Sentencia 2004-01945/44559 de junio 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 25000-23-26-000-2004-01495-01 (44559)

Actor: Milton César López Madrid y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., doce de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) prelación del fallo; 3) oportunidad de la acción; 4) legitimación en la causa; 5) parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad - reiteración de jurisprudencia; 6) pruebas recaudadas en el proceso; 7) el caso concreto : a) el daño, b) la imputación: la Nación - Fiscalía General de la Nación es responsable por la privación injusta de la libertad del actor, quien no cometió la conducta de rebelión; 8) indemnización de perjuicios: 8.1.- perjuicios morales; 8.2.- perjuicios materiales; 9) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los tribunales administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto(10).

2. Prelación del fallo.

En la actualidad, la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Milton César López Madrid, tema respecto del cual la sección tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(11), con el fin de reiterar su jurisprudencia.

3. Oportunidad de la acción.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta sección ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(12).

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido el demandante Milton César López Madrid, con ocasión de la privación de la libertad de la que dice haber sido víctima dentro de un proceso penal.

Se observa que la Sentencia del 10 de junio de 2003, proferida por el juzgado cuarenta y cinco penal del circuito de Bogotá, por la cual se absolvió al señor Milton César López Madrid cobró ejecutoria el 22 de julio de 2003, según oficio suscrito por el titular de ese despacho(13); ello quiere decir que el término para presentar la demanda vencía el 23 de julio de 2005 y esta fue radicada el 16 de septiembre de 2004, esto es, dentro del plazo indicado en el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.

4. Legitimación en la causa.

El señor Milton César López Madrid se encuentra legitimado para actuar, pues según la Sentencia del 10 de junio de 2003, proferida por el juzgado cuarenta y cinco penal del circuito de Bogotá, se encontró privado de la libertad dentro del proceso que se le adelantó por el delito de rebelión(14).

En cuanto a su hijo, Neall Esteven López Muñoz, este se encuentra legitimado para actuar según el registro civil de nacimiento allegado al expediente(15).

En relación con la señora Gloria Muñoz y los menores Julián Arley Perdomo Muñoz y Duván Andrés Muñoz, no se encuentra acreditado que aquella sea la cónyuge del señor Milton César López Madrid, como tampoco que estos últimos sean sus hijos en común, pues, incluso, según copia del registro civil de nacimiento agregado al plenario(16), el primero de los menores es hijo de la señora Gloria Muñoz y del señor Arley Perdomo Arrigui y, del segundo, no es posible establecer su parentesco.

Sin embargo, según los testimonios de las señoras Flor María Villarraga Fuentes y Nury Reyes Ruiz(17), la familia del señor Milton César López Madrid está conformada por su “esposa” Gloria Muñoz y sus tres hijos, entre ellos los menores Julián Arley y Duván Andrés, razón por la cual, la Sala los acredita como compañera permanente y terceros damnificados por principio de congruencia, pues así se solicitó en la demanda y se precisó en el recurso de apelación.

Por su parte, la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Nación - rama judicial se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, dado que contra estas entidades se dirigió la demanda y están debidamente representadas por el Fiscal General de la Nación y por el director ejecutivo de administración judicial, respectivamente, de conformidad con los artículos 49 de la Ley 446 de 1998, 99 numeral 8, de la Ley 270 de 1996 y con la jurisprudencia de la Sala plena de esta sección(18).

Igual se predica del Departamento Administrativo de Seguridad DAS que fue debidamente representado por su entonces director, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 446 de 1998.

No obstante, debe precisarse que como dicha entidad fue suprimida mediante Decreto 4057 de 2011, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del mismo reglamentado por el Decreto 108 de 2016, mediante Auto del 1º de marzo de 2017 se dispuso la sucesión procesal del extinto DAS en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado(19).

5. Parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad - reiteración de jurisprudencia.

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la sección tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación en su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso deberá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada(20) por la sección tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(21).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala plena de la sección tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Con esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. Pruebas recaudadas en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos probatorios:

— Certificación suscrita por el coordinador del centro de atención ciudadana de la Defensoría del Pueblo, según la cual el 8 de marzo de 2002 el señor Milton César López Madrid declaró que era desplazado por la violencia(22).

— Certificación del 15 de abril de 2002, suscrita por el secretario de gobierno de Vista Hermosa, según la cual el señor Milton César López Madrid laboró como miembro del cuerpo cívico de convivencia de la zona de distención durante el año 2001 y que se desempeñó como bibliotecario de la casa la cultura de ese municipio hasta el 4 de marzo de 2002, pero por amenazas contra su vida debió desplazarse con su familia(23).

— Copia de la Resolución del 31 de mayo de 2002, por la cual la fiscalía 110 delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá, destacada ante el DAS, ordenó una misión de trabajo al DAS, a fin de esclarecer la identidad de Milton alias “ Willington” presunto miembro del frente cuarenta de las FARC(24).

— Copia de la Resolución del 1º de junio de 2002, por la cual la fiscalía 110 delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá, destacada ante el DAS, vinculó a la investigación penal por el delito de rebelión al señor Milton César López Madrid y ordenó su captura(25).

— Copia de la orden de captura emitida en contra del señor Milton César López Madrid(26).

— Copia de la diligencia de allanamiento a su residencia, en la cual fue capturado el señor Milton César López Madrid y acta de derechos del mismo del 1º de junio de 2002(27).

— Oficio del 1º de junio de 2002, por el cual la fiscalía 110 delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá, destacada ante el DAS, solicitó al jefe de la sala de capturados del DAS mantener en dichas instalaciones, privado de la libertad, al señor Milton César López Madrid(28).

— Copia de la diligencia de indagatoria del 4 de junio de 2002, que fue rendida por el señor Milton César López Madrid(29).

— Orden de encarcelamiento Nº 070 del 4 de junio de 2002, por la cual la fiscalía 110 delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá, destacada ante el DAS, solicitó al director de la cárcel Modelo de la misma ciudad que mantuviera privado de la libertad al señor Milton César López Madrid en ese establecimiento(30).

— Diligencia de ampliación de indagatoria del señor Milton César López Madrid, realizada el 5 de junio de 2002(31).

— Resolución del 7 de junio de 2002, por la cual la fiscalía 110 delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá, destacada ante el DAS, resolvió la situación jurídica del señor Milton César López Madrid y de otra persona y les dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, como posibles autores del delito de rebelión(32).

— Resolución del 9 de julio de 2002, por la cual la unidad de fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó íntegramente la Resolución del 7 de junio 2002 que decretó la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Milton César López Madrid(33).

— Resolución del 3 de octubre de 2002, por la cual la fiscalía 238 delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá acusó al señor Milton César López Madrid y a otro sindicado como presuntos responsables del delito de rebelión(34).

— Oficio del 10 de abril de 2003, suscrito por la coordinadora del área de registro nacional de población desplazada, según el cual el señor Milton César López Madrid y su grupo familiar se encuentran incluidos en el registro nacional de población desplazada por la violencia(35).

— Sentencia del 10 de junio de 2003, por la cual el juzgado cuarenta y cinco penal del circuito de Bogotá absolvió al señor Milton César López Madrid y a otro procesado del delito de rebelión y les concedió libertad provisional(36).

— Boleta de libertad del señor Milton César López Madrid, del 16 de julio de 2003(37).

— Acta de compromiso del 16 de julio de 2003, suscrita por el señor Milton César López Madrid ante el juzgado cuarenta y cinco penal del circuito de Bogotá, para el cumplimiento de las obligaciones ordenadas por el juez, hasta tanto quedara ejecutoriada la sentencia absolutoria(38).

— Oficio del 25 de julio de 2003, por el cual el juez cuarenta y cinco penal del circuito de Bogotá señaló que la Sentencia del 10 de junio de 2003 quedó ejecutoriada el 22 de julio del mismo año(39).

— Copia del proceso penal seguido en contra del señor Milton César López Madrid(40).

7. El caso concreto.

a) El daño.

El daño, consistente en la privación de la libertad sufrida por el actor, se encuentra demostrado con la Resolución del 1º de junio de 2002, por la cual la fiscalía 110 delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá, destacada ante el DAS, lo vinculó a la investigación penal por el delito de rebelión y ordenó su captura, así como la Resolución del 7 de junio de 2002, por la cual ese mismo despacho dictó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional.

Igualmente, el daño se encuentra probado con la sentencia absolutoria del 10 de junio de 2003, proferida por el juzgado cuarenta y cinco penal del circuito de Bogotá, que ordenó la libertad del actor luego de haber sido procesado por el delito de rebelión.

b) La imputación: la Nación - Fiscalía General de la Nación es responsable por la privación injusta de la libertad del actor quien no cometió la conducta de rebelión.

De los documentos relacionados se puede establecer que el señor Milton César López Madrid estuvo privado de su libertad, acusado del delito de rebelión.

En cuanto a su captura, se encuentra acreditado que mediante Resolución del 1º de junio de 2002, proferida por la fiscalía 110 delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá, destacada ante el DAS, el señor Milton César López Madrid fue vinculado a la investigación y se ordenó su captura, bajo las siguientes consideraciones:

“Teniendo en cuenta lo informado por policía judicial quienes señalan que de acuerdo con sus labores, han identificado a alias “Willington” como Milton César López Madrid, quien según las averiguaciones telefónicas se identifica con la cédula de ciudadanía (...) y quien es señalado en la presente investigación como uno de los integrantes del grupo designado por las FARC, para atentar contra el Presidente de la República y Álvaro Uribe, se ordena vincular a la presente investigación y para ello se librará la correspondiente orden de captura.

“Así mismo y en razón a que los investigadores señalan que el mismo se ubica en la calle (...) de la ciudad de Bogotá, se ordena realizar la diligencia de allanamiento y registro en dicho inmueble con el fin de materializar la captura ordenada y la incautación de elementos o documentos que provengan de dicha ilicitud (...)”(41) (se trascribe como aparece en el texto).

En la misma fecha, se realizó la diligencia de allanamiento al lugar de residencia, lugar en el que fue encontrado el señor Milton César López Madrid, capturado y conducido a las instalaciones del DAS donde fue detenido(42).

Posteriormente, el 7 de junio de 2002, la fiscalía 110 delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá, destacada ante el DAS resolvió la situación jurídica del actor y le decretó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, como autor del delito de rebelión, con fundamento en las siguientes razones:

“Se inicia la presente investigación, en razón a que el 14 de marzo del presente año, ante la Personería Municipal de Sogamoso (Boy), se hizo presente Evangelista Tavera Henao con el fin de manifestar su deseo de reinsertarse a la vida civil, toda vez que hacía parte de las FARC como enfermero de las filas mixtas de los diferentes frentes que operaban en Miraflores (Guaviare) y en la zona de despeje.

“Escuchado Tavera Henao por la fiscalía 26 seccional de Sogamoso y por esta delegada, ha sido constante en cada una de sus intervenciones, al señalar que, efectivamente, Manuel Marulanda ordenó a ‘Buendía’, ‘Caballo’ y ‘Rumba’ realizar un atentado contra el señor Presidente de la República Andrés Pastrana Arango y contra los candidatos de la primera magistratura del país, Álvaro Uribe Vélez y Horacio Serpa.

“Así mismo advierte que para realizar dichos atentados, se conformó un grupo de 26 subversivos, entre los cuales señala a alias ‘Milton’ y a ‘Willington’ de los cuales asevera que se encuentran o se localizan en el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) donde residen familiares de estos.

“(...).

“Por su parte, frente a alias ‘Willington’ manifiesta que lo conoce con el nombre de Milton y que este es un duro de los computadores, que este vive con Gloria hermana de Jhon Fabio Rodríguez Muñoz y que su actividad dentro de las filas de la guerrilla de las FARC era la de llevar el registro en el computador y de disquetes de las personas de Vista Hermosa que pertenecían a las FARC, de los retenes, policías cívicos, de milicianos y de civiles, todo esto bajo las órdenes de Arquímedes y de Cepillo; además, señala que este carga un carné de la biblioteca de Vista Hermosa.

“(...).

“Ahora, en lo que respecta a Milton César López Madrid y quien es señalado por Tavera Henao como otro integrante de las FARC en el municipio de Vista Hermosa y al cual le fue encomendada la labor de llevar los registros de los integrantes de las FARC, milicianos, policía cívica y población civil de dicho municipio se tiene:

“Es una realidad procesal, hasta este instante que, efectivamente, este sindicado trabajó en el municipio de Vista Hermosa (Meta) en la casa de la cultura, como bibliotecario, que hace vida marital con Gloria Muñoz, hermana de Jhon Fabio Rodríguez Muñoz, que realizó cursos de sistemas y que tenía una estrecha relación con ‘Arquímedes’ y ‘Cepillo’, comandantes de las FARC en dicho pueblo, es decir, se confirma de esta manera lo manifestado por Evangelista Tavera Henao, veamos:

“(...).

“Significa lo antecedente, que cobra una vez más fuerza probatoria lo manifestado por Tavera Henao en relación con López Madrid, ya que queda establecido de esta forma que, efectivamente, este tenía una relación estrecha con los comandantes de las FARC que actuaban en Vista Hermosa y la cual no se limitaba únicamente al saludo, como lo quiere hacer saber López en su injurada.

“Es de aclarar que el simple hecho de hablar con los subversivos no conlleva a etiquetar a la población civil como colaboradores de la subversión, porque sería caer en un peligrosismo, toda vez que es entendible para este despacho estas circunstancias que se viven donde existe influencia de grupos armados. Pero cuando dicha relación se sale de estos cánones y se pasa como en el presente caso a tener una estrecha relación conlleva a tener a estas personas como colaboradores o auxiliadores y es precisamente lo que se concluye del acervo probatorio, es decir, que López Madrid fue colaborador de las FARC y es por ello que se puede sostener que, efectivamente, este era el encargado de llevar los registros de los integrantes de las FARC y de la población civil de Vista Hermosa, como lo señala Tavera Henao.

“De no ser cierta la anterior conclusión, se pregunta el despacho cuál es la causa para que este, en su diligencia de descargos manifestara que únicamente conocía de saludo a ‘Arquímedes’ y a ‘Cepillo’, comandantes de las FARC en Vista Hermosa, pues es una realidad que viviendo y trabajando en la alcaldía debió conocerlos, lo cual resulta a todas luces que su dicho es meramente defensivo y quiere ocultar su verdadero actuar que no es otro diferente, al de llevar la lista de integrantes de las FARC.

“Por otra parte se observa que en su injurada no solo oculta este hecho, sino que también pretende hacer creer que sus conocimientos en aviación son producto de la práctica en un simulador que tiene en su computador y su experiencia la ha obtenido en la lectura del manual que trae el mismo, lo cual es contrario a lo que este le informara a su cuñado Jhon Fabio, de que había realizado un curso de aviación y que había piloteado avionetas en Villavicencio.

“(...).

“Además, es significativo para este despacho el hecho de que Milton César abandonara Vista Hermosa a consecuencia del homicidio de su cuñada a manos, según él, de paramilitares que ingresaron al pueblo una vez se terminó la zona de despeje, lo cual conlleva por lo menos a pensar que es señalado por ese grupo al margen de la ley, como presunto subversivo o colaborador de las FARC. De no ser así, no ve este despacho la razón por la cual Milton César tuviera que abandonar el pueblo en esa forma dejando abandonado su puesto y pertenencias(43) (negrillas de la Sala) (se trascribe como aparece en el texto).

Dicha providencia fue confirmada mediante Resolución del 9 de julio de 2002, por la unidad de fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá(44).

Igualmente, se observa que mediante Resolución del 3 de octubre de 2002, la fiscalía 238 delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá acusó al señor Milton César López Madrid como autor del delito de rebelión, lo cual argumentó en los siguientes términos:

“Se confirmó con el ubérrimo recaudo testimonial y las mismas indagatorias de los acusados que, en efecto, se habían trasladado de la zona de Vista Hermosa (Meta) a Bogotá y pernoctaban en el hospedaje ‘Mamá Nora’ desde donde hacían seguimiento y pretendían hacer inteligencia y penetrar anillos de seguridad de los objetivos militares, utilizando féminas para seducir a escoltas y agentes de seguridad y señuelos o estratagemas como indigentes o recicladores para aproximarse al lugar siguiendo las órdenes de los altos mandos de las FARC: ‘Marulanda’, el ‘Mono Jojoy’ y dirigidos por los comandantes ‘Caballo’ y ‘Rumba’ expertos en explosivos y personas de confianza de la cúpula de las FARC, especialmente de Jorge Briceño quien diseñó el plan y les impartió instrucciones saliendo de la zona donde se encontraban en el Meta en octubre/2001.

“A su turno el otro procesado Milton César López Madrid en sus descargos que militan a fls. 115 y ss. rendidos desde el 4 de junio pasado dice haber trabajado en la alcaldía de Vista Hermosa, Meta, durante 3 años de 1999 a 2002, que fue desplazado por la violencia a Bogotá, no tiene arraigo laboral, pero ha viajado por varias partes del país: Villavicencio, Palmira, Valle y al acabarse la zona de distención o despeje en marzo/2002 mataron a su cuñada Rosa Muñoz y por eso fue desplazado a Bogotá con su esposa Gloria e hijastro Julián Arley, replica en su defensa que trabajó 3 años como bibliotecario y por eso sabía manejar computadores e internet y el aparato incautado solo contenía juegos para el niño, su hoja de vida, no una lista o censos ni nada de eso. Acepta que conocía a miembros del frente 27 quienes iban al pueblo a hacer retenciones, pero no son los de los retratos hablados.

“(...).

“Por su parte Milton César López Madrid (fls. 138 y ss.) amplió sus exculpaciones el 5 de junio alude que Jhon Fabio Rodríguez Muñoz tiene problemas de licor por eso lo echaron de la casa y se fue a Carmen de Apicalá donde su mujer e hijo, reconoce que ‘Arquímedes’ iba a la alcaldía a pedir información de la misma pero no porque fuera él militante. Niega haber hecho cursos de pilotaje, replica que lo que aprendió fue en el simulador de vuelo del computador y colocaba información no veraz en las hojas de vida por la falta de oportunidades de empleo, siendo desplazado y poco calificado y los datos de la escuela de aviación era información donde quería hacer un curso por pura afición. Nótese que es absurdo que una persona que esgrime que está en una precaria situación económica, desplazado con familia, sin empleo, pretenda hacer unos cursos que son muy onerosos sin tener algún vínculo laboral a fin a ello (aviación). Esgrime que como le dieron de baja a su hermana por hablar con soldados la guerrilla le dio miedo, en oposición a los testimonios de los moradores de la zona que afirman fueron paramilitares. Dice que gracias a la Defensoría del Pueblo se le trasladó como desplazado por la violencia desde Vista Hermosa a Bogotá con su prole.

“(...).

“En este orden de ideas, es palmario que ambos se encontraban en esa zona en época coetánea a la que se prepararon múltiples hechos delictivos dirigidos por la guerrilla, frentes 27, 40 y 43 de las FARC y aunque individualmente no hayan participado en todos ellos, tenían conocimiento y no hicieron nada para evitarlo demostrando su connivencia irrestricta para perpetrar extorsiones, secuestros, ejecuciones, tomas guerrilleras y en particular estuvieron en permanente relación con los gestores del plan terrorista presidencial en la toma de posesión del nuevo primer mandatario. Y son no uno sino un número plural significativo de testimonios que obran en la presente actuación y que comprometen seriamente la responsabilidad como subversivos de Milton César López Madrid y de Jhon Fabio Rodríguez Muñoz de quienes aseguran estuvieron en las filas del frente 27 de las FARC y formaban parte de las misiones remitidos a Bogotá para atentar en la toma de posesión presidencial contra los detentadores del poder habiéndose preparado previamente toda la estrategia al mando de Jorge Briceño, que tiene conocimiento [de] que los procesados estaban pernoctando en el hospedaje ‘Mamá Nora’ y comandados por ‘Buendía’ a quien le dieron órdenes y le consta de hacer un atentado el 7 de agosto/2002 y contra los candidatos en ese entonces presidenciales y describe las características físicas de los encartados, sus habilidades y contactos con comandantes añadiendo que vio a estos y lo reafirmó una y otra vez en las múltiples ampliaciones de injurada vertidas dentro del proceso de reinserción en las que respecto de esos cargos se ratificó bajo juramento (...)”(45) (negrillas de la Sala) (se trascribe como aparece en el texto).

Finalmente, en Sentencia del 10 de junio de 2003, el juzgado cuarenta y cinco penal del circuito de Bogotá absolvió al señor Milton César López Madrid y a la otra persona procesada en los siguientes términos:

“En el caso bajo estudio, se sabe que si bien los señores Milton César López Madrid y Jhon Fabio Rodríguez Muñoz fueron señalados por el informante como miembros activos del grupo subversivo frente 27 de las FARC, también lo es que las pruebas allegadas al plenario desvirtúan tales afirmaciones veamos:

“Señala Tavera Henao frente a las actividades de los hoy enjuiciados cuando el fiscal instructor interroga:

‘...Qué actividades realizaban...Milton en Vista Hermosa. CONTESTÓ. Milton carga un carné de la biblioteca pero él solo se reunía con Arquímedes. PREGUNTA. Sabe usted a qué frente pertenecía Milton. CONTESTÓ. En el 40, él trabajó más con el 27 para estar cerca de la familia. PREGUNTA. Por qué dice usted que Milton es un duro de los computadores. CONTESTÓ. Porque él fue el único elegido por Arquímedes para que hiciera trámites de papeles, trámites de algún capturado, él tenía una lista en el computador y en disquet de las personas de Vista Hermosa y de los que pertenecían a las FARC...” ver folio 99 c.o’.

“(...).

Sin embargo, el acervo probatorio nos muestra que, efectivamente, el señor Milton César López Madrid era residente del municipio de Vista Hermosa junto con su familia, que se vinculó a algunos grupos cívicos durante la etapa de la zona de distención (sic) y que se desempeñó como funcionario de la casa de la cultura de la citada localidad, pero no por pertenecer a un grupo al margen de la ley como lo es las FARC, sino porque primero perteneció a la policía cívica tal como obra en las constancias en el infolio y después porque fue nombrado por el alcalde como bibliotecario de la misma localidad. Ver folios 23, 24, y 33 a 35 c.o.c, teniendo vínculo con el señor Jhon Fabio Rodríguez Muñoz, por ser el hermano de su esposa, mas no por ser compañero de andanzas del citado grupo.

“Tal circunstancia evidencia que para el caso López Madrid estuvo vinculado a instituciones públicas o cívicas del Estado a la cual fue vinculado por este mismo no por grupos rebeldes que para la época fueron aceptados temporalmente por la ciudadanía y la ley, grupos que una vez decretada la terminación de la zona de distención (sic) abandonaron los cascos urbanos de las poblaciones para ocultar su presencia de las autoridades, aspecto que definitivamente está descartado para los hoy implicados quienes acudieron a la autoridad competente —Defensoría del Pueblo— para obtener protección, lo que obviamente deja en evidencia su situación y confirma su dicho.

“De ahí se logra establecer que la presencia de los señores López Madrid y Rodríguez Muñoz en esta ciudad capital, fue porque se vieron en la obligación de salir de Vista Hermosa en calidad de desplazados (ver folios 120 a 128 c.o.) y no precisamente por hacer parte de una misión de las FARC destinada a atentar contra el primer mandatario de nuestro país como lo afirmó en su oportunidad Tavera Henao.

“Aunado a lo anterior, se tiene que si bien obran testimonios como los ofrecidos por la señora Alcira Díaz (ver folios 173, 174 c.o.) y la del señor Jorge Durabio Jara Torres, en cuanto a los vínculos de amistad entre los hoy enjuiciados López Madrid y Rodríguez Muñoz y miembros de las FARC que afirman que los vieron compartiendo con estos, también lo es que para nadie es un secreto que cuando existió la llamada zona de distención procurando los diálogos de paz era tolerable que esta situación se presentara debido precisamente a la intervención tanto del Gobierno Nacional como la de los grupos alzados en armas, más concretamente las FARC, de ahí que sea comprensible que esta situación haya tenido ocurrencia sin que por lo mismo se pueda afirmar o imputar la existencia de un vínculo ideológico o de hecho, pues de ser así en tal circunstancia quedarían incluidos todos los habitantes de lo que anteriormente fuera la zona de distención (sic), luego las manifestaciones obrantes en este sentido no otorgan certeza sobre la existencia de lazos entre los hoy procesados y los grupos alzados en armas.

“De otra parte, se sabe con seguridad el conocimiento y relación de amistad entre quien se constituyera como informante y los hoy procesados, pues recuérdese que no solamente eran vecinos sino además compañeros para el caso de Jhon Fabio, lo que obviamente permitía a Tavera Henao conocer intimidades de los implicados, lo que le permitió suministrar informaciones creíbles inicialmente y que dieron lugar a la actividad de los órganos de seguridad del Estado, sin embargo, tales argumentos se debilitaron en la etapa de juicio al extremo de poner en duda, incluso la misma materialidad de la conducta que se imputa.

“Recuérdese que al momento de realizarse los allanamientos en las residencias en las que habitaban en esta ciudad capital los vinculados, vanas fueron las acciones dirigidas a encontrar evidencias y, por el contrario, lo que se pudo evidenciar fue la condición miserable y de pobreza en que estas personas vivían, situación que coincide con sus manifestaciones de ser desplazados por la violencia, situación que se puede patentizar de los testimonios vertidos por Rebeca Nohora De Díaz y René Ariza, propietarios de las residencias a las cuales acudieron los hoy procesados a su llegada a esta capital y que percibieron la situación de pobreza y de necesidad, narrando de manera sincera y conteste las condiciones precarias en que se presentaron los hoy procesados a sus moradas, exteriorizando además una circunstancia y es la inexistencia de vínculos con otras personas, aspecto que riñe con aquellos individuos que se encuentran comprometidos en actos rebeldes como los que hoy se juzgan, dada la opulencia y el tecnicismo con que se desarrollan estas acciones.

“La misma afirmación que se hace expresamente en contra de Milton, de ser un experto en computadores y de poseer información importante para los rebeldes y que se constituyó en un indicio, queda desvirtuada cuando fue allanado el sitio de residencia del señor López Madrid en esta ciudad capital, incautándose la CPU de un computador y demostrado quedó en el plenario no solo que lo adquirió de manera legal (ver folios 25 a 29 c.o.) sino además que la información que poseía no estaba relacionada con grupos rebeldes ni mucho menos con la investigación que nos ocupa (ver folios 150 a 152 c.o.).

“Por el contrario, lo que si se ha podido establecer con certeza y que entre otras cosas ratifica los dichos de los implicados es la relación especialmente de López Madrid que tuvo con la policía de Vista Hermosa, acción completamente legal y patrocinada por el Estado quien fuera el que lo vinculara a grupos cívicos, así como su actividad de bibliotecario de la localidad a través de la alcaldía.

“(...).

“Tales argumentaciones sometidas a las reglas de la sana crítica ponen en tela de juicio las afirmaciones del señor Tavera Henao que quien como se dijo suministró informaciones que de hecho conocía por su relación de amistad con los hoy procesados, pero que quedaron desvirtuadas con elementos de juicio aportados a las diligencias y que dejan en evidencia afirmaciones engañosas muy seguramente motivadas por el afán de obtener beneficios dentro de la política que el Estado ha venido desarrollando para desvertebrar esta clase de grupos rebeldes.

“Por lo anterior, es que definitivamente coincidimos con el juicioso análisis que hace el ente fiscal, ya que no existe el más mínimo argumento que vincule a los señores López Madrid y Rodríguez Muñoz en condición de rebeldes, pues no se logró demostrar siquiera su pertenencia al grupo subversivo de las FARC como se les acusa y menos que les hayan sido encomendadas o hayan participado en labores de cualquier naturaleza que tengan que ver con grupos rebeldes o que atenten contra el orden constitucional.

“En conclusión, no estando demostrado dentro de las diligencias la participación o vinculación de los procesados a actividades atentatorias del orden constitucional o su nexo con grupos declarados o reconocidos como tales, considera el despacho que el aspecto objetivo de la conducta no concurre y por lo mismo se hace innecesario el estudio de la parte subjetiva”(46) (negrillas de la Sala) (se trascribe como aparece en el texto).

Por último, en dicha providencia se ordenó la libertad provisional del actor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 numeral 3 del Código Penal, previo el pago de una caución y la firma de un acta de compromiso, hasta tanto quedara en firme esa sentencia absolutoria, lo que ocurrió el 22 de julio de 2003, como se dejó constancia en el oficio del 25 de julio del mismo año suscrito por el juez, en el cual le informaba al DAS que los procesados ya no eran requeridos por ese despacho(47).

De este modo, es claro que la actuación penal terminó, dado que las evidencias recaudadas no fueron contundentes para establecer que el señor Milton César López Madrid hubiera pertenecido a un grupo armado ilegal como tampoco que hubiera colaborado de alguna forma con un plan terrorista en contra de candidatos a la Presidencia de la República en el año 2002, como se le acusó; por el contrario, se demostró que el actor trabajó para el municipio de Vista Hermosa como policía cívico y bibliotecario municipal durante la época de la zona de distensión y que una vez fracasado el proceso de paz y terminada la misma, por la situación de violencia, se vio obligado a desplazarse junto a su familia a la ciudad de Bogotá.

De ahí que la Sala no se encuentra ante un evento de aplicación del principio in dubio pro reo, sino frente a una circunstancia en la que la actuación penal terminó ante la evidencia de que el implicado no cometió la conducta que se le endilgaba y por ello fue absuelto, supuesto que, por regla general, de conformidad con la jurisprudencia unificada y reiterada de esta sección, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad y, por ende, da lugar a la aplicación del régimen de responsabilidad de carácter objetivo.

Lo anterior por cuanto, pese a las labores investigativas tanto de la Fiscalía como del DAS, que en su momento le generaron indicios de responsabilidad penal en contra del actor y que dieron lugar a la investigación y al decreto de la medida de aseguramiento, sin que el juez penal advirtiera irregularidad alguna en ello y que incluso justificó en su sentencia, lo cierto es que durante el juicio no fue posible desvirtuar la presunción de legalidad y las pruebas recaudadas no condujeron a la verificación de la imputación que pesó sobre el actor, circunstancia que durante dicha etapa la misma Fiscalía aceptó, tal como lo relató el operador judicial en su sentencia.

Además, no puede entenderse que el daño fue provocado por la culpa exclusiva de la víctima, como lo señaló el DAS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, dado que no se acreditó que este actuó con culpa grave o dolo por el hecho de haber sido policía cívico y bibliotecario y que lo vieran en compañía de supuestos miembros de las FARC durante la época de la zona de distensión, en un municipio como Vista Hermosa, por las siguientes razones:

Mediante Resolución 85 del 14 de octubre de 1998, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República estableció la zona de distensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, a partir del 7 de noviembre de 1998 y hasta el 7 de febrero de 1999. Luego, a través de la Resolución 007 del 5 de febrero de 1999 se amplió el término para la zona de distensión en los municipios referidos, hasta por noventa días; posteriormente, mediante Resolución 32 del 7 de mayo de 1999 se determinó un nuevo período en la zona de distensión, en las mismas condiciones, por treinta días más y que se extendió por otros seis meses por Resolución 39 del 4 de junio de 1999, en el marco del proceso de paz que se promovió entonces y con el fin exclusivo de llevar a cabo los diálogos para la negociación con los representantes del gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia FARC. Finalmente, la zona de distención se dio por terminada a través de Resolución 32 del 20 de febrero de 2002.

Ahora, según la Resolución 39 del 4 de junio de 1999, en los mismos municipios que hicieron parte de la zona de distensión, se creó un cuerpo de policía cívica para apoyar a los alcaldes municipales en el ejercicio de su función de policía y en especial en la protección de los derechos y libertades ciudadanas y para la conservación del orden público.

Dentro de sus funciones, se encontraban las de suministrar información a la Policía Nacional sobre posibles infracciones penales, desarrollar actividades sociales y cívicas en beneficio de la Policía Nacional y de la comunidad en general y fomentar, patrocinar y exaltar los vínculos de solidaridad, ayuda mutua y cooperación entre sí y de ellos para con la Policía Nacional, la comunidad y las autoridades político-administrativas, entre otras (Decreto 1503 de 1998, artículo 3º y Decreto 355 de 1994, artículo 3º).

Igualmente, fue de público conocimiento que ante la desmilitarización de la zona de despeje, el reconocimiento del estatus de beligerancia a las FARC(48) y el levantamiento de las órdenes de captura a sus miembros, a fin de llevar a cabo una salida negociada al conflicto, a ese grupo armado le fue permitida su presencia en la zona, por tanto, tenían contacto permanente con las autoridades civiles y con la comunidad(49).

Como consta en el plenario, pues así lo certificó el 15 de abril de 2001 el secretario de gobierno Municipal de Vista Hermosa, el señor Milton César López Madrid “laboró como miembro del Cuerpo Cívico de Convivencia de la zona de distensión —municipio de Vista Hermosa— durante el año 2001. Posteriormente, como bibliotecario de la Casa de la Cultura de la localidad hasta el 4 de marzo de 2002 (...)”(50). Y en certificación posterior, del 25 de noviembre del mismo año, se especificó que el actor “prestó sus servicios como policía cívico del municipio de Vista Hermosa desde el 7 de junio de 2000 según consta en el Decreto 040/2000, hasta el 9 de noviembre de 2001, (Decreto 077 de 2001)”(51).

De igual manera, en las piezas del proceso penal cuya copia fue decretada y trasladada al plenario por el a quo(52), consta la declaración de ese funcionario, quien respecto de las funciones del señor Milton César López Madrid como policía cívico del municipio de Vista Hermosa señaló lo siguiente:

“PRIMERO. Cuál ha sido su vinculación laboral con la alcaldía de Vista Hermosa, desde cuándo y hasta cuándo? CONTESTÓ. Mi vinculación fue como secretario de gobierno, a partir de junio 18 de 2001 hasta el 31 de mayo de 2002. SEGUNDO. Diga si conoce usted a Milton César Madrid, por qué razón y hace cuánto tiempo. CONTESTÓ. Lo conocí cuando entré a trabajar a la alcaldía siendo él funcionario del cuerpo cívico de convivencia, posteriormente se retiró de la policía cívica y estuvo laborando en la casa de la cultura como empleado del municipio, en la época en que yo trabajé lo conocí en el 2001 al 2002. TERCERO. En qué época trabajó Milton César López Madrid en la alcaldía, en qué cargo, hasta cuándo y cuál el motivo de su retiro? CONTESTÓ. Él empezó a trabajar con el municipio desde que el Estado convocó al municipio a zona de distención (sic) del año 1999 a 2002, él trabajó hasta noviembre de 2001 y tenía el cargo de operador de internet de la casa de la cultura y antes era del cuerpo cívico de convivencia, tal como dije antes, tengo entendido que su retiro fue por amenazas de grupos al margen de la ley. CUARTO. Diga si le consta si Milton César López Madrid tiene apodos o alias? CONTESTÓ. No me consta. QUINTA. Diga si existió vinculación directa del señor López Madrid con la biblioteca de la alcaldía de este municipio y si sabe si le expidieron por esta razón algún tipo de carné que lo identificara como tal? CONTESTÓ. Sí, a todos los empleados se les daba un carné pero desconozco si al señor Milton le dieron carné o si existió vinculación directa con la biblioteca, como dije antes, era el operador de internet. SEXTO. Diga si conoce usted al señor Arquímedes o a alias Cepillo. CONTESTÓ. Sí. SÉPTIMO. Informe si conoce usted de otras personas milicianas que frecuentaran la alcaldía y quienes ejercieran algún tipo de control frente a la ciudadanía del lugar? CONTESTÓ. Sí, sí, conozco al cincuenta por ciento de los milicianos que pertenecían al cuerpo cívico de convivencia, y quiero aclarar que en razón a que fondo paz había firmado un convenio en la Uribe en las mesas de diálogo para contratar al cuerpo cívico de convivencia de los municipios que estaban en la zona de distención (sic) y esos registros aparecen en las mesas de diálogos, el acuerdo era que el cincuenta por ciento eran milicianos de las FARC y el otro cincuenta por ciento eran contratados por el alcalde municipal, o sea que aquí había 15 civiles y 15 milicianos, pero el que comandaba y daba las órdenes era Arquímedes. OCTAVO. Luego de desaparecer la zona de distención (sic) qué sabe usted que ocurrió con el señor López Madrid, cuál su aporte o ayuda para con él? CONTESTÓ. Después de retirada la zona de distención (sic) me enteré que el señor había sido capturado por rebelión según las noticias en RCN, lo cual me sorprendió, y mi ayuda con él es que se haga justicia y que el Estado está cometiendo un gran error puesto que colocó a los municipios en zona de distención (sic), a mucha gente la han estigmatizado por el hecho de haber convivido en esta región y creo que el señor Madrid no perteneció a ningún grupo subversivo, por el contrario, fue un gran elemento y trabajador del municipio. NOVENO. Sabe usted si Milton López tuviera reuniones dentro o fuera del casco urbano con militantes de las FARC, en caso positivo, por qué razones? CONTESTÓ. No sé si tuvo reuniones con las FARC, pero si quiero aclarar algo debido a los compromisos que hizo el Gobierno con las FARC, en la mesa de diálogos al final los que tomaban decisiones y mandaban era la guerrilla (...)”(53) (negrillas de la Sala) (se trascribe como aparece en el texto).

Así mismo, en oficio del 12 de mayo de 2003, dirigido al Alto Comisionado para la Paz y a petición del juzgado cuarenta y cinco penal del circuito de Bogotá, la directora del fondo de programas especiales para la paz certificó que “desde junio de 2000 y hasta noviembre de 2001, de acuerdo con el detalle del cuadro adjunto, encontramos que el señor Milton César López Madrid prestó sus servicios personales como miembro del cuerpo cívico de convivencia de Vista Hermosa-Meta”(54).

De ahí que resultara evidente y justificado que el actor hubiera tenido contacto con miembros de las FARC durante la época de la zona de distensión, no solo porque residía en uno de los municipios que la conformaron, sino también porque hacía parte de la policía cívica organizada para trabajar en esa zona como apoyo a las labores del alcalde y para garantizar los derechos de la comunidad, la cual debió vivir una situación particular en la que se acordó el respeto por las instituciones, pero se relegó a la fuerza pública de sus funciones mientras se desarrollaban los diálogos de paz.

Tal como lo destacó el juez penal en su sentencia absolutoria, fue el cuñado del actor, también procesado por el delito de rebelión, quien confesó haber pertenecido por algún tiempo a las FARC mas no el señor Milton César López Madrid, quien solo fue relacionado con esta organización por su trabajo en la policía cívica y por su parentesco con un ex militante de ese grupo armado ilegal.

Como lo advirtió ese operador judicial, el hecho de haber vivido y trabajado para el Estado en un municipio que formó parte de la llamada zona de despeje no es motivo suficiente para calificar al actor como miembro o colaborador de un grupo armado ilegal, pues de ser así, ese mismo calificativo debía extenderse a todas las personas que moraron en esa zona, para esa época.

Tampoco contribuyó el actor al decreto de la medida de aseguramiento en su contra, porque se hubiera allanado su domicilio donde se encontró un computador y porque un confeso ex subversivo lo hubiera incriminado en conductas de rebelión, pues la misma Fiscalía descartó la evidencia encontrada, dado que no guardaba relación alguna con grupos armados ilegales ni con el atentado que se estaba investigando, tan es así que antes de acusarlo ordenó la devolución de los elementos incautados, así como fueron desvirtuadas las acusaciones del señor Evangelista Tavera Henao, las cuales el juez penal consideró engañosas en relación con las demás pruebas recaudadas en el sumario.

Finalmente, también se demostró la situación de desplazado por la violencia del señor Milton César López Madrid y de su familia, motivo por el cual una vez terminada la zona de distensión y ocurriera la muerte violenta de su cuñada (presunta ex militante de la guerrillera) debió abandonar el municipio de Vista Hermosa y reubicarse en Bogotá, en condiciones muy precarias como se pudo verificar en la diligencia de allanamiento a su domicilio, mas no porque se encontrara preparando un atentado terrorista, como inicialmente se le acusó.

Así las cosas, se tiene que la presunción de inocencia del señor Milton César López Madrid no pudo ser desvirtuada, habida cuenta de que no se recaudó prueba en su contra y no se demostró que hubiera cometido la conducta ilícita que se le imputó, circunstancia que bajo la línea jurisprudencia! de esta sección compromete la responsabilidad del Estado.

Corolario de todo lo anterior, se impone concluir que el aquí demandante no se encontraba en la obligación de soportar la privación de su libertad, la cual se produjo entre el 1º de junio de 2002 y el 16 de julio de 2003, de ahí que deba calificarse como antijurídico el daño a él irrogado, calificación que determina la consiguiente obligación para la entidad accionada de resarcir los perjuicios que fueron causados.

Adicionalmente, según las pruebas allegadas al proceso, las actuaciones de la Fiscalía, previo adelantamiento de la etapa investigativa, fueron las que determinaron la privación de la libertad del actor, razón por la cual esa entidad es la única responsable en la producción del daño y no la víctima(55).

Por ese mismo motivo, tampoco puede imputarse el daño al DAS ni a la Nación - rama judicial, dado que la primera entidad se limitó a llevar a cabo la labor de policía judicial que le encomendó la Fiscalía con ocasión de la investigación penal, sin que pueda atribuirse al extinto cuerpo de seguridad decisión alguna respecto de la libertad personal del actor, como tampoco a la Nación - rama judicial, que fue la que absolvió al actor y ordenó su libertad.

Como consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad que sufrió el señor Milton César López Madrid.

8. Indemnización de perjuicios:

8.1. Perjuicios morales.

La parte actora solicitó el equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

Con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Milton César López Madrid le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensible a su núcleo familiar.

En el sub judice, se comprobó la relación de parentesco en el primer grado de consanguinidad entre el señor Milton César López Madrid y Neall Esteven López Muñoz, su hijo y de la señora Gloria Muñoz(56).

En cuanto a esta última y a los menores Julián Arley Perdomo Muñoz y Duván Andrés Muñoz, la primera acudió a la instancia judicial en calidad de compañera permanente del señor Milton César López Madrid y los demás como terceros damnificados.

Para la demostración de estos vínculos de afecto y solidaridad invocados, se recaudaron los testimonios de las señoras Flor María Villarraga Fuentes y Nury Reyes Ruiz, quienes declararon respecto de la conformación y relaciones con su núcleo familiar, del señor Milton César López Madrid.

La primera de ellas declaró lo siguiente:

“PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho quienes integraban la familia del señor Milton López. CONTESTÓ. Él vive con mi amiga Gloria, su esposa, con sus tres hijos, la suegra, señora Carmen, y la hermana de Gloria que fue la que mataron y se llamaba Rosa. El trato era muy bueno, no tenían peleas, hacían el alimento para todos, dormían ahí mismo todos en un salón. PREGUNTADO. Cuál fue la reacción adoptada por la familia del señor Milton a raíz de su detención y cómo se vieron afectados. CONTESTÓ. La reacción fue una cosa impresionante que no sabían el hecho por qué le habían causado tanto daño a él, si él era una persona honorable y muy tratable, buen marido, buen padre y buen compañero y se vieron afectados económicamente, moralmente y sicológicamente, fue muy duro para su familia y para sus amigos, nadie podía creer lo que estaba pasando (...)”(57) (se trascribe como aparece en el texto).

Por su parte, la señora Nury Reyes Ruiz señaló:

“PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho quienes integraban la familia del señor Milton López y qué trato se daba entre ellos. CONTESTÓ. Gloria, su esposa, sus tres hijos y su suegra y el trato de ellos era muy bueno porque tienen bases cristianas, él es muy amoroso con ellos, se preocupa por ellos, trata de satisfacer sus necesidades hasta donde le sea posible. PREGUNTADO. Manifieste usted a este despacho cómo era el trato con los dos hijos que son de su esposa. CONTESTÓ. Es muy bueno, es prácticamente como si fueran de él, suple todas las necesidades como las de su hijo, es un padre para ellos porque él los ve como sus hijos y ellos a su vez lo consideran como un padre porque le dicen papá, lo quieren mucho, demasiado. PREGUNTADO. Cuál fue la reacción adoptada por la familia del señor Milton a raíz de su detención y cómo se vieron afectados. CONTESTÓ. Para ellos fue terrible porque primero que todo fue injusta su detención y el daño moral y sicológico fue terrible, los niños siempre preguntaban por su papá, que cuándo llegaba, pero Gloria nunca tenía una respuesta, porque ella tampoco entendía qué estaba sucediendo. Para ella más porque tenía que controlar a todos en su casa, ella entraba a ser la cabeza de la familia (...)”(58) (se trascribe como aparece en el texto).

Igualmente, en la audiencia pública del 17 de febrero de 2003 ante el juez cuarenta y cinco penal del circuito de Bogotá, el señor Milton César López Madrid frente las preguntas sobre sus generales de ley manifestó: “...estado civil unión libre con Gloria Muñoz con quien tengo dos hijastros de nombres Julián Arley Perdomo Muñoz y Duván Andrés Muñoz...”(59).

Así, una vez establecidas las relaciones de convivencia y afecto de los demandantes con el señor Milton César López Madrid, la Sala les reconocerá los perjuicios morales, teniendo en cuenta que el actor sufrió privación de su libertad durante 13 meses y 15 días, dicho período servirá de referencia para reconocer el monto de las indemnizaciones a cada uno de los actores, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de unificación proferida por la sección tercera el 28 de agosto de 2014, en la cual se señalaron las cuantías de las mismas para los perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad(60).

En este caso, al grupo demandante se les reconocerán las siguientes cantidades por concepto de perjuicios morales(61):

— Para el señor Milton César López Madrid, en su condición de víctima directa, el equivalente a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para la señora Gloria Muñoz, en su condición de compañera permanente de la víctima, el equivalente a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Neall Esteven López Muñoz, en su condición de hijo de la víctima directa, el equivalente a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Julián Arley Perdomo Muñoz, en su condición de tercero damnificado, el equivalente a 13,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Duván Andrés Muñoz, en su condición de tercero damnificado, el equivalente a 13,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

8.2. Afectación de bienes o derechos convencional y constitucionalmente protegidos.

En cuanto al “daño a la vida de relación”, en el escrito de alegatos de conclusión presentado en segunda instancia por la parte demandante, se manifestó que “en el presente caso también procede el reconocimiento del perjuicio de daño a la vida de relación para el señor Milton César López Madrid y su familia, quienes se vieron sometidos a la tortuosa tarea de enfrentar un proceso penal que dejó a Milton con trauma sicológico, pues ahora vive asustado, sin poder salir de su casa, porque se siente amenazado y piensa que cualquier autoridad lo puede retener y quien, como sus amigos lo manifiestan en los testimonios, ya no es la persona alegre de antes”(62).

No obstante, dicho perjuicio no se solicitó en la demanda de manera que, en atención al principio de congruencia, no se reconocerá el mismo.

8.3. Perjuicios materiales.

Por este concepto se solicitó la suma de $ 358.000.000 en favor del señor Milton César López Madrid “por ser la indemnización íntegra y completa”.

En la demanda no se detallan los conceptos que arrojan dicha suma, sin embargo, frente al lucro cesante se pide que se tengan en cuenta en la liquidación de este perjuicio, los ingresos que deberán ser actualizados de conformidad con las fórmulas que aplica el Consejo de Estado. Así mismo, que se incluyan las primas, cesantías y vacaciones.

Consta en el plenario que el señor Milton César López Madrid trabajó para el municipio de Vista Hermosa como policía cívico entre el 7 de junio de 2000 y el 9 de noviembre de 2001 y, posteriormente, como bibliotecario para esa misma localidad hasta el 4 de marzo de 2002(63).

En vista de lo anterior, se tomará como base el salario mínimo legal vigente al año de esta providencia, dado que para el año 2002 cuando el actor fue aprehendido dicha asignación era inferior a la actual de $ 737.717(64).

Ahora bien, como ya lo ha señalado esta subsección(65), el lapso de tiempo que, según las estadísticas, tarda una persona en Colombia para conseguir trabajo o acondicionarse a una actividad laboral, es de 8.75 meses.

En la demanda se señaló que el actor Milton César López Madrid, luego de que obtuvo su libertad, por el hecho de haber estado en la cárcel, ha enfrentado barreras que le han impedido una vinculación laboral.

Sobre el particular la señora Flor María Villaraga Fuentes declaró que “...moralmente le causaron mucho daño a la familia y por ese motivo él va a buscar un trabajo y ya lo tienen como fichado, lo tienen como mal, él va a buscar trabajo y ya por haber estado en la cárcel sufre mucho para conseguir un trabajo, le toca vender tintos en la calle, él se encuentra muy mal por haber estado injustamente encerrado (...)”(66).

Igualmente, la señora Nury Reyes Ruiz señaló que “...vivíamos en el mismo barrio y supimos que habían detenido a Milton injustamente y pues el daño que le causaron con esto, ya que él veía por sus hijos, esposa y suegra. Luego que salió absuelto llegó a Villavicencio y hasta el momento ha sido imposible que consiga trabajo por los antecedentes que él tiene, él ha vendido tintos y ha trabajado en diferentes actividades de venta ambulante, pero no ha podido conseguir un sustento fijo para su familia”(67).

Así pues, en cuanto al período a reconocer por dicho concepto, este será el comprendido entre el 1º de junio de 2002(68) y el 16 de julio de 2003(69), lapso en el cual el señor Milton César López Madrid estuvo privado de su libertad, más los 7.75 meses que tarda normalmente una persona para retornar a la vida laboral, como en el caso del actor, que según los testigos tuvo dificultades para conseguir empleo luego de la privación injusta de su libertad.

En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización así:

Período a indemnizar: 13,5 meses + 8,75 = 22,25.

Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo vigente para la fecha de esta providencia ($ 737.717). Adicionalmente, al mismo se agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de $ 922.146,25.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado.

S = RA
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el actor: $ 922.146,25.

i= Interés puro o técnico: 0,004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 22,25 meses.

Reemplazando tenemos:

L2
 

Así las cosas, la Sala reconocerá a favor del señor Milton César López Madrid la suma de $ 21.614.453,35 por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante.

9. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección C de descongestión, el 10 de febrero de 2012 y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

“1. Declarar administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad que soportó el señor Milton César López Madrid.

“2. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

a) Para el señor Milton César López Madrid, en su condición de víctima directa, el equivalente a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b) Para la señora Gloria Muñoz, en su condición de compañera permanente de la víctima, el equivalente a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

c) Para Neall Esteven López Muñoz, en su condición de hijo de la víctima directa, el equivalente a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

d) Para Julián Arley Perdomo Muñoz, en su condición de tercero damnificado, el equivalente a 13,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

e) Para Duván Andrés Muñoz, en su condición de tercero damnificado, el equivalente a 13,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Milton César López Madrid la suma de $ 21.614.453,35, por concepto de lucro cesante.

“4. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“5. Expedir copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, para el cumplimiento de esta sentencia.

“6. Negar las demás pretensiones”.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMÍTASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(10) Consejo de Estado, Sala plena de lo contencioso administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 10010326000200800009 00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(11) De acuerdo con lo decidido por la Sala plena de la sección tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según Acta Nº 9.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13.622, C.P. María Elena Giralda Gómez, reiterada en Sentencia del 11 de agosto de 2011, Exp. 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el Auto de 19 de julio de 2010, Exp. 37.410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(13) FI. 290 c. 5.

(14) Fls. 245 a 260 c. 5.

(15) FI. 4 c. 2.

(16) FI. 2 c. 2.

(17) Fls. 117, 118, 120 y 121 c. 2.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sala plena, Auto del 25 de septiembre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-1997-05033-01 (20420), C.P. Enrique Gil Botero.

(19) Fls. 531 a 533 cuaderno de segunda instancia.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sala plena, Sentencia del 17 de octubre de 2013, Exp. 5200123310001996745901(23.354), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencias del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168 y del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, reiteradas por esta subsección en Sentencia del 26 de mayo de 2011, Exp. 20.299, todas con ponencia del doctor Mauricio Fajardo Gómez.

(22) FI. 14 c. 2.

(23) FI. 15 c. 2.

(24) Fls. 71 c. 4.

(25) FI. 85 c. 4.

(26) FI. 86 c. 4.

(27) Fls. 91 y 92 c. 4.

(28) FI. 93 c. 4.

(29) Fls. 115 a 121 c. 4.

(30) FI. 123 c. 4.

(31) Fls. 138 a 145 c. 4.

(32) Fls. 154 a 162 c. 4.

(33) Fls. 225 a 227 c. 4.

(34) Fls. 279 a 296 c. 4.

(35) FI. 127 c. 3.

(36) Fls. 158 a 173 c. 3.

(37) FI. 178 c. 3.

(38) Fl. 181 c 3.

(39) FI. 290 c. 5.

(40) Cuadernos 3 al 6.

(41) FI. 85 c. 4.

(42) Fls. 91 a 93 c. 4.

(43) Fls. 154 a 162 c. 4.

(44) Fls. 225 a 227 c. 4.

(45) Fls. 279 a 295 c. 4.

(46) Fls. 158 a 173 c. 3.

(47) Fl. 290 c. 5.

(48) Decreto 333 de 2003 de la Presidencia de la República: “Que mediante Resolución 85 del 14 de octubre de 1998, el Gobierno Nacional inició el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC;
“Que en la misma resolución, y para el desarrollo del proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las FARC, el Gobierno Nacional estableció una zona de distensión en los municipios de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá y Mesetas, La Uribe, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y dispuso la localización de la Fuerza Pública fuera de la zona de distensión establecida;
“Que el Presidente de la República mediante Resolución 31 de febrero 20 de 2002, decretó la terminación del proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos que se inició con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC; y se dejó sin efecto el reconocimiento de carácter político a la misma organización (...)” (negrillas fuera de texto).

(49) “Acuerdo de San Francisco de la Sombra” suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC el 5 de octubre de 2001: “(...) 6. Reiteramos que la zona de distensión tiene como único propósito adelantar el diálogo y la negociación. En ese sentido ratificamos: (...) D. La Mesa promoverá, junto con los alcaldes de los municipios de la zona de distensión, la realización de reuniones abiertas para que los pobladores de la zona manifiesten sus inquietudes sobre ésta, a las cuales podrá invitar observadores” (negrillas fuera de texto).

(50) FI. 15 c. 2.

(51) FI. 16 c. 2.

(52) FI. 143 c. 1.
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sala plena, Sentencia del 11 de septiembre de 2013, expediente 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601), C.P. Danilo Rojas Betancourth: “(...) la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —la Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil (...)”.

(53) Fls. 281 a 285 c. 5.

(54) FI. 19 c. 2.

(55) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, Sentencia del 4 de noviembre de 2015, Rad. 70001-23-31-000-2002 -00293-01(37499), C.P. (E): Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras.

(56) Fl. 4 c. 2.

(57) Fls. 117 y 118 c. 2.

(58) Fls. 120 y 121 c. 2.

(59) Fl. 79 c. 3.

(60) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sala plena, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 680012331000200202548 01 (36.149), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(61) De acuerdo con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 citada, el monto de la indemnización para la víctima directa, su cónyuge o compañera permanente, parientes en el primer grado de consanguinidad y terceros damnificados, cuando la privación es superior a 12 e inferior a 18 meses, será de 90 SMLMV, respectivamente.

(62) FI. 400 cuaderno de segunda instancia.

(63) Fls. 15 y 16 c. 2.

(64) Para el año 2002 el salario mínimo era de $ 309.000 que actualizado a la fecha de esta providencia arroja un valor de $ 607.129,99 y el salario mínimo para 2017 es de $ 737.717.

(65) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 12 de marzo de 2014, Exp. 250002326000 2001 02323 01(27065), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(66) Fls. 117 y 118 c. 2.

(67) Fls. 120 y 121 c. 2.

(68) Fecha en que el actor fue capturado.

(69) Fecha en la cual el actor recuperó su libertad.