Sentencia 2004-02142 de septiembre 30 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000232700020040214201 (17097)

Referencia: Impuesto de renta

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Constructora Codinem S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—

Bogotá, D.C., treinta de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación de la demandante la Sala debe decidir si es procedente la deducción por obsolescencia por valor de $ 1.326.390.524.

La deducción anterior corresponde a bienes (maquinarias y equipos) que fueron dados de baja en Guatemala, a donde se importaron directamente de Estados Unidos en el año de 1997, con el fin de llevar a cabo un contrato de obra por parte del Consorcio Castro Techarassi, Equipo Universal, Codinem S.A., creado para ejecutar dicho contrato.

Según el Acta 25 del 2000, firmada por el ingeniero interventor y por el gerente de la Constructora Codinem S.A., los activos fueron dados de baja por fuerza mayor, en razón a que, una vez realizados los estudios económicos se determinó la inviabilidad de su importación desde Guatemala.

Dentro de la actuación administrativa el revisor fiscal de la sociedad actora precisó que los ingresos se habían obtenido durante los años 1997 y 1998, y que, dado que la obra se había ejecutado en la selva de Guatemala, la maquinaria pesada se dejaba a sol y lluvia, lo que generó su deterioro precoz (tres años), dándolos de baja por obsoletos, pues “su reparación y nacionalización a este país era muy costosa”.

Para la DIAN, de conformidad con el requerimiento especial 300632002000074, la demandante estaba obligada, según el artículo 138 del estatuto tributario, a solicitar autorización previa al director de la DIAN para invocar una vida útil diferente, y proceder a la deducción correspondiente, pues teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 3019 de 1989, las maquinarias y equipos tienen una vida útil de 10 años. Por lo tanto, si se pretende la deducción de tales activos a los 3 años, debió cumplirse con el requisito de que trata el artículo 138, ya mencionado.

Las razones de rechazo de la deducción fueron ratificadas en la liquidación de revisión y en la Resolución 300662004000020, al señalarse de manera expresa, que el desconocimiento de esos costos obedeció a que la sociedad auditada dio de baja unos activos antes de tiempo, sin la respectiva autorización previa de la DIAN para variar la vida útil de estos.

Lo anterior permite deducir que no existe vulneración al debido proceso por desconocimiento del principio de correspondencia establecido en el artículo 711 del estatuto tributario, pues en todos los actos administrativos la administración determinó, con exactitud, los mismos motivos del rechazo de la deducción.

La recurrente insiste en la indebida aplicación del artículo 138 del estatuto tributario, y en que no son de recibo los artículos 128 y 129 ibídem, al exigirse la autorización del director de Impuestos y Aduanas Nacionales para la viabilidad de la depreciación de unos activos fijos usados en la actividad productora de renta de la sociedad.

Señaló que la administración no tuvo en cuenta que la deducción declarada por la sociedad se hizo por razones de obsolescencia, y no por haberse disminuido la vida útil de los bienes. Por tanto, no era necesaria la autorización del director de la DIAN.

Los artículos 128 y 129 del estatuto tributario establecen:

“ART. 128.—Deducción por depreciación. Son deducibles cantidades razonables por la depreciación causada por desgaste o deterioro normal o por obsolescencia de bienes usados en negocios o actividades productoras de renta, equivalentes a la alícuota o suma necesaria para amortizar el ciento por ciento (100%) de su costo durante la vida útil de dichos bienes, siempre que estos hayan prestado servicio en el año o periodo gravable de que se trate”.

“ART. 129.—Concepto de obsolescencia. Se entiende por obsolescencia el desuso o falta de adaptación de un bien a su función propia, o la inutilidad que pueda preverse como resultado de un cambio de condiciones o circunstancias físicas o económicas, que determinen clara y evidentemente la necesidad de abandonarlo por inadecuado, en una época anterior al vencimiento de su vida útil probable”.

La depreciación de los bienes usados en actividades productoras de renta la causa el desgaste o deterioro normal por el uso de un bien o por obsolescencia, y atiende a la necesidad de reconocer racionalmente y en forma sistemática el costo del activo utilizado en la actividad productora de renta. Por lo tanto, los activos destinados al negocio o actividad rentable son objeto de la depreciación durante la vida útil de esos bienes. Para la procedencia de la deducción por depreciación se deben cumplir los requisitos que la normativa consagra.

El artículo 138 del estatuto tributario establece:

“ART. 138.—Posibilidad de utilizar una vida útil diferente. Si el contribuyente considera que la vida útil fijada en el reglamento no corresponde a la realidad de su caso particular, puede, previa autorización del director de Impuestos y Aduanas Nacionales, fijar una vida útil distinta, con base en conceptos o tablas de depreciación de reconocido valor técnico.

Si la vida útil efectiva resulta menor que la autorizada, por razones de obsolescencia u otro motivo imprevisto, el contribuyente puede aumentar su deducción por depreciación durante el periodo que le queda de vida útil al bien, aduciendo las explicaciones pertinentes.

Si la vida útil efectiva resulta superior a la autorizada por el reglamento, el contribuyente puede distribuir, dentro del lapso faltante, el saldo amortizable, o puede disminuir su deducción de acuerdo con la vida útil efectiva”.

Lo anterior porque, de conformidad con el artículo 137 del estatuto tributario, “la vida útil de los bienes depreciables se determina conforme a las normas que señale el reglamento, las cuales contemplarán vidas útiles entre tres y veinticinco años, atendiendo a la actividad en que se utiliza el bien, a los turnos normales de la actividad respectiva, a la calidad de mantenimiento disponible en el país y a las posibilidades de obsolescencia”.

De manera que si en el caso de la maquinaria y equipo, el reglamento(1) establece una vida útil de 10 años, la depreciación del bien se efectuará durante su vida útil.

Ese artículo 138 exige la autorización previa del director de Impuestos y Aduanas Nacionales, si el contribuyente estima que la vida útil fijada en el reglamento no corresponde a la realidad de su caso particular; por ejemplo, si considera que un determinado bien no tiene una vida útil de 10 años, sino menos, debe solicitar previa autorización del director de Impuestos Nacionales para fijar una vida útil menor.

La Sala concluye que los artículos 128 y 138 regulan situaciones diferentes. El artículo 138 contempla diversos eventos que harían que la vida útil efectiva del bien varíe, ya sea porque esta se incremente o disminuya, eventos en los que se hace indispensable la formulación de petición sustentada ante el director de la DIAN.

Situación diferente es la regulada en el artículo 128, que acepta la deducibilidad de la depreciación causada por el desgaste o deterioro normal, o por obsolescencia, concepto que define el artículo 129 ibídem.

Así, para la solicitud de la deducción por depreciación u obsolescencia, no se requiere de autorización alguna, basta con aplicar las alícuotas que determina el reglamento en el caso de la depreciación, o probar las circunstancias que determinen clara y evidentemente la necesidad de abandonar el bien por obsolescencia.

Sin embargo, en el presente caso, la Sala no tiene ningún elemento de juicio eficaz para establecer que la deducción solicitada por la sociedad corresponde a la obsolescencia de activos fijos, pues del contenido del Acta 25, suscrita por el ingeniero interventor y el gerente de la Constructora Codinem S.A., no se desprende que la maquinaria y equipos dados de baja fueran obsoletos, sino que el motivo para dar de baja tales elementos obedeció al deterioro que sufrieron al dejarse a la intemperie, y a razones económicas, pues la reparación y la importación de esos bienes resultaban onerosas al superar su valor CIF, como así se indicó en la citada acta: “... Realizados los estudios económicos se ha determinado que no resultan viables (sic) la importación de equipo usado al país y en algunos casos resultan de prohibida importación bajo la legislación del régimen de aduanas en Colombia. Concluyendo que es antieconómico (sic) la importación de equipo usado, en su mayoría sujeta a reparación que supera el valor CIF de los mismos, se procede a autorizar el castigo y retiro de los libros de contabilidad...”.

Tales razones no se compaginan con la definición de obsolescencia consagrada en el artículo 129 del estatuto tributario, y lo que realmente se observa es que se está frente a una decisión de tipo económico que adoptó la sociedad, pero, en todo caso, apartada del concepto de obsolescencia.

En consecuencia, si bien es cierto, que la deducción por obsolescencia no requiere autorización previa de la administración tributaria, también lo es que su procedencia exige unas explicaciones justificativas, las cuales, como ya se anotó, no fueron probadas y, por tanto, no permiten aceptar la deducción, pues de las mismas no se desprende que el desuso de los elementos dados de baja obedeció a la obsolescencia.

En estas condiciones, el fallo impugnado se confirmará, pero por las razones antes anotadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMASE la sentencia del 31 de enero de 2008 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Decreto 3019 de 1989, artículo 2º. La vida útil de los activos fijos depreciables, adquiridos a partir de 1989 será la siguiente:

Inmuebles (incluidos los oleoductos): 20 años

(...).

Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes muebles: 10 años

Vehículos automotores y computadores : 5 años.