Sentencia 2004-02066 de mayo 24 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expediente: 520012331000200402066-02

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades municipales

Demandante: Cootranur Ltda.

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

6.1. Los actos acusados.

a) En el libelo inicial el actor solicitó la anulación de la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003, proferida por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Pasto cuyo texto es el siguiente:

Alcaldía municipal de Pasto

Secretaría de Tránsito y Transporte

RESOLUCIÓN 339

(17 de diciembre de 2003)

Por medio de la cual se incrementa la capacidad transportadora de la ruta 20 del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros modalidad ejecutiva de la ciudad de San Juan de Pasto.

El Secretario de Transito y Transporte Municipal,

en uso de sus atribuciones legales, y en especial las que le confieren los artículos 10, 42, 43, 44 y 45 del Decreto 170 de 2001 , y

CONSIDERANDO:

Que la secretaría… viene desarrollando una política de mejoramiento del servicio de transporte urbano colectivo de pasajeros para satisfacer requerimientos… en lo referente a rutas de bus urbano.

Que la capacidad transportadora es el número de vehículos requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de los servicios autorizados.

Que el artículo 43 del Decreto 170 de 2001 establece que la autoridad competente fijará la capacidad transportadora mínima y máxima con la cual una empresa prestará los servicios autorizados.

Que la secretaría… adelantó los estudios técnicos para la reestructuración de rutas de buses urbanos estableciendo además los requerimientos sobre capacidad transportadora de las empresas…”.

Que la secretaría… mediante la Resolución 205 de 3 de junio de 2003 reestructuró la ruta 20 de transporte urbano colectivo de pasajeros servida por la empresa Transportes Ejecutivos TESA para atender los sectores de barrios Juanoy, El Aljibe y Santa Rita, Vereda Pisanaco de Buesaco, La Y, Profescol, Ingreso a la Escuela de la vereda La Josefina, haciendo el retorno tomando la Vía Panamericana en sentido Sur, hacia la ciudad de Pasto, pasando por Profescol, restaurante Pueblito Viejo, Altos de Daza, estación de servicios Con Combustibles, Inversiones Pasto, con incremento de recorrido en más de 20 kilómetros.

Que…TESA interpuso un derecho de petición el día 9 de junio de 2003 en el cual señala que debido a la ampliación y considerable longitud con la que quedó la ruta reestructurada es… necesario incrementar el parque automotor para cumplir los horarios y frecuencias autorizadas y cubrir la demanda generada con la reestructuración de la ruta.

Que de acuerdo a los estudios técnicos realizados y en atención al acto administrativo expedido por la secretaría… mediante el cual se reestructuró la ruta 20… y en la cual no se le fijó capacidad transportadora a la empresa prestadora de este servicio, es necesario fijar el incremento de unidades de vehículos para la prestación de un adecuado y eficiente servicio.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Incrementar la capacidad transportadora de la ruta 20 que está servida por Transportes Ejecutivos S.A., TESA, en ocho (8) unidades tipo buseta.

ART. 2º—Fijar capacidad transportadora mínima y máxima de la empresa Transportes Ejecutivos S.A., TESA, así:

EmpresaCapacidad transportadora. (…)
 MínimaMáxima
TESA S.A., 7280 unidades

 

ART. 3º—Las empresa de transporte urbano colectivo municipal están obligadas a prestar el servicio de transporte de pasajeros en las rutas y horarios legalmente establecidos y la secretaría estará vigilante para velar por el estricto cumplimiento de lo resuelto en esta resolución.

ART. 4º—Contra la presente resolución proceden los recursos de la vía gubernativa y deberán ser intentados dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación…”.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir…de su expedición.

Notifíquese y cúmplase.

Secretario de Tránsito y Transporte Municipal (E).

Asesor jurídico (ad hoc).

Solicitó igualmente la nulidad del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo producido por la falta de decisión frente a los recursos que interpuso contra la resolución transcrita.

b) En el escrito de adición de la demanda el actor solicitó la nulidad de las Resoluciones 300 de 7 de diciembre de 2004 y 31 de 26 de enero de 2005.

Mediante la primera resolución la Secretaría de Tránsito y Transporte confirmó la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003 acusada, al decidir el recurso de reposición formulado en su contra. Por la segunda, la Alcaldía Municipal de Pasto decidió desfavorablemente el recurso de apelación formulado igualmente contra la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003.

6.2. Consideración preliminar.

El actor solicitó la nulidad de la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003 por la Secretaría de Transporte y Tránsito del municipio de Pasto que incrementó la capacidad transportadora de una empresa para servir una ruta, así como del acto presunto derivado de la falta de decisión de los recursos de la vía gubernativa interpuestos en su contra.

Al mismo tiempo, solicita la nulidad de las resoluciones que decidieron de modo expreso los recursos de vía gubernativa, esto, es, las resoluciones 300 de 7 de diciembre de 2004 y 31 de 26 de enero de 2005 mencionadas.

Contra las últimas dos resoluciones el actor formuló el cargo de falta de competencia, pero en la sentencia de primera instancia no se estudió ni se decidió la pretensión de anulación en su contra, desconociendo que de acuerdo con el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, “la sentencia… debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones…”.

Para hacer valer los derechos constitucionales de acceso a la administración de justicia y debido proceso del demandante y por respeto a los mandatos del artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, y a los principios de congruencia de la sentencia y carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativa, la Sala decidirá también acerca de la pretensión de nulidad de las resoluciones 300 de 7 de diciembre de 2004 y 31 de 26 de enero de 2005 acusadas.

6.2.1. Cargo formulado contra las resoluciones 300 de 7 de diciembre de 2004 y 31 de 26 de enero de 2005.

El actor manifestó que al proferirse las resoluciones señaladas se violó el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con el cual la administración pierde competencia para decidir los recursos de vía gubernativa cuando, habiéndose configurado el silencio administrativo negativo por falta de decisión de dichos recursos, el interesado acuda a la jurisdicción para demandar su nulidad.

Para decidir esta acusación conviene precisar, en primer término, que la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003 demandada fue notificada al actor el 10 de junio de 2004 (fl. 75) y que el 16 de junio de 2004 este interpuso en su contra los recursos de reposición y en subsidio el de apelación (fl. 43).

De acuerdo con el inciso primero del artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, “transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.

Como consecuencia de lo dispuesto en la norma transcrita, el 17 de agosto de 2004 se configuró el silencio administrativo negativo por falta de decisión de los recursos interpuestos contra la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003.

El 17 de noviembre de 2004 el actor procedió a demandar la nulidad de la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003 y del acto ficto que decidió los recursos en su contra.

En esta última fecha la administración perdió competencia para decidir los recursos de reposición y apelación contra la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003 dado que por virtud del inciso tercero del artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, “la ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso primero no exime a la autoridad de responsabilidad ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Durante algún tiempo la jurisprudencia de la sección estimó que de acuerdo con el aparte subrayado de la norma transcrita la administración perdía competencia para decidir los recursos de la vía gubernativa, con relación a los cuales se había configurado el silencio administrativo, desde que se notificaba el auto admisorio de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Ese criterio fue modificado por la Sala mediante sentencia de 29 de mayo de 2008(2), donde precisó que “si bien es cierto que la administración debe decidir el recurso de la vía gubernativa aún después de haber ocurrido el silencio negativo; pero solo podrá hacerlo <mientras no se haya acudido ante la jurisdicción>, según lo dispone el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo. Y si llegare a decidir el recurso luego de presentada la demanda, aduciendo no habérsele notificado aún el auto admisorio, tal decisión extemporánea no produce efectos contra el interesado, ni puede coexistir con el acto ficto con el cual ya se entendió resuelto el recurso, y deviene en acto carente de todo fundamento, expedido sin competencia y desligado de la actuación en que ya se había agotado la vía gubernativa”.

En otras secciones de esta corporación también se ha tenido el criterio anterior, aduciendo que la figura del silencio administrativo negativo se consagró como garantía para el administrado y no en beneficio de la administración negligente en la resolución de las peticiones y recursos. Y que debe facilitarse al interesado el acceso a la administración de justicia mediante la ficción de que el silencio de la autoridad en ejercicio de función administrativa equivale a una respuesta negativa que por regla general puede ser demandada judicialmente, momento a partir del cual la administración pierde toda competencia para decidir(3).

Por lo expuesto, habrá de declararse la nulidad de las resoluciones que decidieron expresamente los recursos contra la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003 pues se profirieron después de que el acto hubiera formulado demanda de nulidad contra esta y contra el actor ficto derivado del silencio administrativo por falta de decisión de los recursos interpuestos en su contra.

6.3. Cargos contra la Resolución 339 de 2003, por la cual la Secretaría de Transporte del municipio de Pasto aumentó la capacidad transportadora de Transportes Ejecutivos TESA S.A., para servir una ruta y del acto ficto que denegó los recursos interpuestos en su contra.

6.3.1. Falta de competencia.

El actor manifestó que la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003 fue proferida por una autoridad que no tenía competencia pues en vez de ser suscrita por funcionarios titulares, lo fue por una secretaria de tránsito y transporte encargada y por un secretario jurídico ad hoc, hecho sobre el cual no hay discusión pues consta en la copia autenticada de la resolución allegada al proceso.

Esta acusación no prospera porque, como señaló el a quo las funciones de los empleados encargados son las mismas de los titulares de los cargos públicos.

Así se infiere del artículo 34 del Decreto 1950 de 1973, por el cual se reglamentan los decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil, que define el encargo como la designación temporal de un empleado “para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo”; y del artículo 35, el cual señala que “al vencimiento del encargo, quien lo venía ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de las funciones de este y recuperará la plenitud de las del empleo del cual es titular, si no lo estaba desempeñando simultáneamente”.

Por otra parte, la figura del funcionario ad hoc, esto es, el designado “para el caso”, está prevista en el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo que establece el principio de imparcialidad dentro de las actuaciones administrativas y señala que al decidir sobre un impedimento “la autoridad ante quien se manifieste señalará quien debe continuar el trámite pudiendo, si es preciso, designar funcionario ad hoc; en el mismo acto ordenará la entrega del expediente al designado que ha de sustituir al separado del conocimiento”. Y no hay duda de que el funcionario ad hoc tiene las mismas competencias que el reemplazado.

El actor pretendió desvirtuar la presunción de legalidad de la resolución acusada aduciendo que fue suscrita por una autoridad que no tenía competencia, pero no probó que dicha competencia estuviera asignada a una autoridad distinta de quien efectivamente la profirió.

No sobra agregar que en el texto de la Resolución 339 de 2003 demandada consta que esta fue proferida por la secretaría de tránsito y transporte municipal en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 10 del Decreto 170 de 2001, a cuyo tenor son autoridades de transporte “en la jurisdicción distrital y municipal, los alcaldes municipales y/o distritales o en los que estos deleguen tal atribución” y el artículo 43 ibídem, de acuerdo con el cual “la autoridad competente fijará la capacidad transportadora mínima y máxima con la cual la empresa prestará los servicios autorizados”.

Como la secretaría mencionada invocó la condición de autoridad delegada para fijar la capacidad transportadora de TESA S.A., le correspondía al actor demostrar que no tenía esa competencia; carga probatoria que, se insiste, no cumplió, y por eso el cargo no prospera.

— El apelante expuso otro argumento según el cual la administración perdió competencia para proferir el acto demandado porque decidió con retardo la solicitud de ampliación de la capacidad transportadora formulada por TESA S.A.

Este argumento no es de recibo porque, como ha señalado esta corporación de manera reiterada, “el incumplimiento de las condiciones temporales señaladas por la ley para el ejercicio de la competencia no constituye condición de existencia de la misma en cabeza de la autoridad en que está radicada ni vicia de ilegalidad los actos administrativos fundados en ella, a menos que la ley misma hubiera establecido tal efecto”.

En efecto, mediante sentencia de 15 de junio de 2006, radicación 3921 y de 25 de noviembre de 2003, radicación 3033, la Sección Quinta de Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación precisó lo siguiente:

“… la competencia de los órganos y funcionarios públicos está señalada tanto en la ley como en la Constitución. Y ese señalamiento o adscripción de competencias se hace en el ordenamiento jurídico en razón del asunto o materia, el lugar o el tiempo; dándose así, como lo precisa la doctrina, la competencia ratione materiae, ratione loci o ratione temporis; primando en estas, por razones obvias, la primera de ellas, ya que las otras dos, pese a referirse también a asuntos determinados, tocan aspectos de oportunidad o territorio que no se conciben sino en razón de una competencia asignada también, se repite, por el asunto o materia. Cuando se señala la competencia en razón del tiempo, se le da al organismo que la debe desarrollar una pauta o límite temporal para su ejercicio. Cuando el legislador señala una competencia ratione materiae le da, por regla general, una nota de intemporaneidad; pero no siempre procede en esa forma, porque en unas oportunidades quiere que su ejercicio tenga límites territoriales o temporales. En principio, según lo expuesto, las normas son de aplicación general e intemporales; pero, por excepción, el ejercicio de la competencia se somete a plazos o condiciones para su ejercicio. Y en estas circunstancias el mismo legislador señala expresamente cuando su no ejercicio acarreará la pérdida de la competencia del órgano o funcionario titular de la misma. En este extremo, la administración en términos generales, no pierde la competencia cuando vence el plazo para su ejercicio, a menos que el legislador disponga explícitamente lo contrario…”(4).

Al aplicar el criterio expuesto al caso en estudio se tiene que ninguna norma jurídica vigente cuando se decidió sobre la ampliación de la capacidad transportadora de la empresa TESA S.A., establecía que como consecuencia del retardo de las autoridades municipales de transporte en la decisión de las solicitudes de ampliación mencionadas, éstas perdieran su competencia.

Por lo expuesto, no prospera el cargo de falta de competencia para proferir la decisión demandada.

6.3.2. Violación del derecho de igualdad.

El apelante insistió en el cargo de violación del derecho de igualdad aduciendo que la decisión demandada concedió un incremento en la capacidad transportadora de la empresa TESA S.A., para servir la ruta 20 del municipio de Pasto, desconociendo que las demás empresas que prestan este servicio en la ciudad tienen el mismo derecho.

— La prosperidad de esta acusación está condicionada a que el actor demuestre que las empresas prestadoras del servicio público de transporte de pasajeros en el municipio de Pasto estaban en igual situación de hecho a la de TESA S.A., y que a pesar de ello recibieron un trato jurídico distinto e injustificado.

La capacidad transportadora de una empresa de transporte está definida por el artículo 42 del Decreto 170 de 2001 que reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros como “el número de vehículos requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de los servicios autorizados”.

No obstante, el actor no cumplió con la carga de probar que estaba en situación idéntica o al menos análoga a TESA S.A., pues no alegó y menos aún demostró que su empresa o alguna de las otras habilitadas para prestar el servicio de transporte de pasajeros en el municipio de Pasto operara la ruta 20 servida por TESA S.A., para la cual el acto demandado le amplió la capacidad transportadora, o que hubieran solicitado la ampliación de dicha capacidad respecto de otras rutas atendiendo circunstancias iguales o semejantes a las de dicha empresa.

Como la actora no demostró que alguna empresa de transporte mereciera el mismo trato jurídico de TESA S.A., por encontrarse en su misma situación de hecho, no prospera el cargo de violación del derecho a la igualdad.

6.3.3. Violación del derecho de petición.

El apelante insistió en la acusación de la demanda según la cual la Resolución 339 de 2003 demandada violó el derecho de petición de incremento de ruta presentada por TESA S.A., porque se profirió el 17 de diciembre de 2003, esto es, varios meses después de vencido el término de 15 días contados desde su formulación el 9 de junio de 2003 establecido por el Código Contencioso Administrativo.

Para decidir esta acusación conviene precisar que la Ley 105 de 30 de diciembre de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte; la Ley 336 de 1996 —Estatuto nacional de transporte—, y el Decreto 170 de 2001, norma especial que reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, no señalan en parte alguna el término dentro del cual deben decidirse las solicitudes relacionadas con la capacidad transportadora de las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte terrestre automotor colectivo municipal de pasajeros, razón por la cual se aplican a dichas peticiones los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

De acuerdo con el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, el término para decidir las peticiones en interés particular es el previsto en el artículo 6º ibídem, esto es, 15 días siguientes a la fecha de su recibo, a menos que no fuera posible cumplir dicho plazo, debiendo informar al interesado los motivos de la demora y señalando la fecha en que se decidirá.

En el expediente administrativo allegado al proceso no consta que se hubieran presentado circunstancias que ameritaran una dilación de la decisión frente a la petición de ampliación de capacidad transportadora formulada por TESA S.A., por lo que cabe concluir que la misma fue injustificada y que se desconoció el término legal para decidir.

No obstante, si bien esa circunstancia configura una irregularidad en el trámite de la petición, por sí sola no constituye causal de anulación de la decisión acusada puesto que las irregularidades ocurridas en el curso de los procedimientos administrativos solo vician los actos administrativos definitivos cuando tienen carácter sustancial, esto es, cuando tienen una incidencia tal sobre la decisión que hubiera permitido cambiar su sentido y, en el presente caso, la parte demandante no señaló ni demostró que el retardo anotado hubiera tenido alguna incidencia sobre el sentido de la decisión acusada.

— El apelante también insistió en que la administración municipal de Pasto violó el derecho de petición de los gerentes de todas las empresas de transporte colectivo automotor de pasajeros que operan en dicho municipio, al omitir una respuesta oportuna a la solicitud de congelación del parque automotor de la ciudad, formulada con posterioridad a la fecha en que TESA S.A., presentó la petición que dio lugar a la expedición del acto demandado.

Sobre esta acusación la Sala no hará ningún pronunciamiento porque no hace parte del marco de litis.

En efecto, en la demanda no se solicitó la nulidad de la decisión tomada por la administración municipal de Pasto frente a la petición de congelación del parque automotor suscrita por los gerentes de las empresas señaladas, que además no se aportó al proceso, y no hace parte de la actuación administrativa que concluyó con la expedición de los actos demandados.

6.3.4. El apelante insistió en el cargo de falsa motivación fundado en los argumentos que la Sala pasa a estudiar:

6.3.4.1. Manifestó que la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003 acusada incrementó la capacidad transportadora de TESA S.A., para servir la ruta 20 de la ciudad de Pasto con el argumento de que dicha empresa así lo solicitó el 9 de junio de 2003, lo cual es falso porque la solicitud mencionada perdió validez el 12 de junio del mismo año, cuando el gerente de TESA S.A., junto con los gerentes de las demás empresas operadoras del servicio de transporte de la ciudad, le solicitaron a la alcaldía la congelación del parque automotor.

En consecuencia, la secretaría de transporte y tránsito no debió decidir la petición de incremento de capacidad transportadora de TESA S.A.

— Para negar prosperidad a esta acusación basta con señalar que la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003 no está falsamente motivada, porque es cierto que TESA S.A., formuló una petición de aumento de la capacidad transportadora el 9 de junio de 2003, como consta en la copia auténtica de la misma, obrante a folios 176 y siguientes del cuaderno principal.

Como al proceso no se allegó documento alguno que demuestre que dicha empresa desistió de su solicitud, la Secretaría de Transporte y Tránsito de Pasto estaba obligada a decidirla.

6.3.4.2. La empresa demandante afirmó que es falsa la afirmación contenida en la Resolución 339 de 2003 cuestionada según la cual la ruta 20 fue reestructurada por la Resolución 205 de 3 de junio de 2003 de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Pasto sin que se le hubiera fijado capacidad transportadora a TESA S.A.

Y que también es falso que esa reestructuración y el incremento de la capacidad transportadora estuvieran fundados en algún estudio técnico anterior, razón por la cual habría violado el inciso último del artículo 43 del Decreto 170 de 2001 que exige ese requisito.

Para sustentar esta acusación afirmó que la secretaría mencionada sí había incrementado la capacidad transportadora de TESA S.A., en 4 unidades tipo buseta mediante la Resolución 208 de 5 de junio de 2003 (art. 7º).

— Esta acusación no prospera porque los hechos y razones en que se funda la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003 cuestionada son ciertos.

En efecto, en sus consideraciones se afirma que “el artículo 43 del Decreto 170 de 2001 establece que la autoridad competente fijará la capacidad transportadora mínima y máxima con la cual una empresa prestará los servicios autorizados, lo cual es cierto puesto que el inciso primero de dicha norma es el del siguiente tenor literal:

ART. 43.—Fijación de capacidad transportadora. La autoridad competente fijará la capacidad transportadora mínima y máxima con la cual la empresa prestará los servicios autorizados.

La capacidad transportadora máxima total no podrá ser superior a la capacidad mínima incrementada en un 20%.

El parque automotor no podrá estar por fuera de los límites de la capacidad transportadora mínima y máxima fijada a la empresa.

Para la fijación de nueva capacidad transportadora mínima, por el otorgamiento de servicios se requerirá la revisión integral del plan de rodamiento a fin de determinar si se requiere el incremento.

Se afirmó igualmente en las consideraciones que “la secretaría de transporte y tránsito adelantó los estudios técnicos para la reestructuración de rutas de buses urbanos estableciendo además los requerimientos sobre capacidad transportadora de las empresas”, lo cual es cierto y para demostrar basta con señalar que dicho estudio, en lo que atañe a la ruta 20, fue efectuado en el año 2003 por la mencionada secretaría, cuya copia obra a folios 160 a 175.

También se expresó que mediante la Resolución 205 de 3 de junio de 2003 la secretaría reestructuró la ruta 20 de transporte urbano colectivo de pasajeros servida por la empresa Transportes Ejecutivos TESA para atender los sectores de barrios Juanoy, El Aljibe y Santa Rita, Vereda Pisanaco de Buesaco, La Y, Profescol, ingreso a la Escuela de la vereda La Josefina, haciendo el retorno tomando la Vía Panamericana en sentido Sur, hacia la ciudad de Pasto, pasando por Profescol, restaurante Pueblito Viejo, Altos de Daza, estación de servicios Con Combustibles, Inversiones Pasto, con incremento de recorrido en más de 20 kilómetros.

Esta afirmación también es cierta, pues en la Resolución 205 de 3 de junio de 2003 mencionada, cuya copia auténtica fue aportada por el actor y obra a folios 26 a 30, consta la reestructuración de la ruta 20 a cargo de TESA S.A. En el artículo primero señala punto de origen, punto de destino, longitud, tiempo de recorrido, tiempo de espera, frecuencias de despacho, horario de primer despacho y horario del último despacho. En el artículo 2º establece el recorrido en los términos señalados en la resolución demandada, y en el artículo 3º establece la obligación de prestar el servicio en la ruta y horarios establecidos.

Se afirmó así mismo en las consideraciones que “TESA interpuso un derecho de petición el día 9 de junio de 2003 en el cual señala que debido a la ampliación y considerable longitud con la que quedó la ruta reestructurada era … necesario incrementar el parque automotor para cumplir los horarios y frecuencias autorizadas y cubrir la demanda generada con la reestructuración de la ruta.

Esta afirmación también es cierta, y para demostrarlo basta con examinar la copia de la solicitud obrante a folios 76 y siguientes.

Expresan las consideraciones, además, que “de acuerdo a los estudios técnicos realizados y en atención al acto administrativo expedido por la secretaría… mediante el cual se reestructuró la ruta 20… y en la cual no se le fijó capacidad transportadora a la empresa prestadora de este servicio, es necesario fijar el incremento de unidades de vehículos para la prestación de un adecuado y eficiente servicio.

Esta última afirmación también es cierta pues la Resolución 205 de 2003 en verdad no fijó nueva capacidad transportadora a TESA S.A., lo cual era sin duda necesario en vista del notable incremento en el recorrido en el servicio de la ruta 20 a su cargo, el aumento significativo de la demanda y otros aspectos relevantes señalados en el estudio comentado.

— El actor afirma que la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003 se motivó falsamente cuando afirmó que debía fijar capacidad transportadora atendiendo los estudios que sirvieron de apoyo a la reestructuración de la ruta 20 efectuada mediante Resolución 205 de 3 de junio de 2003 que no la fijó.

Lo anterior, porque dicha capacidad sí se fijó mediante Resolución 208 de 5 de junio de 2003, cuya copia obra a folios 31 a 42.

Esta última afirmación no corresponde a la verdad por las siguientes razones:

La Resolución 208 de 5 de junio de 2003 allegada al proceso fijó la capacidad transportadora mínima y máxima de las empresas de servicio público terrestre automotor colectivo de pasajeros en la ciudad de Pasto y señaló la necesaria para servir la ruta 20.

No obstante, su fundamento, contrario a lo que supone el actor, es distinto del de la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003.

En efecto, la Resolución 208 de 5 de junio de 2003 se funda en la reestructuración de la ruta 20 efectuada por Resolución 1979 de 29 de noviembre de 2002, tal como consta a folio 39 del expediente.

Por su parte, la Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003 se funda en una restructuración de la ruta 20 efectuada mediante Resolución 205 de 3 de junio de 2003, que es una reestructuración diferente de la mencionada en el párrafo anterior.

Los estudios que se tuvieron en cuenta para fijar capacidad transportadora a TESA S.A., mediante Resolución 208 de 5 de junio de 2003 son distintos de los estudios que se tuvieron en cuenta para fijarle capacidad transportadora mediante Resolución 339 de 17 de diciembre de 2003, lo cual se infiere de manera indubitable del hecho de que esta última resolución se apoyó en un estudio allegado al proceso efectuado en el año 2003, mientras que la primera se apoya en el estudio que sustentó la restructuración de la ruta en el año 2002.

En suma, es cierta la motivación del acto acusado.

— Sobre la legalidad y la veracidad de los fundamentos de la Resolución 205 de 3 de junio de 2003 en que se apoyó la Resolución 339 de 2003 demandada nada dirá la Sala pues no fue objeto de la demanda de nulidad en estudio.

Tampoco estudiará la Sala la legalidad y veracidad de los fundamentos del estudio que sirvió de base a la reestructuración de la ruta 20 mediante Resolución 205 de 3 de junio de 2003, pues el actor no cuestionó los estudios ni la resolución.

6.3.4.3. El actor consideró violado el inciso último del artículo 43 del Decreto 170 de 2003, de acuerdo con el cual “la fijación de nueva capacidad transportadora mínima, por el otorgamiento de servicios se requerirá la revisión integral del plan de rodamiento a fin de determinar si se requiere el incremento”(sic).

Para sustentar esta acusación el apelante se limitó a afirmar que el acto acusado no tuvo fundamento técnico alguno, lo cual quedó desvirtuado en un acápite anterior.

Conviene anotar por otra parte que en la sentencia apelada el a quo, luego de examinar el contenido del estudio técnico que sirvió de fundamento a la Resolución 205 de 3 de junio de 2003 que reestructuró a la ruta 20 y a la resolución acusada misma, llegó a la conclusión de que estudió variables como el aumento de la demanda por el incremento del recorrido de la ruta y de la población atendida, las condiciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia necesarias para la prestación del servicio y revisión integral del plan de rodamiento, entendido como la programación de la utilización plena de los vehículos vinculados a una empresa para verificar si se requiere el incremento, con lo cual cumplió con las exigencias de los artículos 42 y 43 del Decreto 170 de 2001, conclusiones que el apelante no desvirtuó.

Por las razones expuestas no prosperan los cargos en estudio.

6.3.4.4. Los cargos referidos a la presunta violación del derecho al debido proceso (art. 29 superior), a la finalidad estatal de servir a la comunidad y mantener un orden justo (art. 1º ib.), de actuar en el marco de la constitución y la ley (arts. 6º, 122-2 y 123-2), de servir a los intereses generales de la comunidad (art. 209) y de preservar la finalidad social de los servicios a su cargo (art. 365 ib.), se formularon de manera genérica y su prosperidad estaba condicionada al éxito de las acusaciones contenidas en cargos anteriores que resultaron infundadas. Por esa razón esos cargos no prosperan.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 300 de 7 de diciembre de 2004 proferida por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Pasto y de la Resolución 31 de 26 de enero de 2005, proferida por el Alcalde Municipal de Pasto, decisiones que, en su orden, decidieron el recurso de reposición y de apelación contra la Resolución 339 de 27 de diciembre de 2003 proferido por la primera autoridad, “Por medio de la cual se incrementa la capacidad transportadora de la ruta 20 del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros modalidad ejecutiva de la ciudad de San Juan de Pasto”.

2. CONFÍRMASE la decisión del a quo, de acuerdo con la cual denegó la pretensión de nulidad contra la Resolución 339 de 27 de diciembre de 2003 proferida por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Pasto, “Por medio de la cual se incrementa la capacidad transportadora de la ruta 20 del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros modalidad ejecutiva…”, así como del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo frente a los recursos de la vía gubernativa contra esa resolución.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Expediente 1997-09040. Actor: Julio Barreneche Almacenadora Colombiana y Cía. S. en C., M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(3) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, auto de 3 de mayo de 2007. Radicación: 25000-23-25-000-2001-03771-01(8880-05). La misma Sala se pronunció en igual sentido mediante providencias de 31 de mayo de 2007 en el proceso 6342-05 y el 14 de junio de 2007, en el proceso 4548-04.

(4) En el mismo sentido, sentencia de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 26 de mayo de 2005, radicación 3667. Criterio reiterada por sentencia de la Sección Primera - Contraloría Cundinamarca.