Sentencia 2004-02374 de abril 9 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 25000232600020040237401 (36759)

Actor: Miryam Patricia Salcedo Pineda

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de reparación directa

Tema: Falla en el servicio de la administración de justicia

Subtema 1: Capacidad para ser parte

Subtema 2: Daño antijurídico

Subtema 3: Error judicial

Sentencia.

Sentencia. Confirma

EXTRACTOS: «III. CONSIDERACIONES

La Sala procede a dictar sentencia de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo(14), y teniendo en cuenta que no se evidencia causal de nulidad que invalide lo actuado o que impida resolver de fondo el asunto.

3.1. De la capacidad para ser parte y para comparecer al proceso.

En la sentencia de primera instancia el a quo dispuso que no haría análisis respecto a las actuaciones del Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá porque la parte activa de la litis no presentó su demanda contra la Rama Judicial. La parte demandante expuso en el recurso de apelación su inconformidad contra ese argumento de la primera instancia.

La Sala al revisar el expediente evidencia que la parte dirigió la demanda contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y así fue admitida. Sin embargo, tanto en el libelo inicial como en los demás escritos que presentó la accionante a lo largo del proceso, ésta imputa responsabilidad a la Nación por las actuaciones surtidas por la Rama Judicial en el curso del proceso civil seguido ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá.

Por lo anterior, la Sala considera necesario establecer si es posible entrar a estudiar las actuaciones de la Rama Judicial en este caso, para lo cual debe precisar en primer lugar, que una cosa es la capacidad para ser parte, y otra distinta la representación de quien tiene la condición de parte y la capacidad para comparecer al proceso. Para el efecto, es válido recordar lo dicho por esta Corporación en la providencia que unificó jurisprudencia en relación con la representación judicial de la Fiscalía General de la Nación, antes y después de la entrada en vigor del artículo 49 de la Ley 446 de 1998, en la que dijo:

Por un lado, la capacidad para ser parte hace referencia a la posibilidad de ser sujeto de la relación jurídico-procesal, esto es, constituir uno de los dos extremos de la litis, a saber, demandante o demandado. Esta condición proviene de la capacidad jurídica que se le atribuye a la personalidad, en otras palabras, la que tienen las personas, naturales, jurídicas o las ficciones habilitadas por la ley (v.gr. art. 2º Ley 80 de 1993), para ser parte de cualquier relación jurídica. Así pues, la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, llamada capacidad de goce, es el género de la capacidad para ser parte en el proceso, que no es más que una especie de aquélla.

Así las cosas, es claro que la categoría que subyace al concepto de capacidad para ser parte es la de la personalidad jurídica(15) o de una habilitación legal expresa, por cuanto a partir de ella se erige la capacidad como uno de sus atributos principales, por ende, en principio, son las personas las únicas que pueden ser parte del proceso. En igual sentido, la doctrina comparada más autorizada sostiene:

“La capacidad para ser parte es la proyección, en la esfera procesal, de la capacidad jurídica. Será, por tanto, la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal.  

“La capacidad para ser parte va unida a la condición de persona. Toda persona tiene capacidad jurídica y, por tanto, para ser parte. (...) Todo hombre, por el hecho de serlo, es persona. La capacidad para ser parte acompaña al hombre desde su nacimiento hasta su muerte.  

“Las personas jurídicas —públicas y privadas— desde el momento que adquieren tal carácter tienen capacidad para ser parte. La condición de parte se atribuye a la persona, no a sus órganos. De aquí que es impropio, al referirse a la administración pública, decir que es parte ‘la autoridad’ que dictó el acto. Será parte la persona jurídica pública —Estado, provincia, municipio, entidad institucional— a que pertenece el órgano de que proviene el acto que dio lugar al proceso. Otra cosa será el órgano al que se otorga competencia para intervenir en el proceso a nombre de la entidad pública que es parte.”(16) (Se destaca)  

En este orden de ideas, en lo que se refiere al proceso contencioso administrativo, se pueden constituir como partes, las personas jurídicas de derecho público, pues su capacidad para ser parte del proceso proviene de su personería jurídica, a contrario sensu, las entidades u órganos que carecen de tal atributo no pueden ser parte procesal, salvo que exista una ley que autorice de manera expresa su habilitación procesal (v.gr. entidades señaladas en el art. 2º de la L. 80/93).

Asimismo, la doctrina ha señalado que, en tratándose de las entidades de derecho público, sólo aquellas que tengan personería jurídica pueden constituirse como partes en el proceso contencioso administrativo, así:

“Tienen capacidad jurídica y procesal para comparecer en juicio contencioso administrativo, como parte demandada, las siguientes personas:  

“a) Por medio de sus representantes legales, las personas jurídicas de derecho público, o sea, la Nación, las unidades administrativas especiales y las superintendencias con personería jurídica, las empresas sociales del Estado (ramo de salud), las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, los institutos científicos y tecnológicos, las sociedades públicas (L. 489/98), las universidades oficiales, los departamentos, el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, los distritos especiales como Barranquilla o Cartagena, las áreas metropolitanas, los municipios, las asociaciones de municipios, los establecimientos públicos de los distintos órdenes, y, por excepción las empresas industriales y comerciales del Estado en cuanto se trate de actos o de contratos relacionados con el ejercicio de funciones administrativas y las sociedades de economía mixta con régimen de empresa industrial y comercial del Estado, en cuanto también ejerzan en un momento determinado función administrativa. (...)”(17)

En este sentido, se reitera, los órganos que hacen parte de las ramas del poder público y, en general, todos aquellos que no tengan personería jurídica propia no pueden ser parte del proceso contencioso administrativo. Ahora bien, desde esta perspectiva, podrían surgir interrogantes como: ¿Qué ocurre con los perjuicios ocasionados por un órgano que carece de personería jurídica? ¿A quién se le imputa, procesalmente, ese daño?  

Como ha quedado expuesto, las personas, por regla general(18), pueden ser parte en el proceso, y por ende, cuando se está en presencia de hechos que se dirigen a uno de los órganos del Estado, carentes de personería, el daño debe ser imputado a la persona jurídica de la que aquél hace parte, que en muchos casos es la Nación, que es la persona jurídica de derecho público por antonomasia.

Esta línea de pensamiento es compartida por la doctrina al precisar:

“Debe observarse que no es de recibo, y ello puede conducir a que los jueces administrativos inadmitan la demanda o se abstengan de fallar en el fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, accionar, por ejemplo, contra el senado de la República, o la Cámara de Representantes, o la Procuraduría General de la Nación, o tal o cual ministerio, departamento administrativo o superintendencia, que no tienen personería jurídica, pues ella la tiene es la Nación; por tanto, lo indicado es promover la demanda contra la Nación —ministerio, departamento administrativo o superintendencia X—, o contra la Nación —Rama Legislativa, Congreso de la República, Senado de la República o Cámara de Representantes—, o contra la Nación – Rama Judicial, dirección ejecutiva de administración judicial, o contra la Nación – Procuraduría General de la República, o Contraloría General de la Nación (sic), o Fiscalía General de la Nación; o contra el departamento X —secretaría o departamento administrativo Y—; o contra el distrito capital o especial, o el municipio X —secretaría o departamento administrativo Z—.  

“Por el contrario, cuando se trata de demanda contra una entidad descentralizada de cualquier orden, la demanda se dirige directamente contra ella pues tienen personería jurídica independientemente, y no contra la Nación, el departamento, el distrito o municipio del cual forman parte”.5 (Negrillas fuera de texto)”(19)

Visto lo anterior, tenemos que en este caso la parte demandante dirigió sus pretensiones contra la persona jurídica involucrada en los hechos generadores del presunto daño y que es quien ostenta la condición y capacidad de parte en el proceso –la Nación, independientemente del órgano que lo represente.

En segundo lugar, corresponde precisar que esta condición de parte tiene relación directa con la legitimación en la causa. Esta Corporación precisó en cuanto al tema de la legitimación en causa entendida esta en relación con la capacidad para ser parte, lo siguiente:

(...) La legitimación en la causa por pasiva, en el proceso contencioso administrativo, necesariamente debe entenderse a la luz del concepto de capacidad para ser parte. En otros términos, la falta de legitimación por pasiva sólo puede predicarse de las personas que tienen capacidad para ser parte en el proceso, y no de los órganos o de los representantes de éstos que acuden al proceso en nombre de la persona jurídica de derecho público. Así, es claro que en los casos en los que se demanda a la Nación, pero ésta no estuvo representada por el órgano que profirió el acto o produjo el hecho, sino por otra entidad carente de personería jurídica, no se está en presencia de falta de legitimación en la causa, sino de un problema de representación judicial.  

Desde esta perspectiva, por el contrario, estamos ante un problema de falta de legitimación en la causa, cuando se demanda a una persona de derecho público en particular, verbigracia la Nación, y quién debió ser demandado era otra persona, entiéndase un municipio, un departamento u otra entidad pública con personería jurídica.  

Mutatis mutandi, cuando se demanda a la Nación por un perjuicio causado por la Fiscalía General de la Nación, y aquélla acude al proceso representada por la Rama Judicial, esto es, el Director Ejecutivo de la Administración Judicial, no estamos ante un problema de falta de legitimación por pasiva, que conllevaría a una sentencia que no resuelve sobre el fondo del asunto, sino ante uno de representación judicial de la Nación, que es la persona que hace parte de la relación jurídico-procesal, debido a el actuar de uno de su órganos. Y es importante delimitar estos campos porque las consecuencias son diferentes, pues mientras que la falta de legitimación en la causa, conlleva, en la práctica, a la negación de lo deprecado, la indebida representación configura una nulidad saneable. 

Se reitera que el obligado a reparar los daños es la Nación porque es la persona jurídica que tiene capacidad para ser sujeto tanto de la relación jurídico-sustancial como de la jurídico-procesal, cuestión diferente es quién la representa, que es la materia regulada por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998. 

Aplicando lo dicho por la jurisprudencia, en este proceso se demanda a la Nación por un perjuicio que se endilga tanto a las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación como a las de la Rama Judicial, y aquella acudió al proceso representada por la Fiscalía, esto es, por el fiscal, no estamos entonces ante un problema de falta de legitimación por pasiva, que conlleve a una sentencia que no resuelve sobre el fondo del asunto, sino ante uno de representación judicial de la Nación, que es la persona que hace parte de la relación jurídico-procesal, debido a el actuar de uno de sus órganos. En esos términos, como en este caso la accionante presentó la demanda contra la persona jurídica —Nación— que ostenta la condición de parte y en su encabezado la enfiló contra la Fiscalía General de la Nación, pero en el cuerpo del escrito además de imputar responsabilidad al ente investigador también enrostró error judicial a las actuaciones de la Rama, el que se analice la imputación a la demanda a partir de las actuaciones ejecutadas por la Rama Judicial —órgano de la persona jurídica contra el que no se enfiló la demanda en su encabezado—, no conlleva a que no se pueda resolver de fondo el asunto, como sí ocurriría de no haberse demandado a la persona jurídica —Nación—.

Ahora, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo cuando hizo el primer pronunciamiento unificado sobre el problema aquí planteado, al resolver un conflicto de competencias entre la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, planteó que la persona jurídica llamada al proceso y con capacidad para ser parte era la Nación, y lo que ocurre cuando el daño lo inflige uno u otro órgano —llámese Rama Judicial o Fiscalía General de la Nación—, es que, corresponde entonces establecer cuál es el presupuesto que va a verse afectado con la eventual condena, toda vez que los dos órganos tienen autonomía administrativa y presupuestal. En esa ocasión el Consejo de Estado manifestó:

“Ahora bien, una es la representación judicial —que hoy en día tiene la dirección ejecutiva de la administración judicial— y otra muy distinta, la capacidad para responder pecuniariamente.  

“Con la Constitución de 1991 la Fiscalía General de la Nación fue dotada de autonomía administrativa y presupuestal, de tal forma que maneja sus recursos separadamente del presupuesto que gobierna el Consejo Superior de la Judicatura, conteniendo un rubro de sentencias judiciales. 

“Aparte de lo anterior, la ley le otorga responsabilidad en estos eventos al Fiscal General de la Nación, según lo ordena el numeral 5º del artículo 17 del Decreto 261 de 2000, Estatuto que modificó la estructura y funciones de la Fiscalía:  

‘ART. 17.—El Fiscal General de la Nación tiene la representación de la entidad frente a las autoridades del poder público así como frente a los particulares y además de las funciones especiales otorgadas por la Constitución Política, tiene las siguientes funciones generales:  

“(...) 

‘5. Ser vocero y responsable por las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación ante los demás estamentos del Estado y de la sociedad’.

“En el mismo sentido estaba el numeral 4º del artículo 22 del Decreto 2699 de 1991, subrogado por la norma transcrita. 

“En el caso que nos ocupa está probado que la autoridad que infligió el daño fue la Fiscalía General de la Nación al ordenar injustamente la privación de la libertad de la señora Anatilde Santiago de Contreras y toda vez que el presupuesto de esta Entidad es diferente del que tiene a su cargo el Consejo Superior de la Judicatura, los rubros que deben afectarse para reponer el daño causado son los de la Fiscalía General de la Nación y no los de la dirección ejecutiva de administración judicial”.

Es así que, aunque la demandante en estricto sentido no dirigiera la demanda contra la Rama Judicial como órgano de la persona jurídica Nación, ello no es óbice para que la Sala estudie el asunto también en relación con las actuaciones de este órgano, toda vez que de lo expuesto en el libelo con facilidad se puede deducir la inconformidad con la decisión proferida por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso por plagio, adelantado por la demandante contra Producciones TV Cine S.A., que negó las pretensiones de la demanda. Inconformidad que además reafirma en todos los escritos que presentó y que tiene como fundamento el presunto error judicial en que habría incurrido el juez civil al no valorar las pruebas que se aportaron al proceso y en darle credibilidad a documentos y testimonios, que, en su sentir, eran falsos. Resolver este punto desde otra perspectiva, implica un exceso de formalismo que iría en contravía al derecho de acceso a la administración de justicia y desconocer que la indebida representación, que se generara en este caso, es una causal de nulidad que la persona jurídica demandada no alegó, y que quedó saneada conforme a lo establecido en el numeral 7º del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

Por consiguiente, para la Sala estas son razones por demás suficiente para entrar a estudiar en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 270 de 1996 para que se configure el error judicial; en segundo lugar y de ser necesario, la imputación a la demandada a partir de las actuaciones de la Rama Judicial para que, de encontrarse probada, la Sala se ocupe del tema presupuestal por la eventual condena.

3.1(sic). Sobre la prueba de los hechos.

Los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, de acuerdo con el artículo 90 Superior, son, el daño antijurídico y la imputabilidad de éste a la autoridad pública.

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la demandante en la afectación a su patrimonio —porque se vio privada de recibir la indemnización en el proceso verbal por plagio, dado que la decisión fue injustamente adversa a sus pretensiones—, así como el sufrimiento padecido por más de 11 años por la pérdida de su imagen periodística y profesional, la estigmatización de su nombre; situación que le ha originado trastornos de salud, psicológicos, baja estima sumado a su inactividad laboral, toda vez que ningún medio de comunicación quiere contratar sus servicios. Todo ello en razón a que adelantó ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá un proceso verbal contra Producciones TV CINE S.A. —por plagio—, en el que el primero (1º) de marzo de dos mil uno (2001) se profirió sentencia contraria a las pretensiones de la demandante, así como a que en las investigaciones penales adelantadas a raíz de las denuncias penales por prevaricato, falsedad y fraude procesal, se profirieron decisiones que no favorecieron a la denunciante, por cuanto las investigaciones fueron archivadas. Actuaciones todas estas que, en el sentir de la demandante, son constitutivas de error judicial.

Los hechos en los que concretó la parte actora el daño antijurídico y la imputación a la demandada, pretende acreditarlos con los siguientes documentos que, a juicio de la Sala son relevantes para la decisión que será adoptada en la sentencia:

1. Copia de la demanda civil que presentó Miryam Salcedo contra la Productora TVCINE S.A., el veintidós (22) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995), por plagio tipificado al sacar al aire sin su consentimiento un programa basado en el mismo formato y dirección del programa “APLAUSOS” que ella dirigía en la cadena radial TODELAR. (Rad. 20339-1995)

2. Copia de la sentencia proferida por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso radicado número 20339-1995, dictada en el curso de la audiencia celebrada el primero (1º) de marzo de dos mil uno (2001)(20), que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora con fundamento en que:

“(...) En este preciso caso no aparece prueba evidente del error de conducta en que incurriera la demandada al emplear para su programa de televisión el nombre “APLAUSOS”, si bien es cierto está establecido aquí que el empleo de esa denominación ocurrió en momentos en que era distintivo de un programa de radio emitido por la demandante, no ha de ignorarse que ese sólo acontecer no prueba culpa ninguna, pese a que esta expresión gramatical tuviera la protección legal advertida aquí, pues ese concepto no traduce una directa presunción de culpa en el tercero que la emplee, sino que hace posible el ejercicio de condigna acción indemnizatoria, caso en el cual se coloca en la obligación de probar que el tercero incurrió en culpa al usar la expresión literal protegida; y esto porque la protección consagrada en la Ley 23 de 1982 está dada es para el nombre de la obra, dándole un sentido de pertenencia inherente a la obra de su autor. (...) V. CONCLUSIONES: Siguiendo el efecto jurídico de estas apreciaciones es inobjetable concluir que no habiéndose probado la culpa de la demandada en la eventual causación del daño reclamado por la demandante, se releva el juzgado de toda ocupación referencia a la analítica de los otros elementos de la acción indemnizatoria, pues la pretensión económica dada a conocer en el demandatorio fracasa, de donde resulta irrelevante cualquier examinación de la objeción que contra el experticio producido en autos le endilgara la demandante, imponiéndose una resolución integralmente negativa del petitum, sin necesidad de examinar, por obvias razones, lo correspondiente a las excepciones de mérito propuestas por la demandada, condenando a la actora al pago de las costas del proceso a favor de aquella. VI DECISIÓN DE PRIMER GRADO. Por mérito de lo dicho, el JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., Administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, resuelve: 1. SE NIEGA en su integridad el petitum de la demanda (...)”.

3. Copia del recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión; Copia del auto proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Civil de Decisión del ocho (8) de mayo de dos mil uno (2001), que admitió el recurso(21); Copia del recurso de recurso de súplica presentado por el apoderado judicial de Producciones TVCINE S.A., contra la providencia que había admitido el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia; Copia del proveído del diecinueve (19) de junio de dos mil uno (2001)(22), que revocó el auto por medio del cual se había admitido el recurso de apelación y en su lugar, inadmitió el recurso propuesto por la demandante con fundamento en que el mismo había sido presentado por fuera de la audiencia del fallo, en el que argumentó lo siguiente:

“(...) el escrito contentivo se allegó el 05 de marzo del año actual, cuando aquella, se recuerda, se había realizado el día 01 del mismo mes y año. Entonces, la Sala Dual en la perspectiva de establecer el momento para interponer el recurso de apelación en procesos como éste, desde un principio ha de decir que esa oportunidad está determinada para la audiencia de fallo exclusivamente, sin que exista manera de aceptar otra forma de hacerlo, pues las normas que hablan en este sentido son extremo claras.  

En efecto: 

4.1 Prescribe el inciso 1º del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil que en el caso en que la providencia a impugnar se dicte en audiencia o diligencia, el recurso de apelación deberá proponerse en forma verbal, “... inmediatamente se profiera...” de manera que el Juez resolverá sobre su procedencia al final de las mismas. 

4.2 Acompasa la anterior disposición con lo dispuesto en el parágrafo 6º. In fine del artículo 432 ib., pues al referirse a la apelación o consulta del fallo proferido en primera instancia dentro de procesos verbales, señala que en “... la audiencia en que se profiera la sentencia se resolverá sobre la apelación o la consulta si fuere el caso...”. 

Las disposiciones en referencia no dejan duda que la apelación en este tipo de procesos debe instaurarse en la audiencia de fallo, de suerte que aplicando esta elemental noción al caso sub examine se tiene que el interpuesto lo fue extemporáneamente, pues al romper se observa que la recurrente no asistió a la mencionada audiencia, dejando de lado la oportunidad para impugnar el fallo. (...)”. 

4. Copia de la denuncia penal presentada por Salcedo Pineda(23) (Rad. 514518-00) y de la ampliación presentada el cinco (5) de marzo de dos mil uno (2001)(24), contra algunos sujetos procesales que participaron en el citado proceso civil y contra auxiliares de la justicia, escrito en el que se evidencia que la denuncia presentada inicialmente, data del diecisiete (17) de octubre de dos mil (2000).

5. Copia de la decisión proferida por la Fiscalía 96 de la Unidad de Delitos Contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, Resolución del siete (7) de mayo de dos mil dos (2002)(25), en la que resolvió: i) Precluir la investigación adelantada en contra de Cesar Augusto Ramírez Corzo, Javier Erazo López y Rosa Reley González; ii) Declarar la prescripción de los delitos de Injuria, Calumnia, Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero y Falso Testimonio; iii) Declarar la inexistencia de los delitos de fraude procesal y prevaricato; iv) proseguir la investigación por el delito de falsedad documental en contra de Franklin Ospina, Tulio Cárdenas, Raúl Honorio Lemus y Libia Teresa Rodríguez; v) Revocar la parte civil admitida y reconocida a favor de la señora Myriam Patricia Salcedo y vi) Dejar sin efectos la vinculación como terceros civilmente responsables de TEVECINE S.A. y producciones C.A.R. C. y CIA LTDA, con fundamento en lo siguiente:

“(...) 

Retomando las acusaciones formalmente hechas por la denunciante podemos sintetizarlas así:  

1. Al señor César Augusto Ramírez le indilga la comisión del delito de Falso testimonio por la versión rendida ante el Juzgado Civil del Circuito y el delito de falsedad en Documento Privado. 

Sobre estas conductas encontramos: Falso testimonio: se encuentra previsto y sancionado en el artículo 172 del Código Penal de la anterior legislación (D. 100/80) en cuya vigencia supuestamente se cometió, fijando una pena de prisión de uno a cinco años como se afirma se cometió en la declaración dada el día 13 de noviembre de 2006, a la fecha ha transcurrido un tiempo superior a los cinco años de donde se desprende que ésta conducta se encuentra prescrita y por lo tanto no puede continuarse la investigación al respecto.  

En cuanto al delito de falsedad en documento privado —que quiere no solo la falsedad del documento sino su uso—, encontramos que no se estructura por cuanto no fue el señor Ramírez quien uso los documentos cuestionados, sino que los mismos provinieron de la información aportada a los peritos por TEVECINE. Al no existir relación directa entre el señor Ramírez y el proceso civil por Plagio, ningún interés lo asistía para proporcionar al dictamen documentos apócrifos, y de hecho no lizo, luego de precluirse la investigación en su favor por estar demostrado que él no cometió tal ilicitud, esto, en el caso de que se hubiera cometido.  

2. Sobre los peritos pesan los cargos por los punibles de Fraude procesal y prevaricato.  

En la primera de la conducta (sic) es menester decir que no se configuró en la medida en que el dictamen no fue base de ninguna decisión judicial. En efecto, en la sentencia proferida por el Juzgado 29 civil del Circuito de Bogotá se estipula que no hubo culpa de la parte demandada y por ende niega las pretensiones de la demandante. Es más, hasta desestima la objeción presentada al peritaje efectuado por los Drs. Erazo y Herleí González pues no resulta pertinente para los fines del fallo. Por lo tanto, debe precluirse la investigación a favor de los procesados por éstos hechos dad la inexistencia del delito.  

Para efecto de la ley penal se cuentan como servidores públicos los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria y en éste sitio se hallan los peritos auxiliares de la justicia, por lo tanto, son susceptibles de cometer el delito de Prevaricato atendiendo a que es un delito que requiere de un sujeto activo calificado.  

En el caso que nos ocupa tal conducta se indilga por el supuesto pronunciamiento “amañado” del dictamen contable rendido, basado según la denunciante en omisiones de documentos pertinentes para la pericia, documentos falsos y errores aritméticos: “tienen errores que un contador profesional no pasaría por alto” – Igualmente indicó la denunciante en el literal A del punto 10 de su queja que Inexplicablemente ellos solo tuvieron en cuenta para su peritazgo la información suministrada por TEVECINE.  

Lo primero a señalar es que necesariamente los peritos debían basar su concepto en los documentos hallados en la sede de la Contabilidad de TEVECINE, y sobre ellos estructurar su informe bajo la presunción de la legalidad de los documentos suministrados, no les correspondía investigar su legitimidad pues para ello existen otros órganos del estado como lo es la Fiscalía. 

Si nos atenemos a los puntos esgrimidos para objetar el dictamen presentado en el año 1996 por los peritos, se constituye forzosamente que los posibles errores surgieron de la supuestamente falsa información suministrada por los contadores de TEVECINE, o por la ausencia de documentos importantes no suministrados por esa programadora o por errores aritméticos, es decir en ningún momento existen elementos de juicio para afirmar que tal dictamen fue “contrario a la ley” como lo exige la norma en cita. Vale la pena también mencionar que la denunciante ha sido insistente en afirmar que los documentos base de tal concepto eran falsos, y si lo anterior es cierto —se está investigando lo pertinente—, necesariamente ha de concluirse que los procesados no podía cometer ese punible en la medida en que solo analizaron CONTABLEMENTE los documentos presentados por la productora TEVECINE, lo que constituye un nuevo motivo para precluir en su favor la investigación por no estructurarse el delito en cita.  

3. Respecto de los funcionarios de la Productora TEVECINE se pregonan ilícitos tales como calumnia, injuria los cuales desprende la denunciante —según su memorial obrante a folio 10 del cuaderno de anexos “audiencias interrogatorios de parte”— del memorial mediante el cual contesta la demandada la acción civil. De otra parte involucra la falsedad en documentos privados y públicos según dice por la información contable dada a los peritos designados y que básicamente se precisa en memorial de objeción al dictamen.

También se señala que las citadas personas cometieron el ilícito de falsedad para obtener prueba de hecho verdadero y Fraude Procesal pues obtuvieron un fallo a favor engañando al Juez, o como mejor lo anota la representante de la parte civil en su último memorial....”el cual se basó en los alegatos y en la sentencia respecto a los falsos trámites de TEVECINE para reservar el mentado nombre, de esta manera considero que hubo engaño al Funcionario para que se profiera un fallo diferente al que realmente hubiese proferido basado en la realidad de los hechos y no falsedades”.  

Las primeras conductas citadas se encuentran definidas en los artículos 313 y 314 del Código Penal con penas menores a los cinco años de prisión; si tenemos en cuenta que la contestación donde supuestamente se surten las injurias y calumnias se produjo el 23 de octubre de 1995, forzosamente se concluye que a la fecha ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, por lo cual no puede proseguirse la investigación por éstos punibles. Otro tanto puede predicarse de la Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, definida en el artículo 295 del Código Penal, pues tiene como pena la multa y esta prescribe en cinco años, tiempo ya transcurrido en el sub judice.  

En cuanto al presunto fraude procesal se establece fehacientemente que tal conducta no se cometió —como anteriormente se dijo— y por lo tanto debe precluirse para estos acusados la investigación también para éstos hechos. Resulta imprescindible para la configuración de éste punible la existencia de un medio fraudulento que induzca en error a quien emite el fallo —en este caso concreto— y de esa manera se obtenga la sentencia contraria a la ley. Lo anterior nos lleva a la necesidad de analizar la sentencia proferida por el Juzgado 29 Civil del Circuito y establecer si evidentemente tal fallo obedeció a no a un error inducido.

Dentro del análisis que hace el funcionario Judicial afirma “...no niega la productora demandada la realidad de lo afirmado en la demanda” y más adelante agrega: “...no significa que la simple utilización del nombre este acompañada de la comisión de la culpa” para concluir que no está probada esa forma de responsabilidad. Es decir, los elementos que tuvo a bien considerar el señor Juez civil son estrictamente normativos sin que exista el menor asomo de que su fallo fue inducido en manera alguna por los representantes de TEVECINE de quienes ni siquiera hace mención concreta de sus alegatos. Implica lo anterior que no se indujo en error al señor juez sino que éste por su propio análisis jurídico determinó que no había culpa en la demandada y por lo tanto no había lugar a condenar al pago de las indemnizaciones esperadas por la demandante. Recordemos que los dos extremos procesales actuaron en el proceso de marras aportando pruebas incluso contradictorias, las cuales fueron debidamente consideradas por el fallador. Cosa muy distinta es que la afectada considere que erró en su apreciación jurídica y en ese caso quedaban a su favor los recursos previstos por la ley para que el superior corrigiera esos supuestos yerros. Al no estructurarse ésta conducta debe precluirse también la investigación respecto de éste cargo. 

Quedaría tan solo vigente la acusación referente a la presunta falsedad documental que hace recaer la denunciante en los funcionarios de la productora de televisión y que dada su complejidad por el volumen de documentos mencionados por ella sin detallar los aspectos así como las eventuales responsabilidades, razón por la cual se deberán allegar al informativo los cuatro folders aportados por los peritos contables en el proceso civil que sirvieron de base para su dictamen cuestionado. Por la anterior razón se mantendrán vigentes las fechas señaladas para recepcionar las indagatorias de Raúl Honorio Lamus y Jorge Franklin Ospina teniendo en cuanta sus cargos dentro de la empresa acusada, quedando sin efectos las demás diligencias ordenadas con antelación. De igual manera se dispondrá que obtenidos los documentos echados de menos, se cita la declaración de la señora Myriam salcedo para que puntualice sus acusaciones en lo referente a la falsedad de documentos. 

(...)”. 

6. Copia del recurso de apelación que contra la anterior decisión presentó la parte civil(26). Asimismo, copia del recurso interpuesto por la Personería de Bogotá(27) —reposición y en subsidio apelación—. El recurso de reposición fue resuelto por la Fiscalía 96 de la Unidad de Delitos Contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico el trece (13) de junio de dos mil dos (2002)(28), en el sentido de no reponer el auto impugnado y ordenó conceder en efecto diferido el recurso de apelación.

7. Copia de la providencia emanada de la Fiscal 22 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, del veinte (20) de agosto de dos mil dos (2002)(29), que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del siete (7) de mayo de dos mil dos (2002), en el sentido de: i) Revocar los numerales 5º y 6º de la citada resolución y ii) confirmar los numerales 2º y 4º y parcialmente el 1º en relación con Javier Erazo López y Rosa Herley González, no así respecto de Cesar Augusto Ramírez Corzo, bajo el siguiente sustento:

“(...) 

Debe esta instancia comenzar el análisis del proceso, con el señalamiento de las confusiones a que puede llegarse con la serie de escritos de la denunciante, donde como es lógico suponer quiere demostrar de manera minuciosa, la razón que le asiste en la reclamación de sus derechos; está en su legítimo derecho de hacerlo, pero ese afán y el cúmulo de aspectos que trata en ellos, generan confusión y entraban el buen curso de la investigación, al hacer señalamientos que más bien corresponden a la jurisdicción civil donde ya hubo fallo de las pretensiones puestas a su consideración y que generaron acciones penales y disciplinarias, no solo para quien actuó en aquella, sino contra quien conoce el proceso penal y que serán los respectivos funcionarios de conocimiento, quienes determinen si se actuó dentro del marco legal o si por el contrario pudieron haberse presentado omisiones, dejando también en sus manos las consecuencias que pudieren resultar al ejercer acciones temerarias. 

Analizado el proceso donde se denuncia la comisión de una serie de delitos, no es difícil establecer que algunos de ellos, como lo ha señalado el señor fiscal de conocimiento, en virtud del transcurso del tiempo y el señalamiento de los requisitos legales en ciertos y determinados casos especiales, a la fecha se hallan prescritos. Es el caso de! presunto delito de falso testimonio, el de injuria calumnia y falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, que analizados de manera individual en cuanto a la calidad del delito, la fecha en que ellos pudieron haber tenido ocurrencia, la pena señalada para cada uno de los mismos y el tiempo transcurrido, llevan a la deducción lógica, que a la fecha, sobre estos, ha operado el fenómeno de la prescripción, señalada en el artículo 80 de la anterior legislación penal y que como tal, debe aplicarse, cuando como en el presente asunto, se dan de manera cabal, los presupuestos para que cese la acción del estado respecto a ellos. 

En los términos en que se halla la denuncia, quienes vendrían a ser beneficiados serían TULIO CARDENAS, JORGE FRANKLIN OSPINA, RAUL HONORIO LAMUS, LIBIA ORDOÑEZ y CESAR AUGUSTO RAMÍREZ, quienes si bien es cierto no está probada la autoría, pudieron haber desplegado alguna conducta de esta naturaleza, según lo describe !a denunciante en sus diversos escritos, que a pesar de la confusión que crean, hace estos señalamientos de manera indiscriminada y sin hacer precisiones respecto a los motivos que la levan (sic) a considerar que sus sindicados, cometieron todos y cada uno de los delitos que ha denunciado. Toma la denunciante una serie de circunstancias generales en su afán de lograr la aplicación de sanciones, pero sin precisar de manera clara los fundamentos que determinan la responsabilidad de los sindicados, excepto en uno de sus escritos, donde vagamente refiere actuaciones concretas respecto de algunos de ellos.

En cuanto a los señores peritos designados por el juzgado veintinueve Civil del Circuito, considera esta instancia que no pueden ser objeto de responsabilidad por los delitos de prevaricato y fraude procesal, en el entendido que a ellos se les entrega un determinado material, para que con base en él, luego del estudio correspondiente, emitan un dictamen, lo que implica que no son estos quienes tienen interés directo en el proceso que se tramita, no son ellos además, quienes llegan a ejercer la función porque busquen la oportunidad, sino que es el Juzgado respectivo, quien mediante los trámites pertinentes, sorteos o tumo, quien los escoge y les señala la misión que deben cumplir. En el proceso no hay una prueba siquiera, que permita establecer que tanto ROSA HERLEY GONZÁLEZ, como JORGE ERAZO LÓPEZ, rindieron un dictamen contrario a derecho para considerar que por la función transitoria que desempeñaban, pudieron haber cometido el delito de prevaricato, pues ellos recibieron los documentos a analizar y en forma alguna tenían en sus manos establecer, precisar o adivinar, que tales documentos no correspondían a lo que en ellos se consignaba; en esta clase de diligencias ha de presumirse la buena fe de quien los entrega, máxime cuando van destinados a probar un determinado hecho para colaborar con la justicia. No hay tampoco prueba que demuestre que la peritación rendida, fue objeto de rechazo, salvo la objeción formulada por la parte interesada pero que como se aprecia en el proceso tramitado, no surtió efecto, de igual manera no obra al proceso ninguna prueba que señale que estos fueron manipulados o sometidos a presión, para rendir su concepto en determina forma. Lo que en su contra se aprecia, es apenas una suposición de la denunciante, quien incluso demoró en el pago de los honorarios a estos asignados como se afirma en el proceso. 

Tampoco fue la prueba fundamental para que el juzgado civil del circuito llegara a un fallo como el que se emitió, apelado y conocido por el superior inmediato y que no modificó el fallo inicial, por las circunstancias especiales que se presentaron. Es más, el objeto de la inconformidad con el fallo, en ningún momento se basó en el dictamen rendido por los acusados, luego mal puede aducirse en forma generalizada y casi para todos los sindicados, que cometieron el delito de fraude procesal. Es necesario diferenciar, precisar e individualizar, quién o quienes pudieron haber generado una conducta de esta naturaleza, no se descarta que hubiese podido presentarse un hecho que pudiera considerarse como fraude. Lo que sí es claro, es que él, no fue cometido por los peritos acusados: porque como se ha dicho, su dictamen no fue el fundamento para tomar una determinación, porque no se engañó al juez por parte de estos, porque no hay la mínima prueba que lleve a considerar que mediante fraude se indujo al funcionario en error para obtener el fallo que en su oportunidad se recurrió y lo que es más, porque ni siquiera se evidencia que estos, tuvieran algún interés en el resultado, del proceso. Para hacer señalamientos de conductas delictivas, es necesario tener clara la ilegalidad de los hechos, la persona o personas que intervienen en ellos y no la inconformidad que causa la toma de una decisión, como parece ser ha ocurrido en el presente caso, respecto a los peritos, cuyo concepto no favoreció a una de las partes y los denuncia, sin tener el fundamento suficiente, para señalarlos incursos en los delitos de prevaricato y fraude procesal. Ha sido tal vez ligera la denunciante al considerar que estos y los funcionarios que han conocido los procesos tanto civil como penal han contrariado la ley con sus decisiones, ello refleja su estado emocional, frente a una situación que en tales circunstancias podría aplicarse a la denuncia formulada contra los acá investigados. 

Lo anterior, permite a esta instancia, considerar que las sindicaciones que se han formulado a los ya mencionados ciudadanos, quienes actuaron en calidad de peritos en el proceso civil, por expresa designación del señor juez de conocimiento, reflejan conductas no violatorias de las normas penales, por lo que habrá de confirmarse la preclusión de la investigación que se les ha seguido, toda vez que su conducta en la forma en que ha sido planteada, no es constitutiva de delito. De haberlo sido, no dudamos que el mismo Juez que tramitó el proceso civil, hubiese tomado las medidas del caso y puesto en conocimiento de la justicia los hechos irregulares. 

El proceso cuenta con una serie de documentos aportados por la denunciante, una serie de peticiones que han dejado de resolverse, documentos que no han sido objeto de estudio por parte de los peritos respectivos, como se evidencia al ordenar la continuación de la investigación, por el presunto delito de falsedad documental en el numeral cuarto de la providencia recurrida, que por la confusión que se presenta, como se anotó al inicio de la presente, es necesario en un último esfuerzo por llegar a clarificar lo sucedido, que se trate de precisar en qué momento se pudo haber cometido el delito de fraude procesal, quién o quienes pueden considerarse responsables de él y cuáles los fundamentos para aducirlo, cuando el mismo juzgado civil del circuito, produjo el fallo y en ningún momento se probó que para llegar a él, se hubiese inducido en error mediante el empleo de medios fraudulentos, al menos por parte de los peritos. De modo, que la investigación, deberá encaminarse hacia los empleados de TEVECINE, para analizar sus comportamientos en este sentido, como las únicas personas que pueden hallarse comprometidas, lo mismo que por el supuesto delito de falsedad documental, que hasta este momento procesal no ha sido objeto de clarificar y determinar su ocurrencia.

Respecto a la decisión del a-quo, en el sentido de revocar la parte civil, le asiste razón al Ministerio Público en el sentido de mantenerla, en virtud a que si se ha ordenado continuar con la investigación en relación con los delitos de fraude procesal y como lo precisa el señor fiscal de conocimiento, por el delito de falsedad documental, es improcedente la decisión de revocarla, toda vez que aún quedan delitos que se están investigando y mal puede negarse este derecho a quien tiene la facultad de constituirse en parte civil, como en efecto se hizo dentro del proceso y ocurre de manera similar, con la vinculación como tercero civilmente responsable, de TEVECINE S.A. y PRODUCCIONES C.A.R.C. y Cía. Ltda., toda vez que el proceso, a pesar de la decisión apelada, sigue vigente con relación a los delitos ya señalados y quienes aparecen como presuntos responsables, son precisamente miembros de estas entidades, no siendo por tanto procedente y jurídico, tomar la decisión de quitarle a la denunciante los derechos que la ley le otorga en eventos de esta naturaleza. 

Considera esta instancia, de acuerdo a lo analizado, frente a la inconformidad de los recurrentes, que les asiste razón en los planteamientos esbozados en cada uno de sus escritos de sustentación de los recursos, en virtud a que corresponden a la realidad del proceso, frente a la posición de la Fiscalía que ha considerado tomar la decisión que atacan, de manera que procede la revocatoria parcial del numeral tercero en cuanto al delito de prevaricato, y la total de los numerales quinto y sexto, así como la confirmación del primero y segundo, con la aclaración del primero, en cuanto a que se les precluye a JAVIER ERAZO LÓPEZ y ROSA HERLEY GONZÁLEZ, no así a CESAR AUGUSTO RAMÍREZ CORZO, quien pudiera resultar implicado en los hechos que siguen investigándose. 

(...)”. 

8. Copia de la Resolución del diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003)(30) emanada de la Fiscalía 106 Unidad Segunda de delitos contra el Patrimonio Económico y la Fe Pública —sumario Nº 514518—, en la que decidió precluir la investigación que se adelantaba contra Cesar Ramírez Corzo, Libia Teresa Rodríguez Romero, Jorge Franklin Ospina Cantor, Tulio Cárdenas Giraldo y Raúl Honorio Lemus mantilla, por el delitos de fraude procesal, y por el delito de falsedad en documento privado declaró la prescripción de la acción penal respecto de todos los investigados, en la que señaló lo siguiente:

“(...) 

Luego de realizar un análisis cuidadoso y excautivo del caudal probatorio que obra se encuentra que en la que da el marco ´para continuar con la investigación y que fuera proferida por el Fiscal Veintidós (22) doctor Antonio Cadena Farfán, adscrito a la unidad delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C., de esta ciudad, dice claramente, cuando sostuvo en su escrito, que se continúa la Investigación por el de fraude procesal, en la presente investigación, ello sumado a lo decidido en la resolución de fecha mayo siete (7) del Dos Mil Dos (2002), en la resolución que profirió para entonces, el Fiscal 96, Dr. William Gómez Ruiz, cuando en dicha resolución, en su parte resolutiva, numeral cuatro (4º) ordenó que se prosiga igualmente la investigación penal, sólo en contra de los señores Franklin Ospina, Tulio Cárdenas, Raúl Honorio Lemus y Libia Teresa Rodríguez, por el delito de falsedad documental y fraude procesal, tal como se ordenó.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este despacho fiscal seccional, se pronunciará teniendo en cuenta lo ordenado en dichos pronunciamientos; y por ello atenderá primero el delito de falsedad en documento privado, y estudiará cuidadosamente todas y cada una de las piezas procesales obrantes, que fueron allegadas de manera regular, oportuna y legalmente al plenario, y así determinar si existe o no, responsabilidad por parte de los aquí implicados señores Franklin Ospina, Tulio Cárdenas, Raúl Honorio Lemus y Libia Teresa Rodríguez, por los delitos de falsedad documental y fraude procesal. 

Al revisar las diligencias que obran, se podría entrar a hablar de calificar, pero en el caso en comento, no procede la misma, ya que nos encontramos, frente al fenómeno de la Prescripción, y por ello, tampoco se podrá hacer mención alguna de los fundamentos esgrimidos en su oportunidad en los ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, por parte de los abogados defensores y lo argüido por la parte civil.  

Por lo citado, y atendiendo lo normado en el artículo 83 del Código Penal Colombiano, sobre el término dela prescripción de la acción penal, “La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuera privativa de la libertad, pero en ningún caso, será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo los dispuesto en el inciso siguiente artículo... 

En este orden, esta instancia observa que el delito de falsedad en documento privado, tiene un tiempo de prescripción de seis (6) años, lo que tomando el tiempo transcurrido entre la fecha de los hechos, que dio origen a esta investigación, ósea, el 23 de octubre de 1995, a la fecha de hoy, se tiene que han transcurrido más de ocho (8) años; por ello, es claro, que nos encontramos frente al fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, así las cosas, la Investigación por este delito no podrá proseguirse.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, en consecuencia, se prelucirá en dicho sentido y en favor de todos los aquí implicados señores Franklin Ospina, Tulio Cárdenas, Raúl Honorio Lemus, Libia Teresa Rodríguez y Cesar Ramírez Corzo, por el delito de falsedad en documento privado, por todo lo ya citado. 

Pero, teniendo pendiente que falta por definir y referirse al delito de fraude procesal, por el cual también, debió proseguirse la presente investigación, se observa que estando en tiempo, este despacho puede entonces, entrar a calificar le mérito sumarial en dicho sentido, como lo hará, para determinar si hubo o no delito de fraude procesal, también lograr definir quién o quiénes fueron los responsables del mismo.  

Luego de analizar el cuerpo probatorio obrante el despacho observa que asiste razón en lo sostenido en pretérita oportunidad por el fiscal de segunda instancia al manifestar que los peritos no pudieron haber sido objeto de responsabilidad por cuanto a ellos se les entrega un material para que con base en él, se lleve a cabo, todos los análisis y exámenes correspondientes y así poder emitir un dictamen; por tanto, no son ellos, precisamente quienes tengan un interés directo en el proceso o en el resultado del mismo; así es, como se desprende entonces por todo el cuerpo probatorio obrante, que no pudieron incurrir en el delito de fraude procesal —aunado a ello, se debe tener presente y, en cuenta, que para que éstos participen en una investigación penal, primero deben ser sometidos a un sorteo, y luego, se les asigna determinada misión—.

Sumado a lo anteriormente dicho, está bien claro, que a la luz de toda la documentación que obra, no se observa una sola prueba que comprometa su responsabilidad y demuestre que lo dictaminado por ellos en aquella oportunidad, fuera contrario a derecho, menos aún, advertirse en los mismos irregularidad que permita entender que hayan hecho incurrir en error a otro. Sin olvidar que tampoco fue el dictamen pericial, la prueba fundamental, para que el juzgado civil del circuito fallara como lo hizo. 

Por otro lado, es claro que no hay duda de que la mentira puede ser el medio fraudulento que induzca en error al empleado oficial para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, lo que es más necesario, es que ella o ellos, tengan la capacidad para inducir en error para convencer, determinar al funcionario o una decisión ilegal.” 

Esto mismo, sucede respecto del aquí implicado, señor César Ramírez, en donde acorde con lo obrante, lo analizado y estudiado, la instancia mal haría en endilgarle responsabilidad por el delito de fraude procesal, si se dijo ya, que no existe prueba contundente, que permita verificar el medio fraudulento utilizado para hacer incurrir en error al funcionario, que para entonces, profirió dicha sentencia, y si no existe documento o prueba fehaciente que evidencie la responsabilidad menos aún, puede endilgársele responsabilidad a una persona, sobre un hecho, que no tiene apoyo en una prueba concreta. 

Se dice a lo largo del cuerpo probatorio obrante que existe pruebas plenas e irrefutables tales como, la prueba pericial contable, que sin entrar en largos y extendidos comentarios, cabe resaltar y precisar, que dicha prueba es precisamente aquella que ha sido objeto de recursos, denuncias y encontrados criterios, y además; sin que luego de dichos cuestionamientos, su resultado haya mostrado el cambio deseado a satisfacción de la aquí denunciante, y lo que la Fiscalía busca es determinar con claridad sin que exista duda alguna, la comisión de un ilícito que a la luz, del pesado cauda probanzas, sin mayores esfuerzos mentales y sin hesitación alguna, observa, que no existe. 

(...) 

ALEGATOS PRECALIFICATORIOS 

Estando dentro del término legal se observan los alegatos de conclusión que alegó en su oportunidad la denunciante Miryam Patricia Salcedo, quien allego en su extenso escrito comprendido del folio once (11) al folio 97 del cuaderno de copias, sus argumentaciones en donde solicita para los implicados resolución de acusación por cuanto existen pruebas que demuestran plenamente el engaño y el fraude investigado. Que por todo lo expuesto, alegados los escritos de dictámenes, y sus ampliaciones y aclaraciones, por lo cual solicita respetuosamente a este despacho analizar todas y cada una de las probanzas arrimadas en debida forma porque en ellas, con un somero análisis salta a la vista los hechos falsarios. 

(...) 

De igual forma, como agencia especial, se allegó un documento escrito por parte del doctor Manuel Antonio Martínez Camelo, quien en su calidad de procurador judicial uno (I) allegó su escrito de alegatos, pero esta instancia delegada, no se pronunciará en dicho sentido al observar que si bien es cierto, el escrito aludido, fue presentado, ante la secretaría de la unidad, por el sello oficial que reposa en el anverso de la hoja del folio 109 del cuaderno de copias, con fecha septiembre cinco (5) del año dos mil tres (2003), es igualmente cierto, que dicho escrito no está firmado por el titular doctor Manuel Antonio Martínez Camelo”. 

9. Copia de la Resolución del cinco (5) de febrero de dos mil cuatro (2004)(31), proferida por la Fiscalía 22 Delegada Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la que resuelve el recurso de apelación presentado contra la decisión anterior, confirmando la resolución impugnada, proveído en el que se señala que la preclusión frente al delito de fraude procesal se hace en aplicación al principio de “in dubio pro reo”, con fundamento en lo siguiente:

“(...) 

Considera este despacho que, acertado resulto la no valoración o análisis por parte del a quo, de los alegatos de conclusión, no solamente de los presentados por parte del señor representante de la parte civil, sino también de la defensa técnica de los aquí procesados, en cuanto la conducta punible de falsedad en documento privado, pues según su criterio la acción penal se hallaba prescrita en ese momento.  

Es decir, que según su criterio al existir “causales objetivas” para finiquitar la investigación por el delito de Falsedad de documento Privado, se abstuvo de hacer “valoraciones de responsabilidad” y por ende mal podía entrar a analizar los alegatos de conclusión que, nuevamente reiterados, no solamente los presentados por el señor Recurrente, sino también los de los demás sujetos procesales.  

(...) 

(...) cabe aclarar y reiterar al señor representante de la parte civil, que la señora fiscal de primera instancia, en ningún momento ha declarado la prescripción de conducta punible de carácter permanente, como lo da a entender el citado profesional del derecho, al citar el inciso 2º, del mencionado artículo 84, que hace referencia, precisamente a las conductas delictivas en la modalidad de permanente, sino del delito de falsedad en documento privado, el cual como se dijo anteriormente se encuentra clasificado como un “tipo de conducta o ejecución instantánea. 

Revisada entonces la decisión del a quo en cuanto a la declaratoria de la prescripción de la acción penal, respecto al delito de falsedad en documento privado, contemplado en el artículo 289 del Código Penal, y en razón a que este tuvo ocurrencia el día veintitrés (23) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), la misma fue acertada y ajustada a derecho, puesto que a la fecha de tal pronunciamiento habían transcurrido más de ocho (8) años, tiempo superior al señalado en dicha norma, razón por la cual habrá de confirmarse.  

Finalmente y para más controversias sobre este aspecto, nos permitimos transcribir un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, sobre el tema de la prescripción, así: “...en cuanto proseguir y culminar una causa sin que la respectiva acción penal se halle vigente constituye un quebrantamiento por parte del juez de las normas y principios que rigen la legitimidad del juicio y el derecho de defensa, interés bajo amparo constitucional, por ello, repugnaría a un sentimiento general de justicia que se considera válida un sentencia proferida en un proceso que no podía adelantar el juez por haberse extinguido en él la facultad punitiva del Estado” (Sent. de abril 24 de 2003, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego). (Negrillas fuera de texto). 

3. El señor representante de la parte civil, argumenta como tercer punto de inconformidad insiste que, los peritos González y Erazo, incurrieron en equivocaciones y errores en el dictamen pericial.  

Sobre el particular, debemos aclararle al señor recurrente que, ya esta instancia en oportunidad anterior por parte de nuestro antecesor, hubo pronunciamiento al respecto y por ende, ya hace “tránsito a cosa juzgada”.  

En efecto, mediante providencia de fecha agosto 20 de 2002, este despacho, respecto a los señores peritos, dijo, lo siguiente: “En cuanto a los señores peritos designados por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito, considera esta instancia que no puede ser objeto de responsabilidad por los delitos de prevaricato y fraude procesal, en el entendido que a ellos se les entrega un determinado material, para que con base en él, luego del estudio correspondiente, emitan un dictamen, lo que implica que no son estos quienes tienen interés directo en el proceso que se tramita, no son ellos además, quienes llegan a ejercer la función porque busquen la oportunidad, sino que es el juzgado respectivo, quien mediante los trámites pertinentes, sorteos o turno, quien los escoge y les señala la misión que deben cumplir. En el proceso no hay una prueba si quiera, que permita establecer que tanto ROSA RELEÍ GONZÁLEZ como JORGE ERAZO LÓPEZ, rindieron un dictamen contrario a derecho para considerar que por la función transitoria que desempeñaban, pudieron.... establecer, precisar o adivinar, que tales documentos no correspondían a los que en ellos..... Lo que en su contra se aprecia, es apenas una suposición de la denunciante, quien incluso demoró en el pago de los honorarios a estos asignados como se afirma en el proceso”. (Negrillas de este despacho). 

De acuerdo con estos planteamientos, esta instancia, como se ha dicho, confirmó la preclusión de la instrucción que, fuere dictada por la FISCALÍA de primera instancia, a favor de estos, razón por la cual carece de validez cualquier debate que se pretende generar en los actuales momentos.  

4. Respecto al último punto de controversia del señor representante de la parte civil, esto es, no estar de acuerdo con la decisión del a quo, cuando profiere preclusión de la instrucción de los aquí vinculados, por el delito de fraude procesal, por inexistencia del delito, por considerar que, dicha conducta si la cometieron, y por lograron la sentencia proferida por el señor Juez 29 Civil del Circuito.  

Sea lo primero en indicarle al señor recurrente que, este despacho, sin desconocer los derechos de la denunciante Miryam Patricia Salcedo Pineda, pero en razón a lo afirmado en esta providencia, de la presentación de una serie de escritos por parte de ésta, lo cual ha generado confusión y se ha entrabado en parte la investigación, ya que los seis (6) cuadernos originales, están compuestos en su gran mayoría de escritos presentados por la quejosa, que impidieron darle mayor celeridad al asunto. (...).  

Nótese pues que, al momento de proferir tal decisión, nuestro antecesor, consideró que, en los términos de la denuncia, se podía deducir que con el presunto delito de Fraude Procesal, los beneficiados serían los aquí vinculados, pero a la vez deja muy en claro que non estaba en ese entonces probada la autoría, como tampoco había claridad en qué momento se había cometido tal punible denunciado por la señora Salcedo Pineda, quien o quienes eran los responsables y cuáles eran los fundamentos para aducirlo.  

Luego entonces tenemos que, para el día 20 de agosto de 2002, no había certeza si realmente se había incurrido en la conducta punible de fraude procesal, ni mucho menos quien o quienes lo habían cometido, y como si fuera poco; en qué época, fecha o momento se había cometido, significado con éste que, precisamente a partir de la fecha mencionada, —agosto 20 de 2002—, era que los funcionarios judiciales que conocieron de la presente investigación debían de realizar las pesquisas necesarias para aclarar los interrogantes propuestos por esta Instancia.  

De ahí que, el escrito de sustentación del recurso de apelación interpuesto por el señor Representante de la parte civil, en su gran parte, y en forma reiterada, hace énfasis en las pruebas que, en escrito del suscrito fiscal, provienen del proceso verbal adelantado por el Juzgado 29 Civil del Circuito, las cuales estimamos fueron materia de análisis por parte de nuestro antecesor, al momento de revisar la preclusión, que en una parte fue confirmada y en otra revocada, motivo por el cual, debemos valorar las que, practicadas e incorporadas posteriormente, para que luego en conjunto con las demás se adopte la decisión que corresponda.  

(...) 

Así las cosas, considera esta Instancia que, los elementos de juicios aportados a la investigación, son insuficientes, para proferir resolución de acusación en contra de los aquí procesados, por no reunirse los requisitos del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, para proceder de esa forma.  

Pero también es cierto, que no se reúnen los requisitos para proferir resolución de acusación en contra de los aquí encartados, y apartándonos del criterio del a quo, tampoco se constituye la plena prueba demostrativa, para la aplicación del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, esto es, para precluir la instrucción por inexistencia del delito, tal como se argumenta en la providencia recurrida.  

En efecto no existe comprobación plena que el delito no haya existido, ni mucho menos que los vinculados no lo cometieron, o que la ley no lo considera como infracción penal, ni tampoco que la acción penal no podía iniciarse, o que el fraude procesal esté prescrito o que la acción penal no podía continuar, etc., luego lo que en derecho corresponde, es lo siguiente:  

Dispone el artículo 329 del Código de Procedimiento Penal, al señalar el término de instrucción de una investigación en veinticuatro (24) meses, como en el caso presente, en su último inciso: “Vencido el término de instrucción, la única actuación procedente será la calificación”. (Negrillas nuestras).  

Observa el despacho que de acuerdo a la norma citada, la presente investigación fue iniciada el día diecinueve (19) de julio de dos mil uno (2001), es decir, que para la fecha en que fue cerrada la investigación, —agosto 8 de 2003—, había transcurrido un tiempo igual de veinticuatro (24) meses y veinte (20), y calificado el mérito de la instrucción en octubre 17 del mismo 2003, esto es, que se encontraba superado el lapso señalado por el legislador.  

(...) 

Nótese pues, que el único camino a seguir en este momento procesas, es el de efectivamente precluir la instrucción a favor de los aquí procesados, pues no solamente se encuentra vencido el término de instrucción, sino también por cuanto existe imposibilidad de recaudar o practicar más pruebas, ya que, hacer lo contrario, estarían afectadas de validez y en consecuencia, no queda otra alternativa que dar aplicación al Principio de la presunción de inocencia contemplada en el artículo 29 de la Constitución Nacional, y conocido como el “in dubio pro reo”, en razón a las dudas existentes dentro de la investigación”. 

10. Copia de la denuncia penal presentada por Miryam Patricia Salcedo, Rad. 132298/01 contra el Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá, como presunto autor del delito de prevaricato.

11. Copia de la Resolución del treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003)(32), en la que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá profiere resolución inhibitoria dentro de la investigación que se adelantaba contra Álvaro Vásquez Melo —Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá—, por el punible de prevaricato por acción y/o por omisión, con fundamento en lo siguiente:

“(...) 

En resumen, debe enfatizar el despacho que ni en el trámite de la objeción propuesta por la parte actora en el asunto civil materia de esta actuación preliminar, ni en lo tocante a los recursos que se interpusieron por la parte demandante se encuentra en sano criterio de esta delegada, proceder ilegal alguno que permita traducir o inferir la ocurrencia de una infracción a la ley penal por parte del servidor judicial aquí denunciado.  

En ese orden de cosas, no se observa por parte de la delegada elemento de juicio alguno que permita afirmar razonadamente que el titular del Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá aplicó al asunto de interés de la denunciante interpretación torcida y malintencionada de la ley; por el contrario, en sus decisiones se observa que no hizo cosa distinta que apegarse a los mandatos legales y, por ello, no puede afirmarse que haya incurrido en delitos de prevaricato por acción y/o por omisión, que la presunta afectada ha pretendido endilgarle. 

(...)”. 

12. Copia del recurso de apelación interpuesto por la denunciante, contra la resolución inhibitoria del treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003), emanada de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá(33)

13. Copia de la Resolución del diecisiete (17) de junio de dos mil tres (2003)(34) emanada de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que desata el recurso de apelación y decide confirmar la decisión de primera instancia de proferir resolución inhibitoria, en la que señaló:

“(...) 

36. En conclusión, resulta que en algunas decisiones el juez pudo haber cometido errores de procedimiento, pero ninguna de ellas aparece manifiestamente ilegal, máxime que en tiempo el funcionario el funcionario hizo las correcciones del caso, sin inferir daño ilícito a las partes, Además, otras decisiones pueden no compartirse por la parte demandante, pero, exhibido por el juez un mínimo sustrato legal y probatorio, jamás podrán tacharse de prevaricaciones. Y en cuanto a las supuestas omisiones, debe declararse que no las hubo, sencillamente porque muchas peticiones de la parte demandante, puestas en extensos y circulares memoriales, fueron respondidas con el uso del poder consagrado en el artículo 38-2 del Código de Procedimiento Civil, dada su manifiesta improcedencia o la necesidad de anexarlas al expediente mientras se producía un hecho esperado de los peritos.

37. En fin, contrario a lo que piensa la denunciante, en el expediente civil se advierte un derroche de paciencia del funcionario denunciado, frente a peticiones reiteradas y completamente improcedentes, a veces tocadas de extrañas interpretaciones legales. Si no existe lo manifiestamente ilegal en las respuestas y actos del funcionario judicial, ni tampoco omisiones o denegaciones caprichosas, jamás podrán configurarse en su contra las conductas punibles de prevaricato por acción o por omisión, conforme con la descripción típica que hacen los artículos 413 y 414 del Código Penal, respectivamente.  

Así entonces, como las conductas denunciadas resultan atípicas, acertada resulta la resolución inhibitoria de primera instancia, conforme con el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual se confirmará la decisión apelada”.

14. Copia de la denuncia penal instaurada por Salcedo Pineda —13793/01— contra la fiscales 84 y 96 seccionales de Bogotá D.C., por los delitos de prevaricato por acción y omisión. En la investigación se profirió la resolución del veintiocho (28) de octubre de dos mil dos (2002)(35), en la que la Fiscalía se abstiene de abrir investigación sumarial contra estos y ordena el archivo de las diligencias.

15. Copia de la resolución del doce (12) de febrero de dos mil tres (2003)(36), que resuelve el recurso de apelación presentado por la denunciante contra la decisión de primera instancia, en el sentido de confirmar en todas sus partes la decisión anterior

3.2. Problemas jurídicos.

Teniendo en cuenta la demanda, la sentencia de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por la parte demandante, la Sala entrará a resolver las siguientes cuestiones:

— Si está probado el daño antijurídico que la parte demandante hizo consistir en la afectación a su patrimonio —por haberse privado de recibir la indemnización en el proceso verbal por plagio, dado que la decisión fue adversa a sus pretensiones—, así como el sufrimiento padecido por más de 11 años por la pérdida de su imagen periodística y profesional, y la estigmatización de su nombre; situación que le ha originado trastornos de salud, psicológicos, baja estima sumado a su inactividad laboral, toda vez que ningún medio de comunicación quiere contratar sus servicios.

— Si se cumplen los requisitos que señala la Ley 270 de 1996 para entrar a determinar si se configuró el error judicial que se predica de la decisión que tomó el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, en la audiencia del primero (1) de marzo de dos mil uno (2001), en el proceso que se adelantó por plagio contra Producciones TV Cine S.A —Rad. 20339-1995—, que negó las pretensiones de la demandante.

— Si en las decisiones que profirió la Fiscalía General de la Nación dentro de las investigaciones directamente relacionadas con el daño aducido, se configuró un error judicial que permita endilgar responsabilidad a la demandada.

3.3. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

El artículo 90 de la constitución dio fundamento al instituto de la responsabilidad patrimonial del Estado con una concepción dogmática cuyo centro no reside ya en un juicio de valor jurídico sobre el accionar del Estado, sino en la damnificación de la víctima, de tal manera que su elemento central ha quedado fundado en el daño antijurídico que ésta sufre.

En efecto, la norma en cita, que engloba dos proposiciones normativas, dispone lo siguiente, en la primera de ellas: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades.

A partir del aludido texto constitucional se ha inferido que la responsabilidad patrimonial del Estado se incardina a garantizar la protección de los destinatarios de su accionar frente a un creciente poder público capaz de causar daño sin consideración a su legitimidad o normalidad, esto es, “al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades”, sin que ello signifique la adscripción a un único régimen jurídico de responsabilidad, pero sí, una apertura a la imputación del daño reparable.

Bajo esta concepción, la triada “conducta antijurídica, daño, y nexo causal”, en ese orden, que revelaba la estructura de la responsabilidad, se ha simplificado a la manera de una ordenación binaria conformada por el daño antijurídico y la imputación, elementos estos que se conjugan en función de la garantía de reparación de las víctimas.

3.3.1. El daño antijurídico: consideraciones generales.

El daño se ha entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, debido a la cual, bajo determinadas condiciones el derecho facilita la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio.

A la luz de la anterior premisa, el daño incorpora dos elementos: uno, físico, material, y otro jurídico, formal.

El elemento físico o material, consiste en la destrucción o el deterioro que las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, provocan en un objeto apto para satisfacer una necesidad. Se configura cuando se lesiona la relación de facto establecida por el hombre con objetos físicos aptos para satisfacer sus necesidades; cuando se lesionan relaciones que el hombre ha trabado con otros hombres y que le son aptas para adquirir de ellos determinados servicios u objetos físicos útiles para suplir sus necesidades o, finalmente cuando se lesiona la propia integridad, o la existencia misma del hombre.

En cualquiera de estos casos, el daño acontece, inicialmente, en el plano fáctico, plano en el que el daño deviene insuficiente para poner en acción el derecho en función de facilitar la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación del sacrificio que de él deriva.

Para que el daño adquiera una dimensión jurídica relevante (para que pueda predicarse su antijuridicidad) es menester que recaiga sobre un interés tutelado por el derecho; que tenga consecuencias ciertas en el patrimonio económico o moral de quien lo padece; que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique la lesión al interés jurídicamente tutelado; y que no haya sido causado por un hecho de la propia víctima.

Si el daño no recae sobre un interés jurídicamente tutelado, si no se derivan de él consecuencias ciertas para el patrimonio económico o moral de quien lo sufre, e incluso si el daño tiene por causa o se encuentra determinado por el hecho de la víctima, tal daño no habrá trascendido el plano puramente fáctico, y en ninguno de estos casos se activará el ordenamiento jurídico para facilitar a la víctima la reparación del daño, mediante el traslado de sus consecuencias a un patrimonio diferente del suyo propio, a través de un juicio de imputación.

De quien ha padecido un daño en el plano puramente fáctico, no puede predicarse que esté jurídicamente obligado a soportar sus consecuencias, simplemente, podrá decirse que el derecho no ampara la intención, que bien puede alimentar, de trasladar tales consecuencias a otro patrimonio, y que, por tanto, será estéril el juicio de imputación que promueva con tal propósito.

Tal es el caso de quien se causa daño a sí mismo. De él no sería válido afirmar que el derecho lo obliga a padecer las consecuencias del daño. Simplemente, que de facto le corresponde asumirlas, pues en vano trataría de trasladarlas para que otro patrimonio diferente del suyo, las soporte.

Ahora bien, en caso de existir un título legal y conforme al ordenamiento constitucional, que justifique, que legitime, la lesión al interés jurídicamente tutelado, habrá de decirse que la tutela jurídica del interés ha sido objeto de una dispensa especial por el ordenamiento fundamental, en cuya virtud y en funcionamiento de los requerimientos de la vida en sociedad, el afectado está en la obligación de soportar sus consecuencias.

Finalmente, frente a quien sufre un daño determinado por un error de su propia conducta, si bien hay lugar a avanzar hacia la fase de imputación, esta se agota en relación con la propia víctima, tornando estéril el juicio de atribuibilidad contra terceros. Constituiría un verdadero contrasentido afirmar que el daño y sus consecuencias le son atribuibles a otro sujeto, pero que los debe soportar el lesionado por cuanto tal daño fue determinado por error propio.

3.3.2. Imputación de responsabilidad por daño antijurídico derivado de la actividad jurisdiccional: consideraciones generales.

Una vez establecido lo anterior, para cuando se pretende la declaración de responsabilidad del Estado originada en el funcionamiento de la administración de justicia, se ha determinado que, “La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público y estableció tres supuestos o, como se han denominado jurisprudencialmente, tres títulos jurídicos de imputación bajo los cuales es posible analizar dicha responsabilidad. Ellos son: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68)(37).

De acuerdo con estas normas, el error judicial es aquel que se materializa en una providencia proferida por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, mientras que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de carácter subsidiario que se aplica a todos aquellos eventos en los que los daños cuya indemnización se reclama se derivan de la función jurisdiccional, pero no de lo decidido en providencias judiciales”(38).

Según el artículo 67 de la misma ley, para que proceda la responsabilidad patrimonial por el error jurisdiccional es necesario que concurran los siguientes requisitos(39): (i) que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme(40).

3.3.3. Aplicación de las consideraciones generales al caso.

La complejidad que revela la demanda obliga al análisis de los elementos de la responsabilidad (daño antijurídico e imputación) en relación con cada uno de los procesos judiciales en los que se produjeron las decisiones que han merecido glosa por error judicial a la demandante.

A su vez, resulta necesario advertir, que el estudio de estos elementos se adelantará en el orden que se impone bajo la consideración de la centralidad que tiene el daño antijurídico en el actual sistema de responsabilidad estatal, de tal manera que, en relación con aquellas actuaciones en las que haya lugar a concluir que no obraron como causa de daño antijurídico, esta Sala se abstendrá de analizar el marco probatorio de la imputación.

3.3.3.1. El daño antijurídico que se habría derivado de la decisión dictada por el Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá.

La parte actora refiere haber sufrido los siguientes tipos de daños a consecuencia de la decisión que adoptó el Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá: uno de orden material que consistió en la indemnización que dejó de percibir en el proceso verbal que se adelantó ante el juez civil por plagio al nombre del programa “APLAUSOS”, en el que la decisión fue adversa a sus pretensiones; y otro de naturaleza moral, como es el sufrimiento que dice haber padecido por más de 11 años por la pérdida de su imagen periodística y profesional, la estigmatización de su nombre; situación que le ha originado trastornos de salud, psicológicos, baja estima sumado a su inactividad laboral, toda vez que ningún medio de comunicación quiere contratar sus servicios.

Para acreditar el daño material, se trajo al expediente copia de la Resolución 0065 del veintiuno (21) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) en cuya virtud se canceló una reserva del nombre “aplausos” que se había otorgado por medio de la Resolución 133 del veintinueve (29) de enero de mil novecientos ochenta (1980), al señor Reinaldo Vélez Moreno. Se trajo también al proceso copia de la Resolución 171 del veintidós (22) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) en virtud de la cual, una vez cancelada la reserva que se había otorgado inicialmente a Reinaldo Vélez Moreno, y previo trámite adelantado por Myriam Patricia Salcedo (hoy demandante), se le otorgó a esta la reserva del referido nombre. Adicionalmente, obra en el expediente contencioso administrativo, copia de la demanda civil que por el plagio del nombre “APLAUSOS” instauró la hoy demandante contra Producciones TVCINE S.A. y en la que se formularon pretensiones de orden pecuniario que la demandante sustentó con una serie de documentos y facturas anexos a la demanda. La demanda correspondió por reparto al Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá y se le asignó como radicado el número 20339-1995. En el curso de la audiencia celebrada el primero (1º) de marzo de dos mil uno (2001)(41), el juez de la causa negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. El fundamento de esta decisión se resume bien en el siguiente extracto de la providencia: “(...)error de conducta en que incurriera la demandada al emplear para su programa de televisión el nombre “APLAUSOS”, si bien es cierto está establecido aquí que el empleo de esa denominación ocurrió en momentos en que era distintivo de un programa de radio emitido por la demandante, no ha de ignorarse que ese sólo acontecer no prueba culpa ninguna, pese a que esta expresión gramatical tuviera la protección legal advertida aquí, pues ese concepto no traduce una directa presunción de culpa en el tercero que la emplee, sino que hace posible el ejercicio de condigna acción indemnizatoria, caso en el cual se coloca en la obligación de probar que el tercero incurrió en culpa al usar la expresión literal protegida; y esto porque la protección consagrada en la Ley 23 de 1982 está dada es para el nombre de la obra, dándole un sentido de pertenencia inherente a la obra de su autor. (...)

Miryam Patricia Salcedo ha entendido que la decisión del Juez 29 Civil del Circuito, que considera errada, le ha privado del derecho que tendría a percibir una justa indemnización por causa del uso abusivo que habría hecho Producciones TVCINE S.A., del nombre “APLAUSOS” sobre el que tenía “reserva” declarada en su favor.

Y ciertamente, todo fallo judicial adverso proferido en proceso contencioso tiene la aptitud de comportar consecuencia negativa en el plano fáctico para la parte vencida, ya que frustra una expectativa de éxito fundada en un cálculo de oportunidad que forma parte del componente aleatorio que envuelve a la actividad litigiosa. Pero es necesario advertir que tal expectativa no se identifica necesariamente con el mismo objeto de la pretensión debido a que sobre este no se tiene un derecho cierto e indiscutible. Tal certeza pende de la firmeza de una decisión judicial que declare, en este caso, la responsabilidad por el uso indebido de la insignia, tanto como de la aptitud, idoneidad y conducencia de las pruebas que presente la parte para acreditar el perjuicio que ha sufrido por causa de la conducta censurada a su contra parte. Faltando la certeza del daño, mal puede predicarse de este que sea un daño antijurídico y resarcible.

Esta consecuencia negativa puede configurar, sí, una modalidad de daño diferente y autónoma, ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación(42), si se acreditan los elementos necesarios para reducir el factor “aleas” que incorpora la expectativa, en función de un balance en el que prevalezcan las probabilidades de éxito sobre la contingencia del fracaso.

Debe entonces, acreditarse de manera inequívoca, que en la oportunidad perdida había razonables motivos para esperar, con alto grado de probabilidad, un resultado exitoso(43); que esta oportunidad se ha perdido en forma definitiva, ha desaparecido; y que, quien protesta la pérdida de esa oportunidad, se hallaba en una situación fáctica y jurídica potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado(44).

La estimación de este margen de probabilidad, en el caso que ocupa la atención de esta Sala, pasa por el tamiz del siguiente interrogatorio: ¿Era el proceso promovido por Miryam Patricia Salcedo ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá el medio adecuado para la consecución de la decisión por ella pretendida?; ¿era hermenéuticamente razonable la interpretación que Miryam Patricia Salcedo hizo de la norma jurídica de la que dijo derivar el derecho que la habría vulnerado TVCINE S.A?; ¿acreditó ella, ante el Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá, los supuestos fácticos de esa norma, de los que pendía la existencia de su derecho?; ¿había aportado ella, dentro del proceso radicado el número 20339-1995 que cursaba ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, al momento en que se produjo la decisión por ella protestada, los medios de convicción pertinentes y conducentes para demostrar el daño que sufrió por causa de la conducta del sujeto a quien señaló como plagiario?

A la primera pregunta, la respuesta se impone afirmativa. Miryam Patricia salcedo formuló, pertinentemente, una demanda en forma, ante la jurisdicción y el juez competentes, con pretensiones declarativas de responsabilidad por plagio, contra las personas que consideró responsables del uso abusivo del nombre “APLAUSOS” que asegura era de su creación y le fue usurpado por Producciones TVCINE S.A. y sobre el que tenía reserva declarada. Luego, este cauce procesal que ella escogió era idóneo y tenía derecho a obtener una decisión de fondo sobre sus pretensiones.

Las preguntas segunda y tercera remiten a la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”, reglamentada por el Decreto 3116 de 1984, en su Artículo 7º dispone: “Los nombres de periódicos, revistas, programas de radio y televisión y de los demás medios de comunicación no dan lugar a derechos de autor. La reserva de sus nombres se efectuará en el Ministerio de Gobierno, quedando protegidos durante un año después de la salida del último número o emisión, salvo que se trate de una publicación o programa anual, caso en el que el plazo se elevará a tres años. Dentro del mes anterior a estos términos de uno o tres años respectivamente, el interesado deberá renovar su solicitud de reserva”.

Esta disposición permite clarificar que si bien no existe en sentido estricto un derecho sobre el nombre cuando de programas radiales se trata, sí existe un derecho exclusivo a su uso por parte de quien ha obtenido la declaración oficial de “reserva”. Al punto, Miryam Patricia Salcedo adujo, dentro de los fundamentos de su demanda en el proceso civil por plagio, que desde 1981 había creado el nombre de un programa radial que denominó “APLAUSOS”, por lo que reclamaba de la demandada Producciones TVCINE S.A. los perjuicios que le ocasionó al emitir, desde el mes de septiembre de 1993, un programa de televisión con el mismo nombre. Sin embargo, en los documentos allegados al expediente se evidencia que quien tenía reservado el nombre de “APLAUSOS” desde enero de 1980 y hasta enero de 1994 cuando fue cancelada la reserva, era el señor Reinaldo Vélez Moreno. Con todo, esta inexactitud no obsta para que se pueda predicar, por lo menos una apariencia de buen derecho en la demandante, como quiera que a partir del momento en que obtuvo la reserva del nombre del programa “APLAUSOS” mediante Resolución 171 del veintidós (22) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y hasta por el término de un año o tres, dependiendo de si era un programa anual o no, ella podía hacer uso de tal nombre. Bastaba esta reserva obtenida en su favor, para que pueda responderse afirmativamente a las preguntas segunda y tercera.

Finalmente, la parte demandante, en el proceso civil que adelantó ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá con el fin de probar el perjuicio derivado del plagio, aportó como prueba i) la carta suscrita por el gerente de TODELAR, del 23 de febrero de 1981, en la que le confirmaba a Patricia Salcedo la transmisión de un programa sabatino que estaría bajo su producción, dirección y ejecución. En el escrito, además, le hacía saber que el programa estaría financiado con el patrocinio de casas comerciales que ella se encargaría de conseguir, así como el porcentaje de participación a que tendría derecho sobre el recaudo por tal concepto; ii) los contratos suscritos por Patricia Salcedo con los diferentes anunciadores que estuvieron interesados en pautar en el programa a su cargo(45); iii) copia de las cartas por medio de las cuales Patricia Salcedo promocionaba su programa radial ante los posibles clientes de las pautas publicitarias(46); iv) copia de las certificaciones que extendieron algunos comerciantes en las que hacen constar su desinterés en el programa radial “APLAUSOS”, a causa de que éste ya no es único y original dado que en televisión se estaría emitiendo un programa con el mismo nombre; v) copia de algunas cuentas de cobro que Patricia Salcedo presentó a los distintos pautadores del programa radial(47); vi) facturas que producciones TVCINE S.A. expidió por concepto de las pautas comerciales que emitió durante la producción del programa denominado “APLAUSOS”(48) y por último; vii) solicitó una prueba pericial que efectivamente fue decretada y practicada. Con estas pruebas que se allegaron al proceso civil por plagio, encuentra la Sala que la parte demandante desplegó actividad probatoria conducente a la demostración del perjuicio que habría derivado de la conducta que reprochó como plagio, y cuya reparación pretendía en el proceso civil.

Luego, concluye esta Colegiatura que, se encuentran reunidos los presupuestos para predicar el padecimiento que sufrió la aquí demandante, del daño antijurídico autónomo a la manera de la “pérdida de oportunidad” con ocasión de la frustración de su expectativa razonable de éxito dentro del litigio que promovió en el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá contra Producciones TVCINE S.A., y que hay lugar, en consecuencia, para que se adelante el juicio de imputación respecto de este daño.

Distinto es el predicado de esta sala respecto del daño inmaterial —moral— en cuanto al sufrimiento que dice haber padecido por más de 11 años a causa de la pérdida de su imagen periodística y profesional, la estigmatización de su nombre, pues no obra en el expediente prueba alguna que la demandante haya aportado para demostrar dicho sufrimiento, pues lo único que obra en el proceso son las declaraciones extra juicio de las señoras: María del Pilar Tejada de Llanos y Nubia Estella Ricaurte de Santamaría, en las que dan cuenta de que conocen a la demandante y a su familia y la situación económica que ha tenido que afrontar esta a causa del proceso adelantado por el plagio del nombre del programa “APLAUSOS”, y por supuesto, un amplio caudal probatorio que se aportó a los procesos tanto civil como penales, pero todo apuntan a probar el daño patrimonial. Por consiguiente, la Sala no puede tener por probado el daño moral.

Igual posición ha de adoptar la Sala en cuanto al daño originado en trastornos de salud, psicológicos y la baja estima sumada a su inactividad laboral, que dijo padecer porque ningún medio de comunicación quiso contratar sus servicios, pues el proceso goza de orfandad probatoria en este aspecto. Extraña la Sala que la demandante no haya aportado una prueba médica, un documento que permita determinar que intentó postular su hoja de vida en alguna empresa y que haya sido rechazada por las razones que originaron el proceso por plagio, o tan siquiera unos testimonios que permitieran corroborar el sufrimiento que dice haber padecido por esta causa. Por consiguiente, si bien la demandante en varios de sus escritos puso de presente que estaba siendo sometida a esta clase de padecimientos, su solo dicho no es prueba de ello, por tanto la Sala no tiene por probados esta clase de daños.

3.3.3.2. El daño antijurídico que se habría derivado de las decisiones dictadas por la Fiscalía.

Ahora, en lo que respecta al daño que pudo derivar Miryam Patricia Salcedo Pineda por causa de las decisiones adoptadas por la Fiscalía en atención a sus múltiples denuncias penales, la Sala advierte que, en principio, la formulación de una denuncia penal no está llamada a fungir como causa de beneficio patrimonial para el denunciante, y por tanto, la inhibición o la extinción de la investigación, aún si ha estado fundada en un error o en sí misma, la decisión constituye un error, tampoco causa per se, daño patrimonial a aquel.

Sin embargo, sabido es que la víctima puede hacer ejercicio de las acciones para la reparación del daño proveniente de delito dentro del proceso penal y que en el marco del decreto 100 de 1980, vigente para la época de los hechos, podía, en consecuencia, constituirse en parte civil dentro del proceso penal, con ese propósito.

Analizadas las pruebas que obran en el expediente, se observa que Miryam Patricia Salcedo Pineda se constituyó en parte civil dentro de la investigación penal que cursó en la Fiscalía 84 Seccional de la Unidad Primera de Fe Pública y Patrimonio Económico de Bogotá, radicado Nº 514518/00, con basamento en la denuncia que formuló el diecisiete (17) de octubre de dos mil (2000) contra de Tulio Cárdenas Giraldo, Raúl Honorio Lamus Mantilla, gerente de PRODUCCIONES TEVECINE S.A., Libia Teresa Rodríguez, Jorge Franklin Ospina Cantor, Cesar Augusto Ramírez Corzo y los peritos contables Edgar Javier Erazo López y Rosa Reley González, como presuntos autores de los delitos de falsedad en documento público y privado, uso de documento público falso, falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, fraude procesal, falso testimonio, injuria, calumnia y prevaricato.

No consta que hubiera presentado demanda de constitución de parte civil en las demás investigaciones penales que promovió Miryam Patricia Salcedo, y por tanto, respecto de ellas no puede predicarse que obren como causa de un daño patrimonial. Y tampoco encuentra la Sala que se haya probado en este proceso contencioso administrativo el padecimiento de daño moral por causa de las decisiones que en ellos se adoptaron, limitará el análisis de los elementos de la responsabilidad patrimonial (daño antijurídico e imputación), a los que se encuentren acreditados en relación con las decisiones que se tomaron dentro del proceso radicado al número 514518-00, que como ya se anunció, tuvo origen en la denuncia formulada por Miryam Patricia Salcedo Pineda, el diecisiete (17) de octubre de dos mil (2000), contra de Tulio Cárdenas Giraldo, Raúl Honorio Lamus Mantilla, gerente de PRODUCCIONES TEVECINE S.A., y otras personas, y cuyo conocimiento correspondió, inicialmente, a la Fiscalía 84 Seccional de la Unidad Primera de Fe Pública y Patrimonio Económico de Bogotá.

En dicho proceso, la aquí demandante y entonces en su condición de parte civil, pretendía una decisión de condena a título indemnizatorio de perjuicios(49), equivalente a la que había solicitado en la demanda civil que cursó en el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, circunstancia ésta que, ciertamente, no generó en su favor un derecho subjetivo a obtener esa condena, pero sí una expectativa de obtener la reparación económica solicitada, en su condición reconocida de parte civil, en el proceso penal.

Esta expectativa se vio frustrada por causa de la decisión adoptada por la Fiscalía 106 de la Unidad Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico y la Fe Pública de Bogotá mediante Resolución del diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003), de precluir la investigación y declarar prescrita la acción penal respecto de la conducta punible de falsedad en documento privado; decisión que fue confirmada por la Fiscalía 22 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá el cinco (5) de febrero de dos mil cuatro (2004) y que ha sido también glosada por la aquí demandante, como constitutiva de error judicial.

La decisión así tomada trajo consigo la imposibilidad de que se condenara a los entonces procesados al pago de perjuicios, daño este que en cuanto recae sobre una mera expectativa sujeta a las contingencias que envuelve todo litigio judicial, difiere del daño cierto y resarcible, y en cuanto se edifica sobre un nexo causal mediato entre la conducta de los allí investigados, y la contingencia de éxito en las pretensiones formuladas en el proceso que cursaba en el Juzgado 29 Civil del circuito de Bogotá, tampoco satisface los requisitos para que se infiera, con solidez, que configura una pérdida de oportunidad como daño autónomo. Y esto, porque, dos condenas al pago de los mismos perjuicios, una en el juzgado civil, y otra en sede penal, redundaría en un enriquecimiento sin causa; y contrario sensu, en caso de terminación del proceso civil con decisión adversa a la demandante (como en efecto ocurrió), por motivos que no guarden relación con las conductas que se endilgaron como delito a terceras personas (como finalmente ocurrió), fenecida esa expectativa, se quebraría el nexo causal entre el delito y el daño así apreciado y demandado por la parte civil. Por tanto, para la Sala, este daño no trasciende el plano puramente fáctico, no ha obrado como causa de un menoscabo cierto y autónomo (respecto del que pretendía le fuera reparado en virtud de sentencia en el proceso radicado el número 20339-1995 que cursaba ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá) en el patrimonio de Miryam Patricia Salcedo, y no constituye, por tanto, un daño resarcible.

3.3.3.2. La imputación.

Analizado el daño y establecido como quedó que este deviene únicamente en relación con las actuaciones surtidas dentro del proceso civil por plagio adelantado en el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, la Sala se adentrará en el juicio de imputación a fin de verificar si se cumplen los requisitos establecidos en el Ley 270 de 1996 para endilgar responsabilidad a la Nación en este caso.

• Respecto de la Nación, por actuaciones del Juez 29 civil del Circuito de Bogotá.

El Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá profirió dentro del proceso civil por plagio que adelantó la hoy demandante contra Producciones TVCINE S.A., decisión en la que negó las pretensiones de la demanda. Como la parte demandante aduce que en esta decisión se configuró el error judicial, corresponde en primer término verificar que el daño no sea atribuible a la conducta de la propia víctima, como lo dispone el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que dice lo siguiente:

“El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”. (Resaltado propio).

De esta manera para que se configure el error jurisdiccional es necesario que previamente el afectado haya interpuesto los recursos de ley, pues de lo contrario, el Estado se exonera de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima. Sobre el particular, esta Sección se ha pronunciado de la siguiente forma:

“Conforme a lo expuesto, se tiene que en el caso concreto, el señor Bernabé Piza Piza, no interpuso, como tercero interesado, los recursos de ley contra las decisiones en que fundamenta el daño causado por la administración de justicia, dentro de los ejecutivos seguidos en los Juzgados 19 y 49 Civiles Municipales de Bogotá, pese a haber actuado dentro de los mismos, incluso por intermedio de apoderado judicial, tal como quedó demostrado de todo el acervo probatorio allegado al expediente, simplemente se limitó a presentar derechos de petición.  

“Así las cosas, no sólo se incumple uno de los requisitos establecidos por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia para que se configure el error jurisdiccional, sino que la conducta desplegada por el actor constituye, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, una culpa exclusiva de la víctima y, por tanto, al respecto, habrá lugar a exonerar de responsabilidad al Estado(50) (Negrillas fuera de texto).

En esa línea, al revisar las pruebas aportadas para establecer que no se hubiese configurado la culpa de la víctima al tenor de la norma en cita, la Sala encontró que la parte demandante presentó recurso de apelación contra la decisión de primera instancia proferida por el juez Civil, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Civil de Decisión, el ocho (8) de mayo de dos mil uno (2001), admitió el recurso. No obstante, contra esta decisión la parte demandada Producciones TVCINE S.A. presentó recurso de súplica y el juez competente para conocer de este recurso lo resolvió revocando el auto por medio del cual se había admitido la alzada y en su lugar, inadmitió el recurso propuesto por la demandante con fundamento en que este había sido presentado por fuera de la audiencia de fallo y por tanto era extemporáneo. Por lo anterior, forzoso es para la Sala concluir que la demandante no agotó el recurso de que disponía por ley para atacar la decisión proferida por el juez 29 Civil del Circuito de Bogotá, y en esa medida, se entiende atribuible a su conducta el que haya perdido la oportunidad de obtener la reparación del daño que allí perseguía. De contera, que no puede pretender que esta judicatura atribuya las consecuencias de ese daño a la Nación, por causa de las actuaciones del Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá.

Finalmente, no sobra decir que el análisis de las providencias respecto de las cuales se juzga la comisión de error judicial no puede afectar la cosa juzgada, por ende el proceso contencioso administrativo no constituye una instancia adicional en la que se reevalúen los hechos, pretensiones y pruebas del proceso dentro del cual fue proferida la providencia enjuiciada(51). Por el contrario en el proceso contencioso de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial se busca indemnizar daños antijurídicos causados por una providencia judicial por lo que el estudio se limita a “la verificación de la existencia de motivación jurídica y probatoria que justifique adecuadamente la decisión, sin que haya lugar a pronunciamientos acerca de si comparte o no las motivaciones realizadas por el funcionario judicial”(52).

Por todo lo expuesto, hay lugar a denegar las pretensiones de la demanda, pues se configuró la culpa exclusiva de la víctima, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, en consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, del trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008), que negó las pretensiones de la demanda.

La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes y de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008), por las razones expuestas en la parte motiva.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque, aclaración de voto».

Aclaración de voto

Comparto la decisión que se adoptó en la providencia del 9 de abril de 2018, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Como la demandante no apeló la sentencia del proceso civil, decisión de la que predicó un error judicial, no satisfizo el presupuesto del artículo 67.1 de la Ley 270 de 1996 y por ello se debió exonerar de responsabilidad al Estado, conforme al artículo 70 del mismo precepto. Las consideraciones sobre el fondo del caso no eran, pues, necesarias.

2. En relación con la competencia de la Sala para conocer del asunto, por tener el mismo supuesto normativo, me remito al numeral 1º de la aclaración de voto 36.146/15.

Guillermo Sánchez Luque  

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad. 21.060.

15 Por ejemplo, las entidades señaladas en el artículo 80 de la Ley 153 de 1887: “La Nación, los departamentos, los municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las corporaciones creadas o reconocidas por la ley, son personas jurídicas”. (Se destaca).

16 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Derecho procesal administrativo hispanoamericano. Ed. Temis S.A., Bogotá-Colombia, 1985, págs. 113-4.

17 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Miguel. Derecho procesal administrativo. Ed. Gustavo Ibáñez. Décima Edición, Bogotá-Colombia, 2002, pág. 276.

18 En pronunciamientos de esta misma fecha, se unificó la jurisprudencia en torno a la capacidad procesal de los consorcios y uniones temporales, para establecer que sí tienen capacidad para ser parte de un proceso judicial. En este sentido, esa capacidad representa una excepción a la regla general que prescribe que la capacidad procesal proviene de la personalidad jurídica, pues estas asociaciones, sin ser personas jurídicas, están facultadas por la ley para acudir válidamente a un proceso, siempre que la controversia verse sobre el contrato o su proceso de adjudicación. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 25 de septiembre de 2013. Exps. 19.933 y 20.529, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 5 Ibídem, págs. 278-9.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil tres (2003), Exp. 20420

20 Fls. 62-68, cdno. 8.

21 Fl. 70, cdno. 8.

22 Fls. 65 a 69, cdno. 45.

23 Fls. 803-855, cdno. 38.

24 Fls. 2-6, cdno. 1.

25 Fls. 64-68, cdno. 37.

26 Fls. 69-82, cdno. 37.

27 Fls. 83-88, cdno. 37.

28 Fls. 110-111, cdno. 37.

29 Fls. 147-154, cdno. 37.

30 Fls. 192-201, cdno. 30.

31 Fls. 202 a 227, cdno. 30.

32 Fls. 257-272, cdno. 20.

33 Fls. 277 a 305, cdno. 20.

34 Fls. 3-38, cdno. 18 (Está mal foliado el cuaderno. Al contar la foliatura, la providencia se encuentra a folios 10 a 45 realmente)

35 Fls. 263-280, cdno. 22.

36 Fls. 337 a 374, cdno. 22.

37 «ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.// En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. // ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. // ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos. // 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. // 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.// ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación. // ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de fecha 1º de agosto de 2016, Exp. 37972

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 11 de mayo de 2011, Exp. 22322.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de Septiembre de 1997, Exp. 10285; 27 de abril de 2006, Exp. 14837; y 13 de agosto de 2008, Exp. 17412.

41 Fls. 62-68, cdno. 8.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Rad. 18.593.

43 Cita textual del fallo: A este respecto se ha sostenido que “... la chance u oportunidad, es una posibilidad concreta que existe para obtener un beneficio. El incierto es el beneficio pero la posibilidad de intervenir es concreta, pues existe de forma indiscutible.Por eso sostenemos que existe daño jurídicamente indemnizable cuando se impide esa oportunidad o esa chance: se presenta el daño... Las dificultades pueden presentarse en la evaluación, porque lógicamente ésa no puede ser la del beneficio que posiblemente se habría obtenido sino otra muy distinta” (énfasis añadido). Cfr. MARTÍNEZ RAVÉ, Gilberto y MARTÍNEZ TAMAYO, Catalina, Responsabilidad civil extracontractual, Temis, Bogotá, 2003, pág. 260.

En similar sentido, Trigo Represas señala que “[E]n efecto, si la chance aparece no sólo como posible, sino como de muy probable y de efectiva ocurrencia, de no darse el hecho dañoso, entonces sí constituye un supuesto de daño resarcible, debiendo ser cuantificada en cuanto a la posibilidad de su realización y no al monto total reclamado.

La pérdida de chance es, pues, un daño cierto en grado de probabilidad; tal probabilidad es cierta y es lo que, por lo tanto, se indemniza (...) cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por el responsable, pudiendo valorársela en sí misma con prescindencia del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probabilidad” (subrayas fuera del texto original). Cfr. TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., pág. 263. 

44 Cita textual del fallo: ZANNONI, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1987, págs. 110-111.

45 Fls. 11 a 44, cdno. 13.

46 Fls. 90 a 102, cdno. 13.

47 Fls. 1 a 14, cdno. 12.

48 Fls. 526 a 567, cdno. 14.

49 Fls. 88 a 127, cdno. 30.

50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de fecha 11 de julio de 2013, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, Exp. 26.021.

51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15576

52 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp. 40297