Sentencia 2004-02073 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Exp. 20001-23-31-000-2004-02073-01 (36.365)

Consejero Ponente:

Dr. Hernan Andrade Rincón

Actor: Irma Criado de López y otros

Demandada: Nación - rama judicial - Fiscalía General de la Nación

Acción reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 13 de noviembre de 2008, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(21).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(22), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—. Al respecto, ha manifestado la Sala:

“Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse solo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues solo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.

Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término solo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal...”(23) (Destacado fuera del texto).

Con fundamento en lo anterior es dable insistir en que la caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad, se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad o la ejecutoria de la providencia en la cual se determina la absolución o preclusión de la investigación en favor del procesado —lo último que ocurra—(24).

En el sub examine, la responsabilidad administrativa que se endilga en la demanda se origina en los daños sufridos por los demandantes con la privación de la libertad de que fue objeto la señora Irma Criado de López, según se afirmó en el libelo, entre el 25 de julio y el 21 de octubre de 2003, cuando habría recobrado la libertad en vista de la preclusión de la investigación dispuesta en Resolución de 20 de octubre de 2003, providencia que cobró ejecutoria el 29 de octubre de 2003(25), lo que significa que los actores tenían hasta el día 30 de octubre de 2005 para presentar oportunamente su demanda y, como ello se hizo el 10 de noviembre de 2004(26), resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

3. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación está encaminado a que se revoque la condena impuesta en primera instancia, discutiendo en concreto dos aspectos: (i) Que la privación de la libertad que sufrió la señora Irma Criado de López no constituía un daño antijurídico que le fuera imputable, en tanto se produjo en acatamiento de las previsiones del ordenamiento penal, con apoyo en pruebas que ofrecían serios motivos de credibilidad, por lo que la sindicada debía soportar las consecuencias de la investigación penal; y, (ii) Que la “absolución” de la señora Criado de López se produjo en virtud de la existencia de dudas y la falta de certeza, lo que conllevó a la aplicación del principio “in dubio pro reo”, circunstancia que excluía la configuración de la responsabilidad patrimonial de la entidad.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso que promueve el apelante único, cuya situación no puede desmejorarse en virtud del principio constitucional de la no reformatio in pejus, se encuentra limitado a los aspectos indicados, por lo que la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación.

4. El régimen de responsabilidad.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(27), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

En consonancia con lo anterior, se debe precisar que la detención injusta de la libertad a la que se dice fue sometida la señora Irma Criado de López, ocurrió presuntamente entre el 25 de julio y el 21 de octubre de 2003, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996(28) y el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000(29).

Resulta entonces pertinente recordar lo expuesto por la Sala Plena de esta Sección(30), cuando expuso que el Decreto 2700 de 1991 perdió vigencia al entrar a regir la Ley 600 de 2000, esto es, a partir del 24 de julio de 2001, y que ni este código, ni el posterior —Ley 906 de 2004— contienen ninguna previsión relacionada con el derecho a la indemnización por la privación injusta de la libertad, por lo que, en consecuencia, en relación con los hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 no podrá invocarse el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 como fuente normativa de la responsabilidad estatal.

No obstante lo anterior, puntualizó igualmente la Sala que la derogatoria del citado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y la carencia en los subsiguientes códigos de procedimiento penal de una norma con el mismo contenido de ese artículo, no impiden deducir la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad en los mismos eventos previstos en aquel, esto es, cuando mediante sentencia que ponga fin al proceso o providencia con efectos similares, se absuelva al sindicado con fundamento en que la conducta no existió, el sindicado no la cometió o el hecho no era punible(31).

Lo anterior no conlleva la aplicación de manera ultractiva de la norma derogada, sino que se adoptan como criterios de imputación los supuestos en ella contemplados, toda vez que en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma(32).

Esto porque la responsabilidad patrimonial del Estado tiene su fuente en el artículo 90 de la Constitución, norma que consagra el derecho a la reparación de los perjuicios causados por las actuaciones de las autoridades públicas, cuando tales daños sean antijurídicos(33), es decir, cuando los afectados no estén en el deber jurídico de soportar esos daños y quien sufre una medida de aseguramiento de detención preventiva por una conducta que no era merecedora de ningún reproche penal sufre un daño antijurídico.

En este sentido, debe tenerse presente el texto del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta cuando esta sea ilegal o arbitraria(34), sino que se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad. Es decir que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta(35). Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala, mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó(36):

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”.

La Sala considera pertinente hacer el siguiente recuento jurisprudencial, para mostrar que el criterio vigente es el de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, aún en aquellos casos en los que la absolución se produzca por aplicación del principio de la duda a favor del procesado.

Ahora bien, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, la jurisprudencia ha evolucionado a partir de la interpretación y aplicación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal contenido en el Decreto-Ley 2700 de 1991(37). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(38).

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(39). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(40).

Posteriormente, una segunda postura indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad­— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(41), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(42), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(43).

En un tercer momento, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, se agregó la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(44), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(45).

Finalmente, en una cuarta etapa, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima hubiera dado lugar a que se profiriera, en su contra, la medida de aseguramiento(46).

De acuerdo con la actual posición mayoritariamente asumida por la Sección, aun cuando la absolución o exoneración de responsabilidad del imputado que ha estado privado de la libertad no se produzca en aplicación de alguno de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del antes referido Decreto-Ley 2700 de 1991, sino como consecuencia de la operatividad del citado principio “in dubio pro reo”, este no puede proveer de justo título a la privación de la libertad a la cual fue sometida por el Estado la persona penalmente procesada, comoquiera que aquel nunca pudo desvirtuar que se trataba de una persona inocente —presunción constitucional de inocencia cuya intangibilidad determina la antijuridicidad del daño desde la perspectiva de la víctima, quien no está en el deber jurídico de soportarlo dado que se trata de una víctima inocente—, más allá de que resultaría manifiestamente desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a ningún tipo de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse privado de la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria si, una vez instruido el proceso penal y excluida de manera definitiva la responsabilidad del sindicado cautelarmente privado de la libertad, el propio Estado no logra desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre lo amparó, en cuanto la condena cuyo cumplimiento buscaba garantizarse a través de la medida de aseguramiento no se produjo, todo lo cual determina que ante tal tipo de casos los afectados no deban “acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y estos”(47).

Estas últimas tesis han encontrado fundamento en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad.

En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico colombiano está orientado por la necesidad de garantizar, de manera real y efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y, en consecuencia, se hallen sujetos a aceptar como un beneficio gracioso o una especie de suerte el que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, o incluso cuando se absuelva al detenido por “in dubio pro reo” —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima— el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el solo hecho de vivir en sociedad.

La Sala ha considerado necesario reiterar en estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si está demostrada en este caso la responsabilidad de la entidad demandada(48).

5. La determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto.

Obran en el expediente, entre otros, los siguientes elementos probatorios, que fueron allegados en copia auténtica junto con la demanda, los que hacen parte del proceso penal adelantado en contra de la señora Irma Criado de López(49):

• Resolución de 4 de agosto de 2003, mediante la cual la fiscalía cuarta delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar resolvió la situación jurídica de la señora Irma Criado de López, a quien le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, en calidad de “probable autora” responsable del delito de rebelión(50).

• Resolución de 20 de octubre de 2003, mediante la cual la fiscalía cuarta delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar calificó el mérito del sumario y profirió resolución de preclusión de la investigación, a favor de la señora Irma Criado de López(51).

En dicha providencia el ente investigador realizó una valoración de cada uno de los medios de prueba obrantes en el expediente penal, para concluir lo siguiente:

Lo anterior evidentemente pone tal situación o comportamiento en manto de duda, por lo que es evidente que estamos en presencia de una imputación o señalamiento difuso, donde no hay certeza categórica de lo que se afirma, y la recordamos la posición de la honorable Corte Suprema de Justicia cuando dice “que los hechos no basta enunciarlos sino probarlos”. Es evidente, que ante tales imputaciones, se violan principios constitucionales, como el de la legalidad y presunción de inocencia que predica la Carta del 91 en su artículo 29.

Comoquiera que por mandato constitucional se debe velar por la rectitud procesal y demás garantías constitucionales “debido proceso”, pues es imperioso ver tanto lo favorable como lo desfavorable que se le imputa a encartado alguno, en el caso en comento, ciertamente hay imputaciones que señalan a Irma Criado de López como una presunta colaboradora de una organización guerrillera, pero al decir de las probanzas que se arrimaron a la foliatura, se observa duda de su participación. Ya (sic) que se dice del señalamiento que hace la señora Carreño Guarín, quien manifiesta que la sindicada pertenece al grupo al margen de la ley, ya que ni el comerciante ni su empleado, de acuerdo a sus deposiciones no tienen conocimiento de ese comportamiento, pues ello implica además, de una persona de cierta disposición de tiempo, la que al parecer no tenía la sindicada porque surge de los testimonios referidos anteriormente de clientes de su negocio, que ella permanece atendiendo al mismo, para poder reclutar, hacer inteligencia a los organismos de seguridad.

De manera que, la realidad procesal en estos momentos nos confronta con un cuadro completamente dudoso, que la sindicada sea la misma que señala la reinsertada, donde ciertamente hay imputaciones, pero carecen de los soportes probatorios que exige nuestro estatuto procedimental, de tal suerte, tal como lo predican los principios constitucionales y penales, por lo que de conformidad a los artículos (sic) 399 se precluirá la investigación en su favor y por consiguiente se ordenará su libertad inmediata” (se destaca).

Igualmente obra en el expediente la correspondiente acta de derechos del capturado, suscrita por la señora Irma Criado de López el 25 de julio de 2003(52), así como el Oficio 0751 de 28 de julio de 2003(53), mediante el cual la fiscalía catorce seccional le solicita al director de la Cárcel Judicial de Valledupar que mantenga retenida a la señora Irma Criado de López, como sindicada del delito de rebelión.

Finalmente, se tiene el Oficio 307-EPCVAL-ASIS de 8 de noviembre de 2006, suscrito por el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Valledupar, según el cual la señora Irma Criado de López permaneció recluida en dicho centro penitenciario entre el 1º de agosto y el 21 de octubre de 2003, fecha en que salió en libertad por orden de la fiscalía cuarta seccional de Valledupar(54).

Valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que la señora Irma Criado de López fue procesada penalmente y, como consecuencia de ello, privada de su libertad entre el 25 de julio y el 21 de octubre de 2003, fecha —esta última— en la que recobró su libertad como consecuencia de la preclusión de la investigación dispuesta por la fiscalía cuarta delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar.

La Sala estima necesario reiterar que, aún en los casos de privación injusta de la libertad proveniente de causas ajenas a las enunciadas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o por in dubio pro reo, el régimen de responsabilidad aplicable es de carácter objetivo, en el cual se prescinde en absoluto de la conducta del sujeto y su culpabilidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño producido, por tanto, basta demostrar este último para endilgar la responsabilidad de la administración en razón a que quien lo padeció no estaba en la obligación de soportarlo —en este caso el daño producto de la privación de la libertad—(55).

Esta Subsección, en sentencia de mayo 12 de 2011(56), acogió el anterior entendimiento en los siguientes términos:

“La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable en aquellos casos en los cuales se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil —esto es, que el hecho no existió, no era constitutivo de delito, o el acusado no lo había cometido—, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo, las cuales fueron reiteradas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de abril de 2010, Expediente 18.284, dado que si bien, como se dijo, al caso concreto no le resulta aplicable alguno de esos supuestos, lo cierto es que el mismo será resuelto bajo esa misma línea de pensamiento —estructurada en un régimen objetivo de responsabilidad—, acogida por la jurisprudencia de la Sala y reiterada por esta Subsección”.

Como se desprende de lo anterior, la razón que llevó a la fiscalía a precluir la investigación penal a favor del aquí demandante no obedeció a alguno de los supuestos previstos en el entonces vigente artículo 414 del Código de Procedimiento Civil —porque el hecho no hubiere existido, porque el hecho no hubiere sido constitutivo de delito, o porque el acusado no lo hubiere cometido— y tampoco devino de la aplicación del principio in dubio pro reo, comoquiera que la decisión adoptada no fue producto de un cotejo probatorio en uno u otro sentido —a favor o en contra del sindicado— que generare duda acerca de la responsabilidad penal del actor y que la misma fuese resuelta a favor de este último, sino que se apoyó, simplemente, en el vencimiento del plazo legal para proferir resolución de acusación o de preclusión, última alternativa que se acogió debido a la escasez de pruebas que le permitieren a la fiscalía inclinarse por la primera opción decisoria” (destaca la Sala).

Como ya se dijo, es evidente que la privación de la libertad la señora Irma Criado de López configuró para ella y sus familiares un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaban en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación(57), circunstancia que, necesariamente, comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

Con fundamento en los argumentos expuestos, se tiene que el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación no tiene vocación de prosperidad, por lo que se impone la confirmación de la sentencia apelada, no sin antes señalar que, si bien las condenas relativas a los perjuicios materiales en las modalidades de lucro cesante y daño emergente no hacen parte del objeto del recurso de apelación que hoy se desata, por razones de equidad se procederá únicamente a su actualización monetaria, con aplicación del índice de precios al consumidor, para lo cual se modificará en lo pertinente el fallo recurrido.

Igualmente, para evitar cualquier confusión respecto de las condenas impuestas por concepto de perjuicios morales, se suprimirá la equivalencia que realizó el a quo, para dejarlas expresadas únicamente en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la providencia.

6. Actualización del daño emergente reconocido en primera instancia.

La fórmula aplicable es la siguiente:

For gen 6
 

En donde:

Ra:Renta actualizada a establecer;
Rh:Renta histórica que se va a actualizar: $ 5.000.000, correspondiente a la suma cancelada por concepto de honorarios profesionales para la defensa en el proceso penal, según lo estableció el tribunal a quo a folios 458 y 459 del cuaderno de segunda instancia
Ipc (f):Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el correspondiente a la fecha en que se realiza la actualización: 114.54
Ipc (i):Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha que tuvo en cuenta el a quo para realizar la actualización: (oct./2003) 75.31

Reemplazando tenemos:

F102073
 

7. Actualización del lucro cesante reconocido en primera instancia.

La fórmula aplicable es la siguiente:

For gen 6
 

En donde:

Ra:Renta actualizada a establecer;
Rh:Renta histórica que se va a actualizar: $ 962.800,29, correspondiente a las sumas dejadas de devengar por la señora Irma Criado de López durante el tiempo de su detención, según lo estableció el tribunal a quo a folio 461 del cuaderno de segunda instancia.
Ipc (f):Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el correspondiente a la fecha en que se realiza la actualización: 114.57
Ipc (i):Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha que tuvo en cuenta el a quo para realizar la actualización: (oct./2003) 75.31

Reemplazando tenemos:

F202073
 

8. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 13 de noviembre de 2008, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual, en consecuencia, quedará así:

“TERCERO: CONDÉNASE a La Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a Irma Criado de López, por perjuicios morales, la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia; por daño emergente la suma de siete millones seiscientos cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte. ($ 7.604.568); y por lucro cesante, la cantidad de un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos diecinueve pesos m/cte. ($ 1.464.719).

A Robinson López Criado, Leonardo López Criado, Yair Enrique López Criado, Carlos Hernan López Criado y Paola Andrea López Criado (hijos de la víctima), por perjuicios morales, treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos”.

2. CONFIRMAR en lo demás el mencionado fallo.

3. Sin condena en costas.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(21) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor Luz Elena Muñoz y otros.

(22) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(23) Sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13.622, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(24) Criterio reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp. 21801, C.P. Hernán Andrade Rincón, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Rad. 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

(25) Según se desprende de la constancia secretarial que obra a folio 232 del cuaderno principal 1.

(26) Tal como consta a folio 248 del cuaderno principal 1.

(27) Exp. 21.515.

(28) Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1996.

(29) Debe anotarse que el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000, se publicó en el Diario Oficial 44.097 de 24 de julio del mismo año, por lo que entró en vigencia a partir del 24 de julio de 2001, según lo dispuesto expresamente en su artículo 536, que señaló: “Este código entrará en vigencia un año después de su promulgación”. Para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, publicada en el Diario Oficial 45.658, de 1º de septiembre de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, con sujeción al proceso de implementación establecido en su artículo 528.

(30) Sentencia de 6 de abril de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(31) Ibídem.

(32) En este sentido, en sentencia de 22 de junio de 2011, la Subsección C expuso: “Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos, es el objetivo, inclusive con posterioridad a la Ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación.

En consecuencia, la Sala no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere significar, entonces, que la corporación esté modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. No obstante, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.

(...).

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso”.

(33) Sobre el concepto de daño antijurídico, ha dicho la Sala: “A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”; o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de ‘causales de justificación’”. Sentencia de 5 de diciembre de 2005, Exp. 12.158.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, Exp. 15.463, actor Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, Exp. 16.902, actor Jorge Gabriel Morales y otros, entre otras.

(35) Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, Exp. 15.463, actor Adiela Molina Torres y otros.

(37) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463.

(39) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, Exp. 9734.

(40) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, Exp. 8.666.

(41) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(42) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, Exp. 10.056.

(43) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, Exp. 10.229.

(44) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2002, Exp. 13.606.

(45) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, Exp. 11.601; sentencia del 27 de septiembre de 2000, Exp. 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, Exp. 11.413.

(46) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); Rad. 20001-23-31-000-3423-01; Exp. 15.463; actor Adiela Molina Torres y otros; demandado Nación - rama judicial.

(47) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de octubre ocho (8) de dos mil siete (2007); Exp. 520012331000199607870 01; Rad. 16.057; actor Segundo Nelson Chaves Martínez; demandado Fiscalía General de la Nación. En esta última providencia se efectúa una vasta referencia al derecho comparado, la cual ilustra que la prohijada por la Sala, en estos casos, es la postura ampliamente acogida tanto por la legislación como por la doctrina y la jurisprudencia en países cuya tradición jurídica ha tenido notable influencia en la cultura jurídica. Recientemente, la Sala reiteró los argumentos en mención en sentencia proferida el 25 de febrero de 2009, Exp. 25.508.

(48) En similares términos pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517, sentencia de 25 de febrero del 2009, Exp. 25.508, sentencia del 15 de abril del 2010, Exp. 18.284; sentencia de 25 de marzo de 2010, Exp. 17.741; sentencia de 12 de mayo de 2.011, Exp. 18.902; sentencia de 26 de mayo de 2.010, Exp. 17.294. Así mismo, las sentencias de 9 de mayo de 2012, Exp. 25.065, y 17 de octubre de 2012, Exp. 27.130, de la Subsección A, ambas con ponencia del doctor Hernán Andrade Rincón.

(49) Copias obrantes de folios 27 a 236 del cuaderno principal 1.

(50) Folios 27 a 31 del cuaderno principal 1.

(51) Folios 32 a 45 del cuaderno principal 1.

(52) Folio 25 del cuaderno principal 2.

(53) Folio 26 del cuaderno principal 2.

(54) Folio 114 del cuaderno principal 1.

(55) Sobre el derecho fundamental de todas las personas a la libertad, la Corte Constitucional, en sentencias C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997 y C-774 de 25 de julio de 2001, hizo los siguientes pronunciamientos:

“Sobre el derecho de libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que: ‘Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles’.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto internacional de derechos civiles y políticos ratificado mediante la Ley 74 de 1968 se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta...”.

— En la Convención americana de derechos humanos ratificada por la Ley 16 de 1972 se dice que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(...) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no solo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la Nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”.

“La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues según el inciso 4º del artículo 29 de la Carta Política: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, y por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado.

(56) M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 1998-1400 (20665).

(57) En este sentido debe recordarse que la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en contra de la sindicada, consistente en detención preventiva.