Sentencia 2004-04182 de noviembre 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA-SUBSECCION “A”

Rad. 050012331000200404182 01 (0410-12)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014)

Actor: Geny Alí Macías Quintana

Demandado: Departamento de Antioquia

EXTRACTOS. «Considera

El presente asunto se circunscribe a determinar la legalidad de los actos impugnados(1) mediante los cuales la actora fue declarada responsable disciplinariamente y le fue impuesta sanción de destitución del cargo de docente y accesoria consistente en la exclusión del Escalafón Nacional Docente por abandono injustificado del cargo, expedidos por la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia y el Gobernador del Departamento, respectivamente.

Para dar claridad al escenario jurídico planteado, la Sala trae a colación las actuaciones administrativas surtidas al interior del proceso, así:

Queja de 30 de abril de 1999 suscrita por el director núcleo educativo de Yondó, mediante la cual informa a la Dirección de Escalafón Docente la irregularidad en que estaría incursa la actora al no presentarse a laborar entre el 18 de enero y el 3 de febrero de 1999 (fl. 9).

Auto de apertura de investigación disciplinaria de 21 de junio de 1999 en contra de la demandante, por incurrir presuntamente en la falta disciplinaria establecida en los artículos 25 numeral 8º, 40 numeral 1º de la Ley 200 de 1995 consistente en abandonar injustificadamente el cargo (fl.10).

Mediante oficio 1782 sin fecha, la Oficina Asesora de Escalafón comunica el auto de apertura de investigación disciplinaria a la indagada donde le pone de manifiesto que en aras de garantizarle el debido proceso y el derecho de defensa, puede solicitar ser escuchada en diligencia de versión libre y espontánea y pedir la práctica de pruebas, controvertir las que se allegan en su contra y nombrar apoderado, si lo considera conveniente (fl. 12).

Auto de cargos proferido el 2 de noviembre de 1999 en contra de la actora, advirtiéndole que cuenta con 10 días para presentar descargos después de la fecha de notificación, o sea a partir del 8 de marzo de 2000, toda vez que se le envió telegrama para que se notificara el 10 de febrero de 2000 y tan solo compareció a surtir dicha diligencia el 7 de marzo del mismo año (fl 15-17).

Escrito de descargos presentados el 21 de marzo de 2000 ante el Juzgado de Yondó Antioquía dentro del término que le otorga la ley, solicitando declarar la nulidad del proceso con fundamento en al artículo 131 numerales 2 y 4 de la Ley 200 de 1995 (fl 18 a 24).

Oficio 2421 de 19 de septiembre de 2000 por medio del cual el instructor disciplinario comisiona al personero municipal de Yondó para practicar la diligencia de declaración del señor Luis Eduardo Villa Sánchez (jefe de núcleo) y recibir versión libre y espontánea a la encartada, así como también recepcionar los testimonios de Milena Hernández Morales, Rosmira de Jesús Aguirre y Eduardo Martínez Rodriguez (fl. 16). Citaciones que fueron enviadas el Personero Municipal a través de los oficios 496, 497 y 498 de 10 de octubre de 2000 (fl. 116 a 120).

Escrito de 13 de octubre de 2000 suscrito por los señores Eduardo Martínez Millares Vanegas y Sandra Milena Hernández, quienes manifiestan al Personero Municipal de Yondó, que recibida citación para comparecer a declarar a ese despacho, no pueden asistir por razones económicas y por falta de tiempo y porque no quieren saber nada más en relación con declaraciones de la docente Geny Macías (fl. 163).

Con auto de 20 de julio de 2003 el operador disciplinario resolvió no acceder a la solicitud de nulidad propuesta por la actora, decisión que fue notificada por estado el 15 de julio de 2003 (fl. 29-31).

Una vez superadas las etapas propias del proceso disciplinario, el Secretario de educación para la cultura de Antioquia, por medio de Resolución 9509 de 7 de noviembre de 2003, resuelve sancionar a la señora Macías Quintana por incurrir en la conducta consistente en el abandono injustificado del cargo de docente, imponiéndole sanción de destitución del mismo y accesoriamente la exclusión del escalafón nacional docente. Notificado personalmente según constancia manuscrita dejada en el mismo acto el 14 de noviembre de 2003 (fl. 33 a 40).

Inconforme la actora con dicha resolución interpone recurso de apelación el 24 de noviembre de 2003 (fls. 41-45), recurso de alzada resuelto en el mismo sentido mediante resolución 317 de 2 de febrero de 2004 por el Gobernador del Departamento de Antioquia, y si bien dentro del proceso no reposa notificación del anterior acto administrativo, se desprende por lo dicho en la contestación de la demanda que esta se surtió el 11 de febrero de 2004 a la apoderada de la disciplinada (fl. 47 a 61).

Posteriormente a través de la Resolución 1332 de 8 de marzo de 2004 se ejecutó la sanción impuesta, notificada el 24 marzo de 2004 según oficio visible a folio 63.

A continuación se hará un recuento del acervo probatorio que obra en el sub lite, y el cual fue determinante para declarar la responsabilidad disciplinaria de la demandada, así:

Declaraciones de Sandra Milena Hernández Morales, Rosmira de Jesús Aguirre y Eduardo Martínez Rodríguez, quienes concuerdan en manifestar que la educadora investigada no laboró en el mes de enero de 1999 en la Escuela el Paraíso, pues llegaba unos días y trabajaba y se iba porque decía que se encontraba enferma, en igual sentido manifiestan que hacía reuniones con los padres de familia porque iba a ser trasladada; revelan así mismo los testimonios que cuando le enviaban los niños para estudiar a la escuela, ella no estaba y mostraba incapacidades médicas o porque tenía que estudiar (fl. 27 y 28).

Versión libre y espontánea rendida por la señora Geny Alí Macías Quintana, quien relata que no abandonó el cargo de docente, pues se encontraba realizando labores extracurriculares como era la elaboración del plan operativo, decoración de la institución entre otras, actividades de las cuales el jefe de núcleo no tenía conocimiento, toda vez que fue autorizada por los padres de familia y la comunidad mediante una acta firmada por ellos atendiendo que los padres de familia no tenían recursos económicos para la compra de útiles escolares iniciando el año, de todo lo cual entregó las pruebas. Finalmente manifiesta que nadie le llamó la atención por estos hechos. (fl. 122).

Sea lo primero, precisar que previo a la revisión de la actuación sancionatoria, la Sala debe concretar la ley aplicable al caso; bajo este entendido, tenemos que los hechos se presentaron entre el 18 de enero y el 3 de febrero de 1999, época para la cual la norma vigente era la Ley 200 de 1995, por lo que el asunto debe regirse por esta disposición.

Explicado lo anterior, Sala entra a resolver los cargos presentados por la actora, así:

El eje central de la discusión en el caso bajo estudio, la hace consistir fundamentalmente la demandante en que operó el fenómeno de la prescripción disciplinaria, teniendo en cuenta que los hechos objeto de la investigación disciplinaria tuvieron lugar entre el 18 de enero y el 3 de febrero de 1999, fecha esta última a partir de la cual debe ser contabilizado el término de la prescripción al 11 de febrero de 2004 cuando se notificó la decisión de segunda instancia contenida en la Resolución 317 de 2 de febrero del mismo año, época para la cual ya se habían superado los 5 años que el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 establece para la acción disciplinaria.

El artículo 34 de la Ley 200 de 1995 puntualiza:

ART. 34.—Términos de la prescripción de la acción

“La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado”.

De la lectura de la norma transcrita, la Sala observa que el legislador sólo precisó el momento en que se empieza a contar el término de prescripción de los cinco años, mas no señaló los eventos ni el momento en que se entiende interrumpido.

Esta corporación(2) sobre el tema dijo:

“Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración.

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada “vía gubernativa” queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el acto.

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, que se concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y denotificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria” (resaltado fuera del texto).

Del texto jurisprudencial se determina que para efecto de la interrupción de la prescripción disciplinaria, no basta con la expedición del acto principal sino que además es necesaria la notificación del mismo para que surta plenos efectos jurídicos.

En suma, los cinco años de prescripción de la acción disciplinaria se comenzarán a contar para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado, y se interrumpe con la debida notificación al disciplinado de la providencia que defina la situación jurídica.

De esta manera la conducta puede ser el producto de un acto cuya ejecución se prolonga indeterminadamente en el tiempo, o por el contrario, en un acto que se ejecuta instantáneamente. La importancia de esta distinción radica en la determinación de la fecha de referencia necesaria para empezar a contabilizar la prescripción de la acción disciplinaria.

En el sub-lite, y para poder determinar si la conducta de la señora Geny Alí Macías Quintana constituye una falta instantánea o continuada, es pertinente señalar que la docente dejó de asistir injustificadamente a su lugar de trabajo (Escuela Rural El Paraíso del municipio de Yondó (Antioquia) entre el 18 de enero y el 3 febrero de 1999, conforme al acervo probatorio obrante en el proceso y de acuerdo con ello se puede determinar que la conducta tuvo como último hecho el 3 de febrero de 1999.

Es importante señalar que el acto administrativo sancionatorio de primera instancia fue proferido por la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia el 7 de noviembre de 2003 con Resolución 9509, notificada a la apoderada de la actora el 14 de noviembre de 2003 (fl 33 a 40).

Definido lo anterior, el término de 5 años de prescripción de la acción disciplinaria en el presente caso se empieza a contabilizar desde el 3 de febrero de 1999 (último acto de consumación de la conducta) y al 14 de noviembre de 2003 fecha en la que se efectuó la notificación del acto primogénito, toda vez que la sanción disciplinaria fue impuesta el 7 de noviembre de 2003, no había prescrito, pues la entidad demandada tenía plazo para definir la situación jurídica de la actora y notificar la decisión hasta el 3 de febrero de 2004, es decir, que el acto administrativo fue expedido dentro del término de los cinco años previsto en el artículo 34 de la Ley 200 de 1995. Motivos por los cuales el cargo no está llamado a prosperar.

Otro cargo que pretende hacer valer la demandante lo hace consistir en que se le vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, al dar inicio a la investigación disciplinaria con base en rumores o versiones, sin que fuera llamada en ningún momento a rendir descargos, así como tampoco se realizó la inspección ocular para verificar la veracidad de los fundamentos fácticos, ni se le ofreció la oportunidad de controvertir las pruebas que sirvieron de sustento a la sanción disciplinaria que le fue impuesta, al igual el operador disciplinario no realizó la correspondiente publicidad de las declaraciones rendidas por algunas personas ante la personería municipal de Yondó, lo que le impidió ejercer su derecho de contradicción.

Al respecto es pertinente hacer mención al debido proceso y el derecho de defensa como medios fundamentales de garantía de los sujetos disciplinables, que dice la actora se vieron vulnerados con la expedición de los actos sancionatorios, así:

“Articulo 29. De la Constitución Política “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

La Ley 200 de 1995 en su artículo 5 prevé el debido proceso pro disciplinado en el mismo sentido al indicar que:

“ART. 5º—Debido proceso. “Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya, ante funcionario competente previamente establecido y observando la plenitud de las formas del procedimiento regulado en la Constitución y en este Código, salvo que se trate de faltas disciplinarias cometidas por miembros de la fuerza pública en razón de sus funciones, caso en el cual se aplicará el procedimiento prescrito para ellos”.

En relación con el debido proceso, el Consejo de Estado en sentencia de 16 de febrero de 2012 expediente 1454-09 con ponencia del doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, dijo:

“El debido proceso como derecho fundamental está referido en materia procesal disciplinaria, a que el inculpado conozca los cargos en forma clara,concisa y oportuna para que pueda ejercer todos los medios de réplica, pedir las pruebas, obtener su decreto y práctica, así como controvertir las que lo inculpan, presentar alegatos y en general, participar de modo activo en todo el proceso, lo que implica un gran debate con el agotamiento de las instancias a que haya lugar y las garantías que las mismas ofrecen”.

El derecho disciplinario otorga un extenso margen de medios procesales, para ejercer el debido proceso y el derecho de defensa a lo largo de las distintas etapas, en aras de garantizar y proteger al ciudadano del atropello, del exceso y de la ilegalidad, conductas que pueden ir en contravía de la Constitución y de la ley.

Establecido lo anterior, la Sala aprecia que el ente investigador tramitó el proceso disciplinario ajustado a lo dispuesto en la Ley 200 de 1995, toda vez que el auto de apertura de investigación disciplinaria de 21 de junio de 1999 que dio origen a la acción disciplinaria en el caso bajo estudio se adelantó cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 144 ibídem, además se profirió con fundamento en el material probatorio aportado a la investigación; no obstante lo anterior, para un mayor perfeccionamiento de la investigación y para determinar la existencia o no de la falta disciplinaria, dispuso la práctica de pruebas, entre ellas, la recepción de testimonios y todas las que consideró conducentes y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, escuchar en diligencia de versión libre y espontánea a la demandante, y conjuntamente el numeral quinto del citado auto dispuso comunicar a la educadora la apertura de la investigación en aras de garantizar el principio de publicidad (fl. 10 y 11).

La declaraciones de los testigos y la versión libre y espontánea que rindió la actora el 9 de octubre de 2000, contienen elementos más que suficientes para que la Secretaria de Educación para la Cultura de Antioquia iniciara investigación disciplinaria y desde luego para formular auto de cargos el 2 noviembre de 1999, notificado el 7 de marzo de 2000, actuaciones procesales que conllevaron la expedición del fallo sancionatorio de primera instancia de 7 de noviembre de 2003, con fundamento en el acervo probatorio aportado al expediente. Asimismo la Sala desestima los argumentos de defensa entregados por la demandante, en el sentido de que “los días comprendidos entre el 18 de enero al 3 de febrero de 1999 se encontraba realizando funciones de embellecimiento físico de la planta escolar y realizando el plan de gestión académico”, en tanto no aportó pruebas que respaldaran sus afirmaciones, lo que permite que se mantenga la presunción de legalidad del acto acusado.

En suma, la entidad de control disciplinario le garantizó el debido proceso y derecho de defensa en los términos indicados en los artículos 29 Superior y 5 del Código Único Disciplinario, pues tuvo la oportunidad, como ya se indicó, de conocer que en su contra se inició investigación disciplinaria, como quiera que le fue comunicada, asimismo presentó descargos el 21 de marzo de 2000 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Yondó-Antioquia con el fin de rebatir los cargos formulados, pudo solicitar la práctica de pruebas testimoniales y conocerlas en el proceso, también contó con la oportunidad para controvertirlas, y de esta manera todas las actuaciones procesales le fueron notificadas y comunicadas en los términos del artículo 70 de la Ley 200 de 1995 con el objeto de garantizar el principio de publicidad, el cual dispone que “Las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que las normas vigentes establecen”. De ahí que quedó demostrado que a la disciplinada no se le quebrantaron las garantías Constitucionales ni legales, como erróneamente lo pretende hacer ver, razón por la cual el cargo no está llamado a prosperar.

Por último alega la actora que el ente disciplinario en primera y segunda instancia olvidó analizar las razones que fueron expuestas con las cuales demuestra su exoneración de responsabilidad, como son el hecho de que las instalaciones del plantel en el que laboraba no eran las apropiadas para comenzar a trabajar en forma inmediata después de unas vacaciones escolares y además que por tratarse de una escuela pública y rural no contaba con presupuesto al inicio del año para pagar el personal docente, por lo que muchas veces debía cubrir ciertos gastos por su cuenta. Al igual, que en los primeros días del año electivo hay reuniones con los jefes o directores de núcleo que son obligatorias y que no requieren la presencia de los docentes, a más de que debido a que su domicilio estaba en Puerto Berrío era necesario su desplazamiento al municipio de Yondó-vereda El Paraíso, por lo que resultaba útil primero averiguar cuándo se comenzarían las clases para evitar perder tanto tiempo como dinero.

Sobre este aspecto, resulta relevante extractar parte del acto administrativo de primera instancia de 7 de noviembre de 2003 en el cual se indicó:

“Dio origen a esta investigación al informe escrito del señor Luis Eduardo Villa Sánchez, que en condición de director de núcleo educativo 504 de Yondó, el día 30 de abril de 1999 puso en conocimiento de la Oficina Seccional de Escalafón de Antioquía que la educadora Geny Alí Macías Quintana no se había presentado a laborar en la Escuela Rural el Paraíso , de la cual era su directora, sin ninguna justificación, hecho que comprobó con una visita realizada a la institución los días 25 de enero y el 4 de febrero de 1999.

Al ser rituadas las etapas procesales se allegaron al expediente una serie de pruebas necesarias y pertinentes al objeto de la investigación de las que se observa claramente que la conducta atribuida a la actora fue ejecutada por esta, con excepción de su inasistencia el día 18 de enero el que esta justifica por haber estado presente en una reunión de directores programada por el jefe de núcleo como consta en la respectiva acta que reposa en el proceso, pues las evidencias documentales y testimoniales, entre ellas las declaraciones del señor Eduardo Martínez y de las señoras Sandra Milena Hernández Morales y Rosmira de Jesús Aguirre, quienes como testigos directos de los hechos y bajo condiciones personales y efectivas normales los confirmaron al estar sin lugar a dudas que la señora Macías Quintero no fue vista en la Escuela por la época de los hechos, que avisó a los padres de familia que no les enviara a sus hijos hasta el 3 de febrero porque de lo contrario no la trasladarían a otro sitio de labores y que por el desaseo y el desorden de la escuela era claro indicativo que la institución no se había hecho presente la docente por le época en que se le atribuyó el abandono en el cargo y en sus funciones.

Confirmando lo anterior también se anexó al expediente certificación de Comfenalco sobre la no existencia en sus archivos de constancia de consultas o de incapacidades médicas concedidas a la sub judice entre el 18 de enero y el 2 de febrero de 1999. También existe su misma aceptación de sólo haber iniciado labores académicas con sus alumnos a partir del 3 de febrero de 1999. Sien do admisible su postura justificante de pretender haber cumplido plenamente con sus impostergables quehacer pedagógicos al frente de sus estudiantes con unas supuestas actividades extracurriculares, suplantando lo que por ley tiene su tiempo perentorio de ejecuciones como el señalado en cuna intensidad horaria imperativa para agotar todas las actividades curriculares propias del PEI y satisfacer las necesidades cognoscitivas, éticas y físicas de sus alumnos. Ni el que sus actuaciones hubieran estado autorizadas por los padres de familia porque los deberes legales de los directores escolares no están supeditados en su ejecución a tales condiciones debido a que los padres de familia de los estudiantes de una institución educativa no tienen tal competencia. Ni el que los padres de familia de los alumnos no hubieren estado en condiciones económicas para sufragar los gastos escolares de los alumnos al carecer de sustento legal”.

Decisión Administrativa que fue confirmada por el Gobernador de Antioquia el 2 de febrero de 2004 al considerar que:

“El nominador si tuvo presente para el fallo de primera instancia que el día 18 de enero de 1999, el director de núcleo citó a reunión, toda vez que excepcionó la inasistencia de ese día para imputarle los cargos por los que se le investigó, pero por los otros días no se encontró justificación…

(…)

Tampoco hay una explicación satisfactoria en el escrito del recurso de apelación cuando se afirma que la docente realizó una reunión con los padres de familia y se concluyó que en el tiempo la profesora no iba a laborar, realizaría actividades extra-escolares, lo cual quedó plasmado en el acuerdo numero o del acta 1º de 20 de enero de 1999, por cuanto, ellos no son personas competentes para modificar el calendario escolar.

Las actividades extracurriculares que pudo haber realizado los días 19, 20, 21, 22, 25,26, 27, 28, 29 de enero y 1º de febrero de 1999 que se mencionan en el recurso, no son discrecionales de los profesores.

Es muy altruista la aseveración de la afirmación de que el objetivo de la profesora era evitar el cierre de la escuela por la deserción escolar que se podría presentar, alterando la iniciación de clases. A la señora Geny Ali Macías Quintana, no era a quien le correspondía evaluar la situación de la vereda para prevenir el cierre.

(….)

A la docente investigada disciplinariamente se le sancionó por una falta gravísima, como es el abandono injustificado del cargo, por tanto, no puede inculcarse la violación “del artículo 4º Ley 200 de 1995”.

(…)

En cuanto al principio del debido proceso que establece que el servidor público investigado deberá ser procesado conforme a las leyes sustantivas y procesales preexistentes a las faltas disciplinarias, la sanción impuesta es la establecida en el numeral 8º del artículo 25 de la Ley 200 de 1995.

Para ratificar lo anteriormente planteado, la Constitución Política en su artículo 29 establece el debido proceso…

(…)

Para el caso sub-examine existe claridad para esta instancia que la sanción impuesta a la docente Geny Alí Macías Quintana, no viola el principio de legalidad y el principio Constitucional del debido proceso, por cuanto dicha sanción se ajusta a lo establecido en la Ley 200 de 1995 para las faltas gravísimas. En consecuencia no se dan los presupuestos para decretar la nulidad de Carácter Constitucional por contrariar flagrantemente la Legalidad de las penas. Además, la actuación para investigar a la docente se realizó de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política siguiendo los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción, tal como lo establece el artículo 75 de la Ley 200 de 1995”.

Del texto de los actos enjuiciados, se determina claramente que el operador disciplinario examinó con claridad la totalidad de las pruebas allegadas al expediente y los argumentos de defensa planteados.

Así pues, es pertinente señalar que las decisiones acusadas contienen un análisis detallado y pormenorizado de las situaciones que rodearon la conducta de la implicada, al igual que un estudio de los fundamentos probatorios y jurídicos utilizados para definirle responsabilidad disciplinaria, lo que permite indicar que las razones de defensa trazadas en las distintas etapas del proceso fueron resueltas conforme a los principios generales que orientan la función administrativa, en especial el debido proceso y el derecho de defensa. De esta manera resulta trascendental manifestar que las razones de defensa entregadas por la actora no lograron desvirtuar la legalidad de los actos atacados, como quiera que no aportó elementos probatorios que permitieran darle la razón y que justificaran su conducta.

En este mismo sentir, la Sala discrepa de lo manifestado por la investigada en su escrito de defensa, cuando hace referencia a que “realizó reuniones con los padres de familia con el fin de modificar el calendario académico, dada la situación económica presentada en la región y en el propio colegio, circunstancias que no fueron estudiadas por el operador disciplinario al tiempo de proferir decisión de fondo”, dado que la entidad de control asumió un examen completo de las situaciones fácticas y probatorias aducidas por la investigada, asimismo el contenido de los actos sancionatorios prueban que se investigaron todos los escenarios propuestos por la actora, a tal punto que la entidad consideró que la competente para cambiar el calendario académico era la propia secretaría de educación o la gobernación de Antioquia y no los particulares o padres de familia como erradamente lo quiere hacer ver la sancionada y en relación con la situación económica de la región y de los estudiantes, señaló que tampoco es de la competencia de la docente evaluar la situación de la vereda para prevenir el cierre del establecimiento educativo, hechos que carecen de sustento probatorio y jurídico que permitan dar la razón a la indagada y que de paso sea dicho fueron analizados y definidos en las decisiones administrativas censuradas.

Así las cosas, se concluye que las pruebas fueron apreciadas por el fallador en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en concordancia con lo normado en la ley disciplinaria, se cumplió con todas las ritualidades establecidas, el operador disciplinario procedió con estricto apego a las normas reguladoras de tal actividad, razón por la cual no están llamados a prosperar los cargos planteados por el demandante en la litis de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia proferida el 15 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda promovida por la señora Geny Ali Macías Quintana contra el departamento de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Resoluciones 9509 de 7 de noviembre de 2003 y 317 de 2 de febrero de 2004.

(2) De 29 de septiembre de 2009 de Sala Plena del Consejo de Estado; M.P. Susana Buitrago Valencia; Rad. 2003-00442-01.