Sentencia 2004-04801 de marzo 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 76001233100020040480101 [18731]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Demandante: Colombina S.A. (NIT. 890301884-5)

Demandada: DIAN

Asunto: impuesto de renta y complementarios - año gravable 1999

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil trece.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la demandada, corresponde a la Sala determinar si la demandante podía solicitar la nulidad de los actos demandados ante esta jurisdicción con fundamento, entre otros, en la extemporaneidad en la notificación de la liquidación oficial de revisión, teniendo en cuenta que ese argumento no fue expuesto en la vía gubernativa.

Al respecto se considera lo siguiente:

El artículo 720 del estatuto tributario dispone que el recurso de reconsideración procede contra la liquidación oficial de revisión, recurso que debe cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 722 ibídem, dentro de los cuales se encuentra presentarlo por escrito y con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

El artículo 730 del estatuto tributario consagra las causales de nulidad que pueden ser invocadas contra los actos de liquidación de impuestos o resolución de recursos, así:

“ART. 730.—Causales de nulidad. Los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos, proferidos por la administración tributaria, son nulos:

1. Cuando se practiquen por funcionario incompetente.

2. Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación de revisión o se pretermita el término señalado para la respuesta, conforme a lo previsto en la ley, en tributos que se determinan con base en declaraciones periódicas.

3. Cuando no se notifiquen dentro del término legal.

4. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de las modificaciones efectuadas respecto de la declaración, o de los fundamentos del aforo.

5. Cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos.

6. Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente señalados por la ley como causal de nulidad” (destacado fuera de texto).

Como se advierte, dentro de las causales de nulidad está prevista la que alega la demandante con ocasión de la demanda, esto es, no haberse notificado el acto administrativo [liquidación oficial de revisión] dentro del término legal.

Ahora bien, el plazo con el que cuenta el contribuyente para alegar las causales de nulidad contra el acto impugnado es el término señalado para interponer el recurso de reconsideración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 731 del estatuto tributario. Sin embargo, tal regulación del procedimiento tributario no impide que las nulidades de las cuales adolece el acto de liquidación puedan ser alegadas en esta jurisdicción.

Lo anterior, por cuanto se advierte que las causales de nulidad para todos los actos administrativos son las consagradas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y su petición no está condicionada a que se hubieren alegado en sede administrativa(14). Por lo tanto, se “deduce la posibilidad de alegar causales nuevas no planteadas inicialmente, pues el examen de legalidad del acto acusado debe concretarse en los fundamentos de derecho expuestos en la demanda, los que a su turno deben corresponder a cualquiera de las causales de nulidad contempladas en el segundo inciso del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y con la independencia que el mismo estatuto tributario le reconoció en su artículo 740”(15) (destacado fuera de texto).

En este sentido, esta corporación ha establecido la tesis según la cual “Los hechos que se presentan en la vía gubernativa imponen el marco de la demanda ante la jurisdicción no siendo viable aceptar nuevos hechos, aunque si mejores argumentos de derecho”(16), y que ha sido sustentada así:

“La identidad debe darse entre el asunto que fue objeto de revisión y análisis por parte de los funcionarios administrativos y el que finalmente se somete a juzgamiento en la jurisdicción. Es decir, en lo solicitado y no en los argumentos para hacer la petición. No quiere decir, que sea imposible [presentar] ante la jurisdicción argumentos nuevos para defender la misma pretensión, siempre que por este medio no se cambie la petición que se hizo por vía gubernativa” (destacado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, es procedente plantear “argumentos nuevos o mejores argumentos” en la vía judicial, pues no existe ninguna limitación para que ante la jurisdicción dichos argumentos puedan aducirse como causal de nulidad de los actos administrativos(17). Lo que está vedado conocer son los “hechos nuevos” planteados en la demanda, respecto de los cuales la administración no haya tenido la oportunidad de controvertirlos en la vía gubernativa(18).

En conclusión, debe existir identidad en la pretensión sometida a consideración de la administración y la que se somete a juzgamiento en sede judicial, sin perjuicio de que la demandante pueda traer nuevos o mejores argumentos de derecho.

En el sub examine se observa que en sede administrativa el contribuyente controvirtió la legalidad de los actos demandados mediante los cuales fue modificado su denuncio rentístico de 1999, con fundamento en las causales de indebida o falsa motivación, violación al debido proceso y al derecho de defensa, falta de aplicación de normas de carácter legal y desviación de poder(19). En tanto que en sede judicial, además, arguyó que no había sido notificado el acto impugnado dentro de los tres años siguientes a la presentación de la declaración privada, como lo disponía el artículo 710 del estatuto tributario, vigente para la época de los hechos.

De acuerdo con las causales de nulidad previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y los lineamientos jurisprudenciales a los que se hizo referencia, el argumento de la demandante según el cual los actos demandados incurren en nulidad por extemporaneidad de la notificación de la liquidación oficial de revisión, no constituye un “hecho nuevo”, como quiera que desde la etapa administrativa se ha objetado la validez de los actos y en igual sentido ante esta jurisdicción.

La extemporaneidad de la liquidación oficial de revisión es un “nuevo argumento”(20) que no modifica la pretensión anulatoria de la demandante esgrimida en sede administrativa y encuadra dentro de la prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo que dispone que los actos administrativos son nulos cuando “hayan sido expedidos por funcionarios incompetentes”, teniendo en cuenta que en el sub examine, para la fecha en que se profirió la liquidación oficial de revisión la administración había perdido competencia para modificar la declaración privada del impuesto presentada por el contribuyente, causal de nulidad que, como se explicó, no está sometida al requisito de que se haya discutido previamente ante la administración.

Por lo anterior, contrario a lo expuesto por la demandada en su recurso, era procedente que la actora invocara en la demanda, como argumento de nulidad de los actos acusados, la extemporaneidad de la liquidación oficial de revisión y, por tanto, correspondía al tribunal analizar dicho argumento, como en efecto lo hizo.

Ahora bien, en el recurso de apelación se discutió únicamente la procedibilidad del análisis de un nuevo argumento en sede judicial, pero sin que se haya expuesto razonamiento alguno para controvertir el análisis efectuado por el a quo en cuanto al fondo del asunto, es decir, si fue o no extemporánea la liquidación oficial de revisión(21).

En relación con la necesidad de exponer las razones de inconformidad con la providencia que se apela, esta Sala en oportunidad anterior, señaló(22):

“Precisamente, sobre la exigencia de la sustentación del recurso de apelación, la Corte Constitucional ha señalado que: ‘... al recurrente se le ha impuesto la carga procesal de exponer las razones de orden fáctico y jurídico, por las cuales considera que la decisión adoptada por el funcionario de primera instancia no es legítima, es decir, contraria al ordenamiento jurídico. Se trata de que el recurrente a través de su argumentación desvirtúe la presunción de certeza o de legalidad de la decisión impugnada, de modo que si no sustenta el recurso, esta no puede ser revisada por el superior, con lo cual, por este modo, se reafirma la validez de la respectiva providencia. (...) No existen fórmulas sacramentales para sustentar un recurso de esta naturaleza. Basta que el recurrente cumpla con señalar la providencia recurrida y las razones claras y explícitas de su inconformidad con la misma’ [T-204/97].

Si bien, los actos administrativos gozan de presunción de legalidad hasta tanto no sean anulados por esta jurisdicción, en el caso, teniendo en cuenta que el tribunal consideró que dicha presunción estaba desvirtuada, correspondía al ente demandado controvertir los aspectos en que se sustentó el a quo para adoptar la decisión...”.

Por consiguiente, teniendo en cuenta la competencia restringida del superior, pues se trata de apelante único y ante la ausencia de motivos de inconformidad frente a la decisión adversa a la recurrente, que permitan el estudio de fondo, y de ninguna manera desvirtuó las razones esgrimidas por el tribunal en las que se funda el fallo apelado, se concluye que el recurso no tiene vocación de prosperidad, por lo que se confirmará la decisión recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 14 de diciembre de 2010 del Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

RECONÓCESE personería al doctor Julio César Ruíz Muñoz como apoderado de la DIAN en los términos del poder que obra a folio 17 del cuaderno principal 3.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(14) Consejo de Estado - Sección Cuarta. Sentencia de 18 de septiembre de 2002, Expediente 13023, C.P. Ligia López Díaz.

(15) Consejo de Estado - Sección Cuarta. Sentencias de mayo 6 de 1994 Expediente 5299. M.P. Jaime Abella Zárate; de abril 26 de 1996 Expediente 7424 M.P. Guillermo Chahin Lizcano.

(16) Consejo de Estado, sentencias del 23 de marzo de 2000, Expediente 5658, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa, 20 de octubre de 2000, Expediente 10665, C.P. Daniel Manrique G. y 23 de febrero de 1996, Expediente 7262, C.P. Delio Gómez Leyva.

(17) Consejo de Estado, sentencias de 17 de marzo de 2005, Expediente 14113, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, 9 de julio de 2009, Expediente 2002-00789, C.P. Marco Antonio Velilla Morano y 24 de septiembre de 2009, C.P. Rafael E. Ostau Lafont Pianeta.

(18) Consejo de Estado, sentencias de 17 de marzo de 2005, Expediente 14113, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(19) Folios 234 a 310, cuaderno p. 1.

(20) En similar sentido se consideró en la sentencia de 17 de marzo de 2005, Expediente 14113, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, en la que el demandante alegó ante esta jurisdicción la nulidad por extemporaneidad en el pliego de cargos, argumento que no había sido planteado en vía gubernativa.

(21) En efecto, la demandada en el recurso, precisa textualmente lo siguiente: “La inconformidad de la DIAN ante la decisión tomada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, radica en que no se ha tenido en cuenta que, el contribuyente no agotó dicha argumentación en la vía gubernativa pudiendo hacerlo, pues en dicha instancia no demandó la extemporaneidad de la notificación del acto acusado, faltando con ello al principio de lealtad procesal, pues no dio la oportunidad a la administración de rectificar en su actuar revocando su propio acto, en caso de que ello procediera, sino que solo cuando acudió a la vía contenciosa decidió alegar dicho vicio. Si el contribuyente consideraba que la administración había expedido un acto sin el lleno de los requisitos legales, también existía un término legal estipulado en la norma (E.T., art. 731) para que fuera alegado” (fl. 856, vto.).

(22) Sentencia del 12 de julio de 2012, Expediente 18479, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.