Sentencia 2004-02118/40243 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., ocho de junio de dos mil diecisiete.

Exp.: 40243

Rad.: 200012331000200402118 01.

Actor: Sandra Judith Moya Fuentes y otros.

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro.

Naturaleza: Acción de reparación directa.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

1. De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción.

Por ser las demandadas entidades estatales el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (C.C.A., art. 82) y la Sala es competente para resolver el asunto, en razón de su naturaleza, pues la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

Finalmente, la acción de reparación directa instaurada (C.C.A., art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por los perjuicios derivados de la privación de la libertad a que fue sometida la señora Sandra Judith Moya Fuentes.

2. De la legitimación en la causa.

2.1. La señora Sandra Judith Moya Fuentes fue la persona privada de la libertad; el señor Richard Jesús Jaimes Jaimes acreditó ser su cónyuge; las menores Andrea Kamila Peraza Moya y María del Carmen Jaimes Moya demostraron ser sus hijas; los señores José Geoberty Moya Barros y Agustina Fuentes demostraron ser sus padres; y los señores Gilmary Moya Fuentes, Indira Moya Fuentes, José Geoberty Moya Fuentes y Cesar Alberto Moya Fuentes acreditaron ser sus hermanos (infra párr. 11-14 del acápite de los hechos probados(2)), de donde se infiere que tienen un interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados.

2.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones exclusivas de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura no intervino en la ejecución del presunto daño, y, por lo tanto, no está llamado a responder por los daños que eventualmente se imputen a la Nación por la privación injusta de la libertad de la señora Sandra Judith Moya Fuentes.

3. De la caducidad de la acción.

Ahora bien, tratándose de los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que le pone fin al proceso penal(3).

Así las cosas, en lo que tiene que ver con la oportunidad para el ejercicio de la acción se observa que a folio 261 del cuaderno 1, obra constancia en la que se pone de presente que la decisión penal que absolvió a la señora Sandra Judith Moya Fuentes quedó ejecutoriada el 29 de noviembre de 2002. En este orden de ideas, comoquiera que la demanda fue presentada el 11 de noviembre de 2004, lo fue en tiempo, y por tanto no hay lugar a declarar la caducidad de la acción.

II. Problema jurídico

La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportó la señora Sandra Judith Moya Fuentes como consecuencia del proceso penal seguido en su contra y que culminó con sentencia absolutoria, constituye una detención injusta.

III. Validez de los medios de prueba

En sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

Comoquiera que en el expediente obran documentos en copia simple estos serán valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos.

IV. Hechos probados

Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. El 23 de octubre de 1998, el señor William José Orozco Pérez en calidad de gerente de la empresa de servicios públicos del municipio de Agustín Codazzi, formuló denuncia penal en contra de la señora Sandra Judith Moya Fuentes por haber cometido presuntamente el delito de peculado (fls. 33-34, c. 1):

(…) Preguntando: Sirva hacer al despacho un relato claro y conciso de los hechos materia de su denuncia. Contestó: El día trece (13) de octubre del año en curso, siendo aproximadamente las 10:00 AM revisando la relación de recaudos correspondiente al mes de julio del año en curso, y después de hacerlo repetidamente para confirmar pude notar que existía un faltante de dinero que se recaudó pero no ingresó a la cuenta de la empresa, el valor de este faltante equivale a la suma de ochocientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta pesos Mcte. ($ 844.950.oo), distribuidos en noventa (90) recibos de recaudos, una vez me di cuenta de lo que estaba sucediendo inicié la investigación para dar con el responsable de los hechos, ante la ausencia de la secretaria recaudadora a su sitio normal de trabajo procedí a buscarla en la ciudad de Codazzi donde ella reside, tan pronto la localicé le solicité una explicación al respecto, ella me confesó que en realidad había tomado ese dinero de los recaudos que se hacían diariamente por oficina, pero que su intención era la de devolver ese dinero tomado, me pidió un plazo de espera para hacer la devolución del dinero cosa que no ha sucedido, queda claro que el responsable directo de estos hechos es la señora Sandra Moya Fuentes, quien se desempeñaba como secretaria recaudadora de la empresa, desde el 06 de agosto hasta el 04 de septiembre del presente año, luego de esto se ausentó sin justificación alguna. (…) Preguntando: Sirva manifestar al despacho, si la señora Sandra Moya Fuentes, era la única persona encargada del recaudo de dinero en dicha empresa. Contestó: Por sus funciones es la única persona encargada de recibir los recaudos. (…)

2. El 17 de octubre de 1999, la fiscalía veintisiete delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar resolvió la situación jurídica de la señora Sandra Judith Moya Fuentes e impuso medida de aseguramiento en su contra, consistente en detención preventiva, por haber cometido presuntamente el delito de peculado. En virtud de lo anterior, profirió orden de captura (f. 35-38, c. 1):

Hechos:

Ocurrieron en el mes de julio de 1998, en el municipio de Becerril de esta jurisdicción territorial, cuando la señora Sandra Moya Fuentes, se desempeñaba como secretaria de la empresa de servicios públicos de Becerril Embecerril, con funciones de pagadora y se apropió de la suma de ochocientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta pesos ($ 844.950), de esa entidad de orden público municipal, correspondientes a los pagos de noventa de los usuarios.

Pruebas acerca de la existencia del hecho

Se ha demostrado que la empresa de servicios públicos de Becerril Embecerril, fue víctima de una sustracción de sus recaudos por valor de $ 844.950.oo durante el mes de julio de 1998, por parte de la funcionaria quien le correspondía realizar esa labor (…).

Para acreditar la ocurrencia del delito se tiene en el infolio la denuncia instaurada por el gerente de Embecerril, donde de manera clara expresa que detectó un faltante en los ingresos correspondientes al mes de julio, y que verificado el recaudo y comparado con las consignaciones realizadas, ciertamente comprobó que se había apropiado de la suma ya especificada.

Para soportar su denuncia aportó los recibos que corresponde a ese mes en un total de noventa (ver folios de la página 34 a 51).

El tipo penal de peculado, exige un sujeto activo cualificado, que no es otro que la calidad de servidor público, la sindicada ostentaba esa calificación ya que estaba vinculada como funcionaria de Embecerril, como secretaria, con funciones de pagadora, circunstancia acreditada con la prueba documental que puede verse a folios 20 a 23 del cuaderno original, donde reposa la orden de trabajo por media de la cual se le designó, la cuenta de pago y el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. La empresa contratante Becerril, es una entidad pública del orden municipal, destinada a la prestación y recaudo de un servicio público como lo es el agua.

Para que un empleado público pueda consumar un delito de peculado se requiere además que tenga funcionalmente la disponibilidad o el manejo de los dineros o bienes de los cuales se apropia. En el caso en estudio, esta exigencia está demostrada, efectivamente mediante la promulgación del Acuerdo 034 de diciembre 9 de 1994 el Concejo Municipal de Becerril dispuso actualizar y reformar los estatutos de la empresa de servicios públicos de Becerril en el parágrafo tercero del artículo noveno, habilitar como pagador al secretario general de la empresa. Es así como tenía la disposición para recaudar, y consignar los dineros de la entidad.

Se ha demostrado que la sindicada se le vinculó temporalmente para que desempeñara el cargo y que efectuado el recado del servicio del mes de julio, expedía los recibos por el valor del dinero cobrado pero no consignó la totalidad de ello sino que se apropió de la suma de $ 844.950.

3. El 23 de febrero de 2000, la Fiscalía Veintisiete Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de la señora Sandra Judith Moya Fuentes por haber cometido presuntamente el delito de peculado (fls. 39-43, c. 1):

Antijuridicidad: Con el comportamiento realizado se lesionó el bien jurídico tutelado como lo es la administración pública, no sólo en lo que tiene que ver con el dinero del erario público apropiado, sino también con la transparencia y probidad que debe tener toda persona que se le delega una función pública.

Culpabilidad: Es endilgada a título de dolo, porque de manera libre y voluntaria la incriminada realizó el comportamiento, con el conocimiento que su actuar se estaba colocando al margen de la ley, por ende, debe responder por las consecuencias de su conducta.

Autoría: La probable responsable del delito como autora, es la encartada Sandra Moya Fuentes así se demuestra con la denuncia instaurada en su contra por Wilman (sic) José Orozco Pérez, quien de manera directa la incrimina como la responsable, agregando que ella aceptó que se había apropiado de esa suma y la devolvería.

De otro lado, era quien tenía la oportunidad de cometer el delito ya que, era la encargada de efectuar los recaudos y las consignaciones para la época de los hechos y se apropió de la tantas veces mencionada suma que recibió como pago de los diferentes usuarios durante el mes de julio.

Finalmente se tiene en su contra el indicio de la fuga, está demostrado que esta municipalidad era el lugar de residencia familiar y laboral de la acriminada, y una vez se enteró que se (sic) había sido descubierto su comportamiento ilegal se marchó, dejando todo vínculo con la ciudad.

4. El 31 de marzo del 2000, fue capturada la señora Sandra Judith Moya Fuentes por la Fiscalía 26 Seccional de Valledupar, quien solicitó al director de la cárcel municipal de Agustín Codazzi recibir y mantener en dicho centro de reclusión a la sindicada (fls. 203-204, c. 1).

5. El 10 de abril de 2000, el juzgado primero penal del circuito de Valledupar expidió boleta de libertad Nº 009, comoquiera que suspendió la medida de detención preventiva que pesaba en contra de la señora Sandra Judith Moya Fuentes (f. 202, c. 1).

6. El 18 de noviembre de 2002, el juzgado primero penal del circuito de Valledupar profirió sentencia absolutoria a favor de la señora Sandra Judith Moya Fuentes en aplicación del principio de in dubio pro reo y concedió el beneficio de libertad provisional previo pago de caución prendaria y suscripción de diligencia de compromiso (f. 66-75, c. 1):

(…) Como se pudo apreciar en el compendio del acápite precedente, los sujetos procesales intervinientes en el debate público, Fiscalía, Ministerio Público y Abogado Defensor, coinciden en afirmar que en este caso se debe proferir una sentencia absolutoria favor de la procesada Sandra Judith Moya Fuentes (…).

(…) La presente investigación tuvo su génesis en la denuncia penal instaurada ante la inspección central de policía del municipio de Becerril, Cesar, por el ciudadano Wilmar José Orozco Pérez, en su calidad de gerente de la empresa de servicios públicos de la anotada localidad, Embecerril E.S.P., el día 23 de octubre de 1998, en contra de la señora Sandra Judith Moya Fuentes. En el desarrollo de los hechos acontecidos, sostuvo el aludido denunciante que el día 13 de octubre del año en cita, al revisar la relación de recaudos del mes de julio pudo percatarse que existía un faltante de dinero en cuantía de $ 844.950, distribuidos en noventa (90) recibos de recaudos por lo que de inmediato se entrevistó en el municipio de Codazzi, Cesar, con la secretaria recaudadora, Sandra Judith Moya Fuentes, quien se había ausentado de su sitio de trabajo desde el día 4 de septiembre de 1998, sin dar una explicación al respecto; para indagar lo sucedido y aquella le confesó que en verdad ella había tomado prestado ese dinero, pero que tenía la intención de devolverlo, por lo que le pidió un plazo para hacerlo pero no cumplió. Que la citada empleada tenía entre sus funciones recaudar el dinero que cancelaban los usuarios por el servicio prestado y diariamente consignar dichos valores recogidos en una cuenta que esa empresa tiene en la Caja Agraria de ese municipio (v. fl. 3).

(…) Es de resaltar, que se practicó diligencia de inspección judicial a las instalaciones de la empresa de servicios públicos de Becerril Embecerril E.S.P., pudiéndose constatar que efectivamente para la época de los hechos la procesada Sandra Judith Moya Fuentes, se había desempeñado como secretaria recaudadora de esa entidad, laborando desde el día 5 de agosto hasta el día 11 de septiembre de 1998, mediante ordenes de trabajo de fechas 5 de agosto y 1 de septiembre de 1998; cancelándosele en su totalidad los salarios devengados; según consta en las fotocopias auténticas que fueron arrimadas al paginario de todos los documentos que demuestran la relación laboral y la cancelación de los emolumentos devengados por la citada empleada (v. fls. 186 y 187 al 194). Demostrándose con ello la calidad de empleada pública que ostentaba la procesada de marras, para el momento de la ocurrencia del delito investigado.

(…) Continuando con el trato de las pruebas, es preciso resaltar, que en el infolio se cuenta con fotocopia del Acuerdo 034 de fecha 9 de diciembre de 1994, emanado del Concejo Municipal de Becerril, Cesar, por medio del cual se actualizan y reforman los estatutos de la empresa de servicios públicos municipal de Becerril; a través de la cual se delega las funciones de recaudar, guardar, custodiar y controlar los dineros de esa entidad en el secretario general, mientras se provee el cargo de tesorero de la misma (v. fls. 69 al 72). Prueba documental de la cual se infiere que al ejercer para la época de los hechos, la señora Sandra Judith, las funciones de secretaria general, era la persona encargada de recaudar y custodiar los dineros que ingresaban a las arcas del erario público municipal, es decir, tenía la disponibilidad y el manejo de los dineros de una entidad oficial.

Al ser escuchado en descargos la enjuiciada Moya Fuentes, en el desarrollo de la visita pública, aceptó haberse desempeñado como secretaria recaudadora de la entidad afectada en el mes de agosto de 1998, en forma temporal y negó enfáticamente la comisión del delito que se le endilga, afirmando que tenía la función de recibir el pago del servicio por parte de los usuarios y posteriormente consignar dichos valores, pero cuando se interponía (sic) un fin de semana le entregaba el dinero al gerente Wilman José Orozco Pérez, además por autorización de este mismo funcionario, debía tomar parte de estos rubros para destinarlos a la compra de gasolina del vehículo encargado de recoger el aseo en dicho municipio, repuestos para el mismo y otros gastos de caja menor, de los cuales se expedían los correspondientes vales. De igual forma, aseveró la deponente que de los noventa (90) recibos que le fueron puestos a la vista para que reconociera si el pago de aquellos había sido recibido por ella, no todos tenían la rúbrica o señal que acostumbraba estampar como constancia de que había recibido su pago; que cuando se ausentaba de su puesto, ya fuera porque tenía que realizar una diligencia o por una incapacidad por enfermedad que le fue otorgada durante el tiempo en que estuvo laborando, el señor Ricardo Monsalvo, contador de la empresa también recibía pago del servicio de agua por parte de los usuarios. Se mostró extrañada la indagada por la acusación realizada por el gerente de Embecerril señor Orozco Pérez, ya que para cuando le entregó el cargo, aquel le realizó un arqueo, recibiéndole a satisfacción y cancelándole sus honorarios días después, por lo tanto no era cierto que ella hubiera aceptado la responsabilidad por el faltante de dinero (v. fls. 158 al 160).

Coadyuvando las atestaciones de la indagada de marras, se presentan los testimonios depuestos por los señores Belia Rosa Bonilla Uribe y Ricardo José Monsalvo Tejedor (v. fls. 242 al 243 y 245 al 247). Al asegurar la primera cita, que como empleada de Inspección Central de Policía de Becerril, conocía a los funcionarios de Embecerril, por funcionar dichas oficinas en sitios aledaños y pudo percatarse que la señora Sandra Judith Moya Fuentes, cuando estuvo desempeñando en el cargo de secretaria recaudadora se ausentaba constantemente de sus labores, por lo que ella le sugirió que no faltara tanto a su sitio de labores, puesto que en su ausencia los demás empleados recibían pagos del servicio. Por su parte Monsalvo Tejedor, sostuvo que efectivamente en muchas oportunidades la secretaria de la empresa en referencia se ausentó de su sitio de trabajo y a él le tocaba asumir sus funciones, especialmente las de recibir el pago de los servicios. De igual forma, admitió que la procesada Moya Fuentes, en muchas oportunidades le entregó dinero para gastos que se ocasionaban en la empresa.

Luego entonces, del estudio conjunto de las anteriores diligencias probatorias ha quedado demostrado con certeza, que si bien es cierto la implicada Sandra Judith Moya Fuentes, estatutariamente tenía la obligación de recibir, recaudar y vigilar los dineros que por concepto de pago de servicios públicos realizaban los usuarios del municipio de Becerril, Cesar, también ha quedado probado que dicha función era ejercida por los demás empleados de dicha entidad, en ausencia de la señora secretaria recaudadora, situación que se dio constantemente en el tiempo en que fue ejercida dicha labor por la procesada de marras. Asimismo se estableció que parte de los dineros recibidos por tal concepto eran utilizados para gastos de la anotada empresa autorizados aquellos por el señor gerente Wilman José Orozco Pérez. He aquí una de las razones por las que la totalidad de los recaudos obtenidos en el mes de agosto no ingresaron a las arcas del ente municipal.

Vale la pena, que al ser interrogado el denunciante Orozco Pérez, en el desarrollo de la diligencia de audiencia pública, reconoció que era cierto lo sostenido por la indagada, al afirmar que en muchas oportunidades le entregó los valores recaudados, pero que esos dineros él posteriormente los consignaba en las cuentas que las entidades bancarias del municipio de Codazzi, Cesar, se llevaban a nombre de la anotada entidad (v. fls. 247 al 251).

Con el fin de precisar, si la totalidad de los ochenta y ocho (88) recibos cancelados en las oficinas de la empresa de servicios públicos municipal de Becerril, Cesar, Embecerril E.S.P., cuyos valores no ingresaron a las arcas de la supra citada empresa, fueron recepcionados por la procesada Sandra Judith Moya Fuentes, o por el contrario, algunos de aquellos habían sido recibidos por los demás funcionarios, se adelantó análisis grafológico forense por parte del perito perteneciente al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el cual obra a folios 262 a 265 del cuaderno original, en donde se obtuvo como conclusión, que no era factible encartar o descartar a los señores Sandra Judith Moya Fuentes, Wilman José Orozco Pérez y Ricardo José Monsalvo Tejedor, como autor de las rubricas dubitadas obrantes en los 88 recibos en razón de estar elaboradas por trazos cortos simples, ascendentes y descendentes, en donde es imposible apreciar las características que permitan identificar el gesto gráfico del amanuense, por lo tanto era irrealizable el estudio grafotécnico.

Así los hechos, en el discurrir investigativo resultó imposible determinar con certeza que fue la procesada Sandra Judith Moya Fuentes, la persona que se apropió del faltante de dinero que por concepto del servicio público de agua del mes de julio, cancelaron los usuarios de Emceberril E.S.P. en el mes de agosto en las dependencias de esa empresa; pues, como ha quedado establecido procesalmente, a pesar de que esa era función inherente al cargo que aquella desempeñó en forma temporal, por disposición del gerente, también era ejercida por aquel y por otro empleado en ausencia de la titular del cargo, sin que pudiese establecer cuál de los pagos efectuados y no ingresados a las arcas del ente municipal fue recepcionado por cada uno de aquellos. Por lo tanto, resulta difícil señalar como autora de estos hechos delictivos a la acusada de marras, por existir dudas al respecto.

Por todo lo antes estudiado y analizado, concluye el juzgado que en el asunto sub examine no existen pruebas que permitan obtener certeza de que Sandra Judith Moya Fuentes, haya actuado como autora del ilícito tratado, sino que por el contrario existen dudas latentes que a estas alturas de la investigación resultan difíciles de despejar; razón jurídica suficiente para disponer su absolución, en aplicación del principio constitucional y legal de in dubio pro reo. Compartiendo con ello, el criterio de los sujetos procesales que intervinieron en la audiencia pública de juzgamiento.

Como se tiene conocimiento que a la procesada Sandra Judith Moya Fuentes, se le suspendió la detención preventiva impuesta en su contra y en su lugar se dispuso que permaneciera recluida en su domicilio; por lo decidido en este fallo, se dispondrá su libertad provisional, garantizada mediante caución prendaria, consistente en el depósito de la suma de cincuenta mil pesos ($50.000), dejándosele en este sentido la misma que prestó para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para suspender la detención preventiva.

7. En folio 199 del cuaderno 1 obra constancia expedida por el director de la cárcel municipal de Agustín Codazzi en la que pone de presente que la señora Sandra Judith Moya Fuentes estuvo recluida en dicho establecimiento desde el 31 de marzo hasta el 10 de abril del 2000, día a partir del cual el juzgado primero penal del circuito de Valledupar le concedió el beneficio de libertad de conformidad a la boleta Nº 009 (f. 199, c. 1).

8. En los folios 25 a 32 del cuaderno 1, reposa la historia clínica de la señora Sandra Judith Moya Fuentes, la cual da cuenta que aquella fue atendida en la Clínica de Valledupar desde el 3 de abril al 11 de abril del 2000, la cual fue valorada diariamente en psiquiatría, por presentar un cuadro agudo de ansiedad y stress postraumático agudo, que fueron tratados con un medicamento de nombre Tryptanol. Dicha historia médica señala que el origen de la ansiedad se debe a asuntos legales y, se advierte que, para el momento de su entrada aquella contaba con 31 semanas de embarazo.

9. Está acreditado que la señora Sandra Judith Moya Fuentes pagó el valor de diez millones de pesos ($ 10´000.000) al señor Frank Mosquera Montecristo por concepto de honorarios profesionales, por la defensa judicial que adelantó en el proceso penal iniciado en contra de la procesada (f. 24, c. 1).

10. En folios 79 y 80 del cuaderno 1, obran las declaraciones extraprocesales celebradas el 2 de abril de 2003 ante la Notaría Única del Circuito de Agustín Codazzi de los señor Fredys de Jesús Atencia Jaraba y Albertina Mendoza de Angulo, quienes manifestaron conocer a la señora Sandra Judith Moya Fuentes desde hace más de quince años y que les consta que al momento en que fue privada de la libertad se desempeñaba como secretaria del Club de Suboficiales en la ciudad de Bogotá y percibía un salario mensual de un millón de pesos ($ 1´000.000).

11. El señor Richard Jesús Jaimes Jaimes acreditó ser cónyuge de la señora Sandra Judith Moya Fuentes (copia del registro civil de matrimonio, f. 16, c. 19).

12. Las menores Andrea Kamila Peraza Moya y María del Carmen Jaimes Moya acreditaron ser hijas de la señora Sandra Judith Moya Fuentes (copia de los registros civiles de nacimiento, fls. 619 y 626, c. ppal.).

13. Los señores José Geoberty Moya Barros y Agustina Fuentes demostraron ser padres de la señora Sandra Judith Moya Fuentes (copia del registro civil de nacimiento, f. 618, c. ppal).

14. Los señores Gilmary Moya Fuentes, Indira Moya Fuentes, José Geoberty Moya Fuentes y Cesar Alberto Moya Fuentes acreditaron ser hermanos de la señora Sandra Judith Moya Fuentes (copia de los registros civiles de nacimiento, fls. 620-623, c. ppal.).

V. Análisis de la Sala

En relación con el juicio de responsabilidad administrativa y patrimonial de la parte demandada, la Sala considera que no hay dudas sobre la existencia del daño alegado, pues está acreditado que la señora Sandra Judith Moya Fuentes fue privada de la libertad desde el 31 de marzo de 2000 hasta el 10 de abril del 2000, día a partir del cual fue puesta en libertad a órdenes del Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar.

Establecida la existencia del daño es necesario verificar si se trata de un daño antijurídico imputable jurídica o fácticamente a la parte demandada o no, aspecto este que constituye el núcleo del recurso de apelación formulado, pues, se recuerda, a juicio de la parte actora, la privación de la libertad a la cual fue sometida la señora Sandra Judith Moya Fuentes fue injusta y, en consecuencia, hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios que hubiera podido causar.

Sobre el particular, vale la pena insistir en que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, cuando se profiere una sentencia absolutoria o su equivalente con fundamento en uno de los supuestos consagrados en la segunda parte del artículo 414(4) del Decreto 2700 de 1991(5), la privación de la libertad impuesta a un individuo deviene injusta, por calificación expresa del legislador y, por lo tanto, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, constituye un daño antijurídico que debe ser indemnizado. Lo anterior por cuanto en dichos eventos, esto es, cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no era punible, la persona privada de la libertad sufrió un perjuicio que no estaba en el deber legal de soportar, ya que la conducta no merecía ningún reproche penal(6).

Así las cosas, cuando se da uno de los supuestos señalados, hay lugar a aplicar el régimen objetivo de responsabilidad(7) pues, como ya se señaló, en virtud de la sentencia absolutoria, o su equivalente, que se funda en una de las hipótesis mencionadas, la privación de la libertad de que fue objeto el sindicado devino injusta y ello constituye un daño antijurídico, sin que sea necesario analizar la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta. Al respecto vale la pena transcribir las consideraciones de la Sección Tercera en una de las providencias ya citadas(8):

El concepto de daño antijurídico, como se ha señalado en la jurisprudencia y en la doctrina se desliga de su causación antijurídica(9). Por lo tanto, aunque la medida de aseguramiento se hubiera dictado atendiendo las exigencias constitucionales, esto es, fundada en una causa prevista en la ley, con el cumplimiento de los requisitos probatorios señalados, por el tiempo indispensable para la averiguación de los hechos, de manera proporcional a la conducta realizada, con el fin de evitar la fuga del sindicado, asegurar su presencia en el proceso, hacer efectiva la sentencia o impedir la continuación de su actividad delictiva, el daño será antijurídico cuando esa medida deviene injusta, porque la conducta que se investiga no se materializó en el mundo de los hechos, o habiéndose producido esa conducta, el sindicado no fue su autor, o cuando habiéndola ejecutado éste, tal conducta no encuadraba en la descripción típica o estaba amparada por una causal de justificación o inculpabilidad, es decir, por un hecho que no reviste reproche penal alguno.

Si bien es cierto que el Estado está legitimado para privar preventivamente de la libertad a las personas que sean sometidas a una investigación penal, cuando se cumplan estrictamente los requisitos constitucional y legalmente previstos para la imposición de esa medida de aseguramiento, la persona que sufra dicha limitación tendrá derecho a que se le indemnicen los daños que con la misma se le hubieran causado, sin que se requiera realizar ninguna valoración diferente, cuando se profiere sentencia absolutoria o su equivalente, por haberse demostrado que esa persona no ha incurrido en ninguna conducta digna de reproche penal, porque en tal caso la medida devendrá injusta. En pocas palabras: quien legal pero injustamente privado de su libertad, tiene derecho a que se le indemnicen los daños que hubiere sufrido, porque en tal caso los daños causados con su detención serán antijurídicos.

No obstante, cabe advertir que aún en los casos en los que la persona privada de la libertad hubiera sido absuelta mediante sentencia, o su equivalente, con fundamento en la aplicación del principio de in dubio pro reo, la Sección Tercera, en sentencia de unificación consideró que había igualmente lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, porque la persona afectada en tales circunstancias no tenía el deber jurídico de soportar dicha carga, en tanto no se había desvirtuado en su contra la presunción de inocencia que la amparaba:

Todos los argumentos hasta aquí expuestos, los cuales apuntan a sustentar que el título jurídico de imputación a aplicar, por regla general, en supuestos como el sub judice en los cuales el sindicado cautelarmente privado de la libertad finalmente resulta exonerado de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, es uno objetivo basado en el daño especial —como antes se anotó—, no constituye óbice para que se afirme, que en determinados supuestos concretos, además del aludido título objetivo de imputación consistente en el daño especial que se le causa a la persona injustamente privada de la libertad —y, bueno es reiterarlo, la injusticia de la medida derivará de la intangibilidad de la presunción constitucional de inocencia que ampara al afectado, de la excepcionalidad de la privación de la libertad que se concreta en su caso específico y a nada conduce, toda vez que posteriormente se produce la absolución, con base en el beneficio que impone el postulado in dubio pro reo, pero con evidente ruptura del principio de igualdad—, también puedan concurrir los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, por error jurisdiccional o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. En tales eventos, como insistentemente lo ha señalado esta Sala cuando el caso puede ser resuelto ora a través de la aplicación de un régimen objetivo, ora al amparo de uno subjetivo de responsabilidad, el contenido admonitorio y de reproche que para la entidad pública reviste la condena con base en este último título de imputación —además de la ilicitud del proceder de la misma entidad en el caso concreto— determina y aconseja que el fallo se sustente en la falla en el servicio y no el régimen objetivo que hubiere resultado aplicable.

Pero dicha posibilidad resulta completamente diferente a sostener que, por solo el hecho de que la privación de la libertad de un individuo se hubiere dispuesto con sujeción a los mandatos legales vigentes y, por tanto, mediante un proceder lícito, el Estado estaría eximido de responder por los perjuicios que le hubiere ocasionado a la víctima por razón de dicha detención, a pesar de que el correspondiente juicio penal hubiere concluido con la expedición de fallo de inocencia a favor del sindicado, incluso en aplicación del principio in dubio pro reo

(…)

Como corolario de lo anterior, es decir, de la operatividad de un régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, como punto de partida respecto de los eventos de privación injusta de la libertad —especialmente de aquellos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal tiene lugar en aplicación del principio in dubio pro reo—, debe asimismo admitirse que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen objetivo de responsabilidad pueden —y deben— ser examinadas por el juez administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, determinan que el daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad demandada, deberá proferirse entonces el correspondiente fallo absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de responsabilidad penal; así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado(10).

Para la Sala es claro, de acuerdo con el contenido de la providencia de absolución, que las pruebas recaudadas en la actuación penal no ofrecían certeza sobre la participación de la entonces sindicada en los hechos, esto es, no se logró demostrar que la señora Sandra Judith Moya Fuentes ejecutó la conducta que se le imputó, lo que equivale a señalar que el esfuerzo probatorio de la Fiscalía en ese sentido fue insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba a la sindicada.

Ahora bien, la parte demandada alegó haber procedido según las normas constitucionales y legales que reglamentan su función. Al respecto, la Sala se permite reiterar que para la procedencia de la reparación por privación injusta de la libertad no es necesaria la demostración de que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de error. A la víctima le basta con probar que se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con una decisión favorable a su inocencia y que se le causó un perjuicio con ocasión de la detención. Demostrados esos hechos, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos por la persona privada de la libertad y por los demás damnificados, a menos que este logre acreditar que esa decisión es atribuible a la propia víctima(11).

Esta regla se sustenta en la constatación de que la persona, por el hecho de vivir en comunidad, no está obligada a soportar una carga tan lesiva de sus derechos fundamentales y, en general, a su proyecto de vida, como la privación de la libertad, sin recibir a cambio algún tipo de compensación. Al respecto se ha señalado:

La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un estado social y democrático de derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un, desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(12).

Dado que la señora Sandra Judith Moya Fuentes fue privada de la libertad mientras que el Estado, a través de su aparato investigativo, averiguaba su presunta autoría o participación en una conducta punible, debe ser compensada, por cuanto se le impuso una carga mayor a la que asume el promedio de los ciudadanos.

Por su parte, la entidad demandada podrá exonerarse de responsabilidad cuando demuestre que la víctima de la detención estaba en el deber jurídico de soportarla porque su conducta fue dolosa o gravemente culposa.

La Ley 270 de 1996, en su artículo 70 estableció que el hecho de la víctima puede dar lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así:

El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…).

En este sentido, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino de una actuación u omisión endilgable a la propia víctima. Al respecto se ha dicho:

[E]specíficamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)(13).

En este punto es necesario precisar que el análisis de la conducta dolosa o culposa se rige por los preceptos establecidos en el derecho civil, por tanto, difiere del estudio de culpabilidad realizado por el ente investigador en sede penal. Al respecto, ha dicho esta corporación(14):

[P]ara responder el anterior asunto cabe recordar que la Sala(15) ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el derecho civil, artículo 63 del Código Civil, que no se corresponden con los del derecho penal: (…).

Sobre la noción de culpa y dolo, en esa oportunidad también consideró, en criterio que aquí se reitera que, culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede (C.C., art. 63) se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo(16).

En consideración a lo anterior, la Sala no encuentra en el presente caso alguna prueba sobre una conducta reprochable de la aquí demandante, o que haya faltado a la debida diligencia o prudencia que le era exigible, pues no se logró determinar, en virtud de las pruebas recaudadas en la investigación penal, actuaciones censurables que hayan determinado la medida adoptada en contra de la señora Sandra Judith Moya Fuentes.

En consecuencia, no se avizora una conducta de la víctima que pueda ser tenida en cuenta como eximente de responsabilidad en este particular evento.

VI. Liquidación de perjuicios

Por un lado, en relación con la cuantificación del perjuicio moral, en decisión de la Sala Plena de esta Sección(17) se reiteraron los lineamientos para la tasación de tales perjuicios, adoptados en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, radicado 25.022, en casos de privación injusta de la libertad, con base en los siguientes parámetros: (i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smlmv; (ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; (iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; (iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; (v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; (vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv; y (vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

En la misma providencia se complementaron los criterios anteriormente adoptados, en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

T1
 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la señora Sandra Judith Moya Fuentes estuvo privada de la libertad entre el 31 de marzo de 2000 al 10 de abril de 2000, esto es, diez días, el valor de la condena por ese concepto en favor de la víctima directa equivale a 15 smlmv.

Para la compensación del perjuicio moral causado a los familiares de la señora Sandra Judith Moya Fuentes, esta Sala ha dicho que el parentesco constituye indicio suficiente del sufrimiento intenso que experimentan unos con el padecimiento de otros entre miembros de la misma familia(18). En tal medida, y acudiendo al criterio ya señalado, se reconocerá a Richard Jesús Jaimes Jaimes, Andrea Kamila Peraza Moya, María del Carmen Jaimes Moya, José Geoberty Moya Barros y Agustina Fuentes en calidad de cónyuge, hijas y padres respectivamente, el valor equivalente a 15 smlmv para cada uno.

En relación a los señores Gilmary Moya Fuentes, Indira Moya Fuentes, José Geoberty Moya Fuentes y Cesar Alberto Moya Fuentes en calidad de hermanos de la víctima directa, se reconocerá el valor equivalente a 7,5 smlmv para cada uno.

En lo que tiene que ver con la indemnización por daño emergente, dicho daño y el monto que se solicita en la demanda, está acreditado en el expediente, pues obra certificado del abogado Frank Mosquera Montecristo en el que consta que la señora Sandra Judith Moya Fuentes le pagó la suma de diez millones de pesos ($ 10´000.000) por concepto de honorarios profesionales, quien la representó judicialmente en la investigación adelantada en su contra por el punible de peculado.

Así las cosas, el valor reconocido por el tribunal, esto es, diez millones de pesos ($ 10´000.000) será actualizado a la fecha de la presente sentencia, de conformidad con la fórmula consagrada para ello(19). Así:

F1
 

En estos términos, la Sala reconocerá por daño emergente a la señora Sandra Judith Moya Fuentes el valor de diecinueve millones trecientos cuarenta y un mil doscientos noventa y dos pesos ($ 19´341.292 mcte) por el pago de honorarios realizado al abogado Frank Mosquera Montecristo.

En lo que tiene que ver con la indemnización por daño emergente solicitado por el valor de consultas médicas y psiquiátricas, exámenes médicos neurológicos, medicamentos y la cuantía de la caución prendaria, la Sala advierte que el tribunal negó estas pretensiones comoquiera que el demandante no desplegó la actividad probatoria suficiente para demostrar el monto y el pago de dichos valores. En relación a este punto, se procederá a confirmar, dado que este aspecto no fue objeto de inconformidad en el recurso de apelación formulado por la parte actora.

Para efecto del reconocimiento de perjuicios en la modalidad de lucro cesante se aprecia que con la demanda se aportó dos declaraciones extraprocesales de los señores Fredys de Jesús Atencia Jaraba y Albertina Mendoza Angulo los cuales manifestaron conocer a la señora Sandra Judith Moya Fuentes quien trabajó en el Club de Suboficiales en la ciudad de Bogotá y que devengaba un salario mensual de un millón de pesos ($ 1´000.000) para el momento en que fue retenida.

En virtud de lo anterior, es claro para la Sala que la demandante no aportó prueba de su ejercicio profesional y no demostró sus ingresos mensuales para la fecha en que fue privada de su libertad. Pues, la sola afirmación de lo dicho en las declaraciones extraprocesales aportadas son elementos insuficientes frente a la estimación de un perjuicio que merece una demostración técnica y precisa.

Sin embargo, se reconocerá teniendo en cuenta en primera medida, el tiempo que duró la privación de la libertad, esto es, entre el 31 de marzo al 10 de abril del 2000, y el salario mínimo legal vigente a la fecha de esta sentencia más el 25% por concepto de prestaciones sociales, es decir la suma de $ 737.717 más el 25% por prestaciones sociales, para un total de $ 922.146.

En consecuencia el periodo que se debe indemnizar es de 0.3 meses. Por lo tanto, se calculará el lucro cesante teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

F3
 

Donde:

S= La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación)

n= número de meses a indemnizar

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

F4
 

S= $ 276.173

En consecuencia, la Nación-Fiscalía General pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por el periodo del 31 de marzo al 10 de abril del 2000 a favor de la señora Sandra Judith Moya Fuentes la suma de doscientos setenta y seis mil ciento setenta y tres pesos ($ 276.173 m/cte).

Por otro lado, en relación con el “daño a la vida de relación” en la demanda se solicitó condenar por este perjuicio con ocasión a los traumas psiquiátricos y psicológicos producto de la privación de la libertad de la señora Sandra Judith Moya Fuentes.

Ahora bien, es preciso resaltar que el Tribunal Administrativo del Cesar negó la indemnización derivada de este daño, al considerar que no se acreditaron los perjuicios derivados.

En lo que tiene que con la indemnización por concepto de “perjuicios por daño a la vida en relación” a favor de los demandantes, de entrada debe aclararse que la Sección Tercera de esta corporación en su evolución jurisprudencial adoptó sucesivamente los conceptos de daños fisiológicos, “daño a la vida de relación”, y “alteración a las condiciones de existencia”, para referirse a una modalidad de perjuicio inmaterial, distinto del moral, referido a la pérdida de placer en la realización de una actividad o alteración grave que produce el daño en las relaciones de las personas con su entorno; pero en sentencia de unificación dictada el 28 de agosto de 2014, adoptó el criterio que ya venía aplicando desde el año 2011, para referir, exclusivamente, el concepto de daño a la salud, cuando se causan daños psicofísicos a la persona, el cual cubre no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual y el psicológico entre otros(20).

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(21).

Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud...

…Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad material(22).

En relación con la manera de establecer la cuantía de la condena, la Sección precisó que “el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada(23)“.

La Sala de la Sección Tercera reiteró, en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, los argumentos antes transcritos en relación el daño a la salud(24) y, bajo ese entendido, precisó que la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de dichos perjuicios, tendrá que tener en consideración las siguientes variables: i) la pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente); ii) la anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental; iii) la exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano; iv) la reversibilidad o irreversibilidad de la patología; v) la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria; vi) excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria; vii) las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado; viii) los factores sociales, culturales u ocupacionales; ix) la edad; x) el sexo y xi) las demás que se acrediten dentro del proceso(25).

Además, se advirtió que, en ejercicio del arbitrio iudice, para el reconocimiento del referido perjuicio debería tenerse en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida y, para efectos de su indemnización, a manera de referencia, se debían utilizar los siguientes parámetros(26):

Gravedad de la lesiónVíctima
Igual o superior al 50%100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10 SMMLV

Ahora bien, para el caso sub examine, si bien es cierto que no se cuenta con el dictamen que determina la pérdida de capacidad laboral de la señora Sandra Judith Moya Fuentes, lo cierto es que se tiene probado que con ocasión del proceso penal y la medida preventiva de detención impuesta en su contra, se produjo un cuadro agudo de ansiedad y stress postraumático agudo, la cual fue tratada en psiquiatría y medicada con tryptanol, tal y como lo describe la historia clínica allegada al proceso de la referencia. Por consiguiente, esto resulta suficiente para acreditar el perjuicio por el que se reclama indemnización.

Comoquiera que no existe material probatorio que evidencie un daño superior al antes narrado o su repercusión en el desarrollo normal de la vida de la señora Sandra Judith Moya Fuentes, la Sala como ya en otras oportunidades lo ha hecho(27), acudirá al criterio de la equidad para reparar el daño.

En ese entendido, la Sala considera que el perjuicio causado a la señora Sandra Judith Moya Fuentes, de acuerdo a lo probado en el plenario, es cualitativamente equiparable a aquellas lesiones que se califican con un porcentaje igual o superior al 1% e inferior al 10%, por lo que resulta proporcional y razonable reconocer una indemnización correspondiente a 10 smlmv(28). Pues como se mencionó, con la historia clínica se probó debidamente la existencia del perjuicio por daño a la salud, que duró por un espacio de aproximadamente ocho (8) días.

Por último, en relación a los daños inmateriales derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, la parte actora señaló en el recurso de apelación que como consecuencia de la privación de la libertad de la señora Sandra Judith Moya Fuentes, su entorno social fue afectado porque fue tildada de delincuente y sometida al escarnio público.

Al respecto, la Sala aplica los criterios expuestos por esta corporación, en la sentencia de unificación de la Sala Plena del 28 de agosto del 2014, en la cual se sostuvo que esta clase de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos. En esa oportunidad la Sala, precisó:

El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características: i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial. // ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales. // iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular. // iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial. // ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia. // iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. // iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado. // v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. // vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.

En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado(29).

Así las cosas, el daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados es un daño inmaterial autónomo que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario y, en tal virtud, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, tienen efectos expansivos y universales, toda vez que no solamente están destinadas a tener incidencia concreta en la víctima y su núcleo familiar cercano, sino a todos los afectados, y aún inciden más allá de las fronteras del proceso a la sociedad en su conjunto y al Estado.

Sin embargo, la Sala pone de presente que pese a que la jurisprudencia contenciosa administrativa ha decretado este tipo de medidas, no es posible aplicarlas a la totalidad de casos, pues estas deberán emplearse en aquellos que esté debidamente acreditado que con la actuación estatal se hubieren vulnerado los derechos constitucionales o convencionales.

Por lo tanto, al no encontrarse demostrado este perjuicio se procederá a negarlo.

VII. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 5 de agosto de 2010, la cual quedará así:

1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura.

2. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue objeto la señora Sandra Judith Moya Fuentes.

3. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de compensación de los daños morales a favor de Sandra Judith Moya Fuentes, Richard Jesús Jaimes Jaimes, Andrea Kamila Peraza Moya, María del Carmen Jaimes Moya, José Geoberty Moya Barros y Agustina Fuentes el valor equivalente a 15 s.m.l.m.v. para cada uno. Y a favor de los señores Gilmary Moya Fuentes, Indira Moya Fuentes, José Geoberty Moya Fuentes y Cesar Alberto Moya Fuentes el valor equivalente a 7,5 smlmv para cada uno.

4. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de daño emergente a favor de la señora Sandra Judith Moya Fuentes el valor de diecinueve millones trecientos cuarenta y un mil doscientos noventa y dos pesos ($19´341.292 m/cte)

5. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de lucro cesante a favor de la señora Sandra Judith Moya Fuentes el valor de doscientos setenta y seis mil ciento setenta y tres pesos ($ 276.173 m/cte).

6. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de daño a la salud a favor de la señora Sandra Judith Moya Fuentes el valor equivalente a 10 smlmv.

7. NEGAR las demás súplicas de la demanda.

8. El presente fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirán copias auténticas de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados.

9. Sin condena en costas.

10. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

11. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Para tal efecto puede consultarse el auto de 9 de septiembre de 2008 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(2) Todos los reenvíos corresponden a números de párrafos del acápite de hechos probados, salvo precisión en contrario.

(3) En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, Exp. 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(4) Esta norma establecía: “Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(5) Al momento de los hechos estaba vigente el Decreto 2700 de 1991, dado que la Ley 600 de 2000 entró en vigencia un año después de su promulgación, esto es, el 24 de julio de 2001.

(6) Ver, al respecto, Sección Tercera, Sentencia de 6 de abril de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Sobre el particular ver, entre muchas otras, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia de 12 de mayo de 2012, Exp. 20569, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(8) Op. Cit. Sentencia de 6 de abril de 2011, Exp. 21653.

(9) [24]”…lesión indemnizable…se predica, pues, del efecto de la acción administrativa (no de la actuación del agente de la administración causante material del daño), a partir de un principio objetivo de garantía del patrimonio de los ciudadanos que despliega su operatividad postulando la cobertura del daño causado en tanto en cuanto no existan causas de justificación que legitimen como tal el perjuicio de que se trate. Estas causas de justificación han de ser expresas para que puedan ser estimadas y deben consistir siempre en un título que determine o imponga como jurídicamente querido el perjuicio contemplado”. García de Enterría, Tomas Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. Editorial. Cívitas. Tomo II, Madrid, 1995, pág. 373. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado: “este concepto [daño antijurídico] armoniza sistemáticamente con la regulación constitucional de los derechos individuales, pues se entiende que ante el incremento de la actividad del poder público se impone la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los particulares, “al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades”. Sentencia C-254 de 2003.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, Sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013, Exp. 23.354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 29 de agosto de 2013, Exp. 29779, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 24688, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia del 30 de abril de 2014, Exp. 2001-01145 (27414), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(15) [23] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, Sentencia de 18 de febrero de 2010, Rad. 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933), C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

(16) [24] “(ibídem)”.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 36.149, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 10 de marzo de 2005, Exp. 14 808, C.P. Germán Rodríguez.

(19)

F2

Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de mayo de 2017: 137,71 a falta del índice del mes de junio de 2017. Índice inicial: el de la fecha en la cual debió producirse el pago (noviembre de 2002): 71,20.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 31.170, M.P. Enrique Gil Botero.

(21) “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. GIL BOTERO, Enrique “Daño Corporal – Daño Biológico – Daño a la vida de relación”, p. 10.

(22) Sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, Exps. 19.031 y 38.222, proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa. M.P. Enrique Gil Botero.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19.031, M.P. Enrique Gil Botero.

(24) Consultar Sentencias del 28 de agosto de 2014, Exp. 28.832, M.P. Danilo Rojas Betancourth; Exp. 31.170, M.P. Enrique Gil Botero; Exp. 28.804, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Exp. 31.172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(25) Ibídem.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, Expedientes 31.172 y 31.170, con ponencia de los Doctores Olga Mélida Valle de de la Hoz y Enrique Gil Botero, respectivamente.

(27) Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 18.593, M.P. Mauricio Fajardo; Sentencia de 25 de agosto de 2011, Exp. 19.718, M.P. Mauricio Fajardo; Sentencia de 7 de julio de 2011, Exp. 20.139, M.P. Mauricio Fajardo; Sentencia del 21 de marzo de 2012, Exp. 22.017, M.P. Mauricio Fajardo.

(28) En similar sentido se pronunció la Sección Tercera en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 28.832, M.P. Danilo Rojas Betancourth. “Así pues, en la medida en que las lesiones padecidas por el señor Sholten corresponden a lesiones que no sólo eran de carácter reversible sino que, efectivamente, fueron revertidas en el marco de la atención médica garantizada por la demandada y que la víctima tuvo que soportarlos por un período relativamente corto en comparación con lesiones graves de carácter permanente que una persona joven tendría que soportar a lo largo de sus años de vida, se considera proporcionado reconocer una indemnización correspondiente a la décima parte de lo que se otorgaría por las lesiones de mayor gravedad de carácter permanente (100 smlmv), esto es, diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Igualmente, se puede consultar la sentencia de esa misma fecha, Exp. 28.804. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, Sentencia del 28 de agosto del 2014, Rad. 32988, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.