Sentencia 2004-02101 de mayo 13 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Radicación: 8500123310002004210101 (35.576)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Ángel Ernesto Mahecha Martínez

Demandados: Nación - Rama Judicial

Bogotá, D.C., trece de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, pues, en casos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia), opera un factor orgánico que confiere competencia, en primera instancia, a los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, a esta Corporación(1).

2.2. Oportunidad de la acción.

Es indispensable señalar que la acción impetrada por la parte actora pretende la declaratoria de responsabilidad de la demandada como consecuencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto el Juez Promiscuo del Circuito de Yopal retardó injustificadamente la decisión de un incidente de levantamiento de medidas cautelares que pesaban sobre una maquinaria cuya propiedad y posesión dijo ostentar el demandante, a lo cual se sumó que aquel juez omitió el deber de supervisión y vigilancia sobre las actuaciones del secuestre designado para la administración de los bienes embargados y secuestrados, al punto que éste jamás rindió cuentas de su gestión ni el juez se las solicitó, no obstante las innumerables solicitudes que, al respecto, elevó el demandante(2).

Ahora bien, de conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(3), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, se encuentra acreditado en el plenario que la diligencia de entrega al demandante de los bienes que le fueron embargados y secuestrados se produjo el 10 de septiembre de 2002 (fls. 140 a 142, cdno. 1) y que la demanda fue interpuesta el 10 de septiembre de 2004 (fls. 2 a 17, cdno. 1); por consiguiente, no hay duda de que ello ocurrió dentro del término de ley.

2.3. Responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia.

En aras de precisar la fuente del daño que habrían sufrido los demandantes, es preciso referirse a la responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia, para lo cual resulta pertinente señalar que, antes de que entrara a regir la Constitución Política de 1991, la Sección Tercera del Consejo de Estado distinguió entre lo que denominó i) responsabilidad derivada de la administración de justicia, que la asimiló a una falla en la prestación del servicio y consideró, por ejemplo, que había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes, o por la sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo custodia de las autoridades judiciales(4) y ii) la derivada del error judicial, que en un principio fue rechazada por la jurisprudencia de esta Corporación, bajo el entendido de que, en los eventos en los que funcionarios judiciales incurrieren en errores en desarrollo de su actividad, de los que se derivaran daños para los administrados, quien comprometía la responsabilidad era el propio funcionario judicial y no el Estado.

En ese mismo sentido, se entendió que admitir la responsabilidad derivada del error judicial implicaría el desconocimiento del principio de cosa juzgada, en cuya virtud no es posible que un aspecto ya decidido por el juez sea fallado nuevamente, de tal suerte que los daños causados como consecuencia de ese error judicial únicamente comprometían la responsabilidad personal del funcionario judicial, en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil(5), esto es, cuando fueran causados como consecuencia de un error inexcusable.

De manera excepcional, la Corporación llegó a reconocer la responsabilidad de la administración de justicia en aquellos eventos en los que el funcionario judicial, aún en el ejercicio de sus funciones, había incurrido en una vía de hecho y causado lesión a una de las partes, sus apoderados, un auxiliar de la justicia o un tercero(6).

La Constitución Política de 1991 establece como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, incluidas, por supuesto, las judiciales. En una decisión del 22 de julio de 1994 (exp. 9043), la Sección Tercera aseguró que, en aplicación del artículo 90 de la Constitución Política, no existía duda alguna en torno a que los errores judiciales podían ser fuente de reclamaciones por quienes resultaran dañados o perjudicados con ellos, independientemente de la responsabilidad que pudiera caberle al funcionario judicial.

En los artículos 232 y siguientes del Decreto 2700 de 1991 —antiguo Código de Procedimiento Penal—, fue consagrada la acción de revisión, que estableció la posibilidad de reabrir un proceso ya clausurado, cuando se incurriera en error judicial. Dicha acción constituía una excepción a la intangibilidad de la cosa juzgada.

Posteriormente, la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta Rama del Poder Público, así como el de la responsabilidad personal de sus funcionarios y empleados judiciales.

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado se establecieron tres supuestos: el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad. En todo caso, conviene precisar que, aún con anterioridad a la expedición de la Ley Estatutaria, la jurisprudencia de esta Corporación había distinguido ya entre el contenido del denominado error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como títulos jurídicos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado administrador de justicia.

Ahora bien, para que surja la responsabilidad patrimonial del Estado por el error judicial, es necesario que concurran los siguientes elementos: i) que dicho error esté contenido en una providencia judicial, ii) que ésta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado hubiere interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes.

Es preciso anotar que se incurre en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho. Dicha responsabilidad también se hace extensiva a los errores en que incurran los demás agentes del Estado que, sin pertenecer a la rama jurisdiccional, cumplan la función de administrar justicia(7). El error judicial puede ser de hecho o de derecho, en este último caso por interpretación errónea, falta de aplicación o indebida aplicación de la norma procedente; pero, además, deben quedar incluidas en el concepto de error jurisdiccional las providencias que contraríen el orden constitucional(8).

No es necesario que la providencia sea constitutiva de una vía de hecho, esto es, que se trate de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que obedezca a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, como lo entendió la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996(9), porque ello implicaría desconocer la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto dicha disposición prevé que se debe indemnizar todo daño antijurídico que llegue a ocasionarse, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa(10).

Dado que el artículo 90 de la Constitución de 1991 y la Ley 270 de 1996 conciben el error judicial de una manera objetiva, para su configuración basta que la providencia que lo contenga cause un daño antijurídico y que éste resulte imputable a la administración de justicia, pues las nociones de culpa grave y de dolo quedan diferidas a los eventos en los que se pretenda demostrar la responsabilidad personal del funcionario.

En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o en la ejecución de las providencias judiciales.

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales(11). Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Hechas las anteriores precisiones, puede concluirse que, en vigencia del artículo 90 de la Constitución Política de 1991 —inclusive desde antes— y de la Ley 270 de 1996, el Estado está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, siempre que estén acreditados los elementos que estructuran su responsabilidad, esto es, que se haya causado un daño antijurídico, que éste resulte imputable a una actuación u omisión de la autoridad vinculada a la rama judicial y que exista un nexo causal entre el primero y la segunda.

En el asunto sub examine, las irregularidades en las que habría incurrido el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal, por la demora injustificada en la decisión de un incidente de levantamiento del embargo y secuestro de una maquinaria industrial y por la falta de supervisión y vigilancia de la actuación del secuestre designado por el juez para la custodia de los bienes objeto de la medida cautelar, se ubica dentro de los lineamientos de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, por lo mismo, la Sala procederá a verificar, de conformidad con el material probatorio que obra en el plenario, si dicho funcionamiento defectuoso se encuentra configurado o no en el presente proceso.

2.4. Cuestiones previas.

Es del caso advertir que el apoderado de los sucesores procesales del llamado en garantía solicitó en el recurso de apelación que se declarara la nulidad del proceso, por cuanto el Tribunal no practicó la totalidad de las pruebas decretadas; en subsidio, solicitó que el juez ad quem se pronunciara sobre las excepciones que formuló en la contestación del llamamiento en garantía.

Al respecto, como se dejó dicho unos párrafos atrás, el Tribunal, de un lado (fls. 291 y 292, cdno. ppal.) y el Consejo de Estado, del otro y en dos oportunidades (fls. 318 y 319, 327 a 335, cdno. ppal.) se pronunciaron sobre la nulidad alegada por el apoderado de los sucesores procesales del llamado en garantía, de suerte que la Sala ningún pronunciamiento hará al respecto, como tampoco lo hará en torno a las excepciones que aquél formuló en la contestación del llamamiento en garantía, toda vez que el Tribunal las declaró no probadas y el citado apoderado ningún reparo o cuestionamiento formuló sobre el particular, ya que se limitó a señalar en el recurso de apelación que, de no prosperar la nulidad, el juez ad quem debía declararlas probadas, pero sin decir porqué, ante lo cual cabe recordar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados en el mismo, de tal suerte que el marco fundamental de competencia del juez ad quem lo determinan las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión recurrida y, por tanto, los aspectos diversos a los planteados por el recurrente quedan excluidos del debate en la instancia superior.

Así las cosas, el debate acá planteado se centrará en establecer si se configuró o no un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por la demora injustificada en la decisión del levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre la maquinaria cuya posesión y propiedad dijo ostentar el acá demandante y si el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal omitió los deberes de vigilancia y control sobre la actuación del secuestre designado para administrar los bienes objeto de la medida cautelar.

2.5. Actuaciones surtidas en el curso del trámite incidental.

Se encuentra acreditado en el plenario que, en el curso del proceso ejecutivo promovido por la señora María del Socorro Salazar Velandia contra Pavimentos y Agregados del Casanare Ltda., la ejecutante solicitó el embargo y secuestro de la maquinaria que la ejecutada “tiene y posee” en la vereda El Chartre, municipio de Yopal, consistente en una máquina trituradora de material de arrastre y sus accesorios (fl. 23, cdno. 4), solicitud a la cual accedió el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal, mediante auto del 12 noviembre de 1998, en el que, además, comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal (reparto) de esa misma ciudad, para la práctica de la medida cautelar decretada (fl. 30, cdno. 4).

El 13 de julio de 1999, el Juzgado Segundo Promiscuo de Yopal practicó, en el sitio acabado de mencionar, la diligencia de embargo y secuestro de la citada maquinaria(12), la cual fue entregada al secuestre Mauricio Lora Valdés, quien manifestó recibirla a entera satisfacción y se comprometió a administrarla correctamente, para lo cual, según dijo, suscribiría un contrato de administración con una persona idónea, a fin de ponerla a producir (fls. 55 a 57, cdno. 4).

El 16 de julio de ese mismo año, el acá demandante, quien tenía arrendada la maquinaria a la sociedad ejecutada (fls. 138 y 139, cdno. 1), solicitó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal el levantamiento del embargo y secuestro de aquélla y el pago de lo dejado de percibir, desde cuando se materializó la medida cautelar y hasta cuando se produjera su entrega, toda vez que ejercía sobre dicha maquinaria, con ánimo de señor y dueño, la posesión material(13). Sostuvo que, para la época en que se practicó la medida cautelar, no se encontraba en el lugar y que, por tanto, no pudo oponerse a la diligencia de embargo y secuestro (fls. 3 a 7, cdno. 7).

Según el artículo 687 (num. 8º) del Código de Procedimiento Civil, aplicable al sub examine, hay lugar al levantamiento del embargo y secuestro cuando “un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del conocimiento, dentro de los veinte días siguientes, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquélla se practicó, y obtiene decisión favorable”. Dicha solicitud debe tramitarse como incidente, en el que deberá demostrarse la posesión alegada.

El artículo 137 ibídem dispuso, por un lado, que del escrito del incidente se correrá traslado a la otra parte por 3 días, quien en la contestación podrá pedir pruebas y acompañar las que tenga en su poder (num. 3º) y, por otro lado, que vencido el término del traslado, “el juez decretará la práctica de las pruebas pedidas que considere necesarias y de las que ordene de oficio, para lo cual señalará, según el caso, un término de diez días o dentro de él, la fecha y hora de la audiencia o diligencia; no habiendo pruebas qué (sic) practicar, decidirá el incidente” (num. 4º).

En el presente asunto, el incidente de levantamiento del embargo y secuestro de la maquinaria cuya posesión ostentaba el acá demandante culminó el 10 de septiembre de 2002, esto es, después de 3 años y 54 días de haberse iniciado (fls. 427 a 429, cdno. 7).

Ahora bien, entre la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares y la entrega de la maquinaria al acá demandante, varias solicitudes y recursos fueron interpuestos ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal, que dieron lugar a la práctica de innumerables diligencias, así:

En 1999: i) El 21 de julio, el juzgado ordenó al incidentalista que prestara caución (fl. 68, cdno. 7), ii) el 27 de julio, este último allegó al proceso copia de la póliza 11000000631, expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia (fls. 69 y 70, cdno. 7), iii) el 23 de agosto, se corrió traslado al ejecutante, por 3 días, del escrito de levantamiento de medidas cautelares (fl. 71, cdno. 1), iv) el 30 de agosto, éste se opuso a dicha medida (fls. 72 a 74, cdno. 7), v) el 14 de septiembre, el juzgado decretó pruebas, entre éstas, los testimonios de Salomón Mahecha Martínez, Emilio Trigos Arenas, Ángel Ernesto Mahecha y José Tomás Arias Pinzón, además de los interrogatorios de parte de Ángel Ernesto Mahecha Martínez y José Tomás Arias Pinzón, quienes fueron citados para el 18 de mayo de 2000 (fl. 85, cdno. 7), vi) el 20 de septiembre del mismo año 2000, el incidentalista interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la providencia anterior, a fin de que se modificara la fecha dispuesta para la práctica de tales pruebas, por cuanto ésta estaba demasiado lejos (fls. 103 a 106, cdno. 7), vii) el 27 de septiembre, el ejecutante manifestó que tales recursos eran improcedentes (fl. 107, cdno. 7), viii) el 28 de septiembre, el incidentalista solicitó que se declarara la nulidad de la medida de embargo y secuestro practicada el 13 de julio de 1999 (fls. 109 a 113, cdno. 7), ix) el 22 de octubre, el juzgado negó los recursos interpuestos por el incidentalista y ordenó correr traslado al ejecutante de la nulidad propuesta por aquél (fls. 119 y 120, cdno. 7)(14), x) el 27 de octubre, el ejecutante se opuso a la nulidad solicitada por el incidentalista (fls. 121 a 124, cdno. 7), xi) el 26 de noviembre, el juzgado negó dicha nulidad (fls. 125 a 127, cdno. 7), xii) el 2 de diciembre, el incidentalista interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra el auto anterior (fls. 128 y 129, cdno. 7) y xiii) el 2 de diciembre, este último solicitó que la maquinaria embargada y secuestrada le fuera entregada en depósito, a fin de practicarle mantenimiento (fls. 130 y 131, cdno. 7).

En 2000: i) El 17 de enero, el juzgado negó el recurso de reposición y concedió el de apelación contra el auto que negó la nulidad propuesta por el incidentalista (fl. 138, cdno. 7), ii) el 7 de febrero, el ejecutante solicitó que se declarara desierto el citado recurso de apelación (fl. 139, cdno. 7), iii) el 10 de febrero, el juzgado lo declaró desierto (fl. 140, cdno. 7), iv) el 3 de abril, el incidentalista solicitó que se ordenara al secuestre que diera por terminado el contrato de arrendamiento de la maquinaria suscrito con los señores Arturo Rincón Camacho y Fredy Sánchez y que, además, aquél rindiera cuentas de su gestión (fls. 144 a 148, cdno. 7), v) el 24 de abril, el juzgado se abstuvo de ordenarle al secuestre que diera por terminado el citado contrato de arrendamiento, pero le solicitó que rindiera cuentas de su gestión (fls. 162 y 163, cdno. 7), vi) el 11 de mayo, el secuestre solicitó que se ampliara el término, para rendir el informe de su gestión (fl. 163, cdno. 7), vii) el 18 de mayo, se practicaron los testimonios y los interrogatorios de parte decretados por el juzgado (fls. 164 a 175, cdno. 7), viii) el 19 de mayo, se practicó diligencia de inspección judicial sobre la maquinaria embargada y secuestrada (fls. 180 y 181, cdno. 7), ix) el 25 de mayo, los peritos rindieron dictamen (fls. 183 a 185, cdno. 7), x) el 2 de junio, el juzgado corrió traslado del dictamen a las partes (fl. 186, cdno. 7) y el incidentalista solicitó el cambio del secuestre (fls. 187 a 190, cdno. 7), xi) el 12 de junio, este último objetó el dictamen anterior (fls. 195 y 196, cdno. 7), xii) el 13 de junio, el incidentalista solicitó que se ordenara al secuestre que se abstuviera de seguir operando la maquinaria, por falta de licencia ambiental (fls. 197 y 198, cdno. 7), xiii) el 21 de junio, el juzgado relevó del cargo al perito Mauricio Lora Valdés y, además, ordenó que se practicaran otros testimonios y que se aclarara y complementara el dictamen del 25 de mayo de 2000 (fls. 201 a 203, cdno. 7), xiv) el 27 de julio, el ejecutante formuló recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra el auto que ordenó remover al secuestre (fl. 209, cdno. 7), xv) el 23 de agosto, el incidentalista solicitó que se decidiera el incidente de levantamiento de las medidas cautelares (fl. 212, cdno. 7), xvi) el 7 de septiembre, el juzgado decidió no revocar el auto que ordenó remover del cargo al secuestre y, en subsidio, concedió el recurso de apelación (fl. 215, cdno. 7), xvii) el 29 de septiembre, se declaró desierto este último, pues el interesado no sufragó las expensas (fl. 218, cdno. 7), xviii) el 9 de octubre, el incidentalista pidió que se solicitara al secuestre que rindiera un informe administrativo, financiero y técnico sobre el manejo de la maquinaria (fls. 220 a 222, cdno. 7), xix) el 8 de noviembre, los peritos aclararon el dictamen (fls. 225 a 228, cdno. 7), xx) el 23 de noviembre, el juzgado corrió traslado a las partes de la aclaración al dictamen (fl. 234, cdno. 7) y xxi) el 14 de diciembre, el juzgado aprobó dicha aclaración (fl. 254, cdno. 7).

En 2001: i) el 20 de marzo, se decretó el levantamiento del embargo y secuestro de la maquinaria, por cuanto se demostró que el señor Ángel Ernesto Mahecha Martínez era su poseedor; además, se ordenó al secuestre entregar los bienes y se condenó en costas al ejecutante (fls. 263 a 268, cdno. 7), ii) el 28 de marzo, este último interpuso recurso de apelación contra la providencia anterior (fl. 270, cdno. 7), iii) el 16 de abril, el juzgado concedió el recurso (fl. 271, cdno. 7), iv) el 8 de mayo, se ordenó al ejecutante que pagara a los peritos $ 100.000 (fl. 273, cdno. 7), v) el 12 de septiembre, el juzgado ordenó al secuestre, Mauricio Lora Valdés, que diera cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 21 de julio de 2000, que lo relevó del cargo (fl. 295, cdno. 7), vi) el 2 de octubre, el secuestre rindió informe de su gestión (fls. 299 a 301, cdno. 7), vii) el 9 de octubre, se puso en conocimiento de las partes dicho informe, viii) el 10 de octubre, el Tribunal Superior de Yopal confirmó la providencia del 20 de marzo de 2001, a través del cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de esa misma ciudad decretó el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre la maquinaria cuya posesión ostentaba el incidentalista (fls. 417 a 424, cdno. 7), ix) el 17 de octubre, este último cuestionó el informe del secuestre (fls. 312 a 319, cdno. 7), x) el 19 de noviembre, el juzgado ordenó que se cumpliera lo dispuesto por el superior y le solicitó al secuestre que entregara al incidentalista, dentro de los 3 días siguientes, los bienes embargados y secuestrados; además, dispuso abrir un incidente, a fin de examinar la conducta del secuestre (fls. 327 y 328, cdno. 7), xi) el 17 de diciembre, la Inspección Primera de Policía de Yopal, comisionada por el citado juzgado, practicó la diligencia de entrega de los bienes objeto de la medida cautelar; sin embargo, el señor Oscar Alberto Mejía se opuso a la misma, alegando la calidad de arrendatario de la maquinaria, de modo que ésta no fue entregada al incidentalista (fls. 345 a 347, cdno. 7) y xii) el 19 de diciembre, la mencionada inspección de policía devolvió al juzgado el despacho comisorio 240/2001 (fl. 360, cdno. 7).

En 2002: i) el 25 de febrero, el juzgado corrió traslado al incidentalista y al opositor, para que solicitaran pruebas (fl. 361, cdno. 7), ii) el 4 de marzo, el opositor solicitó que se tuvieran como pruebas las que aportó en la diligencia del 17 de diciembre de 2001 (fl. 362, cdno. 7), iii) el 30 de abril, el incidentalista allegó al proceso un documento (fl. 368, cdno. 7), iv) el 1º de mayo, este último solicitó la entrega de la maquinaria (fls. 369 a 371, cdno. 7), v) el 4 de junio, el incidentalista solicitó nuevamente la entrega de la maquinaria y aportó otros documentos (fls. 373 a 376, cdno. 7), vi) el 12 de agosto, el juzgado rechazó la oposición a la entrega de los bienes formulada por el señor Oscar Alberto Mejía y comisionó nuevamente a la Inspección de Policía de Yopal, para la práctica de la diligencia de entrega (fls. 402 y 403, cdno. 7) y vii) el 10 de septiembre, los bienes embargados y secuestrados fueron entregados al incidentalista (fls. 427 a 429, cdno. 7).

Pues bien, como acaba de verse, entre el 16 de julio de 1999, cuando el incidentalista solicitó el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre los bienes embargados y secuestrados, y el 10 de septiembre de 2002, cuando el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal los entregó definitivamente a aquél, los intervinientes no sólo presentaron varias solicitudes al juzgado, sino que, además, formularon solicitudes de nulidad y recursos contra las decisiones que el juzgado adoptó a lo largo del trámite incidental, todo lo cual produjo que éste se dilatara en el tiempo.

Ahora, no obstante que las normas procesales a las que se hizo alusión unos párrafos atrás indican que los incidentes deben decidirse dentro de términos razonables y prudenciales, lo cual resulta lógico, pues se trata de cuestiones accesorias al proceso principal, en este caso particular, como se observó, tanto el incidentalista como el ejecutante formularon toda clase de solicitudes y recursos, lo que originó gran actividad por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal, el cual no sólo debió pronunciarse sobre todas y cada una de las peticiones y recursos formulados, sino que, además, debió correr traslado a los interesados de las distintas decisiones y actuaciones que se adoptaron en dicho trámite, a fin de garantizar su derecho defensa y contradicción, como en efecto ocurrió.

Es indispensable recordar que el derecho al debido proceso se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses; así, por ejemplo, el artículo 29 de la Constitución Política consagra tanto el principio de celeridad, como el derecho de contradicción y de controversia probatoria. A su turno, el artículo 228 ibídem dispone que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.

En desarrollo de estos principios, los procesos judiciales deben tener una duración razonable y, además, deben establecer mecanismos que permitan a los intervinientes ejercer su derecho de defensa y contradicción; sin embargo, como tales derechos pueden entrar en confrontación, el juez debe tratar de garantizar, en la medida de sus posibilidades, que aquéllos se cumplan en la mayor medida posible, sin que ello implique, desde luego, el menoscabo o la afectación de alguno de los intervinientes, de suerte que, si bien el juez tiene el deber de garantizar que los términos procesales se cumplan con sujeción a la ley, también tiene el deber de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso de las partes.

Según jurisprudencia de la Corte Constitucional, atendiendo a la realidad del país, en la gran mayoría de los casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales; así, por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad o las numerosas actuaciones de las partes requiere, para su estudio, de un mayor tiempo del establecido en la ley y en la Constitución, de modo que, cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez, o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; al respecto, dicha Corporación ha dicho:

“el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones”(15).

En el presente asunto, si bien el levantamiento de las medidas cautelares sobre los bienes del acá demandante tardó más de 3 años, lo cual, a juicio de la Sala, resulta excesivo para un trámite incidental, dicha tardanza no es imputable al Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal, toda vez que, como se observó, los interesados desplegaron gran actividad durante dicho trámite, lo que obligó al juzgado a proferir innumerables decisiones que, sin duda, lo dilataron aún más, pero que eran indispensables y prácticamente de obligatoria adopción para atender las diferentes peticiones, recursos e incidentes formulados o promovidos por las partes a lo largo del mismo.

Cosa distinta hubiera sido que, a pesar de la profusa actividad de las partes en el curso del referido trámite incidental, el citado juzgado hubiera guardado silencio y ninguna decisión hubiera tomado al respecto; pero, como se vio, éste no fue el caso, pues todas y cada una de las solicitudes y recursos de los interesados fueron resueltos por el mencionado despacho judicial, a lo cual se suma que, entre los años 1999 a 2002, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal presentó “un alto volumen de procesos”, es decir, abundante carga laboral y ninguna medida de descongestión se adoptó al respecto (fl. 83, cdno. 3).

Así las cosas, es obvio que no se configuró la dilación injustificada del trámite incidental imputada al citado juzgado.

2.6. Actuación del secuestre y deberes de vigilancia y supervisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal sobre la actuación de aquél.

Según el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, “los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenación de los bienes o de sus frutos, harán la consignación inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales a la orden del juez del conocimiento (…) En todo caso, el depositario o administrador dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas” (se resalta).

Al respecto, se encuentra acreditado en el plenario que, el 15 de octubre de 1999, el incidentalista solicitó al secuestre que rindiera un informe administrativo, financiero, técnico y contable sobre el manejo de la maquinaria embargada y secuestrada, teniendo en cuenta que, en el acta de la diligencia de entrega de los bienes, el secuestre manifestó que, “con posterioridad se realizará (sic) contrato de administración con una persona idónea en los trabajos que desarrolla la correspondiente maquinaria” (fl. 53, cdno. 1); asimismo, el incidentalista le pidió al secuestre que la maquinaria fuera entregada a los señores Salomón Mahecha y Emilio Trigo, para que éstos la administraran (fl. 54, cdno. 1).

El 28 de octubre de ese mismo año, el incidentalista solicitó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal que requiriera al secuestre, a fin de que rindiera el informe al que se hizo alusión en el párrafo anterior y que, además, le ordenara dejar la maquinaria a disposición de los señores acabados de citar (fl. 55, cdno. 1).

El 3 de abril de 2000, aquél volvió a solicitarle al juzgado que ordenara al secuestre que rindiera cuentas de su gestión (fls. 144 a 148, cdno. 7). El 24 de abril siguiente, el juzgado le pidió a éste que, en un término no mayor a 3 días, cumpliera lo solicitado por el incidentalista (fl. 162, cdno. 7).

El 1º de junio de ese mismo año, este último solicitó al juzgado que relevara del cargo al secuestre, por cuanto, hasta la fecha, había rendido únicamente dos informes de su gestión, cuando ha debido hacerlo en 8 oportunidades, uno por cada mes de administración; además, aseguró que el auxiliar de la justicia omitió consignar, a órdenes del juzgado, el producido de la maquinaria, alegando que ésta generaba pérdidas, acerca de lo cual sostuvo que el secuestre pactó con los administradores de la maquinaria un canon de $ 2’000.000 mensuales (fls. 187 a 190, cdno. 7).

El 13 de junio de 2000, el incidentalista solicitó al juzgado que ordenara al secuestre que se abstuviera de permitir que siguieran operando la maquinaria, teniendo en cuenta que Corporinoquia, mediante Resolución 339 del 30 de mayo de 2000, había dado por terminada la licencia ambiental (fls. 197 y 198, cdno. 7).

El 21 de julio siguiente, el juzgado relevó del cargo al secuestre Mauricio Lora Valdés y designó, en su reemplazo, a Guillermo Carreño Ibáñez; asimismo, dispuso que aquél hiciera “entrega e inventario de bienes al entrante”. Según el juzgado, resultaba inexplicable que aquél, en los dos informes que rindió, hubiera reportado solo pérdidas, cuando lo lógico era que “estuviera consignando mensualmente los cánones percibidos, pues los gastos debieran (sic) ser del Arrendatario”; además, cuestionó la mala administración del secuestre y la omisión de éste en la rendición de los informes mensuales sobre su gestión (fls. 201 a 203, cdno. 7).

El 16 de agosto de 2000, el incidentalista solicitó al juzgado que requiriera al secuestre Lora Valdés, a fin de que diera cumplimiento a lo dispuesto en la providencia anterior y rindiera informes de su gestión, ya que, durante su administración, únicamente rindió dos. Sostuvo, asimismo, que la maquinaria seguía operando y que presentaba avanzado estado de deterioro, debido a la falta de mantenimiento (fl. 293, cdno. 7).

El 12 de septiembre de ese mismo año, el juzgado citó al mencionado secuestre y lo conminó a cumplir lo dispuesto en la providencia del 21 de julio de 2000, advirtiéndole que el incumplimiento de lo ordenado daría lugar a las sanciones de ley (fl. 295, cdno. 7).

El 29 de septiembre de 2001, el señor Lora Valdés entregó al nuevo secuestre los bienes embargados y secuestrados (fl. 298, cdno. 7) y rindió un tercer informe de su gestión (fls. 299 a 301, cdno. 7).

Pues bien, visto con detenimiento el material probatorio acabado de referir, para la Sala es claro que el secuestre Mauricio Lora Valdés omitió el cumplimiento de sus deberes, pues, desde el 13 de julio de 1999, cuando le fueron entregados los bienes embargados y secuestrados para su custodia (fls. 18 a 20, cdno. 1), y hasta el 29 de septiembre de 2001, cuando aquél los entregó al nuevo secuestre (fl. 298, cdno. 7), rindió únicamente 3 informes de su gestión y, además, durante todo ese tiempo, apenas consignó la suma de $ 4’000.000 (fl. 300, cdno. 7), cuando lo cierto es que, según el contrato de arrendamiento que suscribió el secuestre con los señores Arturo Rincón y Fredy Sánchez, a fin de que éstos operaran la maquinaria, se acordó un canon mensual de $ 2’000.000 (fls. 120 a 122, cdno. 1).

No obstante que el secuestre justificó su comportamiento alegando que la zona donde operaba la maquinaria estaba convulsionada por el orden público, circunstancia que le imposibilitó rendir mensualmente los informes de su gestión, a lo cual se sumó que el funcionamiento de la maquinaria demandó enormes gastos, cosa que le impidió reportar utilidades (fls. 299 a 301, cdno. 7), nada de lo dicho se acreditó, al menos no se aportaron al plenario las respectivas pruebas.

Ahora, si bien el secuestre no cumplió a cabalidad con las funciones que le correspondían, el Juez Promiscuo del Circuito de Yopal tampoco tomó los correctivos del caso, pues no le exigió a aquél que rindiera los informes a los que estaba obligado acerca de su gestión y menos aún le exigió cuentas.

Al respecto, el artículo 689 del Código de Procedimiento Civil dispone que el “juez, de oficio o a petición de parte, también podrá disponer que se rindan cuentas en cualquier tiempo, mientras el secuestro subsista”; además, el artículo 11 ibídem señala que el incumplimiento de los deberes del auxiliar de la justicia previstos en el artículo 10 ibídem, así como “el empleo de los bienes, sus productos o el valor de su enajenación, en provecho propio o de la otra persona, y el retardo en su entrega, dará lugar a multa de dos a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”, “sin perjuicio de las restantes sanciones y de la indemnización a que hubiere lugar”.

Por su parte, según el artículo 688 (num. 3º) del Código de Procedimiento Civil, el secuestre puede ser removido de su cargo, de oficio o a petición de parte, “Si deja de rendir cuentas de su administración o de presentar los informes mensuales (…)”.

En el presente asunto, si bien el secuestre Lora Valdés fue removido de su cargo, dicha medida fue tardía, teniendo en cuenta que aquél, desde el mismo momento en que inició su gestión, omitió sus deberes, pues no rindió los informes a los que estaba obligado y menos aún consignó los cánones del arrendamiento de la maquinaria embargada y secuestrada; además, el reemplazo del secuestre se produjo por solicitud del incidentalista, al cabo de 26 meses de iniciada su labor, olvidando el juez que lo podía hacer de oficio y que, también, podía adoptar otra clase de medidas, como se desprende claramente de lo dispuesto por las normas citadas.

Así las cosas, es obvio que tanto el secuestre Mauricio Lora Valdés como el Juez Promiscuo del Circuito de Yopal incumplieron sus obligaciones: el primero, porque omitió rendir los informes mensuales de su gestión y consignar los cánones de arrendamiento de la maquinaria (recuérdese que el secuestre no probó las justificaciones que adujo frente al incumplimiento de sus deberes) y, el segundo, porque hizo caso omiso de los deberes de vigilancia y supervisión de las actuaciones del secuestre y porque, además, no implementó los correctivos del caso, lo cual compromete la responsabilidad de la demandada, a título de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

De otro lado, la Sala no comparte lo afirmado por la demandada en el recurso de apelación, en cuanto aseguró que debían negarse las pretensiones de la demanda, ya que el actor, en lugar de acudir al juez de lo contencioso administrativo, debió hacer efectiva la garantía que, al efecto, constituyó el secuestre designado por el juez para la administración de la maquinaria embargada y secuestrada, pues es lo cierto que la acción de reparación directa acá instaurada tuvo como propósito que se declarara la responsabilidad del Estado como consecuencia de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, ocasionado por la demora injustificada en el levantamiento de las medidas cautelares sobre la maquinaria cuya posesión ostentaba el demandante, y por la omisión del juez de sus deberes de vigilancia y supervisión de las actuaciones del secuestre.

En cuanto al régimen de responsabilidad que se atribuye, resulta indispensable señalar que dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, de modo que puede provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”(16). Se trata de una responsabilidad que, a diferencia de la que surge del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.

2.7. Actuación del llamado en garantía.

Como se sabe, el llamamiento en garantía procede cuando entre el llamado y llamante existe una relación de orden contractual o legal, de la cual surge la obligación, a cargo de aquél, de resarcir un perjuicio o de efectuar un pago que pudiera ser impuesto en la sentencia que decida el respectivo proceso.

Al respecto, el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil dispone que quien pretenda llamar en garantía a un tercero al proceso debe acreditar, al menos sumariamente, el vínculo jurídico que lo faculta a hacerlo, es decir, el derecho legal o contractual que le asiste para hacer uso de ese instrumento, con miras a que el tercero responda eventualmente por los perjuicios a los que pudiere ser condenado quien formula el llamamiento.

Por su parte, el artículo 57 ibídem señala que quien tenga derecho a “exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél al proceso, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”.

A su turno, el artículo 55 ibídem dispone que el escrito de la denuncia (o llamamiento) deberá contener, entre otros, “los hechos en que se basa la denuncia y los fundamentos de derecho que se invoquen”.

Según el artículo 77 del Código Contencioso Administrativo, “los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones”. Sobre el particular, el artículo 4º de la Ley 678 de 2001 dispone que las entidades públicas tienen el deber de ejercer “la acción de repetición o el llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes”.

De las normas acabadas de citar se infiere, claramente, que la responsabilidad del llamado en garantía y, por consiguiente, la obligación de indemnizar o reembolsar las sumas de dinero que llegare a sufragar el llamante depende de si este último resulta condenado en el proceso, pues es obvio que si no lo es nada tendrá que indemnizar, o nada tendrá que reembolsar; además, el llamante debe demostrar que la actuación del servidor público fue dolosa o gravemente culposa. En todo caso, vale la pena aclarar que no siempre que el demandado resulte condenado el llamado en garantía debe indemnizar o reembolsar lo que aquél pagó, pues bien puede ocurrir que el juez encuentre que no existe obligación alguna a su cargo.

En el presente asunto, si bien la demandada llamó en garantía al Juez Promiscuo del Circuito de Yopal, a fin de que sufrague las sumas de dinero que aquélla deba pagar, en el evento de resultar condenada por los hechos acá debatidos (fls. 1 y 2, cdno. 10), nada dijo en torno a cuál fue la conducta dolosa o gravemente culposa en la que habría incurrido dicho funcionario judicial, de modo que, como lo sostuvo el apoderado de los sucesores procesales del llamado en garantía, no se cumplió con un requisito de procedibilidad, pues el marco normativo que regula el llamamiento en garantía indica, claramente, que los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones, lo cual implica, como es lógico y dado el carácter de rogada que acompaña a esta jurisdicción, que el interesado indique al juez de lo contencioso administrativo cuál fue la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público que, a su juicio, debe reembolsar las sumas de dinero que pagó la Administración como consecuencia de la actuación de aquél.

Ahora, dado que el señalamiento de la conducta irregular con la que habría actuado el llamado en garantía tiene relación con su debido proceso, su omisión no puede entenderse como un simple defecto formal de la demanda, entendida ésta como el instrumento a través del cual se ejerce el derecho de acción, es decir, como un mecanismo que da lugar al inicio del proceso judicial, en aras de obtener la definición del asunto sometido al conocimiento del juez.

Al respecto, cabe manifestar que esta Corporación ha precisado, en otras oportunidades, que existen ciertos requisitos que son indispensables para proferir una decisión de fondo, como lo es, por ejemplo, que la acción contencioso administrativa se ejerza con sujeción a las exigencias dispuestas por la ley para su procedencia(17).

Advertida, entonces, la importancia que tiene la demanda como mecanismo introductorio del proceso jurisdiccional, es preciso tener en cuenta que la normatividad ha establecido diversos requisitos para el cumplimiento del presupuesto procesal denominado “demanda en forma”(18); por lo tanto, no cualquier escrito denominado demanda pone en funcionamiento el aparato judicial del Estado, pues resulta necesario cumplir con los requisitos que ha dispuesto el ordenamiento legal, a fin de configurar una demanda en debida forma. Así, por ejemplo, el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil prescribe lo siguiente:

“Requisitos de la denuncia. El escrito de denuncia deberá contener:

“1. El nombre del denunciado y el de su representante si aquél no puede comparecer por sí al proceso.

“2. La indicación del domicilio del denunciado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.

“3. Los hechos en que se basa la denuncia y los fundamentos de derecho que se invoquen.

“4. La dirección de la oficina o habitación donde el denunciante y su apoderado recibirán notificaciones personales” (se resalta).

Cuando falta alguno de los presupuestos señalados, como ocurre, por ejemplo, cuando no se dice nada acerca de cuál fue la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario que se pretende llamar en garantía, que es, precisamente, el hecho frente al cual éste debe orientar su defensa, se configura lo que se conoce como ineptitud sustantiva de la demanda, que impide que el juez se pronuncie de fondo en relación con las pretensiones formuladas por la parte actora.

Al no encontrarse satisfecha, entonces, la totalidad de los presupuestos procesales de la acción, entendidos éstos como “los requisitos indispensables para la formación y desarrollo normal del proceso y para que éste pueda ser decidido de fondo mediante una sentencia estimatoria”, no es viable proferir sentencia estimatoria o desestimatoria sino inhibitoria(19).

En consecuencia, la Sala ningún pronunciamiento hará en torno a la responsabilidad del llamado en garantía, doctor Julio Piña Amaya, quien para la época de los hechos fungió como Juez Promiscuo del Circuito de Yopal, pues la demandada se limitó a llamarlo en garantía, sin explicar cuál fue la conducta dolosa o gravemente culposa en la que él incurrió.

III. Indemnización de perjuicios

El Tribunal condenó a la demandada en abstracto al pago de perjuicios materiales y negó los morales, aspecto que no fue apelado por las partes, de suerte que la Sala confirmará dicha condena, la cual se sujetará a los parámetros que, al respecto, dispuso el juez a quo.

IV. Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas a la demandada, por cuanto la conducta procesal desarrollada por ésta no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia del 24 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la demandada y del llamado en garantía, por los perjuicios causados al demandante como consecuencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, en su lugar:

a. DECLÁRASE la responsabilidad de la Nación - Rama Judicial, por los daños y perjuicios causados a la parte actora como consecuencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

b. CONDÉNASE a la Nación - Rama Judicial a pagar, a favor de Ángel Ernesto Mahecha Martínez, por concepto de perjuicios materiales, el valor de lo que arroje el incidente de liquidación que al respecto se adelante, teniendo en cuenta los parámetros expuestos en la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

c. INHÍBESE para pronunciarse sobre la responsabilidad del llamado en garantía.

d. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Dése cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

1 Sala Plena del Consejo de Estado, auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).

2 (Fl. 55, cdno. 1; 162, 187 a 190, 197, 198, 293, cdno. 7).

3 Ley 446 de 1998.

4 Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 1967 (exp. 868), del 31 de julio de 1976 (exp. 1808) y del 24 de mayo de 1990 (exp. 5451).

5 El artículo 40 del Código de Procedimiento Civil disponía: “Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los siguientes casos: 1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad. 2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto. 3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo del recurso que la parte dejó de interponer”. En Sentencia C-244A de 30 de mayo de 1996, la Corte Constitucional declaró que esta norma fue subrogada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

6 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 16 de diciembre de 1987, expediente R-01.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15.528.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 1997, expediente 13.258.

9 Sentencia C-037 de 1996.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de septiembre de 1997, expediente 10.285.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2006, expediente 14.307.

12 La maquinaria estaba compuesta por una trituradora primaria de mandíbula, con 2 zarandas vibratorias, cada una con un motor eléctrico, una tolva vibratoria abastecedora de material y un tablero compuesto de 37 teclas, todo montado sobre una base de concreto, con sus correspondientes estructuras de hierro y otros componentes (fls. 55 a 57, cdno. 4).

13 Al respecto, está acreditado, según documentos expedidos por la DIAN, que el señor Ángel Ernesto Mahecha Martínez importó temporalmente una máquina trituradora de piedra y material sólido y demás componentes (fls. 11 a 13, cdno. 5). Según las declaraciones de Emilio Tricos Arenas y Salomón Mahecha Martínez, rendidas el 14 de agosto de 2006 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Arauca, en cumplimiento del despacho comisorio 50 del 17 de marzo de 2006, librado por el Tribunal Administrativo de Casanare (fl. 9, cdno. 3), el señor Mahecha Martínez era el propietario y poseedor de la maquinaria que fue embargada y secuestrada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal (fls. 64 a 69, cdno. 3).

14 En dicha providencia, el juzgado sostuvo que, si bien la ley fijaba 10 días para practicar pruebas, “se halla tan congestionado en su agenda de diligencias que se hace imposible adelantar las fechas señaladas. En este momento estamos ordenando pruebas para la segunda quincena de julio del año 2000” (fl. 119, cdno. 7).

15 Corte Constitucional, Sentencia T-803 del 11 de octubre de 2012.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de febrero de 2006, expediente 14.307.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente 21.206.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 18 de abril de 2010, expediente 18.530.

19 Sección Tercera, Sentencia de 14 de abril de 2010, expediente 17.311.