Sentencia 2004-01874 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 080012331000200401874 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Expediente: 36515

Actor: Edilberto Mercado Oquendo y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

1. De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción.

Por ser la demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82) y la Sala es competente para resolverlo, en razón de su naturaleza, pues la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

Se advierte que la decisión de darle prelación al presente caso, obedece a lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación el pasado 25 de abril de 2013, ocasión en la que se decidió que los expedientes que están para fallo en relación con daños causados por privaciones injustas de la libertad —entre otros temas—, pueden decidirse por las Subsecciones, sin sujeción al turno.

Finalmente, la acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por los perjuicios derivados de la privación de la libertad de que fue objeto el señor Edilberto Mercado Oquendo.

2. De la legitimación en la causa.

2.1. Respecto del señor Edilberto Mercado Oquendo, se tiene que este es señalado como el afectado directo de la privación injusta de la libertad alegada en el sub judice. A efecto de demostrar tal condición, al plenario fue allegada copia del proceso penal seguido en su contra (cuaderno de pruebas), el cual da cuenta de que efectivamente este fue investigado por el presunto delito de concusión y así mismo, que se profirió medida de aseguramiento en su contra en desarrollo de esta investigación, tal como se tiene de la resolución proferida por la Fiscalía Treinta de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública del 28 de julio de 2008 (fls. 205-230, cdno. pruebas). En consideración a esto, se tiene que el señor Mercado Oquendo se encuentra debidamente legitimado en la causa por activa.

Respecto de Donaldo José, Shyrlene Isabel y Rosa Mercedes Mercado Castro, quienes acuden al proceso en condición de hijos del señor Mercado Oquendo, se tiene que, de estos fueron arrimados al plenario sus respectivos registros civiles de nacimiento (fls. 18-20, cdno. ppal. 1), los cuales dan cuenta del parentesco referido; así las cosas, se encuentra debidamente acreditada su legitimación en la causa por activa.

En cuanto a Nevis Judith Castro Luque, quien dentro del escrito de demanda es señalada como esposa del señor Mercado Oquendo, fue arrimada certificación proferida por el Notario Tercero Barranquilla, la cual pone de presente el matrimonio católico celebrado entre los referidos accionantes (fl. 17, cdno. ppal. 1); sin embargo, al plenario no fue allegado el respectivo registro civil de matrimonio, prueba idónea para demostrar tal condición.

Empero, dentro de los registros civiles de nacimiento de los hijos del señor Mercado Oquendo, se pone de presente que la señora Castro Luque es la progenitora de estos, lo cual si bien no demuestra su condición de esposa, sí permite tener a la misma como damnificada.

2.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la Sala considera que independientemente de que la demanda se haya dirigido contra la Rama Judicial o la Fiscalía General de la Nación, la legitimada siempre es la Nación(2), que es la persona jurídica a la cual representa la autoridad que otorgó poder, lo cual no obsta para que, de acuerdo con lo probado en el expediente, se designe a una de ellas o a las dos como el centro de imputación de la condena, en función de su participación en los hechos dañosos.

Ahora, cabe aclarar que, si bien es cierto la demanda fue dirigida contra la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación, desde el principio se asumió como única accionada a la última de estas, tal como se tiene del auto que admitió la demanda (fls. 38-39, cdno. ppal. 1), el cual vinculó como demandada exclusiva a la entidad investigadora, decisión que si bien no fue objetada, resulta por demás ajustada a las circunstancias, por cuanto de conformidad con el libelo introductorio, así como por las copias de la investigación, se puede establecer que la las actuaciones que dieron lugar a la presunta privación de la libertad, fueron realizadas únicamente por la Fiscalía General de la Nación ya que el proceso no llegó a etapa de juzgamiento; en consecuencia, se tiene que se encuentra demostrada la legitimación material en la causa por pasiva de esta demandada.

3. De la caducidad de la acción.

En tratándose de los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(3).

En el caso concreto, se pretende declarar patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor Edilberto Mercado Oquendo.

De conformidad con las pruebas, resulta acreditado que la providencia mediante la cual se precluyó la investigación penal seguida en contra del accionante fue proferida el 3 de septiembre de 2002 (fls. 22-36, cdno. ppal. 1); a su vez, se tiene que esta decisión quedó ejecutoriada el 18 de septiembre de 2002 (fl. 21, cdno. ppal. 1), en tanto, el plazo límite para interponer la demanda era el 19 de septiembre de 2004.

Ahora, toda vez que la demanda fue interpuesta el 16 de septiembre de 2004, como se tiene de la constancia de presentación del libelo (fl. 9, cdno. ppal. 1), no había operado el fenómeno de la caducidad en el presente caso, por cuanto no habían transcurrido más de los dos años señalados en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

La Sala debe determinar si la presunta privación de la libertad que soportó el señor Edilberto Mercado Oquendo como consecuencia del proceso penal seguido en su contra y que culminó con resolución de preclusión, constituye una detención injusta, o si, como lo alega la entidad demandada, el procesado estaba llamado a soportar la detención.

III. Hechos probados

Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. El 28 de julio de 2000, la Fiscalía Treinta de la Subunidad de Delitos Contra la Administración Pública, al momento de definir la situación jurídica, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual fue sustituida por detención domiciliaria, en contra de Edilberto Mercado Oquendo como presunto autor del delito de concusión (copia de la providencia, fls. 205-230, cdno. pruebas), dicha decisión se sustentó en lo siguiente:

Por lo expuesto, como se dijo anteriormente, está demostrado que el señor Edilberto Mercado Oquendo indujo al señor Alberto Martínez De La Hoz a dar o prometer través (sic) Orlando Vizcaíno dinero indebido, a cambio de una supuesta ayuda dentro de la actuación procesal que se sigue en el despacho de la Fiscalía 34 de la Unidad de Vida, en la que presta sus servicios como asistente judicial, sin bien (sic) es cierto que no es de su resorte asumir las decisiones y menos de fondo en ningún instructivo que se lleve en ese despacho, no es menos cierto que logró llevar al conocimiento del inducido, a que si podía prestarle una ayuda efectiva; pero este convencimiento se desvaneció con la intervención del doctor Eliecer Arroyo, quien le aconsejó que se presentara ante el Director Seccional de Fiscalías para poner en su conocimiento los hechos anormales que se estaban presentado, y efectivamente así lo hizo, siguiendo los trámites correspondientes, para que se develara la conducta ilícita, hoy investigada en el presente proceso.

No se requiere que se efectivize (sic) la entrega o promesa, basta que se produzca la mera conducta del sujeto agente, por tanto no se requiere la verificación de resultado en al mundo fenoménico.

2. El 19 de octubre de 2000, la misma entidad procedió a resolver una petición realizada por el apoderado del señor Mercado Oquendo para que se revocara la medida se aseguramiento proferida en contra de su poderdante, petición que fue denegada por el fiscal investigador (fls. 487-493, cdno. pruebas).

3. El 29 de noviembre de 2000, la fiscalía que adelantaba el proceso procedió a negar una nueva solicitud de libertad incoada por el defensor del señor Mercado Oquendo, la cual se había sustentado en que habían transcurrido más de 120 días sin que se hubiere proferido calificación de la investigación, por cuanto dicho término aún no se había cumplido, señalando, además, que la detención del demandante se hizo efectiva el 14 de agosto de dicho año (fls. 555-557, cdno. pruebas).

4. Posteriormente, el 15 de diciembre de 2000, la Fiscalía que adelantaba la investigación tuvo a bien conceder la libertad provisional al señor Mercado Oquendo, por cuanto el referido término para proferir la calificación de la investigación ya se había superado sin que se expidiera tal resolución; esta decisión se le notificó al actor el 18 de diciembre de ese año. En esta providencia, nuevamente se señaló que la privación de la libertad del actor comenzó el 14 de agosto de 2000, y fue con esta fecha que se empezó a contabilizar el término para otorgar la libertad al entonces sindicado (fls. 569-572, cdno. pruebas).

5. Finalmente, el 3 de septiembre de 2002, al momento de proferir la calificación, el fiscal que adelantó el proceso precluyó la investigación en favor del señor Edilberto Mercado Oquendo (fls. 649-663, cdno. pruebas).

6. Respecto de esta última providencia, se tiene que contra la misma no fue interpuesto recurso alguno, por lo cual quedó ejecutoriada en debida forma el 18 de septiembre de 2002 (fl. 21 cdno. ppal. 1 constancia de ejecutoria).

V. Análisis de la Sala

En relación con el juicio de responsabilidad administrativa y patrimonial de la parte demandada, la Sala considera que no hay dudas sobre la existencia del daño alegado, pues está acreditado que el señor Edilberto Mercado Oquendo fue privado de la libertad mediante detención domiciliaria del 14 de agosto(4) al 18 diciembre de 2000, día a partir del cual se le notificó al demandante que se le había concedido el beneficio de libertad provisional; empero, permaneció vinculado al proceso hasta el 18 de septiembre de 2002, fecha en que quedó ejecutoriada la resolución por medio de la cual se precluyó la investigación seguida en su contra.

Es preciso advertir que para el momento en el que se profirió la preclusión de la investigación a favor del señor Edilberto Mercado Oquendo, ya había entrado en vigencia el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, que establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”, circunstancia que en el sub lite permite abordar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el criterio allí expuesto.

En efecto, al revisar el proyecto de dicha ley estatutaria, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996(5), condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (…).

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

Al respecto, la Sala ha considerado(6) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquellos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible.

Además, debe advertirse que durante la vigencia del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad estatal debía ser declarada en todos los casos en que se dictara una sentencia absolutoria o su equivalente —preclusión de investigación o cesación del procedimiento—, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible(7). Esta disposición quedó derogada el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000(8), esto es, el Código de Procedimiento Penal. No obstante, como lo ha recordado anteriormente la Subsección, los supuestos del artículo ya citado se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que aún con la pérdida de vigor del Decreto 2700 de 1991, las circunstancias señaladas en dicho canon continúan vigentes por expresa orden constitucional(9).

En el caso concreto, está probado que el señor Edilberto Mercado Oquendo estuvo privado de la libertad y que posteriormente se resolvió precluir la investigación penal adelantada en su contra por la presunta comisión del delito concusión, por cuanto no obraban pruebas que demostraran con certeza su participación en el punible imputado, lo que significa que la presunción de su inocencia quedó incólume.

En razón a lo anterior, se refiere el contenido de la resolución del 3 de septiembre de 2008 por medio de la cual la Fiscalía Treinta Delegada ante la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de Barranquilla decidió precluir la investigación seguida en contra del señor Mercado Oquendo (fls. 649-663, cdno. pruebas):

Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias encontramos que si bien es cierto que en la presente investigación penal el señor Alberto Jiménez De La Hoz y su señora esposa Maria Borja Pinedo, indican que el señor Edilberto Mercado, almorzó con ellos y a este le entregaron en varias oportunidades la suma de $20.000 pesos, también lo es que en la misma investigación estas declaraciones son desvirtuadas por el señor Jesús Castro, por cuanto fue claro al manifestar que el señor Mercado, nunca estuvo almorzando con ellos y mucho menos que haya recibido dinero por parte de su pariente Alberto Jiménez. Y así mismo encontramos que los esposos Jiménez y Borjas, manifestaron que el señor Edilberto Mercado, jamás les pidió dinero alguno.

De lo anterior se colige, que el señor Alberto Jiménez, actuó como retaliación porque pudo haber sido factible que tanto Vicaino (sic) como el señor Jesús Castro, le pudieron haber dicho en diferentes circunstancias que todo estaba bien y que era amigo del fiscal y del técnico, cuando a pesar de ello su hijo resultó con medida de aseguramiento, circunstancia esta que lo llevó a lo mejor a tomar decisiones apresuradas porque se pudo haber sentido burlado ya que de pronto le habían prometido la libertad de su hijo y resultó falso. Pero se observa que a todas estas promesas el señor Edilberto era ajeno. Porque está plenamente demostrado que este ni siquiera se reunió con ellos, tal como lo dice Jesús Castro pariente del denunciante.

Por otro lado está demostrado que el señor Evaristo Meza, en declaración jurada manifestó que si fue cierto que habló con el denunciante y que él fue contactado por intermedio del señor Vizcaíno y que el dinero que le incautaron al señor Vizcaíno, eran parte (sic) de sus honorarios y no del señor Edilberto, pues él iba a asumir la defensa del señor Luis Alberto Jiménez Borjas. Y así mismo encontramos que el señor Orlando Vizcaíno, manifestó que nunca se reunió con el señor Edilberto Mercado y que el dinero que le incautaron era parte de los honorarios del señor profesional del derecho Evaristo Meza. Por otro lado encontramos que el señor Edilberto Mercado, presentó pruebas documentales donde demuestra que estuvo almorzando en la fecha de los presuntos almuerzos, demostrando con ello, que él había estado en reuniones de Asonal y almorzó con los compañeros del sindicato, igualmente aparecen algunas inconsistencias en torno a la descripción del sitio de los presuntos almuerzos y las veces teniendo en cuenta que el señor Alberto Jiménez Borja, señala que almorzó con el señor Edilberto tres veces mientras su esposa señala que fueron dos veces. Circunstancias estas que hacen dudar de la credibilidad de estos declarantes y mucho más cuando su propio pariente Jesús Castro desvirtúa totalmente sus afirmaciones.

De lo anterior se colige que este despacho no puede endilgar responsabilidad penal al señor Edilberto Mercado, sobre la presunta conducta de concusión, por cuanto está demostrado a través de las declaraciones del señor Jesús Castro y del señor Vizcaíno, como tampoco les consta a los señores del CTI que este recibiera dinero por parte de las presuntas víctimas, porque si bien es cierto que al señor Vizcaíno, le incautaron la suma de $100.000 pesos, también lo es que está demostrado con la declaración jurada del señor Evaristo Meza, que ese dinero era parte de sus honorarios, ya prestablecidos. Y es por ello que se ha demostrado que Edilberto Mercado, nunca prometió nada, a los presuntos afectados, porque está claro que nunca se reunió con ellos nunca les pudo haber prometido nada ni mucho menos le exigiría dinero y así lo señala el denunciante que nunca le exigió dinero y como lo dice el sindicado en su injurada quien tomas decisiones es el Fiscal y efectivamente así se dio porque al señor fiscal Edilberto Corredor, profirió medida de aseguramiento contra el señor Luis Alberto Jiménez, lo que indica claramente que este no podía prometer nada a las supuestas víctimas porque quien lleva la dirección de los procesos son los señores fiscal (sic). Y es por ello que esta Fiscalía proferirá resolución de preclusión a favor del señor Edilberto Mercado Oquendo, por cuanto no se reúnen los requisitos del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal por cuanto no actuó aprovechándose de la calidad o investidura que ostentaba en esos momento ni mucho menos, ejecutó actos que no le competen por estar atribuidos a otra autoridad y tampoco actuó porque no tenía competencia para tomar la decisión de fondo dentro de la investigación penal, modalidades que señala la Corte mediante sentencia de fecha mayo de 1997 con ponencia del magistrado Fernando Arboleda. Con respecto a la conducta de concusión. Y es por ello que compartimos la estimación del abogado defensor Víctor Manuel Cruz.

Así las cosas, para la Sala es claro que la preclusión de la investigación en favor del señor Edilberto Mercado Oquendo se dio por cuanto el material probatorio recaudado en la investigación penal no permitió determinar que el demandante hubiera tenido participación en los hechos que se le pretendían endilgar; esto, por cuanto las pruebas que obran en la investigación penal, al momento de ser valoradas por el fiscal del proceso, resultaron ser contradictorias y, por tanto, fueron desechadas, dando lugar a la preclusión de la investigación. Cabe señalar que estas mismas pruebas fundamentaron, en su momento, la medida de aseguramiento proferida en contra del demandante.

Ahora bien, la Fiscalía General de la Nación alegó que las pruebas inicialmente recaudadas resultaban suficientes para proferir la medida de aseguramiento en contra del sindicado, y que si bien es cierto se permitió su exoneración al momento de calificar el sumario, esto obedeció a que las pruebas inicialmente recaudadas fueron valoradas y desvirtuadas en esa instancia de la investigación.

Sobre el particular, la Sala se permite reiterar que no es necesaria la demostración de que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de error, ya que a la víctima le basta con probar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con una decisión favorable a su inocencia y que se le causó un perjuicio con ocasión de la detención, para que surja a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos(10).

Esta regla se sustenta en la constatación de que la persona, por el hecho de vivir en comunidad, no está obligada a soportar una carga tan lesiva de sus derechos fundamentales y, en general, a su proyecto de vida, como la privación de la libertad, sin recibir a cambio algún tipo de compensación. Sobre el particular se ha señalado:

La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria solo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un, desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la norma fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(11).

Por otra parte, tampoco se encuentra demostrado que la privación de la libertad haya sido causada por culpa exclusiva de la víctima, toda vez que las pruebas que dieron lugar al proceso penal seguido en contra del señor Mercado Oquendo no brindaban información certera sobre su participación en el delito imputado.

En este orden de ideas, como se trató de una imputación penal contra del actor que culminó con preclusión de la instrucción a su favor, debido a que no se demostró que hubiera sido autor o partícipe de los delitos que se le imputaban, y teniendo en cuenta que no se encontró demostrada el hecho exclusivo y determinante de la víctima en la generación del daño, la Sala concluye que en el presente caso se dan todos los presupuestos para que pueda predicarse responsabilidad a cargo de la Nación – Fiscalía General de la Nación, a la cual le son imputables los perjuicios padecidos como consecuencia de la medida judicial, en cuanto que la privación de la libertad del accionante fue una carga que no estaba obligado a soportar.

Para la Sala, la preclusión tuvo que ver con que el procesado no cometió el delito endilgado, sumado a que la conducta punible imputada no se demostró. En efecto, las razones que llevaron a absolver al señor Mercado Oquendo, se reitera, se contraen a la inexistencia de medios de pruebas que lo incriminen en la ejecución de conductas tipificadas como delito.

En esta instancia, cabe aclarar que, si bien el a quo señaló que dentro del proceso penal se habían recaudado pruebas que permitían inferir la participación del actor en los hechos delictivos que se le imputaban, es propio indicar que las mismas fueron valoradas y desechadas por el fiscal que adelantó la investigación, lo que lo llevó a concluir que no había lugar a acusar al señor Mercado Oquendo por los delitos que se le pretendían endilgar y en consecuencia, se ordenó la preclusión de la investigación.

Así las cosas, toda vez que el ente investigador realizó la valoración probatoria suficiente para declarar que no había lugar a acusar al demandante, mal puede la jurisdicción de lo contencioso administrativo asumir dicha evaluación sobre el acervo probatorio recaudado en una investigación penal, por cuanto esto vulneraria la autonomía de los entes judiciales y generaría una inseguridad jurídica, ya que se estaría señalando la participación en la comisión de un delito de una persona que fue absuelta de las imputaciones penales que se le hicieron; en tanto, se tiene que, no resulta ser del resorte de esta corporación llevar a cabo una nueva valoración de las pruebas que el fiscal que conoció del caso ya realizó, y frente a lo cual no se hizo oposición alguna, por lo que quedó su decisión incólume, por cuanto de hacerlo así, además, convertiría a esta jurisdicción en una nueva instancia del proceso penal.

Finalmente, cabe aclarar que la responsabilidad patrimonial por el daño causado a los demandantes es imputable únicamente a la Fiscalía General de la Nación, pues fue en virtud de las actuaciones de esta entidad que se privó de la libertad al señor Mercado Oquendo.

VI. Liquidación de perjuicios

Para fijar el valor correspondiente a la reparación del perjuicio moral, la Sala advierte que la condena se proferirá en el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)(12).

En los casos de privación injusta de la libertad, la Sala presume que el individuo sometido a detención padece un sufrimiento “por haber sido la persona que estuvo injustamente privada de la libertad, con todas las incomodidades y sufrimientos que la restricción al mencionado derecho fundamental conlleva, sin que sea necesario aportar pruebas adicionales para acreditarlo, pues así lo enseñan las reglas de la experiencia”(13).

En relación con la cuantificación del perjuicio, en reciente decisión de la Sala Plena de esta Sección se unificaron los criterios para la tasación del perjuicio moral en casos de privación injusta de la libertad, con base en los siguientes parámetros: (i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; (ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; (iii) la gravedad de la conducta por la cual fue investigado y/o acusado el sindicado; (iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad(14).

En la misma providencia, la Sala consideró que, sin perjuicio de las circunstancias especiales de cada caso, los siguientes lineamientos permiten orientar la discrecionalidad del juez para la tasación de tales perjuicios: (i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMLMV; (ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; (iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; (iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; (v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; (vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMLMV; y (vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados(15).

Para efecto del reconocimiento de este perjuicio, se tendrá en cuenta el tiempo que duró la privación de la libertad entre el 14 de agosto y el 18 de diciembre 2000, esto es, 4 meses y 4 días, teniendo en cuenta, además, que al señor Mercado Oquendo le fue impuesta la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

Así las cosas, y en atención a la reciente sentencia de la Sala Plena, el valor de la condena por este concepto en favor de Edilberto Mercado Oquendo asciende a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por ser este el valor mínimo por reconocer a una persona que estuvo privada de la libertad por un período comprendido entre los 3 y los 6 meses, tal como se señaló en el criterio antes expuesto.

Para la compensación del perjuicio moral causado a los familiares del señor Mercado Oquendo, se comprueba que, como se señaló en el acápite de legitimación en la causa, sus hijos son Rosa Mercedes, Donaldo José y Shyrlene Isabel Mercado Castro; y de igual forma, que se estableció como damnificada a la señora Nevis Judith Castro Luque, quien acudió al proceso aduciendo ser esposa del señor Mercado Oquendo.

Esta Sala ha dicho que el parentesco constituye indicio suficiente de la existencia, entre miembros de la misma familia, de una relación de afecto profunda y, por lo tanto, del sufrimiento intenso que experimentan unos con el padecimiento de otros(16). En tal medida, y con base en el criterio ya señalado, se reconocerá el valor equivalente a 50 SMLMV a favor de los hijos del señor Mercado Oquendo, al igual que para la señora Castro Luque.

En el escrito de demanda, igualmente se hace la petición de que sean reconocidos los perjuicios por daño a la vida de relación por una suma equivalente a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cuanto se causó un daño extrapatrimonial a la vida exterior del señor Mercado Oquendo; sin embargo, esta aseveración carece totalmente de material probatorio que lo sustente, ya que ni con el escrito de la demanda, ni a lo largo del trámite del proceso, se allegó prueba alguna que fuera conducente a determinar que dichos perjuicios se hubieran causado; en consecuencia, no habrá lugar reconocimiento de perjuicios por este concepto.

En lo que tiene que ver con la indemnización por daño emergente, se tiene que, la parte demandante solicitó el pago de diez millones de pesos ($10.000.000), por concepto de los honorarios profesionales que se causaron en la defensa del señor Mercado Oquendo dentro de la investigación penal seguida en su contra; sin embargo, esta pretensión carece totalmente de sustento probatorio, toda vez que en el plenario no reposa elemento alguno que determine el pago de dichos emolumentos, ya que no se trajo a este proceso el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre el demandante y el abogado que representó sus intereses en el proceso penal, así como tampoco, obra en el plenario constancia del pago de la referida cifra, pues no hay recibos que den cuenta de ello, medios de prueba, entre otros, que habrían podido ser traídos al plenario para así determinar el reconocimiento de esto perjuicios.

En esa medida, toda vez que no existe prueba alguna de que efectivamente se haya causado un perjuicio por el pago de honorarios por causa del proceso penal seguido en contra del demandante, la Sala negará el reconocimiento de esta pretensión.

VII. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico el 8 de abril de 2008, la cual quedará así:

Primero: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a La Nación–Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Edilberto Mercado Oquendo.

Segundo: CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de compensación de los daños morales, a favor de Edilberto Mercado Oquendo, Donaldo José Mercado Castro, Shyrlene Isabel Mercado Oquendo, Rosa Mercedes Mercado Oquendo y Nevis Judith Castro Luque, el valor equivalente a 50 SMLMV para cada uno de ellos.

Tercero: El presente fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirán copias auténticas de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados.

Cuarto: NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda

Quinto: Sin condena en costas.

Sexto: Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

Séptimo: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Para tal efecto puede consultarse el auto de 9 de septiembre de 2008 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(2) Ver, al respecto, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 28 de septiembre de 2012, Exp. 22253, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(3) En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, Exp. 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(4) Fecha que se determina de las providencias del 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2000, proferidas por el fiscal que adelantó la investigación, toda vez que no hay prueba que demuestre desde que fecha inició la privación de la libertad del actor.

(5) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(6) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Decreto 2700 de 1991. “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(8) Ley 600 de 2000. “ART. 535.—Derogatoria. Derógase el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente ley”.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, Exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2013, Exp. 29779, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 24688, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232-15646, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 18370, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 20 de febrero de 2008, Exp. 15980, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

(15) Ibídem.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, Exp. 14 808, C.P. Germán Rodríguez.