Sentencia 2004-02260/39244 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 080011233100020040226002 (39244)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Naturaleza: Acción de reparación directa

Actor: Jorge Luis Hernández Beleño y otro

Demandado: Instituto de Seguros Sociales

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Jurisdicción y competencia.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 15 de julio de 2009 por cuanto la pretensión mayor excede la cuantía mínima exigida para que proceda la doble instancia ante esta corporación, en aplicación del Decreto 597 de 1988, vigente en la época de presentación de la demanda(1).

Ahora bien, en cuanto respecta a la cuestión planteada sobre la jurisdicción para conocer de los asuntos que involucran la responsabilidad de las EPS, la Sala reitera lo sostenido por el a quo y, en general, por la jurisprudencia uniforme de esta corporación, en el sentido de que, incluso bajo la aceptación de la regla invocada por la parte actora, esta nunca se entendió aplicable a los supuestos relativos a la responsabilidad estatal, amén de que, efectivamente, la Ley 1107 de 2006 establece el criterio subjetivo para la determinación de los asuntos de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa.

2. Legitimación en la causa.

2.1. Sobre la legitimación en la causa por activa.

Se acepta así mismo, la legitimación de los actores, por cuanto, por una parte está acreditado que el señor Jorge Luis Hernández Beleño fue atendido en un centro médico del ISS, donde recibió valoración por oftalmología y retinología y operado dos veces. Así mismo, hay constancia de después de la primera cirugía el paciente presentó un desprendimiento de retina que resultó ser irrevesible, y de que los menores Eliut y Stefany Vanesa Hernández Velaides son hijos del señor Jorge Luis Hernández Beleño (registros civiles a fls. 119 y 120, cdno. 2).

2.2. Legitimación en la causa por pasiva.

Por otra parte, dado que lo que se controvierte en el sub lite es la responsabilidad derivada por alegadas dilaciones o fallas en la prestación del servicio médico por parte del ISS, se tiene por inconcuso que la entidad demandada está legitimada en la causa por pasiva.

3. Caducidad de la acción.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo en su numeral 8º, “la de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”(2). Ahora bien, en lo específicamente referente al cómputo de la caducidad en casos de responsabilidad médica, ha sido pacíficamente admitido que la regla antedicha debe aligerarse, en aquellos casos en los que la naturaleza del daño no es conocida de modo concomitante a su causación. Así, por ejemplo, en sentencia de 24 de marzo de 2011(3) se señaló:

“En materia médico-sanitaria la regla general se mantiene inalterable, esto es, que el cómputo del término inicia a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho, omisión u operación que desencadena el daño, lo cierto es que existen dos supuestos en los cuales el citado principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal hace que se aligere o aliviane la disposición del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo; estas dos hipótesis son: i) hasta tanto la persona no tenga conocimiento del daño, al margen de que el hecho o la omisión médica se haya concretado en un día distinto o años atrás del momento en que se establece la existencia de la lesión antijurídica y ii) cuando existe un tratamiento médico que se prolonga en el tiempo y respecto del cual se le genera al paciente una expectativa de recuperación. En el segundo escenario el paciente tiene pleno conocimiento del daño pero el servicio médico le brinda esperanzas de recuperación al someterlo a un tratamiento que se prolonga en el tiempo. En este tipo de circunstancias, el conteo de la caducidad no inicia hasta tanto no se haya proferido el diagnóstico definitivo del paciente; entonces, si el paciente padece el daño y, por lo tanto, conoce el hecho o la omisión y el daño antijurídico, pero no ha sido expedido un diagnóstico concluyente, sino que, por el contrario es parcial o temporal, no es posible radicar en cabeza de la persona el deber de demandar o accionar puesto que no conoce, hasta el momento, las condiciones de la lesión, esto es, si es definitiva, temporal, parcial, total, reversible o irreversible, etc. Es necesario insistir que el matiz introducido solo tiene aplicación sobre la base de que la demanda se relaciona con la responsabilidad extracontractual del servicio sanitario, salvedad que quedó contenida en la sentencia de 14 de abril de 2010 (...) en el caso concreto la caducidad no hace parte del debate probatorio y, además, la interposición de la acción fue en tiempo porque los dos años empezaron a contarse desde noviembre de 1994, fecha en la que fue extraído el oblito quirúrgico que fue dejado en la humanidad de William Humberto al ser intervenido por el ISS”.

Siendo así, y con el propósito de establecer la fecha del diagnóstico definitivo se tiene que, según se desprende del libelo el día 31 de enero de 2001 el retinólogo Carlos Abdalá en razón de la intervención quirúrgica al señor Jorge Hernández Beleño le manifestó que el daño en su retina era irreversible. Por otra parte, en el resumen de la historia clínica, aportado al proceso, y elaborado por el Instituto de Medicina Legal señala que el tratamiento deviene en improcedente por nula perspectiva de mejoría según se anota el 22 de junio de 2002, aunque la anotación citada por el Instituto de Medicina legal no coincide con lo que aparece en la historia clínica (incompleta) aportada al proceso. En todo caso, tal apreciación es consistente con lo declarado por el retinólogo Carlos Abdalá, quien manifestó al a quo que inmediatamente después del tratamiento el paciente mostró signos de mejoría, pero que posteriormente la retina volvió a desprenderse de modo definitivo. En sus palabras:

“El paciente fue sometido a una cirugía vítreo-retiniana en enero de 2002 (vitreoctomía con endoláser y silicom más retinoplexia quirúrgica más extracción del lente ocular más retinectomía periférica) consiguiéndose la reaplicación anatómica de la retina y presentándose un desprendimiento de retina a los tres meses posquirúrgico. Esto debido a una vitreoretinopatía proliferativa severa que es una complicación y causa frecuente de desprendimiento de retina. El paciente, debido a esto, presentó una pérdida de la función visual sin recuperación de visión del ojo derecho (...). Quiero aclarar que no he visto al paciente en consulta desde junio de 2002” (fl. 250, cdno. 3).

Ahora bien, independientemente de que se entienda que el conocimiento de la irreversibilidad de la lesión fue pleno en enero o en junio de 2002, la conclusión no varía: dado que la demanda fue interpuesta el 15 de octubre de 2004, se configuró la caducidad.

Resulta, sin embargo, necesario analizar dos posibles objeciones respecto de esta conclusión. La primera es que aunque en el resumen de la historia clínica tenido en cuenta por el Instituto de Medicina Legal figura que el carácter definitivo del daño fue conocido en junio, lo cierto es que en la historia clínica, que figura incompleta en el expediente, la primera mención de la irreversibilidad está fechada en noviembre de 2003 y aparece en la hoja de remisión a la junta regional de invalidez, manuscrita y firmada por el retinólogo Carlos Abdalá. Un poco anterior a este documento es la certificación de 13 de septiembre del mismo año, en la que el mismo médico declara que el daño en la retina es incurable y que no es recomendable que el paciente siga desempeñando su oficio dada la alta exigencia de precisión visual.

La segunda objeción consiste en que a pesar de que la irreversibilidad de la lesión se conociera desde el primer semestre de 2002, lo cierto es que el dictamen final sobre la capacidad laboral, de marzo de 2004, es el punto a partir del cual es dable considerar que el conocimiento de la naturaleza y permanencia de la lesión únicamente fue pleno hasta que se contó con esta valoración.

A la primera objeción se ha de responder que no obstante la falta de fragmentos de la historia clínica en el expediente, lo citado en el dictamen de medicina legal y las declaraciones del retinólogo Carlos Abdalá son coincidentes, y bastan para tener por cierto que el tratamiento concluyó definitivamente en agosto. Más aún, el mismo demandante manifiesta haber tenido conocimiento de la irreversibilidad de la lesión más de un año antes del certificado de septiembre de 2003 o del dictamen de la junta regional de valoración de la incapacidad esto es, en enero de 2002. En este sentido, el certificado de septiembre de 2003 y la nota de remisión a la junta de valoración han de entenderse simplemente como confirmaciones de un estado previamente conocido.

Por otra parte, a pesar de que reiterada jurisprudencia ha interpretado que el inicio del cómputo de la caducidad corresponde al momento del conocimiento del daño, el cual, se ha identificado, en varias ocasiones, con el momento del dictamen-médico laboral. Al respecto vale mencionar que, no resulta del caso fijar reglas generales respecto del conocimiento informado del daño a la salud, al punto que esta Sala ha considerado que debe establecerse casuísticamente; esto es, habrá casos en los que la naturaleza e irreversibilidad del daño a la salud solo llegan a conocerse plenamente en el momento en que se valora la incapacidad por la autoridad competente; en tanto en otros, de entrada es dable establecer tal conocimiento sin que para el efecto se requiera información autorizada.

Ahora, en el caso concreto se conoce que el tratamiento fue suspendido debido a la imposibilidad de reversar el desprendimiento de retina, el paciente conoció el carácter definitivo de la pérdida ocular, así como de la clase de padecimiento en cuestión e incluso su etiología. Por otra parte, se ha de precisar que en el caso concreto, el dictamen de la junta regional de valoración de la incapacidad únicamente traduce en términos cuantitativos la gravedad de la lesión, conocida cualitativamente desde el primer semestre de 2002. Todo ello obliga a concluir que la parte actora no presentó la acción dentro del término legalmente previsto. Lo último si se considera que la consumación del daño se conoció el 22 de junio de 2002 y la demanda se presentó el 15 de octubre de 2004, esto es, dos años, tres meses y veintidós días después.

7. Costas.

Solicita igualmente la parte actora que se condene en costas a la parte demandada. Se observa, sin embargo, que en el caso concreto no se cumplen los requisitos para su causación, por cuanto no se observa que la parte pasiva incurriera en conductas temerarias o contrarias a la buena fe, en su actuación procesal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 15 de julio de 2008 por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2. DECLARAR probada la caducidad de la acción.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) Para el momento de presentación (2004) la cuantía establecida para que un proceso tuviera vocación de segunda instancia era de $ 51.730.000 y la pretensión mayor consignada en la demanda, asciende, según se precisa en la demanda a $ 400.000.000, correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales.

(2) Respecto de la declaratoria de oficio de la caducidad esta corporación ha señalado: Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho (...). Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial. La caducidad ha sido entendida como la extinción de la posibilidad de formular una pretensión por el transcurso del tiempo previamente fijado por la ley en forma objetiva. Consejo de Estado, Sentencia del 5 de marzo de 2015, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de marzo de 2011, rad. 05001-23-24-000-1996-02181-01 (20836), C.P. Enrique Gil Botero.