Sentencia 2004-02127 de noviembre 11 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 2500022327000200402127-01

Número Interno: 16825

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Banco Popular S.A., contra el Distrito Capital

Bogotá  D.C., once de noviembre de dos mil nueve.

FALLO

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos de la apelación interpuesta por el Distrito Capital, decide la Sala si se ajustan a derecho los actos por los cuales el demandado rechazó al actor la solicitud de compensación del impuesto predial de 1995. En concreto, analiza si constituye pago de lo no debido el impuesto predial cancelado por el banco por el período en mención o, si, por el contrario, este se hallaba obligado a pagar el impuesto predial del año que se precisa.

El impuesto predial unificado se estructuró por la Ley 44 de 1990(4). A partir de 1994 el impuesto en mención se adoptó en el Distrito Capital con algunas modificaciones previstas en el artículo 155 del Decreto 1421 de 1993, norma sustancial que, en concordancia  con la mencionada Ley 44 de 1990, se encontraba vigente a la época de los hechos (1995).

Pues bien, de acuerdo con las normas en mención, en armonía con los artículos 13,14 y 19 de la Ley 14 de 1983(5), son sujetos pasivos del impuesto predial, los propietarios o poseedores de los inmuebles ubicados en el Distrito Capital. A su vez, el artículo 155 [4] del Decreto 1421 de 1993 señala que responden solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del predio.

El período gravable del impuesto predial es el comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año. El tributo se causa el 1º de enero del respectivo período gravable, por lo que se debe declarar el predio en el estado físico, jurídico y económico en que se encuentre a dicha fecha(6). En consecuencia, es sujeto pasivo del impuesto predial quien a primero de enero del respectivo año gravable sea propietario o poseedor del inmueble.

Es poseedor quien tiene una cosa con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él (C.C., art. 762). Y, es dueño o propietario quien tiene el derecho real de dominio en una cosa para gozar y disponer de ella no siendo contra ley o contra derecho ajeno (art. 669, ibídem). Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.

Ahora bien, la compraventa de bienes inmuebles es solemne y se perfecciona con la escritura pública (C.C., art. 1857[2]). No obstante, la entrega o tradición del bien, a la que se obliga el vendedor, se efectúa mediante la inscripción del título (escritura de compraventa), en la oficina de registro de instrumentos públicos (C.C., arts. 754 y 1880).

Por su parte, en la compraventa mercantil, la obligación del vendedor de hacer la tradición del dominio de los bienes raíces (C. de Co., arts. 905 y 922), requiere de la inscripción del título en la oficina de registro y la entrega del bien.

En el caso en estudio, por escritura pública 7221 de 20 de diciembre de 1994 (fls. 94 a 100) el Banco Popular vendió el inmueble ubicado en la carrera 7ª Nº 134-95 de Santafé de Bogotá(7) a la sociedad Inmobilia Inversiones Inmobiliarias Ltda., quien constituyó hipoteca sobre el mismo a  favor del banco. Como las partes son comerciantes (C. de Co., art. 20 [7 y 15]), la compraventa en mención se rige por el Código de Comercio (arts. 1º y 905 y ss. ibídem).

Conforme a la cláusula primera de la escritura 7221 y a la fecha de la misma, el banco entregó a la compradora la posesión del inmueble, y aun cuando la tradición se completó el 29 de marzo de 1995, fecha en la cual se registraron la venta y la hipoteca, a 1º de enero de 1995, día de causación del tributo por dicho período, la compradora era poseedora regular del predio (C.C., arts. 764, 765 [2] y 768), y, por lo mismo, sujeto pasivo del impuesto predial.

En consecuencia, la declaración presentada por la Inmobiliaria el 2 de junio de 1995 (fl. 8 c.a), correspondiente al año en mención, lo fue por quien era sujeto pasivo del tributo y, por ende, por la obligada a declararlo (D. 807/93, art. 25).

De manera coherente, la declaración que presentó el banco por el período 1995 (fl. 9 c.a), extemporáneamente (4 de diciembre de 1998)(8), constituye un pago de lo no debido, dado que ya la obligación sustancial se había extinguido,  por lo que no tenía causa legal (D. 1421/93, art. 162; E.T., art. 850; D. 1000/97, art. 21).

Por lo tanto, aun cuando a 1º de enero de 1995 el banco era todavía propietario del inmueble(9), y, por lo mismo, sujeto pasivo del impuesto predial, al momento de pagar el impuesto, ya el mismo había sido cancelado, en este caso, por quien también era sujeto pasivo. Lo anterior significa que la administración  tributaria no podía quedarse con el importe del tributo, pues, ello conduciría a un enriquecimiento sin causa de su parte y violaría el principio de prevalencia del derecho sustancial (C.P., art. 228), dado que se  desconocería el pago real del tributo.

No es cierto que la declaración presentada por la compradora no tuviera efectos por no estar obligada a declarar (D. 807/93, art. 34-1), pues, por ser sujeto pasivo del impuesto predial, como quedó precisado, podía presentar la declaración del tributo en mención (art. 25 ibídem).

Además, en virtud de la solidaridad que para el pago del impuesto existe en el Distrito Capital entre el poseedor y el propietario del inmueble, si bien la administración puede exigir de cualquiera de los dos el pago de tributo, correlativamente cualquiera de estos puede satisfacer la obligación en comentario, como sucedió, en este caso, con  el poseedor del predio.

Así pues, debían anularse los actos acusados que negaron la compensación solicitada por el demandante, dado que recaía sobre un impuesto que esta no debía, motivo por el cual se confirmará el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada.

También procedía la compensación de lo pagado sin causa por el impuesto predial de 1995 con el predial de 1999 o con las obligaciones exigibles a cargo de la actora, como lo precisó el a quo en la parte motiva de esta sentencia, pues, el inmueble objeto del tributo en mención volvió al patrimonio del banco en 1996, como consecuencia de la dación en pago que le hizo Inmobilia Inversiones Inmobiliarias Ltda.

No obstante, como en el numeral segundo de la parte resolutiva, sobre el restablecimiento del derecho, el tribunal ordenó la devolución de lo pagado con los intereses que se causen hasta la fecha del pago, a pesar de que en la parte motiva había ordenado la compensación, en aplicación del artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, la Sala modificará dicho numeral para ordenar la compensación solicitada.

Y, con fundamento en los artículos 863 y 864 del estatuto tributario, que fueron los invocados por la actora como sustento de la solicitud de intereses y que resultan aplicables para las solicitudes de devolución y compensación(10), en concordancia con el artículo 154 del Decreto 807 de 1993, precisará la orden del a quo de devolver (sic) los intereses que se causen  hasta la fecha en que se cancele efectivamente la obligación (numeral segundo parte resolutiva), pues, en la parte motiva nada se dijo sobre este punto.

En consecuencia, ordenará a la DIAN que sobre la suma compensada ($159.385.000), se reconozcan intereses corrientes a partir de la notificación del acto que negó la compensación  (Res. 2830, nov. 18/2003), esto es, desde el 18 de noviembre de 2003 (fl. 28 vto c.ppal), hasta la fecha  de la notificación de esta providencia.

También ordenará el reconocimiento de intereses de mora, a partir del 18 de noviembre de 2003, cuando vencía el plazo para compensar (D. 807/93, art. 148)(11) y hasta la fecha que en efectivamente la administración compense(12).

Según el artículo 864 del estatuto tributario, la tasa de interés a que se refiere el artículo 863 ibídem, es decir, la de los intereses corrientes y de mora, es la prevista en el artículo 635 del mismo ordenamiento, modificado por el artículo 12 de la Ley 1066 de 2006, o sea, la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera para el respectivo mes de mora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de sentencia de 2 de agosto de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad del Banco Popular S.A., contra el Distrito Capital, el cual quedará así:

2. A título de restablecimiento del derecho, ORDENÁSEal demandado que compense el impuesto predial pagado por la actora por el año 1995, junto con los intereses corrientes y moratorios, en los términos fijados en la parte motiva.

En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

SALVAMENTO E VOTO

Sea lo primero precisar que comparto la decisión mayoritaria de la Sala en el sentido de modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 2 de agosto de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cuanto ordenó compensar  a favor del demandante las sumas que pagó de manera  indebida a título de impuesto predial.

Sin embargo, con el acostumbrado respeto me aparto de la decisión de reconocer los intereses corrientes y moratorios por cuanto, en sentencia del 6 de agosto de 2009, la Sala consideró improcedente reconocer el pago de intereses moratorios cuando media una solicitud de compensación, toda vez que, el artículo 863 del estatuto tributario reconoce este derecho únicamente cuando se promueve una solicitud de devolución(1).

La compensación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 815 del estatuto tributario es un modo de extinguir la obligación tributaria y, por tanto, cuando el contribuyente solicita la compensación, la administración tributaria tiene el deber de verificar, únicamente, que coexistan correlativamente la deuda a cargo del Estado a favor del contribuyente y la deuda a cargo del contribuyente y a favor del Estado. Con esa solicitud solamente se pretenden extinguir obligaciones mutuas preexistentes que sean claras, expresas y actualmente exigibles.

No era pertinente, como se decidió en el fallo, que se ordenara la compensación de las sumas pagadas en exceso a título de impuesto predial pagado por la actora por el año 1995, “junto con los intereses corrientes moratorios” porque los intereses corrientes nacen como obligación clara, expresa y actualmente exigible a cargo del Estado a partir de la ejecutoria del vencimiento del plazo para compensar y hasta la fecha en que efectivamente  la administración compense, la obligación solo será clara y exigible a partir del momento en que se verifique la compensación, no antes.

La solicitud de compensación que presentó el demandante en el año 2003 identificaba  el monto de la deuda a cargo del contribuyente(2) y el monto de la deuda a cargo del Estado(3) para que la Secretaría de Hacienda del Distrito pudiera efectuar la prelación  en la imputación del pago, al tenor de lo dispuesto en el artículo 133 del Decreto 807 de 1993(4), con cargo al período e impuesto que indicó el demandante. En consecuencia, no podía la Sala ordenar la compensación de sumas adicionales a las debidas.

Cosa distinta es que la autoridad distrital, en ejercicio de la compensación oficiosa(5) pueda compensar  de oficio sumas mayores a las que, a petición de parte se solicitó compensar. Con mayor razón, si a la fecha no se tiene la certeza de que la deuda a cargo del contribuyente exista. No debe perderse de vista que las autoridades tributarias pueden ejercer la facultad oficiosa de compensación en cualquier tiempo y, así mismo, no pierden sus facultades de cobro coactivo para hacer efectivos los créditos a su favor.

En ese orden de ideas, la Sala no previó que es posible que, a la fecha, ya no exista deuda contra la cual compensar y, por tanto, la orden de compensar se torna nugatoria. Para precaver estos eventos y restablecer efectivamente el derecho de manera subsidiaria se debió ordenar la devolución, ahí sí, con el reconocimiento de intereses.

Esta es la fórmula que utilizó la Sala en sentencia del 6 de agosto de 2009(6).

En esta forma dejo expresada las razones de mi salvamento parcial de voto.

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas 

Fecha ut supra. 

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil nueve (2009). Radicación: 25000 23 27 000 2004 00545 (16306). Demandante: Gómez Cajiao y Asociados S.A. Demandado: UAE DIAN. “Ahora bien, en cuanto a los intereses moratorios, tiene razón la entidad demandada cuando precisa que estos no se liquidan cuando se solicita la compensación de impuestos  porque, en efecto, el artículo 863 del estatuto tributario, solo los reconoce cuando se formula una petición de “devolución”. Por lo tanto, le asiste razón cuando manifiesta que no procedía su liquidación”.

(2) Impuesto predial del año 1999.

(3) Pago en exceso por concepto de impuesto predial año 1995.

(4) ART. 133.—Los pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes deberán imputarse al período e impuesto que indique el contribuyente, en la siguiente forma: primero a las sanciones, segundo a los intereses y por último a los impuestos y retenciones, junto con la actualización  por inflación cuando hubiere lugar a ello…” (negrilla fuera del texto).

(5) Artículo 136-1 del Decreto Distrital 807 de 1993.

(6) Cit. 1.

(4) En virtud del artículo 1º de la Ley 44 de 1990 se fusionaron en el impuesto en mención, los siguientes: el impuesto predial regulado en el Código de Régimen Municipal (D. 1333/86) y normas complementarias; el impuesto de parques y arborización del Decreto 1333 de 1986; el impuesto de estratificación socioeconómica de la Ley 9ª de 1989 y la sobretasa de levantamiento catastral de las leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y 9ª de 1989.

(5) Cuyas normas sobre impuesto predial se fusionaron en el impuesto predial unificado de la Ley 44 de 1990.

(6) Álvaro Camacho Montoya “Tributos sobre la propiedad raíz. Incluye impuestos a la propiedad horizontal”. Legis Editores. Segunda Edición. 1999, pág 26.

(7) La dirección del inmueble cambió por la carrera 12 Nº 136-51.

(8) El inmueble volvió al patrimonio del banco por escritura pública de 24 de octubre de 1996, registrada el 31 del mismo mes, en virtud de la dación en pago que le hiciera Inmobilia Inversiones Inmobiliarias Limitada.

(9) Pues, a pesar de haber entregado la posesión del predio, no había hecho la tradición (C. de Co., art. 922), la cual se cumplió el 29 de marzo de 1995.

(10) En sentencia de 25 de septiembre de 2006, Exp. 14930, C.P. doctora Ligia López, la Sala precisó. “Conforme al artículo 863 del Estatuto Tributario, tratándose específicamente de los intereses corrientes, solamente se generan cuando concurren las siguientes circunstancias: Que exista un pago en exceso o un saldo a favor reflejado en la declaración de renta o del impuesto sobre las ventas del contribuyente o responsable; Que se hubiere presentado solicitud de devolución o compensación en debida forma y no sea atendida dentro de los términos legales previstos en el artículo 855 del estatuto tributario; Que el saldo a favor contenido en la declaración tributaria estuviere en discusión, es decir cuando se disminuye o se elimina el saldo a favor por la Administración, a través del acto administrativo que modifica la liquidación privada del contribuyente y éste controvierte su legalidad, mediante los recursos en vía gubernativa o ante la jurisdicción contencioso administrativa y, que el saldo a favor en discusión fuere confirmado total o parcialmente mediante acto administrativo o providencia judicial que declare la ilegalidad de los actos de determinación oficial del tributo.

(11) Lo anterior, porque la solicitud fue presentada el 2 de octubre de 2003.

(12) Si bien el artículo 863 del estatuto tributario expresamente se refiere a las solicitudes de devolución, debe entenderse que también resulta aplicable a las de compensación, pues, los artículos 850 y ss. ibídem, se refieren indistintamente a unas y otras. Si se acepta la tesis de que el artículo 863 del estatuto solo se aplica a devoluciones, se generaría una discriminación injustificada entre las dos solicitudes. Con esa misma interpretación, se llegaría a la conclusión, poco lógica, por ejemplo, de que si se hace una solicitud de compensación con garantía no es aplicable el artículo 860 del estatuto tributario, porque dicha norma solo se refiere a las devoluciones.