Sentencia 2004-02327 de mayo 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 13001-23-31-000-2004-02327-01 [19169]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Demandante: Eder Palomino Pacheco

Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

Nulidad parcial del Acuerdo 28 de 2002 - Impuesto de teléfonos

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar la legalidad del artículo 3º, parágrafo segundo del artículo 6º y artículo 7º del Acuerdo 28 de 2002, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C.

Previo al análisis de fondo, debe precisarse que el tribunal se abstuvo de pronunciarse respecto del artículo 3º del Acuerdo 28 de 2002, con fundamento en la excepción de «pleito pendiente», porque mediante sentencia del 25 de noviembre de 2001, expediente 2005-01286, esa corporación declaró la nulidad de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del citado acuerdo, decisión que fue apelada y que estaba pendiente de decisión por el Consejo de Estado.

Al respecto la Sala advierte que el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal del 25 de noviembre de 2001, fue decidido por esta Sala en sentencia del 21 de noviembre de 2012, expediente 18691, Actor: Alcides Arrieta Meza, en el sentido de revocar la decisión de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda, razón por la cual, la presunción de legalidad del artículo 3º del Acuerdo 28 de 2002, que establece la causación del impuesto de teléfonos, no ha sido desvirtuada.

Ahora bien, debe precisarse que en el proceso 2005-01286, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del Acuerdo 28 de 2002 fueron demandados con fundamento en que el Concejo Distrital de Cartagena no tenía facultades para establecer el impuesto de teléfonos “por cuanto el artículo 1º de la Ley 97 de 1973, invocado como sustento del acuerdo demandado, había perdido aplicabilidad y, en esa medida no existía una norma en la que se establecieran los elementos estructurales del impuesto, como lo exige el artículo 338 de la Constitución Política”. En ese proceso, el demandante citó como violados los artículos 287, numeral 3º, 313, numerales 4º y 6º, y 338 de la Constitución Política, 171 y 172 del Decreto-Ley 1333 de 1986.

Así pues, se advierte que tanto las normas invocadas como violadas como el concepto de violación analizado en la sentencia del 12 de noviembre de 2012 por la Sala, difieren del marco planteado en la demanda objeto del presente proceso, toda vez que en esta oportunidad no se discute la legalidad del impuesto de teléfonos adoptado por el ente demandado, sino el cobro del tributo en la misma factura del servicio telefónico, para lo cual se han citado como normas transgredidas los artículos 14.9 y 147 de la Ley 142 de 1994 y 8º del Decreto 2223 del 5 de diciembre de 1996.

De otra parte, es necesario indicar que, contrario a lo sostenido por el Ministerio Público, los argumentos expuestos en el recurso de apelación si tienen relación con el análisis efectuado por el a quo, como pasa a explicarse.

En efecto, la decisión apelada tuvo como fundamento lo dispuesto en las normas superiores señaladas en la demanda y en el Concepto 0J-2005-145 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el que se señaló lo siguiente:

«Si bien la oficina jurídica de esta superintendencia en Concepto SSPD 2001130000005 dejó en claro que los conceptos a que hace referencia el artículo 148 de la Ley 142 no pueden ser distintos a los referidos a los servicios públicos o los inherentes a estos servicios, no es menos cierto que es la factura de servicios públicos domiciliarios el medio idóneo para cobrar los tributos que graven el servicio que se presta cuando éste haya sido definido como hecho generador» (resaltado y subrayado fuera de texto).

Con base en lo anterior, el a quo concluyó, entre otros aspectos, que «de lo evidenciado en el proceso, el demandado no demuestra el hecho generador sobre el referenciado acuerdo, puesto que éste debe obedecer a las circunstancias dadas por el legislador, y de lo visto en el acto acusado y lo manifestado en la defensa, no se vislumbra la autorización del legislador para establecer el hecho generador del tributo. En consecuencia al no haber un hecho generador, no es posible que se hable de cargar un tributo sobre la factura de servicio público, si este expresamente no lo ha otorgado el legislador»(2) (resaltado fuera de texto).

En esas condiciones, los argumentos expuestos por el ente demandado en el escrito de apelación pretenden desvirtuar el fundamento de la sentencia de primera instancia, en cuanto considera que si bien sería posible el cobro de impuestos en la misma factura del servicio telefónico, tal posibilidad no es válida para el impuesto de teléfonos, porque para el a quo dicho tributo carece de fundamentación legal para su imposición por parte del Concejo Distrital.

Pues bien, en este punto y de acuerdo con los términos del recurso de apelación, la Sala considera necesario reiterar su jurisprudencia y, en este caso concreto, las consideraciones de la sentencia del 21 de noviembre de 2012 que sirvieron de fundamento para mantener la legalidad de los artículos 1º a 5º del Acuerdo 28 de 2002, en tanto, si bien la legalidad del tributo no fue cuestionada por el demandante, este aspecto si hizo parte de los fundamentos del tribunal para soportar su decisión de acceder a las pretensiones de la demanda y, como se vio, son los que pretende atacar el ente demandado en el recurso de apelación.

En esa oportunidad, la Sala reiteró lo señalado en la sentencia del 9 de julio de 2009, expediente 16544, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, para concluir que el artículo 1º de la Ley 97 de 1915 y la Ley 84 de 1915, autorizan a los municipios y distritos para establecer el impuesto sobre teléfonos dentro del ámbito de su competencia. Y, de acuerdo con las facultades constitucionalmente conferidas, éstos pueden determinar directamente los elementos estructurales del tributo, como en efecto lo hizo el Concejo Distrital de Cartagena mediante el Acuerdo 28 de 2002.

También señaló la Sala en la sentencia del 21 de noviembre de 2012, que lo anterior resulta conforme con el criterio adoptado por la Corte Constitucional(3), que ha establecido que es admisible que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador, a saber: i) la autorización del gravamen y, ii) la delimitación del hecho gravado.

En esas condiciones, la Sección sostuvo que, en tanto que el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 autorizó a los municipios y distritos para establecer el impuesto sobre teléfonos, el Acuerdo 28 de 2002 cumple la primera de las exigencias antes referidas, esto es, contar con un autorización legal.

En cuanto al hecho generador del impuesto, según lo determinó esta Sala(4), pese a que el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 es genérico al expresar “impuesto sobre teléfonos”, es posible determinar el alcance de la disposición para establecer que el hecho gravado(5)se circunscribe, atendiendo a la época en que fue expedida la Ley 97 de 1913, “a los teléfonos que se conectaban en los domicilios de los habitantes de una determinada localidad”(6). Por consiguiente, se tiene por cumplida la segunda de las exigencias para que el Concejo Distrital de Cartagena estableciera el impuesto de teléfonos.

En conclusión, el acuerdo demandado, mediante el cual se establece el impuesto de teléfonos en el Distrito de Cartagena, fue expedido en uso de la potestad impositiva derivada tanto del artículo 287-3 como del 313-4 de la Constitución y de conformidad con la autorización legal prevista en el artículo 1º del literal i) de la Ley 97 de 1913, por lo cual resultaba ajustado a la ley que el ente municipal definiera los sujetos pasivos, la base gravable y la tarifa.

Así pues, contrario a lo sostenido por el tribunal en la sentencia objeto de apelación, el impuesto de teléfono cuenta con autorización legal del legislador.

Ahora bien, la Sala observa que el servicio de telefonía fija está definido en la Ley 142 de 1994 como un servicio público domiciliario(7) y su cobro, que corresponde a las entidades prestadoras del servicio, también está regulado en la citada ley y en las normas invocadas como violadas por el actor, así:

14.9. Factura de servicios públicos. Es la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos.

ART. 147.—Naturaleza y requisitos de las facturas. Las facturas de los servicios públicos se pondrán en conocimiento de los suscriptores o usuarios para determinar el valor de los bienes y servicios provistos en desarrollo del contrato de servicios públicos.

(…).

ART. 148.—Requisitos de las facturas. Los requisitos formales de las facturas serán los que determinen las condiciones uniformes del contrato, pero contendrán, como mínimo, información suficiente para que el suscriptor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley y al contrato al elaborarlas, cómo se determinaron y valoraron sus consumos, cómo se comparan éstos y su precio con los de períodos anteriores, y el plazo y modo en el que debe hacerse el pago.

En los contratos se pactará la forma, tiempo, sitio y modo en los que la empresa hará conocer la factura a los suscriptores o usuarios, y el conocimiento se presumirá de derecho cuando la empresa cumpla lo estipulado. Corresponde a la empresa demostrar su cumplimiento. El suscriptor o usuario no estará obligado a cumplir las obligaciones que le cree la factura, sino después de conocerla. No se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario.

Con base en las normas transcritas, el actor sostiene que en la factura del servicio público domiciliario de teléfono, «solo se informa y determina el valor de los bienes y servicios prestados y no impuestos»(8). Y para complementar su argumento en cuanto a la imposibilidad legal de que en las facturas se incluyan cobros de impuestos, transcribe el artículo 8º del Decreto 2223 de 1996, vigente para la época de expedición del acto acusado, que disponía lo siguiente:

ART. 8º—De los cobros no autorizados. Las empresas que presten servicios públicos domiciliarios, únicamente podrán cobrar tarifas por concepto de la prestación de dichos servicios y de aquellos de que trata la Ley 142 de 1994. En este último evento, previa celebración de convenios con este propósito.

En consecuencia, las empresas que presten los servicios públicos domiciliarios, no podrán incluir en la factura correspondiente cobros distintos de los originados en la prestación efectiva de los mencionados servicios, aunque existan derechos o conceptos cuyo cobro esté fundamentado en otras normas de carácter legal, salvo que cuenten con la autorización expresa del usuario (resaltado fuera de texto).

Para el demandante, el marco normativo transcrito permite concluir que el acuerdo acusado no puede determinar el impuesto de teléfonos como un cobro dentro de la factura del servicio público de telefonía fija. Al respecto, la Sala advierte que la interpretación dada por el actor a los artículos invocados como violados no se ajusta a la naturaleza legal o ex lege de la obligación tributaria del impuesto de teléfonos.

En efecto, aunque las disposiciones transcritas establezcan restricciones en el sentido de impedir que en las facturas se incluyan conceptos o cobros distintos a la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios, no puede entenderse, como lo pretende el actor, que tales limitaciones cobijen el cobro del impuesto al teléfono establecido en el respectivo ente territorial, máxime cuando el hecho generador está relacionado, con el «uso o asignación de la línea telefónica» que es el objeto de la prestación del servicio público de telefonía definido en la Ley 142 de 1994(9).

Debe precisarse que la obligación tributaria es «una relación jurídica nacida de la ley y que consiste en una prestación de dar, a favor del Estado y a cargo del particular, con el fin de atender las cargas públicas»(10).

En esas condiciones, los impuestos como una de las manifestaciones de la obligación tributaria, han sido descritos por la jurisprudencia y la doctrina, en términos generales, como prestaciones pecuniarias (i) que se cobran sin distinción a todo ciudadano que realice el hecho generador, (ii) que no guardan una relación directa e inmediata con un beneficio específico derivado para el contribuyente, (iii) que su pago no es opcional ni discrecional(11).

Como lo ha señalado la doctrina, el hecho generador de un tributo es «ese hecho hipotético establecido por la ley como un indicio o sistema de capacidad contributiva y cuyo acaecimiento u ocurrencia determina el origen de la obligación de pagar el tributo»(12). Ahora bien, la importancia del hecho generador radica en que determina dos aspectos: «el momento en que nace la obligación tributaria y la referencia a la norma reguladora de la obligación tributaria. Si la obligación tributaria tiene origen en la ley, entonces debe nacer cuando se realizan los presupuestos previstos en ella misma como condicionantes de la obligación. Al nacer en el momento en que se realizan los presupuestos legales, desde ese momento se debe registrar la obligación a cargo del sujeto pasivo y tomar en cuenta los demás factores jurídicos relativos a su exigibilidad y a la prescripción de las acciones para su determinación y para su cobro»(13) (resaltado fuera de texto).

En el caso concreto y según lo previsto en el acuerdo demandado que regula el impuesto de teléfono, se puede establecer que el elemento material u objetivo del hecho generador del tributo radica en «la asignación o uso de la línea o número de teléfono por parte de los usuarios de las empresas de telefonía», entonces, la «asignación o uso» de una línea o número telefónico constituyen las acciones descritas hipotéticamente por la norma como causantes de la obligación de pagar el tributo y que, en este caso, se revelan en la factura del servicio telefónico.

En ese contexto, el gravamen previsto en el Acuerdo 82 de 2002 en la jurisdicción del Distrito de Cartagena surge para los usuarios de las líneas telefónicas como una obligación pecuniaria inherente al servicio público domiciliario y de obligatorio cumplimiento; por tanto, hace parte integrante de su facturación, razón por la cual corresponde a la empresa prestadora del servicio realizar su recaudo en la misma factura, como lo disponen las normas demandadas.

La Sala insiste en que el impuesto es ante todo una prestación de forzoso cumplimiento cuya obligatoriedad proviene directamente del Acuerdo 28 de 2002, por tanto debe concluirse que el impuesto de teléfono que, como ocurre en este caso, fue adoptado por el Concejo Distrital de Cartagena, en uso de sus facultades constitucionales y legales, no puede considerarse como un cobro independiente del hecho generador que le da nacimiento a la prestación.

Debe advertirse que aunque la demandada, en su contestación, sostuvo que el cobro del impuesto de teléfonos podía realizarse de manera separada a la factura del servicio telefónico, no aportó prueba de que así se cobrara el tributo, razón por la cual el análisis de legalidad propuesto se atiene al tenor literal de lo dispuesto en las normas acusadas que claramente disponen que el cobro del tributo se debe hacer en la misma factura, en la que debe incluirse un renglón correspondiente al impuesto de teléfonos.

Además de las anteriores razones, se observa que el artículo 148 de la Ley 142 de 1994, invocado en la demanda, restringe el cobro de «servicios no prestados, tarifas ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario». Sin embargo, en ninguna de esas prohibiciones señaladas en la disposición podría entenderse incluidos los impuestos.

Lo anterior, porque el impuesto del teléfono, no es un servicio ni tampoco es una «tarifa», esta última debe ser entendida dentro del campo de aplicación de la normativa que regula la Ley 142 de 1994 que se refiere a los servicios públicos, los cuales, de conformidad con el artículo 367 de la Constitución Política se rigen por «tarifas o precios públicos» que tienen un origen contractual, porque nacen de la voluntad de obligarse, lo que las hace diferentes de los tributos, además, su cuantía está determinada por la recuperación de los costos y la previsión de una utilidad en función de factores como la cobertura, calidad y financiación.

Por último cuando la norma se refiere a que no se pueden cobrar «conceptos diferentes a los previstos en el contrato de condiciones uniformes», tal limitación no puede cobijar a los impuestos, como se explicó, por el origen legal y de forzoso cumplimiento de la normativa que impone el impuesto de teléfonos, esto último se hace extensivo a lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 2223 de 1996, amén de que el impuesto de teléfono no puede quedar sujeto a la autorización expresa del usuario para su cobro en la factura respectiva.

La Sala entiende que las disposiciones legales y reglamentarias invocadas como violadas pretenden impedir que en las facturas de los servicios públicos domiciliarios se incluyan conceptos ajenos a los servicios definidos como servicios públicos domiciliarios en la Ley 142 de 1994, es decir, que no tengan relación directa con el servicio, por ejemplo, cuotas de financiación por adquisición de otros bienes y servicios ofrecidos a los clientes usuarios de la respectiva empresa(14).

Tal interpretación encuentra sustento en la modificación introducida por el artículo 1º del Decreto 828 de 2007 al artículo 8º del Decreto 2223 de 2006, que estableció lo siguiente(15):

“ART. 8º—De los cobros no autorizados. Las empresas que presten servicios públicos domiciliarios, únicamente podrán cobrar tarifas por concepto de la prestación de dichos servicios y de aquellos de que trata la Ley 142 de 1994. En este último evento, previa celebración de convenios con este propósito.

En consecuencia, las empresas que presten los servicios públicos domiciliarios, no podrán incluir en la factura correspondiente cobros distintos de los originados en la prestación efectiva de los mencionados servicios, aunque existan derechos o conceptos cuyo cobro esté fundamentado en otras normas de carácter legal, salvo que cuenten con la autorización expresa del usuario.

Cuando el usuario lo requiera, podrá cancelar únicamente los valores correspondientes al servicio público domiciliario, para lo cual deberá dirigirse a las oficinas de la respectiva empresa o entidad o a los puntos donde aquellas realizan sus operaciones comerciales, con el fin de que se facilite la factura requerida para pago de dichos valores.

Las entidades y empresas que pretendan incluir en las facturas de servicios públicos cuotas derivadas de créditos otorgados a los usuarios, deberán garantizar las facilidades que permitan al usuario en todo caso cancelar la tarifa correspondiente al servicio público sin que en ningún caso se generen cobros adicionales por dicha gestión. La empresa no podrá suspender el servicio público por el no pago de conceptos diferentes al directamente derivado del mismo.

El valor de las cuotas derivadas de tales créditos deberá totalizarse por separado del servicio público respectivo de modo que quede claramente expresado cada concepto. Las deudas originadas de obligaciones diferentes al pago de servicios públicos no generarán solidaridad respecto del propietario de inmueble, salvo que este así lo haya aceptado en forma expresa” (resaltado fuera de texto).

Ahora bien, en cuanto al Concepto 145 de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos sobre el tema objeto de análisis(16) y que fue citado por el a quo en su sentencia, debe tenerse en cuenta que la entidad aceptó que «es la factura de servicios públicos domiciliarios el medio idóneo para cobrar tributos que graven el servicio que se presta cuando éste haya sido definido como hecho generador», pero no puede desconocerse que, para la época en que fue expedido dicho concepto, esta Sección(17) consideraba que las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 autorizaron el impuesto de teléfonos «pero sin dar ninguna referencia, pauta o directriz que le permitiera a estos entes determinar alguno de los elementos del tributo. El mencionado artículo no indica cuál es el hecho generador del impuesto de teléfonos; Tampoco señala los sujetos pasivos, ni fija alguna pauta que permita identificarlos. En cuanto a la base gravable o las tarifas, no puede verificarse algún tipo de directriz».

Sin embargo, como se explicó, el criterio actual de la Sala es que, a partir de la autorización conferida por la Ley 84 de 1915, los municipios pueden establecer el impuesto de teléfonos y que el hecho generador previsto en la Ley 97 de 1913 no es ambiguo si se atiene a su tenor literal, al respecto esta Sección(18) precisó:

“Y si bien el precepto mencionado resulta genérico al expresar “impuesto sobre teléfonos”, es posible determinar el alcance de la disposición para establecer que el hecho gravado(19) se circunscribe, atendiendo a la época en que fue expedida la Ley 97 de 1913, “a los teléfonos que se conectaban en los domicilios de los habitantes de una determinada localidad”(20).

Aunque no existe una definición legal de “teléfono” se puede entender en su sentido natural y obvio (C.C., art. 28), por lo que esta Sala concluye que, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional(21), la descripción del hecho gravado no conduce a que en las expresiones utilizadas por la norma se presente “ambigüedad o confusión” o que la falta de claridad sea “insuperable” que haga imposible entender el sentido y alcance de las disposiciones, de conformidad con las reglas generales de la hermenéutica jurídica.

Justamente puede advertirse que en el acuerdo demandado se define el hecho generador como “la asignación o uso del servicio de línea o número de teléfono urbano, por los usuarios de las empresas de teléfonos establecidas en el municipio de Manizales”, lo que permite inferir que la interpretación literal de la norma superior coincide con lo señalado en el acto acusado y descarta así que exista imprecisión o vaguedad en el mencionado elemento del impuesto”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala reitera lo expuesto en la sentencia del 21 de noviembre de 2012, en cuanto a que el hecho generador del impuesto de teléfono adoptado por el Concejo Distrital de Cartagena corresponde a lo establecido por la Ley 97 de 1913 y, por tanto, el servicio telefónico prestado en dicho ente territorial está gravado con el tributo en cuestión, cuyo cobro como está previsto en los artículos demandados en la misma factura del servicio telefónico, no viola las normas invocadas en la demanda.

Por lo anterior, prospera el recurso de apelación interpuesto por la demandada. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 22 de julio de 2011 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar:

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.»

(2) Folio 110.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-035 del 27 de enero de 2009, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(4) Op. cit., sentencia del 9 de julio de 2009.

(5) “El hecho generador de los tributos es el presupuesto de hecho o el conjunto de circunstancias cuya ocurrencia o configuración es considerada expresamente por la ley como fuente de la obligación frente al Estado”. Sentencia de septiembre 11 del 2006, expediente 15344, C.P. Dra. Ligia López Díaz.

(6) Sentencia de 15 de octubre de 1999, expediente 9456, C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo.

(7) Ley 142 de 1994, artículo 14. Definiciones. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: (…) 14.21. Servicios públicos domiciliarios. Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible, tal como se define en este capítulo.

(8) Folio 2.

(9) Ley 142 de 1994. 14.26. Servicio público domiciliario de telefonía pública básica conmutada. Es el servicio básico de telecomunicaciones, uno de cuyos objetos es la transmisión conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada con acceso generalizado al público, en un mismo municipio. También se aplicará esta ley a la actividad complementaria de telefonía móvil rural y al servicio de larga distancia nacional e internacional. Exceptúase la telefonía móvil celular, la cual se regirá, en todos sus aspectos por la Ley 37 de 1993 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyen.

(10) Bravo Arteaga, Juan Rafael. Nociones Fundamentales de Derecho Tributario. Bogotá: Legis, 3ª ed. pág. 191.

(11) C-927 de 2006.

(12) Definición de José Luis Pérez Ayala citada en Cusgüen Olarte, Eduardo. Manual de Derecho Tributario. Bogotá: Leyer. 5ª ed. pág. 75.

(13) Bravo Arteaga, Juan Rafael. Nociones Fundamentales de Derecho Tributario. Bogotá: Legis, 3ª ed. pág. 239.

(14) En ese sentido se pronunció, la Sección Quinta en sentencia del 3 de marzo de 2005, ACU-2004-01868, M.P. Dra. Nohemí Hernández Pinzón en relación con el cobro que una empresa de servicios público de energía hacía a los usuarios por la financiación de electrodomésticos, consideró que: «Ahora bien, el marco normativo que antecede permite concluir a la Sala que tanto la ley como el contrato de condiciones uniformes permiten a la empresa demandada incluir en la factura el cobro de valores distintos al servicio de energía, como lo son las cuotas de financiación por adquisición de otros bienes ofrecidos a los clientes usuarios del servicio de energía, siempre que: a) los clientes así lo autoricen; b) el valor ajeno al servicio público se totalice por separado; y, c) la empresa no suspenda o corte el servicio de energía por el no pago de tales conceptos».

(15) Los apartes subrayados corresponden a los incisos que adicionó el Decreto 828 de 2007 al artículo 8º del Decreto 2223 de 1996.

(16) La consulta que se elevó en esa oportunidad ante la entidad, consistía en «determinar si la empresa de servicios públicos de Cocorná puede cobrar en la factura de los servicios el impuesto sobre teléfonos que aprobó el concejo municipal».

(17) Sentencia de 9 diciembre de 2004, expediente 14453, M.P. Dra. Ligia López Díaz.

(18) Sentencia del 9 de julio de 2009, expediente 16544, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño.

(19) “El hecho generador de los tributos es el presupuesto de hecho o el conjunto de circunstancias cuya ocurrencia o configuración es considerada expresamente por la ley como fuente de la obligación frente al Estado”. Sentencia de septiembre 11 de 2006, expediente 15344, C.P. Dra. Ligia López Díaz.

(20) Sentencia de 15 de octubre de 1999, expediente 9456, C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo.

(21) C-253-1995, C-488 de 2000 y C-121 de 2006.