Sentencia 2004-01852/42678 de abril 1º de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Radicación: 08001233100020040185201 (42678)

Actor: Ángel María León Zidán y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Bogotá, D.C., primero de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para decidir los recursos de apelación formulado por los demandantes contra la sentencia proferida por Tribunal Administrativo del Atlántico, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(31).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(32).

Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(33).

Así mismo, en providencia de Sala Plena radicación 24392 de agosto 23 de 2012, se dijo:

“Esta Sala, en Sentencia de 19 de abril pasado(34), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada Sentencia de la siguiente forma:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(35).

2.3. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo y sobre ella se ha dicho que “La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar Sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(36).

Sobre la legitimación en la causa, la Sala se ha referido a la existencia de una legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado y surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y por otra parte, habla de una legitimación material en la causa, que tiene que ver con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.

En tratándose de la legitimación en la causa por pasiva debe señalarse que ella se refiere a “la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante…”(37).

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, debe señalarse que en el proceso inicialmente radicado con el número 2004-1852C figura como demandante la señora Rita Nicole Zidán de León, pero al proceso se allegó copia del registro civil del matrimonio(38), en la que aparece una nota marginal que afirma que se decretó el divorcio del matrimonio y la disolución de la sociedad conyugal mediante Sentencia del Juzgado 2 de Familia de Barranquilla y se arrimó también copia de la citada providencia proferida el 11 de junio de 1996, en proceso adelantado por mutuo acuerdo, de manera que es claro que ella no puede válidamente reclamar para sí el reconocimiento de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante y tampoco los perjuicios morales, ya que no existía vínculo jurídico entre ellos y por esa razón no estando cobijada por la presunción, tenía la carga de probar la aflicción sufrida en su condición de ex esposa o como tercera damnificada.

2.4. Las pruebas.

1. Registros civiles de nacimiento de Ángel María León Zidán(39), Jairo José Martínez Velásquez, donde consta que es hijo de la señora Francia Elena Velásquez, Beatriz de Jesús Orozco Dueñas, Liz Carol, John Jairo, Víctor Hugo Martínez Orozco, Sonia Gibet, Luis Alberto, Nina Isabelia y José Benito Martínez Velásquez(40).

2. Registro Civil de Defunción de los señores Ángel Guillermo León Sánchez y Jairo Martínez Velásquez(41).

3. Registro civil de matrimonio católico celebrado entre Jairo Martínez Velásquez y Beatriz de Jesús Orozco Dueñas(42).

4. Recibo de Pago de la Casa Funeraria Nuestra Señora del Carmen por valor de $ 1.200.000 a nombre de la señora Beatriz Orozco de Martínez, se anotó que estaban pendientes $ 300.000(43).

5. Declaración del señor Enrique Luis Cotes Brugés quien manifestó que conoció al señor León, como una persona relacionada con negocios de hotelería y ganadería y al ser interrogado sobre las relaciones personales entre la víctima y los demandantes manifestó: “Diga el declarante como eran las relaciones personales existentes entre el señor Ángel Guillermo y los demandantes Ángel León Zidán y Rita Zidán. Contestado: Muy cercanas la relación del padre con el hijo y del señor con la señora como pareja”. En el mismo sentido, el testimonio del señor Juan Francisco Bolaño Arregocés, quien afirmó que el señor León se dedicaba a la ganadería, al comercio y a veces se desempeñaba como piloto porque tenía una avioneta y la alquilaba(44).

6. Declaración del señor Luis Andrés Estupiñán Chaustre quien para la época se desempeñaba como comandante del Departamento de Policía del Atlántico quien manifestó que el general Díaz lo citó y le presentó dos funcionarios de la DEA pero no trataron ningún tema específico de narcotráfico y como observó que era un asunto social abandonó la brigada. Posteriormente el mismo general Díaz lo cuestionó acerca de las irregularidades en el decomiso del cargamento de cocaína y él dispuso iniciar las investigaciones internas pertinentes y comunicó a sus superiores, pero nunca tuvo relación con el señor León Sánchez(45).

7. Copia autenticada de la providencia proferida por la Procuraduría General de la Nación(46), en el proceso radicado 155-87468/2003 mediante la cual se sancionó con multa de 30 días al coronel Luis Andrés Estupiñán Chaustre por abuso de autoridad por omisión de denuncia. En relación con la muerte del señor León, atribuida en principio al agente Villamil González, manifestó:

“Al respecto, este despacho resalta las inconsistencias e irregularidades que se presentaron en el levantamiento del cadáver y la ruptura que se produjo en la cadena de custodia que debía preservar las pruebas recopiladas por miembros del CTI de la Fiscalía, quienes hicieron presencia en el lugar de los hechos cuando el cadáver ya había sido trasladado por los familiares al Instituto de Medicina Legal, por lo que las evidencias fueron recaudadas sin el cumplimiento de los formalismos contenidos en el Decreto 1990 vigente para esa fecha.

A lo largo de esta investigación se estableció que en este caso se presentaron irregularidades en la preservación de la cadena de custodia, al estar demostrado que las vainillas de las balas disparadas, prueba fundamental que inculpa al Te. Villamil, llegaron al fiscal de conocimiento sin que exista constancia de cuál fue el funcionario judicial o con funciones de esa naturaleza que las recaudó y las entregó, así como se constató que las mismas no fueron levantadas en debida forma en la escena del crimen, lo cual torna en dudosos los procedimientos seguidos y no brinda certeza respecto del origen de tales cápsulas, ni acerca de lo que con ellas se puede probar”.

8. Copia autenticada de la providencia proferida por la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se declaró la prescripción de la acción en el proceso disciplinario arriba reseñado(47).

9. Oficio sin número, calendado el 4 de agosto de 2009, suscrito por el jefe seccional de inteligencia metropolitana de Barranquilla, mediante el cual manifestó que no se encontró información que señalara que las víctimas de ese proceso hayan sido informantes de dicha seccional. De igual forma indició que no figuran antecedentes penales como tal pero ambos presentan anotaciones por haber sido procesados por violación a la Ley 30 de 1986(48).

10. Copia de la Gaceta del Congreso Nº 532 del 10 de octubre de 2003, en la que fue publicada el acta número 6 correspondiente a la sesión plenaria del 9 de septiembre de 2003, donde se hizo un debate a la Ministra de Defensa y al Director de la Policía; en éste intervino el general Gabriel Díaz Ortiz, para ratificar lo que declaró en el proceso respecto de la entrega de los informantes, allí afirmó:

“…2 meses después estalla, yo no hablé después de que estalló, yo hablé 2 meses antes porque yo le dije al coronel allá delante de los 2 señores de la DEA cuando les llame la atención como un general y como un ciudadano colombiano que por qué habían fallado en el manejo de los informantes? Que les había entregado 3 vivos devolviendo muertos y el otro corriendo porque lo iban a matar también y además le dije al coronel Estupiñán, hay 2 testigos, hay declaraciones juramentadas aquí, en donde hay la prueba de que yo los entregué y les dije se los entrego aquí porque saben de 2000 kilos que vienen dentro de 5 días, dijeron bueno, gracias, ahí me quedé esperando para hacer la operación con el Ejército, a los 2 señores de la DEA les entregué yo los informantes”(49).

11. Copia autenticada de la providencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de justicia y paz, el 3 de abril de 2008, en el proceso adelantado por la muerte del señor Ángel Guillermo León Sánchez y Jairo Martínez Velásquez, mediante la cual se condenó a varios agentes de la Policía investigados y se absolvió al agente Fabio Alexander Villamil González, por el homicidio de Ángel Guillermo León Sánchez, teniendo en cuenta que respecto de las vainillas que presuntamente causaron la muerte de la víctima y que coincidían con el arma del señor Villamil, se rompió la cadena de custodia y en general se presentaron varias irregularidades ya que la víctima fue asesinada en la calle y los familiares no esperaron la presencia de la Fiscalía para efectuar el levantamiento del cadáver sino que procedieron a trasladarlo ellos mismos hasta medicina legal, de manera que no existe certeza acerca de cuál funcionario recogió los proyectiles y procesó la escena del crimen. Al respecto dijo:

“La grave falla investigativa antes relievada afecta la autenticidad de la prueba, en tanto que no se puede asegurar que las vainillas a las que se le practicó el dictamen balístico son las mismas que mataron a alias “El change”, esto es lo que hace que sea indescartable la hipótesis o teoría de la defensa de la plantación de la prueba, en tanto que no es imposible que las verdaderas balas homicidas, antes de la llegada de la Fiscalía / de la URI a la escena del delito, hayan sido recogidas de ese lugar y cambiadas por unas disparadas anteriormente por el arma de dotación del procesado Fabio Villamil, aclaramos que esta Sala de decisión no tiene razones fundadas para asegurar que hubo manipulación de esta prueba, pero desgraciadamente el caótico manejo inicial de la prueba no brinda elementos de juicio para decir lo contrario, esto es, que la conjetura defensiva de la fabricación de la prueba es probabilísticamente excluyente o rechazable.

(…).

La confirmación que ésta Sala impartirá a la absolución por homicidio agravado a favor de Fabio Alexander Villamil González, se impone no porque esté demostrado que es inocente, sino más bien porque no hay suficiente prueba de que es responsable...”

Debe señalarse que en la citada providencia se condenó al señor José Nicolás Cure Velásquez por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y uso de documento público falso, y se le condenó a pagar a los herederos de Ángel Guillermo León Sánchez una suma equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales por concepto de daño moral y no se concedieron los perjuicios materiales porque no fueron probados(50).

12. Copia autenticada de la providencia proferida por la Fiscalía 13 delegada, el 4 de junio de 2004, mediante la cual se ordenó la detención preventiva del Cr. Luis Andrés Estupiñán Chaustre, en la cual se dijo:

“Tal situación fáctica permitió evidenciar la existencia de toda una infraestructura delincuencial integrada por narcotraficantes, paramilitares y servidores públicos corruptos, los primeros dedicados al transporte y comercialización internacional de la sustancia, los segundos a brindar protección a los diferentes cargamentos y los últimos empreñados en retener temporalmente el estupefaciente a fin de extorsionar a sus propietarios, exigiendo toda clase de prebendas a cambio de no cumplir con su función constitucional y legal de contrarrestar este flagelo”(51).

13. Oficio 0793 MD-ASJUD-DIJIN-15.1, del 13 de agosto de 2009, suscrito por el subdirector de investigación criminal de la Policía, mediante el cual informa que las víctimas no registraban antecedentes y tampoco órdenes de captura(52).

14. Declaración del brigadier general retirado Gabriel Ramón Ortiz Díaz(53), quien manifestó:

“Efectivamente si conocí al señor Ángel Guillermo León Sánchez y lo conocí porque más o menos a finales de febrero o inicio de abril de 2002, llegó junto con su hermano Luis Alfonso León Sánchez, un señor de apellido Ortiz Griego y un señor que es de la Guajira que es el único vivo que existe de estos cuatro. En esa oportunidad llegaron a traerme una información sobre una coca que estaba enterrada en las playas de Puerto Velero y se hizo la operación con el batallón Vergara Velazco siendo efectiva, porque allí se decomisaron unos carros, no me acuerdo cuantas armas pero sí había armas, y alrededor de 564 kilos de cocaína (…) Posteriormente, finalizando junio o a principio de julio de 2002 llegaron los mismos 4 señores con otra información sobre la llegada a Barranquilla de un cargamento según ellos de 2000 kilos de cocaína, por dicha información ellos pedían una recompensa de 300 millones de pesos, pero como la brigada no tenía esa cantidad por eso yo estaba recurriendo al comandante de la división, al director de inteligencia del Ejército y al alto mando, quienes me informaron que como la institución no tenía dinero en esas cantidades para esos fines, es decir para el pago de información, entonces mis superiores me entregan un teléfono del agregado de defensa de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia que era el coronel William Graves, quien al recibir la información de parte mía y cumpliendo las órdenes de mis superiores le ordenó a 2 elementos de la DEA quienes se hicieron presentes en mi despacho a los 2 o 3 días para recibir la información y poner en contacto a los informantes con esos elementos de la DEA. La exigencia que me hicieron los 4 informantes era contundente en el sentido de que no querían nada con la Policía Nacional porque temían por sus vidas y dijeron que si eso llegaba a pasar por medio de la Policía los mataban, como debe constar en las declaraciones que yo rendí ante la UNAIM (Unidad Nacional de Interdicción Marítima de La Fiscalía General de la Nación) en Bogotá. Como dije anteriormente todo se hizo en cumplimiento de órdenes y una vez establecido el contacto entre la DEA y los informantes los elementos de la DEA se comprometieron a hacer la operación del decomiso con la segunda brigada del Ejército que yo comandaba y salen de mi oficina los informantes con los señores de la DEA y ahí nos quedamos esperando en la brigada la información para hacer la operación, cosa que nunca sucedió porque el día 16 de septiembre de 2002 llega el informante Luis Alfonso León Sánchez muy afanado y me informa que posiblemente unos policías habían asesinado a su hermano el alias el Changue o Ángel Guillermo León Sánchez y que estaba desaparecido alias el gordo o el señor de apellido Ortiz Griego. Me pidió protección y le dije que si él no ponía la denuncia ante las autoridades pertinentes de lo que me estaba diciendo yo no le podía prestar seguridad. Cuando me llevó la denuncia pertinente le presté seguridad correspondiente al informante (…) la aporto al proceso porque todos estos delitos cometidos por ese grupo de policías corruptos tiene como consecuencia la muerte de muchas personas, entre otros, la de este señor Ángel Guillermo León Sánchez, quien según la investigación realizada por las autoridades competentes fue asesinado con un arma oficial perteneciente a la Policía Nacional, lo dice la investigación tanto del CTI como de la Fiscalía. En el informe hecho por la Policía de fecha 10 de septiembre de 2002, da como datos fotografías sobre el decomiso y devolución de la cocaína con direcciones, fechas, vehículos y nombres de quienes participaron en la comisión de una serie de delitos que después van a desembocar en la muerte de los informantes. Quiero aclara que alias el gordo es Jairo Martínez Velásquez y que fue desaparecido según me informó a mí el señor Luis Alfonso León Sánchez el día 16 de septiembre de 2002 y que esa noche aquí en Barranquilla en una casa de un amigo de Luis Alfonso y Ángel Guillermo León Sánchez habían matado a Ángel Guillermo León Sánchez. Anteriormente cometí un erro al decir que Ortiz Griego era el informante muerto o desaparecido, pero la realidad es que el desaparecido en ese momento era el señor Jairo Martínez Velásquez quien el día 19 de septiembre de 2002 aparece asesinado por aquí cerca de Barranquilla no me acuerdo el sitio pero sí me alcanzó a contar Luis Alfonso León Sánchez, antes de salir al exilio y bajo la protección de la Fiscalía que alias el gordo lo había desparecido unos miembros del Gaula de la Policía que no sé quiénes son y que esa noche 16 de septiembre de 2002 habían matado a su hermano Ángel Guillermo León Sánchez, alias el Changue León. (…). Efectivamente el señor Jairo Martínez Velásquez alias el gordo hizo parte del grupo que fue a llevarme la información sobre los 2000 kilos de coca y todo lo que tuvo que ver el Ejército en relación a los 2000 kilos de coca fue poner en contacto a estos 4 informantes con la DEA y nada más porque el resto de acciones las cometieron según el mismo informe de la Policía Nacional 10 personas del Gaula de la Policía Nacional del Atlántico, 4 personas de la Sijín de la Policía del Atlántico y otro poco de personas ex policías que figuran en la investigación como alias Salomón (sic). Preguntado: diga el declarante si usted recuerda los nombres de los agentes de la DEA enviados por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia para los efectos de ponerse en contacto con los informantes. Contestó: Lo primero que me ordenaron mis superiores fue hablar con el coronel William Graves agregado de defensa de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia con quien hable y él me envía a los señores Mike Marsaj y Matt Donahue quienes recibieron la información de los informantes en mi presencia y salieron y después vine a tener conocimiento de lo que había sucedido de la muerte de Ángel Guillermo León Sánchez y el desaparecimiento y posterior muere de Jairo Martínez Velásquez el 16 de septiembre de 2002”.

15. Copia autenticada de la ampliación de testimonio de Jaime Alberto Pérez Charrys quien participó en los hechos relacionados con la droga y manifestó:

“Yo supe de la existencia del camión cuando estaba en Cartagena, de esto ya el Changue estaba informado. Como Changue era el encargado de la droga en la Costa, porque recuerde que Changue era trabajador de los Chesperitos o sea los mismos “Mellizos”, por eso él sabía de la llegada de la droga mucho antes de que ésta llegara a Cartagena. Change viajó con Nacho y Pingo o sea Alex Molina, para identificar el camión y para que en Barranquilla se coordinara con la Policía el operativo para abordar el camión. Por eso es que el camión con la cocaína es abordado cuando llega al peaje de Puerto Colombia…”(54).

16. Declaración rendida por la Ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, en la Fiscalía General, en la cual manifestó que conoció los hechos por conducto del brigadier general Díaz, quien la puso al tanto de lo ocurrido con la devolución de un cargamento de cocaína y la muerte de los informantes; aseguró que ante esa situación pidió las explicaciones pertinentes al Director de la Policía, sin recibir informe sobre el caso, de igual modo indicó que citó al comandante de la Policía en Barranquilla, coronel Estupiñán, quien le contó que sí hubo una desafortunada intervención de personal de la Policía en estos hechos y que no los puso en conocimiento de las autoridades judiciales pero si informó a sus superiores, conducta que ella consideró inaceptable pero a su juicio pudo ser consecuencia de la cultura institucional jerarquizada de las Fuerzas Militares, en la cual las actuaciones de los funcionarios subalternos se producen siguiendo estrictamente el conducto regular(55).

17. Oficio DSFB/GENAL/Nº 3740 del 13 de agosto de 2009, suscrito por la directora seccional de fiscalías en el cual se informó que en la base datos SIJUF no se encontró registro de los señores Luis Alfonso León Sánchez, Ángel Guillermo León Sánchez, Jairo José Martínez Velásquez y Alexander Villamil González, pero en la base de datos SIAN se encontró el siguiente dato:

“Ángel Guillermo León Sánchez: proceso 28468 estado actual vigente, juzgado segundo tribunales superiores de Santa Fe de Bogotá, delito Ley 30/86 estupefacientes(56)”.

18. Oficio DGOP-SIES-GIDE-ARRAJ-767081 del 15 de octubre de 2009, en el cual el DAS informa que el señor León Sánchez no tiene antecedentes según artículo 248 de la Constitución pero le figuran anotaciones en el tribunal nacional, investigación proceso 1816 por violación a Ley 30 de 1986, fiscalía regional solicitó antecedentes en proceso 32118 sin informar delito, en la fiscalía 6 seccional antinarcóticos solicitó antecedentes proceso 111 sin informar delito y juzgado 8 de instrucción criminal de Riohacha cancela orden de captura por infracción al Decreto 1188/74. Igualmente informó que contra Jairo José Martínez y Luis Alfonso León Sánchez no figuran antecedentes judiciales(57).

19. Oficio 162 Garma Deata, del 1 de junio de 2005, mediante el cual el almacenista de armamento Deata informó que “para la fecha 160902, la pistola Jericho, calibre 9 mm, modelo 941F, número de serie 97315242, estaba asignada al Departamento de Policía Atlántico, entregada en calidad de dotación oficial individual al señor Teniente Alexander Villamil González, entre el 150102 y 010803, quien para la fecha laboraba en la Sijín de la unidad”(58).

20. Copia autenticada del proceso penal adelantado por la muerte del señor Ángel Guillermo León Sánchez(59).

21. Dictamen LBA 1012 RN 2002, contentivo del laboratorio de balística forense en el cual se concluyó que las vainillas y proyectiles presuntamente recogidos en la escena del crimen son coincidentes con los disparos efectuados con un arma de dotación oficial del agente Villamil González(60).

22. Protocolo de necropsia 2002-00871 y 2002 00887 pertenecientes a las víctimas Ángel Guillermo León Sánchez y Jairo Martínez Velásquez, donde consta que el primero falleció por heridas de arma de fuego y el segundo presentaba huellas de ataduras y traumas por elemento contundente en muñecas y extremidades inferiores, tronco y cabeza, además de heridas con arma blanca de naturaleza mortal en cuello con laceración de grandes vasos y vía aérea. Falleció por anemia aguda secundaria a heridas por arma blanca en vasos del cuello(61).

Debe resaltarse que a pesar de haber solicitado mediante carta rogatoria información relacionada con los agentes de la DEA y su participación en los hechos, únicamente se pudo establecer que el señor Mathew Donahue laboró como funcionario administrativo de la embajada de los Estados Unidos desde el 9 de febrero de 1999 y terminó su misión el 2 de febrero de 2003 y no se encontró información sobre el señor Mike Marsat(62).

Ahora bien, en cuanto al material probatorio allegado al expediente en copia simple, se valorará conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, del 28 de agosto de 2013, que ha indicado que es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

Al respecto, la Sala Plena de Sección, en Sentencia de unificación, argumentó:

“La Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—. En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos leyes 1400 y 2019 de 1970. En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229). Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(…)

Desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes. De allí que, el proceso contencioso administrativo y, por lo tanto, las diversas etapas que lo integran y que constituyen el procedimiento judicial litigioso no pueden ser ajenas al llamado de los principios constitucionales en los que se hace privilegiar la buena fe y la confianza”(63).

En el presente asunto, observa la Sala que la mayoría de los medios de prueba relacionados fueron aportados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso dentro de periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, razón por la cual, conforme al precedente de esta subsección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica.

2.5. El daño antijurídico.

La existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 superior al que antes se hizo referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido éste como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que éste sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Sobre el daño antijurídico ha dicho la Corte Constitucional en sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996:

El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”.

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”.

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente probado, en el sub judice se concretó en la muerte de los señores Ángel Guillermo León Sánchez y Jairo Martínez Velásquez las cuales fueron debidamente acreditadas en el proceso con el registro civil de defunción y los protocolos de necropsia.

2.6. La imputación.

Establecida la existencia del daño antijurídico, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a las entidades demandas.

Los demandantes pretenden que se declare la responsabilidad de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores en virtud de la presunta participación de unos agentes de la DEA en los hechos, para lo cual manifiestan que corresponde a dichas entidades expedir la autorización para que éstos pudieran desempeñar funciones en el país.

Conviene señalar que es posible que en el marco de la colaboración internacional en la lucha contra la droga, funcionarios de otros países acompañaran algunas misiones especiales, pero debe precisarse que en este caso concreto no se probó la presunta participación de agentes de la DEA, pues aunque así lo señalaron los demandantes y lo afirmó también el brigadier general Díaz en sus declaraciones, la única prueba al respecto es una certificación donde consta que el señor Donahue trabajó en la Embajada de los Estados Unidos en labores administrativas, y que no se conoce vínculo alguno del señor Mike Masak (sic) con dicha agencia de seguridad.

Tampoco se allegó al proceso elemento probatorio que permitiera establecer la existencia de dichos convenios de cooperación y en qué términos fueron pactados, y sobre todo quién se encarga de vigilar su cumplimiento para determinar a quién debe atribuirse responsabilidad en caso de producirse un daño, o verificar si se otorga inmunidad.

Ahora bien, es sabido que el Presidente es el encargado de gobernar las relaciones exteriores del país, función que cumple bien directamente, o a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el ejercicio de esa facultad debe probarse en concreto, para que eventualmente proceda la atribución de responsabilidad, circunstancia que como antes se señaló aquí se echa de menos.

Así las cosas, para la Sala es claro que no procede endilgar responsabilidad al Ministerio de Relaciones Exteriores o a la Presidencia de la República al no haberse acreditado su participación o la autorización de miembros de la DEA en los hechos objeto de análisis.

Por otra parte en la apelación, los familiares del señor León Sánchez, solicitaron declarar la responsabilidad de la Policía Nacional, aduciendo que la muerte fue ocasionada por el agente de la Policía Villamil González, con su arma de dotación oficial, teniendo en cuenta el dictamen de balística obrante en el proceso penal, en el cual se concluyó que las vainillas involucradas en la muerte de la víctima coincidían con el arma que fue asignada a dicho policial.

Sin embargo, en las diferentes providencias arrimadas al plenario, proferidas por la justicia penal y también por la Procuraduría General de la Nación, en relación con la muerte del señor León Sánchez, se consignó que dicha prueba no podía ser valorada debido a que no existía certeza acerca de la procedencia de las mismas ya que no se respetó la escena del crimen y la familia de la víctima ni siquiera esperó la presencia del CTI para el levantamiento del cadáver sino que ellos mismos lo trasladaron a las oficinas de medicina legal, de modo que no se tuvo conocimiento de quién recogió los proyectiles, dónde los recolectó, cómo llegaron a ese sitio y si efectivamente esos elementos fueron obtenidos en el lugar de los hechos.

Esta circunstancia introdujo dudas insalvables respecto de la responsabilidad penal del sindicado Villamil González que llevaron a su absolución y en el sub judice, impide que se dé aplicación a la responsabilidad objetiva como lo solicitaron los demandantes, ya que no se tiene certeza acerca de que la muerte fuera causada con un arma de dotación oficial.

Ahora bien, las pretensiones de la demanda se orientan también a la declaratoria de responsabilidad del Ejército y la Policía por no haberle prestado seguridad a las víctimas que según se afirmó eran informantes.

Sobre la obligación de seguridad se pronunció la Corte Constitucional así:

“La jurisprudencia de esta Corte ha resaltado que la noción de “seguridad” se proyecta en tres dimensiones distintas, a saber: (i) como un valor constitucional, (ii) como un derecho colectivo y (iii) como un derecho fundamental.

(i) En cuanto al primer aspecto, se ha dicho que la seguridad está referida a la garantía de las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales por parte de quienes habitan el territorio nacional. La seguridad fue uno de los objetivos que movió al Constituyente a expedir nuestro texto fundamental: el preámbulo de la Carta dispone que fue voluntad del pueblo soberano asegurar a los integrantes de la nación la vida, la convivencia y la paz, entre otros.

En la misma dirección, el artículo 2º superior, establece que las autoridades están instituidas para salvaguardar a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

(ii) Respecto del segundo criterio, se ha dicho que la seguridad es un derecho colectivo, es decir “un derecho que asiste en forma general a todos los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el conglomerado social como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre competencia económica (C.P., art. 88)”.

(iii) Por último, en cuanto a la seguridad como derecho fundamental, se tiene que es aquél que permite a las personas recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuando quiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tienen la obligación de sobrellevar, por rebasar los niveles normales de peligro implícitos en la vida en sociedad. Por esto, “el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades por el Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad” (negrilla fuera de texto).

Este tribunal ha señalado que el derecho a la seguridad, a pesar de que no se encuentra expresamente nominado como fundamental en la Carta Política, proviene de una interpretación sistemática de la Constitución y de los diferentes instrumentos internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico interno, como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En virtud de lo anterior, la Corte ha señalado que el derecho a la seguridad personal no se ciñe únicamente a los eventos en los que esté comprometida la libertad individual (protección de las personas privadas de la libertad), sino que comprende todas aquellas garantías que por cualquier circunstancia pueden verse afectadas y que necesitan protección por parte del Estado; concretamente, la vida y la integridad personal como derechos básicos para la existencia misma de las personas.

En esta medida, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la función primordial de la labor protectora de las autoridades es la de provisionar efectivamente las condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de las personas en sociedad, sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su contra.

La seguridad, entonces, tiene que ser entendida como valor constitucional, derecho colectivo y derecho fundamental, teniendo en cuenta que este último aspecto constituye una garantía que debe ser salvaguardada por el Estado sin limitar su ámbito de protección (solo respecto las personas privadas de la libertad), sino por el contrario extenderse a los demás bienes jurídicos que en un momento determinado necesitan la adopción de medidas de protección, a fin de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física(64).

De igual forma, en Sentencia T-532 de 1995, la Corte Constitucional señaló que “los testigos, por su condición de informantes o declarantes, ponen en peligro su vida, su integridad personal y la de su familia, por lo que surge para el Estado la obligación de otorgar la protección que merece el colaborador ante el riesgo al que puede quedar expuesto como consecuencia de su testimonio” y recordó que las autoridades deben prestar medidas de protección individual a quienes estén amenazados, aún si no existe una norma que establezca dicha obligación, por tratarse de derechos fundamentales que son vinculantes y la Constitución tiene fuerza normativa directa(65).

Por otro lado, de acuerdo con lo señalado en la jurisprudencia de esta corporación, el Estado debe responder por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida y la seguridad de la víctima, es decir, de la omisión respecto de la conducta debida y en el caso de los informantes, por el riesgo al que es sometido quien colabora suministrando la información que posee.

En lo tocante a la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional, debe resaltarse que de acuerdo con las declaraciones del brigadier general Gabriel Díaz cuyas afirmaciones fueron corroboradas por las otras pruebas recabadas en las investigaciones penales y disciplinarias adelantadas en su contra por estos mismos hechos, su participación se limitó a recibir la visita de las víctimas, quienes le aseguraron tener conocimiento sobre un importante cargamento de cocaína, pero al verificar que la entidad no disponía de los 300 millones que solicitaban los informantes, por órdenes de sus superiores los puso en contacto con quienes dijeron ser agentes de la DEA, y luego, cuando fue llamado a calificar servicios acudió a todas las instancias superiores para denunciar lo ocurrido con la devolución de la droga que iba a ser incautada. Así lo reconocieron las providencias penal y disciplinaria, en que fue absuelto de toda responsabilidad en los hechos que dieron lugar a la muerte de las víctimas.

Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad atribuida a la Policía Nacional, conviene señalar que la Ley 62 de 1993, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, indica en su artículo 1º que la Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Así mismo, en su artículo 3º define a la Policía Nacional como un cuerpo armado, instituido para prestar un servicio público de carácter permanente, de naturaleza civil y a cargo de la Nación. Su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar la paz ciudadana.

El principal argumento que tuvo en cuenta el fallador de primera instancia fue que los señores León Sánchez y Martínez Velásquez no tenían la calidad de informantes porque no se probó que estuvieran registrados como tales ni que hubieran entregado información efectiva que sirviera para contrarrestar o prevenir un delito.

A juicio de la Sala, en este caso, la calidad de informante derivó no de las formalidades asociadas a dicha condición como el pertenecer o ingresar al registro que llevaban las autoridades con ese fin o haber logrado concretar un acuerdo con las autoridades para la entrega de información, porque debe notarse que según lo declarado por el general Díaz, en oportunidad anterior las víctimas habían entregado informes que sirvieron para incautar un cargamento de droga y por ello se les pagó una recompensa y antes de ser asesinados entregaron información sobre la llegada de un cargamento de 2000 kilos de cocaína, datos, que al parecer fueron utilizados por una banda criminal en la que participaban agentes de la Policía, quienes devolvieron la droga a sus dueños y también entregaron los nombres de los informantes.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que aparte del general Díaz, los testigos son contestes en reconocer que las víctimas eran informantes de las autoridades en el caso de las dos toneladas de cocaína presuntamente decomisadas en Barranquilla.

Para la Sala es claro que quien así se comportaba, no podía dejar de considerarse un informante, al margen de que no lograra concretarse un acuerdo de pago por los datos suministrados o no hubieran ingresado al registro elaborado con tal fin, (de hecho, la información se suministró y la droga fue encontrada, otra cosa fue que en lugar de decomisarse, en un acto de corrupción, fue devuelta a su dueño original); y aunque al cumplir con esa labor ellos eran conscientes de estar asumiendo un riesgo, no por ello puede exonerarse de responsabilidad al Estado que tenía la obligación de proteger a quien colaboraba en la obtención de resultados en la lucha contra las drogas.

No puede pasarse por alto el argumento según el cual el señor León Sánchez no podía tener la calidad de informante, dado que no era digno de credibilidad porque tenía antecedentes por narcotráfico, era requerido en varias investigaciones penales y al parecer tenía información sobre el cargamento porque se relacionaba directamente con los miembros de una banda de criminales. Sobre este aspecto debe tenerse en cuenta que en muchas ocasiones los informantes no son personas de conducta intachable ni irreprochable, por el contrario, se mueven en el mundo de quienes actúan al margen de la ley porque de hecho, es allí, en el marco de esas relaciones donde obtienen los informes que posteriormente suministran a las autoridades, pero esta circunstancia no los despoja de su condición de persona, titular de derechos fundamentales, en igualdad de condiciones con los otros ciudadanos, ni puede excluirlos de la protección que deben darle las autoridades en virtud de la colaboración que presten, teniendo en cuenta el riesgo que esto implica.

No obstante, en el presente caso, según el análisis probatorio, los agentes de la Policía que funcionalmente estarían obligados a prestar seguridad a las víctimas, con su actuación dieron lugar a que ellos fueran asesinados y de acuerdo con los fallos de la justicia penal, puede concluirse que participaron activamente en su muerte.

Acerca de este punto, la Policía Nacional manifestó que se trató de un hecho personal de los agentes involucrados, sin relación con el servicio, motivo por el cual no puede responder la entidad. No obstante, debe señalarse que en algunas ocasiones aunque el acto no sea cometido en el ejercicio de sus funciones procede la atribución de responsabilidad porque se actuó prevalido de su condición de miembro de la fuerza pública para materializar los actos punibles cometidos, lo cual excluye plenamente la configuración de la excepción propuesta por la Policía Nacional.

Para establecer si el hecho tiene o no relación con el servicio, esta Sección ha precisado lo siguiente:

“Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer ‘si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público”(66).

Las entidades demandadas propusieron la excepción de hecho de un tercero, por considerar que la muerte tuvo origen en un ajuste de cuentas de narcotraficantes por haber revelado la información sobre el cargamento de cocaína.

Sobre el punto, habrá de señalarse que en tratándose de la culpa de la víctima o del hecho de un tercero, corresponde a la parte que alega, probar la existencia de la causal de exoneración, pero además, y para lo que interesa al presente caso, la jurisprudencia ha afirmado que existe obligación de reparar los daños sufridos por las víctimas de un hecho violento causado por terceros cuando éste es perpetrado con la intervención o complicidad de agentes del Estado,

De acuerdo con lo antes expuesto, es procedente endilgar responsabilidad a la Policía Nacional por la muerte de las víctimas.

2.7. Los perjuicios.

2.7.1. Perjuicios morales.

Los perjuicios morales, se han definido como el dolor, el sufrimiento, tristeza angustia y otras manifestaciones sufridas por aquellos que padecen un daño y en tratándose de la muerte de un ser querido, se le da aplicación a las presunciones derivadas de las relaciones familiares, pero en otros casos es necesario probar la afectación o aflicción sufrida por quien lo solicita y se concede acudiendo al arbitrium judicis, que debe tener en cuenta, las características mismas del daño, su gravedad y extensión, es decir, los elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado.

Sobre el reconocimiento de los perjuicios morales ha dicho la Sala:

“Así las cosas, en esta oportunidad, la Sala reitera la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Ahora bien, no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sala —y de la Corte Suprema de Justicia también—, ha soportado la procedencia de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que, acudiendo al arbitrium judicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos para su cuantificación las características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez, y bajo esa concepción han de entenderse los lineamientos que la jurisprudencia ha llegado a decantar que en ese punto —el del quantum— obra como referente(67).

En cuanto al monto a reconocer por perjuicios morales, debe señalarse que la Sala Plena de la Sección Tercera, en providencia de agosto 28 de 2014, unificó su posición acerca de la indemnización en casos de muerte, así:

“A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 smlmv(68).

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

TABLA 1
TABLA 1
 

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva.

Pues bien, en este caso para probar el perjuicio moral se allegaron los registros civiles de nacimiento que dan cuenta de la condición, de madre, hijo y hermanos de los demandantes respecto de las víctimas, motivo por el cual se accederá a su reconocimiento.

En consecuencia se condena al pago de 100 smmlv para la esposa Beatriz de Jesús Orozco de Martínez, la madre Francis V. de Martínez, y los hijos Jhon Jairo Martínez Orozco, Liz Carol Martínez Orozco y Víctor Hugo Martínez Orozco y 50 smmlv para cada uno de los hermanos Luis Alberto Martínez Velásquez, Nina Isabela Martínez Velásquez, José Benito Martínez Velásquez y Sonia Martínez Velásquez.

Ahora bien en el caso del señor Ángel María León Zidán, quien tiene la calidad de hijo de la víctima, se observa que en el proceso penal adelantado por la muerte del señor León Sánchez, se profirió condena ordenando pagar a los herederos de éste la cantidad de 150 smmlv, pero como no existe en el proceso prueba de que éste valor haya sido pagado y le correspondía a la parte demandada probar que así ocurrió, se puede concluir que éste aún no ha sido indemnizado por el daño sufrido, y en consecuencia se ordenará el pago de 100 smmlv(69).

2.7.2. Daño a la vida de relación, daño a la salud.

Bajo este concepto, los demandantes solicitaron el reconocimiento de los “perjuicios que en su vida personal, social y de relación han sufrido como consecuencia de la divulgación a la opinión pública, (sic) la condición de informante de las agencias de seguridad del Estado, que desempeñaba el occiso, colocando en grave riesgo su vida y en consecuencia se les provea de los recursos necesarios para reconstruir su vida en otro país, en el cual se garantice su seguridad, digna subsistencia y desarrollo normal de sus vidas”.

Al respecto se considera que el reconocimiento de estos perjuicios debe negarse, teniendo en cuenta en la jurisprudencia de unificación proferida por esta Sala, el concepto de daño a la vida de relación fue modificado para precisar su alcance, y dicho concepto no se ajusta a lo solicitado por las partes. Sobre el punto dijo la Sala:

“Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad(70).

En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

Es así como la doctrina, sobre el particular señala:

Hecha esta identificación, entre el daño corporal y el daño a la salud, vemos que también se identifica con el perjuicio fisiológico; terminología que impera en la doctrina francesa para referirse al daño en la esfera funcional, como sinónimo del daño a la integridad física y psíquica de la persona; se denomina así porque afecta, como decimos, la esfera funcional con independencia de la pérdida de rentas que pueda ocasionar.

“Pero esta terminología es peligrosa porque se desliza hacia una realidad diferente. Como se ha precisado por la doctrina italiana, hay que matizar que, si bien a veces se utiliza como sinónimo del llamado daño biológico, la doctrina italiana más especializada, ha señalado que este último, es un concepto médico-legal, mientras que el daño a la salud es un concepto jurídico, normativo, que se encuentra consagrado en el artículo 32 de la Constitución...”71 (se destaca).

En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto que ya no es utilizado por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida en que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico —relacionado con la órbita psicofísica del individuo— y otros perjuicios que afectan valores, derechos o intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v.gr. la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las condiciones de existencia, entre otros)(71), sin que esta última categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes, razón para rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano, máxime si de manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la Sección Unida (Sala Plena) de la Corte de Casación Italiana, en la que se recoge el daño existencial dado, precisamente, de la amplitud y falta de delimitación conceptual que implicaba (imposibilidad de objetivización)(72).

Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial(73). En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(74). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(75).

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(76)(77).

2.7.3. Perjuicios materiales.

Previamente debe señalarse que los demandantes solicitaron el pago de la recompensa que según ellos fue pactada con las víctimas, petición que no es posible reconocer puesto que no se allegó soporte probatorio que dé cuenta de la existencia de dicho acuerdo entre los informantes y las autoridades, de manera que para las víctimas, el pago de la recompensa al momento de su fallecimiento no pasaba de ser una mera expectativa o eventualidad y por ello no puede ser reconocido a sus familiares.

La liquidación de los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, por la ayuda dejada de recibir por la muerte del señor Ángel Guillermo León Sánchez fue solicitada para su ex esposa de quien en acápite anterior se dijo que no estaba legitimada en la causa, por haberse decretado el divorcio y disuelto la sociedad conyugal.

Estos perjuicios se solicitaron también para el hijo pero como nació el 19 de enero de 1974, al momento de la muerte de su padre tenía 29 años, edad en la que se presume había salido del hogar paterno y era independiente, motivo por el cual se negará este reconocimiento.

En el caso de la familia Martínez Orozco, los perjuicios materiales deben ser reconocidos a su esposa y sus hijos quienes dependían económicamente del señor Jairo Martínez Velásquez, respecto del cual no se conoce su ocupación pero de acuerdo con lo señalado por esta corporación se presume que al estar en edad laboral, tenía un oficio en el cual devengaba por lo menos el salario mínimo.

Liquidación para Beatriz Orozco de Martínez

La liquidación se hará con el salario mínimo al cual se aumentará el 25% correspondiente a las prestaciones sociales y se le disminuirá el 25% que la víctima utilizaba en su sostenimiento, para un total de $ 646.363. Esta cantidad deberá ser dividida 50% para la cónyuge y el otro 50% entre los tres hijos, así: $ 646 363/2 = $ 323.181,5

Se tendrá en cuenta que al momento de su fallecimiento la víctima tenía 50 años, ya que nació el 28 de septiembre de 1952, mientras que su esposa nació el 14 de septiembre de 1054, razón por la cual se tomará la vida probable de la víctima que según el DANE era de 27.70, para un total de 332,4 meses, utilizando las fórmulas generalizadas por esta corporación.

La indemnización comprenderá un periodo consolidado que va desde la ocurrencia de los hechos, el 20 de septiembre de 2002, hasta la fecha de esta sentencia, Para un total de 162,36 meses, así:

TABLA2
 

TABLA3
 

Y otro periodo futuro que va desde la fecha de esta sentencia hasta la vida probable; en el caso del señor Martínez Velásquez, quien tenía 50 años al momento de su muerte su expectativa de vida era de 27.70 años, para un total de 332,4 meses, menos el periodo consolidado, total 170.04.

TABLA 4
 

TABLA 5
 

Por otra parte se concederá indemnización por concepto de daño emergente, teniendo en cuenta la factura de la funeraria donde consta que pagó $ 900.000 de un total de 1.200.000, para lo cual se actualizará el valor con el IPC.

TABLA 6
 

Total perjuicios materiales de la señora Orozco de Martínez: $ 118.635.734.

Liquidación para Liz Carol Martínez Orozco

Se reconocen perjuicios materiales en su condición de hija; se tiene en cuenta la presunción de independencia, de modo que solo comprenderá un periodo consolidado que va desde la ocurrencia de los hechos, el 20 de septiembre de 2002 (según la fecha del registro civil de defunción, puesto que estuvo desaparecido desde el día 16) hasta cuando cumplió 25 años, y como nació el 10 de octubre de 1980, se cumplieron en el año 2005, para un total de 36,33 meses. Como base para la liquidación se toma el 50% del salario mínimo dividido entre los tres hijos.

TABLA2
 

TABLA 7
 

Liquidación para John Jairo Martínez Orozco

Se reconocen perjuicios materiales en su condición de hijo, teniendo en cuenta la presunción de independencia, de modo que la liquidación solo comprenderá un periodo consolidado que va desde la ocurrencia de los hechos, el 20 de septiembre de 2002 (según la fecha del registro civil de defunción, puesto que estuvo desaparecido desde el día 16) hasta cuando cumplió 25 años, y como nació el 21 de diciembre de 1977, se cumplieron en el año 2002, para un total de 3,3 meses. Como base para la liquidación se toma el 50% del salario mínimo dividido entre los tres hijos.

TABLA2
 

TABLA 8
 

Liquidación para Víctor Hugo Martínez Orozco

Se reconocen perjuicios materiales en su condición de hijo, teniendo en cuenta la presunción de independencia, de modo que la liquidación solo comprenderá un periodo consolidado que va desde la ocurrencia de los hechos, el 20 de septiembre de 2002 (según la fecha del registro civil de defunción, puesto que estuvo desaparecido desde el día 16) hasta cuando cumplió 25 años, y como nació el 17 de mayo de 1985, se cumplieron en el año 2010, para un total de 91,90 meses. Como base para la liquidación se toma el 50% del salario mínimo dividido entre los tres hijos.

TABLA2
 

TABLA 9
 

2.8. Otras decisiones.

Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirió poder a la doctora María José Garcés Negrette, identificada con cédula número 35.117.824 de Cereté y tarjeta profesional número 189.609 del Consejo Superior de la Judicatura, para que representara sus intereses en el presente proceso, y como se acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos por la ley, se le reconocerá personería para actuar en los términos del poder a ella otorgado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 19 de septiembre de 2011 y en su lugar se dispone:

1. ABSOLVER de responsabilidad al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ejército Nacional, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones.

2. DECLARAR que la Policía Nacional es responsable por la muerte de los señores Ángel Guillermo León Sánchez y Jairo Martínez Velásquez, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia, CONDENAR a la Policía Nacional a pagar las siguientes sumas:

a) Por concepto de perjuicios morales a los señores Beatriz de Jesús Orozco de Martínez, Francis V. de Martínez, Jhon Jairo Martínez Orozco, Liz Carol Martínez Orozco y Víctor Hugo Martínez Orozco, el equivalente a cien (110) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de ejecución de la presente providencia, para cada uno, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia

b) Por concepto de perjuicios morales a los señores Luis Alberto Martínez Velásquez, Nina Isabela Martínez Velásquez, José Benito Martínez Velásquez y Sonia Martínez Velásquez, en su condición de hermanos de la víctima, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de ejecución de la presente providencia, para cada uno, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia

c) Por concepto de perjuicios morales al señor Ángel María León Zidán, el equivalente a cien (100) salarios mínimos, mensuales, legales, vigentes al momento de ejecución de la presente providencia, para cada uno, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia

4. CONDENAR a la Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales las siguientes sumas

a) A Beatriz de Jesús Orozco de Martínez $ 118.635.734.

b) A Liz Carol Martínez Orozco $ 4.269.731.

c) A John Jairo Martínez Orozco $ 357.493,

d) A Víctor Hugo Martínez Orozco $ 12.447.194.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. RECONOCER personería para actuar a la doctora María José Garcés Negrette, identificada con cédula número 35.117.824 de Cereté y tarjeta profesional número 189.609 del Consejo Superior de la Judicatura, para que representara sus intereses en el presente proceso, como apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos del poder a ella conferido.

7. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, al apoderado que ha venido actuando en el proceso.

8. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(31) La mayor pretensión de las demanda en el proceso 02799 es de $ 3.000 millones de pesos y en proceso rad. 1852 es de $ 3.500.000 s es de $ 200.000 sumas que supera la mayor cuantía para el año 2004 que era de $ 179.300.000.

(32) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(33) Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 16 de septiembre de 1999, exp.10922, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(34) Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia de 19 de abril de 2012. C.P. Hernán Andrade Rincón, exp. 21515.

(35) Ídem.

(36) Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 20 de septiembre de 2001, exp. 10973, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(37) DEVIS ECHANDÍA, Hernando; “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.

(38) Fls. 22 a 28, c. ppal.

(39) Fl. 20, c. ppal.

(40) Fls. 8 a 19, c. rad. 45592.

(41) Fls. 21, c. ppal. y 9 del c. rad. 4559.

(42) Fl. 11, c. rad. 4559.

(43) Fl. 43, c. rad. 4559.

(44) C. anexo 2. y fls. 458 a 459, c. ppal.

(45) Fls. 34 a 40, c. 1 D. comisorio.

(46) Fls. 628 a 646, c. ppal. 2

(47) Fls. 647 a 656, c. ppal. 2.

(48) Fl. 317, c. ppal.

(49) Fls. 321 a 369, c. ppal.

(50) Fls. 379 a 449, c. ppal.

(51) Fls. 591 a 619, c. 6.

(52) Fl. 456, c. ppal.

(53) Fls. 461 a 467, c. ppal.

(54) Fls. 621 a 626, c. 6.

(55) Fls. 540 a 549, c. ppal.

(56) Fls. 568, c. ppal.

(57) Fls. 573 y 574, c. ppal.

(58) Fl. 571, c. ppal.

(59) C. 3 y c. 4.

(60) Fls. 32 a 39 c. 3.

(61) Fls. 41 a 44 y 59 a 62, c. 3.

(62) Fl. 615, c. ppal.

(63) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.

(64) Corte Constitucional, Sentencia T-224 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(65) Sentencia T-339 de 2010.

(66) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 13303.

(67) Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia del 24 de agosto de 2012 rad. 24392. C.P. Hernán Andrade Rincón.

(68) Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 27709. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(69) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de enero 27 de 2016, rad. 20880; C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(70) “El daño subjetivo o daño a la persona es aquél cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser””. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, págs. 71 y ss. 71 VICENTE DOMINGO, Elena “Los daños corporales: tipología y valoración”, Ed. Bosch, Barcelona, 1994, pág. 139.

(71) “Allí se define el daño existencial [se refiere a la Sentencia de la Sala Plena de la Corte de Casación Italiana 6572 del 24 de marzo de 2006] como todo perjuicio causado en el hacer no reditual del sujeto, susceptible de ser constatado de manera objetiva, que altera sus hábitos y su modo de relacionarse, induciéndolo a alternativas de vida distintas, que inciden en el despliegue y realización de su personalidad en el mundo exterior.” KOTEICH Khatib, Milagros “El daño extrapatrimonial”, en “Diritto Romano Comune e America Latina”, Universidad Externado de Colombia, pág. 259.

(72) Ver: Corte de Casación Italiana, Sentencia del 24 de junio de 2008, publicada el 11 de noviembre de 2008, Nº 26972.

(73) Fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden que el concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño estético, el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo cual ha sido recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver entre otras, las sentencias: 2761 de 1990, 1341 de 1991, 11133 de 1990, 9170 de 1994, y 7262 de 1991.

(74) “Este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos.” CORTÉS, Edgar Ob. Cit., pág. 57.

(75) “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado.” ROZO SORDINI, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, pág. 209 y 210.

(76) “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico.” GIL Botero, Enrique “Daño Corporal-Daño Biológico-Daño a la vida de relación”, pág. 10.

(77) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 14 de septiembre de 2011, rads. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.