Sentencia 2004-04605 de agosto 17 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 25000-23-25-000-2004-04605-01(6171-05)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Gloria Cristina Moreno Gómez

Demandado: Ministerio de la Protección Social

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El asunto se contrae a establecer la legalidad las resoluciones 2492 de 30 de septiembre de 2003, 167 de 14 de enero de 2004 y 370 de 13 de febrero del mismo año, proferidas por el Ministerio de la Protección Social, por medio de las cuales se autorizó a la Caja de Compensación Familiar de Fenalco, “Comfenalco Cundinamarca” para proceder al cierre definitivo de su área de servicio denominada “IPS - Comfenalco”, con el consecuente retiro de trabajadores.

En el sub lite se encuentra acreditado que:

— En sesión de 22 de mayo de 2002, el consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco” aprobó el cierre de la “IPS - Comfenalco”, por las pérdidas recurrentes y sostenidas que generaba (fls. 162 a 175, cdno. 2).

— El Superintendente del Subsidio Familiar, con fundamento en los artículos 54 y 64 de la Ley 21 de 1982, 65 de la Ley 633 de 2000, 20 (nums. 1º, 9º y 19) de la Ley 789 de 2002 y 21 del Decreto 827 de 2003, autorizó a la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco” para que adelantara el trámite de cierre de la “IPS - Comfenalco” (fls. 204 a 206, 211 a 213, 237 a 239, cdno. 2 - jul. 8/2003). Lo anterior, porque las “justificaciones de orden jurídico, los resultados operativos, la decreciente cobertura poblacional, la baja capacidad instalada y subutilizada, la amenazante situación laboral y pensional con efecto negativo para la caja por las conquistas sindicales, los resultados negativos de su situación financiera y la alta composición morosa de cartera, hacen que la decisión de cerrar la IPS Comfenalco sea urgente y perentoria, teniendo en cuenta que sus resultados pueden incidir negativamente en los resultados generales de la caja” (fl. 204, cdno. 2).

— La Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco” solicitó al Ministerio de la Protección Social el cierre de la “IPS - Comfenalco”, junto con la terminación de los contratos de trabajo del personal que presta sus servicios en esa área (fls. 1 a 53, 179 a 182, 187 a 190, 195 a 198, cdno. 2 - jun. 9/2003).

— El mismo día de radicación de esa petición (jul. 9/2003), la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco” informó a los empleados de la “IPS - Comfenalco” sobre el trámite iniciado ante el Ministerio de la Protección Social (fls. 4, cdno. ppal., 218, cdno. 2).

— Por las autorizaciones recibidas (Consejo directivo y Superintendencia del Subsidio Familiar) y previa información remitida a la Superintendencia Nacional de Salud (fls. 253 a 255, cdno. 3) y a la Secretaría Distrital de Salud (fls. 250 a 252, cdno. 3), la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco” inició un proceso de cierre de operaciones en las sedes de la “IPS - Comfenalco” (Cissalud, Quiroga, Ciudad Bolívar y Tunjuelito), así:

• De mutuo acuerdo, terminó y liquidó el contrato que tenía con Salud Colmena EPS, lo que generó el cierre de operaciones de una de las sedes de la “IPS - Comfenalco”, el 31 de julio de 2003 (fls. 247 a 249, cdno. 3 - Cissalud).

• Suscribió un contrato de prestación de servicios, bajo la modalidad de capitación, con la IPS Odontomedicis Ltda., mediante el cual se entregó, a partir del 1º de septiembre de 2003, la operación de las sedes del sur de la “IPS - Comfenalco” (fls. 256 a 265, 310 a 318, cdno. 3).

— Este proceso de cierre de operaciones generó que el número de usuarios de la “IPS - Comfenalco” (fl. 58, cdno. 2 - 51.679), para el 1º de septiembre de 2003 fuera 0 (fls. 244, 347, cdno. 3).

— El Ministerio de la Protección Social para autorizar el cierre definitivo de la “IPS - Comfenalco”, con el consecuente retiro de sus trabajadores, desplegó las siguientes actuaciones:

• Requirió a la Superintendencia del Subsidio Familiar para que allegara el estudio técnico económico que realizó para soportar la autorización de adelantamiento del cierre de la “IPS - Comfenalco” (fl. 209, cdno. 2 - jun. 11/2003). Este documento fue allegado, oportunamente, a las diligencias (fls. 226 a 234, cdno. 2).

• Realizó una visita especial a las instalaciones de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco” en la que constató el número total de trabajadores (503), modalidad de los contratos de trabajo (término fijo 323 y termino indefinido 180), la existencia de un memorando a través del cual se informa a los funcionarios de la “IPS - Comfenalco” sobre la solicitud de cierre de esa área (jul. 9/2003), el número de pensionados conforme a lo normado en el artículo 27 de la convención colectiva vigente (52) y el pago de aportes para seguridad social integral y compensación (fl. 217, cdno. 2 - jul. 16/2003). Este hecho evidencia el cumplimiento de lo normado en el numeral 3º del artículo 37 del Decreto 1469 de 1978(1).

• Elaboró un estudio técnico - económico (fls. 328 a 357, cdno. 3 - sep./2003), en el que concluyó que la “IPS - Comfenalco” se encuentra en liquidación, “por no ser autocosteable ya que los costos en desarrollo de su objeto social superan más del 100% de los ingresos, llevándola a obtener pérdidas operacionales sistemáticas que la hacen inviable, como lo estipula en la Ley 633 del año 2000 y los lineamientos y disposiciones emitidos por la Superintendencia del Subsidio Familiar, así como la Ley 789 de 2002” (fl. 356, cdno. 3). En este documento conceptuó, además, que “sería viable autorizar el despido de los trabajadores por la liquidación y cierre de la IPS Comfenalco, siempre y cuando el empleador garantice el pago de las acreencias y demás derechos prestacionales y pensionales” (fl. 357, cdno. 3). Esta actuación denota el cumplimiento de lo normado en el numeral 4º del artículo 37 del Decreto 1469 de 1978(2).

• Al analizar este estudio técnico - económico, el director territorial de Cundinamarca del Ministerio de la Protección Social autorizó, por medio de la Resolución acusada 2492 de 30 de septiembre de 2003, el cierre definitivo de la “IPS - Comfenalco”, con el consecuente despido de sus trabajadores, previa constitución y acreditación de cauciones o garantías necesarias para cubrir el pago total de acreencias laborales y pensionales, y demás derechos ciertos legales y convencionales (fls. 502 a 505, cdno. 3). Esta condición previa fijada, que busca proteger de algún modo a los trabajadores y pensionados afectados, demuestra el cumplimiento de lo normado en el numeral 5º del artículo 37 del Decreto 1469 de 1978(3).

• El sindicato de empleados de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Sindecom” interpuso recurso de reposición y, en subsidio apelación, contra esa decisión (fls. 518 a 570, cdno. 4).

• Este recurso fue desatado por las resoluciones enjuiciadas 167 de 14 de enero de 2004 (fls. 678 a 683, cdno. 4) y 370 de 13 de febrero del mismo año (fls. 695 a 703, cdno. 4), confirmando el cierre definitivo de la “IPS - Comfenalco”, porque el desequilibrio financiero que motivó esa determinación se encuentra debidamente acreditado.

• La Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco Cundinamarca”, mediante escritos de 3 de febrero y 11 de marzo de 2004, aportó al Ministerio de la Protección Social la documentación que soporta la constitución de cauciones o garantías ordenadas para cubrir el pago total de acreencias laborales y pensionales, y demás derechos ciertos legales y convencionales (fls. 708 a 710, cdno. 4, 760 a 762, 813 a 814, 876 a 877, 937 a 938, cdno. 5).

• Por auto de 16 de marzo de 2004, el director territorial de Cundinamarca del Ministerio de la Protección Social autorizó el despido de los trabajadores de la “IPS - Comfenalco” (fls. 874 a 875, cdno. 5), porque “analizados los contratos de fiducia, los certificados del saldo de cada uno y los extractos, este despacho considera que se garantiza el pago de las acreencias laborales, pensiones y demás derechos ciertos...; en consecuencia se cumple con la condición establecida en el artículo primero de la Resolución 2492 de fecha 30 de septiembre de 2003” (fl. 875, cdno. 5).

La actora considera, en síntesis, que la actuación desplegada por el Ministerio de la Protección Social, además de que vulneró los derechos de defensa y debido proceso, no respetó la existencia de empleados con fuero sindical ni el término legal establecido para definir las solicitudes de cierre total o parcial de empresas y despido colectivo (2 meses).

El artículo 40 del Decreto-Ley 2351 de 1965, subrogado por el 67 de la Ley 50 de 1990, señala:

Protección en caso de despidos colectivos:

1. Cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores, o terminar labores, parcial o totalmente, por causas distintas a las previstas en los artículos 5º, ordinal 1º, literal d) de esta ley (por terminación de la obra o labor contratada) y 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965 (terminación del contrato por justa causa), deberá solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social explicando los motivos y acompañando las correspondientes justificaciones, si fuere el caso. Igualmente deberá comunicar en forma simultánea, por escrito, a sus trabajadores de tal solicitud.

(...).

3. La autorización de que trata el numeral 1º de este artículo podrá concederse en los casos en que el empleador se vea afectado por hechos tales como la necesidad de adecuarse a la modernización de procesos, equipos y sistemas de trabajo que tengan por objeto incrementar la productividad o calidad de sus productos; la supresión de procesos, equipos o sistemas de trabajo y unidades de producción; o cuando estos sean obsoletos o ineficientes, o que hayan arrojado pérdidas sistemáticas, o los coloquen en desventaja desde el punto de vista competitivo con empresas o productos similares que se comercialicen en el país o con los que deba competir en el exterior; o cuando se encuentre en una situación financiera que lo coloque en peligro de entrar en estado de cesación de pagos, o que de hecho así haya ocurrido; o por razones de carácter técnico o económico como la falta de materias primas u otras causas que se puedan asimilar en cuanto a sus efectos; y en general los que tengan como causa la consecución de objetivos similares a los mencionados.

La solicitud respectiva deberá ir acompañada de los medios de prueba de carácter financiero, contable, técnico, comercial, administrativo, según el caso, que acrediten debidamente la misma.

(...).

5. No producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores o la suspensión temporal de los contratos de trabajo, sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad, Social, caso en el cual se dará aplicación al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo.

(...).

7. En las actuaciones administrativas originadas por las solicitudes de que trata este artículo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá pronunciarse en un término de dos (2) meses. El incumplimiento injustificado de este término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mata conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente” (resaltado y subrayas fuera del texto - precisión entre paréntesis fuera del texto).

En el sub lite está acreditado que la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco”, motivó y soportó ampliamente la justificante de desequilibrio financiero o pérdida recurrente y sostenida que dio al Ministerio de la Protección Social para solicitar el cierre de la “IPS - Comfenalco” (fls. 1 a 111, cdno. 2 - mercado con pocas alternativas actuales y futuras, cobertura poblacional cada vez menor, subutilización de la capacidad instalada, pesada carga laboral, prestacional y pensional generada por la convención colectiva de trabajo). Y que esta justificante fue previamente analizada por el consejo directivo de Comfenalco (fls. 162 a 175, cdno. 2) y la Superintendencia del Subsidio Familiar (fls. 204 a 206, 211 a 213, 237 a 239, cdno. 2), estamentos que al encontrar las graves repercusiones que podía traer el desequilibrio financiero para la caja de compensación en general, autorizaron la iniciación del proceso de cierre de la “IPS - Comfenalco”.

También está probado que, tal como también lo exige el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco” informó, a través del memorando de 9 de junio de 2003, a los servidores de la “IPS - Comfenalco” sobre la iniciación del trámite de cierre de esa área (fls. 4 cdno. ppal., 218, cdno. 2). Notificación que fue corroborada por el Ministerio de la Protección Social en la visita especial que realizó a las dependencias de Comfenalco (fl. 217, cdno. 2).

Esta notificación dio lugar a que los intereses de los trabajadores de la “IPS - Comfenalco” estuvieran representados, desde un comienzo, por la agremiación sindical a la cual estaban afiliados (fl. 203, cdno. 2 - Sindecom).

El sindicato de empleados de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Sindecom” participó en toda la actuación administrativa que culminó con la autorización de cierre definitivo de la “IPS - Comfenalco” y despido de sus trabajadores, pues solicitó permanentemente copias de las decisiones adoptadas (fls. 240 a 241, 319, 409 a 410, 512 a 513, 515 a 516, cdno. 3, 690 a 694, 755 a 756, cdno. 4), hizo parte de las reuniones realizadas (fls. 242 a 245, cdno. 3), pidió investigaciones al Presidente de la República y al Ministro de la Protección Social (fls. 306 a 307, 411 a 412, 423 a 424, cdno. 3), argumentó su oposición al cierre (fls. 363 a 403, 425 a 435, cdno. 3), requirió pruebas (413 a 422, cdno. 3), interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra la Resolución enjuiciada 2492 de 30 de septiembre de 2003 (fls. 518 a 560, cdno. 4) y pretendió la revocatoria de la orden de suspensión de los contratos de trabajo (fls. 23 a 24, cdno. ppal.), la cual al ser resuelta condensó, en gran parte, la gestión de defensa expuesta:

“En cuanto que no se le ha brindado la oportunidad de pedir pruebas o controvertir la decisión de suspensión, me permito comunicarle que usted como representante legal en su calidad de presidente del sindicato Sindecom, ejerció de manera fehaciente y en el momento procesal, el derecho a controvertir y probar, al hacer uso del recurso de reposición y en subsidio apelación de la vía gubernativa, mediante escrito radicado bajo el número 30912 del 10 de noviembre de 2003, contra la Resolución 2492 del 30 de septiembre de 2003, proferidas por esta dirección territorial donde se autoriza el cierre de la empresa y el despido de los trabajadores, siendo notificada en legal forma a los jurídicamente interesados entre ellos usted como presidente del sindicato el día 31 de octubre de 2003, a las 2:10 p.m.

2. En cuanto se revoque la autorización de suspensión de los contratos de trabajo, esta dirección territorial y la unidad especial de inspección, vigilancia y control de trabajo mediante resoluciones 167 del 14 de enero de 2004 y 370 del 13 de febrero de 2004, respectivamente, (Notificado personalmente) se pronunciaron en cuanto a la revocatoria solicitada por usted en su escrito de recursos” (fls. 28, cdno. ppal., 1000, cdno. 5).

Para la Sala, el hecho de que el Ministerio de la Protección Social hubiera garantizado y atendido en toda su actuación administrativa, la participación activa del sindicato de empleados de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Sindecom”, descarta una posible vulneración del derecho de defensa.

Ahora bien, es preciso manifestar que el estudio técnico - económico (fls. 328 a 357, cdno. 3), documento en el que se fundó la autorización de cierre definitivo de la “IPS - Comfenalco” y despido de sus trabajadores, detectó, al igual que lo hizo en su momento la Superintendencia del Subsidio Familiar (fls. 204 a 206, 211 a 213, 237 a 239, cdno. 2), una pérdida operacional sistemática que hacía inviable esa área de servicio:

Se observa que la estructura de gastos de la IPS en los períodos analizados (2001, 2002 y 2003) superan más del 100% de los ingresos provenientes de los contratos por prestación de servicios de salud con: Colmena, por servicios prestados al programa de régimen subsidiado de salud de la caja y por venta a particulares. Esto llevó a la IPS a obtener pérdidas operacionales sistemáticas en desarrollo de su objeto social lo que la hacía inviable de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Subsidio Familiar donde determina que las ‘IPS de las cajas no solamente están obligadas a ser autocosteables o lo que es lo mismo a no dar pérdidas que puedan significar detrimento patrimonial o desviación de los recursos de los aportes parafiscales sino que asumir además de la totalidad de sus costos y gastos, una parte proporcional de los gastos de administración central, no estándole permitido a la administración de la caja asumir con cargo a su estado de resultado gastos propios o inherentes a la IPS’.

(...).

La IPS, actualmente no está desarrollando su objeto social por encontrarse en proceso de liquidación, decisión tomada por el consejo directivo al no cumplir con el requisito establecido por la Superintendencia de Subsidio Familiar, de ser autocosteable.

Dentro del proceso de liquidación se cancelaron 101 contratos de prestación de servicio (médicos y odontológicos) dentro de los meses de julio y agosto, así mismo se canceló el contrato de prestación de servicio con Salud Colmena y los de régimen subsidiado pasaron a Odontomedicis Ltda., según contrato 544 de fecha 1 de septiembre de 2003” (fls. 345 y 346, cdno. 3 - resaltado y subrayas fuera del texto - precisión entre paréntesis fuera del texto).

Esta pérdida operacional sistemática detectada, en síntesis, porque los costos de desarrollo del objeto social de la “IPS - Comfenalco” superaban en más del 100% los ingresos que esta podía generar, al no ser desvirtuada en sede administrativa, condujo a la medida de cierre y despido controvertida, la cual, para proteger de algún modo a los trabajadores y pensionados afectados, exigió la constitución previa de cauciones o garantías necesarias para cubrir el pago total de acreencias laborales y demás derechos ciertos legales y convencionales (fls. 502 a 505, cdno. 3).

El Ministerio de la Protección Social, después de analizar pormenorizadamente los contratos de fiducia, extractos y certificados de deuda allegados por la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco Cundinamarca” (fls. 708 a 710, cdno. 4, 760 a 762, 813 a 814, 876 a 877, 937 a 938, cdno. 5), para soportar el cumplimiento de la condición exigida, autorizó el despido de los trabajadores de la “IPS - Comfenalco” (fls. 874 a 875, cdno. 5), actuación que denota que los trabajadores y pensionados afectados no quedaron desprotegidos.

En este punto es importante señalar, que la estabilidad en el empleo consagrada en la ley, las convenciones o los pactos colectivos, no es un derecho absoluto, por cuanto no subsiste ante despidos colectivos autorizados. Si bien es cierto que la autorización administrativa para despidos colectivos no se encuentra citada entre los modos de terminación legal del contrato de trabajo (CST, art. 61) ni dentro de las justas causas para el despido (D. 2351/65, art. 7º), también lo es que el efecto que la ley le otorga a aquella medida es que el empleador pueda dar por finalizado el contrato.

Lo anterior, para evitar que las empresas queden expuestas a cesación de pagos, quiebra y terminación de todos los contratos de trabajo, es decir, a su extinción definitiva.

Ahora bien, no hay que olvidar que la ejecución del despido colectivo autorizado le corresponde únicamente al empleador, quien es el llamado, en un momento dado, a dar prioridad a la permanencia de los trabajadores con fuero sindical o a formular la acción tendiente al levantamiento de esta garantía.

La garantía del fuero sindical tampoco comporta que los trabajadores aforados no puedan ser despedidos, desmejorados o trasladados con justa causa, sino que esta deberá ser valorada por el juez del trabajo, para resolver, en consecuencia, si esta protección se mantiene o no.

Esta protección, en el trámite administrativo de autorización de despido colectivo, no se considera vulnerada si en ese proceso no se persigue, como en el sub lite, impedir la constitución o el ejercicio del derecho a la asociación sindical.

Finalmente, en cuanto a la afirmación de que la entidad demandada excedió el término establecido en la ley para definir la solicitud de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco” (2 meses), es pertinente puntualizar que ello puede dar lugar a una investigación disciplinaria contra quienes hayan incurrido en negligencia que ocasione demoras injustificadas en la toma de decisión, pero no configura vicio que conlleve la nulidad de la determinación que se adopte.

Al descartarse con el análisis efectuado que se hubiera utilizado la solicitud de cierre y despido colectivo con una finalidad distinta a la prevista en la ley y que se hubieran desconocido exigencias, actuaciones y términos consagrados en los artículos 37 del Decreto 1469 de 1978 y 67 de la Ley 50 de 1990, no se vislumbra la vulneración alegada del debido proceso.

Por no haberse desvirtuado, con los motivos de inconformidad planteados, la presunción de legalidad que ampara las resoluciones acusadas, se habrán de denegar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, archívese el expediente y cúmplase.

Anexo

Cierre “IPS Comfenalco” - Despido colectivo de trabajadores

Expediente: 6171-2005

Actor: Gloria Cristina Moreno Gómez

Demandado: Ministerio de la Protección Social

Actos demandados: Resoluciones 2492 de 30 de septiembre de 2003, 167 de 14 de enero de 2004 y 370 de 13 de febrero del mismo año.

Motivos de inconformidad: La demandante considera, en síntesis, que la actuación desplegada por el Ministerio de la Protección Social, además de que vulneró los derechos de defensa y debido proceso, no respetó la existencia de empleados con fuero sindical ni el término legal establecido para definir las solicitudes de cierre total o parcial de empresas y despido colectivo (2 meses).

Proyecto de decisión: Se deniegan las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:

En el sub lite está acreditado que la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco”, motivó y soportó ampliamente la justificante de desequilibrio financiero o pérdida recurrente y sostenida que dio al Ministerio de la Protección Social para solicitar el cierre de la “IPS - Comfenalco”.

También está probado que, tal como también lo exige el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco” informó, a través del memorando de 9 de junio de 2003, a los servidores de la “IPS - Comfenalco” sobre la iniciación del trámite de cierre de esa área.

Esta notificación dio lugar a que los intereses de los trabajadores de la “IPS - Comfenalco” estuvieran representados, desde un comienzo, por la agremiación sindical a la cual estaban afiliados (Sindecom).

La circunstancia de que el Ministerio de la Protección Social hubiera garantizado y atendido en toda su actuación administrativa, la participación activa del sindicato de empleados de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Sindecom”, descarta una posible vulneración del derecho de defensa.

La pérdida operacional sistemática detectada, en síntesis, porque los costos de desarrollo del objeto social de la “IPS - Comfenalco” superaban en más del 100% los ingresos que esta podía generar, al no ser desvirtuada en sede administrativa, condujo a la medida de cierre y despido controvertida, la cual para, proteger de algún modo a los trabajadores y pensionados afectados, exigió la constitución previa de cauciones o garantías necesarias para cubrir el pago total de acreencias laborales y demás derechos ciertos legales y convencionales (fls. 502 a 505, cdno. 3).

El Ministerio de la Protección Social después de analizar, pormenorizadamente, los contratos de fiducia, extractos y certificados de deuda allegados por la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco Cundinamarca”, para soportar el cumplimiento de la condición exigida, autorizó el despido de los trabajadores de la “IPS - Comfenalco”. Actuación que denota que los trabajadores y pensionados afectados, no quedaron desprotegidos.

En este punto, es importante señalar que la estabilidad en el empleo consagrada en la ley, las convenciones o los pactos colectivos, no es un derecho absoluto, por cuanto no subsiste ante despidos colectivos autorizados.

Ahora bien, no hay que olvidar que la ejecución del despido colectivo autorizado le corresponde únicamente al empleador, quien es el llamado, en un momento dado, a dar prioridad a la permanencia de los trabajadores con fuero sindical o a formular la acción tendiente al levantamiento de esta garantía.

La garantía del fuero sindical tampoco comporta que los trabajadores aforados no puedan ser despedidos, desmejorados o trasladados con justa causa, sino que esta deberá ser valorada por el juez del trabajo, para resolver, en consecuencia, si esta protección se mantiene o no.

Finalmente, en cuanto a la afirmación de que la entidad demandada excedió el término establecido en la ley para definir la solicitud de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco - “Comfenalco” (2 meses), es pertinente puntualizar que ello puede dar lugar a una investigación disciplinaria contra quienes hayan incurrido en negligencia que ocasione demoras injustificadas en la toma de decisión, pero no configura vicio que conlleve la nulidad de la determinación que se adopte.

Cordialmente,

Nydia Cerinza».

(1) “3. El funcionario comisionado deberá establecer primordialmente las modalidades de los contratos de trabajo, su duración el tiempo de servicios de cada uno de los trabajadores de la empresa o patrono y las demás circunstancias que sean de interés para la investigación”.

(2) “4. Si las causas invocadas fueren de orden económico o técnico el jefe de la división departamental de trabajo y seguridad social deberá remitir las diligencias a la oficina de planeación y economía laboral para su concepto”.

(3) “5. Los jefes de las divisiones departamentales de trabajo y seguridad social que deban autorizar el despido colectivo de trabajadores o el cierre de una empresa, deberán exigir previamente al empleado respectivo las cauciones o garantías indispensables que acrediten el pago de las pensiones de jubilación, prestaciones sociales y demás derechos ciertos de los trabajadores”.