Sentencia 2004-01720 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad. 25000232600020040172001 (36554)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Ref.: Reparación directa

Actor: Jacobo Rojas

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario – Inpec

Bogotá, D.C., julio nueve de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 14 de agosto de 2008, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad contractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1º superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este se hace responsable, de su reparación, pero esta atribución solo es posible cuando daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios: solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(3).

Así mismo, en providencia de Sala Plena radicación 24392 de 2012, se dijo:

“Esta Sala, en sentencia de 19 de abril pasado(4), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir; frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que sea sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:

“En consecuencia el uso de varios títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(5)

2.3. El caso concreto.

El señor Jacobo Rojas Traslaviña quien estaba detenido en la Cárcel Modelo de Bogotá, en el pabellón psiquiátrico, por el delito de acceso carnal violento, fue encontrado muerto ahorcado con una camisa o saco, el día 7 de noviembre de 2002.

Ei interno estaba siendo tratado por depresión profunda y en anterior oportunidad había intentado quitarse la vida, por tal razón, el psiquiatra había recomendado que se le prestara especial vigilancia debido a sus ideas suicidas.

2.4. Los hechos probados.

1. Copia autenticada del registro civil de nacimiento de Jacobo Rojas Traslaviña y copia del registro civil de defunción del mismo (fl. 2 y 3, cdno. pruebas).

2. Copia del acta de levantamiento del cadáver y álbum fotográfico; copia de la diligencia de inspección de cadáver 5888-2188 del 8 de noviembre de 2002, donde se consigna que el cadáver estaba colgado de la ventana del hall del segundo piso y como causa probable de muerte, por establecer (ahorcamiento) (fls. 4 a 8 y 31 a 37, cdno. pruebas).

3. Copia del informe de Medicina Legal y Protocolo de Necropsia 200204462 , donde se concluye:

“En el pabellón psiquiátrico en una pared del segundo piso, se encuentra el cadáver suspendido en forma incompleta de un buso en lana, gris, sujeto a las rejas en la parte superior, semidesnudo.

Luis Fernando Reyes, recluso, fue la persona que el 08-11-02 a las 05:00 horas, vio el cadáver, dice que él había intentado cortarse las venas con anterioridad, le había dicho a un compañero que quería suicidarse.

Fotocopia de la historia clínica de sanidad el 06-10-02 a las 14:00 horas, dice que es encontrado por la guardia en un intento de ahorcamiento. Diagnóstico: intento de suicidio, depresión? valoración por psiquiatría.

El 08-10-02 en psiquiatría las impresiones diagnósticas son: trastorno depresivo mayor, farmacodependencia, intento de suicido.

Se deja en la unidad de salud mental en observación por ideas de suicidio, se recomienda vigilancia, se inicia tratamiento con antidepresivos.

La última orden médica es del 01-11-02 dice que continua con fluoxetina, tabletas dos veces por día.

En la necropsia se observa el cadáver de un hombre adulto, de aspecto cuidado, con identificación fechaciente, con hallazgos de ahorcamiento, sin otra huella de trauma.

Según la fiscalía, la manera aparente de la muerte es homicidio (por establecer), causa de la muerte por establecer lo siguiente:

Conclusión: Hombre adulto fallece por compresión extrínseca de arterias carótidas por ahorcamiento. Manera de la muerte violenta por determinar, lo más probable suicidio” (fls. 9 a 16, cdno. pruebas).

4. Copia de la historia clínica de la Unidad de Salud Mental Las Mercedes, de la Cárcel Modelo, allí se registró con fecha 6 de noviembre un control, con las siguientes anotaciones:

“7-10-02

Paciente quien desde el día de ayer fue dado a guardar remitido por el Doctor Criales por presentar intento de suicidio en el baño de piloto 2000. El día de hoy fue valorado por la doctora, de sanidad y fue legalizada con IDX 1) trastorno depresivo mayor? 2) Abuso de psicodiolepticos .3) intento de suicidio”.

Oct 8/2002, (…) manifiesta que se siente muy triste porque su propia novia de 16 años, con la madre lo denunciaron dice que hace diez meses tenían noviazgo y a los tres meses comenzó a tener relaciones, con plena aceptación de ella manifiesta que .se siente muy triste, que no quiere vivir más y ha continuado con ideas de suicidio, con insomnio y crisis de llanto (...) paciente de edad adulta, cuidadoso de su aspecto personal, orientado temporoespacialmente, sin plena conciencia de enfermedad, con ánimo fundamentalmente deprimido, habla en un tono de voz muy baja , casi imperceptible, con alucinaciones auditivas, dice oír voces de mujer que le dicen que se vaya, son ideas delirantes manifiesta que a veces siente como si le sacaran el corazón.

CD Trastorno depresivo mayor

Farmacodependencia

Intento de suicidio

Se deja en la unidad de salud en observación por ideas de suicidio, se recomienda vigilancia, se inicia tratamiento con antidepresivos”.

Octubre 15/2002

Paciente que se muestra en fa entrevista con un mejor estado de ánimo no ha vuelto a presentar alucinaciones y han disminuido las ideas de suicidio muy de vez en cuando las tiene. Manifiesta que en términos generales se siente mejor. Se ha adaptado al medio y se le observa conversando con otros pacientes:

Octubre 30/2002 Paciente en regulares condiciones psíquicas dice alternar periodos de mejoría con otros de reactivación de sus síntomas depresivos, que ha continuad o con ideas de suicidio su tono es depresivo con ideas de minusvalía. La medicación le está produciendo efectos secundarios. Se le hace modificación ¿ver órdenes médicas?

Octubre 31/2002 Al parecer a raíz de la noticia de notificación el paciente hizo una crisis con excitación psícomotriz, hubo necesidad de sujetarlo y aplicarle medicación parenteral. Ver órdenes médicas.

Paciente que presenta crisis luego de haber sido notificado de su condena paciente presenta agresividad, es controlado con los otros internos y los comandantes de guardia. Enfermería y MD psiquiatría hacen proceso de inmovilización a camilla.

Octubre 31/2002 psicología.

Paciente quien presenta crisis de excitación psicomotriz donde se autoagrede golpeándose contra las paredes y golpeando las cosas, crisis desencadenada aparentemente por notificación de que su caso pasa a juzgado y lo van a condenar. Se aplica medicación parenteral. Una vez calmado comenta que él no violó a su novia, que ese día tuvieron relaciones sexuales, ella lo buscó él estaba tomado y drogado terminaron el acto y luego la golpeó pero jamás la obligó siente dolor por lo que su novia le hizo, ya que declaró en la fiscalía que el día que sucedió el problema era la primera vez que estaban, lo cual no es para nada cierto, se realiza intervención en crisis.

Noviembre 1/2002

Entrevista en la fecha el paciente se encuentra más tranquilo, persistiendo su sintomatología depresiva. Se suspende medicación inyectable.

Noviembre 5/2002

El paciente se le suspendió la medicación parenteral y continua con medicación oral antidepresivos manifiesta su preocupación que sea condenado ya que según expresa es injusto.

“Noviembre 6/2002

Paciente refiere estar más tranquilo se está tomando la medicación, consciente, orientado decaído TA 110110 Fc 80 Fe 80x1 Cp rítmico tono y timbre normal (ilegible).

TD. Estado depresivo manejado por psiquiatría. Cta. Continuar ordenes por psiquiatría (fls. 17 a 29, cdno. pruebas).

5. Copia del libro de minutas de guardia donde se registran las novedades sobre los internos. En la fecha de los hechos, en el turno de noche, se registró que se recibieron 54 pacientes en sus respectivos alojamientos, 3 en observación y uno aislado, se preparó y administró la medicación y al pasar revista a las 8.22 p.m. se registró que los pacientes dormían tranquilos (fl.3. 28 a 29).

6. Copia del informe rendido el 8 de noviembre de 2002, suscrito por el dragoneante Helman Rodríguez Martínez, sobre el fallecimiento del interno Rojas Traslaviña donde se consignó:

“(…).en el día de hoy, siendo aproximadamente las 05:25 horas y encontrándome de servicio en la unidad de salud mental, al dirigirme a llamar a los internos que estaban encargados de entrar los alimentos al segundo piso junto con el enfermero de turno, se encontró al interno Rojas Traslaviña Jacobo con Td 317012, con historia clínica 47, en Holl (sic) del segundo piso amarrado con un buso de lana a su cuello y colgado de la reja de dicho sector, se le intentó pedir respuesta y no respondió, seguidamente fue valorado por el médico de turno quien confirmó su muerte, procedí a informar a la guardia interna y oficial de servicio (fl. 30, cdno., pruebas).

7. Copia de la denuncia penal por acceso carnal violento y de la providencia mediante la cual se ordenó la detención preventiva del señor Jacobo Rojas Traslaviña (fls. 38 a 43, cdno. pruebas).

8. Declaraciones rendidas por los dragoneantes Epifanio Ramírez Suárez y Helman Rodríguez Martínez quienes manifestaron que no recibieron indicaciones especiales ni conocían las prescripciones médicas respecto de la vigilancia sobre el interno Jacobo Rojas ya que ese aspecto era manejado por el enfermero quien suministraba los medicamentos a los pacientes.

Afirmaron también que no notaron ningún comportamiento anormal del recluso y que efectuaron varias rondas de inspección en la noche pero que la vigilancia era prestada por turnos de seis a doce de la noche y desde esa hora hasta las seis de la mañana, pero solo había un guardia. De igual forma declararon que en el segundo piso al salir de los alojamientos había una puerta metálica pero permanecía abierta para que los internos pudieran tener acceso a los baños (fls. 46 a 50, cdno., pruebas).

Respecto del acervo probatorio integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el a quo, y concretamente sobre las copias simples esta subsección en reciente sentencia(6) dijo:

“En lo que se refiere a las copias simples anexadas tanto con la demanda como con la contestación, las mismas serán valoradas teniendo en cuenta que reposaron en el plenario desde el inicio del proceso sin que fueran tachadas de falsas en las etapas procesales pertinentes. Así pues, dado que han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes conforme a los principios de buena fe y lealtad procesal que rigen toda actuación judicial, se les dará valor probatorio(7).

En efecto, sobre la valoración de las copias simples ha dicho la Sala:

“La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor SRJ, medíos de convicción que serán valorados en esta, instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF —concretamente en sus archivos—, ii) fueron aprobados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes.

Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así:

“Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue apropiado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, harían invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que .se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

En el caso sub examine, por ejemplo, .las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran en plenaria sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 20 12— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”(8).

Así las cosas, la Sala valorará con libertad probatoria la documentación aportada por el demandado”(9) (subrayado fuera de texto).

En el presente asunto, observa la Sala que los medios de prueba relacionados, fueron aportados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso directamente por las partes dentro del periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, razón por la cual, conforme al precedente de esta subsección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica.

2.5. El daño antijurídico.

El daño es el primer elemento a establecer en un proceso de responsabilidad.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 superior al que antes se hizo referencia; el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea: imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de; un daño, entendido este como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que este sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Sobre el daño ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-333 de 1º de agosto de 1996:

“El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en !a obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa corporación, “el daño antijurídico puede ser efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva” [5].

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”.

(...)

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Sobre la noción de daño antijurídico, esta sección ha definido que:

“consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(10). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas”.

De esta manera, para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Código Penitenciario Carcelario.

En el sub judice, es evidente que se produjo un daño, consistente en la muerte del señor Jacobo Rojas Traslaviña, hecho que se probó con el protocolo de necropsia, el levantamiento del cadáver y con el registro civil de defunción, el cual resulta antijurídico, puesto que la vida es un bien jurídicamente tutelado y nadie está obligado a soportar su afectación, ya que el ordenamiento jurídico no impone esta carga a ningún coasociado.

2.6. La imputación.

Establecida la estancia del daño antijurídico, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a la entidad demandada.

En los eventos en que se produce la muerte de un recluso al interior de un centro carcelario, ha considerado la jurisprudencia, que el análisis de responsabilidad que debe efectuarse es el correspondiente al régimen objetivo, teniendo en cuenta que el sujeto está retenido por orden de autoridad competente y al quedar a disposición de las autoridades, surge respecto del individuo una relación especial de sujeción ya que no ingresa voluntariamente al centro de detención, razón por la cual sus derecho sufren importantes limitaciones pero también nace el deber correlativo de la entidad de garantizar su seguridad personal y “también otros derechos como el de salud y en especial el derecho a la vida y la integridad personal, teniendo en cuenta la indefensión a la cual están sometidas las personas privadas de la libertad.

Así lo ha dicho la Sala:

“(…) razón por la cual la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el régimen de responsabilidad que procede es el objetivo, en el cual dicha responsabilidad surge independientemente de la conducta de la entidad demandada, por el solo hecho de que una persona confinada en un establecimiento carcelario por cuenta del Estado, pierda la vida o sufra lesiones en su integridad física, de tal manera que la administración no podrá eximirse de responsabilidad mediante la aportación de pruebas tendientes a acreditar que cumplió las obligaciones a su cargo y que no incurrió en la falla del servicio; solo podría desvirtuar tal responsabilidad, mediante la comprobación de una causa extraña. No obstante lo anterior la Sala considera que, además de operar la responsabilidad objetiva como, titulo de imputación general en esta clase de eventos, cuando surja comprobada dentro del proceso una falla del servicio como causante del hecho dañoso por el cual se reclama —lesiones físicas o deceso de una persona detenida o privada de su libertad—, es necesario evidenciarla en la sentencia que profiera esta jurisdicción, para efectos de que la administración torne nota de sus falencias y adopte los correctivos que considere necesarios, por cuanto para deducir la responsabilidad de la administración, basta que el daño se haya producido respecto de una persona privada de la libertad y puesta bajo su tutela y cuidado. Es claro entonces, que mientras en la generalidad de los casos en los que se comprueba la talla del servicio, la administración puede eximirse de responsabilidad mediante la comprobación, no solo de una causa extraña, como sería la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero, sino también a través de la prueba de su obrar prudente y diligente en el exacto cumplimiento de las obligaciones y deberes a su cargo, en estos casos específicos de daños a personas privadas de la libertad, por tratarse de eventos de responsabilidad objetiva, la única forma en que la administración se puede liberar de la responsabilidad que surge a su cargo, es precisamente a través de la comprobación de una causa extraña”(11).

En el presente proceso el análisis se hizo bajo el régimen de falla del servicio, porque el daño es atribuible a la entidad por la omisión en el cumplimiento de sus deberes funcionales, de manera que es preciso para acreditar su existencia que se confronte el contenido obligacional fijado por las normas para los funcionarios que cumplen la labor de custodia y vigilancia de los reclusos, con el grado de cumplimiento de los mismos, por parte de quienes estuvieron relacionados con los hechos.

Así lo ha dicho esta corporación:

“En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parle de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. Ahora bien, una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha atendido —o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa— al referido contenido obligacional, esto es, se ha apartado —por omisión— del cabal cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es menester precisar si dicha ausencia o falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño atendiendo, de acuerdo con la postura que reiteradamente ha sostenido la Sala, a las exigencias derivadas de la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada. En el mismo sentido hasta ahora referido, es decir, en el de sostener que se hace necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos —la constatación de la ocurrencia de un incumplimiento omisivo al contenido obligacional impuesto normativamente a la administración, de un lado, y la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño, de otro. En suma, son dos los elementos cuya concurrencia se precisa para que procede la declaratoria de responsabilidad administrativa por omisión, como en el presente caso: en primer término, la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa y a la cual esta no haya atendido o no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente; y, en segundo lugar, la virtualidad jurídica del eventual cumplimiento de dicha obligación, de haber interrumpido el proceso causal de producción del daño, daño que, no obstante no derivarse —temporalmente hablando— de manera inmediata de la omisión administrativa, regularmente no habría tenido lugar de no haberse evidenciado esta”(12).

Partiendo de lo antes consignado, se tiene que los deberes funcionales prohibiciones que cobijan a quienes ejercen la labor de guarda, vigilancia, custodia y seguridad en los establecimientos carcelarios están contenidos en los artículos 44 y 45 de la Ley 65 de 1993 o Código Penitenciario Carcelario, modificado por la Ley 415 de 1997 y la Ley 504 de 1999 consagra:

“ART. 44.—Deberes de los guardianes. Los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que señalen su estatuto y los reglamentos general e interno:

a) Observar una conducta seria y digna;

b) Cooperar con la dirección en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos, suministrando los informes que estime conveniente para esta finalidad;

e) Custodiar y vigilar constantemente a los internos los centros penitenciarios y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual;

d) Requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme el reglamento;

e) Custodiar a los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del establecimiento y emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias, evasiones y conversaciones o relaciones de ellos con los extraños, exceptuando los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal;

f) Realizar los ejercicios colectivos que mejoren o mantengan su capacidad física; participar en los entrenamientos que se programen para la defensa, orden y seguridad de los centros de reclusión; tomar parte en las ceremonias internas o públicas para realce de la institución; asistir a las conferencias y clases que eleven su preparación general o la específica penitenciaria.

g) Mantener la disciplina con firmeza, pero .sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario.

En efecto, si bien el Inpec al evidenciar los trastornos psicológicos que padecía el interno Rojas Traslaviña lo trasladó a la unidad de salud mental de dicho centro carcelario y le prestó asistencia psiquiátrica y psicológica, sometiéndolo a tratamiento por su trastorno depresivo severo como consta en la historia clínica allegada al proceso, lo cierto es que pese a las advertencias y recomendaciones de vigilancia especial prescritas por el médico tratante, la entidad, aun pudiendo hacerlo, no tomó las precauciones necesarias para impedir que el interno atentara contra su vida, puesto que hubiera podido ponerlo en observación especial o incluso aislarlo —mecanismos que normalmente eran utilizados según se observa en la minuta de guardia del día de los hechos— pero esta precaución no se adoptó con la víctima, según lo manifestaron los dragoneantes Rodríguez Martínez y Ramírez Suárez en sus declaraciones.

De igual forma, la negligencia en la vigilancia sobre el recluso puede evidenciarse en la falta de control sobre la salida de los alojamientos, ya que los funcionarios del Inpec declararon que existía una puerta metálica o reja con seguro, que comunicaba los alojamientos con los baños, pero que esta permanecía abierta para que los reclusos pudieran utilizar los servicios sanitarios, circunstancia que facilitó al señor Rojas Traslaviña la oportunidad de salir del dormitorio que compartía con otros reclusos y encontrar la manera de colgarse d la ventana del pasillo contiguo a las celdas.

De esta manera, fue la omisión en la vigilancia de las autoridades, quienes conocían la precaria situación emocional y psicológica del interno, lo que condujo a la producción del resultado dañoso.

Ahora bien en el recurso de apelación, el Inpec manifestó que la entidad no debe responder por la muerte del recluso, a que se trató de un suicidio, por lo cual procedería la exoneración de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.

Al respecto conviene precisar que para que prospere esta causal de exclusión, es necesario que la actuación de la víctima haya sido el factor determinante para que presentara el daño, y si bien en principio un suicidio cumpliría con ese supuesto, en este caso particular las pruebas obrantes en el proceso dan cuenta de que sin la negligencia en el cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad, el daño no se habría presentado, razón por la cual debe descartarse la culpa el exclusiva de la víctima.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con una concurrencia de culpas, la Sala ha considerado:

“(...) será el juez quien en cada caso concreto el que valorará el curso o cursos causales existentes, para determinar la imputación fáctica del daño antijurídico, lo que permitirá establecer si operó una causa única o si existió una concausa, situación esta en la que habrá que fijar proporcionalmente, según el grado de participación de cada sujeto, el monto del perjuicio padecido.

Ahora bien, no significa lo anterior que toda conducta de la víctima tenga la suficiente dimensión o entidad para excluir o enervar la imputación frente al presunto responsable; el comportamiento de aquella para poder operar como causal exonerativa de responsabilidad debe ostentar una magnitud, de tal forma que .sea evidente que .su comportamiento fue el que influyó, de manera decisiva, en la generación del daño”(13).

De esta manera, aunque pudiera pensarse en una concurrencia de culpas, por cuanto el hecho de la víctima contribuyó a la configuración del resultado, es importante resaltar que de acuerdo con la historia clínica arrimada al proceso, en el momento de los hechos el recluso no estaba en pleno uso de sus capacidades mentales, porque si bien estaba recibiendo tratamiento para la depresión severa, según los registros médicos, pocos días antes del suicidio sufrió una crisis que obligó a mantenerlo inmovilizado en la cama y bajo sedantes, luego de lo cual presentó altibajos en su comportamiento pero con persistencia de las ideas suicidas y la depresión. Estas circunstancias particulares impiden que pueda atribuirse responsabilidad alguna al interno o que pueda calificarse su actuar como imprudente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2346 del C.C. y por tanto su conducta no puede tomarse en cuenta para efectos de declarar la existencia de una concurrencia de culpas, con la consecuente reducción del cuántum de la pena.

Corolario de lo anterior resulta que la providencia de primera instancia habrá de ser confirmada, teniendo en cuenta que el monto de la condena impuesta no fue objeto de la apelación y que la suma concedida a título de perjuicios morales se ajusta a los parámetros establecidos en la jurisprudencia de esta corporación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sale de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 14 de agosto de 2008, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones.

2. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La pretensión mayor según la demanda es de $ 150.000.000, y para el año 2004 la mayor cuantía era de $ 51.730.000.

(2) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp. 10922 C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) Consejo ele Estado Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón. Exp. 21515.

(5) Ibídem.

(6) Sentencia de enero 30 de 2013, Radicación 26604, actor Ana Dioneira Bustos Caballero y otros, demandados Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, M.P. Oiga Mélida Valle de De La Hoz.

(7) Reposan en folios: 8, 12, 13, 14, 16 a 30, 39 a 126, 128, 129, 131 a 144 del cuaderno de pruebas.

(8) Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, Expediente 2020171.

(9) Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2011, Expediente 36912.

(10) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Expediente 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 28 de 2010, radicado 18271, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, radicado 27434, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 13 de agosto de 2008, M.P. Enrique Gil Botero, Expediente 17042.