría necesidad de entrar a conformarlas adecuadamente y en ese orden de ideas, no se podría aplicar la previsión legal citada que permite al operador judicial dejar de un lado el señalado interregno en el que se debe accionar y formular las pretensiones que sean del caso, con el objeto de que se pueda dictar la sentencia correspondiente.

13.36. Asimismo, se debe tener en cuenta que la misma tampoco opera en las procesos en los que tanto los integrantes de la parte demandante como de la parte demandada sean litisconsortes facultativos, por cuanto el juzgador no tiene el deber de vincularlos a la litis comoquiera que entre ellos existen relaciones jurídicas independientes que pueden ser resueltas en forma separada y por consiguiente, la presencia de todos no es indispensable para que se profiera la decisión pertinente, de modo que no hay razón alguna para omitir la configuración de la caducidad de la acción y el interregno en el que se tenían que elevar las solicitudes respectivas.

13.37. Como ejemplo de los anteriores supuestos, se pueden traer a colación los procesos de responsabilidad extracontractual en los que para que se profiera una decisión de fondo no resulta necesario la comparecencia de todos los sujetos que pudieran demandar o resultar demandados, en tanto (i) las obligaciones indemnizatorias que podría surgir entre ellos son autónomas entre sí, y (ii) respecto de los últimos se genera una solidaridad por pasiva, por lo que el extremo activo del litigio tiene la potestad de determinar a su arbitrio los integrantes de la parte demandada de los que espera recibir la reparación de los daños, al punto que señalar que éste tuviera que demandar a todos los posibles causantes del daño que se le causó conllevaría a desconocer los efectos prácticos de dicha figura, consistentes en que para percibir el resarcimiento integral del mismo le es posible demandar a todos o sólo a uno de ellos…(18).

Como se advierte, para la Sección no resulta aplicable en materia contenciosa las precisiones del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil acorde con el cual la presentación de la demanda interrumpe la prescripción o hace inoperante la caducidad; de donde lo atinente a la reforma de la demanda, habría de consultar la oportunidad, pues, de acuerdo con la postura mayoritaria el conteo de la caducidad no se interrumpe por la presentación del libelo.

Bajo esta perspectiva, la Sala de manera subsiguiente, con sujeción al precedente horizontal trazado por la Sección Tercera deberá verificar si para el momento en que la sociedad actora reformó la demanda para incluir como parte del extremo pasivo a la EEB, ESP el término de caducidad de la acción de reparación directa había fenecido, pues si ello es así, como lo alega la parte actora y el Ministerio Público, deberá proceder a declarar la caducidad.

3.3. El caso concreto.

3.3.1. El a quo consideró que la demanda presentada el 13 de agosto de 2004 y su adición del 11 de octubre de 2004 lo fueron en tiempo, pues los empleados de la sociedad actora bajo juramento señalaron que la creciente del río se produjo el día 15 de agosto de 2002 y la inundación el 16 siguiente. Situación que demandó la puesta en funcionamiento de las motobombas, no obstante el predio permaneció inundado durante varios días. De este modo, para el tribunal el daño tuvo carácter permanente, conclusión que no admite dudas si se tiene en cuenta, además, que en los hechos de la demanda puntualmente se manifestó que la inundación se produjo entre mediados y fines del mes de agosto del año 2002, de donde el computo de caducidad podía empezar a contarse el 30 de agosto de 2002, fecha en la que la parte actora presentó una solicitud de conciliación que extendió el termino de caducidad, hasta el 24 de octubre de 2002, esto es con posterioridad a la fecha de presentación de la reforma o corrección de la demanda.

3.3.2. Por su parte, la EEB, ESP manifestó que el daño cuya reparación se solicita no tiene carácter continuado, de donde no se entiende cómo el tribunal llevó a concluir que la demanda fue presentada en tiempo, cuando los mismos testigos que cita para fundar su decisión señalaron que el río se desbordó el 15 de agosto y para el día 16 de agosto de 2002, el predio estaba totalmente inundado. Lo anterior, sin perjuicio de que en la demanda la propia parte actora manifestó que conoció el daño con anterioridad y que no existe ningún elemento probatorio que permita tener como punto de referencia para computar la caducidad de la acción el día 30 de agosto de 2002.

3.3.3. Sobre el particular rindieron declaración ante el juzgado promiscuo municipal de Suesca, juez comisionado, los señores Martha Cecilia Moreno Serrano y José Laureano Soto Rueda, quienes respectivamente manifestaron:

“…Hacia mediados del mes de agosto del año 2002 me desempeñaba como jefe de recursos humanos de CI. El río venía crecido y posiblemente podría desbordarse, conocimiento que tuvimos de manera informal y tomamos medidas de manera informal, a los que vivían en la finca que durmieran en el segundo piso, decirle al señor encargado que subiera el ganado a un terreno más alto…PREGUNTADO: Puede precisar el día y mes en que ocurrió ese desastre. El despacho deja constancia que para obtener la respuesta de esta declarante se le facilitó un calendario del año 2002, precia (sic) su solicitud. CONTESTÓ: Jueves hacia la tarde se dio la información o conocimiento del río crecido y el viernes 16 de agosto de 2002, al llegar en la mañana el cultivo estaba completamente inundado, me acuerdo porque era un puente festivo es siguiente lunes…”.

(…)

“…Yo estaba de gerente técnico en el año 2002 de Flores de Suesca y eso fue el 15 de agosto de 2002, comenzó a crecer el río en forma fuerte, el río Bogotá colinda con la empresa y de inmediato se comenzó a poner bombas instaladas en los extremos del cultivo, bloque 10 y 7 para prevenir inundaciones, a medida que crecía el río comenzamos a prevenir que se inundara, se dejaron las bombas instaladas por la tarde, al otro día, se entró el río, fue tal la violencia de la entrada del agua que nos tocó retirar el personal que estaba en el sitio donde se ubicaron las bombas, para evitar los accidentes, el río en la madrugada se entró por completo…” (fls. 376 a 379, c.2).

En este mismo sentido, se allegó con el dictamen pericial un informe realizado por la sociedad demandante, en el que en consonancia con los anteriores testimonios relata:

“…JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2002

9:00 a.m. El río Bogotá empezó a crecer moderadamente y se puso a funcionar la bomba Nº1 (esquina del bloque 10) que estaba instalada allí desde la semana anterior y se prendió la bomba eléctrica de la compuerta del bloque 21.

5:00 p.m. La Alcaldía de Suesca dio aviso telefónicamente de la alerta roja ya que el río venía muy crecido. Se pusieron en funcionamientos las tractobombas Nº 3 y 4.

10: 00 p.m. Los operarios de las tractobombas Nº 3 y 4 informan que el río está entrando por completo al cultivo y a las zonas donde están ubicados los equipos. Se da la orden de sacar los equipos y retirarse de ahí inmediatamente.

VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2002

6:00 a.m. El cultivo amaneció inundado en un 90%. A las 6:30 a.m. se ordenó sonar las sirenas para que el personal evacuara los bloques y se reuniera en la cancha junto a las oficinas, para recibir indicaciones respecto a la emergencia.

(…)

Horas de la tarde: El nivel del río se estabilizó e inmediatamente se procedió a ingresar las motobombas, tractobomas y tractores tanto de las empresas, como de cultivos y empresas vecinas para empezar a bobear agua hacia afuera...” (fls. 234 a 236, c. dictamen pericial).

Y una certificación emitida por el ICA, en el que se lee:

“En la vereda Guita del municipio de Suesca en las instalaciones de C.I. FLORES DE SUESCA S.A. el día 15 de agosto del presente año se presentó un desbordamiento del río Bogotá, inundando el 90% del área cultivada en rosas que corresponden a 13,3 hectáreas…” (fl. 270, c. dictamen pericial).

3.3.4. Bajo este panorama, la Sala considera que, tal como lo solicitó el agente del Ministerio Público, la decisión debe modificarse para declarar probada la excepción de caducidad respecto de la reforma a la demanda que la sociedad actora presentó el 11 de octubre de 2004, para incluir en la parte pasiva a la EEB, ESP, en tanto, debió tener en cuenta el término de caducidad de dos años previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, mismo que no se respetó si se tiene en cuenta que su computo inició el 17 de agosto de 2002, esto es el día siguiente al acaecimiento de la inundación.

De entrada es importante aclarar que la actuación, a través de la cual la parte demandante sustituyó a la empresa Emgesa S.A. por la EEB ESP no es una simple precisión de la parte demandada como en un primer momento lo considero el tribunal y como en esta instancia lo ha planteado la parte actora, con el fin de que se tenga en cuenta la fecha de presentación del libelo inicial. Esto es así, si se tiene en cuenta que cualquier modificación que la parte demandante haga a la demanda presentada, no puede sino verse a la luz del artículo 208 del Código Contencioso Administrativo y 89 del Código de Procedimiento Civil, esto es bajo la figura de la reforma o corrección de la demanda, lo que en este caso tiene una connotación especial, pues el aditamento no tuvo relación con las pretensiones previamente formuladas, se trató de la sustitución de una persona jurídica por otra, pues se sustrajo de la contienda a Emgesa S.A. E.S.A y se incluyó a la EEB, ESP lo que no puede ser visto de otro modo, pues es claro que se trata de personas jurídicas distintas, así la última tenga participación accionaria en la primera.

Ahora, como se aclaró de manera preliminar, en tanto no se trata de un daño continuado, como lo consideró el tribunal (ver párrafo 3.3.5) , el punto de partida para el computo de la caducidad, no puede ser otro, sino el día siguiente al de la ocurrencia del suceso, el que, de acuerdo con los testimonios de los trabajadores de la empresa, el informe de los hechos elaborado por la misma sociedad actora y la certificación emitida por el ICA, ocurrió entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de agosto de 2002, pues según dan cuenta estos medios de prueba el 15 en la noche se produjo el desbordamiento del Río Bogotá y para el 16 el predio fue encontrado totalmente inundado.

En este punto, debe señalarse que el hecho de que en la demanda se haya afirmado que la inundación tuvo lugar entre mediados y fines de agosto de 2002 no tiene la virtualidad de tornar el daño en uno de carácter continuado o de cambiar la fecha para el conteo de la caducidad, no solo porque eso iría en contravía de lo realmente acontecido, sino porque, esa afirmación no tiene respaldo probatorio, y, en todo caso, su correcto entendimiento debe hacerse en conjunto con el acápite especial de caducidad de la demanda(19), mismo que evidencia que el conocimiento del daño fue anterior al 30 de agosto de 2004.

En esas circunstancias y dado que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada y unificada de esta Sección el fenómeno procesal de la caducidad respecto de todas las nuevas pretensiones que se eleven en ejercicio del derecho de acción, incluso cuando ello suceda en el marco de la presentación de un escrito de adición de una demanda inicialmente interpuesta, debe nuevamente verificarse en el momento de decidir sobre la admisión de la reforma de la demanda, la Sala concluye que para el 11 de octubre de 2004 se había presentado el fenómeno procesal de la caducidad, pues el plazo de dos años para presentar la demanda o cualquier adición o reforma expiró el 17 de agosto de 2004.

Conclusión que no cambia por la acreditación del trámite conciliatorio que se adelantó ante la Procuraduría General de la Nación, pues la solicitud se presentó el 30 de agosto de 2004, esto es con posterioridad al vencimiento del término de caducidad, de donde no puede considerarse para los efectos de la suspensión de la caducidad de que trata el artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

4. Costas.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento de este tipo en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

II. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará para todos los efectos legales como sigue:

“…1. DENEGAR la petición de nulidad planteada por el agente del Ministerio Público.

2. ABSOLVER de responsabilidad administrativa a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá “EAAB ESP”, así como a la aseguradora Colseguros S.A. conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

3. DECLÁRESE la caducidad de la acción de la reforma de la demanda formulada por la sociedad actora en la que se incluyó como parte demandada a la Empresa de Energía de Bogotá, S.A., ESP.

4. NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.

5. TÉNGASE en cuenta lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo para el cumplimiento de esta sentencia.

6. NIÉGUESE la condena en costas.

7. TÉNGASE como apoderado de la parte demandante “CI Flores de Suesca S.A.” al doctor Pedro Alexander Rodríguez Matallana de acuerdo a sustitución de poder allegado que se vislumbra a folio 474 del cuaderno 1 del expediente; como apoderado del llamado en garantía Aseguradora “Colseguros S.A.” al doctor Ricardo Vélez Ochoa de acuerdo a poder allegado que se vislumbra a folio 81 del cuaderno de llamamiento en garantía o cuaderno 9 del expediente; como apoderado del demandado Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP al doctor Rubén Darío Gómez Gallo de acuerdo a poder allegado que se vislumbra a folio 480 del cuaderno 1 del expediente y como apoderado del demandado Empresa de Energía de Bogotá “EEB S.A. ESP” al doctor Ramón Alberto Lozada de la Cruz, de acuerdo al poder allegado que se vislumbra a folio 185 del cuaderno 1 del expediente.

8. EJECUTORIADA la presente providencia liquídense por secretaría los gastos ordinarios de proceso y en caso de remanentes devuélvase al interesado, lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo séptimo y noveno del Acuerdo 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

2. SIN COSTAS en esta instancia.

3. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación a la secretaría del tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

6 En tanto no se impugnó la declaratoria de exoneración de la EAAB, ESP la Sala se abstendrá de realizar cualquier consideración sobre el particular, en tanto el marco de sus competencias de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta corporación lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aduzcan contra la decisión de primera instancia. Ver Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 21.060. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7 Se puede consultar la sentencia del 16 de agosto de 2001, Exp. 13772. C.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada entre otras en la sentencia del 13 de febrero de 2003, Exp. 13237. C.P. Alier Hernández.

8 Véase entre otros los autos de 8 de febrero de 2011, Exp. 18.287. C.P. Danilo Rojas Betancourth y de 9 de diciembre de 2013, Exp. 48.152. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Igualmente, este criterio se ha sostenido en el marco de las acciones de clase, entre otras se puede consultar la sentencia del 18 de octubre de 2007. C.P. Enrique Gil Botero, Rad. 2001-00029-01 (AG). Todas estas providencias proferidas antes de la entrada en rigor de la Ley 1437 de 2011.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 12 de agosto de 2014, Rad. 18001-23-33-000-2013-00298-01(AG). C.P. Enrique Gil Botero.

10 Consejo de Estado, sentencia del 26 de junio de 2015, Exp. 35712, con ponencia de la suscrita.

11 En otras oportunidades la Sala ha considerado que este tipo de eventos, normalmente, no tiene carácter continuado, sino que son eventos cuyas consecuencias pueden prolongarse en el tiempo. Ver las sentencias del 23 de junio de 2011, Exp. 21.093. C.P. Hernán Andrade Rincón y del 18 de marzo de 2010, Exp. 19.099. C.P. Enrique Gil Botero.

12 “No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas, ni todas las pretensiones formuladas en la demanda, pero sí prescindir de alguna de ellas o incluir nuevas”.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2013, Exp. 27144. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, Exp. 13182. C.P. María Elena Giraldo Gómez; auto del 1 de febrero de 1996, Exp. 11284. C.P. Juan de Dios Montes Hernández; Sección Primera, sentencia del 21 de noviembre de 2003, Exp. 1999-00853-01 (9043). C.P. Olga Inés Navarrete Barrero; Sección Quinta sentencia del 8 de octubre de 2008, Exp. 2007-00236-01. C.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

14 Debe precisarse que en esa autosentencia el auto, también se unificó la jurisprudencia de la Sección Tercera en el sentido de que la corrección o adición de la demanda impone la verificación del agotamiento de la conciliación prejudicial. Frente a la sentencia en comento la suscrita consejera salvó el voto.

15 Señaló que, en auto del 2 de junio de 2005 se destacó la imposibilidad de incorporar nuevos demandantes en la adición de la demanda cuando ya hubiere fenecido el término de caducidad para que éstos demandaran, sin perjuicio de lo cual, aclaró que quien hubiese demandado en tiempo podía adicionar pretensiones adicionales a su favor a pesar de que la petición correspondiente no fuera elevada dentro del señalado término de caducidad, en la medida en que no se podía desconocer que ese accionante ya había ejercitado la acción (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 25000-23-26-000-2003-00760-01(25989), actor: Lesbia de Jesús Pérez Cárdenas. C.P. Ramiro Saavedra Becerra). Entre tanto, en el auto del 17 de agosto de 2005 —dos meses después de la anterior providencia— se sostuvo que no era posible agregar con la corrección de la demanda nuevos demandantes, demandados o pretensiones sin realizar distinción alguna (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 05001-23-31-000-2003-00122-01(29956), actor: Dora María Cardona Chica. C.P. Ruth Stella Correa Palacio).

16 “Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. //En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados. //Si alguno de los citados solicitare pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas; si las decretare, concederá para practicarlas un término que no podrá exceder del previsto para el proceso, o señalará día y hora para audiencia, según el caso. //Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su citación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio, efectuada la cual, quedará vinculado al proceso”.

17 La anterior situación, a título de ejemplo, ocurre en los eventos contractuales en que se demanda la nulidad del acto administrativo de licitación, asunto en el que además de vincular a la entidad estatal que expidió tal determinación administrativa, se requiere que se haga los mismo en relación con la persona a favor de la cual se hubiese dictaminado dicha decisión de la administración, en cuanto no sería posible proferir la decisión judicial de fondo que tuviera la potencialidad de anular dicho acto administrativo sin que a quien se eligió para ejecutar el negocio jurídico respectivo y que por consiguiente, podría resultar afectado con ese fallo, conociera y hubiera participado en el proceso para defender sus intereses. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2012, Exp. 54001-23-31-000- 1997-02625-01(20745), actor: Loterías del Norte Limitada. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

18 Consejo de estado, Sala Plena de Sección Tercera, auto del 25 de mayo de 2016, Exp. 40.077. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Con salvamento de voto de la suscrita.

19 En el mencionado acápite se lee: “…En razón a que los hechos a que se refiere la causa petendi, se deben empezar a contar a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos a que hace referencia la presente acción, está no es otra que la del 14 de agosto del año 2002, término desde el cual empezaría a contarse la caducidad y aquella caducaría el 14 de agosto del año 2004, por lo que estamos dentro del término para incoar la acción…”.