Ramiro Pazos Guerrero

 

Sentencia 2004-01180 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 150012331000200401880 01 (38372)

Actor: Compañía de Transportes Hunza Ltda.

Demandados: La Nación – Ministerio de Justicia – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y María Melva Orozco Pardo.

Naturaleza: Acción de reparación directa (apelación de sentencia).

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Presupuestos procesales.

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente.

La Sala es competente para conocer del presente recurso, comoquiera que el proceso del que proviene tiene vocación de doble instancia(8). Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 270 de 1996 al desarrollar la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados con la actividad de administrar justicia. El trámite invocado, conforme a la naturaleza del asunto, es el que corresponde a la Acción de Reparación Directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

1.2. La legitimación en la causa.

Teniendo en cuenta el interés que le asiste como propietaria(9) del vehículo que fue afectado con la medida de embargo y secuestro, por activa se encuentra legitimada la Compañía de Transportes Hunza Ltda.

Con relación a la legitimación por pasiva y, rememorando que tanto la demandada como el Ministerio Público consideran que la declaratoria de responsabilidad debe extenderse al Consejo Superior de la Judicatura y no solamente a la Rama Judicial, sea lo primero advertir que la Rama Judicial está constituida por un conjunto de órganos que la integran(10), entre los que se encuentra el Consejo Superior de la Judicatura cuya función es, precisamente, la de administrar la Rama Judicial(11), razón por la cual y, siendo la Nación el centro de imputación, para los efectos del presente caso, ya sea que se trate de las actuaciones del auxiliar de la justicia o de la Juez de conocimiento, la representación recae por igual en el director ejecutivo de administración judicial(12), quien precisamente ha venido actuando dentro del proceso como convocado por pasiva. Así las cosas, entiende la Sala que por pasiva se encuentra legitimada la Nación – Rama Judicial – Dirección de administración judicial.

Por otro lado, la Sala advierte que la demanda fue formulada de manera conjunta contra la entidad y la funcionaria pública de cuya actuación se predica el daño antijurídico, lo que de inmediato bifurca la legitimación por pasiva y conlleva a reflexionar sobre cuál es la interpretación evolutiva del artículo 90 constitucional y, por ende, cual el sentido consolidado que dicha disposición ha alcanzado dentro de la fisiología de la responsabilidad extracontractual, para determinar, en últimas, si bajo una hermenéutica presente es posible que el afectado convoque directamente al funcionario público en sede de demanda, o si por el contrario, el diferimiento de tal potestad se reserva para el Estado mediante los dispositivos del llamamiento en garantía y la acción de repetición.

Como se recordará, desde antes de la Constitución de 1991, el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, disponía que:

Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere. 

Sin mayores discrepancias, la conformación del extremo pasivo en los asuntos de responsabilidad extracontractual del Estado, a partir de la disposición citada, podía integrarse de tres formas: (i) demandando solamente a la entidad; (ii) demandando solamente al funcionario y (iii) demandando tanto a la entidad como al funcionario. La práctica jurídica, guiada por una pragmática escogencia, da cuenta del desuso de la segunda opción, sin que por ello desapareciera del plexo de posibilidades normativas al alcance del demandante. Se trataba por tanto, de un aspecto de mera legitimación que no alcanzaba a repercutir en términos de responsabilidad solidaria, pues en el evento de condena, como la propia norma lo indica, era la entidad, la llamada a repetir contra el funcionario, sin limitarse a los procesos contractuales como hasta ese momento ocurría(13).

Con el advenimiento de la Constitución de 1991 y, específicamente en lo que hace al artículo 90(14), no solamente se constitucionalizó el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en función de los daños antijurídicos, sino también, la obligación de repetir contra el funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa los hubiese procurado. Desde luego, la estructura óntica del mencionado artículo deslindaba dos ámbitos de responsabilidad que si bien se auto-implicaban, no podían confundirse. Desde esta perspectiva constitucional, la titularidad exclusiva del Estado para repetir, podía deducirse que desplazaba la facultad que al demandante le otorgaba el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo para invocar por pasiva al funcionario público.

No obstante, tal entendimiento decayó en virtud del análisis de exequibilidad que por entonces hiciera la Corte Constitucional a cerca del artículo 78 del Código Contencioso Administrativo y su interpretación a la luz del nuevo postulado constitucional. En dicho momento, el máximo tribunal de lo constitucional sostuvo:

Ahora, cabría preguntarse, si por el hecho de que el artículo 78 autorice que la demanda pueda promoverse contra la entidad comprometida en el daño, o contra ésta y el funcionario, ¿se desbordan los límites de la regulación constitucional? 

Desde luego que no, porque la referida norma debe ser entendida bajo la idea de que sólo después de que se declare la responsabilidad y se condene a la entidad pública, es cuando ésta puede repetir contra el funcionario. De manera que con la demanda simultánea de la entidad y del agente no se vulnera la mencionada norma constitucional, sino que se atiende a la economía procesal, porque en un mismo proceso se deduce la responsabilidad que a cada uno de ellos corresponde. (Se resalta).

(...) 

La demanda que pueda incoar el perjudicado contra la entidad responsable o contra su agente, de manera conjunta o independientemente, no contraviene el artículo 90 de la Constitución, porque la norma acusada no autoriza que se pueda perseguir exclusivamente al funcionario, sin reclamar la indemnización del Estado. (Se resalta). 

(...) 

En síntesis, el funcionario puede ser condenado a repetir siempre que haya sido demandado en un proceso conjuntamente con la entidad pública, o cuando es llamado en garantía en éste, o cuando se le impone la obligación de restituir a la entidad pública lo pagado en proceso separado, según la norma antes transcrita(15). 

De esta forma, el intérprete autorizado —Corte Constitucional— concibió que el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo y, concretamente, la posibilidad de demandar directamente al funcionario era compatible con el artículo 90 constitucional pero bajo el entendido que solo después de declarada la responsabilidad y condenada la entidad se podía repetir contra el funcionario; es decir, supeditó el sentido de la norma en cuestión, al ejercicio y los fines de la repetición.

En concepto de Saavedra Becerra “el pronunciamiento de la Corte es incompleto porque el artículo 78 del código (D.L. 001/84), al contrario de lo que afirma el Alto Tribunal sí autorizaba que se pudiera perseguir exclusivamente al funcionario, sin reclamar la indemnización del Estado(16). En función de lo que se considera una “interpretación caritativa”(17), la Sala considera que lo que vino a referir la Corte Constitucional está más allá del sentido que le atribuyó Saavedra Becerra, pues en manera alguna la Corte Constitucional ignoró la posibilidad que traía el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo para demandar insularmente al funcionario, más aún, partió de ésta, para implícitamente sostener que la misma solo tenía cabida constitucional si se acompañaba de la demanda a la entidad pública; es decir, que la manifestación sobreentendida de la Corte condujo a que de las tres posibilidades que traía el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, solamente eran constitucionales dos: (i) demandando solamente a la entidad; (ii) demandando tanto a la entidad como al funcionario, ambas a expensas de la repetición, con lo cual y desde entonces, se concibió inconstitucional la posibilidad de demandar exclusivamente al funcionario. Esto se evidencia, cuando la Corte Constitucional dijo que: “La demanda que pueda incoar el perjudicado contra la entidad responsable o contra su agente, de manera conjunta o independientemente, no contraviene el artículo 90 de la Constitución, porque la norma acusada no autoriza que se pueda perseguir exclusivamente al funcionario, sin reclamar la indemnización del Estado. (Se resalta).

Para lo que aquí nos interesa, lo que cuenta es que asertivamente la Corte Constitucional condicionó la interpretación del precepto (art. 78 CCA en sus dos posibilidades constitucionales) al ámbito específico de la repetición(18); es decir, la utilidad de la norma se trasladó por completo al contexto de la repetición y no podía ser de otra manera en virtud de la intangibilidad del artículo 90 constitucional.

Debe entenderse igualmente, que para ese momento aún no se había reglamentado la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, lo cual vino a suceder al poco tiempo, con la expedición de la Ley 678 de 2001, suceso que desencadenó un progreso evolutivo en la línea de interpretación que se traía y, que a la postre, como se verá, implicó una derogatoria tácita de la posibilidad de convocar directamente por parte del demandante al funcionario público y aquí ya nos referimos a la posibilidad de convocarlo conjuntamente con la entidad, pues como atrás se dijo la opción de demandarlo exclusivamente quedó defenestrada desde el anterior pronunciamiento constitucional.

En efecto, si damos por sentado que la interpretación del artículo 78 del Código Contencioso Administrativo se anclaba teleológicamente al deber ex post de repetir, como previamente lo había determinado la Corte, la Ley 678 de 2001 demarcó la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, con fines de repetición y, en su libertad de configuración solamente consagró dos eventos: (i) la acción de repetición y (ii) el llamamiento en garantía, dejando por fuera de los fines de la repetición la vinculación directa del funcionario por parte del demandante.

Esta concepción hermenéutica se afianzó precisamente a partir del pronunciamiento de la Corte Constitucional con ocasión del examen de constitucionalidad de la Ley 678 de 2001, allí la Corte sostuvo que:

Es claro, entonces, que el sujeto de la imputación de responsabilidad es el Estado, vale decir que no hay responsabilidad subjetiva del servidor público de manera directa con la víctima de su acción u omisión, sino una responsabilidad de carácter institucional que abarca no sólo el ejercicio de la función administrativa, sino todas las actuaciones de todas la autoridades públicas (...) es claro que luego de trabada la relación jurídico-procesal entre la víctima demandante y el Estado demandado que tienen la calidad de partes originarias del proceso, puede el Estado impetrar que se vincule al servidor público que hasta ese momento es un tercero ajeno al proceso, para que en adelante tenga la calidad de tercero interviniente y, en consecuencia, se haga parte forzosa desde entonces, llamándolo en garantía, para que en una misma sentencia se decida si el Estado es responsable patrimonialmente y si el servidor público obró o no con culpa grave o dolo para imponerle entonces la obligación de reembolsar lo pagado por el Estado al demandante inicial(19). (Se resalta). 

Luego de este recorrido, solo bajo una hermenéutica equivocista se podría seguir defendiendo un régimen triunviral, e inclusive dual de legitimidad pasiva en los casos de responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado. Por el contrario, la interpretación evolutiva y consolidada, lleva a la Sala a sostener que el criterio vigente y conforme desde el cual se interpreta el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, se delinea a partir de las siguientes reglas: (i) Antes de la Constitución de 1991 la legitimación por pasiva derivada del artículo 78 del Código Contencioso Administrativo se integraba a partir de cualquiera de estas tres posibilidades: a) demandando solamente a la entidad pública, b) demandando solamente al funcionario público y, c) demandando conjuntamente a la entidad y al funcionario. (ii) Desde la Constitución de 1991, en los términos de la Sentencia C-430 del 12 de abril de 2000 y hasta la entrada en vigencia de la ley 678 de 2001 la legitimación por pasiva derivada del artículo 78 del Código Contencioso Administrativo se redujo a dos posibilidades: a) demandando solamente a la entidad pública, b) demandando conjuntamente a la entidad y al funcionario y (iii) a partir de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001 solamente es posible trabar la relación jurídico-procesal entre la víctima y la entidad demandada como partes originales del proceso. Por tanto, la única posibilidad actual de convocar al funcionario dentro del proceso corre por cuenta de la entidad demandada, quien podrá llamarlo en garantía o, en su defecto, ejercitar la acción de repetición con posterioridad a la sentencia condenatoria, siendo ésta última forma ya no una mera opción, sino un deber ineluctable. Este trazado explicativo conecta y armoniza plenamente con la teleología del art. 90 superior, en sus dos postulados(20) .

La anterior divisa interpretativa de ninguna manera contraviene lo dispuesto por la Sala Plena del Consejo de Estado en marzo de 2004, cuando al respecto sostuvo:

Para la Sala, el artículo 90 de la Constitución no solamente no derogó el principio de la responsabilidad personal de los funcionarios públicos, ni el derecho de las víctimas a demandarlos individualmente, según el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, ni el derecho del Estado a repetir contra los funcionarios incursos en culpa grave o dolo, sino que extendió éste último a todos sus «agentes», es decir, a quienquiera que actúe por cuenta suya y haya causado el daño con su culpa grave o dolo.(21) 

Y no lo contraviene, principalmente porque, si bien, para dicha fecha ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, el análisis que allí se hizo tuvo por fundamento exclusivo el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, que era la norma aplicable al momento de los hechos materia de la decisión (1992). Es decir, el fallo de Sala Plena se procuró en completa atingencia con el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, que era la norma que regía el caso, a la luz del cual no podía concluirse nada diferente. Superadas como están ahora las restricciones temporales que en su momento no hicieron necesario el análisis extensivo a la Ley 678 de 2001, se considera pertinente la integración hermenéutica para situar el curso evolutivo de la relación jurídico- procesal entre demandante y demandado en el marco de la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado.

Para el caso concreto, si bien es cierto que los hechos que lo suscitan se extienden temporalmente entre 1999 y 2004, no es menos cierto que en lo que refiere a la responsabilidad del Estado por la administración de justicia la Ley 270 de 1996, prevalente por el criterio de especialidad, en sus artículos 71 y 72(22), ya desde entonces disponía que la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales se regía por la acción civil de repetición, cuya titularidad correspondía al Estado, o en su defecto, provocando dentro del proceso contencioso el llamamiento en garantía. Es del caso señalar que la primera posibilidad quedó condicionada a la expedición de una ley ordinaria(23), por tanto, mientras esto no se diera(24), tratándose de agentes judiciales (funcionarios y empleados) la manera de vincularlos en responsabilidad era a través del llamamiento en garantía que hiciera la propia entidad. Se hace notar nuevamente que el pronunciamiento de la Sala Plena del 30 de marzo de 2004 se circunscribió al ámbito del artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, y por demás, no trató en concreto un evento de responsabilidad por administración de justicia, razón de más para entender que el presente caso no quedó cobijado por su alcance y, que no se provoca en modo alguno una contradicción con lo entonces dispuesto. Ahora bien, al entrar en vigencia la Ley 678 de 2001, se afirmó por completo el contenido de las disposiciones especiales, en tanto el sentido de la regulación es el mismo, que valga decirlo, ya venía desde el propio art. 90 constitucional.

De lo anterior se extrae que para el caso concreto y, pese a la época en que se dieron los hechos, en virtud de las disposiciones especiales no procedía la vinculación directa del funcionario judicial por parte del demandado, y por lo mismo, se produce la falta de legitimación por pasiva.

1.3. La caducidad.

Tratándose de la acción de reparación directa, conforme lo prescribe el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo el término para demandar es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho propulsor del daño.

En el presente caso, observa la Sala que el hecho dañino que dio origen a la demanda —la inmovilización del vehículo y su consecuente deterioro— cesó en el momento en que se ordenó la entrega al propietario el 20 de enero de 2003 y, como quiera que la demanda fue interpuesta el 9 de julio de 2004, se verifica plenamente la interposición de la demanda en tiempo.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si por las actuaciones de la Juez Cuarta Civil Municipal de Tunja y del secuestre dentro del proceso ordinario No. 1999 00495, la administración de justicia incurrió en algún supuesto de responsabilidad al momento de proferir y materializar la medida de embargo y secuestro de un vehículo de servicio público de propiedad de la demandada y, si de tales actuaciones se predica la existencia de un daño antijurídico por el cual se le deba imputar responsabilidad a la Nación – Rama Judicial.

3. Hechos probados.

Comoquiera que fue traslado con fines probatorios el expediente del proceso seguido ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja, bajo el radicado 00495-1999, la Sala determinará su valor, según lo dispone el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(25), en concordancia con los criterios jurisprudenciales vigentes.

De este modo, en lo que hace a las pruebas peregrinas, ya sean documentales(26) o testimoniales(27) y, teniendo en cuenta entre otros aspectos que los sujetos procesales que aquí son, también lo fueron en el proceso trasladado, con fundamento en el interés que ambas partes expresaron para su arribo a este proceso(28); en la permanencia a lo largo de la actuación con posibilidad comprobada para el ejercicio de contradicción y/o tacha, serán apreciadas y valoradas según corresponda.

Con relación a los dictámenes periciales(29) y, de conformidad con el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, estos serán valorados desde una perspectiva meramente orientadora, sin que en sí mismos y por su carácter técnico estén dotados de una suficiencia incontestable. En ese orden de ideas, el dictamen rendido por Ana Cristina Ayala Sánchez(30), no será tenido en cuenta, dado que las estimaciones allí contenidas, carecen de la objetividad necesaria y requerida en una prueba de este talante, ya que se limitó a recabar la información que le suministró el demandante, sin acudir a otras fuentes. En atención a lo dicho, se tienen como hechos probados los siguientes:

3.1. Que por órdenes del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja, el vehículo de placas UQT-441 de propiedad de la Compañía de Transportes Hunza Ltda., fue embargado y secuestrado (fl. 230, cdno. 1). No obstante, desde enero 20 de 2003 (fls. 20-27, cdno. 4) el juzgado ordenó la entrega

3.2. Que desde el 1 de diciembre de 1999 (fls. 244-247, cdno. 1), hasta el 1 de septiembre de 2004 (fls. 204-209, cdno. 3) el vehículo estuvo bajo la custodia del secuestre designado, todo el tiempo inmovilizado al interior del parqueadero al cual fue llevado por el secuestre. No obstante, a partir del 20 de enero de 2003 (fl. 196, cdno. 1) el propietario dilató la entrega.

3.3. Que al momento de afectar cautelarmente el vehículo, su estado tecno mecánico era regular. Esto se deduce tanto del acta que levantó la Sijín, en la cual se consigna sobre el estado regular, “ya que se encuentra en mantenimiento por daños mecánicos [el propietario] manifiesta que el vehículo tiene daño de caja y suspensión” (fl. 238, cdno. 1)(31). Igualmente, al momento de retirarlo para llevarlo al parqueadero, se hizo constar varios faltantes(32), algunos de los cuales no necesariamente tenían que ver con la reparación y/o mantenimiento que se estaba efectuando, sino con un descuido, como se deduce del estado de los rines, la tapicería y las sumiduras y rayaduras descritas.

Más aún, todo parece indicar que para el momento de la práctica de la medida el vehículo se encontraba en reparación y no en mantenimiento preventivo como lo adujo el demandante, pero en todo caso, que fuera lo uno o lo otro resulta intrascendente, a menos que sea para inferir que no era cuestión de tres horas para ponerlo en funcionamiento como se dijo en varios apartes del legajo procesal(33), e inclusive lo atestó como cierto el a quo(34). De haber sido cuestión de horas repararlo, tiempo suficiente hubo desde que la Sijín dejó al propietario como custodio hasta el día de la diligencia de secuestro(35).

3.4. Que el 22 de agosto de 2002 el secuestre informó al juzgado sobre el hurto de la caja de velocidades (fls. 279-283j cdno. 1).

3.4. Que el estado del vehículo al momento de la entrega y previa revisión tecno mecánica, era de deterioro generalizado(36), haciéndose prácticamente nugatoria su reparación.

3.5. Que, en dos oportunidades la compañía hizo solicitudes al juzgado con respecto al secuestre, así: el 4 de febrero de 2000 (fl. 254, cdno. 1) para requerir que se ponga a producir el vehículo o, se arriende al propietario y el 8 de junio de 2000 (fl. 270, cdno. 1) se designe un nuevo secuestre ante la omisión de rendir informes.

3.6. Que el perito rindió su primer informe el 21 de mayo de 2001 (fl. 133, cdno. 1) y después de este, otros cinco así: septiembre 7 de 2001 (fl. 140, cdno. 1), 28 de noviembre de 2001 (fl. 161, cdno. 1), 14 de febrero de 2002 (fl. 277, cdno. 1) y 22 de agosto de 2002 (fls. 279-283, cdno. 1) y, el último en junio 10 de 2003 (fl. 199, cdno. 1).

3.7. Que en dos ocasiones la compañía solicitó al juzgado la sustitución de la medida por caución o póliza o en su defecto requerir al secuestre para que lo arreglara y lo pusiera a producir o, permitirle al propietario la explotación: el 3 de diciembre de 1999 (fl. 252, cdno. 1) y el 13 de abril de 2000 abril de 2000 (fls. 258-259, cdno. 1).

3.8. Que el juzgado fijó garantía de consignación de $ 7.000.000.oo para sustituir la medida el 26 de abril de 2000 (fl. 261, cdno. 1), lo que luego repuso el 31 de mayo del mismo mes y año, para fijar caución mediante póliza de $ 18.000.000.oo, sin pronunciarse de las solicitudes subsidiarias y, negando la apelación interpuesta por la compañía (fs. 263-265, 267-269, 271-274 y 275, cdno. 1).

3.9. Que el 20 de enero de 2003 el juzgado ofició al secuestre la entrega del vehículo. El oficio fue retirado por la compañía, sin que ésta pudiera demostrar que lo hizo llegar a su destinatario (fls. 20-27, cdno. 4).

3.10. Que la compañía, inicialmente condicionó la entrega del vehículo a que éste fuera llevado a un taller especializado y a que el secuestre asumiera los gastos de parqueadero (fl. 219-221, cdno. 1).

3.10. Que el juzgado requirió el 12 de marzo de 2004 a la compañía para la diligencia de entrega, señalando de manera concreta que los gastos de parqueadero estaban a cargo del propietario (fl. 211, cdno. 1), como también lo hizo saber en el auto del 12 de mayo de 2004 (fl. 213, cdno. 1).

3.11. Que el 1 de septiembre de 2004 la compañía —hoy demandante— recibió formalmente el vehículo, así lo hizo saber en la respectiva acta al manifestar que: “el vehículo que se está entregando en esta diligencia es recibido por esta parte con las siguientes salvedades (...)(37) , las cuales se contraen exclusivamente al estado del vehículo. En dicha acta, igualmente se señaló:

Así las cosas, una vez entregado (sic) la llave, las copias de los documentos del vehículo que se encontraba en poder del secuestre se procede a hacer la entrega del mismo a los señores SANDRA ISABEL SAAVEDRA SANDOVAL Y PEDRO ANTONIO SAAVEDRA SANDOVAL, luego de consignar las salvedades por ellos formuladas. Se agrega únicamente que la trasmisión o diferencial trasero del motor (sic) encontrada, se corrige que la caja de velocidades entregada a posteriori por el parqueadero se devolverá al mismo (...). De esta forma se declara entregado el vehículo en comento (...). No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma por lo que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada. (Resalte fuera de texto)(38).

3.12. Que por las actuaciones dentro del proceso civil de marras, el secuestre Luis Alejandro Niño Vanegas, fue sancionado y excluido de la lista de auxiliares (fls. 717-732, cdno. ppal.).

4. Análisis de la sala.

La función de administrar justicia, como materialización de potestades y competencias propias del poder jurisdiccional, se despliega a través de decisiones y actuaciones de los funcionarios y agentes judiciales, en las cuales puede generarse una falla del servicio que conlleve la producción de un daño antijurídico. Tales eventualidades, fueron recogidas en la Ley 270 de 1996, bajo tres supuestos: (i) la privación injusta de la libertad; (ii) el error judicial y, (ii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, los cuales, antes de esta ley ya tenían su asidero en el propio artículo 90 de la Constitución, que al prescindir de la enunciación de títulos de imputación o de eventos tipo, desarrolló un régimen ampliado de responsabilidad, a la luz del cual, el daño antijurídico estelariza el juicio de atribución de responsabilidad.

De acuerdo con lo que es objeto de debate, interesa abordar el desarrollo jurisprudencial tanto del error judicial, como del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto, la apelación aboga por que se declare que la responsabilidad provino no solamente de las actuaciones irregulares del auxiliar de justicia, sino también, de la Juez de la causa.

(i) El error judicial en el contexto de la jurisprudencia: Sin perjuicio de las vedas que se imponen a la arbitrariedad judicial, lo cierto es que los administrados pueden verse expuestos a daños que trascienden el coste normal de afrontar un proceso, inclusive, sin arraigo en una actuación culposa del funcionario. De hecho, el desarrollo del error judicial a partir de la preceptiva constitucional (art. 90) hace que la relevancia del análisis no se centre tanto en la antijuridicidad de la conducta como sí en la constatación de un daño que exceda el nivel de tolerancia que le es común a todos los administrados; por tanto, en lo que hace al error judicial puede imputarse la responsabilidad al Estado, merced de un régimen objetivo o subjetivo, según se corresponda con las circunstancias en que se suceda cada caso.

Ahora bien, en punto a determinar lo que constituye un error judicial, la jurisprudencia ha desarrollado criterios en cuanto al alcance y contenido:

El error judicial debe estar contenido en una providencia judicial que de manera normal o anormal le ponga fin al proceso, pero dicha providencia no debe ser analizada de manera aislada, sino en relación con los demás actos procesales. En dicho error pueden incurrir otros agentes del Estado que, sin pertenecer a la rama judicial, cumplan la función de administrar justicia. 

Puede incurrirse en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo un derecho subjetivo. El error puede ser de hecho o derecho, por interpretación errónea, falta de aplicación de la norma o indebida aplicación de la misma. Además, deben entenderse incluidas en la definición de error jurisdiccional las providencias contrarias a la Constitución. 

El concepto de error judicial puede estar vinculado a alguna de las llamadas por la Corte Constitucional “causales de procedibilidad”, esto es, a un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, un fallo sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución(39). 

A lo anterior, se suman los requisitos que establece el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, en cuanto al agotamiento de los recursos contra la providencia que se toma por arbitraria, y la necesaria firmeza de ésta. Con relación al sub judice, corresponde a la Sala determinar si la Juez de conocimiento incurrió en error judicial al negar por una parte el recurso de apelación interpuesto por la entonces demandada y, por otra, al presuntamente agravar la situación de aquella como recurrente.

(ii) El funcionamiento defectuoso de la administración de justicia en el contexto de la jurisprudencia: Este evento de responsabilidad se predica de todas aquellas actuaciones judiciales que se suscitan al interior del proceso y que, en condiciones normales son necesarias para transportar adjetivamente una causa desde sus albores hasta su resolución o finalización; es decir, comprende todo el despliegue funcional para la materialización y ejecución del contenido de las decisiones judiciales que se profieren en el transcurso de un proceso. En ese orden de ideas, el funcionamiento defectuoso tiene un carácter residual y dentro del mismo tienen cabida las actuaciones de los auxiliares de justicia, tal como lo ha señalado esta corporación: Así pues, “dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales (...)”(40). Partiendo de esto, la Sala examinará si las actuaciones del secuestre acusan una irregularidad tal, que pueda calificarse de defectuosa o anormal con relación a aquello que le era debido.

4.2. Del caso concreto.

Como primera medida, se precisa establecer si le estaba permitido al secuestre proceder al retiro del vehículo en la forma en que lo hizo, habida cuenta su destinación al servicio de transporte público. De esta forma y tal como lo hiciera en su momento el a quo, la Sala indagará por aquellas normas de procedimiento aplicables, para luego contrastarlas con las actuaciones concretas del auxiliar. En tal sentido, el artículo 682 del Código de Procedimiento Civil contiene las reglas para el secuestro de bienes y, en el numeral 4º, de manera expresa consagra:

4. Salvo lo dispuesto en los numerales siguientes y en el artículo 10, el secuestre depositará inmediatamente los vehículos, máquinas, mercancías, muebles, enseres y demás bienes en la bodega de que disponga y a falta de ésta en un almacén general de depósito u otro lugar que ofrezca plena seguridad, de lo cual informará por escrito al juez al día siguiente, y deberá tomar las medidas adecuadas para la conservación y mantenimiento. En cuanto a los vehículos de servicio público, se estará a lo estatuido en el numeral 2º del artículo 684 (resalte sobre puesto).

A su turno, el artículo 684 ejusdem dispone las condiciones bajo las cuales los bienes destinados a un servicio público son inembargables y, en el numeral 2º, concretamente estipula: “Cuando el servicio lo presten los particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como la renta líquida que produzcan, y el secuestro se practicará como el de empresas industriales. (Resalte sobre puesto). Siguiendo la cadena remisiva, el artículo 682 numeral 8º, al respecto determina que:

8. Si lo secuestrado es una empresa industrial o minera u otra distinta de las contempladas en los numerales anteriores, el secuestre asumirá la dirección y manejo del establecimiento, procurando seguir el sistema de administración vigente. El gerente o administrador continuará en el cargo bajo la dependencia del secuestre, y no podrá ejecutar acto alguno sin su autorización, ni disponer de bienes o dineros; a falta de aquél, el propietario podrá ejercer las funciones que se indican en la parte final del inciso primero del numeral 6. 

La maquinaria que esté en servicio se dejará en el mismo lugar, pero el secuestre podrá retirarla una vez decretado el remate, para lo cual podrá solicitar el auxilio de policía. 

De otro lado y, como bien lo hizo notar el a quo, en el momento en que el secuestre asume la dirección y manejo de un bien productivo o de renta, conforme lo dispone el artículo 683 ejusdem(41), sus actos y funciones se asimilan a las de un mandatario(42), es decir, que dentro de la órbita su gestión, debería, entre otras, contratar las reparaciones de las cosas que administra(43). Pero hay más, el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil(44), en consonancia con las normas que se han traído a comento, pone una salvaguarda frente a los vehículos de servicio público, precisamente para dejarlos por fuera de toda posibilidad de ser llevados a una bodega como sucede con otra clase de bienes.

De esta forma, todo un plexo de disposiciones, con un mensaje normativo unívoco, le señalaban al secuestre la manera precisa de ejercer su oficio de cara al tipo de bien, o mejor aún, al tipo de servicio que prestaba el bien objeto de la medida. En se orden de ideas, su actuación insoslayablemente debía orientarse en dos sentidos. El primero le refería un mandato de acción; es decir, tenía que haber agotado las gestiones posibles y necesarias para que el vehículo retornara a su ciclo productivo, mientras que el segundo le imponía un mandato de prohibición; esto es, por ningún motivo el vehículo podía ser depositado en una bodega, entiéndase parqueadero.

Siendo la normatividad clara, el caso se tornó aparentemente lioso a partir de la circunstancia de encontrarse el vehículo en reparaciones; sin embargo, observa la Sala que ese hecho de ninguna manera lo ponía por fuera del alcance de las disposiciones que se acaban de citar. Con independencia de si encontraba en estado de mantenimiento preventivo —como lo considera la demandante y de paso el a quo— o de un mantenimiento para corregir o reparar una falla mecánica —como lo percibe la Sala con fundamento en las pruebas— lo cierto es que en algún momento el vehículo recobraría las condiciones para su puesta en circulación y, de paso, para el uso productivo que se le venía dando, sin perjuicio de la obligación de consignar el aprovechamiento económico a órdenes del Juez de conocimiento.

Como evidentemente el secuestre no contaba con recursos para proceder por su cuenta a efectuar las reparaciones y, en tal sentido nadie está obligado a lo imposible, lo más razonable, adecuado e idóneo en ese caso, era exigir del propietario lo necesario para poner a puesta el vehículo, menesteres en los que por demás, se estaba cuando el vehículo fue afectado con la medida. Nada en el expediente indica que el secuestre hubiera propendido por el arreglo del vehículo, a lo sumo, se habla de un acercamiento inicial que hubo con el propietario para una posibilidad de arriendo, que por razones que se atribuyen entre sí, no se concretó.(45)

Con todo y que aquí surge de manera paladina una actuación irregular, ya situados en ésta; es decir, tan pronto decide equivocadamente trasladar el vehículo a un parqueadero, como custodio del bien, tenía frente al mismo la obligación de tomar las medidas adecuadas y necesarias para su conservación y mantenimiento, lo cual a todas luces tampoco sucedió, si nos atenemos a la circunstancia del hurto y a las mismas condiciones en que se presentó el bien el día de la entrega al propietario. En definitiva, a partir del momento en que optó por desconocer lo que las normas indicaban, prosiguieron otras irregularidades y negligencias, que en suma, llevan a la Sala a concluir que el secuestre relegó su actuación a presentar unos cuantos informes y atenerse a un tercero (el administrador del parqueadero); todo lo cual viene a constituir un funcionamiento defectuoso de la administración de justicia.

En lo que respecta a las actuaciones y decisiones de la juez de conocimiento, conviene señalar que los aspectos por los cuales considera el demandado se debe extender el examen de la responsabilidad, básicamente se contraen por un lado, a las decisiones sobre la solicitud de levantamiento de la medida cautelar, de las cuales se dice resultaron violatorias de un debido proceso ya fuera por frustrar la segunda instancia, ora por hacer más gravosa la situación del por entonces demandado y, por otro, frente al silencio guardado en torno a las solicitudes del propietario del vehículo para posibilitar la reparación y productividad; así como también por no haber procurado el correctivo judicial sobre las actuaciones del secuestre.

En cuanto a la forma como fue decidida la solicitud de levantamiento de medida cautelar, con miras a vislumbrar un posible error, encuentra la Sala que la misma estuvo conforme a las disposiciones que eran aplicables al caso, como pasa a explicarse. En efecto, la providencia enjuiciada dispuso:

Ahora bien, observa el despacho, que tratándose de procesos ordinarios es procedente aplicar el artículo 690, numerales 4º y 6º del Código de Procedimiento Civil, donde dice que el secuestro se levantará si el demandado presta caución por el valor del bien secuestrado incluidos los frutos, las costas y el incremento por devaluación monetaria.”... en el caso sub lite y mediante el auto impugnado el Juzgado ordenó consignar la suma de ($ 7.000.000.oo), por lo que al tenor de las normas citadas, es procedente revocar el auto impugnado para en su lugar ordenar a la parte demandada, prestar caución por la suma de ($ 18.000.000.oo), en el término de cinco (5) días, contados a partir de la ejecutoria del presente auto. (....) 

Por lo anteriormente expuesto, el juzgado RESUELVE: 

1. Reponer el auto de fecha 26 de abril de 2000. 

2. ordenar a la parte demandada que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la ejecutoria del presente auto, preste caución por la suma de ($ 18.000.000.oo), (sic) en una compañía de seguros, a órdenes de éste Despacho y para el presente proceso(46). 

De lo anterior se deduce que el valor de la caución debía garantizarse a través de una póliza de seguros. Ahora bien, por tratarse de medidas cautelares dentro de un proceso ordinario y no dentro de un proceso ejecutivo, la norma aplicable era el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil vigente para la época, que en los numerales citados disponía:

4. El secuestro a que se refiere el numeral 1º se levantará si el demandado presta caución por el valor del bien secuestrado, incluidos los frutos, las costas y el incremento por devaluación monetaria. (...) 

6. En el auto admisorio de la demanda que verse sobre indemnización de perjuicios causados en cosas muebles o inmuebles por accidente de tránsito, si el demandante presta caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse, el juez dispondrá el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño. Tal medida se regirá por las normas del presente artículo, y se levantará si el demandado presta caución suficiente, (...). (Resalte fuera de texto)

Es decir, mientras el numeral 4º que era aplicable a la generalidad de los procesos ordinarios disponía para el levantamiento de la medida una caución equivalente al valor del bien secuestrado, el numeral 6º referente a los procesos ordinarios suscitados por accidente de tránsito señalaba una caución suficiente, dejando por tanto, a criterio del juez establecer el tope de suficiencia, que para el caso, la determinó por un valor de $ 18.000.000 garantizados mediante una póliza de seguros. Lo anterior, entiende la Sala no constituye en sí mismo una indebida aplicación normativa, sino la fijación de un criterio, para el cual la norma le otorgó discrecionalidad —que no arbitrariedad—, ya que en todo caso, el baremo de suficiencia debía entenderse razonado y proporcional a aquello de lo cual el bien secuestrado fungía como garantía. Hasta aquí, como ya se dijo, no se observa desconocimiento o indebida aplicación normativa.

Queda entonces por analizar, si al reponer el monto de la caución, la mentada providencia vulneró el principio de la no reformatio in pejus. Al respecto, considera la Sala importante distinguir que la caución en un comienzo era dineraria ($ 7.000.000.oo) y por vía de reposición se elevó a un valor de $ 18.000.000.oo, pero garantizada a través de una póliza judicial, como se colige de la providencia. De esto no puede inmediatamente concluirse que se agravó la situación del recurrente, ya que la caución dineraria implica un depósito equivalente al valor fijado, mientras que la caución mediante póliza judicial, implica el pago del importe de la tarifa correspondiente a la prima de la póliza, sin que desconozca la Sala que este tipo de garantías, previo a expedirse se hacen acompañar, las más de las veces, de contragarantías y de suscripción de pagarés. Como no está probado dentro del proceso que para la fecha en que se repuso la caución, constituir la póliza le resultaba más oneroso al recurrente que la caución dineraria impuesta inicialmente, mal puede tomarse por conclusión que con la reposición se agravó la situación del censor.

Con relación al señalamiento que al negar el recurso de apelación contra el auto que repuso la caución se vulneró el principio de la doble instancia, porque el mismo era procedente en los términos del inciso final del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, al cual se llegaba por remisión del artículo 690, inciso final del Código de Procedimiento Civil, a diferencia del a quo, esta Sala no halla sustento para colegir lo mismo, ya que la remisión que hace el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso final se entiende aplicable para la hipótesis consagrada en el numeral 8º del artículo 690 y no para la prevista en el numeral 6º bajo la cual se regía el caso. Ahora, es cierto que por analogía y en procura de la interpretación más favorable la Juez podía haber concedido el recurso de la forma como lo entendió el a quo, pero, en todo caso, ésta era apenas una interpretación posible y no la única que ataba al juez, razón de más, para considerar que las actuaciones de la juez, al menos en estos aspectos no alcanzan el umbral del error judicial.

Aun así, la Sala no es indiferente respecto de algunos eventos procesales que la Juez desatendió, por sobre todo, no resolver las solicitudes que el propietario hizo como alternativa para poner a producir el bien, las cuales se dieron desde un temprano momento procesal y que precisamente estaban encaminadas a conjurar los perjuicios que para ese entonces aún eran remediables. Al margen de las actuaciones que le correspondían al auxiliar de justicia, la juez en su cabal dirección del proceso era la llamada a corregir los desatinos del secuestre, situación que no ocurrió, pese a los distintos medios que empleó el propietario del bien para hacérselo saber y frente a los cuales la funcionaria guardó silencio.

Por todo lo anterior, la Sala dirá que en el presente caso, de manera incontestable, de las actuaciones y omisiones del auxiliar de la justicia, conjuntamente con las de la Juez del caso, se encuentra acreditado un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que en tanto modalidad de falla, da lugar a la configuración de un daño antijurídico materializado en los perjuicios resultantes de no haber podido poner a rentar el vehículo y por las condiciones en que este fue restituido; en cuyo caso, existe mérito suficiente para confirmar la sentencia recurrida.

5. Liquidación de perjuicios.

Por las razones que han llevado a la Sala a confirmar el sentido de la sentencia, se procederá a verificar la liquidación de perjuicios conforme corresponda y esté debidamente probado, por demás, con las atribuciones inherentes a la segunda instancia cuando ambas partes recurren como aquí sucede.

5.1. Perjuicios materiales.

5.1.1. Daño emergente.

Dentro del proceso se practicaron dos peritajes. El primero, luego de la verificación en sitio del vehículo, determinó que el costo para efectuar las reparaciones en caso de que éstas fueran posibles, ascendía a veintiocho millones de pesos ($ 28.000.000.oo), mientras que el valor del vehículo para el año 1999, incluyendo el valor de la adaptación para transporte de pasajeros y el valor de la matrícula o cupo de servicio, era de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000.oo)(47). El segundo peritaje, optó por determinar el daño emergente a partir de establecer el valor de un vehículo nuevo (modelo 2005) de similares condiciones, tomando como única fuente una cotización aportada por el demandante por valor de ($ 60.785.254.oo)(48).

Por su parte, el a quo estimó este perjuicio en la suma de veintiocho millones de pesos ($ 28.000.000.oo)(49), al considerar que de todas formas la demandante había recibido el vehículo y, que además, esta suma era superior a la estimada como valor del automotor para el año 1999. Indicó además, que lo reconocido debía indexarse a partir del 27 de agosto de 2005 fecha en que fue rendido el dictamen pericial del que se acogió el valor; por lo cual, la cifra determinada al momento de la sentencia por este concepto fue de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE ($ 34.160.000.oo).

La recurrente estima que este valor debe ser reconsiderado, teniendo en cuenta que a la fecha no es posible la reparación del vehículo y, por tanto, debe ser repuesto por otro de iguales condiciones, para lo cual ha de tomarse el valor que indicó tanto en la demanda como en los dictámenes periciales, entendiendo la Sala, que al decir esto, alude al segundo dictamen que fue el que incluyó un valor de reposición.

Por considerar acertado y ajustado a la realidad, la Sala mantendrá el valor tasado como daño emergente por el a quo y, a contrario, desestimará los pedimentos de la recurrente, comoquiera que el juzgado ordenó y concretó la entrega del vehículo y, en todo caso, el valor reconocido resulta superior al valor que un vehículo similar nuevo tenía para el año 1999, sin dejar de mencionar que el vehículo para la fecha en que se materializó la medida ya llevaba seis (6) años de servicio(50), así como también, que la demandante por cerca de año y medio dilató la entrega, tiempo que contribuyó al avance del deterioro. Ahora bien, si en gracia de discusión se considerara fijar un valor diferente, la Sala tendría dificultades para tomar el costo estimado en el segundo peritaje, por las razones prenotadas con respecto a esta prueba.

En atención a lo expuesto, la Sala confirmará el valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE ($ 34.160.000.oo) como el correspondiente al daño emergente y, procederá a realizar la actualización correspondiente.

Al aplicar la fórmula de actualización (Va x IPC final / IPC inicial), siendo Va el valor a actualizar ($ 34.160.000.oo), IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (130.633)(51), e IPC inicial el índice de la serie de empalme de la fecha de la sentencia de primera instancia (101.984)(52), se obtiene:

$ 45.594.342 = $ 34.160.000 136.121

101.984

VALOR DAÑO EMERGENTE ACTUALIZADO: CUARENTA CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE. ($ 45.594.342.oo)

5.1.2. Lucro cesante.

Por concepto de lucro cesante, tasado en función de la renta del vehículo dejada de percibir, el a quo reconoció la suma de ciento sesenta y cuatro millones novecientos dos mil ochocientos cuarenta y dos pesos con cincuenta centavos ($ 164.902.842.50) resultantes de aplicar la tabla de cuotas de arrendamiento del vehículo(53) aportadas por la demandante y tomadas también como base de peritaje, desde diciembre de 1999 hasta agosto de 2004(54) por valor de $ 299.823.350.oo, deducidas en un 45% correspondiente a lo que equivaldrían los gastos operativos a cargo del arrendador (entiéndase el propietario)(55).

El recurrente considera que la causación del lucro cesante debe extenderse hasta la fecha de la sentencia, o cuando menos, a la fecha de rendición del dictamen (26 de agosto de 2005), en razón a que a pesar de la entrega del vehículo por parte del juzgado, hasta el momento de sustentación del recurso no había podido retirarlo del sitio donde lo dispuso el secuestre, ya que para hacerlo, se debía pagar todo lo adeudado por concepto de parqueadero. Así mismo, también estima que se debe reconsiderar el deducible aplicado.

Encuentra razones la Sala para modificar este perjuicio, pero no en la dirección que apunta el recurrente. En primer lugar, para la Sala es evidente que con posterioridad a que la Juez de conocimiento libró el oficio 032 de fecha 20 de enero de 2003 (fl. 194, cdno. 1), mediante el cual ordenaba al secuestre la entrega del vehículo, mismo que fue retirado por la apoderada del propietario el 11 de febrero de 2003 (fl. 196, cdno. 1), sin que obre prueba de que se hizo entrega al secuestre, a partir de allí, cesó la responsabilidad por el daño antijurídico causado, como quiera que dilación que siguió por cerca de año y medio para la entrega es atribuible por completo a la demandante como consta en las pruebas valoradas. Como el Estado solo es responsable por los daños antijurídicos que cauce, resulta corrido de sus bases, extender el perjuicio más allá de donde el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia lo llevó. Esto es así, si se tiene en cuenta que a partir del momento en que se dispuso la entrega del vehículo, no existe una sola actuación que pueda atribuirse a la Juez o al secuestre como irregular o defectuosa.

Si bien es cierto, el perjuicio se ocasionó desde el mismo momento en que el secuestre retiró el bien y que nada de lo que se siguió a partir de allí hubiera tenido ocurrencia de no ser por este indebido obrar, también lo es, que las actuaciones irregulares ocuparon un momento preciso en la generación del daño y del perjuicio y, es frente a éste que surge la obligación de reparar, como efectivamente se hará. Sostener lo contrario, implicaría para el presente caso, no solamente alongar el perjuicio hasta el día en que finalmente se concretó la entrega, sino inclusive, llevarlo indefinidamente en el tiempo habida cuenta que el demandante manifiesta que aún no ha podido retirarlo del parqueadero. Es decir, con la misma lógica que se dice que la liquidación debe llevarse hasta el 30 de agosto de 2004, se podría igualmente sostener cualquier otra fecha posterior, lo cual desborda, desde todo punto de vista, la obligación normativa y jurisprudencialmente prevista para la responsabilidad del Estado. Por lo anterior, una primera modificación consistirá en efectuar la cuantificación de perjuicios desde diciembre 1º de 1999, hasta el mes de enero de 2003.

En segundo lugar, en la sentencia recurrida primero se indexó el valor que arrojó la tasación de los arriendos dejados de percibir y luego se aplicó la deducción estipulada. En sentir de la Sala, la deducción debe hacerse de manera directa sobre la cifra resultante de los arriendos calculados y, el resultado de esta operación es el que debe ser indexado y actualizado como corresponde.

En tercer lugar, la Sala encuentra ajustado a la realidad del proceso, incluir el tiempo de reparación del vehículo, habida cuenta que la tasación del daño emergente se hizo sobre la base del valor de las reparaciones y que la demandante, así lo había solicitado desde la interposición de la demanda (en el acápite de cuantía)(56). En tal medida, no resulta acertado cuando el a quo, afirma que “(...) para el día siguiente el vehículo estaba a cargo del propietario quien podría disponer libremente del bien, sin que nada se haya dicho sobre el tiempo de mantenimiento o reparación, o incluso sustitución(57), a lo cual, con asistida razón la recurrente increpa de no ser cierto (fl. 690, cdno. ppal.). Como no existe dentro del legajo procesal insumo alguno a partir del cual se pueda determinar el tiempo que conllevarían las reparaciones y, dado que no se trataba de daños menores, con miras a no dejar sin resarcimiento esta parte de la lesión patrimonial causada, la Sala, considera razonable estimar por este concepto un tiempo de tres (3) meses.

Finalmente, como el demandante decidió, pese a mandamiento judicial, no sufragar los costos de parqueadero, este perjuicio, aunque anidado dentro del daño antijurídico causado, se margina de los alcances del fallo.

Sobre la base de estas modificaciones, procede la Sala a reliquidar el lucro cesante, poniendo de presente que mantendrá el porcentaje de las deducciones a las que razonablemente llegó el a quo, como quiera que las encuentra coherentes no solamente con los argumentos dados por aquél, sino además, con el hecho que los cálculos de arrendamiento se hicieron bajo un supuesto de servicio continuo e ininterrumpido, lo cual en la práctica y en la realidad no se sucede. De esta forma, el tiempo reconocido para la cuantificación del lucro cesante, incluidos los tres meses previstos para la reparación, irá desde diciembre 1º de 1999, hasta abril de 2003.

Valores por cuotas de arrendamiento dejadas de percibir

AñoValor
1999 2.800.000.oo
2000 36.830.000.oo
2001 41.270.000.oo
2002 44.195.000.oo
2003 (abril) 15.660.000.oo
Total140.755.000.oo
Deducible (45%)(63.339.750.oo)
Total lucro C.$ 77.415.250.oo

Al aplicar la fórmula de actualización (Va x IPC final / IPC inicial), siendo Va el valor a actualizar ($ 77.415.250.oo), IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (136.121)(58), e IPC inicial el índice de la serie de empalme de la fecha a partir de la cual se empezó a causar el perjuicio (57.002)(59), se obtiene:

$ 184.867.921 = $ 77.415.250.oo 136.121

57.002

VALOR LUCRO CESANTE ACTUALIZADO: CIENTO OCHENTA CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE. ($ 184.867.921.oo)

5. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 prevé la condena en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa un comportamiento que así lo amerite, razón por la cual no se impondrá condena alguna por este concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFICAR la sentencia del 28 de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y, disponer:

1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva con respecto a María Melba Orozco Pardo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a La Nación – Rama Judicial, por los perjuicios materiales causados a la Compañía de Transportes Hunza Limitada, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

3. Condenar a La Nación – Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante a favor de la Compañía de Transportes Hunza Limitada, la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE. ($ 230.462.263.oo), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

7. Cumplir lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Expedir a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Subsección—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth».

8 De acuerdo con el Decreto 597 de 1988 y en consonancia con el Auto del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena del 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

9 La calidad de propietario se encuentra probada mediante el respectivo certificado de tradición visible a fl. 16, cdno. 1.

10 De conformidad con lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 270 de 1996.

11 Cfr. art. 75 Ley 270 de 1996.

12 Cfr. art. 99, num. 8º Ley 270 de 1996, en concordancia con el art. 149 del CCA.

13 Sobre la evolución de la institución de la repetición, puede verse: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 17.482, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, que al respecto señala: “Es de anotar que, antes de la consagración a nivel constitucional de esta institución, el ordenamiento jurídico en el nivel legal había regulado la responsabilidad patrimonial del servidor público en relación con los perjudicados y las entidades por los daños causados a éstas. En efecto, el Decreto-Ley 150 de 1976, da cuenta de la acción de responsabilidad patrimonial contra los agentes públicos, bajo el título de “responsabilidad civil”, en los artículos 194 y ss., pero circunscrita únicamente al desarrollo de la actividad contractual de la administración, esto es, por los perjuicios que se causaran a los contratistas o terceros por acciones u omisiones de los empleados públicos y trabajadores oficiales a título de culpa grave o dolo a propósito de la celebración, ejecución o inejecución indebidas de los contratos. (...). Posteriormente, se expidió el Decreto-Ley 222 de 1983, estatuto de contratación de la administración, en cuyos artículos 290 y ss., subrogó la anterior normativa, aunque reguló esta acción de responsabilidad patrimonial con similares alcances y también sólo en materia de actividad contractual del Estado. Sin embargo, fue en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo (D.L. 01/84) en los que se consagró como vía judicial la posibilidad de que la entidad pública condenada en un proceso de responsabilidad tanto contractual como extracontractual (actos, hechos o contratos), pudiera repetir contra el funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa hubiera ocasionado la condena y además se dispuso que en el evento de la declaratoria de responsabilidad, la sentencia siempre dispondría que los perjuicios sean pagados por la entidad, rompiendo con el concepto de la responsabilidad solidaria de la normativa anterior”.

14 ART. 90.—El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

15 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-430 del 12 de abril de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

16 BECERRA SAAVEDRA, Ramiro. La responsabilidad extracontractual de la administración pública. 1ª ed., Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2011, pág. 364.

17 La interpretación caritativa es aquella que permite proporcionarle al texto un máximo de sentido. Ver al respecto: SERRANO, Manuel G. Contornos y adentros – Ensayos kantianos de filosofía. En: Discursos germano-iberoamericanos. Herausgeber Editores, pág. 115.

18 “(...) porque la referida norma debe ser entendida bajo la idea de que sólo después de que se declare la responsabilidad y se condene a la entidad pública, es cuando ésta puede repetir contra el funcionario”. (Se resalta).

19 Corte Constitucional. Sentencia C-484 del 25 de junio de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

20 Es decir, la cláusula de la responsabilidad y la cláusula de la repetición.

21 Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia del 30 de marzo de 2004, Exp. 11001-03-15-000-1997-0736-00(S)IJ, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

22 ART. 71.—De la responsabilidad del funcionario y del empleado judicial. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o dolo cualesquiera de las siguientes conductas: 

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable. 

2. El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin la debida motivación. 

3. La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer. 

ART. 72.Acción de repetición. La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Estado, será exigida mediante la acción civil de repetición de la que éste es titular, excepto el ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan configurar hechos punibles. 

Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal condenada a partir de la fecha en que tal entidad haya realizado el pago de la obligación indemnizatoria a su cargo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio Público. Lo anterior no obsta para que en el proceso de responsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o empleado judicial pueda ser llamado en garantía. 

23 Así lo dispuso la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, cuando de manera puntual señaló: “De acuerdo con las consideraciones expuestas en torno al artículo 66 del proyecto, la ley ordinaria debe señalar el órgano competente para definir la responsabilidad estatal en los términos contemplados por las normas anteriores. En ese orden de ideas, el primer inciso del artículo resulta exequible bajo el entendido de que, por una parte, la jurisdicción contencioso administrativa conocerá de las acciones de repetición derivadas de la administración de justicia dentro del ámbito de su competencia, para lo cual se entenderá que ello no incluye las decisiones que adopte el Consejo de Estado.

Por otra parte, la norma bajo examen se refiere a la acción de reparación directa que se ventila ante la jurisdicción contencioso administrativa, a través de la cual, una vez definida la responsabilidad el Estado, es posible reclamar la indemnización correspondiente. Al respecto, reitera la Corte que la posibilidad de acudir a este instrumento judicial está condicionada a que es competencia de una ley ordinaria el señalar el órgano competente y el procedimiento a seguir en aquellos eventos en que un administrador de justicia hubiese incurrido en alguna de las situaciones que contemplan las referidas disposiciones del presente proyecto de ley. Realizado el respectivo pronunciamiento, entonces sí será posible intentar la señalada acción de reparación directa”.

24 Lo cual ocurrió en el 2001 (L. 678).

25 ART. 185.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.

26 Con respecto a la prueba documental, se debe atender además, al valor que se ha otorgado a las copias simples por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 20.601, C.P. Danilo Rojas Betancourth. En dicha sentencia se fijaron las pautas de interpretación del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, más allá de su tenor literal y, se establecieron las sub reglas para la validez de un testimonio trasladado de un proceso foráneo.

28 Las partes involucradas en el proceso solicitaron el traslado del expediente. Cfr. acápite de solicitud de pruebas de la demanda fl. 408, cdno. ppal. y, por parte de las demandadas, fls. 450 y 468 cdno. ppal.

29 En el auto de pruebas se dijo: “En vista de que el objeto de la prueba requiere de conocimientos en mecánica y de conocimientos contables, se dispone la prácticas de sendos dictámenes (...)” (fl. 472, cdno. 1) y, en esa medida se designaron dos peritos.

30 Cfr. fls. 589-597, cdno. 1.

31 Así lo consignó la Sijín al momento de inmovilizar el vehículo dentro de las instalaciones del propietario donde se encontraba.

32 Así por ejemplo se hizo constar que le faltaba el womper delantero (sic), sin boseles (sic), tapicería en mal estado, llantas desinstaladas y en mal estado, suelta la suspensión, sueltas las campanas de las ruedas traseras, batería desconectada, caja de velocidades desarmada, direccional delantera rota, stop traseros rotos, rines en mal estado, puerta izquierda corredera sumida, puerta trasera golpeada, a la altura de la direccional, puerta delantera sumida y golpeada a la altura del emblema, purificador de aire en mal estado (fls. 244-247, cdno. 1).

33 Inclusive en uno de los testimonios se habla de que en 15 minutos se había podido reparar (Cfr. 572, cdno. 1, testigo María Isabel Saavedra Sandoval) y, otros testimonios a los que tampoco puede extendérseles credibilidad en este punto, sostuvo que el vehículo el día anterior a la diligencia estaba trabajando y que se le estaba haciendo mantenimiento para que estuviera listo para el día siguiente (Cfr. testimonio de Luis Cabra Pardo fls. 575-576, cdno. 1), lo cual no resulta cierto por la mera razón que el vehículo se encontraba desarmado inclusive para el momento en que la Sijín lo puso a disposición del juzgado.

34 En efecto, en la sentencia recurrida se lee: “Esta probado que, el vehículo se encontraba en reparación, según afirma la demandante, por mantenimiento. Al respecto se precisa a fl. 538 que “...por la partes que se encontraban desarmadas, se puede determinar que el automotor se encontraba en mantenimiento preventivo, en razón de que pudo darse el cambio de disco, prensa y balinera del clutch, para realizar este cambio de piezas es necesario desmontar la caja de velocidades de igual forma se le pudo haber cambiado la valvulina y sus Retenedores, operación esta que no demora más de tres horas...”. Cfr. fl. 650, cdno. 1.

35 Sin dejar de mencionar que el día de la diligencia se le pidió colaboración al propietario para instalar las llantas, pero este hizo caso omiso. Así puede leerse en el Otrosí de la diligencia, visible a fl. 247, cdno. 1, por esa misma razón tampoco resulta creíble el testimonio de Rafael Armando Saavedra en la parte que afirma que la juez no les dio chace de repararlo, con todo y que le habían dicho que era cuestión de tres o cuatro horas (Cfr. fl. 578, cdno. 1).

36 Así por ejemplo, se hace constar como faltantes: direccional izquierda rota, falta una cuchilla de limpia brisas, faltan tres seguros de vidrios, faltan dos tijeras, faltan bombillos unidades, falta protector ventaviola radiador, falta un espejo exterior, faltan conexiones del deflector de calefacción, deflector de calefacción roto y faltan aditamentos internos, falta emblema delantero “Mitsubishi”, la caja de cambios no corresponde al vehículo, falta tapa fusilera y fusibles, falta tornillería del bomper, posee dos placas (fl. 208, anexo cdno. 3). Todo esto, de acuerdo con la

37 Fl. 205, cdno. 3.

38 Fl. 207, cdno. 3.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de agosto de 2013, Exp. 33824, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2011, Exp. 17.646, C.P. Danilo Rojas Betancourth, que, además, remite a sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque y a las sentencias del 11 de mayo de 2011, Exp. 22.322, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y del 14 de agosto de 2008, Exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo.

41 ART. 683.—Funciones del secuestre y caución. El secuestre tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo.

En todo caso, el depositario o administrador dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas. (Resalte sobre puesto).

42 El mandato está regulado por los arts. 2157 y ss. del C.C.

43 Cfr. art. 2158 C.C.

44 ART. 10.—Custodia de bienes y dineros (...)

Cuando se trate de secuestro de bienes muebles distintos de los mencionados en los numerales 5º a 10 del artículo 682 y de vehículos de servicio público, los secuestres deberán depositar los bienes que reciban en la mencionada bodega; no podrán cambiarlos de lugar salvo para trasladarlos a otra que haya tenido igual aprobación, previo informe escrito al respectivo juez, y deberán abstenerse de usarlos en cualquier forma.

45 De este acercamiento habla el propio secuestre (fl. 350, cdno. 1) y lo corrobora parcialmente el testigo Armando Bernal Álvarez (fls. 344-345, cdno. 1).

46 Cfr. fl. 268, cdno. 1.

47 Cfr. cuaderno de anexos 2, perito Rubén Rodríguez Lozano.

48 Cfr. fl. 594, cdno. 1, dictamen rendido por la perito Ana Cristina Ayala Sánchez.

49 De acuerdo con el dictamen, este era el costo de reparación del vehículo para la fecha en que se realizó el peritaje.

50 El vehículo de placas UQT 441, es modelo 1993, Cfr. fl. 16, cdno. 1. Al tiempo se servicio que llevaba el vehículo, se le suma que para la fecha de la práctica de la diligencia, como se dijo ut supra no se evidenciaba en las mejores condiciones de cuidado y no propiamente por las circunstancias de la reparación.

51 IPC de febrero de 2017.

52 IPC de octubre de 2009.

53 Dichas tablas aparecen como anexo del peritaje rendido por Rubén Rodríguez Lozano, Cfr. cuaderno. anexo 2.

54 En atención a que la diligencia de entrega del vehículo se llevó a cabo el 1 de septiembre de 2004.

55 A dicho porcentaje llega el a quo, teniendo en cuenta el desgaste del vehículo en los años que llevaba de servicio y las proyecciones de vida útil, conforme lo dispuesto en la Ley 105 de 1993, modificada por el art. 2º de la Ley 276 de 1996 y la Ley 336 de 1996 y, considerar los gastos de administración de la empresa a la que está afiliado, impuestos generales por el tipo de actividad, seguros (obligatorio, contractual y extracontractual), entre otros. Cfr. fls. 663-664, cdno. ppal.

56 Cfr. fl. 410, cdno. 1.

57 Cfr. fl. 662, cdno. ppal., anverso.

58 IPC de febrero de 2017.

59 IPC de diciembre de 1999. Como el valor fue modificado debe tomarse a partir de la fecha inicial y no de la fecha de la sentencia de primera instancia.