Sentencia 2004-02293/41743 de mayo 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-2004-02293-01 (41.743)

Actores: Luís Fernando Sardi Aparicio y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá D.C., doce de mayo de dos mil dieciséis.

Decide la Sala el recurso de apelación que presentó la Fiscalía General de la Nación, contra la Sentencia del 31 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto en ella dispuso (se trascribe como aparece en el texto de la providencia):

“1. DECLARAR que la Nación - Fiscalía General de la Nación es administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fuera objeto el señor Luís Fernando Sardi Aparicio, según los hechos que motivaron la presente demanda.

“2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

“2.1. Por concepto de perjuicios morales.

— Al señor Luís Fernando Sardi Aparicio, una suma equivalente a 70 smlmv para la fecha de ejecutoria de la sentencia.

— Para la señora Eleonora Lince Irurita, una suma equivalente a (50) smlmv para la fecha de ejecutoria de la sentencia.

— Para Luís Fernando Sardi Lince, a través de sus padres, una suma equivalente a (50) smlmv para la fecha de ejecutoria de la sentencia.

“2.2. Por concepto perjuicios materiales.

“2.2.1. Daño emergente.

— Al señor Luís Fernando Sardi Aparicio, por concepto de honorarios del proceso penal, una suma equivalente a seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de ejecutoria de esta providencia.

— Al señor Luís Fernando Sardi Aparicio, la suma de seiscientos cincuenta y un mil trescientos doce pesos m/cte. ($ 651.312), por concepto de actualización e intereses legales en lo que respecta a la caución prestada el 21 de septiembre de 2000 dentro del proceso penal, en cuantía de $ 2.601.606, que fuera reembolsada el 30 de julio de 2002.

“2.2.2. Lucro cesante.

— CONDENAR, en abstracto, a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar al demandante Luís Fernando Sardi Aparicio, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma que resulte liquidada, mediante trámite incidental, por lo dejado de percibir en virtud de los contratos de prestación de servicios inmateriales suscritos con la firma Servicios Globales S.A. los días 13 y 14 de noviembre de 2001, según lo estipulado en la parte motiva de esta sentencia.

— CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a la firma Servicios Globales S.A., la suma de $ 6.195.595, por concepto de lucro cesante, conforme a lo estipulado en la parte motiva de esta providencia.

“4. La Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a lo dispuesto de este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

“5. Exonerar a la llamada en garantía”(1).

I. Antecedentes

1. El 2 de julio de 2004, los actores(2), en ejercicio de la acción de reparación directa y por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda(3) en contra de la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de obtener la declaratoria de responsabilidad de la parte demandada y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que, afirman, les fueron irrogados “… en razón a (sic) la falla del servicio por parte de la administración (sic), la actuación defectuosa de la misma, los errores judiciales y la detención injusta de que fue objeto el señor Luís Fernando Sardi Aparicio”.

Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a la parte demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 1.000, 750 y 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el afectado directo con la medida de aseguramiento, su esposa e hijo, respectivamente.

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, solicitaron la suma de $ 190.000.000 correspondiente al pago de honorarios que tuvo que efectuar el afectado directo con la medida a quien lo representó en el proceso penal. Por lucro cesante, solicitaron la suma de $ 65.000.000 a favor del afectado directo con la medida, suma “… que corresponde a lo dejado de percibir por el ejercicio profesional y como consecuencia de la suscripción e incumplimiento de los contratos de prestación de servicios inmateriales, suscritos con la firma Servicios Globales S.A.”(4), así como la suma de $ 657.808 “… que corresponde al valor de la indexación del valor de la caución prestada el 21 de septiembre de 2000, en cuantía de $ 2.601.060, en contraprestación al goce de la libertad provisional y reembolsada el 30 de julio de 2002”(5).

A favor de Servicios Globales S.A., se solicitó la suma de $ 9.600.000, la cual “… dejó de percibir, como consecuencia de un diplomado sobre comercio internacional, que tenía contratado con la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente —CUAO, diplomado para el cual Servicios Globales S.A., (sic) tenía contratado al doctor Luís Fernando Sardi Aparicio, como conferencista”(6). También se solicitó la suma de $ 4.147.200 “… que… dejó de percibir como consecuencia de varios seminarios sobre comercio internacional, que tenía contratado (sic) con la Cámara de Comercio de Cali, en desarrollo del programa de capacitación empresarial, seminarios para los cuales… tenía contratado al doctor Luís Fernando Sardi Aparicio, para que los dictara”(7).

En apoyo de sus pretensiones, los actores relataron —en síntesis— que, con ocasión de la denuncia presentada por los señores Oscar Lince Irurita, Javier Patiño Sierra y Marlene Silva Arias, la fiscalía 16 delegada seccional de Cali inició investigación penal contra el acá demandante Luís Fernando Sardi Aparicio, por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

El 20 de enero de 2000, el señor Sardi Aparicio rindió diligencia de indagatoria, luego de la cual suscribió un acta compromisoria con la observancia de que, entre otras cosas, debía observar buena conducta y no salir del país sin permiso de la autoridad competente; así, su libertad quedó, desde ese momento, condicionada.

El 23 de agosto de 2000, la referida fiscalía resolvió la situación jurídica del implicado y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, al considerar que en su contra existían indicios graves de responsabilidad frente a la comisión de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa.

En la misma resolución, la fiscalía concedió al sindicado el beneficio de libertad provisional, previo pago de una caución prendaria equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El 15 de marzo de 2002, la fiscalía seccional profirió resolución de acusación en contra del señor Sardi Aparicio y, en claro detrimento de sus derechos, revocó el beneficio de libertad provisional y, en su lugar, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

Contra la decisión anterior, la defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Cali que, en providencia del 8 de julio de 2002, revocó la resolución de acusación y precluyó la investigación penal, pues, en su criterio, “… por ninguna parte se avizoran los elementos estructurales de los delitos… que se endilgan o imputan a Luís Fernando Sardi Aparicio”.

Para los demandantes, hubo ligereza en la actuación de la fiscalía 16 que “… fácil y precipitadamente acusó y dispuso de la libertad del doctor Luís Fernando Sardi Aparicio, quedando enmarcada su conducta dentro de lo que la Ley 270 de 1996, artículo 65 (sic) ha definido como error jurisdiccional. Por ello, lo mínimo que ahora puede solicitar el doctor Sardi Aparicio, después de soportar él y su familia todos los atropellos de que (sic) da cuenta el mismo expediente… es... que ordenen la indemnización de los perjuicios sufridos”(8).

Enfatizaron que “… las pruebas aportadas y las decretadas por el fiscal de la causa fueron mal aplicadas, mal apreciadas, mal valoradas, tanto es que lo condujeron a tener certeza sobre la existencia y comisión de delitos, contrariando e ignorando toda la verdad y la realidad del proceso, tornándose así en deficiente la administración de justicia (sic) y ser errónea la actuación del funcionario … la actuación jurisdiccional … es y fue ostensiblemente violatoria del derecho fundamental del debido proceso”(9).

2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 11 de agosto y el 12 de octubre de 2004(10). Notificada en debida forma, fue contestada por el apoderado de la Fiscalía General de la Nación(11), quien se opuso a las pretensiones con el argumento de que la privación injusta de la libertad, como fuente de la responsabilidad del Estado, está concebida como una forma de falla del servicio de la administración de justicia que debe ser estructurada a partir del criterio de “injusticia”; así, no siempre que a una persona se le ha restringido el derecho de libertad y, luego, la recupere, se configura automáticamente una falla del servicio, bajo el entendido de que esa falla debe estar probada y materializada en una actuación injusta.

Señaló que la pérdida de la libertad del acá demandante obedeció a razones jurídicamente atendibles en ese momento; además, se dispuso a través de una providencia que se ajustó a las exigencias sustanciales y formales de ley, por lo cual no se puede alegar falla judicial alguna.

En el mismo escrito, llamó en garantía a la doctora Milgen Burbano Cristancho, fiscal 16 seccional de Cali, por ser quien profirió la medida de aseguramiento que afectó la libertad del señor Sardi Aparicio.

Por otra parte, alegó la falta de legitimación por pasiva respecto de la sociedad Servicios Globales, pues, afirmó, los daños alegados en la demanda por esa sociedad no fueron causados por la Fiscalía General de la Nación.

3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en proveído del 23 de septiembre de 2005, aceptó el llamamiento en garantía presentado y, en consecuencia, dispuso la vinculación del llamado al proceso, quien, luego de haber sido notificado, contestó la demanda(12) para oponerse a las pretensiones, con fundamento en que su actuación se sujetó a la normatividad legal vigente, de allí que no hubo intención de perjudicar al sindicado y, por ello, no puede inferirse que su actuar estuvo determinado por el dolo o la culpa grave.

4. Vencido el período probatorio, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para rendir concepto(13), oportunidad dentro de la cual la parte demandante(14) insistió en que “… originó el presente proceso el error cometido por el Estado a través de sus funcionarios investidos de la facultad de administrar justicia, cuando por resolución … de 23 de agosto de 2000, la fiscalía (sic)16 seccional Cali Valle, (sic) resolvió la situación jurídica del doctor Luís Fernando Sardi Aparicio, para previo un análisis desprovisto de razonamiento lógico, de asidero jurídico, de sapiencia jurídica, (sic) y por el contrario colmado de imprecisiones de todo orden …, de ligerezas, concluir absurdamente y con desconocimiento de las normas comerciales vigentes para la época, que el señor Sardi Aparicio se dedicó a crear y a disolver sociedades a su antojo y conveniencia para engañar tanto a personas naturales como jurídicas”(15).

El apoderado de la Fiscalía General de la Nación(16) reiteró que la detención no fue injusta, toda vez que existían los requisitos sustanciales para proferir una medida de aseguramiento, como eran dos indicios graves de responsabilidad en contra del sindicado y, además, el procedimiento de modo alguno violó la ley; por el contrario, se respetaron los derechos del imputado, en especial, el del debido proceso y el derecho a la defensa.

Respecto al lucro cesante, recabó en que nada en su actuación produjo daño a la sociedad Servicios Globales, si se tiene en cuenta que la orden de detención preventiva fue impuesta al señor Sardi Aparicio el 23 de agosto de 2000, pese a lo cual éste firmó el contrato de prestación de servicios con esa sociedad el 13 de noviembre de 2001, sin advertir que, para ese momento, se encontraba vinculado a un proceso penal, de suerte que fue el actor quien causó el daño que alega tal sociedad.

II. Sentencia de primera instancia. 

En Sentencia del 31 de agosto de 2010(17), el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a la demandada, en los términos transcritos al inicio de esta providencia.

En primer lugar, aclaró que disiente de la tesis de responsabilidad objetiva que ha sido empleada por esta corporación, pues, en su criterio, ella sólo se puede edificar cuando se producen una de las tres causales contenidas en el artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal; de lo contrario, en cualquier otro evento, la responsabilidad se debe analizar desde la óptica de una tesis ‘restrictiva’ o ‘subjetiva’, en la cual a la parte interesada le incumbe la carga de demostrar que se produjo una “falla en el servicio judicial”, por “error judicial” de la providencia privativa de la libertad o por un “defectuoso funcionamiento” de la administración de justicia.

Luego de hacer un recorrido por el derecho a la libertad dentro del contexto normativo interno y desde la óptica constitucional y de hacer un análisis de la totalidad del material probatorio que integra el proceso, concluyó que “… la conducta del señor Luís (sic) Fernando Sardi Aparicio, en lo que respecta a los cargos a él endilgados dentro del proceso penal adelantando en su contra, resultó siendo atípica o no punible, supuesto que se encontraba comprendido en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, vigente para el momento en que le fue resuelta la situación jurídica al mismo (D. 2700 de 1991) como causal legal para la reparación de los perjuicios que la medida le hubiere podido causar(18).

Recalcó que la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, además de haberse adoptado a partir de una conducta que resultó atípica, no fue proporcional “… en la medida en que el objeto principal de esta figura era la comparecencia del acusado al proceso y evitar que éste continúe con la actividad delictual, aspecto que no fue debidamente valorado por la Fiscalía General de la Nación”(19); así, señaló que ese organismo “… al haber privado injustamente del derecho fundamental a la libertad del señor … es responsable extracontractualmente por el daño causado al directo afectado y a los demás demandantes con dicha conducta y, por ende, se encuentra en la obligación de repararlo, de acuerdo a (sic) la demostración que del mismo se haya realizado en el proceso”(20).

Respecto al daño moral, precisó que el actor estuvo privado de su libertad de manera efectiva desde el 15 de marzo de 2002, cuando se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, hasta el 8 de julio siguiente, cuando fue absuelto de los cargos a él imputados; así, concluyó que el actor estuvo privado de la libertad por un período de tres meses y tres semanas.

Teniendo en cuenta ese período y las pruebas que acreditaron tanto el parentesco como el daño moral padecido por el afectado y su núcleo familiar, condenó al pago de 70 smlmv para el afectado directo con la medida y 50 smlmv para su esposa e hijo, respectivamente.

En lo que atañe a los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, consideró que, como no se probó la suma pretendida en la demanda, se debía acudir a lo dispuesto en la resolución del 2 de julio de 2002 sobre regulación de tarifas para el ejercicio del litigio, de suerte que consideró que, por concepto de la defensa penal, al afectado directo con la medida debía serle indemnizada la suma de $ 3.090.000.

Sobre el lucro cesante, consideró que, a partir de los contratos de prestación de servicios suscritos por el afectado y vigentes para las fechas en que se produjo su detención, era posible inferir ese perjuicio; sin embargo, como no se tenía certeza sobre algunos aspectos para proceder a la liquidación, debía proferir condena en abstracto.

En cuanto al monto de la caución prendaria que prestó el afectado cuando gozó del beneficio de libertad condicional, encontró procedente condenar al pago de los intereses que el valor de esa caución hubiera generado desde que se prestó hasta que se devolvió.

Finalmente, en cuanto a lo pretendido por la sociedad Servicios Generales S.A., precisó que, como se encuentra acreditado que la Cámara de Comercio no pagó a esa empresa la suma de $ 4.147.200, por cuanto no se dictaron los conferencias que iban a ser dirigidas por el señor Sardi Aparicio, tal cifra, indexada, debía ser reconocida a la referida sociedad.

En lo que atañe a la responsabilidad del llamado en garantía —el Fiscal que impuso la medida de aseguramiento—, dijo: “… no encuentra la Sala que la responsabilidad que se endilga a la Nación - Fiscalía General de la Nación deba ser trasladada a la agente estatal llamada en garantía, toda vez que su conducta dista de las definiciones que predica el Código Civil respecto de la ‘culpa grave’ y el ‘dolo’”(21); además, “… tampoco se considera que la conducta de la fiscal se atempere al contenido de los artículos 5º y/o 6º de le Ley 678 de 2001, en cuanto señalan que para que se configure el ‘dolo’ se requiere que el agente estatal encamine su voluntad a la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado”(22).

Recurso de apelación

Inconforme con la decisión anterior y encontrándose dentro de la oportunidad legal, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación(23).

1. Señaló que la responsabilidad estatal está edificada a partir de la antijuridicidad de la conducta del agente, carente de título válido, lo cual implica el desbordamiento de las cargas que debe soportar cualquier ciudadano; así, la responsabilidad para los eventos de privación injusta de la libertad recae en el hecho de que se dicten providencias que no cumplan con los requisitos de ley o que se profieran sentencias condenatorias que carezcan de la certeza legal objetiva que demanda la norma para ello y solo en esos eventos surge el deber de indemnizar.

Bajo esa óptica, aclaró que no se probó que las decisiones adoptadas dentro del proceso penal y a través de las cuales se impuso la medida de aseguramiento y se profirió resolución de acusación en contra del señor Sardi Aparicio fueron injustas, por haber sido dictadas con desconocimiento de la normatividad legal o fueron abiertamente arbitrarias, por desconocimiento de las garantías procesales.

Por el contrario, precisó que, cuando se impuso la medida se aseguramiento y se dictó la resolución de acusación, se daban los indicios graves de responsabilidad en contra del sindicado, de suerte que se cumplió a cabalidad lo dispuesto en la normatividad penal vigente que hacía procedente adoptar ese tipo de medidas.

2. Consideró excesivas “… las sumas reconocidas por daños morales”, ya que la tasación de ese perjuicio debe corresponder a los criterios que, para tal propósito, ha fijado la jurisprudencia de esta corporación, de manera que “… no se explica como (sic) se reconocen como daños morales 70 smlv al directo afectado y 50 smlv a la esposa y al hijo del afectado directo, cuando el primero jamás estuvo en un centro penitenciario, porque fue favorecido con el beneficio de detención domiciliaria, de tal manera que su hijo y su esposa nunca se vieron apartados de la presencia del hoy aquí actor, (sic) y el demandante jamás se vio apartada (sic) de sus seres queridos, por lo tanto sus lazos de afecto nunca fueron interrumpidos”(24).

De manera que, como el actor estuvo con detención domiciliaria 3 meses y 3 días, no es comprensible cómo el tribunal condenó a la cantidad de salarios mínimos que le corresponderían a una persona que estuvo privada de la libertad en establecimiento carcelario durante 14 meses.

III. Trámite de segunda instancia 

1. El recurso de apelación interpuesto fue concedido por el a quo el 15 de julio de 2011(25) y admitido por esta corporación mediante Auto del 9 de septiembre siguiente(26).

2. El 14 de octubre de 2011(27), se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto, oportunidad dentro de la cual la parte demandante(28) reiteró los argumentos que expuso en el término para alegar de conclusión dispuesto en primera instancia.

La Fiscalía General de la Nación(29) fue enfática en señalar que discrepa por completo de la aplicación de una tesis objetiva de responsabilidad del Estado, por privación injusta de la libertad, ya que, en su sentir, “… las hipótesis … previstas por el artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700/91, no pueden mirarse desde la perspectiva de la responsabilidad objetiva del Estado, sino que deben analizarse, en cada caso específico, a la luz de los principios y criterios que informan la falla del servicio”; así, en este asunto, no podría edificarse responsabilidad alguna, pues tanto la resolución de situación jurídica como la resolución de acusación estuvieron debidamente fundamentadas y reunieron los requisitos previstos para cada uno de esos eventos, en las normas sustanciales y procesales aplicables.

IV. Consideraciones

En la actualidad, la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso, el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Luis Fernando Sardi Aparicio.

En relación con tal tema, la sección tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada(30), motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

Así las cosas y cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la Sentencia del 31 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Para resolver el asunto en estudio, se desarrollará el siguiente orden conceptual: i) competencia, ii) ejercicio oportuno de la acción, iii) el régimen de responsabilidad aplicable al asunto que se somete a decisión judicial, iv) apelante único y v) el caso concreto y valoración probatoria.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(31), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. Ejercicio oportuno de la acción

En concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(32), en los eventos de privación injusta de la libertad el término de caducidad de dos (2) años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o queda ejecutoriada la sentencia absolutoria —lo último que ocurra—.

En este asunto, como la ejecutoria de la providencia a través de la cual se precluyó la investigación penal a favor del señor Luís Fernando Sardi Aparicio y ordenó su libertad inmediata e incondicional se cumplió el 8 de julio de 2002, la acción de reparación directa podía ejercerse, en los términos del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, hasta el 9 de julio de 2004. Como la demanda se presentó el 2 de julio de 2004, resulta claro que ello ocurrió dentro de la oportunidad legal prevista para tal fin.

3. El régimen de responsabilidad aplicable al asunto que se somete a decisión judicial

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que, como la privación injusta de la libertad del acá demandante Luís Fernando Sardi Aparicio se produjo, según la demanda, hasta el 8 de julio de 2002, se tiene que ello ocurrió en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuyo artículo 65 establece:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(…)

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(33), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en Sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado -a la que se hizo referencia en apartado precedente- [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(34) (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(35).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(36).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la sección tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(37). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(38).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa(39). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(40).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(41): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(42).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en Sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(43).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla. 

3.1. Responsabilidad del Estado con ocasión de la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva con beneficio de libertad provisional.

Como en contra del actor pesó, en un primer momento, una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, con beneficio de libertad provisional, previo pago de caución prendaria y, luego, se dispuso una medida de aseguramientog consistente en detención domiciliaria, esta subsección encuentra procedente hacer las siguientes precisiones.

Una de las limitaciones del derecho a la libertad dentro de un proceso penal la constituye la medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual consiste en una medida cautelar que restringe y/o limita la libertad de la persona sindicada, con el propósito de asegurar su comparecencia al “proceso penal, conservar las pruebas y proteger tanto a la comunidad como a las víctimas”(44).

La Corte Constitucional ha precisado que la finalidad de la medida de aseguramiento no es sancionar al sindicado, sino asegurar su comparecencia al proceso, de modo que, si bien éste sigue gozando de la presunción de su inocencia, debe permanecer a disposición de la administración de justicia; al respecto, dicha corporación ha manifestado:

“En síntesis, y acorde con los múltiples pronunciamientos jurisprudenciales reseñados, las medidas de aseguramiento tienen un carácter preventivo, mientras se determina la responsabilidad del imputado o acusado. No constituyen por ende una sanción como tal, como quiera que su naturaleza siempre será la de una actuación cautelar, eminentemente excepcional, cuyo carácter es meramente instrumental o procesal, más no punitivo, esto es, no debe estar precedida de la culminación de un proceso, pues tal exigencia, como pretende (sic) hacer ver el aquí demandante y algunos de los intervinientes (sic) desnaturalizaría su finalidad, se insiste, preventiva”(45).

En materia del derecho internacional, debe señalarse que el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señaló que:

La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo” (negrillas adicionales).

De igual forma, el artículo 7º de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos preceptúa que:

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario encargado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio” (se destaca).

Por su parte, el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos materia del presente asunto (D. 2700/91), respecto de las diferentes medidas de aseguramiento y los requisitos para la imposición de éstas, disponía lo siguiente:

“ART. 388.—Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando (sic) contra del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso” (se destaca).

En lo atinente a las medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva y pago de caución, el aludido estatuto procesal penal reguló lo siguiente:

“ART. 393.—La caución es juratoria o prendaria y se aplica en relación con los delitos cuya pena mínima sea inferior a dos años de prisión, excepto lo previsto en el numeral tercero (sic) del artículo 397 de este código.

“La caución juratoria constará en acta en donde el sindicado (sic) bajo juramento, prometa cumplir las obligaciones que le hayan sido impuestas. Procederá, (sic)cuando a juicio del funcionario, el sindicado carezca de recursos económicos para constituir caución prendaria.

“La caución prendaria consiste en el depósito de dinero o constitución de una póliza de garantía, en cuantía de hasta mil salarios mínimos mensuales legales y se fijará teniendo en cuenta las condiciones económicas del sindicado y la gravedad del hecho.

“ART. 394.—Contenido de las actas. En las actas de conminación y de caución juratoria o prendaria se consignarán las obligaciones que debe cumplir el sindicado. El funcionario judicial determinará dichas obligaciones y su duración de acuerdo con la naturaleza del hecho punible y dejará constancia de las consecuencias legales de su incumplimiento.

“ART. 395.—En el auto de detención preventiva el funcionario judicial ordenará la prohibición de salir del país y librará los oficios respectivos.

“(…).

“ART. 416.—Momento de la libertad bajo caución. Cuando exista detención preventiva, la libertad provisional se hará efectiva después de otorgada la caución y una vez suscrita la diligencia de compromiso” (negrillas adicionales).

Respecto de las obligaciones a las cuales se encontraba sometido el sindicado como resultado del otorgamiento de la libertad provisional en virtud de una caución, la norma legal en comento era del siguiente tenor literal:

“ART. 419.—Obligaciones del sindicado. En los casos de conminación, caución, detención domiciliaria y libertad provisional, se le impondrán las siguientes obligaciones:

“1. Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite. No se pueden imponer presentaciones periódicas.

“2. Observar buena conducta individual, familiar y social.

“3. Informar todo cambio de residencia.

“4. No salir del país sin previa autorización del funcionario”.

“ART. 420.—Cancelación de las cauciones. La caución se cancelará al cumplir el sindicado las obligaciones impuestas, o cuando se revoque la medida que la originó, o cuando termine la actuación procesal por causa legal” (se destaca).

En punto de lo anterior, debe destacarse que así el investigado esté libre, previa cancelación de la respectiva caución, la libertad de aquél se encuentra limitada conforme a lo previsto en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 419 del mencionado Código de Procedimiento Penal.

En efecto, respecto de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva acompañada del beneficio de libertad provisional, esta subsección señaló que:

“Con fundamento en las anteriores disposiciones normativas, (sic) puede inferirse que (sic) en vigencia del Decreto 2700 de 1991, la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, aunque estuviere acompañada del beneficio de la libertad provisional, cuyo disfrute se condicionaba a la constitución previa de una caución, independientemente de su legalidad o ilegalidad, necesariamente implicaba, per se, una limitación al mencionado derecho fundamental de la libertad, circunstancia que eventualmente podía generar un daño antijurídico cuando se hubiere establecido, entre otras hipótesis, que la conducta no hubiere sido cometida por el sindicado, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se habría hecho padecer al sindicado.

En efecto, dichas medidas consistentes en la prohibición de salir del territorio nacional, la comparecencia ante la autoridad penal cuando ésta lo requiera y el deber de dar aviso sobre el cambio de su residencia, conllevan una limitación a la libertad, específicamente respecto de la libertad de circulación y la libertad de fijar domicilio (C.P., art. 24), amén de la afectación que la aludida medida de aseguramiento representaba necesariamente para el propio derecho a la libertad en el plano del mundo jurídico, independientemente de que la detención correspondiente no se hiciere efectiva en el plano real por razón del también referido beneficio de libertad provisional, cuya sola denominación evidenciaba que el afectado no podía gozar a plenitud de su derecho fundamental sino de manera provisional, es decir (sic) con limitaciones, con restricciones.

“Agréguese (sic)a lo anterior que el artículo 24 constitucional prevé dos expresiones de la libertad personal en cabeza de los colombianos (sic) que revisten el carácter de derechos fundamentales: i) la libertad de locomoción o circulación que comprende el sentido más elemental de la libertad inherente a la condición humana, esto es, la facultad de desplazarse y de transitar por todo el territorio nacional, incluyendo la posibilidad de entrar y de salir del país sin que para su ejercicio sea menester permiso de autoridad alguna; (sic) este derecho fundamental se encuentra amparado internacionalmente por múltiples convenios y tratados en su dimensión negativa o defensiva, vale decir, en tanto limita el ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo (art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948(46), artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968(47), artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972(48), entre otros convenios); y ii) la libertad de fijar domicilio, dimensión que entraña la facultad autónoma e inalienable de toda persona(49) para definir el sitio donde desea vivir, expresión de la libertad que constituye también manifestación del derecho constitucional fundamental a la personalidad jurídica (art. 14 de la Carta Política) y del libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 16 eiusdem, por cuya virtud se excluyen las imposiciones externas e injustificadas respecto de decisiones relativas a la esfera particular y al rumbo de la vida de cada persona(50).

“En relación con el derecho de libertad de circulación y residencia, tal como está contenido en la Carta Política, así como en los diferentes instrumentos internacionales, implica entonces que una persona no sólo no pueda ser desplazada y trasladada contra su voluntad de un lugar a otro, dentro o fuera del territorio nacional, sino que no se le impida, por cualquier medio, hacerlo cuando así lo desee. (…)”

De manera tal que la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, aunque estuviere matizada o acompañada del beneficio de libertad provisional, dará lugar a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, en cuanto a la finalización del respectivo proceso penal se hubiere concluido con exoneración a favor del imputado, pues resulta desde todo punto de vista desproporcionado exigirle a un particular que soporte inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse limitado en su libertad, incluyendo la libertad de circulación y de escoger domicilio, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de administración (sic) de justicia (sic) si, una vez desplegada su actividad, esta rama (sic) del poder (sic) público (sic) concluye que no se desvirtuó la presunción de inocencia del particular al que se inculpaba.

“Por manera que —reitera la sala— las obligaciones derivadas de la medida cautelar consistente en detención preventiva, aunque se relativice por razón del beneficio de la libertad provisional en virtud de la constitución de una caución prendaria, a la cual se añade (sic) necesariamente las obligaciones de no cambiar de domicilio ni salir del país sin previa información y autorización de la autoridad judicial respectiva, así como la de presentación ante el organismo competente cuando éste lo requiera, obviamente resulta generadora de un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis, que la conducta no fue cometida por el sindicado, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se hizo padecer.

“Así las cosas, esa limitación de la libertad no constituye una carga que todos los ciudadanos deban soportar por igual y, por ende, cuando se demuestre que el administrado no cometió el hecho que sirvió de base a la medida cautelar y acredite los perjuicios que la misma le ocasionó, habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por haber causado a una persona un daño antijurídico, de todo lo cual se deriva la responsabilidad del Estado”(51) (se destaca).

Luego, esta subsección reiteró el pronunciamiento jurisprudencial antes transcrito, así:

Ahora bien, existen otros supuestos en los (sic) cuales si bien la persona objeto de la medida de aseguramiento no hubiese sido detenida físicamente o intramuros, lo cierto es que la sola imposición de dicha medida implica, per se, una limitación al mencionado derecho fundamental de la libertad, circunstancia que eventualmente podía generar un daño antijurídico cuando se hubiere establecido, entre otras hipótesis, que la conducta por la cual se lo investigó no constituía hecho punible, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se habría hecho padecer al sindicado.

“Ciertamente, la decisión en firme que decreta la imposición de dicha medida de aseguramiento conlleva una limitación a la libertad, específicamente respecto de la libertad de circulación, la libertad de fijar domicilio y libertad de escoger profesión u oficio (C.P., arts. 24 y 26), amén de la afectación que la aludida medida de aseguramiento representaba necesariamente para el propio derecho a la libertad en el plano del mundo jurídico, independientemente de que la detención correspondiente no se hiciere efectiva en el plano real”(52) (se destaca).

Precisado todo lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de conformidad con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los actores, con ocasión de la restricción del derecho a la libertad del señor Luís Fernando Sardi Aparicio.

4. Apelante único

En el asunto puesto a consideración de la Sala, resulta pertinente señalar que la Fiscalía General de la Nación tiene la calidad de apelante único; por tanto, no podrá hacerse más gravosa su situación, únicamente se podrá mejorar en el evento de que se encuentre que hay lugar a ello, de conformidad con las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso.

Así mismo, es preciso aclarar que, como el recurso de apelación se contrajo a controvertir la decisión del tribunal en lo que atañe a la declaratoria de responsabilidad y al reconocimiento del perjuicio moral a favor del afectado directo con la medida, su esposa e hijo, la Sala contraerá su estudio sólo a estos específicos aspectos, pues no puede olvidarse que, conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla …” (negrillas adicionales).

En este orden de ideas, resulta claro que, para el juez de segunda instancia, el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en la primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados en el recurso, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia como el principio dispositivo. En tal sentido, la jurisprudencia ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, (sic) condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, (sic) constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quemtantum devolutum quantum appellatum’”(53).

5. El caso concreto y valoración probatoria.

Las pruebas válidamente aportadas al proceso muestran que, el 7 de septiembre de 1999, los señores Oscar Lince Irurita, Marlene Silva Arias y Javier Patiño Sierra presentaron denuncia en contra del señor Luís Fernando Sardi Aparicio, luego de afirmar que éste los había defraudado, pues en el proceso de concordato preventivo potestativo que había iniciado presentó fórmulas engañosas, estudios y balances financieros falsos, de empresas a su nombre que se encontraban quebradas e ilíquidas.

La fiscalía 16 seccional de Cali, a la que le correspondió conocer el asunto, vinculó a la respectiva investigación penal al señor Sardi Aparicio, por lo cual, en providencia del 23 de agosto de 2000, resolvió su situación jurídica imponiéndole medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa; asimismo, dispuso el beneficio de libertad provisional, previo pago de una caución prendaria, en suma equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como fundamento de esa decisión, sostuvo:

“Si examinamos bien, (sic) que el valor de las acciones que posee en la empresa Giro de Colombia S.A., por su valor intrínseco, la totalidad de las acciones no alcanzan (sic) a tener un valor de cien millones … Por tanto, los activos que hace aparecer ante el juzgado civil del circuito de Cali, para iniciar el acuerdo de recuperación de negocios del deudor, no están acordes con la realidad; (sic) se ha atentado contra la verdad, lo principal del proceso de concordato … A más que se presenta como maniobra engañosa para inducir al error el hecho de inscribirse como comerciante el 24 de agosto (sic) de 1998 y en mismo año presentarse al concordato. Lo anteriormente expresado deviene como una maniobra para no cumplir con las obligaciones contraídas con los presuntos ofendidos a quienes captó diversas sumas de dinero en una cuantía de 218 millones de pesos con unas empresas en casi total iliquidez…”(54).

El 15 de febrero de 2002, la citada fiscalía 16 calificó el mérito del sumario en los siguientes términos:

“Tiene para decir la fiscalía que no comparte los planteamientos esbozados por el encartado, toda vez que cuenta con pruebas … donde se constata que las empresas donde era representante el señor Sardi Aparicio no desarrollaron su objeto social sino que desde el mismo momento de solicitar el concurso ante el juez laboral, puso en venta el activo donde funcionaban las empresas en mención, significando con esto que no les asistía intención de llegar a un arreglo con los acreedores sino de apropiarse de sus dineros en una forma sagaz y engañosa para así engañar a sus víctimas y apropiarse de dichos dineros menoscabando el patrimonio de los denunciantes”(55).

Por lo anterior, resolvió:

“1. PROFERIR resolución de acusación en contra del señor Luís Fernando Sardi Aparicio… por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa.

“2. REVOCAR la libertad provisional impuesta como medida de aseguramiento mediante interlocutorio… del 23 de agosto de 2000, (sic) y en su defecto (sic) imponer DETENCIÓN DOMICILIARIA (sic) la cual se tendrá en la residencia del señor Luís Fernando Sardi”(56).

El 8 de julio de 2002, la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Cali resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la providencia y, como fundamento de su decisión, sostuvo:

“La inquietud de fondo formulada por quienes se consideran afectados económicamente, la advertimos en el hecho de que el señor Sardi Aparicio hubiese recurrido a la fórmula concordataria por la imposibilidad manifiesta de continuar con el sostenimiento y producción en cada una de las empresas con la lógica afectación de los acreedores.

“La primera verdad axiomática… es que las tres personas denunciantes…. conocían perfectamente al señor Luís Fernando Sardi Aparicio porque existía entre las dos partes el mejor ambiente de amistad que traslucía hasta tocar sentimientos de familiaridad. Esta real situación hizo a los denunciantes, (sic) perfectos conocedores de Sardi Aparicio. Pero ese conocimiento no fue únicamente personal, sino general, es decir, conocían sus movimientos laborales, como empresario, sus propiedades, sus aptitudes financieras y capacidad para manejar exitosamente sus empresas…

“Por ello, es quizás, por lo que los denunciantes no presentan ante la fiscalía las pruebas concretas, claras y concluyentes sobre la falsedad esgrimida, fundamentando su acusación sólo en manifestaciones verbales como es que Sardi Aparicio cerró sus oficinas donde funcionaban sus empresas por estar ilíquidas …

“Estas acusaciones apriorísticas no debieron haberse aceptado como fundamento para iniciar la acción penal, porque el señor Sardi acudió a una figura jurídica legalmente establecida en la Ley 22 de 1995, como es la fórmula concordataria que consiste precisamente en el acuerdo o convenio que celebran el deudor y sus acreedores, mediante la (sic) cual se determina la forma de cancelar los créditos…

“(…)

“… plasma la primera instancia algunas irregularidades que se han venido presentado en el trámite concursal, ubicándolas como medios de prueba constitutivas de elementos exigidos para estructurar las conductas punibles de fraude procesal, estafa y falsedad en documento privado.

Sin embargo, encontramos que esas son situaciones connaturales con el trámite concordatario que son resueltas y solucionadas por la misma autoridad competente para adelantar los concordatos, ya sea el señor juez civil o la Superintendencia de Sociedades (sic)…

“… el señor juez civil observó los requisitos sustanciales y formales… para admitir el concordato… Esta decisión judicial lleva implícita la revisión minuciosa de toda la documentación aportada, con la consecuente aceptación…

“(…)

“Es decir, reiterando lo ya anotado, que (sic) los cargos formulados por los señores denunciantes que encontraron eco en la primera instancia, (sic) son simplemente irregularidades de trámite solucionables en el mismo seno del proceso concordatario que no tienen la identidad delictiva que se les ha querido dar. Pero además de ello, que cuando se presentan anomalías probadas como las aquí indicadas, se pasa es a la fase siguiente como sanción al deudor, que es la declaratoria de liquidación obligatoria.

“Por manera que por ningún lado se avizoran los elementos estructurales de los delitos de fraude procesal, estafa y falsedad de documento privado que se le vienen endilgando al señor Luís Fernando… ya que los estudios contables presentados por el deudor Sardi Aparicio en el proceso concursal tienen respaldo probatorio con medios documentales y testimoniales como quedó demostrado en este proveído…

De tal suerte que en este evento no se presentan los especiales elementos intencionales que pretenden imputarle a Sardi Aparicio… y que apoyamos con la concreta jurisprudencia aplicable para nuestro caso…

“(…)

“Por lo que forzoso resulta concluir que tampoco se estructuran los delitos de estafa y falsedad en documento privado, según las apreciaciones probatorias que brillan en el encuadernamiento sumarial, porque no hubo engaño de carácter doloso con presentación de documentación financiera y contable falsa, ya que el señor Sardi Aparicio, como sus denunciantes lo aceptan y las pruebas lo acreditan cuando solicitó al juez civil del circuito que lo admitiera en concordato, lo hizo porque efectivamente estaba en incapacidad de cumplir con sus acreedores, razón por la cual dicho funcionario judicial no fue engañado; (sic) pues, es de enfatizarse que los denunciantes y el ente instructor no lograron desvirtuar el fundamento, el objeto y la legitimidad del concordato, sino que equivocadamente, los primeros, calificaron de dolosos algunos trámites concursales que eran sancionables en ese mismo contexto …”(57).

Por lo anterior, la fiscalía delegada resolvió:

“1. REVOCAR la resolución de acusación dictada contra Luís Fernando Sardi Aparicio por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal, estafa y abuso de confianza…

“2. Como consecuencia del punto anterior, PRECLUIR la investigación a favor de Luís Fernando Sardi Aparicio…

“3. Concédase en forma inmediata la libertad incondicional a Luís Fernando Sardi Aparicio…”.

Pues bien, de acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que, contrario a los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación, su actuación sí constituyó el factor único y determinante para que la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor Luís Fernando Sardi Aparicio resultara injusta.

En efecto, a partir de las razones que expuso la misma fiscalía al momento de revocar la medida de aseguramiento, precluir la investigación penal iniciada en contra del afectado y ordenar su libertad inmediata e incondicional, es claro para la Sala que la denuncia inicial presentada por las supuestas víctimas resultaron ser simples imputaciones verbales carentes de una prueba concreta o clara y de las cuales no podía valerse el ente instructor para, siquiera, iniciar la investigación penal que se adelantó contra el señor Sardi Aparicio.

Resulta también claro, a partir de las razones de la preclusión, que las conductas del sindicado que la fiscalía calificó como indicios de responsabilidad en su contra, por los delitos de fraude procesal, estafa y falsedad en documento privado, no representaban más que situaciones “connaturales” del trámite concordatario que aquél había iniciado para sanear los créditos con sus acreedores y que sólo podían ser objeto de reproche del juez civil que conocía de ese concordato sin la entidad suficiente para constituir la identidad delictiva de las conductas punibles investigadas. 

De allí que la preclusión de la investigación penal se haya producido, precisamente, porque el Fiscal de la preclusión no encontró ningún viso del elemento estructural de los delitos imputados al señor Sardi Aparicio, pues en su actuar, no hubo engaño o dolo; así, la preclusión era obligatoria, porque no se probó la responsabilidad penal gdel sindicado, lo que equivale a que éste no cometió la conducta punible que se le imputó y ello configura una de las circunstancias en que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta corporación, quien ha sido privado de la libertad tiene derecho a ser indemnizado. 

La Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(58), causales que no fueron acreditadas en el plenario. 

Vistas así las cosas, se confirmará la sentencia recurrida, en cuanto declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto Luis Fernando Sardi Aparicio.

Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

En lo que toca a los aspectos objeto de apelación en relación con este concepto, en la demanda se solicitó el reconocimiento de 1.000, 750 y 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el afectado directo con la medida de aseguramiento, su esposa e hijo, respectivamente.

El tribunal ordenó pagar 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el afectado directo con la medida y 50 para su esposa e hijo, respectivamente, suma que consideró procedente, al encontrar acreditado “… el perjuicio moral invocado … teniendo en cuenta la angustia y otras secuelas padecidas por los demandantes a raíz del hecho dañino, las condiciones personales de los mismos, el tiempo en que se prolongó la privación injusta de libertad, así como el lugar donde transcurrió la misma”(59).

Esta condena fue cuestionada por la demandada, pues el afectado con la medida “… jamás estuvo en centro penitenciario”, “… fue favorecido con detención domiciliaria” y “… estuvo con detención domiciliaria 3 meses y tres (sic) días”(60).

Pues bien, lo primero que ha de advertir la Sala es que en el proceso se encuentran suficientemente acreditadas cada una de las calidades con las cuales se concurrió al proceso: la del señor Luís Fernando Sardi Aparicio, como afectado directo de la medida, la de la señora Eleonora Lince Irurita, como esposa, y la de Luis Fernando Lince Aparicio, como hijo, éstos dos últimos con los registros civiles visibles a folios 4 y 5 del cuaderno principal y la del primero con el proceso penal seguido en su contra y que obra en la foliatura.

En lo que atañe al quantum indemnizatorio, en casos como el presente en los cuales, si bien no se produce una privación física de la libertad de la persona —el señor Sardi Aparicio no fue recluido en establecimiento carcelario, aunque sobre él sí pesaron una medida de aseguramiento con beneficio de libertad provisional y una detención domiciliaria—, esta subsección, en pronunciamiento reciente, dijo:

“… cada vez que una persona sindicada de un delito y que ha sido vinculada a un proceso penal, por cuya virtud le ha sido impuesta una medida de aseguramiento y, además, fue (sic) objeto de una restricción jurídica de su libertad (sic) amerita ser indemnizada cuando resulta absuelta o se precluye a su favor la investigación, esta subsección considera pertinente precisar que tal situación sí estará llamada a incidir en la indemnización del perjuicio moral.

“Dicho de otra manera, el quantum indemnizatorio a reconocer frente a una persona que ha sufrido una privación injusta y física de su libertad, no será siempre el mismo que se le deba reconocer a quien, pese a padecer una restricción de su libertad, no la afronta de manera física en un establecimiento carcelario.

“Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que la finalidad de la medida de aseguramiento no es la de sancionar al sindicado sino la de asegurar su comparecencia al proceso, quien seguirá gozando de la presunción de inocencia, pero debe permanecer a disposición de la administración de justicia:

“(…)

“En virtud de esa expresión punitiva del Estado surge una total subordinación del recluso frente a aquel, pues el interno queda sometido a un régimen jurídico especial, con una restricción de sus derechos fundamentales mucho más amplia frente a quienes son objeto de una medida cautelar o preventiva, como lo es la medida de aseguramiento sin detención física, tal como ocurrió en este caso.

“Entre esa amplia gama de derechos fundamentales que resultan afectados se destacan la intimidad, la reunión, el trabajo, la educación, entre otros no menos importantes, al punto que la referida relación de subordinación en la que se ubica, per se, el privado físicamente de su libertad en centro penitenciario, ha sido considerada por la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo como una relación de especial sujeción(61).

“Así pues, dadas las diferencias evidentes que existen entre una y otra restricción a la libertad, es decir, aquella que comporta la privación física dentro de un centro carcelario y la que surge como consecuencia de una medida de aseguramiento de carácter preventivo o cautelar, la Sala advierte que la indemnización a reconocer por concepto del perjuicio moral frente a los daños antijurídicos producidos a causa de estas últimas no debe ser la misma a la que se accede frente a personas que sí contaron con una limitación de su libertad en la totalidad de su expresión o dimensión.

“Es más, la sección tercera de la corporación ya había considerado y admitido esta postura, tal como lo refleja el siguiente pronunciamiento:

‘Está, pues, demostrado que el daño infligido al demandante, vale decir, su limitación a la libertad de locomoción y residencia reviste el carácter de antijurídico en tanto injusto por cuanto la víctima no estaba en la obligación de soportarlo, dado que … fue objeto de una medida de aseguramiento que entrañaba limitantes a su libertad por motivo de la sindicación del delito de prevaricato por omisión, cuando posteriormente el Tribunal Superior de Ibagué decidió absolverlo en tanto no cometió el hecho endilgado en su contra.

‘En tal virtud, la Sala reconocerá a favor del demandante (sic) a título de indemnización por el daño moral, 20 salarios mínimos legales mensuales, toda vez que las obligaciones aparejadas a la medida cautelar soportada no provocan todas las secuelas de desarraigo de quienes padecen detenciones preventivas de la libertad en un centro carcelario, aunque en todo caso comportó una clara violación del derecho fundamental de la libertad personal’(62) (se destaca).

“Sin que lo anterior constituya, desde luego, una regla absoluta e inmodificable, pues se precisa que en cada caso el juez deberá analizar la restricción jurídica a la libertad que sufrió el procesado que posteriormente resulta absuelto como consecuencia de una medida de aseguramiento, lo cierto es que la indemnización que se reconozca a los afectados no deberá ser, desde el punto de vista pecuniario, idéntica a la que se le reconoce a quienes sí fueron víctimas de una privación física de tan esencial derecho fundamental y la padecieron, además, en un centro de reclusión o cárcel.

“Con base en lo expuesto, la subsección reducirá la indemnización por perjuicios morales a favor de los actores en este proceso en un 50%, pues como se indicó anteriormente, en el presente litigio se acreditó que el actor nunca estuvo privado físicamente de su libertad.

“A lo anterior se adiciona que, según la propia parte actora, la detención preventiva ‘en contra del Doctor… no se hizo efectiva, por cuanto se encontraba hospitalizado en la Clínica Fray Bartolomé de las Casas’, amén de señalar que incluso las restricciones que le fueron impuestas a esa persona no fueron absolutas, pues podía cambiar de domicilio mediante una comunicación al funcionario que conocía de su proceso y también podía salir del país con autorización previa(63).

“Se precisa, además, que la referida reducción de la indemnización está llamada a efectuarse únicamente respecto del perjuicio moral y no frente al rubro material, pues este (sic), al tratarse de un perjuicio cuya cuantificación debe acreditarse en el proceso, resultaría claramente arbitrario que se disminuya el reconocimiento que la parte actora demuestre que sufrió como consecuencia de la restricción jurídica de su libertad”(64).

En línea con lo anterior, la Sala encuentra que, como en contra del señor Sardi Aparicio pesó una medida de aseguramiento de detención preventiva con beneficio de libertad provisional, previo pago de caución prendaria, desde el 23 de agosto de 2000 hasta el 15 de marzo de 2002, cuando dicha libertad provisional fue revocada y, en su lugar, se dispuso detención domiciliaria en el lugar de su residencia, medida que duró hasta 8 de julio siguiente, cuando precluyó la investigación penal a su favor y se dispuso su libertad inmediata e incondicional, el referido señor vio limitado en el plano jurídico su derecho a la libertad, por espacio de 1 año, 8 meses y 15 días.

Según los parámetros sugeridos por esta sección (Sentencia del 28 de agosto de 2014 expediente 25022(65)), cuando una persona es privada injustamente de su libertad por espacio superior a 18 meses tiene derecho a una indemnización equivalente a 100 smlmv, para el afectado directo con la medida, para su conyugue y para cada uno de sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad.

Así, teniendo en cuenta la reducción del 50%, quantum indemnizatorio que se explicó párrafos atrás —en aquellos eventos en los cuales la privación de la libertad no se produce en el plano físico dentro de un establecimiento carcelario— la Sala encuentra al señor Luís Fernando Sardi Aparicio (víctima directa del daño), a la señora Eleonora Lince Irurita (esposa) y a Luís Fernando Sardi Lince (hijo), les corresponde, a cada uno, una indemnización correspondiente a 50 smlmv.

En virtud de lo anterior, se modificará la sentencia recurrida, en orden a reducir la condena impuesta a favor del afectado directo con la medida en la suma de 50 smlmv.

Condena en costas

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral 2.1 de la Sentencia del 31 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

2.1. Por concepto de perjuicios morales:

— Al señor Luís Fernando Sardi Aparicio, una suma equivalente a 50 smlmv, para la fecha de ejecutoria de la sentencia.

— Para la señora Eleonora Lince Irurita, una suma equivalente a 50 smlmv, para la fecha de ejecutoria de la sentencia.

— Para Luís Fernando Sardi Lince, una suma equivalente a 50 smlmv, para la fecha de ejecutoria de la sentencia.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia objeto de apelación.

3. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Folios 281 y 282, c. ppal.

2 El grupo demandante está integrado por Luis Fernando Sardi Aparicio (afectado con la medida) y Eleonora Lince Irurita (esposa), quienes actúan en nombre propio y en representación de su menor hijo Luis Fernando Sardi Lince y la sociedad Servicios Generales, que actúa por conducto de su presentante legal (tercera damnificada).

3 A folios 125 a 149, obra aclaración y corrección de demanda.

4 Folio 47, c. 1.

5 Ibídem.

6 Folio 98, c. 1.

7 Ibídem.

8 Folio 105.

9 Folio 106.

10 Folios 121 y 151, c. 1.

11 Folios 169 a 179, c. 1.

12 Folios 188 a 192, c. 1.

13 Folio 224, c. 1.

14 Folios 225 a 230, c. 1.

15 Folio 225 c. 1.

16 Folios 231 y 238, c. 1.

17 Folios 249 a 282, c. ppal.

18 Folio 269, c. ppal.

19 Ibídem.

20 Ibídem.

21 Folio 280, c. 1.

22 Ibídem.

23 Folios 285 a 298, c. ppal.

24 Folio 297, c. 1.

25 Folios 338 y 339, c. ppal.

26 Folios 343, c. ppal.

27 Folio 345, c. ppal.

28 Folios 346 a 349, c. ppal.

29 Folios 350 a 355, c. ppal.

30 De conformidad con el Acta 9 de la Sala Plena de la sección tercera del Consejo de Estado del 25 de abril de 2013.

31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 9 de septiembre de 2008, exp. 2008 00009.

32 Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998.

33 “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

34 Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

35 En este sentido, la sección tercera, subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, exp. 19.151, precisó: “…no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma…”.

36 Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168; Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463.

37 Sección tercera, Sentencia de 1 de octubre de 1992, exp. 7058.

38 Sección tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994, exp. 8666.

39 Sección tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391.

40 Sección tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1.995, exp. 10056.

41 Rodríguez Villamizar, Germán: “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad” en “Memorias del décimo encuentro de la jurisdicción contencioso administrativa”, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

42 Sección tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, exp. 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

43 Sentencia de 20 de febrero de 2008, exp. 15.980.

44 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-695 de 2013, ponente: Nilson Pinilla Pinilla.

45 Ibídem.

46 “Toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado”.

47 “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él...”.

48 “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.“2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”.

49 Según el Código Civil, el domicilio es un atributo de la personalidad (C.C., art. 76) que consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.

50 Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

51 Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 23 de junio de 2011, exp. 19.958, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

52 Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, Sentencia del 29 de agosto de 2012, exp. 27.059, M.P. Hernán Andrade Rincón.

53 Consejo de Estado, Sentencia del 13 de febrero de 2012, exp. 21.060.

54 Folios 14 y 15, c. 1.

55 Folio 37, c. 1.

56 Folios 26 y 37, c. 1.

57 Folios 43, 44, 49, 51 y 52, c. 1.

58 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 8 de julio de 2009 (exp. 17.517), reiterada en Sentencia de abril 15 de 2011(exp. 18.284) y en Sentencia de 26 de mayo de 2011 (exp. 20.299).

59 Folio 271, c. ppal.

60 Las citas anteriores y ésta a página 311, c. 1.

61 Corte Constitucional, sentencias T-596/92, T-065/95, C-318/95, T-705/96, T-1190/03,T-490/04, T-881/02 y T-134/05, las cuales fueron acogidas y, por ende, citadas por la sección tercera del Consejo de Estado, subsección A, en Sentencia de 3 de abril de 2013, exp. 26.581.

62 Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 6 de marzo de 2008, exp. 16.075.

63 Folio 79, cuaderno de pruebas.

64 Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, Sentencia del 9 de marzo de 2016, exp. 34.554, actor Servando Pardo Reyes y otros.

65 “Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.
“Se reitera, los anteriores parámetros objetivos sirven como norte, guía o derrotero a efectos de que se garantice (sic) el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los principios de igualdad material y dignidad humana, para lo cual el juez al momento de la valoración del daño moral es preciso que motive con suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales se reconoce el respectivo perjuicio”.