Sentencia 2004-02204 de marzo 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000200402204 01 (16962)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Va Tech Colombia Ltda.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C. seis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

— Competencia

De conformidad con el artículo 13, numeral 5º del Acuerdo 58 de 1999, Reglamento del Consejo de Estado, en concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional C-520 de 2009, la Sección Cuarta es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión que se interponga contra las sentencias dictadas(4) por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de la Sección.

— Generalidades del recurso extraordinario de revisión(5) 

El artículo 185 del Código Contencioso Administrativo, dispone:

“El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los tribunales administrativos, en única o segunda instancia”.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-520 de 2009, declaró inexequible el aparte resaltado porque consideró que bajo la expresión “sentencias ejecutoriadas” empleada en el artículo cuestionado, quedan cobijadas todas las hipótesis de sentencias que admitirían el recurso extraordinario de revisión (i) las dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los tribunales administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los jueces administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso.

De acuerdo con dicha sentencia, las secciones y subsecciones del Consejo de Estado conocen del recurso extraordinario de revisión que se formule contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por los tribunales administrativos, como en el presente caso, pues el fallo impugnado fue proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta.

El artículo 189 del Código Contencioso Administrativo establece que el recurso debe interponerse mediante demanda que reúna los requisitos prescritos por el artículo 137 ibídem, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios y las pruebas documentales que tenga en su poder y pretenda hacer valer.

Ha sostenido la Sala que el recurrente debe demostrar los supuestos de hecho que conforman las circunstancias determinadas por el legislador como causales para recurrir en revisión, y deberá adjuntar las pruebas que tenga en su poder(6).

La doctrina judicial dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha establecido que el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional de las sentencias, que procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley, cuyo objeto es el rompimiento de la cosa juzgada, según la cual, una vez en firme la sentencia no es procedente una nueva discusión sobre el asunto resuelto,(7) para, en caso de prosperar, reabrir el proceso y dictar la sentencia que en derecho habrá de sustituir a la sentencia revocada.

De igual modo, ha señalado que este recurso no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible reabrir el debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse, únicamente, a las precisas causales señaladas en el artículo 188(8) del Código Contencioso Administrativo, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo(9).

En el presente caso, la Sala verifica los requisitos establecidos en los artículos 185 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, que permiten examinar este recurso extraordinario. En efecto, el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en única instancia, debidamente ejecutoriada, dentro del término legalmente establecido(10). Se invocó como causal para interponer el recurso la prevista en el numeral 6º del artículo 188 ibídem y, se prestó la caución solicitada en el auto del 19 de febrero de 2009,(11) mediante la póliza judicial 31JU002867(12) expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza.

— La causal de revisión invocada

La sociedad recurrente fundamenta el recurso extraordinario de revisión en la causal consagrada en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, tal como quedó modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, que dispone:

“ART. 188.—Causales de revisión. Son causales de revisión:

(...)

6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

De la disposición citada se establece que para que se configure esa causal de revisión es necesario que exista una nulidad originada en la sentencia y que contra la sentencia no proceda el recurso de apelación.

Sobre la expresión “nulidad originada en la sentencia”, en la que se funda la causal objeto de análisis, esta corporación ha señalado que se configura en los siguientes supuestos:

1) Cuando el proceso ha terminado anormalmente, bien sea por desistimiento, transacción o perención;

2) Cuando se dicta sentencia a pesar de que el proceso estaba legalmente suspendido o interrumpido;

3) Cuando el fallo es adoptado por un número de votos diferentes al previsto por la ley, o no aparece firmado por la totalidad de los magistrados;

4) Cuando se condena a quien no figura como parte;

5) Cuando se provea sobre aspectos que no corresponden por falta de jurisdicción o de competencia;

6) Cuando el fallo se emite de forma inmotivada(13); y

7) En general, bajo las causales de nulidad establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y las señaladas en el artículo 29 de la Carta Política(14).

Así pues, se trata de irregularidades procesales que surgen con la expedición de la sentencia, acto que pone fin al proceso, no las acontecidas en etapas procesales anteriores, es decir, es la propia sentencia la que debe generar la nulidad o vicio.

En sentencia del 2 de marzo de 2010,(15) la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo concluyó que la causal sexta de revisión exige que el vicio se configure al momento en que se profiera la sentencia y que, por ende, no es posible “alegar como causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo 145, íbídem, (sic) impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe ‘antes de dictar sentencia’”.

No obstante, esta corporación también ha aceptado que pueden alegarse como hechos constitutivos de esta causal los vicios ocurridos antes de proferirse la sentencia, siempre que el afectado no haya tenido la oportunidad de alegarlos ante el juez porque solo los conoció por la sentencia. Así, se indicó en la sentencia a que antes se aludió: “la jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso(16)” (resalta la Sala).

En cuanto a la nulidad originada en la sentencia, esta corporación ha sostenido(17) que los hechos que la configuran no pueden ser otros que los supuestos enunciados en las nulidades procesales previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Según el artículo 142 Código de Procedimiento Civil, las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia o durante la actuación posterior a esta, si ocurrieron en ella.

Conforme con lo anterior, el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad. De lo contrario, la causal de revisión se tornaría en un mecanismo para que las partes subsanen las omisiones cometidas en el proceso ordinario y aleguen nulidades que pudieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo en cita.

Por lo tanto, la causal aludida por la actora se configura por los mismos hechos previstos para las nulidades procesales y por las irregularidades que si bien no están previstas como causales de nulidad procesal, sí pueden afectar la legalidad de la decisión. Además, puede alegarse por vicios ocurridos al momento de expedirse la sentencia o por vicios ocurridos con anterioridad, siempre que el afectado pruebe que no pudo alegarlos oportunamente porque los conoció solo por la sentencia(18).

Bajo las premisas indicadas se analizarán los argumentos del recurso en el caso concreto.

— El caso concreto

Afirmó la sociedad recurrente que se incurrió en la causal de nulidad generada en la sentencia porque el tribunal estaba en la obligación de inadmitir la demanda y conceder un término de cinco (5) días para subsanar la omisión, identificando las resoluciones objeto de controversia, y solamente en caso de incumplimiento, proceder al rechazo, porque le correspondía estudiar exhaustivamente el cumplimiento de los requisitos de la misma.

Agregó que, ante la falta de claridad de las pretensiones de la demanda, el tribunal se encontraba en la obligación de ordenar la corrección de la misma, porque debe prevalecer lo estrictamente sustantivo sobre lo adjetivo.

Advierte la Sala que cuando el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, se refiere a la nulidad originada en la sentencia exige que el vicio se configure, en general, en el momento procesal en que se profirió la sentencia.

En el sub judice, se evidencia que, pese a que se alude al fallo inhibitorio, el supuesto vicio se origina en el auto admisorio de la demanda, que, a juicio de la sociedad recurrente, no debió proferirse por cuanto la misma no contenía la totalidad de los actos administrativos que debían demandarse para obtener una providencia de fondo, es decir, el acto conformado por la resolución que resolvió la solicitud de devolución y/o compensación y la que agotó la vía gubernativa.

Para la Sala, la situación planteada no se encuentra entre las que generan la nulidad de la sentencia, a la que alude el numeral 6 del artículo 188 del Decreto 1 de 1984.

Por otra parte, el hecho de no haber solicitado la nulidad de la Resolución 5389 de 23 de julio de 2004, que rechazó parcialmente la solicitud de devolución del impuesto sobre las ventas correspondiente al segundo (2º) bimestre de 2003, y cuya ausencia se invoca como causal de revisión, no puede imputarse al juez, pues es al demandante a quien corresponde individualizar sus pretensiones.

El artículo 137 del Código Contencioso Administrativo establece los requisitos de la demanda presentada ante la jurisdicción contencioso administrativa, la cual, según el numeral 2º de la norma en cita, debe incluir “lo que se demanda”, es decir, las pretensiones que delimitan el accionar del juez y que conforman la esencia de la demanda.

Por su parte, el artículo 138 ibídem señala:

“ART. 138.—Subrogado. D.E. 2304 de 1989, ART. 24.—Individualización de las pretensiones. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, solo procede demandar la última decisión.

Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren”.

De acuerdo con esta disposición, la demanda debe determinar sus pretensiones clara y separadamente, individualizando el acto cuya nulidad se pretende o las declaraciones o condenas que se reclaman, y demostrar el agotamiento de la vía gubernativa. Es preciso que se demanden el acto principal y todos los demás actos que lo modifiquen o confirmen, ya que ellos constituyen una unidad que materializa la voluntad de la administración(19).

Este requisito resulta fundamental para el trámite de la acción pertinente, porque es el que delimita la actuación del juez y además permite que la contraparte pueda ejercer adecuadamente su defensa. Su inobservancia impide que la jurisdicción realice un adecuado control de legalidad de los actos administrativos y un efectivo restablecimiento del derecho, pues conlleva que no haya un pronunciamiento de fondo(20). Así las cosas, es deber del demandante individualizar las pretensiones, labor que no puede ser trasladada al juzgador.

Por lo tanto, la omisión de la sociedad Va Tech Colombia Ltda., respecto a la individualización de las pretensiones, no constituye causal que justifique la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Además, dada la técnica del recurso extraordinario, comoquiera que tiene por finalidad desvirtuar la fuerza de cosa juzgada de las sentencias, las causales deben estar nítidamente invocadas y comprobadas, situación que no se da en el presente caso, razón por la cual se declarará la no prosperidad del recurso extraordinario interpuesto.

Además, el recurso de revisión no puede utilizarse como un medio judicial para subsanar las omisiones de las partes en el proceso ordinario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Va Tech Colombia Ltda. contra la sentencia del 7 de junio de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

RECONÓCESE personería para actuar a la abogada María Helena Caviedes Camargo como apoderada de la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(4) Mediante auto del 22 de junio de 2005, folio 201 del CAA 1, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, resolvió negar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 18 de mayo de 2005 por improcedente, en razón de la cuantía.

(5) Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Radicado REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, Radicado REV-2003-00678, 20 de octubre de 2009, Radicado REV-2003-00133, 12 de julio de 2005, Radicado REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Radicado REV-078, 16 de febrero de 1995, Radicado REV-070, 20 de abril de 1993, Radicado REV-045 y 11 de febrero de 1993, Radicado REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, Radicado 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, Radicado 2007-00267.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. William Giraldo Giraldo. Bogotá, 13 de junio de 2011. Expediente 17095.

(7) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Inés Ortiz Barbosa Bogotá, D.C., 27 de abril de 2004. Radicación: 11001 03 15 000 1999-0194 01 (REV).

(8) ART. 188.—Son causales de revisión:

1. Haberse dictado la sentencia Con fundamento en documentos falsos o adulterados.

2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

(9) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Planeta. Bogotá, D.C., 14 de diciembre de 2009. Radicado: 11001-03-24-000-2006-00123-00.

(10) La ejecutoria de la sentencia se produjo el 6 de septiembre de 2006 y el recurso extraordinario de revisión se presentó el 1º de octubre de 2007.

(11) Folio 148 a 150 del cuaderno principal.

(12) Certificado 31JU003526.

(13) Ver, entre otras, sentencia de fecha julio 6 de 1988, Expediente 011, actor: Leónidas Pinzón Acosta, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Jesús María Lemos Bustamante. Bogotá D.C., 16 de julio de 2007. Radicado: 11001-03-15-000-2007-00653-00(AC), actor: Daly Giraldo de Vélez, demandado: Tribunal Administrativo de Nariño. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Clara Forero de Castro Santa Fe de Bogotá, D.C., 20 de abril 1998. Radicación: REV-131. Actor: Manuel Antonio Garcés G.

(15) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación: 11001-03-15-000-2001-0091-01. Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la República.

(16) “Sentencia del 20 de abril de 2004, Expediente REV-00132”.

(17) Ver, entre otras, las siguientes sentencias:

• Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. María Inés Ortiz Barbosa. Sentencia del 20 de abril de 2004, Expediente: 11001-03-15-000-1996-0132-01(REV), actor: Gabriel Ángel Acosta Torres, demandado: Incora.

• Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Jaime Moreno García. Sentencia del 18 de octubre de 2005, Expediente: 11001-03-15-000-2000-00239-00(REV), actor: Sociedad Almacén Tío Sam, demandado DIAN.

• Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. María Elena Giraldo Gómez. Sentencia del 7 de febrero de 2006, Expediente: 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV), actor Jesús Alberto Ortiz Díaz y otros, demandado: Ministerio de Trabajo.

• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010, Expediente 185, actor: Edgar Iván González Bustamante, demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. (e) Martha Teresa Briceño de Valencia. Sentencia del 9 de marzo de 2010, Expediente 1100103150002002-1024-01, Nº interno 059, actor: José Jafeth Ibarguen Mosquera.

• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 31 de mayo de 2011, Expediente 1100103150002008-00294-00, actor: Luis Carlos Zambrano Rozo, demandado: SENA.

(18) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de agosto de 2013, Radicado 1100103150002008-00176-00, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(19) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 6 de marzo de 2008, Expediente 13668, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(20) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 5 de octubre de 2006, Expediente 14570, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.