Sentencia 2004-04870/19840 de abril 25 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 050012331000200404870-01

No. Interno: 19840

Consejero ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Asunto: Contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Mineros de Antioquia S.A.

Demandado: U.A.E. DIAN

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por UAE DIAN contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló las resoluciones 000001 del 14 de enero de 2003 y 0001del 16 de enero de 2003, expedidas por la DIAN.

En los términos del recurso, la Sala debe decidir si la sociedad Mineros de Antioquia S.A. está obligada a declarar y pagar el impuesto a la explotación de oro por el año 1998, en la forma liquidada en los actos acusados.

3.1. IMPUESTO A LA EXPLOTACIÓN DE ORO Y PLATINO. ANTECEDENTES. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA(1). 

El Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas)(2) estableció, en el artículo 231, el impuesto a la explotación de oro y platino, sin hacer distinción de si ésta se realizaba en minas de propiedad pública o privada, así:

“Impuesto al oro y al platino. El impuesto al oro físico será del tres por ciento (3%) del valor total que por onza troy fina pague el Banco de la República. El del platino será del cuatro por ciento (4%) del precio total que para el efecto reconozca el mismo Banco”. 

La Ley 6 de 1992(3), en el artículo 122, dispuso el incremento de las tarifas del impuesto al oro físico y al platino, en los siguientes términos:

“Los impuestos al oro físico y al platino serán del cuatro y cinco por ciento (4% y 5%), respectivamente, del valor total de los metales que se pague a los productores o a los comerciantes, liquidados con base en el precio internacional que certifique en moneda legal el Banco de la República”. 

Con la expedición de la Ley 141 de 1994, por la cual se establecieron las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad de la Nación, se derogó de manera expresa el artículo 231 del Decreto 2655 de 1988, que había creado el impuesto al oro y al platino, así:

“Art. 69. Derogatorias. Esta ley deroga las disposiciones que le sean contrarias y en especial las siguientes:... y artículos 89,98, 129, incisos 3, 4, 5 del 213, 216 y 217 y 219 a 233 del Código de Minas”. 

De lo anterior se interpreta que, a partir de la derogatoria que hizo el artículo 69 de la Ley 141 de 1994, se abolió el impuesto al oro y al platino, provenientes de la explotación de minas tanto de propiedad nacional como de propiedad privada, creado por el Decreto 2655 de 1988, modificado por el artículo 122 de la Ley 6 de 1992, teniendo en cuenta que éste último se limitó a incrementar las tarifas del impuesto, sin modificar la fuente legal de su existencia. Adicionalmente, porque la Ley 141 de 1994 sustituyó los impuestos que hasta ese momento existían sobre la explotación del oro y el platino, por el régimen de regalías, en los siguientes términos:

“Art.16.- Regalías derivadas de la explotación de hidrocarburos, carbón níquel, hierro, cobre, oro, plata, platino, sal, minerales, radiactivos y minerales metálicos y no metálicos. Establécense regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional sobre el valor de la producción en boca o a borde de mina o pozo, según corresponda...” 

“Art. 26.- Impuestos específicos y contraprestaciones económicas. Los impuestos específicos previstos en la legislación minera, para las explotaciones de oro, platino y carbón no continuarán gravando las explotaciones de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, las cuales estarán sujetas únicamente a las regalías establecidas en la presente ley y a las compensaciones que se pacten las empresas industriales y comerciales del Estado o las sometidas a este régimen”. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que las regalías sólo se establecieron para la explotación de los recursos no renovables de propiedad de la Nación, el legislador, en aras de restablecer la equidad, expidió una nueva ley para crear el impuesto a la explotación sobre minas de propiedad privada. Fue así como el artículo 9 de la Ley 366 de 1997 reguló las rentas originadas en la explotación de metales preciosos en los siguientes términos:

"Artículo 9º. Establécense los impuestos por la explotación de los siguientes recursos naturales no renovables que no constituyen propiedad nacional y sobre los que no se aplican las regalías previstas en la Ley 141 del 28 de junio de 1994, los cuales se liquidarán sobre el precio internacional que certifique en moneda legal el Banco de la República. 

"Oro y plata 4% 

"Platino 5% 

"Oro de aluvión 6% 

"Las regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, continuarán rigiéndose por lo previsto en la Ley 141 del 28 de junio de 1994". 

En las ponencias para los debates del proyecto que se convertiría en la Ley 366 de 1997, se expresó:

“...Tal proyecto era viable, mientras existieran desde luego impuestos por liquidar, recaudar y trasladar, sin embargo, tales impuestos desaparecieron del ordenamiento jurídico a partir del 28 de junio de 1994, fecha en la cual entró a regir la Ley 141 sobre regalías. 

(...) 

“Sin embargo, la norma legal que consagraba el impuesto a la producción del oro, esto es, el artículo 231 del Código de Minas modificado por el artículo 122 de la Ley 6 de 1992, fue expresamente derogado por el artículo 69 de la Ley 141 de 1994, de lo cual se concluye que no existe impuesto a la producción del oro y del platino para ningún caso”(4). 

“Tampoco existe impuesto a la producción del oro y del platino que se extrae del subsuelo que no es el de producción nacional por cuanto la norma que genéricamente consagra a los impuestos a la producción del oro sin distinguir su procedencia, fue derogada expresamente por el artículo 69 de la Ley 141, sólo que en este último caso, la extracción de tales metales no reporta regalías por cuanto precisamente la explotación no se hace en el subsuelo de propiedad nacional, tema que entonces debe corregirse, tal y como se propone en el pliego de modificaciones que acompaña a esta ponencia para segundo debate”(5). 

Posteriormente, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-065 del 5 de marzo de 1998, declaró inexequible el artículo 9 de la Ley 366 de 1997, por vicios en el trámite legislativo. Por regla general(6), las sentencias que declaran la inexequibilidad de una norma tienen efectos hacia el futuro, esto es, que tales efectos pueden tener incidencia en situaciones jurídicas no consolidadas. Las consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad, consolidadas quedan.

La Sala reitera que por la declaratoria de inexequibilidad del artículo 9 de la Ley 366 de 1997 no recobró vigencia el artículo 122 de la Ley 6 de 1992, porque para la fecha de expedición de la norma declarada inexequible (12 de marzo de 1997) el mencionado artículo 122 se entendía derogado por la Ley 141 de 1994. Además, porque de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “...la declaratoria de inexequibilidad de una norma implica la reincorporación al ordenamiento jurídico de las disposiciones por ella derogadas, siempre que ello se requiera para asegurar la supremacía del texto fundamental... y ante ello se debe determinar el peso específico que les asiste a los principios de justicia y seguridad jurídica y establecer si el fallo tiene efectos únicamente hacia el futuro o si también cobija situaciones consolidadas en el pasado, evento en el cual restablecen su vigencia aquéllas disposiciones que habían sido derogadas por la norma declarada inconstitucional” (7). Es decir, que no siempre es automática la reincorporación de normas derogadas por otra que se declara inexsequible.

Ahora bien, ante la declaratoria de inexequibilidad de la norma que establecía el impuesto sobre la explotación del oro y platino en minas de propiedad privada (artículo 9 de la Ley 366/97), surgió la necesidad de expedir una nueva ley que sustituyera la anterior. Fue así como en el artículo 152 de la Ley 488 de 28 de diciembre de 1998, se consagró:

Artículo 152. La explotación de los recursos naturales no renovables a saber, oro, plata y platino de propiedad de la Nación generarán una regalía y en las minas de reconocimiento de propiedad privada un impuesto, los cuales se liquidarán sobre los precios internacionales que certifique en moneda legal el Banco de la República con las tarifas que se señalan a continuación. En ambos casos, el impuesto y la regalía se destinarán con exclusividad para los municipios productores.

Oro y plata 4% (regalía o impuesto)

Platino 4% (regalía o impuesto)

Los aspectos relacionados con la liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencias del impuesto y demás aspectos tributarios, continuarán rigiéndose por la Ley 366 de 1997.

Parágrafo. Las regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, distintas del oro, plata y el platino, continuarán rigiéndose por la Ley 141 de 1994.

Así, entre la sentencia C-065 del 5 de marzo de 1998 y la Ley 488 del 28 de diciembre de 1998, no existió ley que autorizara cobrar ese impuesto.

3.1.1. Caso concreto

La UAE DIAN alegó que los actos administrativos que determinaron el impuesto por la explotación de oro durante el año 1998, a cargo de la demandante, se ajustaron a lo previsto en el artículo 122 de la Ley 6 de 1992. ´

Según la DIAN, el artículo 122 de la Ley 6 de 1992 fue reincorporado, automáticamente, al ordenamiento jurídico como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 9 de la Ley 366 de 1997, por parte de la Corte Constitucional, en la sentencia C-065/98.

Para la demandante, por el contrario, para el año 1998 no existía norma alguna que regulara el impuesto por la explotación de oro, pues el artículo 9 de la Ley 366 de 1997 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, y, porque, el artículo 122 de la Ley 6 de 1992, que modificó el artículo 231 del Decreto 2655 de 1988, fue derogado por el artículo 63 de la Ley 141 de 1994.

Para la Sala, conforme con lo dicho anteriormente, en efecto, durante el tiempo transcurrido entre la fecha de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 9 de la Ley 366 de 1997 (5 de marzo de 1998) y la fecha de expedición de la Ley 488 (28 de diciembre de 1998), la explotación de oro y platino en minas de propiedad privada no estuvo gravada, por no existir en ese período disposición legal que consagrara dicho impuesto.

En esa medida, la demandante no estaba obligada a declarar y pagar el impuesto por la explotación de oro liquidado en los actos acusados.

De otra parte, la Sala precisa que no es cierto que la declaratoria de inexequibilidad del artículo 9 de la Ley 366 de 1997 haya reincorporado automáticamente una norma derogada, en el entendido de que el artículo 122 de la Ley 6 de 1992 había sido derogado por la Ley 366 de 1997, como lo sugiere la DIAN, pues, como quedó expuesto, para la fecha de expedición de la Ley 366, el mencionado artículo 122 ya había perdido vigencia en virtud de la Ley 141, esto es, una ley anterior a la 366.

En consecuencia, ante la derogatoria del artículo 122 de la Ley 6 de 1992 y la inexequibilidad del artículo 9 de la Ley 366 de 1997, las Resoluciones 001 del 14 de enero de 2003 y 0001 del 16 de enero de 2003, objeto de demanda, son nulas por indebida aplicación de estas normas, y por falta de aplicación del artículo 69 de la Ley 141 de 1994.

El recurso de apelación no prospera y, por ende, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia del 2 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la sociedad Mineros de Antioquia S.A. contra la U.A.E. DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

1 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencias del 21 de septiembre de 2006, expediente 110010327000200300089-01 (14298), Consejero ponente Héctor J. Romero Díaz, y del 19 de octubre de 2006, expediente 250002327000200001496-01 (14444), Consejera ponente Ligia López Díaz.

2 Este decreto fue derogado por la Ley 685 de 2001.

3 Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones

4 Ponencia para primer debate al proyecto de Ley 129 –Senado- Ponente Dr. Juan Camilo Restrepo Salazar. Gaceta del Congreso número 95 de 19 de mayo de 1995.

5 Ponencia para segundo debate al proyecto 129 –Senado- Ponente Dr.- Juan Camilo Restrepo Salazar. Gaceta del Congreso número 322 de 6 de octubre de 1995.

6 Artículo 45 de la Ley 270 de 1996.

7 Sentencia C-113 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía.