Sentencia 2004-04972 de abril 15 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 05001-23-31-000-2004-04972-01(20167)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortíz De Rodríguez

Actor: Cementos El Cairo S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Impuesto: Renta 1999

Fallo

Bogotá, D. C., quince de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos, por medio de los cuales la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín modificó la declaración de renta presentada por la actora por el año gravable 1999.

En los términos del recurso de apelación, el problema jurídico se contrae a establecer si la demandante podía hacer uso del beneficio consagrado en los artículos 147 y 351 del estatuto tributario, a pesar de que durante el año gravable 1999 obtuvo una nueva pérdida líquida.

Para el efecto, la Dian alegó que se debe aplicar el Concepto 20727 del 6 de marzo de 2000 que revocó el Concepto 47433 del 20 de mayo de 1999, invocado por la sociedad, en el que se precisó que no se pueden solicitar pérdidas superiores a las rentas o utilidades obtenidas, por ser el concepto vigente al momento de la presentación de la declaración cuestionada.

Observa la Sala que el 1º de marzo de 2002 la sociedad actora corrigió la declaración de renta correspondiente al año gravable 1999, en la que solicitó, en el renglón DL, una deducción de pérdidas por $22.930.908.000, declaró una renta líquida de cero (-0-) y una pérdida líquida de $8.059.899.000.

La administración estimó que la sociedad demandante solo podía solicitar como deducción las pérdidas fiscales hasta el límite de la renta líquida, tal como lo establecen los artículos 147 y 351 del estatuto tributario. En consecuencia, al declarar en el año gravable 1999 una nueva pérdida líquida acumulada de $8.059.899.000, que no corresponde a dicho periodo gravable, no podía solicitar como compensación de pérdidas un total de $22.930.908.000.

El demandante alegó que tiene derecho a solicitar la deducción de pérdidas fiscales por un valor superior a las rentas del periodo, porque así lo autorizó expresamente el concepto 47433 del 20 de mayo de 1999, vigente cuando concluyó el periodo gravable 1999.

En el mencionado concepto la administración tributaria manifestó:

“El artículo 147 del mismo ordenamiento establece como deducción las pérdidas de las sociedades, las cuales se pueden compensar con las rentas obtenidas dentro de los cinco periodos gravables siguientes.

En consecuencia, la norma establece que las pérdidas fiscales deben ser tratadas como deducción, luego, de conformidad con la forma de determinación de la renta líquida, las mismas son restadas de la renta bruta independientemente de que se arroje una nueva pérdida”.

Dice el artículo 264 de la Ley 223 de 1995:

“Los contribuyentes que actúen con base en conceptos escritos de la subdirección jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en los mismos. Durante el tiempo en que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias. Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cambie la posición asumida en un concepto previamente emitido por ella deberá publicarlo”.

Al declarar la constitucionalidad de la disposición anterior, la Corte Constitucional señaló:

“Los principios de la buena fe y de la confianza legítima sirven de fundamento para avalar la constitucionalidad de la norma acusada, pues, si la administración ha señalado un criterio u orientación al particular para proceder de un modo determinado, no puede resultar apropiado que, contrariando sus propias razones, pueda desconocer la actuación cumplida por el particular amparado en la propia conducta de aquella”.

Por lo tanto, dado que la doctrina de la Dian sirve de guía para la actuación de los particulares cuando se encuentra vigente, en virtud del principio de la buena fe, la administración debe acatarla.

La demandante señaló que el Concepto 47433 del 20 de mayo de 1999 era el vigente a 31 de diciembre de 1999, fecha de terminación del periodo fiscal y por tanto le permitía sustentar su actuación; por su parte, la administración sostuvo que el concepto aplicable era el número 20727 del 6 de marzo de 2000, vigente al momento de la presentación de la declaración cuestionada.

En este punto ha dicho la Sala que en materia del impuesto sobre la renta el concepto aplicable es el vigente cuando concluye el período gravable(2).

Aunado a lo anterior, el formulario para la declaración de renta de las personas jurídicas para el año gravable 1999, establecido por la Resolución 3949 del 20 de mayo de 1999, incluyó dentro del aparte deducciones, renglón 46, la “Deducción por pérdidas”, valor que debía ser tenido en cuenta para establecer el total de las deducciones y el total de los costos y deducciones.

En concordancia con lo expuesto, la Sala reitera que en aplicación de los principios de buena fe y de confianza legítima debe reconocerse la procedencia de la deducción por pérdidas solicitada por el contribuyente en el año gravable 1999, dado que la sociedad demandante podía deducir en esa vigencia las pérdidas de años anteriores, independientemente de que con ello se produjera una nueva pérdida(3).

En el caso en estudio, la Sala observa que la sociedad, en la declaración de renta y complementarios del año gravable 1999, señaló las siguientes cifras:

Total ingresos netos: $58.536.365.000

Total costos y deducciones: $66.596.264.000

Renta líquida $0

De acuerdo con lo consignado por el contribuyente se presenta una pérdida líquida que asciende a la suma de $8.059.899.000, valor comprendido en la amortización por pérdidas solicitada por valor de $22.930.908.000, cifra rechazada parcialmente por la administración, como se advierte:

ConceptoValor privadaValor determinado
Total ingresos netos$58.536.365.000$58.536.365.000
Amortización pérdidas$22.930.908.000$14.871.009.000
Total deducciones$33.973.937.000$25.914.038.000
Total costos y deducciones$66.596.264.000$58.536.365.000
Renta líquida00
O pérdida líquida$8.059.899.0000

En consideración a que la sociedad demandante podía deducir en el año 1999, las pérdidas de años anteriores, se confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMÁSE la sentencia del 16 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por la Sociedad Cementos el Cairo S.A. contra la Dian.

2. RECONÓCESE personería para actuar como apoderada de la Dian a la abogada Sandra Liliana Cadavid Ortiz.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(2) Sentencia 18839 del 31 de mayo de 2012, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(3) Sentencias 15914 y 15955 del 31 de julio de 2009, C.P. William Giraldo Giraldo y 18265 del 16 de mayo de 2013, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.