Sentencia 2004-02066 de marzo 18 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2004-02066-01(16535)

Consejero ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Ana María Sánchez Guevara

Demandado: Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación del demandado, la Sala debe decidir si se ajusta a la legalidad el Concepto 0928 del 13 de septiembre de 2001 de la Dirección Distrital de Impuestos, subdirección jurídico tributaria, en cuanto considera:

1. Que la competencia del Ministerio de la Cultura se limita a certificar la calidad de artístico y cultural de un evento “solo” para efectos de la concesión de la exención al impuesto de espectáculos públicos con destino al deporte y no para las correspondientes al impuesto de azar y espectáculos.

2. Que la exención prevista en el artículo 7º del Decreto Distrital 130 de 1994 carece de vigencia porque el Acuerdo 26 de 1998 reguló íntegramente la materia respecto de los tratamientos preferenciales del impuesto de azar y espectáculos, modificó la categoría de exenciones a no sujeciones e incorporó en ella la totalidad de los tratamientos preferenciales que según el parecer del Concejo Distrital deberían existir para la ciudad capital.

3. Que si bien el Ministerio de Educación tenía la obligación de certificar actos culturales a precios populares, en la actualidad la entidad que certifica es el Ministerio de la Cultura, pero lo hace solo para efectos del impuesto de espectáculos públicos para el fomento del deporte y no para el impuesto de azar y espectáculos. Por tal razón la no sujeción prevista en el literal f) del artículo 82 del Decreto 400 de 1999 no tiene aplicación efectiva en el Distrito Capital.

En ese orden procederá a resolver la Sala:

1. La competencia del Ministerio de la Cultura se limita a certificar la calidad de artístico y cultural de un evento “solo” para efectos de la concesión de la exención al impuesto de espectáculos públicos con destino al deporte y no para las correspondientes al impuesto de azar y espectáculos.

Esta afirmación parte del análisis efectuado sobre la diferencia entre el impuesto de azar y espectáculos que administra la Dirección Distrital de Impuestos y el impuesto sobre espectáculos públicos con destino al fomento del deporte que maneja el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). El primero, creado por la Ley 12 de 1932, estableció un impuesto del 10% sobre el valor de cada boleta de entrada personal a espectáculos públicos de cualquier clase, y por cada boleta o tiquete de apuesta en toda clase de juegos permitidos, o de cualquier otro sistema de repartición de sorteos.

Este impuesto fue cedido a los municipios y al Distrito Especial de Bogotá por medio de la Ley 33 de 1968, con la facultad de organizar y asumir oportunamente la administración y recaudo de los impuestos cedidos. El Decreto 057 de 1969 reglamentario de la Ley 33 de 1968,  señaló que el recaudo lo haría la tesorería  distrital y las tesorerías municipales.

Esta cesión fue ratificada por el artículo 223 del Decreto 1333 de 1986 que dispuso:

“ART. 223.—Es propiedad exclusiva de los municipios y del Distrito Especial de Bogotá el impuesto denominado “espectáculos públicos”, establecido por el artículo 7º de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones complementarias".

Posteriormente el artículo 8º del Acuerdo 28 de 1995, por el cual se adoptó el plan de racionalización tributaria de Bogotá, D.C., para la vigencia fiscal 1996, fusionó bajo la denominación de impuestos de azar y espectáculos, con una tarifa del 10% sobre el valor de los ingresos brutos, los siguientes impuestos:

a. El impuesto de espectáculos públicos, establecido en el artículo 7º de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones complementarias.

b. El impuesto sobre tiquetes de apuestas en toda clase de juegos permitidos, establecido en la Ley 12 de 1932, la Ley 69 de 1946, y demás disposiciones complementarias.

c. El impuesto por las ventas bajo el sistema de clubes creado por la Ley 69 de 1946 y disposiciones complementarias, y demás sorteos, concursos y similares.

d. El impuesto sobre rifas, apuestas y premios de las mismas, a que se refieren las leyes 12 de 1932, 69 de 1946, y demás disposiciones complementarias. (Conc. lits. a), b) y c), L. 33/68, art. 3º, D.1333/86, arts. 223, 224, 227 y 228 y Ac. 28/95, art. 8º).

Por su parte,el impuesto de espectáculos públicosdel 10% sobre el valor de cada boleta personal de entrada a espectáculos públicos de cualquier clase con destino a las juntas administradoras de deportes fue creado por el artículo 8º de la Ley 1ª de 1967 por un término de cuatro (4) meses “pro reconstrucción de la ciudad de Quibdó”. Este impuesto tuvo la siguiente evolución normativa:

Ley 49 de 1967 (art. 5º), por la cual la Nación coopera a la celebración de los VI Juegos Deportivos Panamericanos, ordenó que se seguiría cobrando en el Valle del Cauca durante los años de 1968 a 1972 inclusive, y se debía consignar en la tesorería general de la República, a órdenes del comité organizador de dicho evento deportivo.

La Ley 47 de 1968 (art. 4º) lo hizo extensivo a todo el territorio nacional y su producto sería destinado en el Distrito Especial, los departamentos, intendencias y comisarías exclusivamente al fomento del deporte. El artículo 6º dispuso que el  producido del gravamen será invertido en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima exclusivamente en la preparación, construcción de obras y realización de los VI Juegos Panamericanos y IX Juegos Nacionales, respectivamente.

La Ley 30 de 1971 (art. 9º) lo hizo extensivo a todo el territorio nacional y lo fijó de manera indefinida en el tiempo, con posterioridad al 31 de diciembre de 1972.

La Ley 49 de 1983 (art. 25, par. 1º) estableció que el recaudo de los impuestos a espectáculos públicos de que trata la Ley 47 de 1968, se hará por los recaudadores o tesoreros departamentales, intendenciales, comisariales y del Distrito Especial de Bogotá y se llevará a un fondo especial a ordenes de las respectivas juntas administradoras seccionales de deportes. El Decreto 839 de 1984 reglamentó la Ley 49 y dispuso que el recaudo del impuesto de espectáculos públicos se puede efectuar a través de las tesorerías de las respectivas juntas administradoras seccionales de deportes.

La Ley 181 de 1995 (art. 77) dispuso que el impuesto a espectáculos públicos a que se refieren la Ley 47 de 1968 y la Ley 30 de 1971 será el 10% del valor de la correspondiente entrada al espectáculo, excluidos los demás impuestos indirectos que hagan parte de dicho valor. Indicó que el responsable del espectáculo lo será también del pago de dicho impuesto.

El Decreto Distrital 400 de 1999 (art. 122) repitió en similares términos el artículo 77 de la Ley 181 de 1995. En el parágrafo primeroseñaló:”Las exenciones a este impuesto a espectáculos públicos son las taxativamente enumeradas en el artículo 75 de la Ley 2ª de 1976(6). Para gozar de tales exenciones, el Ministerio de Cultura, expedirá actos administrativos motivados con sujeción al artículo citado. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 125 de la Ley 6ª de 1992”(7).

Posteriormente, el artículo 39 de la Ley 397 de 1997 adicionó las siguientes exenciones a las consagradas en el artículo 75 de la Ley 2ª de 1976:

e) Compañías o conjuntos de danza folclórica;

f) Grupos corales de música contemporánea

g) Solistas e instrumentistas de música contemporánea y de expresiones musicales colombianas;

h) Ferias artesanales”.

Hasta aquí comparte la Sala el análisis efectuado en el concepto demandado para concluir que el impuesto de azar y espectáculos y el impuesto de espectáculos públicos con destino al deporte son dos impuestos diferentes, regulados ambos en el Distrito Capital de Bogotá.

La Sala comparte también que para efectos de la exención del impuesto de espectáculos públicos para el fomento del deporte se requiere de la certificación del Ministerio de la Cultura sobre la calidad de cultural del espectáculo, función que antes asumía Colcultura(8) y que en virtud del artículo 79 de la Ley 397 de 1997 se trasladó al mencionado ministerio(9).

Ahora bien, para establecer si esa certificación es válida para efectos del trámite de la exención del impuesto de espectáculos públicos previsto en el artículo 7 del Decreto 130 de 1994 y señalar, como lo hace el concepto en el párrafo que se demanda, que solo es válida para el impuesto de espectáculos públicos con destino al deporte, se observa:

El artículo 7º del Decreto Distrital 130 de 1994 dispone:

“ART. 7º—Tramite para el reconocimiento de la exención del impuesto de espectáculos públicos:Para efectos del reconocimiento de la exención del Impuesto que grava los espectáculos públicos a que se refieren el artículo 6º de la Ley 109 de 1943(10), el artículo 7º de la Ley 45 de 1944(11), el artículo 3º de la Ley 60 de 1944(12) y el artículo 1º del Decreto 606 de 1945(13), los promotores o empresarios deberán presentar ante la división de liquidación de la dirección distrital de impuestos, los siguientes documentos.

a) Solicitud dirigida al jefe de la oficina citada sobre el reconocimiento de la exención

b) Concepto emitido por la junta asesora de selección artística del Instituto Colombiano de Cultura “Colcultura” en la que conste la calidad artística y cultural del espectáculo público y que el mismo cuenta con el patrocinio del Ministerio de Educación.

(...)”.

La posición distrital consiste concretamente en señalar que la competencia del Ministerio de la Cultura se limita a certificar la calidad de artístico y cultural de un evento “solo” para efectos de la concesión de la exención al Impuesto de espectáculos públicos con destino al deporte y no para las correspondientes al impuesto de azar y espectáculos. Sin embargo, el requisito previsto en el literal b) del artículo 7º del Decreto Distrital 130 de 1994 permite a la Sala concluir diferente. El Instituto Colombiano de Cultura fue suprimido por medio del artículo 74 de la Ley 397 de 1997 y en el artículo 79 ibídem, se estableció, de manera general, que Colcultura continuaría ejerciendo las funciones relacionadas con la expedición de los actos administrativos referentes a la salida de bienes del país, la definición de los eventos culturales susceptibles o no de la exención del impuestodeespectáculos públicosy los que expida determinando si los bienes a que se refiere la Ley 98 de 1993 son de interés cultural o científico. Con la ejecutoria de los actos administrativos en mención, se cumplen las exigencias que se requiere acreditar por Colcultura, de acuerdo con las normas legales, sin que la entidad requiera expedir ningún acto adicional. Las funciones antes señaladas las continuará desarrollando el Ministerio de Cultura a la liquidación de Colcultura.

De manera que si para la época de expedición del Decreto Distrital 130 de 1994, la función de calificación sobrela calidad artística y cultural del espectáculo público recaía en Colcultura, nada obsta para que tal requisito, a partir de 1997, fuera cumplido por el Ministerio de Cultura, para efectos del trámite de las exenciones a que se refiere el artículo 7º del mencionado decreto. Cabe resaltar que el artículo 79 de la Ley 397 de 1997 no señala que la función en relación con la exención tributaria sea únicamente para el impuesto de espectáculos públicos con destino al deporte. Tampoco distingue entre uno y otro. Simplemente se refiere al impuesto de espectáculos públicos.

Además, el hecho de que en el distrito, a partir del Acuerdo 28 de 1995, se denominara impuesto de azar y espectáculos, no significa que el impuesto de espectáculos públicos creado por la Ley 12 de 1932 hubiera desaparecido. Lo que hizo el Acuerdo fue fusionar bajo una sola denominación diferentes impuestos, entre ellos, el de espectáculos públicos. Por lo anterior y por cuanto el concepto  no expresa un sustento legal sólido para llegar a esa conclusión, la nulidad de este aparte demandado se debe confirmar. La certificación del Ministerio de la Cultura sobre la calidad de artístico y cultural de un evento tiene efectos frente al artículo 7º del Decreto Distrital 130 de 1994.

2. Que la exención prevista en el artículo 7º del Decreto Distrital 130 de 1994 carece de vigencia porque el Acuerdo 26 de 1998: reguló íntegramente la materia respecto de los tratamientos preferenciales del impuesto de azar y espectáculos; modificó la categoría de exenciones a no sujeciones e incorporó en ella la totalidad de los tratamientos preferenciales que según el parecer del Concejo Distrital deberían existir para la ciudad capital.

El concepto señala que la exención del artículo 7º del Decreto 130 de 1994 no tiene aplicación real en el impuesto de azar y espectáculos porque la certificación del Ministerio de la Cultura es solo para el impuesto de espectáculos públicos con destino al deporte. Sobre este punto, ya se estableció en el cargo anterior que la certificación del Ministerio de la Cultura también tiene efectos frente al impuesto de azar y espectáculos, por lo que no es correcto señalar que el artículo 7º del Decreto 130 de 1994 no tiene aplicación efectiva y que por lo mismo carezca de vigencia.

Ahora bien, en cuanto a la derogatoria tácita de esa disposición del artículo 7º del Decreto 130 de 1994 por el artículo 11 del Acuerdo 26 de 1998, se observa:

El artículo 11 del Acuerdo 26 de 1998 dispuso:

“Impuesto de azar y espectáculos

ART. 11.—No sujeciones del impuesto de azar y espectáculos. No son sujetos del impuesto de azar y espectáculos:

a) Los conciertos sinfónicos, las conferencias culturales demás espectáculos similares que se verifiquen en el Teatro Colón, organizados o patrocinados por el Ministerio de Educación Nacional.

b) Los espectáculos presentados en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán.

c) Los espectáculos públicos y conferencias culturales cuyo producto íntegro se destine a obras de beneficencia.

d) Todos los espectáculos y rifas que se verifiquen en beneficio de la Cruz Roja Nacional.

e) Las compañías de ópera nacionales cuando presenten espectáculos de arte dramático o lírico nacionales o extranjeros y cuenten con certificación del Ministerio de Educación Nacional en la que conste que desarrollan auténtica labor cultural.

f) Las exhibiciones o actos culturales a precios populares, previa obtención de concepto favorable de la Universidad Nacional o del Ministerio de Educación.

g) Las exhibiciones de boxeo, lucha libre, baloncesto, atletismo, natación y gimnasios populares.

Esta no sujeción será efectiva siempre que los precios de las entradas tengan el visto bueno del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.

h) Los eventos deportivos considerados como tales por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, o como espectáculo público, que se efectúen en los estadios dentro del territorio del Distrito Capital. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1007 de 1950.

El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte queda exonerado del pago de gravámenes, impuestos y derechos relacionados con su constitución, organización y funcionamiento conforme a las disposiciones vigentes para los organismos de derecho público.

j) Las rifas que realicen las sociedades de mejoras públicas.

k) Las rifas que realice la Asociación de Loteros Inválidos de Hansen.

l) Las rifas que efectúe la Fundación de Hogares Juveniles Campesinos.

ll) La exhibición de producciones cinematográficas colombianas de largometraje, la exclusión se liquidará sobre la totalidad del precio de la boleta de admisión a la sala y le corresponde a los teatros o empresas exhibidoras, previa calificación del Ministerio de Comunicaciones como película colombiana, respecto a la producción cinematográfica que exhiben.

m) El impuesto por la exhibición de producciones cinematográficas colombianas de corto metraje, se reducirá en un 35%. Esta reducción se constituirá en beneficio del exhibidor y se liquidará sobre la totalidad del precio de la boleta de admisión a la sala de exhibición cinematográfica”.

El Acuerdo 26 de 1998 fue expedido por el Concejo Distrital en uso de las facultades legales y en especial de las conferidas en los numerales 3º y 11 del artículo 12 y en el artículo 13 del Decreto 1421 de 1993. El numeral 3º del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993 señala como una de las atribuciones del Concejo Distrital “Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquellos”.

Por su parte, el Decreto 130 de 1994 fue expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá en uso de sus facultades legales y,  en especial, de las conferidas por los numerales 4º y 14 del artículo 38 del Decreto-Ley 1421 de 1993, que señalan como atribuciones del alcalde mayor: “4. Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos [...] 14. Asegurar la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales del erario y decretar su inversión con arreglo a las leyes y acuerdos”.

Pues bien, el artículo 7º del Decreto 130 de 1994 estableció el trámite para el reconocimiento de la exención del impuesto de espectáculos públicos, pero no consagró ninguna exención. Las exenciones fueron establecidas por las leyes 109 de 1943 (art. 6º); 45 de 1944 (art. 7º) y 60 de 1944 (art. 3º) y el Decreto 606 de 1945 (art. 1º). Lo que dispuso la norma fue que para el reconocimiento de esas exenciones los promotores oempresarios deben presentar, ante la división de liquidación de la Dirección Distrital de Impuestos, los siguientes documentos, por lo menos con un mes calendario de anticipación a la fecha del vencimiento del plazo para declarar:

a) Solicitud dirigida al jefe de la oficina citada sobre el reconocimiento de la exención

b) Concepto emitido por la Junta asesora de selección artística del Instituto Colombiano de Cultura “Colcultura” en la que conste la calidad artística y cultural del espectáculo público y que el mismo cuenta con el patrocinio del Ministerio de Educación.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que el artículo 7º del Decreto 130 de 1994 no estableció ninguna exención. Además, conforme al fundamento legal del Decreto (D. 1421/93, art. 38) tampoco podía el alcalde establecerlas. La expedición del Decreto 130 de 1994, en lo que respecta al artículo 7º, obedeció a la atribución de asegurar la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales del erario.

En este orden de ideas, no puede considerarse que el artículo 11 de Acuerdo 26 de 1998, que estableció las no sujeciones del impuesto de azar y espectáculos, haya derogado una norma que no regula la misma materia sino que establece un procedimiento para el reconocimiento de unas exenciones consagradas legalmente.

El criterio oficial demandado desconoce, por lo demás, la diferencia entre las no sujeciones y las exenciones tributarias, cuya naturaleza jurídica es diferente y así mismo los efectos de unas y otras.

En efecto, como lo señaló la Sala en sentencia de 6 de diciembre de 2006 “tanto las exencionescomo los tratamientos preferencialesson beneficios fiscales que concede el Estado a las personas o  actividades, que pese a cumplir los presupuestos de los elementos esenciales del tributo y, por ende, estar sujetas al mismo, son eximidas de las obligaciones sustanciales, por dispensa de la ley o de la norma local. Caso diferente ocurre con la “no sujeción”, en donde la obligación tributaria es inexistente, por cuanto la actividad o el sujeto están por fuera de la definición de los elementos esenciales del impuesto”(exp. 15291, C.P. Héctor Romero Díaz).

Como en la no sujeción la obligación sustancial es inexistente, las personas que no están sujetas al impuesto tampoco deben cumplir las obligaciones formales del impuesto, como por ejemplo, la presentación de la declaración, mientras que las exenciones no están eximidas de esas obligaciones. Por ello, el artículo 13 del Decreto 803 de 1993 referente al contenido de las declaraciones tributarias, señala en el parágrafo 3º que dentro de los factores a que se refiere el numeral 3 de este artículo (discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables) se entienden comprendidas las exenciones a que se tenga derecho de conformidad con las normas vigentes, la cuales se solicitarán en la respectiva declaración tributaria sin que se requiera reconocimiento previo alguno y sin perjuicio del ejercicio posterior de la facultad de revisión de la administración tributaria distrital.

En consecuencia, carece de soporte jurídico considerar que el artículo 11 del Acuerdo 26 de 1998 derogó el artículo 7º del Decreto 130 de 1994, pues, no reguló íntegramente la materia respecto de los tratamientos preferenciales o exenciones del impuesto de azar y espectáculos. Lo que estableció fue una serie de eventos no sujetos al impuesto, que, como se vio, son de naturaleza jurídica diferente. Por lo anterior, se confirmará la sentencia que anuló estos apartes demandados.

3. Que si bien el Ministerio de Educación tenía la obligación de certificar actos culturales a precios populares, en la actualidad la entidad que certifica es el Ministerio de la Cultura, pero lo hace solo para efectos el impuesto de espectáculos públicos para el fomento del deporte y no para el impuesto de azar y espectáculos. Por tal razón la no sujeción prevista en el literal f) del artículo 82 del Decreto 400 de 1999 no tiene aplicación efectiva en el Distrito Capital.

El artículo 82 del Decreto 400 de 1999 dispone:

ART. 82.No sujeciones del impuesto de azar y espectáculos.No son sujetos del impuesto de azar y espectáculos:

(...).

f)  Las exhibiciones o actos culturales a precios populares, previa obtención de concepto favorable de la Universidad Nacional, o del Ministerio de Educación.

El concepto demandado reconoce que esta disposición tiene origen en el artículo 8 del Acuerdo 8 de 1948 el cual establecía:

“ART. 8º—La junta municipal de hacienda podrá conceder exención de los impuestos municipales sobre espectáculos públicos, cuando se trate de exhibiciones o actos culturales a precios populares, previa la presentación del concepto favorable de la Universidad Nacional, o del Ministerio de Educación".

Y concluye que si bien en los años cuarenta el dictamen sobre la calidad artística y cultural de los espectáculos que solicitaban patrocinio oficial debía ser expedido por el Ministerio de Educación Nacional, en la actualidad es función directa del Ministerio de la Cultura y como se señaló varias veces en el concepto demandado, “esta certificación tiene efectos exclusivos en el Impuesto de espectáculos públicos para el fomento del deporte y no para el impuesto de azar y espectáculos”. En consecuencia, esta no sujeción no tiene aplicación efectiva en el Distrito Capital, pues no está en cabeza del Ministerio de Educación el patrocinar y certificar actos culturales a precios populares y mucho menos es de competencia de la Universidad Nacional el certificar estas condiciones como expresamente lo han manifestado en diversas oportunidades.

El Tribunal declaró la nulidad del aparte demandado porque aunque el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional en la actualidad no tienen la función de certificar sobre la calidad de artístico y cultural de un espectáculo, esa función subsiste en cabeza del Ministerio de la Cultura (L. 397/97 y D. 1746/2003).

Para el apelante el mencionado literal f) es inaplicable en el Distrito porque el patrocinio del Ministerio de Educación y la certificación del Ministerio de la Cultura se basan en la característica de cultural de la exhibición y no sobre que la misma sea presentada a precios populares, como se exige.

Para la Sala, la decisión apelada se debe confirmar. En primer lugar, el argumento expuesto por el Distrito en el recurso de apelación, no fue esgrimido como fundamento en el Concepto demandado, de manera que, sobre tal circunstancia no se debe hacer ningún análisis porque escapa de la motivación expuesta en el acto acusado y de las consideraciones que tuvo el tribunal para declarar la nulidad.

Aunque lo anterior sería suficiente para confirmar la decisión, la Sala considera que las razones expuestas en el concepto como conclusión de que el literal f) del artículo 82 del Decreto 400 de 1999 no es aplicable en el Distrito Capital no se ajustan al ordenamiento jurídico. Como se consideró en el primer cargo, si para la fecha en que se originó la norma referida (1948), existía a cargo del Ministerio de Educación la certificación de la calidad de artístico de un espectáculo, no puede desconocerse que en la actualidad esa función está a cargo del Ministerio de la Cultura, una vez fue suprimido el Instituto Colombiano de Cultura. Según el artículo 79 de la Ley 397 de 1997, las funciones relacionadas con la expedición de los actos administrativos referentes a la definición de los eventos culturales susceptibles o no de la exención del impuesto de espectáculos públicos las continuará desarrollando el Ministerio de Cultura a la liquidación de Colcultura. Como la disposición no distingue entre el impuesto de espectáculos públicos y el de espectáculos públicos con destino al deporte, la certificación que expida el Ministerio de la Cultura puede sustentar la no sujeción del literal f) del artículo 82 del Decreto 400 de 1999. En conclusión, la nulidad sobre el aparte demandado que considera que no es aplicable en el distrito la no sujeción a que se refiere el mencionado literal f) se debe confirmar, como en efecto se hará.

En consecuencia, el recurso de apelación de la parte demandada contra la sentencia de primera instancia no tiene vocación de prosperidad. Se confirmará, por ende, la decisión apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASEla sentencia del 7 de marzo de 2007 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(6) “ART. 75.—Estarán exentas del impuesto de espectáculos contemplado en los artículos 8º de la Ley 1ª de 1967y 9º de la Ley 30 de 1971, las presentaciones de los siguientes:

a) Compañías o conjuntos de ballet clásico y moderno;

b) Compañías o conjuntos de ópera, opereta y zarzuela;

c) Compañías o conjuntos de teatro en sus diversas manifestaciones;

d) Orquestas o conjuntos musicales de carácter clásico;

e) Grupos corales de música clásica;

f) Solistas e instrumentistas de música clásica.

Para gozar esta exención deberá acreditarse el concepto del Instituto Colombiano de Cultura acerca de la calidad cultural del espectáculo. Dicha entidad podrá exigir, como requisito para disfrutar la exención, una función gratuita en cada departamento, intendencia o comisaría donde se autorice el espectáculo para ser presentado a obreros o estudiantes u otros grupos de personas, de conformidad con los planes de cultura del Instituto”.

(7) Exención del impuesto de la Ley 30 de 1971 para el cine. A partir del 1º de enero de 1993, la exhibición cinematográfica en salas comerciales, estará exenta del gravamen contemplado en la Ley 30 de 1971.

(8) Acuerdo 20 de 1969 “ART. 3º—Serán funciones de la junta asesora de selección artística del Instituto Colombiano de la Cultura (Colcultura):

(...).

C) Dictaminar, en cada caso si la compañía o el artista que formula la solicitud de patrocinio ostenta calidades y méritos que justifiquen el otorgamiento de esta por parte del Instituto.

ART. 4ºEl patrocinio del Instituto solo podrá ser concedido a las agrupaciones y artistas nacionales o extranjeros que a continuación se expresa:

a) Las compañías o conjuntos de ballet clásico y moderno, danza folclórica, óperas, operetas, zarzuela y revistas,

b) Las compañías o conjuntos de drama y comedia

c) Las orquestas o conjuntos musicales

d) Los grupos corales

e) Los solistas o instrumentales

f) Los declamadores y conferencistas".

(9) ART. 79.Contratos y actos en trámite. [...] Igualmente Colcultura continuará ejerciendo las funciones relacionadas con la expedición de los actos administrativos referentes a la salida de bienes del país, la definición de los eventos culturales susceptibles o no de la exención del impuesto de espectáculos públicos y los que expida determinando si los bienes a que se refiere la Ley 98 de 1993 son de interés cultural o científico. Con la ejecutoria de los actos administrativos en mención, se cumplen las exigencias que se requiere acreditar por Colcultura, de acuerdo con las normas legales, sin que la entidad requiera expedir ningún acto adicional. Debidamente perfeccionados no se requiere del cumplimiento de ningún otro requisito ante Colcultura o la entidad que haga sus veces. Las funciones antes señaladas las continuará desarrollando el Ministerio de Cultura a la liquidación de Colcultura y los actos en trámite que no sea posible resolver antes de la fecha de liquidación de la citada entidad, se trasladarán al Ministerio para su resolución.

(10) Artículo 6º de la Ley 109 de 1943, exención de impuestos nacionales toda representación teatral de autor colombiano que se pusiera en escena por actores colombianos

(11) ART. 7º—Las compañías de opera nacionales estarán exentas del pago de impuestos, a solicitud del Ministerio de Educación, el de hacienda decretará la exención de impuestos a los espectáculos de arte dramático o lírico nacionales o extranjeros, que a juicio de dicho ministerio, desarrollen una auténtica labor cultural

(12) Los artistas y compañías o conjuntos teatrales de ballet, ópera, opereta, zarzuela, drama, comedia, revista, etc., que vinieran al país patrocinados por el Ministerio de Educación Nacional, quedarían exentos de todo impuesto nacional y tendrían derecho a tratamiento preferencial en los medios de transporte nacionales.

(13) ART. 1ºDe conformidad con los artículos 7º y 3º de la leyes 45 y 60 de 1944 respectivamente, las compañías o conjuntos escénicos orquestales, de ballet, opera, opereta, zarzuela, drama, comedia y revistas; los artistas solistas o instrumentalistas declamadores y conferenciantes que actúen en el territorio de la república gozarán de la exención de todo impuesto nacional que grava los espectáculos públicos y de la rebaja del 50% de los transportes de personal y equipajes en los ferrocarriles y carreteras nacionales, siempre que estén patrocinados por el Ministerio de Educación Nacional