Sentencia 2004-03941 de marzo 10 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2004-03941

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 22 de febrero de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia

Actor: Carlos Mario Rodríguez Jiménez

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El desacuerdo planteado por el demandante en su recurso de apelación frente al fallo de primera instancia, se refiere fundamentalmente al hecho de que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no consideró que el municipio de Medellín fuera incompetente para realizar el avalúo del inmueble, de manera que a su juicio, pasó por alto lo regulado en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y Resolución 762 de 1998, pues supuso como vigente una disposición legal derogada como la Ley 9ª de 1989.

Además, que el a quo, respecto a la indemnización que debería haberse reconocido al expropiado, se equivoca frente al examen de la demanda y la respuesta, violando el principio de la congruencia y de oportunidad probatoria, puesto que la demandada no formuló ninguna excepción sobre el supuesto retiro obligatorio de 25 metros, el cual fue aportado como prueba en forma extemporánea. Igualmente, que el Tribunal no apreció el dictamen rendido por la perito avaluadora, ni las pruebas aportadas y recogidas por la misma que fundamentan el monto de la indemnización, como tampoco tuvo en cuenta el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, sobre el lucro cesante, el cual enseña que la cuantificación debe determinarse, aun cuando no haya sido probado en el proceso.

Con el fin de analizar los argumentos esbozados por el demandante en el recurso de apelación, es necesario referirnos a cada uno de los cargos formulados en la demanda:

Primer cargo: incompetencia del municipio para realizar el avalúo del inmueble expropiado.

En el presente caso, se debate si la oficina de catastro del municipio de Medellín era competente para efectuar el avalúo, siendo una entidad adscrita al referido municipio.

Sobre este aspecto se aduce en la demanda que el a quo incurrió en error al fundamentarse en la Ley 9 de 1989 y, dejar de aplicar la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 762 de 1998.

La ley 9 en su artículo 15 disponía:

“El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por la entidad que cumpla sus funciones, de conformidad con el artículo 18 de la presente ley. La forma de pago, en dinero efectivo, títulos-valores, o bienes muebles e inmuebles, será convenida entre el propietario y el representante legal de la entidad adquirente. Las condiciones mínimas de pago del precio serán las previstas en el artículo 29” (las subrayas son ajenas al texto).

El artículo 18 de la misma Ley, señalaba:

“Con el objeto de evitar un enriquecimiento sin causa, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones no tendrán en cuenta, al hacer los avalúos administrativos especiales de que trata la presente ley, aquellas acciones o intenciones manifiestas y recientes del Estado que sean susceptibles de producir una valorización evidente de los bienes avaluados(...).

En los municipios de Bogotá, Cali y Medellín, y en el departamento de Antioquia, las oficinas de catastro efectuarán los avalúos administrativos especiales de que trata el presente artículo, ateniéndose a los mismos criterios establecidos para los avalúos administrativos especiales que realiza el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En lo sucesivo, el Instituto podrá delegar la realización de tales avalúos en otras oficinas de Catastro departamentales, intendenciales o municipales” (destacados ajenos al texto).

El artículo 138 de la Ley 388 de 1997 sustituyó el artículo 15 y derogó expresamente el artículo 18 antes transcritos(1).

Es así como el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, introduce modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria y, particularmente, faculta, además del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o a la entidad que cumpla sus funciones, a peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, para efectos de efectuar los avalúos comerciales a los inmuebles que se adquieran o expropien. El citado artículo dispone:

“ART. 61.—Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9ª de 1989:

El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. Ver el Decreto Nacional 1420 de 1998

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en dinero o en especie, en títulos valores, derechos de construcción y desarrollo, derechos de participación en el proyecto a desarrollar o permuta.

Cuando de conformidad con lo dispuesto en la presente ley se acepte la concurrencia de terceros en la ejecución de proyectos, los recursos para el pago del precio podrán provenir de su participación.

La comunicación del acto por medio del cual se hace la oferta de compra se hará con sujeción a las reglas del Código Contencioso Administrativo y no dará lugar a recursos en vía gubernativa.

Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días hábiles después de la comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa.

No obstante lo anterior, durante el proceso de expropiación y siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será posible que el propietario y la administración lleguen a un acuerdo para la enajenación voluntaria, caso en el cual se pondrá fin al proceso.

Los inmuebles adquiridos podrán ser desarrollados directamente por la entidad adquirente o por un tercero, siempre y cuando la primera haya establecido un contrato o convenio respectivo que garantice la utilización de los inmuebles para el propósito que fueron adquiridos.

PAR. 1º—Al valor comercial al que se refiere el presente artículo, se le descontará el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o la contribución de valorización; según sea del caso.

PAR. 2º—Para todos los efectos de que trata la presente Ley el Gobierno Nacional expedirá un reglamento donde se precisarán los parámetros y criterios que deberán observarse para la determinación de los valores comerciales basándose en factores tales como la destinación económica de los inmuebles en la zona geoeconómica homogénea, localización, características y usos del inmueble, factibilidad de prestación de servicios públicos, vialidad y transporte”.

De la norma transcrita se deducen dos cambios fundamentales, en primer término se incluyó a los peritos privados inscritos en la lonja propiedad para efectuar avalúos comerciales administrativos y, en segundo lugar, suprimió las exclusivas facultades que tenían las oficinas de catastro del Distrito de Bogotá, los municipios de Cali y Medellín, y el departamento de Antioquia, para que efectuarán los avalúos administrativos especiales, según el artículo 18 de la Ley 9ª de 1989, expresamente derogado.

De manera que el a quo cometió un error en haberse fundamentado en una Ley derogada. No obstante, esta sección mediante Sentencia de 14 de mayo 2009, en uno de sus apartes expuso:

“(...) Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por la subsecretaría de catastro municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal (...) cabrían exactamente las mismas críticas (...).

No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección.

(...) La Sala considera, al amparo de la sana crítica, que el actor no logró desvirtuar en el proceso la corrección del justiprecio preparado por la Subdirección de Catastro de Medellín”(2) (las subrayas son ajenas al texto).

Como puede observarse, el aparte transcrito de la sentencia, permite determinar en el caso sub examine, que la oficina de catastro del municipio de Medellín es competente para realizar avalúos comerciales en materia de expropiación administrativa.

Aunado a lo anterior, se tiene que al indicar el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, que los avalúos podrán hacerlo también la entidad que cumpla las funciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a juicio de la Sala, faculta a las oficinas de catastro para realizar tales avalúos, ya que tanto el Instituto como dichas oficinas cumplen funciones de peritaje para efectos del impuesto predial, en otras palabras, es válido que la oficina de catastro del municipio de Medellín, haya hecho el avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación.

De manera que es perfectamente viable, a la luz de la Ley 388 de 1997, que en la vía gubernativa, se realicen avalúos comerciales por entidades adscritas a los municipios, cuestión que es corroborada mediante sentencia también proferida por esta Sección de 14 de mayo de 2009.

Al respecto, la aludida providencia, señala:

“(...) es preciso recordar que una vez agotada la vía gubernativa y después de dictado el auto admisorio de la demanda en el proceso especial de nulidad y restablecimiento del derecho regulado por los artículos 68 y 71 de la Ley 388 de 1997, el ente público que ejerció la potestas expropiandi, pierde por completo la competencia para pronunciarse sobre el valor de la indemnización, correspondiendo a partir de ese momento al tribunal administrativo en cuya jurisdicción se encuentra ubicado el inmueble expropiado, en primera instancia, adoptar la decisión de mérito que corresponda para dirimir la controversia surgida entre la administración y el administrado en torno al precio reconocido y pagado en sede administrativa(...)”(3) (subrayas ajenas al texto).

Así las cosas, este cargo no tiene vocación de prosperar, pues aunque el a quo se equivoca en el fundamento legal, no es suficiente para declarar la nulidad, ya que de todas maneras la nueva disposición antes citada, amplía a las oficinas de catastro de los municipios la facultad para efectuar avalúos comerciales de inmuebles sujetos a expropiación en la vía gubernativa.

Segundo cargo: no haberse presentado excepción sobre el supuesto retiro obligatorio de 25 metros, el cual fue aportado como prueba en forma extemporánea.

Al respecto, el artículo 35 del Acuerdo 62 de 1999 del Concejo Municipal de Medellín, dispone:

“ART. 35.—De la comunicación vial regional. Adicionalmente a su función de conexión nacional, los tres corredores viales anteriormente descritos, también cumplen su función de integración regional, desde Medellín hacia los municipios del norte, noreste, oriente, sur, suroeste y noroeste del departamento. Se complementan en esta función regional con las siguientes carreteras:

Carretera las palmas: conduce al oriente y al aeropuerto internacional José María Córdova. En la parte urbana se definen 25 metros de retiro (15 públicos y 10 privados) a cada lado del eje proyectado, para su ampliación a doble calzada; en la parte rural esta sección es de 30 metros (15 públicos y 15 privados)” (las subrayas son ajenas al texto).

A juicio de la Sala, el ente demandado, no tenía por qué haber presentado excepción sobre el retiro obligatorio de 25 metros, pues la norma es clara al respecto. Otra cosa distinta es que se discuta si en el dictamen pericial de la oficina de catastro del Municipio de Medellín, aparece el valor y el concepto de la franja retirada.

Por otra parte contrario a lo que afirma la actora, la norma citada(4) que el ente demandado relacionó como prueba, es válida, en la medida en que esta fue producto del exhorto núm. 2494 de 23 de agosto de 2005 del Tribunal. Además, por el simple hecho de que sea una norma, no está sujeta a ser controvertida en el proceso, pues hasta tanto sea demandada y declarada nula, goza de plena legalidad.

Así las cosas, este cargo no tiene vocación de prosperar.

Tercer cargo: no haber el tribunal apreciado el dictamen rendido por la perito avaluadora, ni las pruebas aportadas y recogidas por la misma que fundamentan el monto de la indemnización, ni tuvo en cuenta el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, sobre el lucro cesante.

Respecto al carácter justo y pleno que deben ostentar las indemnizaciones expropiatorias, la Sentencia de 14 de mayo de 2009 antes citada, efectúa las siguientes consideraciones:

“(...) el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su inciso 4º, modificado por el Acto Legislativo 1 de julio 30 de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio”.

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnización de carácter reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a los demás perjuicios que se le hubieren causado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública, debidamente justificada y previa una justa indemnización” (negrillas ajenas al texto).

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé igualmente en su artículo 21.2 el pago de una indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior significa que el valor que se determine con esa finalidad, debe ser comprensivo de todas las ablaciones patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la línea divisoria que marca las fronteras entre el enriquecimiento y el menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que subyace en estas normas de rango superior, indica que los daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la incorporación al dominio público de bienes de propiedad particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse que este deba asumir a título personal un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión imperativa de su derecho de dominio, constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, la h. Corte Constitucional, mediante Sentencia C-153 de 1994 señaló que el quantum de la expropiación debe abarcar, además del valor del bien expropiado, el de “... los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado” (subrayas ajenas al texto).

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un bien del dominio privado, comporta necesariamente la obligación de indemnizar el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción contencioso-administrativa, puesto que esta es procedente respecto del precio, cuando el expropiado considere incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y plena.

Lo anteriormente expuesto explica el porqué el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en el cual se regula el proceso contencioso administrativo especial de expropiación por vía administrativa, establece textualmente lo siguiente en sus incisos 1º y 6º:

“ART. 71º—Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares: (subrayado fuera de texto).

(...).

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, en el proceso no podrán controvertirse los motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo relativo al precio indemnizatorio” (subrayado fuera de texto).

Como bien se puede observar, los dispositivos legales que se acaban de indicar, permiten a los propietarios afectados demandar ante la justicia administrativa el pago de los daños derivados de una expropiación por vía administrativa, cuando quiera que el precio indemnizatorio reconocido por la administración a título de indemnización no alcance a proporcionar una reparación justa y plena, esto es, cuando la suma decretada no sea suficiente para cubrir el valor comercial del inmueble y los demás daños irrogados (ablatio dominii), con lo cual se quiere evitar una ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas (desatacado de la Sala).

Por otra parte, no sobra precisar que para poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.

El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético, estocástico o contingente no pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta completamente indiferente que aquel ya se haya presentado como un hecho existente en plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual. Al fin y al cabo el daño futuro no es sino una modalidad del daño cierto, tal como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades la Sección Tercera de esta corporación.

Los anteriores comentarios llevan a señalar que los daños inherentes a la pérdida del derecho de dominio, deben ser acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de lesiones ya causadas o de daños que si bien no se han producido todavía, existe un alta probabilidad en torno a su ocurrencia futura”.

En este orden de ideas, para que pueda haber restablecimiento del derecho, es esencial que el demandante acredite en el proceso el lucro cesante dejado de percibir y, aquel cuya ocurrencia tenga la viabilidad de presentarse en el futuro. Además, es necesario que el agravio o daño causado por la expropiación, sea cierto y exista un nexo de causalidad entre este y la decisión administrativa, pues la simple suposición no puede dar lugar a la indemnización solicitada, tal como bien lo argumenta la providencia antes transcrita.

En el caso sub examine, se observa que en el dictamen pericial practicado por la oficina de catastro de Medellín y del auxiliar de justicia designado por el a quo, existen discrepancias que merecen enunciarse:

El perito avaluador de la oficina de catastro en el trámite administrativo, afirma en su informe inicial y en aclaratorio (fls. 75 a 83 y 144 a 152), que el valor del lote de 816,28 m2 es de $ 300.000 el metro cuadrado para un total de $ 244.844.000; que se aplicó el Acuerdo 62 de 1999 para efectos de establecer los 25 metros de retiro, y que el valor del daño emergente y lucro cesante es igual al avalúo comercial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 388 de 1997.

El perito avaluador designado por el tribunal, sostiene en su informe inicial y aclaratorio (fls. 219 a 242 y 245 a 263) que el valor del lote de 816,28 mts2 es de $ 349.602 metro cuadrado para un total de $ 288.869.369; que no se tuvo en cuenta el Acuerdo 62 de 1999 para establecer los 25 m de retiro, por cuanto no le fue solicitado por el magistrado del tribunal; y que en la evaluación anterior no se liquidó el lucro cesante.

El informe inicial fue presentado por el perito avaluador de la Oficina de Catastro de Medellín el 14 de julio de 2003 y su aclaración el 22 de diciembre de 2003, mientras el informe inicial del auxiliar de la justicia designado como perito avaluador del inmueble expropiado fue presentado el 10 de mayo de 2005 y su aclaración el 23 de mayo de 2005, de manera que existe una diferencia de casi dos años entre unos y otros.

Afirma el perito avaluador de la oficina de catastro de medellín:

“... los avalúos realizados por el cuerpo colegiado de la Lonja Propiedad Raíz para el Municipio de Medellín del Proyecto Transversal Intermedia, cra. 34 el menor valor es de $ 100.000 el Mts2 y el mayor valor es de $380.000 el Mts2.

A la vez se tuvo en cuenta los siguientes aspectos técnicos

• Grado de desarrollo urbanístico del sector

• Localización específica del inmueble.

• Tamaño, forma, topografía, tipo de suelo y demás afectaciones de la tierra.

• El inmueble cuenta con todos los servicios públicos completos.

• Las vías de acceso, no son de la mejor especificación técnica, ya que es una vía a nivel nacional que debería ser doble calzada.

(...).

2. Valores

Se realizaron consultas a diferentes miembros adscritos a Lonja Propiedad Raíz de Medellín, con el propósito de obtener información sobre recientes negociaciones en el sector y poder así determinar un valor m2 acorde a las expectativas de oferta y demanda”.

Mientras que el perito avaluador designado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se limita a hacer una crítica al avalúo de la Oficina de Catastro, en el sentido de que hay dos establecimientos Guam Bar y Restaurante Las Brasas Parrilla Bar, que le extraña que aparezca en las experticias “... la dirección anotada y el supuesto funcionamiento de la discoteca Papa john” (fl. 221), indica que el daño emergente fue la suma de $ 288.869.369, el lucro cesante pasado son $ 377.626.640 (fl. 231) y futuro el valor de $ 311.735.931 (fl. 232).

De lo anterior se desprende que existen incongruencias entre ambas experticias. Sin embargo, a juicio de la Sala, el actor tiene la carga de probar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente los errores en que haya incurrido el perito en la vía administrativa.

Por ello, la Sala considera pertinente transcribir algunos apartes de la sentencia proferida por esta Sección de 14 de mayo de 2009, ya que se trata de un caso similar al sub judice, donde existían incongruencias entre los dictámenes de los peritos avaluadores sobre el valor comercial del inmueble.

“... al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección.

Hecha esta acotación, es pertinente señalar, a juicio de la Sala, que los mismas comentarios que se acaban de realizar frente al avalúo oficial, también pueden hacerse extensivas a los avalúos practicados tanto por el avaluador FRANCISCO OCHOA OCHOA como por la perito MARIA ESTHER VÉLEZ MUÑOZ, pues es evidente que uno y otro adolecen de idénticas falencias.

...A pesar de sus afirmaciones, no aparece en su avalúo la constancia expresa de las comparaciones, simulaciones, cálculos y operaciones efectuados para deducir el valor unitario del metro cuadrado. En otras palabras, a pesar de las abundantes consideraciones expuestas en el documento obrante a folios 88 a 107 del expediente, se advierte que ninguna de ellas constituye una premisa suficiente que permita concluir que el valor comercial del inmueble asciende realmente a la suma total de $347.292.000.oo m/cte.

En relación con el avalúo practicado por la perito MARIA ESTHER VÉLEZ MUÑOZ, se advierte que esta se limitó a contrastar el valor indemnizatorio determinado por el Municipio de Medellín ($ 251.951.500, a razón de $ 230.000.oo por metro cuadrado) con el valor indemnizatorio determinado por el avaluador FRANCISCO OCHOA OCHOA ($ 347.292.000.oo a razón de $ 300.000.oo por metro cuadrado), llegando a la conclusión no sustentada de que el valor del inmueble ascendía realmente a la suma de $ 350.291.860.oo. Como se puede observar a folios 271 a 284, el justiprecio consignado en el dictamen no da cuenta de las razones de orden fáctico y técnico que llevaron a la perito designada por el Tribunal a acoger los valores establecidos por FRANCISCO OCHOA OCHOA y a descartar las conclusiones del avalúo elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal. Si bien era preciso dejar constancia expresa de datos exhaustivos y concretos o de detalles particularmente circunstanciados, el dictamen practicado en la primera instancia en realidad no presenta ningún razonamiento que soporte la determinación del justiprecio y que permita desvirtuar las conclusiones consignadas en el avalúo oficial.

Como bien se puede constatar, la perito en mención adhirió lisa y llanamente al avalúo del inmueble realizado por el avaluador FRANCISCO OCHOA OCHOA, tras consultar previamente la opinión de la firma JUAN G. AGUDELO G, cuyo representante legal, mediante oficio actuante a folio 285 del expediente, se limita a señalar que “de acuerdo con mis conocimientos y experiencia como profesional en el área de la construcción (arquitecto) [....] EL LOTE DE TERRENO Y EL ÁREA CONSTRUIDA: TIENEN UN VALOR DE TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M.L.C.” (Las mayúsculas son propias del texto), destacándose que al hacer dicha manifestación, tampoco aportó ningún elemento de juicio ni soporte de orden técnico que permitiera corroborar la corrección y certeza de su dicho.

Según el criterio expresado por esta Corporación, en estos casos resulta insuficiente la mera exposición de los resultados de las operaciones periciales practicadas y de las deducciones extraídas por el perito, huérfanas de las explicaciones relativas a su origen y al proceso lógico e intelectivo que ha conducido a su obtención, omitiendo la exposición y explicación de las razones por las cuales no es dable mantener otro criterio diferente.

Precisamente por el hecho de que tanto las partes como la autoridad judicial no cuenten con los conocimientos especializados del perito, es de esperar que este revele los datos y los hitos de su discernimiento, que si bien un entendido en la materia puede reputar elementales, un profano puede encontrarlos inasequibles. Obsérvese que el cometido principal de cualquier experticia no es otro que la persuasión, y esta difícilmente se logra cuando solamente se efectúan afirmaciones o negaciones de manera apodíctica, negándole al juez y a las partes la posibilidad de conocer los rudimentos básicos del análisis efectuado. La labor del perito consiste precisamente en proporcionar, junto con el fruto de su propia interpretación, los fundamentos que lo soportan, para situar a sus destinatarios en condiciones de poder valorar la objetividad, la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de las conclusiones presentadas.

Teniendo cuenta las falencias que quedan expuestas y ante la imposibilidad de dar plena credibilidad a la prueba pericial practicada en el proceso en relación con el justiprecio del inmueble expropiado, la Sala considera, al amparo de la sana crítica, que el actor no logró desvirtuar en el proceso la corrección del justiprecio preparado por la Subdirección de Catastro de Medellín. Por esa misma razón ha de concluirse que el actor tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos administrativos demandados que acogieron ese justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún medio de prueba que permita demostrar que el avalúo fijado por la administración fuese incorrecto, no hay ninguna razón para decretar la nulidad parcial deprecada por el actor en lo relativo al precio indemnizatorio.

Todo lo anterior tiene su fundamento legal en el numeral 6º del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, en donde se dispone que "El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones". Esta disposición consagra la necesidad de explicar el porqué se rinde el dictamen en determinado sentido, indicando las razones de orden técnico, científico o artístico que se tuvieron en cuenta para conceptuar, a fin de que, como ya se dijo, las partes puedan ejercer el derecho de contradicción de la prueba y el juez, por su parte, pueda valorar la racionalidad y objetividad de las conclusiones emitidas.

El actor tenía la carga de demostrar la incorrección del avalúo oficial y acreditar la corrección del justiprecio presentado por quien actuó como perito en el curso de la primera instancia, cometido que no se logró en el asunto sub examine (...)”(5).

En efecto, la Sala reitera, que para que pueda haber restablecimiento del derecho, es esencial que el demandante acredite en el proceso el daño emergente y el lucro cesante dejado de percibir y, aquel cuya ocurrencia tenga la viabilidad de presentarse en el futuro y, que la simple suposición, no puede dar lugar a la indemnización solicitada. Razones por las cuales, esta Sala acoge en su totalidad las consideraciones expuestas en dicha providencia, ya que en el caso sub examine, el perito avaluador designado por el Tribunal, no aportó prueba alguna que demuestre el valor del metro cuadrado en la zona en que está ubicado el bien inmueble expropiado, como tampoco presento evidencias sobre el cálculo del daño emergente y del lucro cesante, pues no son suficientes los contratos de arrendamiento allegados para demostrar lo dejado de percibir, ya que como bien se sabe, se requieren por lo menos los recibos de pago o consignaciones efectuados por sus arrendatarios durante la vigencia de dichos contratos, cuestión que no fue aportada al proceso.

Así las cosas, los actos administrativos expedidos por el municipio de Medellín, gozan de plena legalidad, al no haberse probado en el proceso la vulneración de las normas acusadas por el actor.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero de acuerdo con las consideraciones previstas en esta Providencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la misma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 22 de febrero de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se niegan las pretensiones de la demanda, pero de acuerdo con las consideraciones consignadas en esta providencia.

Ejecutoriada esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala el 10 de marzo de 2011».

(1) El artículo 138 señala: “Las disposiciones de la presente ley rigen a partir de su publicación y:

1. Derogan expresamente las disposiciones contenidas en los siguientes artículos de la Ley 9ª de 1989:

incisos 2º, 3º y 4º del artículo 13; incisos 2º y 3º del artículo 21; incisos 5º y 6º del artículo 25; inciso 2º del artículo 26; el 2º inciso del artículo 39, y los artículos 1º, 2º, 3º, 18, 19, 27, 31, 35, 40, 41, 42, 44, 47, 63,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 106, 107, 108, 109, 110 y 111.

2. Sustituyen expresamente las disposiciones contenidas en los siguientes artículos de la Ley 9ª de 1989:

Inciso 1º del artículo 15, incisos 2º y 4º del artículo 32, inciso 3º del artículo 78, y los artículos 4º, 10, 11,12, 52, 57 y 66 (…)” (negrillas fuera del texto).

(2) Sentencia de 14 de mayo 2009. Radicación número: 2005-03509. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.

(3) Sentencia de 14 de mayo de 2009. Expediente núm. 2005-91365, Consejero Ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

(4) Dicha prueba es referida en el oficio de 13 de septiembre de 2005 que obra a folios 344 a 346. Igualmente, se cita en el oficio de 3 de marzo de 2005 visto a folios 324 a 326. También se cita en el informe de revisión del avalúo de 22 de diciembre de 2003 suscrito por el subsecretario de catastro municipal de la Alcaldía de Medellín que obra a folios 107 a 120.

(5) Sentencia de 14 de mayo de 2009. Expediente núm. 2005-03509, Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.