Sentencia 2004-04194/40175 de marzo 14 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 0500-12-33-1000-2004-0419401(40175)

Actor: María Rocío Restrepo de Rojo

Demandado: Nación - Fiscalía General - Policía Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. María Adriana Marín

Bogotá D.C., catorce de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 6 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en virtud de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

En efecto, según la citada disposición, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, con independencia de la cuantía del proceso(1).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción o medio de control, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda. Además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado de oficio, inclusive.

Para casos como el sub lite, la norma de caducidad aplicable es la contenida en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 448 de 1998, según la cual la acción de reparación directa: “caducará al vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”.

La responsabilidad el Estado por la administración de justicia está regulada expresamente en la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia “LEAJ”. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65 ibídem, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

Por su parte, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fue definido en el artículo 69 de la “LEAJ” en los siguientes términos: “Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley [error jurisdiccional y privación injusta de la libertad], quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Como se aprecia, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia constituye la cláusula general o residual de responsabilidad del Estado por actos, hechos u omisiones imputables a la administración de justicia, porque bajo este escenario de responsabilidad se decide todo daño antijurídico proveniente de actuaciones distintas al error jurisdiccional o la privación injusta de la libertad.

Como consecuencia, la caducidad en estos eventos dependerá de la naturaleza del hecho dañoso o del daño alegado (v.gr. mora judicial, daños causados a bienes sometidos a medidas cautelares, daños producidos por auxiliares de la justicia, entre otros); de modo que solo puede establecerse en cada caso en concreto, en razón a las múltiples formas como puede configurarse.

La Sección ha sostenido que en eventos en los cuales se debate la responsabilidad del Estado por la práctica de medidas cautelares, el término de caducidad de la acción de reparación directa se computa a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la providencia que puso fin o término al proceso, o desde la fecha en la cual se ordena la entrega definitiva del mismo a quien hubiera demostrado su condición de propietario o poseedor:

“[L]a Sala encuentra necesario para la resolución del presente caso precisar que para efectos de determinar el cómputo del término de caducidad cuando se pretenda la indemnización por los daños causados por el decreto y ejecución de medidas cautelares sobre bienes muebles o inmuebles dentro de un proceso penal, la Sala considera pertinente seguir el criterio desarrollado respecto de la caducidad de la acción de reparación cuando se pretende la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, pues, el pretendido daño antijurídico alegado sólo es posible configurarlo a partir de la ejecutoria de la decisión de la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal que absuelve de responsabilidad penal al actor(2), pues, consecuentemente con esa declaración se revocarán las medidas cautelares que pesaban sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad del afectado. Lo anterior, dado que sólo hasta esta oportunidad se cuentan con los elementos probatorios necesarios para adelantar ante esta jurisdicción el juicio de responsabilidad administrativa por los daños causados a quien padeció la aplicación de tales medidas jurisdiccionales(3)(4).

Ahora bien, en el sub lite habrá de computarse la caducidad a partir del 31 de mayo de 2002, día siguiente al de ejecutoria de la providencia(5) que declaró improcedente la extinción del derecho de dominio frente al vehículo marca Dodge 300, de placas LWB-309 y se ordenó su entrega definitiva a la señora María Rocío Restrepo de Rojo.

Dado que la acción de reparación directa se presentó el 5 de mayo de 2004, la Sala concluye que se ejerció oportunamente.

3. Legitimación en la causa.

Problema jurídico: consiste en definir si la demandante acreditó su condición de única heredera de Edwin Albeiro Rojo Restrepo y, por tanto, el interés para actuar y reclamar la desaparición del automotor identificado en la demanda.

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio.

En relación con la legitimación en la causa, la Sala ha precisado lo siguiente:

La legitimación en la causa —legitimatio ad causam— se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal(6).

Como se aprecia, la legitimación en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que desde la perspectiva pasiva supone ser el sujeto llamado a responder, a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia(7).

Por consiguiente, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que estas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(8). En ese sentido la Sala ha sostenido:

La excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (art. 164 CCA) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.

La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevoy probado —modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante— que tumba la prosperidadtotal o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado(9).

En ese orden de ideas, la legitimación en la causa por activa supone la verificación de que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso y, por consiguiente, sin importar si son o no procedentes las pretensiones elevadas —lo que supondrá efectuar un análisis de fondo de la controversia a la luz del derecho sustancial— sí sea el llamado a discutir su procedencia dentro del trámite judicial.

Como consecuencia, la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso(10).

Tratándose de la responsabilidad extracontractual, esta exigencia se desprende del artículo 2342 del Código Civil que determina:

Puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño.

Como se advierte, el precepto exige para que opere la responsabilidad extracontractual la prueba de la titularidad, la posesión o la tenencia sobre la cosa o bien jurídico afectado con el delito o la culpa. Ahora, en el caso de sucesores la legitimación en la causa supone que quien está alegando su titularidad demuestre que ostenta la condición de heredero.

Ahora bien, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil dispone que quien alega un hecho debe demostrar la ocurrencia del mismo para que se produzca el efecto pretendido. De allí que la carga de la prueba de los elementos de la responsabilidad corresponde a la parte demandante, así como la acreditación de su interés para demandar y reclamar el interés jurídico debatido en el proceso.

Valga aclarar que para establecer en este caso los supuestos de hecho que acreditan el dicho de la legitimación de la demandante, se valorarán las copias simples aportadas, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección(11), en aplicación del principio constitucional de buena fe —toda vez que no fueron tachadas de falsas por las partes— y porque frente a ellas se surtió y garantizó el principio de contradicción.

También, la prueba trasladada —expediente de extinción de dominio— será valorada porque fue solicitada por las partes y se decretó en la primera instancia, por lo que se cumple con la regla contenida en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(12).

En el caso concreto, la señora María Rocío Restrepo de Rojo pretendió acreditar su legitimación en la causa por activa con la prueba de su parentesco con el señor Edwin Albeiro Rojas Restrepo (fls. 129 y 136 c. pruebas)(13) y con la copia de la providencia del 27 de mayo de 2002, proferida por la fiscalía 20 especializada de Medellín (fls. 206 a 216 c. pruebas), no obstante ese pronunciamiento no da cuenta de su condición de heredera por las razones que se exponen a continuación:

La Fiscalía General de la Nación, en el proveído del 7 de febrero de 2000, declaró la terminación del proceso penal adelantado contra Edwin Albeiro Rojo Restrepo y Vitalino Durango Fernández por muerte de los sindicados, pero ordenó seguir adelante con el procedimiento de extinción de dominio. En esa decisión se consignó lo siguiente:

Se encuentra establecido que el vehículo marca Dodge 300, de placas LWB-309, motor GTI2388 (…), de color amarillo tipo estacas, en el que se transportaban todos los elementos relacionados al inicio de esta providencia, de acuerdo con el documento visible en el folio 142 del cuaderno original, aparece en la Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de Envigado, como último propietario inscrito el señor Carlos Julio Cano Usma, pero según se desprende de la copia de un contrato de compraventa sobre el mismo vehículo (fl. 128), este fue adquirido por el co-sindicado Edwin Albeiro Rojo Restrepo inicialmente en compañía con el señor Hugo Alberto Tobón Valencia, pero luego este último le transfirió su derecho al primero.

(…) Lo anterior para concluir que no procede la entrega del vehículo solicitada por la señora María Rocío Restrepo de R., madre del sindicado Edwin Albeiro Rojo Restrepo por cuanto dicho bien, será sometido al trámite de la acción de extinción de dominio, lo que se hará en cuaderno separado, de acuerdo con las formalidades que se establecen en los capítulos III y IV de la Ley 333 de 1996 (fls. 159 y 160 c. 1).

Posteriormente, la fiscalía 20 especializada de Medellín, mediante la providencia del 27 de mayo de 2002 (fls. 206 a 216 c. pruebas), ordenó la entrega del automotor a la señora María Rocío Restrepo de Rojo, pero se abstuvo de efectuar un análisis sobre su calidad de heredera de Edwin Albeiro Rojo Restrepo, por cuanto infirió esa condición del auto proferido el 7 de febrero de 2000, en el que se había negado la devolución del bien a esta (fls. 156 a 168 c. pruebas).

De modo que en el auto del 27 de mayo de 2002 no se efectuó ningún tipo de razonamiento sobre la legitimación de la señora María Rocío Restrepo de Rojo para reclamar la entrega del vehículo.

En ese orden, la señora María Rocío Restrepo no probó en las actuaciones penales y de extinción de dominio, así como en este proceso su condición de heredera del señor Edwin Albeiro Rojo Restrepo. Por el contrario, se reitera, la demandante se limitó a demostrar su condición de madre de aquel y fundamentó su legitimación, única y exclusivamente, en la providencia del 27 de mayo de 2002, proferida por la Fiscalía General de la Nación.

La Sala, con la sola prueba del parentesco, no puede acceder a las súplicas de la demanda porque ello podría generar un enriquecimiento sin justa causa para la señora María Rocío Restrepo de Rojo. Aunque esta, se insiste, demostró su condición de madre de Edwin Albeiro Rojo Restrepo, pero no la calidad de heredera de este, ni siquiera que tuviera vocación hereditaria.

En el proceso no se estableció en modo alguno si existían o no otros herederos de Edwin Albeiro Rojo Restrepo, así como tampoco se definió si este tenía cónyuge o compañera(o) permanente con el que hubiere podido constituir una sociedad conyugal o sociedad patrimonial. Sobre el particular, el artículo 1040 del Código Civil preceptúa que “son llamados a sucesión intestada: los descendientes; los hijos adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los hijos de estos; el cónyuge supérstite(14); el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

No obstante, en la sucesión intestada los hijos integran el primer orden hereditario y, por tanto, excluyen a otros herederos, sin perjuicio de la porción conyugal (art. 1045 C.C.), lo cual significa que de tener hijos y no haber hecho testamento el causante, la demandante, en calidad de madre, no recibiría herencia.

La acción de reparación directa —que tiene como finalidad declarar la obligación resarcitoria derivada de la responsabilidad extracontractual del Estado— es de carácter personal y no real, por tanto solo puede ser ejercida por la persona que ha sufrido efectivamente el daño, de allí que si se alega la titularidad del daño resulta inexorable su demostración con las pruebas idóneas para ello(15).

Por tanto, si se invocó la condición de heredero del daño material irrogado al de cujus, lo mínimo consistía en acreditar que se obtuvo esa asignación por la vía sucesoral, máxime que el titular del derecho falleció antes de que se iniciara el proceso contencioso administrativo. En efecto, cosa distinta hubiera ocurrido si el señor Edwin Albeiro Rojo Restrepo hubiese iniciado en vida el proceso de reparación directa, pues en este último escenario se habría dado aplicación a la regla de sucesión procesal de que trata el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil.

Además, la señora María Rocío Restrepo tampoco demandó en representación de la masa sucesoral de su hijo Edwin Rojo Restrepo, dado que en los hechos de la demanda invocó expresamente la condición de única heredera y, por ende, de propietaria del vehículo automotor y se desconoce si esa sucesión ya se adelantó y, en tal caso, a quién se le adjudicó la propiedad o posesión del bien. Así las cosas, si el petitum fue estructurado sobre la base de ser la única heredera de su primogénito, la demandante estaba compelida a demostrar esa condición con las pruebas idóneas para ello.

No es posible entender que la legitimación en la causa por activa de la demanda se desprende de las providencias proferidas en el proceso penal, toda vez que en ellas no se hizo un estudio sucesoral pormenorizado, sino que simplemente se ordenó la entrega del automotor a la única familiar de Edwin Albeiro Rojo Restrepo que concurrió al proceso.

La Fiscalía General de la Nación no valoró la minuta de contrato de compraventa de vehículo, suscrita entre Nelson Jesús Vanegas Cano —en calidad de vendedor— y Hugo Alberto Tobón Valencia y Edwin Albeiro Rojo Restrepo como compradores, negocio jurídico que obraba en copia simple en el proceso penal y que fue trasladado a esta actuación (fl. 130 c. pruebas). De este documento se aprecia que la posesión y tenencia del vehículo la tenían conjuntamente Hugo Alberto Tobón Valencia y Edwin Albeiro Rojo Restrepo, no obstante la Fiscalía se limitó a ordenar la entrega a favor de la progenitora de este último sin mayor análisis probatorio.

En conclusión, la señora María Rocío Restrepo de Rojo al alegar su condición de heredera y actual propietaria y/o poseedora del vehículo extraviado, estaba obligada a demostrar su legitimación en la causa por activa, probando su condición de única heredera de su hijo Edwin Albeiro Rojo Restrepo, para lo cual debió allegar las pruebas relacionadas con el trámite de sucesión testada o intestada de su hijo.

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión apelada por ausencia de un presupuesto procesal de la sentencia de fondo, de manera concreta por falta de legitimación en la causa por activa, toda vez que la calidad en que adujo actuar la demandante, quedó reducida o circunscrita a meras afirmaciones o conjeturas contenidas en el escrito de demanda.

7. Condena en costas.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 —que modificó el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo— indica que solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe; dado que ninguna procedió de esa forma no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 6 de agosto de 2010, proferida por la Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001032600020080000900. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 Cita del original. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 2010, Exp. 36.473. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

3 Cita del original. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 24.930. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de mayo de 2016, Exp. 33.077. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).

5 El artículo 187 de la Ley 600 de 2000 (CPP) —norma aplicable para la fecha de los hechos— consagraba lo siguiente: “Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes”.

6 Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 23 de abril de 2008, Exp. 16.271. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

7 “Con ella [se refiere a la legitimación en la causa] se expresa que, para que un juez estime la demanda, no basta con que considere existente el derecho, sino que es necesario que considere que éste corresponde precisamente a aquel que lo hace valer y contra aquel contra quien es hecho valer, o sea, considere la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva).” CHIOVENDA, Giussepe “Curso de derecho procesal civil”, Ed. Oxford, pág. 68.

8 Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, Exp. 13503. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973. M.P. María Elena Giraldo Gómez.

10 “[E]n los procesos contenciosos la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respecto del demandado, en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante”. DEVIS Echandía, Hernando “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.

11 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022. M.P. Enrique Gil Botero. La Corte Constitucional, en idéntico sentido, reconoció valor probatorio a las copias simples en Sentencia de Unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 16.533. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

13 Con la copia simple de los registros civiles de nacimiento y defunción.

14 La expresión ‘cónyuge’ subrayada fue declarada exequible de forma condicionada, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-238 del 22 de marzo de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, bajo el entendido que “ella comprende al compañero o compañera permanente de distinto sexo o del mismo sexo que conformó con el causante, a quien sobrevive, una unión de hecho”.

15 Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de febrero de 1995, Exp. 9170. M.P. Carlos Betancur Jaramillo. De igual forma, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 1993, Exp. 7421. M.P. Daniel Suárez Hernández.