Sentencia 2004-04905 de mayo 24 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Rad.: 05001-23-31-000-2004-04905-01(1181-11)

Actor: Aliria Yanet Correa Medina

Demandado: Hospital San Juan de Dios de Yarumal

Bogotá D.C., veinticuatro de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El asunto que se discute se contrae a establecer si tuvo ocurrencia o no el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

En el sub lite se encuentra acreditado que:

— Por Resolución 7 de 7 de enero de 2004, el gerente de la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal (Antioquia) dio por terminado el nombramiento provisional de la actora “por supresión del cargo según Acuerdo 1 de 2004”. En dicho acto se dijo que procedían los recursos de que trata el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo (fls. 20, 52, 258, 259, 341, 342).

— Mediante comunicaciones de la misma fecha, a la demandante se le dio a conocer la medida (fls. 260 a 261, 343 a 344) y se le precisó que la desvinculación operaría a partir del “7 de enero de 2004” (fls. 19, 257, 340).

— La ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal certificó que el retiro de la actora operó, efectivamente, el 7 de enero de 2004 (fl. 81).

— A través del oficio G-0122 de 21 de enero de 2004, se resolvió el recurso de reposición interpuesto en término por la demandante (9 de enero de 2004), aclarándole que contra los actos que declaran remociones no proceden los recursos de la vía gubernativa y que la resolución que la afectó se encuentra debidamente ejecutoriada. Este acto aparece con anotación de recibido el 23 de enero de 2004 (fl. 21 a 22, 53 a 54).

— La actora interpuso recurso de apelación contra la manifestación anterior (ene. 27/2004), el cual fue denegado por el oficio G-0284-04 de 12 de enero de 2004. Este acto aparece con anotación de recibido el 17 de febrero de 2004 (fls. 23, 55).

La demandante considera, en síntesis, que la fecha que se debe tener en cuenta para efectos de determinar si operó o no el fenómeno de la caducidad es la de notificación del oficio que resolvió el último recurso interpuesto (feb. 17/2004).

Por su parte, el Tribunal señala que la fecha que se debe en cuenta, en este caso, es la de notificación del oficio G-0122-04 que “decidió” el único recurso interpuesto en tiempo (ene. 23/2004).

La caducidad es un hecho jurídico que opera cuando el término concedido por la ley para ejercitar la acción ha vencido; se edifica sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, independientemente de consideraciones que no sean el solo transcurso del tiempo. En este sentido, el término de caducidad no puede ser materia de convención ni de renuncia.

La facultad de accionar comienza a contarse con el inicio del plazo prefijado en la ley y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al terminar el plazo improrrogable. El numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca "al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso" (resaltado fuera del texto).

En reiteradas oportunidades la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que los actos administrativos que impliquen retiro del servicio de un empleado, como la Resolución 7 de 2004 (terminación nombramiento provisional por supresión cargo), se dan a conocer por la vía de la ejecución, de manera que para efectos de caducidad de la acción se debe tomar como referencia esta fecha.

En este caso, no se tomará como referencia la fecha de ejecución, esto es la del retiro efectivo del servicio (fl. 81 – ene. 7/2004), porque la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal le dio a la demandante la oportunidad de que interpusiera recursos contra la resolución que la afectó.

La actora, en oportunidad, interpuso recurso de reposición (ene. 9/2004), el cual fue “decidido” a través del oficio G-0122 de 21 de enero de 2004, acto en el que se reconoció que había sido un error permitir que contra un acto de remoción se hiciera uso de los recursos de la vía gubernativa y se indicó que la Resolución 7 de 2004 estaba debidamente ejecutoriada.

Al tomar como referencia la fecha de notificación del aludido oficio G-0122 de 2004 (fls. 21 a 22, 53 a 54 – ene. 23/2004) y la de presentación de la demanda (fls. 1, 10 – jun. 17/2004), es evidente que, como lo manifestó el a-quo, operó el fenómeno de la caducidad de la acción previsto en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Ahora bien, como la demandante estaba autorizada para acudir directamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo desde el 26 de enero de 2004, día siguiente hábil al de la notificación del oficio G-0122 de 2004, el término de caducidad empezaba a correr desde ese día, aun cuando se hubiera interpuesto un recurso de apelación improcedente y extemporáneo (apelación contra el oficio G-0122-04 – ene. 27/2004).

Sobre el particular, esta corporación precisó:

Es verdad sabida que los recursos improcedentes no tienen virtud de suspender el término de caducidad de la acción. Por lo tanto, si de acuerdo con lo estatuido en el artículo 1º, inciso final del Código Contencioso Administrativo, la parte primera de este estatuto no es aplicable a los casos que traten del ejercicio de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción, el recurso de reposición contemplado en el artículo 50 ibídem, no es procedente en el presente caso y, por ende, no suspendió el término de caducidad; por tanto, dicho término debe contarse a partir de la notificación, publicación o ejecución del acto, según el caso, tal como lo ordena el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo” (resaltado fuera del texto)(1).

Si bien es cierto que la ESE demandada se pronunció respecto de este recurso de apelación, para reiterar su improcedencia, también lo es que esta manifestación, por la razón esbozada en el párrafo anterior, no tiene la virtualidad de suspender o ampliar el término de caducidad.

Para reafirmar lo concluido, la Sala hará propio lo expuesto en un caso similar al controvertido en el sub lite:

“Entonces, como en el caso de autos no procedían recursos contra el acto de ejecución sancionatorio y pasados, aproximadamente, dos años de su expedición, se interpusieron contra dicho acto los recursos de reposición y apelación, estos no sólo eran improcedentes sino también extemporáneos.

El hecho de que la administración se hubiera pronunciado sobre ellos, no les cambia tal falencia, menos cuando la universidad se vio obligada a pronunciarse ante la tutela que para tal efecto interpuso la P. actora como ella misma informa.

Como el acto de ejecución sancionatoria puso término a la actuación acusada es la Resolución 1363 de 20 de octubre de 1994, la cual se notificó y ejecutó en esa misma fecha con el retiro del servicio, el actor contaba con cuatro meses a partir de esa fecha para presentar la demanda, es decir hasta el 20 de febrero de 1995”(2).

Establecido que la actora dejó fenecer definitivamente la oportunidad para controvertir la Resolución 7 de 2004, se habrá de confirmar la decisión del a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso promovido por Alira Yanet Correa Medina contra la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión de la fecha».

(1) Auto de 18 de abril de 1995, expediente 11179, actor: Víctor Julio Sánchez Pascuas, M.P. Álvaro Lecompte Luna.

(2) Sentencia de 25 de marzo de 2004, expediente 2338-2002, actor: Julio Ignacio Luna Albarracín, M.P. Tarsicio Cáceres Toro.