Sentencia 2004-01939/43429 de febrero 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 150012331000200401939-01

Exp.: 43.429

Magistrado Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: Oscar Mauricio López Castiblanco y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial-Fiscalía General

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., siete de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los presupuestos procesales de la acción.

Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la competencia de esta corporación, la procedencia de la acción, la legitimación en la causa y la caducidad.

1.1. Competencia de la Sala.

Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Además, la Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó que la competencia para conocer de los mismos, correspondía, en primera instancia a los tribunales administrativos y, en segunda instancia, al Consejo de Estado, sin que sea relevante el aspecto relacionado con la cuantía(2).

1.2. Procedencia de la acción.

La acción de reparación directa es la procedente para resolver el conflicto planteado, por cuanto se pretende la indemnización de los perjuicios que señalaban haber sufridos los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad a que fue sometido el señor Oscar Mauricio López Castiblanco, entre el 13 de diciembre de 2002 y el 2 de mayo de 2003.

1.3. Legitimación en la causa.

Quienes integran la parte demandante están legitimados en la causa, toda vez que demostraron ser la víctima directa y los damnificados con los hechos que se imputan a la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación. En efecto, la demanda fue presentada por el señor Oscar Mauricio López Castiblanco, quien acreditó haber estado privado de la libertad durante el lapso comprendido entre el 12 de diciembre de 2002 y el 2 de mayo de 2003 (fl. 15), que es el daño por el cual se pide reparación, y los demás demandantes demostraron el vínculo de consanguinidad que los unía al señor Oscar Mauricio, lo que permite inferir su condición de damnificados con la detención padecida por este.

En efecto, consta que el señor Oscar Mauricio es hijo de los señores Tomás López Tirano y María Soraida Castiblanco Chaparro (registro civil del nacimiento de aquel, fl. 5 cdno. 1); y es padre de los señores Edison Mauricio, Lina María, Laura Alejandra, Sandra Marcela y Chistian Yobanni López López, y Brandom Nicolás López Rodríguez (registro civil del nacimiento de todos ellos, fls. 5-11, cdno. 1). En cuanto a la señora Fanci Yaneth López Barrera se acreditó su condición de tercera damnificada con el hecho, por estar demostrado que es la madre de los hijos del señor López Castiblanco.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se constata que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, de manera que la Nación, representada por tales entidades está legitimada como parte demandada en este asunto.

1.4. La demanda en tiempo.

La demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad se presentó en tiempo, si se tiene en cuenta que el señor Oscar Mauricio López Castiblanco recuperó la libertad el 2 de mayo de 2003 y la demanda se presentó el 16 de julio de 2004 (fl. 131, cdno. 2), esto es, dentro de los dos años que establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, antes de la modificación que le introdujo el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

2. Sobre el valor de los medios probatorios.

Para resolver esta controversia se tendrán en cuenta las pruebas que obran en el expediente, las cuales corresponden a los documentos traídos por la parte demandante y a las copias del proceso penal que se adelantó por esos hechos. En relación con dichos documentos debe precisarse: Los documentos aportados en copia simple gozan de valor probatorio, según el criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección, en la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2013(3), en la cual se consideró que si bien los artículos 252 y 254 del C.P.C. son aplicables a los proceso de naturaleza contencioso administrativa que se encuentren en curso, en razón de la integración normativa contenida en el artículo 267 del C.C.A., tales normas deben ser leídas a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y de los principios contenidos en la Ley 270 de 1996, referidos a la buena fe y a la lealtad procesal, así como a la intención del legislador de “modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos-leyes 1400 y 2019 de 1970”, intención hecha norma en las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011 y 1564 de 2012, conforme a las cuales las copias simples de documentos aportados al proceso tienen valor probatorio cuando las mismas hubieran obrado a lo largo del mismo y no hubiera sido cuestionada su veracidad durante las etapas de contradicción.

3. Análisis de la Sala.

La Sala deberá establecer si la retención que sufrió el señor Oscar Mauricio López Castiblando durante el lapso comprendido entre el 13 de diciembre de 2002 y el 2 de mayo de 2003, constituye un daño antijurídico y si el mismo es o no imputable a la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.

3.1. En cuanto al daño sufrido por los demandantes, como antes se señaló, quedó demostrado que el señor Oscar Mauricio López Castiblanco, estuvo privado de la libertad durante el lapso comprendido entre el 13 de diciembre de 2002 y el 2 de mayo de 2003 (fl. 15), y los demás demandantes demostraron el vínculo de consanguinidad que los unía aquel, lo que permite inferir su condición de damnificados con la detención que padeció. Con respecto a este último daño, ha dicho la Sala:

“Según lo ha reiterado la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia, hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(4); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(5), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o estable o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(6).

Asimismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos(7), según corresponda”(8).

3.2. Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, la Sala concluye que el señor Oscar Mauricio López Castiblanco estuvo detenido entre el 13 de diciembre de 2002 y el 2 de mayo de 2003, que es el término que, según la demanda le causó un daño que no estaba en el deber jurídico de soportar.

En efecto, está probado que el 13 de diciembre de 2002, el Oscar Mauricio López Castiblanco, prestó caución prendaria mediante póliza de seguro judicial y suscribió diligencia de compromiso, ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en la cual se obligó a informar todo cambio de residencia, observar buena conducta, reparar los daños ocasionados por el delito, salvo que se encuentre en incapacidad económica de hacerlo, comparecer ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando hubiera sido requerido, durante un período de prueba de 40 meses y 19 días y no salir del país sin autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena. En la diligencia se le advirtió que si cometía un nuevo delito o violaba cualquiera de las obligaciones impuestas, se ejecutaría la sentencia en lo que hubiera sido motivo de suspensión y se haría efectiva la caución prestada (fl. 14, cdno. 1).

En la misma fecha, la asesora jurídica de la Penitenciaría Nacional de Acacías, dejó la siguiente constancia (fl. 16, cdno. 1):

“[A]l momento de sustanciar la hoja de vida del interno López Castiblanco Oscar Mauricio, a efectos de otorgarle la libertad ordenada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, por condena de 8 años y 8 meses de prisión, impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja, por el delito de homicidio, se pudo constatar que el citado es requerido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Tunja, por el delito de Hurto Calificado Agravado, para purgar condena de 28 meses de prisión impuesta por el Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja, Boyacá.

Se deja constancia que el mismo Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Villavicencio, quien otorgó la libertad al interno en mención en la boleta 0485, informa a esta Penitenciaría que el interno López Blanco, es requerido por el citado juzgado de penas de Tunja, situación que fue corroborada por la citada autoridad vía fax.

En consecuencia, no se concede la libertad al interno López Castiblanco Oscar Mauricio, en el día de hoy, quien deberá permanecer en estas instalaciones, a órdenes de la citada autoridad y por el proceso y delito antes reseñados”.

El 2 de mayo de 2003, la asesora jurídica de la Penitenciaría Nacional de Acacías expidió “certificado de libertad” (fl. 15, cdno. 1), en el cual consta que el señor Oscar Mauricio López Castiblanco “se encuentra privado de su libertad desde el 15 de diciembre de 2002, a quien se le ha concedido libertad incondicional, según orden de libertad Nro. 059, expediente 2003-029, autoridad que concede Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, conoció primera instancia el Juzgado 1 Penal Municipal de Tunja, condena a 2 años 4 meses por el delito de hurto”.

3.3. También se probaron los hechos relacionados con una condena por 28 meses de prisión, impuesta al señor López Castellanos por el delito de hurto, que posteriormente fue anulada. Todos esos hechos aparecen demostrados con las copias del expediente penal que se tramitó en su contra por el último delito (fls. 17-419), copias que, como antes se señaló, pueden ser valoradas en este proceso, por haber estado a disposición de la parte demandada, sin que esta las tachara de falsedad. En esas copias consta:

3.3.1. El señor Oscar Mauricio López Castiblanco fue denunciado penalmente y capturado junto con otro hombre mayor de edad y dos menores, por la comisión del presunto delito de hurto calificado y agravado, cometido en contra del señor Francisco Muñoz Vera, quien denunció que el 9 de julio de 1998, en la ciudad de Tunja, fue despojado de sus pertenencias por tres hombres y una mujer, quienes, además, le causaron lesiones con arma cortopunzante, las cuales le produjeron una incapacidad médico legal de 15 días (fls. 35-38, cdno. 1). En esa misma fecha, la Fiscalía 20 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Tunja declaró abierta la instrucción y ordenó librar boleta de retención en contra del aquí demandante, a quien escuchó en indagatoria al día siguiente. La Fiscal de conocimiento dispuso su libertad inmediata, mediante diligencia de compromiso, suscrita por el indagado, quien se “compromete a presentarse ante este despacho dentro de los diez siguientes días con el fin de notificarse de la resolución que le resolverá su situación jurídica” (fl. 47, cdno. 1).

El asunto pasó a conocimiento de la Fiscalía 27 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Tunja, que ordenó la práctica de pruebas. El 17 de noviembre de 1998, la Fiscalía 26 Delegada de Tunja, a quien se reasignó el sumario, profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor López Castiblanco, a quien le concedió el beneficio de libertad provisional previa suscripción de caución juratoria (fl. 80-85, cdno. 1). Ese mismo despacho judicial, el 10 de agosto de 1999, profirió resolución de acusación en contra del aquí demandante, mantuvo la medida de aseguramiento, pero le revocó el beneficio de la libertad provisional y ordenó librar orden de captura en su contra, a fin de hacer efectiva su comparecencia al juicio, por no haber prestado este la caución juratoria que se le impuso para gozar del beneficio de libertad provisional (fls. 93-100, cdno. 1).

El Juzgado Primero Penal Municipal del Tunja, a quien correspondió conocer del proceso en la etapa de juzgamiento solicitó información sobre antecedentes penales del señor Oscar Mauricio López Castiblanco, al Centro de Información de Actividades Delictivas de la Fiscalía General de la Nación, entidad que mediante oficio de 25 de enero de 2000 informó que sobre el mencionado señor pesaba una medida de aseguramiento de detención preventiva, que estaba vigente y había sido proferida el 19 de enero de 1999, por la Fiscalía 9 de Delitos Contra la Vida, de Tunja, por el delito de homicidio (fl. 140, cdno. 1), además, de un proceso iniciado por la Fiscalía 20 Local de Tunja, por el presunto delito de hurto calificado, según hechos ocurridos el 9 de julio de 1998, sin más datos, y otra investigación que se le adelantó en el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Tunja, por el delito de hurto, que culminó con preclusión de la investigación, por indemnización a la víctima, el 18 de octubre de 1995 (fls. 143 y 145).

Ese mismo despacho judicial dictó sentencia condenatoria en su contra el 4 de mayo de 2001, en la que le impuso una condena de 28 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo, el pago de los perjuicios ocasionados y le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional. El fundamento de esa decisión fue el siguiente:

“En un comienzo, los procesados pretendieron crear confusión en los uniformados, a fin de no verse involucrados en el suceso que hoy fallamos, por eso informaron al policía de registro que hay en el hospital, que las lesiones de Andrés Ricardo ocurrieron en una riña en una taberna ubicada por los lados de la catedral, si realmente los hechos ocurrieron como lo contaron en sus injuradas, ¿por qué quisieron evadir la investigación? Esa actitud constituye un indicio de culpabilidad, que, sumado a la prueba testimonial de cargo, la fortalece.

Ya ante la evidencia de los hechos, los procesados y los dos menores de edad acordaron otra estrategia defensiva ante la administración de justicia, se mostraron como víctimas de Francisco Muñoz (el denunciante), lo que se sale de cualquier planteamiento lógico, pues nadie, ni siquiera siendo policía, va a retar, ofender y agredir a unos sujetos, que lo superan numéricamente, a altas horas de la noche, todos sabemos que los delincuentes jóvenes son más agresivos e irreflexivos que los delincuentes adultos. Se cae de su peso que ninguna persona está a altas horas de la noche en la calle, apostados en los andenes de un barrio, esto solo lo hacen los delincuentes que están al acecho de sus víctimas, también debemos analizar que el estado de inseguridad por el que estamos atravesando impide a los que todavía se animan a divertirse de noche, a deambular por las calles, a recorrer grandes tramos a pie, como el que dicen los procesados y sus amigos realizaron, tampoco es propio de las personas de bien portar armas cortopunzantes, estas son las herramientas propias de los ladrones.

Pero, sin ir más lejos, cotejemos los reconocimientos médico legales practicados a la víctima, con las versiones de Oscar Mauricio (…), para darnos cuenta cómo le han mentido a la justicia, pues ellos insisten en todas sus entradas procesales que el único que agredió a Muñoz Vera fue el menor Andrés Ricardo, quien lo hizo por la espalda (…), pero lo que muestra el reconocimiento médico legal es otra cosa, son dos las heridas y varias escoriaciones, es decir, multiplicidad de lesiones, coincidiendo la pericia médico legal con lo relatado por la víctima de que fue atacado por un grupo de jóvenes, que dos tenían armas cortopunzantes, que la primera herida fue en una de sus manos, cuando la puso sobre su abdomen, en protección de una de las puñaladas, que uno de los sujetos le mandó a esa parte, que la segunda puñalada se la dieron por la espalda, que el autor de esta última fue el menor, que al caer al piso, entre todos lo golpearon”.

Esa decisión fue confirmada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Tunja, mediante sentencia de 6 de agosto de 2001, al conocer del recurso de apelación interpuesto por el defensor del señor Oscar Mauricio López Castiblando y de otro de los sindicados (fls. 240-256, cdno. 1). La decisión quedó ejecutoriada, según constancia secretarial (fls. 261, cdno. 1).

3.3.2. No obstante, de ese proceso se declaró su nulidad, en obedecimiento a la orden proferida por el juez de tutela, a partir de la resolución de acusación, por no haberse notificado personalmente al sindicado todas las providencias dictadas en su contra.

En efecto, el señor López Castiblanco interpuso acción de tutela, que fue resuelta, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Tunja, mediante providencia de 2 de julio de 2002, por considerar que “hay la obligación de efectuar la notificación personal cuando el procesado se encuentre detenido por el proceso en el cual se profieren las providencias” (fls. 269-273, cdno. 1). No obstante, en ese proceso se declaró la nulidad de lo actuado, a partir del auto que avocó el conocimiento de la acción de tutela y se ordenó su remisión a los juzgados penales del circuito (fl. 274, cdno. 1).

Una vez se rehízo la actuación, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tunja, mediante providencia de 30 de agosto de 2002 denegó por improcedente la acción instaurada, por considerar que:

“Así, entonces, vamos estableciendo dos aspectos de trascendencia para efectos de la tutela: en primer término, que el acusado no podía atender las diligencias citadas por los despachos judiciales, porque, desde luego, se encontraba recluido en virtud de la condena en su contra por el delito de homicidio, más no por razón del proceso y despachos cuestionados; pero, en segundo lugar, que los despachos accionados, es decir, la Fiscalía 26 Local y el Juzgado Primero Penal Municipal no tuvieron en ninguno de los eventos anotados información de tal reclusión y mucho menos, se les había puesto al acusado a su disposición. Precisamente, es en esta circunstancia específica la que explica el que hayan procedido a dirigir las citaciones a un lugar de residencia, para efectos de que acudiera a la notificación personal, intentos estos con resultados obviamente fallidos.

A este respecto es, por demás diciente la anotación del señor apoderado, en el sentido de que ciertamente, nunca obró dentro del proceso que cursaba en la Fiscalía y el Juzgado constancia alguna de la aprehensión de López Castiblanco, allegada por el centro carcelario, el despacho por cuenta del cual se encontraba recluido o incluso por su defensor de entonces o cualquiera otra autoridad, y por lo mismo fue que se procedió a ordenar su captura.

(…)

Finalmente, es de relievar que en ningún momento es predicable vulneración del derecho de defensa, puesto que siempre estuvo asistido por defensor el procesado en el expediente en cuestión, con el que se surtieron las respectivas notificaciones y por los medios o en la forma establecida por el procedimiento respectivo, razón que avala nuestra afirmación sobre la no conculcación de derecho de raigambre constitucional alguno”.

No obstante, mediante auto dictado por la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Tunja, el 1º de octubre de 2002 se declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tutela, por haber sido interpuesta esta por quien no era abogado titulado inscrito, sino estudiante de consultorio jurídico, a quien el señor Oscar Mauricio López Castiblanco le había otorgado poder (fls. 283-288, cdno. 1).

El 16 de diciembre de 2002, el señor López Castiblanco presentó idéntica tutela a nombre propio (fls. 346-364, cdno. 1), la cual le fue negada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Tunja, mediante sentencia de 28 de enero de 2003, por considerar que no se le vulneraron al accionante sus derechos fundamentales, si se tiene en cuenta que desde el 18 de septiembre de 1998 se le envió telegrama para que compareciera a la Fiscalía 26 con el fin de notificarle la resolución mediante la cual se le resolvió su situación jurídica, sin que atendiera tal requerimiento, razón por la cual desde esa fecha se le notificaron todas las providencias que se profirieron en ese proceso por estados y edicto (fls. 332-335, cdno. 1). Contra esa decisión, el accionante interpuso recurso de apelación.

Según consta en la sentencia dictada en la acción por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, el 1º de abril de 2003, mediante la cual se resolvió dicho recurso (fls. 366-384, cdno. 1), el 13 de marzo de ese mismo año, dicha Sala declaró la nulidad de todo lo actuado en ese proceso, con excepción de las pruebas practicadas en ambas instancias, a partir del auto de 13 de enero de 2003, por medio del cual el Juez Quinto Penal del Circuito de Tunja admitió la acción y resolvió conocer de la misma en primera instancia.

En esa sentencia se tutelaron los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa del señor López Castiblanco y, en consecuencia, se declaró la nulidad de lo actuado en el proceso penal que se siguió en contra del accionante por el delito de hurto, a partir de la notificación de la resolución de 19 de abril de 1999, que clausuró la investigación, para que la Fiscalía 26 Local de Tunja rehiciera las actuaciones declaradas ineficaces, por considerar que:

“Se tiene que Oscar Mauricio López Castiblanco, en desarrollo de la indagatoria proporcionó a la Fiscalía la dirección de su residencia (…), a la cual fue citado por ese despacho judicial y por el Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja, mediante comunicaciones telegráficas, con el fin de notificarle las providencias dictadas en el proceso 3220 que le adelantaron por el delito de hurto calificado y agravado, a partir del momento en que fue dejado en libertad después de la indagatoria, sin que jamás se hubiera presentado. Pero, es igualmente cierto que la Fiscalía 20, en la resolución de la apertura de la investigación ordenó solicitar los antecedentes penales que registraban (…), petición que después fue reiterada por el Juez Primero Penal Municipal de Tunja, en auto del 17 de enero de 2000, sin que las autoridades encargadas de rendir dichos informes, como el DAS, el Centro de Investigación de Actividades Delictivas de la Fiscalía General de la Nación, etc., hubieran cumplido oportunamente con ese deber, habiéndolo hecho únicamente la última entidad mencionada el 25 de enero de 2000, fecha esa en que puso en conocimiento del Juez Primero Penal Municipal de Tunja que Oscar Mauricio López Castiblanco se encontraba privado de la libertad por cuenta de la Fiscalía Novena de Tunja, desde el 12 de enero de 1999, sindicado del delito de homicidio, en el cual había recaído medida de aseguramiento de detención preventiva el 19 de enero de 1999 (…). Es decir, que a pesar de que la Fiscalía 20 Local y el Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja solicitaron a las entidades del Estado competentes la información sobre antecedentes penales de Oscar Mauricio López Castiblanco, aquellas incurrieron en mora en proporción tal información desde el 12 de enero de 1999, fecha esta en que López Castiblanco fue privado de la libertad por el delito de homicidio y por orden de la Fiscalía Novena de Tunja, originando de esta manera una ostensible vía de hecho por consecuencia, como la ha denominado la Corte Constitucional en su Sentencia SU-014 del 17 de enero de 2001, pues no se deriva directamente de la actividad desplegada por las autoridades judiciales. Por otra parte, es innegable también que el Juez Primero Penal Municipal de Tunja, no obstante haber recibido del Centro de Información de Actividades Delictivas de la Fiscalía General de la Nación, desde el 25 de enero de 2000, la noticia de que Oscar Mauricio López Castiblanco estaba privado de la libertad desde el 12 de enero de 1999, por cuenta de la Fiscalía Novena de Tunja, sindicado del delito de homicidio omitió notificar personalmente al citado (…) las providencias que dictó posteriormente en el proceso por el delito de hurto, desconociendo así lo dispuesto en el art. 188 del C.P.P. vigente para ese entonces y la jurisprudencia pertinente (…). Ahora bien, tanto esta vía de hecho propiciada directamente por el Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja, como la denominada vía de hecho consecuencia (…), originaron perjuicio evidente al procesado Oscar Mauricio López C., en razón de que este, al no recibir notificación personal de tales providencias, se vio privado de ejercer su derecho de defensa material (…), mediante la solicitud de pruebas, la contradicción de las allegadas en su contra, la interposición de recursos, etc.

Atendiendo la orden del juez de tutela, la Fiscalía 26 procedió a rehacer la investigación, por lo que el 7 de abril de 2003 declaró cerrada la investigación (fl. 387-388, cdno. 1). El 30 de abril de 2003, dicha Fiscalía informó al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que había dictado medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor López Castiblanco, pero que en la misma providencia se le había concedido el beneficio de la libertad provisional, previa suscripción de caución juratoria (415, cdno. 1). El 12 de mayo de 2003, la Fiscalía 26 calificó el mérito del sumario seguido contra el demandante, con preclusión de investigación a su favor (fl. 417-425, cdno. 1), por considerar que existían dudas sobre la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del sindicado:

“Ahora bien, se señala en informe de policía donde se deja a disposición al denunciado y sus compañeros, indicando que fueron capturados en flagrancia; lo cual este despacho no advierte de ninguna manera, pues la misma se da en relación a las lesiones personales de las cuales fue objeto tanto denunciante como uno de los menores denunciados, ya que existen circunstancias que conllevan a ello, como son las huellas que presentaban los lesionados; pero en relación al hurto no podría hablarse de flagrancia, pues el contenido de la denuncia así como las pruebas aducidas no implica que las lesiones que presentaba el denunciante, así como uno de los menores denunciados se hayan originado con el fin de apropiarse de los bienes del querellante, ya que existe duda acerca del origen de las lesiones, esto es, si las mismas se presentaron con la intención de ejercer el hurto o a consecuencia de la actitud agresiva y desafiante con la que según los denunciados aducen este asumió, al verlos en la esquina del sector donde este reside.

(…)

En el subjudice y de acuerdo con el análisis que en conjunto efectúa esta delegada, del material probatorio recopilado al cartulario fácil es concluir que se debe dar aplicación a la norma antes citada toda vez que, tanto el aspecto material u objeto del ilícito como el subjetivo o de responsabilidad no se encuentra determinado con los elementos de prueba allegados, nótese que existen dudas relacionadas tanto de la ocurrencia del hecho y, en consecuencia, de la participación de Oscar Castiblanco en el hecho que se investiga, dudas que permanecerán en el tiempo, ya que no existe ni existirá medio probatorio que aclare de manera contundente si existió participación o no por parte de este en los hechos; luego lo procedente es evitar continuar con un diligenciamiento que a la postre no nos llevará a una situación diferente que la conocida, es decir, persistiendo la duda sobre la responsabilidad del aquí accionado y ante la carencia de medios probatorios que den certeza de la ocurrencia del hecho así como del autor del mismo”.

En resumen de lo expuesto hasta ahora: mediante sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, el 1º de abril de 2003, se declaró la nulidad de lo actuado en el proceso penal que se siguió en contra del accionante por el delito de hurto, a partir de la notificación de la resolución de 19 de abril de 1999, que clausuró la investigación, a fin de que la Fiscalía 26 Local de Tunja rehiciera las actuaciones declaradas ineficaces, en consideración a que el sindicado estaba privado de la libertad y, por lo tanto, debieron surtirse en forma personal las notificaciones de las providencias que se dictaron en su contra, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Decreto 2700 de 1991 y 178 de la Ley 600 de 2000.

3.4. De otra parte, el 12 de enero de 1999, el señor Oscar Mauricio López Castiblanco fue capturado por el delito de homicidio del señor Juan Carlos Orozco y dejado a disposición de la Fiscalía 7 de la Unidad de Reacción Inmediata de Tunja. El 14 de enero siguiente se le recibió indagatoria y posteriormente, se dictó en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin derecho a gozar de libertad provisional. El demandante pidió a la Fiscalía seguir el procedimiento correspondiente a la sentencia anticipada. En atención a su solicitud, 6 de febrero de 1999, el Fiscal Noveno Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Tunja le formuló cargos por el delito de homicidio doloso simple. El señor López Castiblanco aceptó dichos cargos. El 27 de mayo siguiente, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de ese mismo circuito lo condenó a la pena principal de 16 años de prisión, menos la tercera parte, por haberse dictado sentencia anticipada.

El 13 de diciembre de 2002, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio le otorgó al señor López Castiblanco la libertad, pero la decisión solo se hizo efectiva el 2 de mayo de 2003, en razón del requerimiento del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, para purgar la pena de 28 meses de prisión que le había sido impuesta por el Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja, por el delito de hurto.

3.5. La Sala considera que hay lugar a derivar la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas por los daños sufridos por los demandantes como consecuencia de la retención sufrida por el señor López Castiblanco, durante el lapso transcurrido entre el 1º de abril de 2003, fecha en la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal que se adelantó en contra del señor Oscar Mauricio López Castiblanco, por el delito de hurto, y el 2 de mayo de 2003, fecha en la cual se hizo efectivo el beneficio de libertad condicional, que le fue concedido, porque la retención durante ese lapso se produjo en razón de un proceso que fue anulado y que una vez rehecha la actuación se declaró la preclusión de la investigación que se adelantó en su contra.

A propósito de la reparación reclamada por el señor López Castiblanco, por habérsele negado el derecho a disfrutar del subrogado penal, cabe advertir que la Sala en sentencia de 29 de abril de 2015, expuso el criterio, que ahora se reitera, conforme al cual el daño derivado de la privación de la libertad de una persona a quien se ha concedido un subrogado penal es antijurídico, en los eventos en los que la revocatoria o negación de ese subrogado no obedece al incumplimiento de las obligaciones que aquel contrajo para obtener el beneficio:

“La condena de ejecución condicional, prevista, para el momento de los hechos en el artículo 68 del Decreto 100 de 1980(9), al igual que la ejecución condicional de la sentencia(10), eran subrogados penales, esto es, medidas sustitutivas de la pena de prisión o arresto, que se concedía a la persona condena que cumpliera los requisitos establecidos en la ley, relacionados con el tiempo de la detención y con sus condiciones subjetivas.

La Corte Constitucional, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, consideró que los subrogados penales, cuando se cumplieran los requisitos legales, constituían un derecho del condenado y no una gracia o favor que dependiera del simple arbitrio del juez:

(…)

Ahora bien: es pertinente anotar que la institución de los subrogados penales, obedece a una política criminal orientada a la mitigación y la humanización de la sanción punitiva. En efecto, en el marco del Estado social de derecho la pena, como instrumento adecuado para servir a los fines de prevención, retribución y resocialización, debe ser necesaria, útil y proporcionada; esto significa que si los mismos fines pueden lograrse por otros medios sancionatorios, debe preferirse el menos severo (pues el más restrictivo dejaría de ser necesario y útil), en aras de garantizar la dignidad del condenado.

(…)

En este sentido, las formas que ha previsto el legislador para que aquéllos que reúnen los requisitos cumplan con menor rigor su condena, se traducen en una serie de obligaciones tales como 1. informar todo cambio de residencia; 2. ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos; 3. reparar los daños ocasionados por el delito, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo; 4. abstenerse de consumir bebidas alcohólicas; 5. someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas o ante el consejo de patronato o institución que haga sus veces; 6. observar buena conducta, 7. garantizar el cumplimiento de estas obligaciones mediante caución (C. Penal, arts. 69 y 73) (11).

A pesar de constituir derechos del condenado que cumpliera los requisitos señalados en la ley, los subrogados penales podían ser revocados, según lo previsto en los artículos 70(12) y 74(13) del Código Penal, cuando el beneficiario de los mismos cometiera un nuevo delito durante el período de prueba o violara cualquiera de las obligaciones impuestas en el artículo 69 de dicha codificación. En tales eventos, había lugar a ejecutar inmediatamente la sentencia y se haría efectiva la caución prestada(14).

3.6. En ese orden de ideas, considera la Sala que el señor Oscar Mauricio López Castiblanco no estaba obligado a soportar el daño que le causó la privación de la libertad durante el lapso comprendido entre el 1º de abril y el 2 de mayo de 2003, porque tenía derecho a disfrutar de la libertad condicional que le fue concedida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, dado que no incumplió las obligaciones que contrajo al momento de concederle el beneficio. La suspensión del subrogado, como consecuencia de la condena que le había sido impuesta por el Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja, por el delito de hurto carecía de justificación jurídica, por cuanto esa decisión fue anulada en sede de tutela y, posteriormente, se precluyó a su favor dicha investigación.

3.6. (sic) En este caso no se configura la causal de exoneración de responsabilidad de la entidad demandada, prevista en el artículo 70 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, conforme al cual “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”, dado que frente a la decisión de negarle el disfrute del subrogado penal, conforme al requerimiento del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, no hay reproche que hacerle al señor López Castiblanco. Este desconocía la existencia de la condena que se le había impuesto por el delito de hurto, porque no se le habían notificado las providencias dictadas en su contra tanto por la Fiscalía como por los Juzgados Primero Penal Municipal y Quinto Penal del Circuito de Tunja, omisión que, justamente, fue la que motivó la declaratoria de nulidad de esas decisiones por el Tribunal Superior de Tunja, en sede de tutela.

Es cierto que el señor López Castiblanco tenía conocimiento de que se había abierto una investigación en su contra por el delito de hurto, dado que le fue recibida indagatoria, al final de la cual se le concedió el beneficio de la libertad provisional; sin embargo, el demandante no estaba en el deber de informar a la Fiscalía ni al Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja, que se encontraba recluido en la cárcel de Villavicencio, por cuenta de la Fiscalía y del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja, porque: (i) su situación obedecía a decisiones de las mismas entidades estatales: Fiscalía y Rama Judicial, y no debía el demandante cargar con las consecuencias adversas derivadas de los problemas de información atribuibles al Estado; (ii) los despachos judiciales que adelantaron la investigación y juzgamiento del delito de hurto se enteraron oportunamente de que pesaba medida de aseguramiento en contra del sindicado por el delito de homicidio, conforme consta en oficio de 25 de enero de 2000 remitido a la Fiscalía por el Centro de Información de Actividades Delictivas de la misma entidad y, sin embargo, no se indagó en el despacho judicial indicado en el oficio si dicha medida se había hecho o no efectiva y, (iii) porque el demandante no suscribió la caución juratoria, ordenada por la Fiscalía en el proceso de hurto, en la cual se le imponía, conforme a la ley, el deber de informar todo cambio de residencia, y no porque él se hubiera rehusado a hacerlo, sino porque no se le notificó esa medida de aseguramiento, a pesar de hallarse detenido.

Ahora bien, las consideraciones relacionadas con el reproche que podía hacerse a su conducta, en relación con el proceso penal que se le adelantó por el delito de hurto resultan ajenas a este debate judicial, en consideración a que la retención del señor López Castiblanco, durante el lapso transcurrido entre el 1º de abril y el 2 de mayo de 2003, obedeció a los hechos objetivos antes señalados, que hicieron nugatorio su derecho a gozar del beneficio penal que le fue concedido.

En síntesis, la retención del señor López Castiblanco, desde el día en el que se declaró la nulidad del proceso penal que se le adelantó por el delito de hurto fue injusta, porque no estaba en el deber jurídico de soportarla, dado que no incurrió en conductas dolosas o culposas que hubieran sido causa de ese daño.

4. Indemnización de perjuicios.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, se procederá a determinar la indemnización que corresponde a cada uno de los demandantes por el daño moral que sufrieron como consecuencia de la privación injusta de la libertad padecida por el señor Oscar Mauricio López Castiblanco.

4.1. En sentencia de unificación(15), la Sección Tercera acogió el criterio para indemnizar por los daños causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad, en estos términos:

“Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se reitera, se encuentra suficientemente establecido que el Juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto(16).

Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —radicación 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

En el caso concreto, se acreditó que el señor López Castiblanco estuvo privado de la libertad entre el 1º de abril y el 2 de mayo de 2003, esto es por el lapso de un mes; por lo tanto, la indemnización por tales perjuicios será de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes, con excepción de la señora Fanci Yaneth López Barrera, a quien se indemnizará como tercera damnificada por ser la madre de los hijos del señor López Castiblanco, pero quien no demostró ser su compañera permanente, por dos punto veinticinco (2.25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

4.2. Se negará la indemnización reclamada por el demandante a título de daño emergente, por los honorarios que adujo haber pagado al abogado que lo asesoró jurídicamente en el proceso penal, por no haber sido demostrado ese daño en este proceso.

5. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

6. Para efectos de decidir la responsabilidad entre las entidades demandadas (Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial), sin que esto afecte el derecho del demandante a reclamar a una sola de ellas el total de la indemnización, se considera que cada una de ellas debe responder por el 50% del total de la condena impuesta en esta sentencia, porque se considera equivalente su participación en la causación del daño. La entidad que pague el 100% de la condena tendrá derecho a repetir contra la otra en el porcentaje señalado.

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente dilatorio”(17). En el caso concreto, no advierte la Sala comportamiento temerario de ninguna de las partes en sus actuaciones procesales. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de ordenar condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Boyacá, el 29 de septiembre de 2011 y, en su lugar, SE DISPONE:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación por la detención injusta sufrida por el señor Oscar Mauricio López Castiblanco.

2. CONDÉNASE a la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes indemnizaciones, por concepto de daño moral, para cada uno de los demandantes Oscar Mauricio López Castiblanco, Edison Mauricio López López, Lina María López López, Laura Alejandra López López, Sandra Marcela López López, Chistian Yobanni López López, Brandom Nicolás López Rodríguez, Tomás López Tirando y María Soraida Castiblanco Chaparro: quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia; y para la señora Fanci Yaneth López Barrera dos punto veinticinco (2.25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. La Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Sin condena en costas

7. La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial deben responder cada una por el 50% del total de la condena impuesta en esta sentencia, sin que esto afecte el derecho de los beneficiarios a reclamar a una sola de ellas el total de la indemnización. La entidad que pague el 100% de la condena tendrá derecho a repetir contra la otra en el porcentaje señalado.

8. Se acepta la sustitución del poder hecha por el abogado Óscar Orlando Roballo Olmos, apoderado de la parte demandante, a la abogada Doris Stella Guerrero Malagón, en los términos del memorial radicado en la Secretaría de la Sección Tercera de la Corporación, el 22 de junio de 2017 (fl. 837, cdno. 1).

9. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Escobar.

4 Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076. M.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar.

5 Sentencia de 20 de febrero de 2.008, exp. 15.980. M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

6 Sentencia del 11 de julio de 2012, exp. 23.688. M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 23.998 y del 13 de febrero de 2013, exp. 24.296.

7 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1º de marzo de 2006, exp. 15440. MP: María Elena Giraldo Gómez.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 36.149, C.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

9 El artículo 72 del Decreto 100 de 1980 regulaba la ejecución condicional de la sentencia, en estos términos: “El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a la pena de arresto mayor de tres años o a la de prisión que exceda de dos, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la condena, siempre que su personalidad, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan suponer fundadamente su readaptación social”.

10 El artículo 68 del Decreto 100 de 1980 establecía: “En la sentencia condenatoria de primera, segunda o de única instancia, el juez podrá de oficio o a petición del interesado, suspender la ejecución por un período de prueba de dos (2) a cinco (5) años, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 1. Que la pena impuesta sea de arresto o no exceda de tres (3) años de prisión. 2. Que su personalidad, la naturaleza y modalidades del hecho punible, permitan suponer que el condenado no requiere de tratamiento penitenciario”.

11 Corte Constitucional, Sentencia C-679 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

12 “ART. 70.—‘Si durante el período de prueba el condenado cometiere un nuevo delito o violare cualquiera de las obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada”.

13 “ART. 74.—‘Si durante el período de prueba que comprenderá el tiempo que falte para cumplir la condena y hasta una tercera parte más, cometiere el condenado un nuevo delito o violare las obligaciones impuestas, se revocará la libertad condicional y se hará efectivo el resto de la pena que haya dejado de cumplir.//Si el juez decide extender el período de prueba más allá del tiempo de la condena, podrá prescindir de imponer al condenado, durante ese período de exceso, las obligaciones señaladas en el artículo 69“.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de abril de 2015, exp. 26.262, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero, reiterada en sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección de 28 de agosto de 2014, exp. 36.149, C.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

16 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2013. Expediente 31033.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C.P. Ricardo Hoyos Duque.