Sentencia 2004-02519 de junio 23 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 19001-23-31-000-2004-02519-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth Garcia Gonzalez

Actor: Sandra Liliana Bonilla Gutierrez

Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Referencia: Apelación sentencia

Bogotá D.C., veintitrés de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones de la Sala:

Cabe resaltar que en este caso, conforme lo advirtió el a quo, se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, habida cuenta de que se está en presencia de un acto administrativo de contenido particular y concreto. Además, no puede tener en cuenta la Sala la exigencia del cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la acción, relativos al previo agotamiento de la vía gubernativa y la caducidad, pues la actora no fue vinculada a la actuación administrativo que culminó con la expedición de aquel y en tal condición no tuvo oportunidad de impugnar tal acto, lo que, conforme al artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, la autorizaba para acudir directamente a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Esta corporación, en reiterada jurisprudencia ha precisado, en asunto similar al que se estudia, lo siguiente:

“Tal como se plasmó en el capítulo antecedente en donde se sintetizó el concepto del Ministerio Público, el sustento de su petición es la caducidad para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

No comparte la Sala tal apreciación por lo siguiente:

Para proceder a la actualización de la situación catastral del inmueble distinguido con la ficha catastral 01-02-292-008, de conformidad con la nueva matrícula inmobiliaria que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla había asignado para dar cumplimiento a un fallo judicial, la administración no tuvo en cuenta al actor, tercero directamente afectado, a quien debió dar aviso del inicio de la actuación, a fin de lograr su participación dentro de la actuación y, luego, proceder a notificarle personalmente la decisión que lo excluía en los archivos de Catastro en relación con el derecho de dominio que sobre el predio venía ejercitando.

No aparece la intervención de este dentro de la actuación que adelantara ante la oficina seccional de catastro y, todo parece indicar que tanto la actuación de índole administrativa como la judicial que culminó con la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, tuvieron ocurrencia sin la intervención de quien aquí demanda y, por ende, con desconocimiento de su derecho de audiencia y defensa.

... Tiene en cuenta la Sala que en razón de que el actor no fue enterado en legal forma ni de la existencia de la actuación administrativa ni de la decisión adoptada como culminación de aquella, en cuanto a su interés concierne, tal acto administrativo no habría cobrado ejecutoria(1) (las negrillas y destacados no son del texto original).

La Sala abordará, pues, el examen del presente asunto, de la siguiente manera:

Afirma la demandante que mediante la Resolución 19-698-0236 de 2002, proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se modificó el área del predio con número catastral 010005260009000 de propiedad de los señores José Genaro Oviedo Josa y Rosa María Rodríguez, pues pasó de 210 m2 a 280 m2.

Agrega que con base en dicha modificación de área, los propietarios distorsionaron la cabida original de su predio, la cual constaba en la escritura pública 755 de 11 de octubre de 1977, pues elevaron una nueva escritura pública con número 1565 de 2 de noviembre de 2002, de la Notaría Única de Santander de Quilichao, contentiva de las nuevas medidas de área.

Asevera la actora que dicha modificación de área es lesiva de sus derechos patrimoniales y le genera graves perjuicios, si se tiene en cuenta que es propietaria de un inmueble que colinda con el mencionado en párrafos precedentes, lo cual no fue advertido por la entidad demandada al momento de expedir el acto acusado.

Arguye que la resolución cuya nulidad pretende, carece de motivación y/o se funda en un error en cuanto a las medidas del citado inmueble, además de que no le fue notificada en franco desconocimiento de su derecho de audiencia y de defensa, lo cual, a su juicio, da lugar a la nulidad de aquella y a que se restablezca su derecho declarando la nulidad de la escritura pública 1565 de 2 de noviembre de 2002.

Pues bien, en cuanto al cargo por falta de motivación del acto acusado, la Sala ha precisado que el acto administrativo debe contener las razones de hecho y de derecho que lo sustentan, en aras de permitirle a los terceros interesados discutir si el mismo se ajusta o no a la legalidad. Al efecto, ha dicho la Sala:

“Así, pues, en el presente caso se tiene que la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió el acto acusado con el simple y único argumento de que “... la solicitud de registro de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes”, el cual, a juicio de la Sala, no refleja en absoluto las razones de hecho y de derecho que pudieron haberle asistido para proceder a ello, a fin de proporcionar a los terceros una mínima indicación para determinar si la decisión que se adoptó mediante el indicado acto estuvo ajustada a derecho o afectada por algún vicio que, conforme a la ley, pudiese dar lugar a impugnar su legalidad ante los organismos competentes, lo que indefectiblemente lleva a concluir que, por el aspecto analizado, tal acto incurrió en violación de la norma invocada en sustento del cargo sub examine. Las precedentes consideraciones son suficientes para que se proceda a declarar la nulidad del acto acusado”(2) (las negrillas y destacados no son del texto original).

Igualmente, la Sala, en reciente pronunciamiento (sent. jun. 16/2011, exp. 2006-00031, Actora: Hilos y Marcas S.A. de C.V., CP dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), declaró la nulidad del acto administrativo acusado, en materia marcaria, por falta de motivación.

En el presente asunto, la Resolución 19-698-0236-2002 de 11 de septiembre de 2002, “Por la cual se ordena unos cambios en el Catastro de Santander de Quilichao”, proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, visible a folios 33 a 34, dispuso lo siguiente:

El jefe de la oficina delegada de Catastro de Santander de Q.

RESUELVE:

Ordenar la inscripción en el Catastro del municipio de Santander de Quilichao los siguientes cambios:

NRODOCUMENTO

MET2

Oviedo Jossa Genaro 1199562

Rodriguez Oviedo María Elena 25652927

K 16 7 72 259

Oviedo Jossa Genaro 1199562

Rodriguez Oviedo María Elena 25652927

K 16 7 72 280

ART.3º— Contra las inscripciones catastrales aquí señaladas proceden los recursos de reposición y de apelación cuando se presentan modificaciones en el avaluó, los cuales podrán interponerse, el primero ante el jefe de conservación o el jefe de la oficina delegada, según el caso, y el segundo ante el director de la oficina seccional.

En todos los demás casos solo procede el recurso de reposición que podrá interponerse ante quien profirió la providencia. ...” (Las negrillas y destacado no son del texto original).

Obsérvese que la resolución transcrita carece completamente de motivación, en cuanto de ninguna manera señala los fundamentos de hecho y de derecho que se tuvieron en cuenta para disponer los cambios de área en el predio de los señores Oviedo, lo cual es razón suficiente para declarar la nulidad impetrada.

Además, resulta evidente que a la actora se le vulneró el derecho de defensa, como se observa en el acucioso análisis que al respecto hizo el a quo, en los siguientes términos:

“... Se tiene que mediante el acto administrativo demandado, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ordenó unos cambios en el registro de catastro del bien inmueble ubicado en la carrera 16 7-72, de propiedad de los señores Oviedo Josa Genaro y Rodriguez Oviedo Maria Elena, ampliándolo de 259 a 280 metros.

Respecto de la procedencia de dicho cambio catastral, la entidad demandada argumentó que obedeció a un proceso oficioso de adecuación de las medidas del lote, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Resolución 2555 de 1988, en especial el artículo 96 que prescribe:

ART. 96.—Rectificaciones. Se entiende por rectificación la corrección en la inscripción catastral del predio, por errores en los documentos catastrales advertidos en cualquier momento, de oficio o a petición de parte.

Sin embargo, se tiene que el acto administrativo demandado, carece de motivación alguna, que justifique el cambio realizado, y además no fue notificado en forma alguna a los vecinos de dicho inmueble; situación que la Sala considera al menos irregular por cuanto se trataba de una ampliación en el área de un inmueble, la cual evidentemente podría traer diferencias entre los dueños de los predios colindantes.

La Sala no comparte los argumentos expuestos por la entidad demandada en cuanto se refieren a que la actuación se limitó a calcular el área de acuerdo con la carta catastral existente. Por cuanto al proceder de esa manera, desconoció la naturaleza misma del acto catastral.

Al respecto, el artículo 1º de la Resolución 2555 de 1988, señala:

Definición de Catastro. El Catastro es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado ya los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica.

Se tiene entonces que son cuatro los parámetros que deben seguirse en los diferentes actos catastrales, y por tanto no le era dado a la entidad basarse únicamente en el plano físico, desconociendo los otros elementos en especial el plano jurídico.

La norma antes señalada al respecto indica:

ART. 3º—Aspecto jurídico. El aspecto jurídico consiste en indicar y anotar en los documentos catastrales la relación entre el sujeto activo del derecho o sea el propietario o poseedor, y el objeto o bien inmueble, de acuerdo con los artículos 656, 669, 673, 738, 739, 740, 756 Y 762 del Código Civil(1), mediante la identificación ciudadana o tributaria del propietario o poseedor y de la escritura y registro o matrícula inmobiliaria del predio respectivo.

Así las cosas, no podía el ente demandado, actuar en la forma en la cual lo hizo, por cuanto desconoció los principios mínimos de las normas catastrales y además su actuación estuvo carente de siquiera un proceso sumario que permitiera a las personas que pudieran verse afectadas, defender sus intereses y expresar sus desavenencias con dicha situación.

Adicionalmente a lo anterior, se tiene que la carta catastral o plano enviado por la entidad demandada, no puede ser tenido en cuenta como referente en la producción del acto administrativo atacado, ya que data del año 2003, fecha para la cual ya se había producido el acto demandado y por tanto no existe aportada prueba alguna en la que pueda fundarse la expedición de la Resolución 19-698-00236-2002.

Por otra parte, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, desconoció también lo preceptuado en el artículo 59 de la norma tantas veces anotada, por cuanto en ningún momento anotó divergencias entre los documentos jurídicos (escrituras) y el plano correspondiente (carta catastral), sino todo lo contrario, con base supuestamente en un plano catastral, procedió a modificar el área del inmueble sin tener en cuenta los demás documentos existentes y sin realizar ningún tipo de procedimiento.

ART. 59.—Conflictos limítrofes entre propietarios o poseedores. Cuando se presentaren diferencias entre propietarios o poseedores de predios limítrofes respecto a linderos, el funcionario de Catastro buscará la forma de llegar a un acuerdo y si lo hubiere, el diferendo quedará resuelto para los fines de catastro con la firma de una acta de convenio por parte de cada uno de los propietarios o poseedores. Este hecho se hará constar en las fichas prediales correspondientes.

Si no se llegare a ningún acuerdo, el funcionario de Catastro, previo estudio sumario de la alinderación que aparezca en los títulos, documentos y demás pruebas que los propietarios o poseedores hayan exhibido, decidirá cuál de los límites en litigio se debe tener en cuenta para la identificación de los predios. Tal límite tendrá carácter provisional y podrá ser impugnado ante la oficina de Catastro que corresponda.

Tampoco son admisibles los argumentos expresados en lo que se refiere a que la inscripción en el catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios que tengan una titulación o una posesión, ya que las certificaciones expedidas por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, a título de autoridad estatal, gozan de presunción de legalidad, lo cual permite, entre otras cosas, que con base en ellas se eleven escrituras públicas, como la que se controvierte en el presente proceso.

Por lo anterior, considera la Sala que debe declararse la nulidad parcial del acto demandado en lo que concierne al cambio de área del inmueble de los señores Jose Genaro Oviedo Josa y María Elena Rodriguez de Oviedo...”.

No obstante que la actora no apeló la sentencia en cuanto le fue desfavorable a las pretensiones relativas al restablecimiento del derecho solicitado, consistente en dejar sin efectos la escritura pública 1565 de 2 de noviembre de 2002, de la Notaría Única de Santander de Quilichao, lo cierto es que la declaratoria de nulidad en este caso, por sí sola trae consigo la cancelación de dicho instrumento público, no sólo ante la Notaría respectiva, sino la correspondiente corrección en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en la cual se registró aquel.

Así lo precisó la Sala en sentencia de 22 de enero de 2004 (Exp. 6623, Actora: Ángela Inés Becerra Cortés, C.P. dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que ahora se prohija, en la cual se dijo:

“...Ahora, como la declaratoria de nulidad produce efectos ex tunc, es decir, que implica que las cosas vuelvan al estado anterior, es menester que como consecuencia de ella desaparezca del folio de matrícula inmobiliaria la anotación sobre la venta efectuada en cumplimiento del acto acusado por el municipio de Tumaco a favor del señor Nemesio Quiñónez, por recaer sobre objeto ilícito, pues, de otra manera la sentencia resultaría ilusoria. En consecuencia, la sentencia apelada se adicionará en ese sentido...”.

Lo anteriormente expresado conduce a adicionar el fallo impugnado, para disponer la cancelación de la escritura pública 1565 de 2 de noviembre de 2002, y ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao que tenga en cuenta la referida cancelación en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada en cuanto dispuso la nulidad del acto acusado.

ADICIÓNASE la referida sentencia, así:

— OFÍCIESE a la Notaria Única de Santander de Quilichao, para que cancele la escritura pública 1565 de 2 de noviembre de 2002.

— OFÍCIESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao, para que tenga en cuenta la referida cancelación en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de junio de 2011».

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de mayo de 2000, proferida en el expediente 628. M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de mayo de 1999, proferida en el expediente 4650. M.P. Dr. Libardo Rodríguez.