Sentencia 2004-03951 de febrero 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 05001-23-31-000-2004-03951-01(40803)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Actor: Jhon Fredy Herrera González y otros.

Demandado: Nación - Ministerio del Interior y de Justicia - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.

Referencia: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(10).

La acción de reparación directa estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues la providencia que precluyó la investigación a favor del señor Jhon Fredy Herrera González es de fecha 25 de abril de 2002, y la demanda que dio origen a este proceso es de fecha 23 de abril de 2004, luego, entre aquella y esta no transcurrió un lapso superior a dos (2) años.

En el expediente se encuentra acreditado que el señor Jhon Fredy Herrera González comparece al proceso como la persona que fue privada injustamente de la libertad; María Fernanda Herrera Gutiérrez es hija de aquél según consta en la copia auténtica del registro civil de nacimiento obrante a folio 4, cuaderno 1; María Eucaris González Álvarez, es la madre del señor Jhon Fredy Herrera González —víctima directa— según consta en la copia simple del registro civil de nacimiento de éste obrante a folio 7 ídem; Cesar Augusto Galeano González, es hermano de la víctima directa, como se acredita con la copia auténtica del registro civil de nacimiento de aquél, que se encuentra incorporado al expediente a folio 3 ídem.

Así las cosas, puesto que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(11); y es criterio reiterado y pacífico en esta corporación, que la acreditación del parentesco constituye un indicio para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, se concluye que la privación de la libertad que sufrió Jhon Fredy Herrera González ha obrado como causa de un grave dolor en su progenitora, hija y hermano y que por tanto, tanto aquel, como estos, se encuentran legitimados para la causa, por activa.

Además, la Sala encuentra probado con la prueba testimonial rendida dentro del proceso por el señor Gabriel Antonio Loaiza Zapata, quien afirma que Paula Andrea Gutiérrez Gutiérrez era la compañera del señor Jhon Fredy Herrera González y se le reconocía públicamente como su señora, su esposa, “expresión esta última que adquiere en el lenguaje del común de las personas una connotación diferente de la que le confiere la normativa civil, para aludir a quien se comporta como cónyuge, sin consideración a la existencia real del vínculo solemne y formal. De igual forma acredita la prueba testimonial en referencia que el señor Luis Alfonso Galeano es padre de crianza de Jhon Fredy Herrera González.

El señor Gabriel Antonio Loaiza Zapata, dijo lo siguiente:

“(…) Si conozco a Jhon Fredy Herrera González, lo conozco hace por ahí 10 años, lo conozco por mi compañero de armas que es don Luis el padrastro de Jhon Fredy. Si conozco a la familia de John Fredy, que son la señora y una hija, se llama María Fernanda…la esposa no recuerdo el nombre. (…)

PREGUNTADO: Informe si aquí en el municipio de Bello Jhon Fredy vivía bajo el mismo techo con su esposa, padres y hermanos? RESPONDE: Sí, él vivía bajo el mismo techo y todos se trasladaron a la ciudad de Cali. PREGUNTA: Informe que actividad realizó la familia de Jhon Fredy para tratar de demostrar su inocencia? RESPONDE: Ella recogió varios memoriales de los vecinos, varias firmas de las personas con las que Fredy se relacionaba, y prestó dinero para pagar abogado, principalmente a la mamá y al padrastro para pagar el abogado, no sé cuánto les cobró el abogado. La mamá siempre iba a visitarlo, los hermanos también iba, pero iba más continuo la mamá, como también la esposa y el padrastro iban. PREGUNTADO: Informe si el hecho de la detención que sufrió Jhon Fredy durante cinco meses alteró la situación de la familia, de ser así indique en que forma? RESPONDE: Si los afectó porque ellos han sido una familia muy unida y durante ese lapso de detención ya las cosas cambiaron, ya no era lo mismo por el motivo de la detención por la cual lo acusaban a él, por ese motivo ellos sufrían mucho moralmente, más que todo la señora madre, la esposa y la hija, eso lo reflejaban llorando mucho por la retención y decían que les hacía mucha falta la presencia de él (…)”(12).

Testimonio que pese a ser el único existente en el proceso, la Sala le da plena credibilidad para acreditar la condición de compañera de Paula Andrea Gutiérrez Gutiérrez del señor Jhon Fredy Herrera González y de Luis Alfonso Galeano en su condición de padre de crianza del joven Herrera González; porque proviene de una persona que conoce el entorno social de los demandantes, es claro y coherente en las respuestas que da y expone la ciencia de su dicho. De otra parte, no existen otras pruebas dentro del proceso que desvirtúen la afirmación que hace el testigo; por el contrario el hecho de la convivencia de la señora Paula Andrea Gutiérrez Gutiérrez con Jhon Fredy Herrera González, se refuerza con la existencia de una hija producto de esa unión.

En lo que concierne a las demandadas, no obstante la solidez que presenta la postura de la Sala acerca de la exclusión de la falta de legitimación en la causa del ámbito de las excepciones de fondo en cuanto se trata de razón de una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(13), considera pertinente que su análisis en el presente caso se lleve a efecto dentro del acápite atinente al estudio de la imputación, dada la conexidad que existe entre las actuaciones adelantadas por los organismos demandados y su relación mediata o inmediata con el daño.

3.2. Sobre la prueba de los hechos.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en el hecho de la afrenta que padeció Jhon Fredy Herrera González en su libertad física, en su honra, en su derecho al sosiego y a la paz interior y en la vida de relación, por causa de la imputación, de la captura, de la detención preventiva y de la medida de detención preventiva de la que fue víctima directa; y en el agravio que soportaron compañera, madre, padrastro, hija y hermano.

Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera:

3.2.1.1. La afrenta a la libertad física de Jhon Fredy Herrera González, con los siguientes documentos que allegó el actor en copias simples(14), como anexos de la demanda:

• El 10 de diciembre de 2001, el señor Jhon Fredy Herrera González fue capturado, como consta en el acta de derechos del capturado(15).

• Boleta de detención del señor Jhon Fredy Herrera González de 11 de diciembre de 2001, expedida por el Fiscal 68 Delegada dirigida al señor director de la Cárcel de Bellavista(16).

• Proveído de 20 de diciembre de 2001 emanado de la Fiscalía 68 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, donde se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad contra Jhon Fredy Herrera González, sindicado del delito de homicidio(17).

• La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Unidad de Fiscalía 68 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, en fecha 25 de abril de 2002(18), decidió precluir la investigación penal que se adelantaba en contra de Jhon Fredy Herrera González por el delito de homicidio, por las siguientes consideraciones:

“(…) Ahora bien, con respecto a la responsabilidad Jhon Fredy Herrera González, tenemos que la prueba de residuo de disparo fue negativa, lo cual quiere decir que por lo menos después de la muerte no tuvo en sus manos el artefacto; de otro lado, solo se sabe que Jhon Fredy estuvo ingiriendo licor con los otros dos capturados, durante la noche anterior a los hechos, pero no estaba con ellos al momento del herimiento de Juan Fernando y que su captura obedeció a las informaciones recibidas por los agentes de policía según las cuales estuvo con ellos toda la noche y se dedicó a pedir dinero a los transeúntes que pasaban por el lugar; pero según lo probado al pasar por allí Juan Fernando (occiso), este sindicado se hallaba en la casa de su amiga Blanca Nelly Sánchez, quien dice que Jhon Fredy ingresó a su casa a eso de las siete de la mañana en estado de ebriedad”.

Queda de esta manera demostrado que el señor Jhon Fredy Herrera González, estuvo privado de su libertad desde el 10 de diciembre de 2001 hasta el 25 de abril de 2002, es decir, por un lapso de 135 días.

3.2.1.2. Sobre el daño moral.

Las personas naturales tienen derecho a disfrutar de una vida interior o espiritual, plácida, sosegada, pacífica. Cuando esta condición se altera para dar paso al dolor, a la angustia, a la aflicción, se configura una modalidad de daño que se conoce con el apelativo de daño moral.

Este daño, como colofón de una elemental regla de experiencia, se presume en la víctima directa de la lesión en un derecho inherente a su condición humana, como lo es el derecho a la libertad física. Con apelación a la misma regla, se presume que los vínculos naturales de afecto y solidaridad que se crean entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, y hermanos. Así lo ha entendido en forma reiterada la jurisprudencia de la Sección Tercera desde el año 1992(19).

Luego, la Sala encuentra probado este daño con basamento en las pruebas de parentesco que obran en el expediente y que fueron relacionadas con ocasión del análisis de la legitimación por activa. E igualmente, la legitimación por activa se radica en cabeza de la señora Paula Andrea Gutiérrez Gutiérrez —compañera— y de Luis Alfonso Galeano e padre de crianza —padrastro— de Jhon Fredy Herrera González, tal como se probó con la prueba testimonial antes valorada; la cual además demuestra que los antes citados, convivían bajo el mismo techo con la víctima directa de la privación de la libertad y que ésta les produjo gran aflicción y tristeza por el tiempo en que Jhon Fredy permaneció privado de su libertad, por lo que es viable que éstos sean indemnizados por este concepto —perjuicio moral— dentro de los topes fijados por la jurisprudencia de esta Sala.

3.2.1.3. Sobre el daño patrimonial modalidad daño emergente.

Se tradujo, según la demanda, en los desembolsos de dinero que hubo de realizar John Fredy Herrera González para la asunción de los costos que demandó su defensa técnica dentro del proceso penal. Ningún conocimiento tiene la Sala sobre estas erogaciones, diferente a la información que suministró la misma parte demandante en su escrito introductorio. Por tanto, no se tiene por probado.

3.2.1.4. Sobre el daño patrimonial modalidad lucro cesante.

Se encuentra debidamente acreditado, que John Fredy Herrera González, se ganaba la vida haciendo mandados y repartiendo domicilios. No existe prueba dentro del expediente que demuestre claramente el quantum de lo devengado por aquel, por lo que se tomará como referente para calcular la indemnización respectiva el salario mínimo legal mensual vigente, multiplicado por el número de días que estuvo en situación intramural, para cuya liquidación se utilizará la fórmula dispuesta por esta corporación.

3.2.2. Sobre la imputación.

Se encuentra debidamente probado, a través de prueba documental allegada al expediente en copias simples no controvertidas de documentos públicos, que:

1. El 10 de diciembre en horas de la mañana, fue muerto con impactos de arma de fuego Juan Fernando Torres, al parecer a manos de los ahora sindicados Luis Arturo Mejía Giraldo y Jhon Fredy Herrera González. Los sindicados se encontraban desde la noche anterior dedicados a la ingestión de licor; ya en horas de la mañana, le solicitaban dinero a las personas que pasaban junto a ellos, unos les daban, otros no; la mala fortuna hizo que Juan Fernando Torres no llevara dinero consigo, entonces los sindicados lo golpearon y le dispararon causándole la muerte, momentos más tarde fueron aprehendidos por la Policía y puestos a disposición de la Fiscalía(20).

2. La materialidad de la infracción se encuentra acreditada con: (i) las diligencias de levantamiento del cadáver de Juan Fernando Torres Vásquez y la necropsia realizada al mismo, en donde aparece que la muerte fue consecuencia de un disparo de arma de fuego de carga múltiple (changón).

3. El mismo día de ocurrencia de los hechos la Fiscalía, se recibió la declaración juramentada del señor Wladimir Gulloso Padilla, quien relató como esa mañana al salir de su casa, se encontró con los tres presuntos autores del homicidio, uno de ellos le pidió dinero y al otro le vio un arma. El declarante, al llegar al lugar de trabajo, llamó a su esposa quien le contó que en esa mañana había ocurrido un homicidio y que instantes después de los disparos, los mismos tres sujetos quisieron entrar por la fuerza a su caso, empujaron la puerta, pero que ella y una hermana lo impidieron(21).

4. La señora María Carmen Vásquez Torres, madre de la víctima, acusó a los tres detenidos como autores del homicidio de su hijo Juan Fernando Torres, según lo que le dijeron los vecinos del sector.

5. En declaraciones de los agentes de Policía encargados de la captura de los presuntos autores del homicidio ratificaron su informe. El Policía José Alirio Acosta, manifestó que se enteraron de lo sucedido por las llamadas de la comunidad, que cuando acudieron encontraron al occiso en la vía pública y que la gente les informó que los responsables de la muerte eran dos o tres muchachos de la urbanización Marco Tulio Henao, que sus compañeros entraron a los apartamentos y el escuchó por radio que los presuntos autores, habían emprendido la huida, pero finalmente los policías regresaron con tres detenidos. Por su parte el agente Carlos Pinto Jaimes, manifestó que al ingresar a los bloques de los apartamentos se escuchó los gritos de una señora, sitio en el cual encontraron a los tres sujetos.

6. El 20 de diciembre de 2001 la Fiscalía 68 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, profiere medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad contra Jhon Fredy Herrera González, y los otros dos sujetos sindicados del delito de homicidio(22).

7. Con relación a la materialidad del porte ilegal de armas, obra en las diligencias, el resultado de la prueba de residuos sólidos de disparo (absorción atómica) que fue positiva para Luis Mejía y negativa para Jhon Fredy Herrera González.

8. Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Unidad de Fiscalía 68 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, en fecha 25 de abril de 2002(23), decidió precluir la investigación penal que se adelantaba en contra de Jhon Fredy Herrera González por el delito de homicidio, por las siguientes consideraciones:

“(…) Ahora bien, con respecto a la responsabilidad Jhon Fredy Herrera González, tenemos que la prueba de residuo de disparo fue negativa, lo cual quiere decir que por lo menos después de la muerte no tuvo en sus manos el artefacto; de otro lado, solo se sabe que Jhon Fredy estuvo ingiriendo licor con los otros dos capturados, durante la noche anterior a los hechos, pero no estaba con ellos al momento del herimiento de Juan Fernando y que su captura obedeció a las informaciones recibidas por los agentes de policía según las cuales estuvo con ellos toda la noche y se dedicó a pedir dinero a los transeúntes que pasaban por el lugar; pero según lo probado al pasar por allí Juan Fernando (occiso), este sindicado se hallaba en la casa de su amiga Blanca Nelly Sánchez, quien dice que Jhon Fredy ingresó a su casa a eso de las siete de la mañana en estado de ebriedad”.

En estos términos, la Sala infiere que la privación de la libertad es el resultado de una decisión adoptada por la Fiscalía, por tanto, la Sala concluye que el daño padecido por los actores le es imputable a la Fiscalía General y halla razón suficiente en el argumento expuesto por las representaciones judiciales de la Nación —Ministerio de Justicia y del Derecho— hoy Ministerio del Interior y de Justicia —para sustento de la excepción de falta de legitimación por pasiva, y así se confirmará en la parte resolutiva de esta sentencia. Igual suerte corre la intervención de la Nación - Rama Judicial, pues no tuvo ninguna actuación dentro del proceso penal que se adelantó contra Herrera González.

3.3. Problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar si hay responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Jhon Fredy Herrera González, como consecuencia de la captura y posterior detención preventiva a que fue sometido por la Fiscalía sindicado del delito de homicidio, teniendo en cuenta que posteriormente, la misma Fiscalía precluyó la investigación a favor de aquél, al considerar “que no existía indicio grave que comprometiera su responsabilidad, lo cual nos lleva a decretar la preclusión de la instrucción en su favor y a otorgarle la libertad inmediata e incondicional”(24). A continuación, si a ello hay lugar, deberá resolverse si la conducta del sindicado constituye, en términos civiles, un hecho de la víctima que quiebre el nexo de imputación de responsabilidad estatal.

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

Respecto al régimen aplicable al caso en estudio, la Sala pudo establecer que la absolución en el proceso penal que fue adelantado en contra del Jhon Fredy Herrera González, estuvo fundamentada en que no existían indicios graves que comprometieran su responsabilidad, por tanto es claro que la preclusión de la investigación del proceso penal que se seguía en su contra, se originó porque no existió mérito probatorio suficiente para que continuara vinculado a la investigación.

Una vez determinado lo anterior, cabe precisar que antes de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad, estaba constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que establecía:

ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

Cabe precisar, que la providencia que precluyó la investigación en favor de Herrera González sindicado del delito de homicidio, quedó debidamente ejecutoriada el 25 de abril de 2002, por tanto se encontraba vigente el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “(…) quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado en reparación de perjuicios”, circunstancia sobre la cual se consideró que no impedía abordar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el criterio previamente referido.

La Sala ha considerado(25) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible.

Por consiguiente, el caso objeto de estudio de privación injusta de la libertad implica una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de un error cometido por la autoridad judicial; al afectado le basta probar que le fue impuesta una medida que infirió en la privación de su libertad durante el proceso penal que finalizó con decisión absolutoria, con el fin de imputarle responsabilidad extracontractual en cabeza del Estado y así surja la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano. Bajo esa óptica, deberán analizarse los presupuestos para que pueda declararse responsabilidad en contra de la entidad demandada en el sub lite.

El artículo 70 de la Ley 270 de 1996 estableció que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la disposición precitada manifestó:

(…) Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…)(26).

Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder —activo u omisivo— de la propia víctima, al respecto ha dicho:

(…) Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (…).

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

(…).

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)(27).

En consideración a la carga probatoria del demandante en el caso que se analiza, el Consejo de Estado ha reiterado que corresponde a la parte actora acreditar los elementos que configuran la responsabilidad, a saber: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, elementos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente con la prueba de la privación de la libertad y resolución de preclusión de la investigación a favor del procesado, pues fue, una decisión de la Fiscalía General de la Nación la que determinó que al Jhon Fredy Herrera González, le fuera impuesta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, concluyéndose mediante resolución de preclusión de la investigación, que no existían indicios graves que comprometieran su responsabilidad en el delito de homicidio que se le imputaba. En contraste, es a la parte demandada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada la causal de exoneración por el hecho exclusivo y determinante de la víctima.

Para la Sala, el indicio de presencia en el sitio y momento de los hechos, la ingesta de licor y el molesto ejercicio de la mendicidad por parte de Jhon Fredy Herrera, en modo alguno resultan determinantes del proceder que en este proceso se reprocha a la Fiscalía General de la Nación. Son comportamientos explicables si se considera la condición social de indigencia y por tanto, elevarlos a la naturaleza de eximente de responsabilidad administrativa revelaría adscripción a un peligrosismo incompatible con la axiología constitucional.

Por tanto, esta Sala considera que la parte demandada no demostró en el plenario que la privación de la libertad del señor Jhon Fredy Herrera González se produjera como resultado de la culpa exclusiva de la víctima, y entonces es apropiado concluir que en el presente caso tenemos los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en consideración a que sus actuaciones causó el hecho dañoso.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de Antioquia, profirió sentencia que denegó las súplicas de la demanda, ésta ha de ser revocada para proferir, en su lugar, una sentencia declarativa de responsabilidad conforme a las consideraciones precedentes y condenará al pago de perjuicios que pasan a liquidarse.

3.5. Análisis de la Sala sobre los perjuicios.

3.5.1. De los perjuicios morales.

La Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso en sentencia proferida el 28 de agosto de 2014, las reglas para determinar el monto de los perjuicios morales causa dos como consecuencia de la privación Injusta de la libertad, determinable en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

En el presente caso, se decretarán perjuicios morales tasados en salarios mínimos legales mensuales para los demandantes, esto es, Jhon Fredy Herrera González (víctima de la privación injusta), Paula Andrea Gutiérrez Gutiérrez en calidad de compañera, según testimonio rendidos dentro del proceso, María Fernanda Herrera Gutiérrez, en su condición de hija de la víctima directa de la privación injusta de la libertad, María Eucaris González Álvarez como madre de la víctima directa, Luís Alfonso Galeano, como padre de crianza o padrastro de la víctima, según testimonio rendido dentro del proceso y Cesar Augusto Galeano González, en condición de hermano, según se acreditó con los respectivos registros civiles de nacimiento existentes en el proceso.

Lo anterior en atención a que, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por cónyuge, abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya sufrido un daño, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(28), permite presumir, que el peticionario ha padecido el perjuicio solicitado.

Así mismo se encuentra que la privación injusta de la libertad tuvo lugar por el término de 4 meses y 15 días, entre el 10 de diciembre de 2001 y el 25 de abril de 2002.

Todo lo anterior significa que el señor Jhon Fredy Herrera González, su compañera permanente, su hija y su madre y padre de crianza se encuentran en el primer nivel de la tabla y en el quinto rango indemnizatorio, puesto que la privación superó los 4 meses pero es inferior a 6, en consecuencia, la cuantificación del daño para cada uno de ellos asciende a 50 SMLMV.

Respecto al señor Cesar Augusto Galeano González, en su condición de hermano del señor Herrera González se encuentran en el segundo nivel de la tabla y en el quinto rango indemnizatorio, en consecuencia la cuantificación del daño moral asciende a los 25 SMLMV.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

NivelDemandanteIndemnización
John Fredy Herrera González (víctima de la privación injusta)50 smlmv
Paula Andrea Gutiérrez Gutiérrez (compañera permanente)50 smlmv
María Fernanda Herrera Gutiérrez (hija)50 smlmv
María Eucaris González Álvarez (madre)50 smlmv
Luís Alfonso Galeano (padre de crianza)50 smlmv
Cesar Augusto Galeano González (hermano)25 smlmv

3.5.2. De los perjuicios materiales.

3.5.2.1. Del daño emergente.

Por no haberse acreditado debidamente en el proceso, no se concederá el valor por concepto de pago de honorarios del abogado defensor del señor Jhon Fredy Herrera González, debido a que no aparece en el proceso los correspondientes comprobantes soportes que demuestren la erogación.

3.5.2. Del lucro cesante.

La parte demandante solicitó que se le indemnizara la suma que percibía en el ejercicio de su actividad de repartidor de domicilios y haciendo mandados, sin embargo no aparece demostrado en el expediente el ingreso real que percibía Jhon Fredy Herrera González por esa actividad, por lo que ante la falta de prueba, se aplicará la presunción según la cual toda persona en edad laboral devenga al menos un salario mínimo legal mensual vigente(29). El período de indemnización será el comprendido entre el 10 de diciembre de 2001, hasta el 25 de abril del 2002, esto es 4 meses y 15 días.

De modo que, se liquidará el lucro cesante con base en el salario mínimo legal vigente para el año 2017, es decir, $ 737.717.

88888
 

Donde:

Ra= Renta actualizada

n= Número de periodos (meses) 4,5

i= interés técnico

Entonces:

99999
 

En consecuencia, el monto a reconocer a favor de Jhon Fredy Herrera González por concepto de lucro cesante, asciende a $ 3.348.116.

3.6. Sobre las costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2010, por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión y en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Justicia y de la Nación - Rama Judicial, por las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR responsable a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue Jhon Fredy Herrera González.

SEGUNDO(sic): CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a título de perjuicios morales, al demandante las siguientes sumas:

NivelDemandanteIndemnización
John Fredy Herrera González (víctima de la privación injusta) 50 smlmv
Paula Andrea Gutiérrez Gutiérrez (compañera permanente) 50 smlmv
María Fernanda Herrera Gutiérrez (hija) 50 smlmv
María Eucaris González Álvarez (madre) 50 smlmv
Luís Alfonso Galeano (padre de crianza) 50 smlmv
Cesar Augusto Galeano González (hermano) 25 smlmv

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de Jhon Fredy Herrera González a título de daño emergente la suma de tres millones trescientos cuarenta y ocho mil ciento dieciséis pesos ($ 3.348.116).

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Dar cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y expedir las copias de la sentencia.

SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

10 La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

11 Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, expediente 20.750.

12 Folios 207 y 208, cuaderno 1.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 13356.

14 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 1 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en “(…) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

15 Folio 4, cuaderno principal.

16 Folio 22, cuaderno pruebas.

17 Folios 58 a 61, cuaderno pruebas.

18 Folios 178 a 183, cuaderno 1.

19 Sentencia de 17 de julio de 1992, radicación 6750. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Actor Luis María Calderón Sánchez y otros, C.P. Daniel Suárez Hernández.

20 Folio 1 y siguientes del exhorto.

21 Folios 9 y siguientes del exhorto.

22 Folios 58 a 61, cuaderno pruebas.

23 Folios 178 a 183, cuaderno 1.

24 Folios 181 y siguientes del exhorto.

25 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, expediente 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

26 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, expediente P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las sentencias de 11 de abril de 2012, expediente 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 9 de octubre de 2013, expediente 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.

28 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

“El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 1994, radicación 8.576.