Sentencia 2004-02114 de junio 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000200402114 - 01 (29912)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: José Miguel Contreras Beltrán y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

Bogotá, D. C., junio doce de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Prelación de fallo(2). 

En la actualidad la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del correspondiente Magistrado Ponente.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16(3), permite decidir sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor José Miguel Contreras Beltrán.

Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(4).

Así las cosas, dado que en relación con los hechos materia del presente asunto existe una jurisprudencia consolidada y reiterada de esta corporación, la Subsección procederá a decidir este proceso de manera anticipada con el fin de reiterar su jurisprudencia.

2. Caducidad de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la providencia mediante la cual se absolvió al señor José Miguel Contreras por los delitos imputados, quedó ejecutoriada el día 29 de octubre de 2000 (fl. 171 c. 2) y la demanda se formuló el 18 de octubre de 2002 (fl. 36 c. 1).

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad finalmente es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(5)—.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

4. El material probatorio que obra en el proceso.

• Al proceso se allegó, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D. C., copia auténtica de algunas de las piezas procesales relacionadas con la investigación penal adelantada contra el señor José Miguel Contreras, con ocasión del cual se le privó de su libertad, las cuales serán valoradas por la corporación por cuanto se solicitaron como prueba por la parte demandante y se adelantaron con audiencia de la propia entidad demandada.

Los documentos allegados fueron los siguientes:

— Sentencia del 15 de junio de 2000, mediante la cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió al señor José Miguel Contreras Beltrán “respecto de los cargos formulados en su contra como coautor del delito de transporte ilegal de alcaloides, conforme al principio del in dubio pro reo, quedando desvinculado definitivamente del presente proceso penal”.

La anterior providencia se fundamentó, principalmente, en los siguientes argumentos:

“Ciertamente, para esta sede resulta claro que hechos verificables como son que los dos hermanos Contreras Beltrán viajaran de noche desde la capital vallecaucana, como también que los dos automotores conducidos por Guillermo y José Miguel vinieran encaravanados, en modo alguno conllevan a afirmar —sin temor a equívocos— que los dos sujetos estaban involucrados en el ilícito transporte de los 44.036 gramos de cocaína decomisados, dado que la exculpación dada por el segundo de los nombrados, en el sentido de que ese acompañamiento en carretera obedeció a una medida precautelativa, para no afrontar solo una posible varada de su camión, no se desvirtuó en el plenario y contrario sensu fue respaldada por el ya citado vigilante del conjunto residencial, quien manifestó que efectivamente el vehículo del inquilino José Miguel Contreras venía fallando desde días atrás.

Consideramos que si con base en dicha circunstancia, esta jurisdicción especializada emitiera sentencia condenatoria contra este enjuiciado, se estaría dando aplicación a la denominada “responsabilidad objetiva” que desde la derogatoria del Código Penal de 1936 está proscrita de nuestro ordenamiento.

(…)

Y esa es precisamente la situación que se presenta aquí, pues la imputación hecha por la Fiscalía de segunda instancia contra José Miguel Contreras Beltrán, no está basada en juicios lógicos y concatenados que se originan en situaciones debidamente acreditadas a lo largo del trámite procesal, sino en simples elucubraciones y suspicacias sin respaldo probatorio serio y contundente.

(…)

Comprende este funcionario que los medios probatorios antes analizados, pudieron servir de sustento para afectar al sindicado José Miguel Contreras con medida de aseguramiento de detención preventiva y aún —siendo rigurosos en el análisis de la prueba— para dictarle resolución acusatoria, pues sabido es que en esa etapa procesal sólo se requiere la existencia de cualquier medio probatorio, “que comprometa la responsabilidad del imputado”. Pero ya para proferir pronunciamiento de condena el legislador obliga a que el juzgador tenga certeza sobre la responsabilidad del implicado, es decir, la persuasión de que la idea que se ha formado el funcionario corresponde a la realidad, situación que mal puede predicarse en este caso dada la orfandad probatoria ya reseñada.

Entonces, si es un panorama de duda el que se cierne respecto al compromiso penal del encausado José Miguel Contreras Beltrán en la ilicitud atentatoria de la salubridad pública que se le endilgó, no queda otra alternativa que la de aplicar en su favor el universal principio del in dubio pro reo (…).

Recapitulando este juzgado de descongestión, compartiendo el criterio de la representante de la Fiscalía en la diligencia de audiencia pública y en consonancia con la solicitud del defensor Bernal encuentra que las pruebas que militan en contra de José Miguel Contreras, no son del talante suficiente para dar certeza acerca de su responsabilidad en el hecho que se le endilga y —contrario sensu— de aquellas que emergen serias dudas que a esta altura del proceso son insuperables, imponiéndose entonces en aplicación del universal principio del in dubio pro reo, la emisión de un fallo absolutorio a favor del mentado, al no reunirse las exigencias de ley para condenarlo por el delito de transporte ilícito de alcaloides que se le imputa, decisión ajustada a los postulados de equidad y justicia que deben servir de faro a todo pronunciamiento jurisdiccional” (las negrillas no son del original).

— Providencia del 18 de octubre de 2000, a través de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

• Contrato de permuta celebrado entre el señor Oscar Javier Casallas Ortegón en calidad de permutante vendedor y el señor José Miguel Contreras en su condición de permutante comprador, el día 27 de mayo de 1996. El objeto del aludido negocio fue el siguiente:

“PRIMERA: EL PERMUTANTE VENDEDOR da en venta real un vehículo de su propiedad y que soporta un gravamen de arrendamiento con opción de compra que manifiesta el Permutante Vendedor haberla cancelado en Leasing Fénix y distinguido con las siguientes características:

Clase: camión marca: Chevrolet línea: NPR T modelo: 1996 color: azul cobalto servicio: público tipo carrocería: estacas placas: UFP 519 Nº motor: 552609 Nº de serie: NL 95475107 (…).

SEGUNDA: EL PERMUTANTE COMPRADOR entrega a cambio: a) Un vehículo de su propiedad avaluado por las partes en la suma de doce millones trescientos mil pesos ($12.300.000) m/cte., soporta una prenda sin tenencia a favor del Banco Ganadero (…).

b) La suma de seis millones de pesos ($6.000.000) m/cte. en dinero en efectivo en la fecha, que el PERMUTANTE VENDEDOR declara recibida en entera satisfacción (…).

c) Se obliga a suscribir 29 letras de cambio a favor del PERMUTANTE VENDEDOR con fecha de vencimiento los días 27 de cada mes a partir del 27 de septiembre de 1996 y así sucesivamente hasta febrero 27 de 1999, por valor de un millón cuatrocientos mil pesos ($1.400.000) m/cte., cada una: letras que el PERMUTANTE VENDEDOR se obliga a cancelar en Leasing Fénix junto con un excedente por la suma de quinientos mil pesos ($500.000) m/cte., durante las 29 cuotas mensuales antes mencionadas, es decir cancelará en Leasing Fénix cuotas mensuales por valor de un millón novecientos mil pesos ($1.900.000) m/cte., a partir de septiembre 27 de 1996 hasta cubrir las 29 mensualidades o sea hasta febrero 27 de 1999.

(…)

QUINTA. EL PERMUTANTE VENDEDOR se obliga a entregar el traspaso del camión debidamente diligenciado el 27 de febrero de 1999 a nombre del señor José Miguel Contreras Beltrán, fecha en la que se vence la letra número 29 y EL PERMUTANTE COMPRADOR se obliga a entregar el traspaso debidamente diligenciado del automóvil Swift el día 27 de febrero de 1997 a nombre del señor Oscar Javier Casallas Ortegón”.

• Facturas correspondientes al pago de pólizas de seguros y repuestos de vehículo.

• Copia auténtica de la tarjeta dactiloscópica correspondiente al señor José Miguel Contreras Beltrán según la cual estuvo recluido en la Cárcel Modelo de Bogotá desde el 31 de marzo de 1997 hasta el 28 de enero de 1998.

• Oficio Nº 919 del 30 de septiembre de 2003, a través del cual el jefe del grupo de seguridad de la Dirección Central de la Policía Judicial, hizo constar que el señor José Miguel Contreras Beltrán estuvo retenido en la sala de detenidos de esa dependencia desde el 13 de marzo de 1997 hasta el 31 de marzo de ese mismo año, fecha en la cual fue trasladado a la Cárcel Modelo de Bogotá.

• Certificación expedida por el centro de atención al cliente de cobranzas sucursal Bogotá del Banco Davivienda, de fecha 17 de febrero de 2003, mediante la cual hizo constar que el señor José Miguel Contreras Beltrán y María Marbely Domínguez Guzmán tenían a cargo una obligación, con saldo en mora, con la aludida entidad financiera, por el valor de $119’428.710.

• Certificación expedida por la administradora del Conjunto Residencial Diana Verónica II, mediante la cual hizo constar que el señor José Miguel Contreras Beltrán tenía a su cargo una deuda por concepto de administración por el valor de $10.541.680.

• Copia auténtica de la tarjeta de propiedad correspondiente al vehículo Mazda de placas SGJ 481, color amarillo, Nº de motor E5748768, en la cual aparece como titular el señor José Miguel Contreras Beltrán.

• Contrato de compra-venta de vehículo, a través del cual el señor José Miguel Contreras Beltrán vendió, al señor Édgar Orlando Mora Álvarez, el vehículo mencionado con anterioridad, por el valor de $ 13’500.000.

• Declaraciones rendidas por las señoras Carmen Rosalía Villarraga de Moreno e Isabel Bocanegra de Pinto, a través de las cuales afirmaron que habían trabajado con el señor José Miguel Contreras Beltrán en Corabastos, que esta última persona transportaba alimentos y que por ese servicio le pagaban alrededor de $4’000.000 y $4’500.000, por parte de la señora Villarraga de Moreno y un promedio de $4’500.000, por parte de la señora Bocanegra de Pinto.

Si bien en estricto sentido las declaraciones rendidas por las anteriores personas se realizaron con el fin de ratificar unas declaraciones extrajudiciales efectuadas previamente por ellas, lo cierto es que resulta pertinente aclarar que esa clase de testimonios que se practican fuera de todo proceso judicial no pueden valorarse y, por tanto carecen de eficacia probatoria, comoquiera que no reúnen los presupuestos previstos en el ordenamiento para ello, entre ellos la falta de citación de la parte contraria con el fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa, amén de que tampoco se cumplieron en este caso los requisitos que consagran los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil, para que, de manera excepcional, se puedan considerar en un determinado proceso judicial declaraciones extraprocesales.

Así las cosas, aún cuando de conformidad con el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, para valorar un testimonio que se hubiere practicado de manera extrajudicial debe ratificarse en el proceso correspondiente, lo cierto es que esa diligencia —la ratificación— al tener que efectuarse de la forma prevista para la recepción del testimonio —citación de los testigos, señalamiento de hora y fecha para la audiencia en que deban recibirse las declaraciones, cumplimiento de las formalidades establecidas en relación con la formulación de las preguntas, toma de juramento, cumplimiento del principio de publicidad respecto de las partes en relación con la práctica del interrogatorio y, en general, la observancia de las formalidades previstas para la práctica de la declaración, sumado, finalmente, a la imposibilidad de que el testigo lea su declaración anterior— más que una “ratificación” lo que supone la realización de la aludida diligencia en realidad, tal como ocurrió en la oportunidad que ahora se examina, es la práctica, sin mayores ambages, de un testimonio, de manera que será ese medio probatorio el que finalmente podrá valorarse y no la declaración extrajudicial —la cual sería el objeto de esa ratificación—, carente por sí misma de efecto probatorio alguno en un proceso judicial.

• Copia auténtica de varias letras de cambio en las cuales figura, en una, la señora María Marbelly Domínguez Guzmán como deudora y en las demás el señor José Miguel Contreras, suscritas entre el 17 de abril de 1997 y el 27 de octubre de 2000.

5. El caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la corporación encuentra que el demandante José Miguel Contreras Beltrán fue privado de su derecho fundamental a la libertad desde el 13 de marzo de 1997 hasta el 28 de enero de 1998, sindicado como coautor del delito previsto en el artículo 17 de la Ley 365 de 1997.

Ahora bien, en el proceso penal iniciado en contra del aquí demandante, como consecuencia del cual fue privado de su libertad, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D. C., mediante providencia del 15 de junio de 2000 decidió, entre otros aspectos, absolver al sindicado de los cargos contra él imputados.

Al analizar la parte considerativa de la anterior providencia, la Sala encuentra, si se quiere, que el juez de instancia, para proferir la decisión, se apoyó en dos razones diferentes, a saber:

i) En varios apartes de la providencia, el operador judicial hizo referencia a la “orfandad probatoria” del proceso y a que la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación no estaba basada en juicios lógicos y concatenados debidamente acreditados, en la medida en que estaba basada en “simples elucubraciones y suspicacias sin respaldo probatorio serio y contundente”, circunstancia que indica que la absolución habría tuvo soporte en la imposibilidad del ente investigador de acreditar la responsabilidad del sindicado en la acusación que se le formuló en su contra, esto es porque no se probó que el imputado hubiere cometido el hecho.

ii) No obstante, en otros apartes de la misma providencia, el juez hizo referencia a la existencia de un “panorama de duda” en la responsabilidad del encauzado, en el sentido de que las pruebas que obraban en el expediente no eran del “talante suficiente” para proferir una sentencia condenatoria y que, en la medida en que para ese momento dichas dudas eran insuperables, se imponía la aplicación del principio in dubio pro reo.

Ahora bien, independientemente de la razón que habría servido de fundamento para que el juzgado hubiere dictado sentencia absolutoria, hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado, puesto que si se considera la primera de las argumentaciones antes aludidas como el soporte de la decisión de absolución, la condena al Estado se impondría en aplicación de una de las causas que prevé el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, esto es que el sindicado no cometió el delito que se le imputó.

Por otro lado, pero en el mismo sentido, si se eligiera el segundo razonamiento como el motivo principal que sustentó la decisión a la cual se ha estado haciendo referencia, de igual forma, el reconocimiento de la indemnización encontraría fundamento en las consideraciones, ya expuestas, según las cuales, aún cuando la decisión de preclusión o absolución se hubiere proferido en aplicación del principio in dubio pro reo, la persona que padece la privación de la libertad no está en la obligación de soportarla, en cuanto resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al demandante que asuma en forma inerme y como si se tratase de una carga pública, que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, durante más de 10 meses, una privación de su derecho a la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, a pesar de que la misma administración de justicia que limitó y afectó el derecho en mención concluyó que existían dudas que impidieron desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre acompañó al sindicado, esto es antes, durante y después del proceso penal correspondiente, razón por la cual se enfrenta la Sala a la detención preventiva que debió soportar quien ante el Estado siempre ha mantenido incólume su condición de inocente.

Por consiguiente, se impone concluir que el demandante no estaba en la obligación de soportar el daño que el mismo Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a dicha persona por ese hecho.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor José Miguel Contreras Beltrán.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

En relación con esta clase de perjuicios, la Sala ha admitido la existencia de una presunción consistente en que la sola privación injusta de la libertad, según las reglas de la experiencia, produce sentimientos de tristeza y dolor, situación que da lugar a su reparación(6). Asimismo se ha dicho que, con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio, se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos(7), según corresponda.

Respecto del monto al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala, el juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto. En este sentido se ha manifestado:

“4.1. Morales: Conforme a lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha precisado, por el contrario, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(8).

En el presente caso, se decretarán perjuicios morales tasados en salarios mínimos legales mensuales para todos los demandantes, esto es, para Martha Esperanza Ramos de Echandía, Mary Gema Rodríguez de Ramos, y Aníbal Ramos Oviedo, estos últimos padres de la afectada directa, según los registros civiles aportados con la demanda, y a los cuales se hizo referencia en el capítulo 2 de esta providencia(9).

Ahora bien, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(10), debe presumirse, que el peticionario ha padecido el perjuicio solicitado.

De otra parte, si bien en la demanda se deprecó como perjuicio moral una suma que asciende al valor de 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes, es relevante precisar que en el sub judice no se presenta el perjuicio en su mayor magnitud (v.gr. eventos de muerte), sino que la aflicción de los demandantes, al menos, se prolongó no sólo durante el período en que la señora Ramos Echandía estuvo privada de la libertad, sino que se extiende hasta el momento en que quedó ejecutoriada la decisión que la absolvió de las imputaciones penales a ella formuladas; se tiene en cuenta además, la posición social de quien fuera privada de la libertad, su prestigio como profesional del derecho que indudablemente resulta afectado, la ancianidad de los padres, y las demás particularidades que en este tópico enseñan los autos; en esas condiciones, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral y con fundamento en el arbitrio judicial, las sumas de dinero establecidas en el cuadro señalado a continuación, para cada uno de los demandantes”(11).

Se reitera, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que hubieren sido privadas injustamente de su libertad(12); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(13), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(14).

Ahora bien, teniendo en cuenta el tiempo que el señor José Miguel Contreras Beltrán permaneció privado de su libertad, esto es más de 10 meses y la gravedad de los delitos por los cuales fue acusado, esta Subsección considera que hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 80 SMLMV.

En cuanto a la prueba del parentesco en el caso concreto que aquí se examina, de los registros civiles que fueron aportados al proceso —fls. 54 a 56 c. 2— se demostró que el señor Freddy Miguel Contreras Domínguez es el hijo del señor José Miguel Contreras y que la señora María Marbelly Domínguez Guzmán es su esposa.

De manera que, en relación con la esposa e hijo de la víctima directa, en aplicación de la presunción antes aludida, se observa que hay lugar a reconocer a cada una de ellos el monto equivalente a 80 SMLMV.

En relación con Yuly Alexandra Contreras Domínguez, se encuentra que su registro civil de nacimiento fue aportado en copia simple, motivo por el cual carece de eficacia probatoria, de conformidad con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado(15), en consecuencia no es posible aplicar la presunción antes aludida.

Se agrega, además que, dado que tampoco se allegó prueba alguna que permita tener por cierto el padecimiento sufrido por ella con ocasión de los hechos imputables a la administración, no es posible acceder a los perjuicios solicitados en calidad de directa damnificada.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Lucro cesante.

Acerca del reconocimiento del lucro cesante, tratándose de la privación injusta de la libertad, la Sala ha dicho:

“En relación con estos pedimentos, advierte la Sala que la demanda no conceptúa adecuadamente las nociones de daño emergente y lucro cesante. Éstas se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil, a cuyo tenor:

“Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento” (resaltado fuera del texto original).

El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad —para el afectado— de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago —que la parte actora solicita— de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de lucro cesante. Este último corresponde, entonces, a la ganancia frustrada, a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de la víctima. Esto último es lo que ocurre con el no pago de los salarios y prestaciones mientras se prolongó la detención preventiva. De manera que, por tratarse este extremo de un asunto que toca con el rubro del lucro cesante, será abordado inmediatamente después de cuantificar el daño emergente”(16).

Respecto de los criterios que deben tenerse en cuenta para reconocer la indemnización de este perjuicio, la jurisprudencia ha exigido que este debe ser cierto:

“El lucro cesante, de la manera como fue calculado por los peritos, no cumple con el requisito uniformemente exigido por la jurisprudencia de esta corporación, en el sentido de que el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública(17). Esa demostración del carácter cierto del perjuicio brilla por su ausencia en el experticio de marras”(18).

En este sentido, cuando se trata, por ejemplo, de los asuntos que se refieren a la privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido de manera reiterada que para la procedencia del reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se requiere que se acredite que la víctima de la referida privación, al momento de la ocurrencia de ese hecho dañoso, desarrollaba alguna actividad económica(19).

En el expediente obran varios documentos y declaraciones que dan cuenta de que el señor José Miguel Contreras Beltrán al momento en el cual fue privado de la libertad se desempeñaba como transportador de mercancías y que, precisamente por el desarrollo de esas funciones fue vinculado al proceso penal al cual se ha hecho referencia.

No obstante, las mencionadas piezas procesales no brindan certeza acerca de la suma exacta que el señor Contreras Beltrán podía obtener con ocasión de la labor económica realizada, en la medida en que según el testimonio de la señora Villarraga de Moreno, le pagaba por los servicios prestados entre $4’000.000 y $4’500.000, mientras que según la declaración de la señora Bocanegra de Pinto, por el servicio prestado le cancelaba $4’500.000.

En estos casos, en los cuales no existe certeza acerca de la suma devengada por la víctima directa del daño, se ha concluido que hay lugar a aplicar la presunción según la cual toda persona que se encuentre en determinada edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente, sin embargo para la Sala no pasa desapercibido que lo que usualmente y, como se evidenció de los medios probatorios antes referenciados, un transportador devenga por el cumplimiento de ese oficio, supera, en muchas ocasiones, con creces, el valor del salario mínimo legal vigente.

Por consiguiente, en la medida en que lo que se desconoce es el monto exacto de aquello que dejó de ganar durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, la parte demandante deberá, mediante trámite incidental, allegar la documentación idónea que demuestre el quantum exacto de los valores que se dejaron de percibir durante ese lapso.

En este orden de ideas, el trámite y decisión del referido incidente de liquidación deberá sujetarse a los siguientes parámetros: i) la parte actora deberá probar el monto mensual exacto que devengaba para el momento en que fue privado de la libertad; ii) la indemnización se liquidará por el tiempo durante el cual permaneció privado de la libertad; iii) en el evento en que se demuestre que el señor José Miguel Contreras Beltrán con ocasión de la privación de la libertad perdió su empleo, en la indemnización se agregará, como periodo indemnizable, el tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel(20), esto es 8.75 meses(21); iv) para la liquidación se deberá actualizar por parte del tribunal de primera instancia el monto mensual devengado por el señor José Miguel Contreras Beltrán, suma a la cual deberá agregarse el factor prestacional —25% del ingreso—; v) La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

 

2004-0
 

 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Ingreso base de liquidación

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el periodo indemnizable.

6.2.2. Daño emergente.

6.2.2.1. Por la pérdida del vehículo de placas UFP 519.

Se expuso en la demanda que con ocasión del proceso penal adelantado en contra del señor José Miguel Contreras Beltrán, se incautó el vehículo de placas UFP 519 que se encontraba a su disposición, el cual lo habría “perdido”, comoquiera que al no poder cumplir, por falta de recursos económicos, con las condiciones previstas en el contrato de permuta por medio del cual adquirió el mencionado automotor, “tuvo que recoger todas las letras de cambio giradas”, situación que condujo a que perdiera todo el dinero que había pagado con ocasión del mencionado negocio contractual, como de todas las adecuaciones y reparaciones que habría efectuado en el automotor.

Para la Sala no hay lugar a acceder al reconocimiento del mencionado perjuicio, comoquiera que no existe certeza de que con ocasión de la ausencia de recursos económicos durante el lapso en que el señor Contreras Beltrán estuvo privado de la libertad, se hubiese producido la pérdida de la tenencia del automotor al cual se ha estado haciendo referencia.

En el expediente obra el contrato de permuta suscrito entre los señores Oscar Javier Casallas Ortegón y José Miguel Contreras Beltrán, a través del cual este último contrajo la obligación consiste en el pago mensual de una suma de dinero —lo cual respaldó con la suscripción de varias letras de cambio— con el fin de adquirir el vehículo de placas UFP 519.

De igual forma, en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado, mediante la cual se absolvió al señor José Miguel Contreras, además, se ordenó que el vehículo incautado se entregara a la sociedad Leasing Fénix, Compañía de Financiamiento Comercial S. A., situación que evidencia que, en efecto, el sindicado no recibió el aludido automotor.

Se agrega, además, que lo comprensible y lo esperado cuando una persona es privada de su libertad, que ante la imposibilidad de seguir recibiendo los ingresos que usualmente devengaba, genere, como consecuencia, el descuido sus obligaciones personales, con las consecuencias que esta circunstancia pueda acarrear, como habría ocurrido en el presente caso —según la demanda—, en el sentido de que el señor Contreras Beltrán habría dejado de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de permuta.

No obstante lo anterior, no hay evidencia de que hubiere sido en el momento el cual el señor Contreras Beltrán fue privado de la libertad, dejó de pagar las sumas de dinero respecto de las cuales se había obligado en virtud del negocio contractual antes aludido.

Ciertamente, no hay prueba del momento exacto en el cual la víctima directa del daño habría “recogido todas las letras de cambio giradas” ante la imposibilidad de cumplir el pago respectivo, a lo cual se suma que el contrato de permuta se firmó el 27 de mayo de 1996 y el 27 de septiembre de ese mismo año se cumplía el plazo para cumplir la primera cuota monetaria, esto es más de seis meses antes de la fecha en que fue privado de la libertad, motivo por el cual bien pudo suceder, por ejemplo, que durante el referido período el señor Contreras Beltrán hubiere dejado de pagar los referidos montos.

La Sala echa de menos, a manera de ejemplo, la declaración del señor Javier Casilllas Ortegón o del representante legal de la Sociedad Fénix Compañía de Financiamiento Comercial S. A., con el fin de establecer con exactitud el momento en que ocurrió la cesación de pagos por parte del señor Contreras Beltrán.

Así las cosas, dado que no hay manera de determinar que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de permuta hubieren tenido causa en la privación injusta de la libertad del señor Contreras Beltrán, no hay lugar a acceder a reconocimiento alguno por este concepto.

6.2.2.2. Por el crédito hipotecario con el Banco Davivienda.

Para la Sala no hay lugar a acceder a esta solicitud, comoquiera que tampoco hay constancia acerca del momento en el cual el señor Contreras Beltrán habría incurrido en mora en el pago de la aludida obligación, en la medida en que en el expediente sólo reposa un certificado expedido por la citada entidad bancaria cuyo contenido consta la suma adeudada para el 17 de febrero de 2003.

A lo anterior se agrega que en caso de que hubiera lugar a acceder al reconocimiento de este perjuicio, no lo sería por el monto total de la deuda, sino por las sumas que habría dejado de pagar durante el período que estuvo privado de la libertad, monto que, entiende la Sala, en todo caso está cubierto con el lucro cesante que, en abstracto, se va a condenar a la entidad demandada, comoquiera que los dineros para pagar las cuotas del aludido crédito habrían salido de los ingresos que dejó de recibir el señor Contreras Beltrán.

6.2.2.3. Por los gastos del abogado defensor.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, por concepto de daño emergente, consistentes en los gastos que el señor José Miguel Contreras Beltrán y/o los demás demandantes habrían tenido que realizar por concepto del pago de honorarios del abogado que lo representó durante el curso del correspondiente proceso penal.

Al respecto la Subsección estima procedente la indemnización, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, esto es las sumas específicas de dinero que debió cancelar la actora a su(s) representante(s) judicial(es) dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso —allegadas en debida forma a este litigio— es posible determinar que el señor Contreras Beltrán sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño deprecado.

Así lo consideró la Subsección frente a un caso similar:

“La Subsección encuentra que el demandante en este litigio contó con una representación judicial a lo largo del proceso penal y que la misma, según se vio, se surtió a través de varios mandatarios judiciales, por lo cual se accederá a la indemnización pero mediante condena en abstracto, habida cuenta de que el recibo de pago antes anotado carece de eficacia probatoria por las razones que se han expuesto, motivo por el cual la parte actora deberá, mediante trámite incidental, allegar la documentación idónea que demuestre el quantum de lo que debió pagar a quienes lo representaron en la investigación penal”(22).

Así las cosas, se accederá a la indemnización solicitada por concepto de daño emergente, la cual se decretará mediante condena en abstracto y para el efecto se precisa que la parte actora deberá allegar la documentación necesaria para determinar cuál fue el monto que sufragó por concepto de la representación judicial en el proceso penal, con la indicación de que dichas erogaciones sólo deben corresponder i) al referido proceso penal, ii) a aquellas actuaciones en las cuales intervino la demandante por conducto de apoderado y iii) sólo por el término que duró el proceso penal, cifra que, una vez probada y cuantificada, deberá actualizarse por parte del tribunal de primera instancia y en todo caso no podrá superar el monto máximo que se pidió en el libelo introductorio, en aplicación del principio de congruencia de la sentencia que aquí se profiere.

6.2.2.4. Por la venta del vehículo de placas SGJ 481.

Según la demanda, como consecuencia de la imposibilidad de recibir ingresos, dada la privación de la libertad que sufrió el señor Contreras Beltrán, se vio en la obligación de vender un automóvil de su propiedad.

Al respecto considera la Sala que al igual que ocurrió cuando se hizo referencia a la petición del reconocimiento, como daño emergente, del valor del crédito hipotecario, en este caso, tampoco hay lugar a acceder a la solicitud en comento, comoquiera que, según se expuso en la demanda, los dineros obtenidos por la venta del vehículo se destinaron para los gastos que se generaron para su manutención durante el tiempo de su detención, motivo por el cual, de no haber mediado la privación de la libertad, tales sumas habrían salido de los ingresos dejados de devengar, montos que ya van a ser cubiertos con el reconocimiento del lucro cesante en los términos de la presente providencia.

Se agrega, además, que en cuanto el vehículo fue vendido y por él se obtuvo el pago de una suma a cambio, el demandante no perdió el bien, sino que recibió su equivalente en dinero, razón por la cual no puede predicarse la existencia de una disminución patrimonial en este sentido, circunstancia indispensable para el reconocimiento del perjuicio solicitado.

6.2.2.5. Por los créditos que tuvo que constituir para el sostenimiento propio y el de su familia.

En el expediente reposa copia auténtica de varias letras de cambio que fueron constituidas durante el período respecto del cual el señor José Miguel Contreras estuvo privado de la libertad.

No obstante, para la Sala no hay lugar al reconocimiento de los aludidos perjuicios comoquiera que, sumado a la circunstancia de que no existe constancia alguna de que los pagos que la víctima directa del daño habría tenido que realizar para el pago de esas obligaciones, lo cierto es que, en todo caso, dado que según el libelo demandatorio, los créditos se constituyeron con el fin de cubrir los gastos propios y los de su familia, el perjuicio aludido, estaría cubierto, a su vez, con las sumas que se van a reconocer por concepto de lucro cesante, comoquiera que de no haber mediado la privación injusta de la libertad, tales montos habrían salido del ingreso mensual que recibía el señor Contreras Beltrán, esto es aquello que dejó de percibir durante la duración de la medida de aseguramiento.

Con todo, no sucede lo mismo en relación con los intereses que habrían tenido que pagarse como consecuencia de la constitución de los créditos aludidos, comoquiera que tales montos no habrían tenido que ser cubiertos de no ser por la privación de la libertad que sufrió la persona que ahora funge como demandante, esto es no habrían tenido por qué salir de los ingresos que mensualmente devengaba la víctima, motivo por el cual considera la Sala que sí hay lugar a su reconocimiento.

Sin embargo, dado que no hay constancia del quantum de esa indemnización, se decretará mediante condena en abstracto y para el efecto se precisa que la parte actora deberá allegar la documentación necesaria para determinar cuál fue el monto exacto que sufragaron por concepto de los intereses de los créditos que fueron respaldados con letras de cambio y que fueron suscritas durante el lapso que el señor José Miguel Contreras estuvo privado de la libertad cifra que, una vez probada y cuantificada, deberá actualizarse por parte del tribunal de primera instancia y en todo caso no podrá superar el monto máximo que se pidió en el libelo introductorio, en aplicación del principio de congruencia de la sentencia que aquí se profiere.

La liquidación de los perjuicios señalados —daño emergente y lucro cesante— en precedencia deberá efectuarse mediante trámite incidental, el cual deberá ser promovido por el demandante dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto del tribunal administrativo a quo que ordene cumplir lo dispuesto en esta providencia, según las previsiones contenidas en los artículos 172 del Código Contencioso Administrativo, y 135 a 137 del Código de Procedimiento Civil.

7. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Revócase la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Sala de Descongestión, el día 25 de noviembre de 2004 y, en consecuencia, se dispone:

1. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor José Miguel Contreras Beltrán.

2. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar al señor José Miguel Contreras Beltrán, Freddy Miguel Contreras Domínguez y María Marbelly Domínguez Guzmán un monto equivalente a noventa (80) SMLMV, para cada una de ellas, a título de perjuicios morales.

3. Condénase, en abstracto, a la Nación - Fiscalía General, a pagar a los demandantes, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma que resulte liquidada como consecuencia del respectivo incidente, teniendo en cuenta para el efecto los parámetros expuestos en la parte considerativa de este proveído.

5. Condénase, en abstracto, a la Nación - Fiscalía General, a pagar al señor José Miguel Contreras Beltrán, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma que resulte liquidada como consecuencia del respectivo incidente, teniendo en cuenta para el efecto los parámetros expuestos en la parte considerativa de este proveído.

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) De conformidad con el acta de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado Nº 9 del 25 de abril de 2013.

(3) “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. “Artículo CONDICIONALMENTE exequible”

“…

“Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

“Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

“Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso - Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

(4) En este sentido, para sólo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:

— Subsección A: sentencia del 27 de abril de 2011, Expediente 21140, M. P. Dr. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de enero de 2012, Expediente 22701, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 21 de marzo de 2012, Expediente 23507; sentencia del 23 de febrero de 2012, Expediente 18418; sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 24008.

— Subsección B: sentencia del 12 de mayo de 2011, Expediente 20569, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 11 de mayo de 2011, Expediente 19457, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 31 de enero de 2011, Expediente 18626, M P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 29 de marzo de 2012, Expediente 16448, M. P. Danilo Rojas Betancourth.

— Subsección C: sentencia de junio 22 de 2011, Expediente 20713, M. P. Enrique Gil Botero; sentencia del 10 de octubre de 2011, Expediente 19151, M. P. Enrique Gil Botero; sentencia del 24 de enero de 2011, Expediente 15996, M. P. Jaime Orlando Santofimio; sentencia del 23 de mayo de 2012, Expediente 22672, M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(5) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Expediente 20.299, entre muchas otras.

(6) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 13168.

(7) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1° de marzo de 2006. Expediente 15440, M. P. María Elena Giraldo Gómez.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646.

(9) “Una razonable aspiración de la sociedad, es que —como retribución por su obediencia a las leyes, de su sometimiento pacífico a las decisiones jurisdiccionales, de su profundo respeto a la dignidad de quienes ejercen el apostolado de la justicia— se le garantice que sus derechos no podrán ser conculcados, ni por ignorancia, ni por negligencia, ni por arbitrariedad del poder público. Allí reposa el germen de la paz social, la suprema virtud de un auténtico ordenamiento jurídico. Y cuando estos principios se olvidan, empiezan los síntomas del despotismo y la tiranía.

“(…) Pero si ya ha padecido la situación aflictiva, perjudicial y desmoralizante, después de lo cual se declara su inocencia; si se le ha sometido a torturas o coacciones físicas y morales; si su nombre como incriminado en un delito, ha trascendido imprudentemente a la opinión pública, mediante la radio, la prensa o la televisión; si como consecuencia de la privación de su libertad perdió su crédito o quedaron en falencia sus negocios; si por causa de su reclusión sufrió serios quebrantos su salud y adquirió enfermedades que requirieron tratamiento posterior; si por ello moralmente se desmoronó su hogar y se interrumpió la seguridad de un bienestar económico; y, en fin, si por un error judicial han quedado en su vida estas huellas que lo afrentan y lo disminuyen ante el conglomerado social, el Estado debe obligarse a repararle adecuadamente los perjuicios sufridos, lo que se impone no solo por incuestionable deber moral, sino por imperativo mandato de justicia” Londoño Jiménez, Hernando “De la captura a la excarcelación”, Ed. Temis, 1974, págs. 196 y 197.

(10) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

“El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

(11) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2007. Expediente 15498, M. P. Enrique Gil Botero.

(12) Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, Expediente 12.076, M. P. Germán Rodríguez Villamizar.

(13) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15.980, M. P. Ramiro Saavedra Becerra.

(14) Sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 23.688, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Expediente 24.296.

(15) Al respecto, entre muchos otros: Consejo de Estado. Sección Tercera: sentencia del 9 de marzo de 2011, Expediente 28270, M. P. Gladys Agudelo Ordóñez; sentencia del 18 de febrero de 2010, Expediente 17933, M. P. Ruth Stella Correa Palacio; auto del 3 de marzo de 2010, Expediente 37828, M. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 28 de abril de 2010, Expediente 18478, M. P. Enrique Gil Botero.

(16) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 13168.

(17) En ese sentido pueden verse, entre otros, los pronunciamientos de esta Sección, de 2 de junio de 1994, C. P. Julio César Uribe Acosta, actor: Julio César Delgado Ramírez, Expediente 8998, o el de 27 de octubre de 1994, C. P. Julio César Uribe Acosta, actor Oswaldo Pomar, Expediente 9763.

(18) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168.

(19) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, Expediente 17004. Ver también: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2011, Expediente 20665.

(20) Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2011, Expediente 19502.

(21) Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 21.938.

(22) Sentencia de 27 de enero de 2012, Expediente 18.754.