Sentencia 2004-01744 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2004-01744-01

Consejera ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 17 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar

Actora: Luz Marlene Suárez Romero

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

En orden a estudiar el asunto que nos ocupa, la Sala analizará los siguientes temas: 1). El objeto del litigio en la apelación; 2). El análisis del acervo probatorio allegado al proceso y, 3). La prohibición de adjudicar el bien baldío por ser propiedad privada.

1) El Objeto del litigio en la apelación

Observa la Sala, de la lectura del recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte actora, que la censura u oposición a la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar, radica en que no fue analizado con detenimiento el dictamen pericial practicado en la primera instancia y la afirmación efectuada por la apelante respecto de que el predio adjudicado a través de la resolución cuestionada, tampoco era un terreno baldío de propiedad de la Nación, porque antes había sido propiedad privada, luego, entonces, no podía ser adjudicado por el INCORA.

2) El análisis del acervo probatorio allegado al proceso

De conformidad con el cargo alegado por la apelante contra la sentencia de primera instancia, procede la Sala a realizar el análisis probatorio de las pruebas allegadas, con el propósito de determinar la legalidad de la Resolución 433 de 23 de mayo de 2002, enjuiciada en el presente proceso.

Observa la Sala que a folio 98 del cuaderno principal se encuentra el testimonio rendido ante el a quo el día 1º de abril de 2008, por el señor BALDOMERO QUINTERO SUÁREZ, en el cual se afirma: “PREGUNTADO: Dígale al Despacho lo que usted conozca en relación con los hechos que han dado lugar a la presente demanda… CONTESTÓ: Lo que yo conozco es que la señora LUZ MARLENE hizo la demanda contra el INCORA para que le anulen una decisión tomada por ellos en adjudicarle una finca a una sobrina mía, ella, por supuesto Luz Marlene, cree que esas tierras son mías y no de MARÍA FERNANDA DANGOND QUINTERO, no sé por qué dice eso si el INCORA fue preciso al titularle este bien a ella, a María Fernanda. PREGUNTADO: Dígale al Despacho si usted conoce la localización del predio que el INCORA tituló a la señora MARÍA FERNANDA DANGOND QUINTERO y de qué lo conoce. CONTESTÓ: La ubicación si la conozco, es vecina a un predio que tengo en mi propiedad y en ella pastoreo mi ganado, puesto que soy un simple tenedor del bien y aclaro que la posesión es plena de MARÍA FERNANDA”.

Igualmente, observa la Sala que a folio 109 del cuaderno principal obra el Certificado 972 de 23 de mayo de 2008, expedido por el director territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el que se advierte que el predio rural denominado “Mi Guajira” se encuentra inscrito a nombre de la señora MARÍA FERNANDA DANGOND QUINTERO.

Así mismo, a folios 127 y 128 del mismo cuaderno, obra el dictamen pericial rendido por el perito MANUEL GERMÁN CUELLO BARROS, en el que se lee: “…opté por consultarle a un moto-taxista de la población utilizando los nombres colindantes, y fue así como él mismo me manifestó conocer el predio de propiedad del señor BALDOMERO QUINTERO Y la Hacienda Río Blanco colindantes del predio materia de esta Litis, o sea, la finca Mi Guajira…, al dirigirme al predio vecino me recibió el señor BALDOMERO QUINTERO SUÁREZ y me informó que efectivamente el predio materia de esta litis es el que queda en frente de su predio denominado El Campamento”.

Y, finalmente, a folio 218 y 218 vuelto, del cuaderno principal, obra el testimonio rendido por el señor JUAN MANUEL OSPINA RESTREPO, en su condición de Gerente General del Instituto de Desarrollo Rural, INCODER, en el que se lee, entre otras cosas, que: “… el INCODER debe hacer todo el estudio jurídico de la legalidad de los documentos presentados y del proceso, y expedir la resolución de titulación; y quien esté interesado puede recurrir esa resolución en cinco (5) días, si no pasa nada queda el título en firme debiéndose registrar en la oficina de registro”.

Del análisis de las pruebas antes enunciadas y legalmente allegadas y practicadas dentro del proceso, estima la Sala que la accionante no logra desvirtuar la presunción de legalidad de que está revestida la Resolución 433 de 23 de mayo de 2002 por violación a los artículos 65, 69 y 72 de la Ley 160 de 1994, normas estas que aluden a los requisitos y procedimiento para la adjudicación de terrenos baldíos, y la acción procedente frente a dichos actos administrativos.

Afirmó la apelante, durante todo el proceso, que el verdadero poseedor del predio rural adjudicado es el señor BALDOMERO QUINTERO SUÁREZ. Sin embargo, lo que se extrae del expediente es que el mismo es propietario o poseedor del bien rural inmueble colindante con el denominado “Mi Guajira” y que en éste solo ejerce labores de pastoreo de su ganado, reconociendo, en todo momento, como verdadera propietaria del inmueble objeto de adjudicación a la señora MARÍA FERNANDA DANGOND QUINTERO.

3) De la prohibición de adjudicar el bien baldío por ser propiedad privada

Como se advirtió precedentemente, uno de los argumentos manifestados por la apelante en su recurso de alzada, se refiere a que el predio adjudicado a través de la resolución cuestionada, no era un terreno baldío de propiedad de la Nación, porque antes había sido propiedad privada, luego, entonces, no podía ser adjudicado por el INCORA, Instituto que solo puede adjudicar tierras baldías, que no hayan salido del dominio público estatal.

Para la Sala dicha afirmación no encuentra ningún respaldo en las pruebas allegadas al proceso. Por el contrario, el artículo 65 de la Ley 160 de 1994, reza: “La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad. Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa”.

De tal manera que para que se pudiera tener el bien adjudicado como de propiedad privada, en favor del señor BALDOMERO QUINTERO SÚAREZ, como lo pretende la actora, —de ahí que reclame gananciales frente al mismo—, era menester que el predio “Mi Guajira” hubiera sido adquirido, a título traslaticio de dominio por su ex cónyuge, situación que no aconteció en este caso, pues el mencionado señor QUINTERO SUÁREZ, no reconoce haber ejercido condición de ocupante, sino todo lo contrario, afirma que quien tenía esa condición era su sobrina MARÍA FERNANDA DANGOND QUINTERO, quien lo demostró, motivo por el cual se le adjudicó el referido predio.

En este sentido, el cargo alegado por la apelante contra la sentencia de primera instancia tampoco está llamado a prosperar.

Así pues, la Sala no encuentra mérito para revocar la sentencia impugnada y, por ende, procederá a confirmarla en su integridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 17 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».