Sentencia 2004-05132 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 51061

Radicado: 050012331000200405132 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: José Miguel Quiroga Torres y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

III. Competencia

13. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de los recursos de apelación presentados contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, en un proceso que, por su cuantía(2), tiene vocación de doble instancia.

14. Se advierte que el presente proceso, no obstante ingresó al despacho para elaborar proyecto de sentencia el 18 de febrero de 2015 (fl. 231, cdno. ppal.), puede ser de conocimiento de la Sala de Subsección conforme al criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009.

14.1. En efecto, el asunto de la referencia versa sobre un hecho acaecido en el marco del conflicto armado interno, concretamente, la muerte de un individuo presuntamente ocasionada luego de ser alcanzado por una bala perdida proveniente de un enfrentamiento que se realizaba entre la fuerza pública y militantes de las FARC, lo que hace que la Sala pueda proceder a su resolución preferentemente y sin sujeción al turno normal de fallo (acta 2, ene. 26/2017)(3).

15. Finalmente, conviene precisar que como la parte actora y la demandada Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional impugnaron la decisión del a quo, la Sala no se encuentra atada a la observancia irrestricta del principio de la non reformatio in pejus contemplado en el artículo 31(4) de la Constitución Política, pero sí a las razones expuestas en los respectivos escritos de apelación, siguiendo así lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(5).

15.1. Por este motivo el estudio en esta instancia implicará establecer la responsabilidad de la parte accionada, existiendo la posibilidad de que se revoque la condena impuesta o que, por el contrario, se confirme o modifique. En este último caso —de confirmación o modificación—, corresponderá a esta corporación determinar la probidad de las indemnizaciones decretadas por el a quo que no fueron objeto de discrepancia por la parte actora y, respecto de las que sí fueron discutidas por esta, verificar su procedencia conforme al material probatorio existente y la tipología de perjuicios que resultan viables decretar en el marco del estudio de la responsabilidad extracontractual del Estado por la muerte de una persona.

IV. Validez de los medios de prueba

16. Además de los medios de convicción debidamente incorporados al plenario por las partes, cuya admisibilidad —inclusive— no fue discutida por estas, la Sala valorará sin limitación alguna, en los términos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(6), las pruebas obrantes en el proceso penal 620-620 “por el delito de homicidio en la persona de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, sindicado N.N.”(7), toda vez que, primero, fueron decretadas por el a quo conforme a la petición probatoria realizada en el libelo introductorio (supra párr. 5); segundo, se remitieron al plenario por la Unidad Primera Seccional de Delitos contra la Vida e Integridad Personal de la Fiscalía 87 de Medellín en respuesta al oficio 2052 emanado de la autoridad judicial de primera instancia (fl. 1, cdno. 2); y tercero, fueron practicadas por la Nación (Fiscalía General de la Nación), que ahora comparece a la presente controversia de reparación directa en calidad de accionada, también como Nación (Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional-Policía Nacional).

16.1. Sobre este último presupuesto, el Consejo de Estado ha considerado que pueden valorarse las pruebas practicadas dentro de un proceso sin necesidad de ningún trámite adicional, siempre y cuando tanto la entidad que la practicó, como la entidad que obra como demandada dentro del proceso contencioso administrativo, hicieran parte de la persona jurídica Nación:

Ahora bien, en los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —la Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas sólo es necesaria ‘… cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior…’(8).

V. Hechos probados

17. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales son susceptibles de valoración probatoria porque fueron aportadas en cumplimiento de los presupuestos procesales, los hechos que dan lugar a la presente actuación se pueden presentar de la siguiente forma:

17.1. José Miguel Quiroga Torres y Nancy del Socorro Bustamante Fontecha contrajeron matrimonio el día 24 de abril de 1982, que fue registrado el 2 de agosto siguiente. De dicha unión, el día 7 de noviembre de 1983, nació Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, así como también Pablo Andrés Quiroga Bustamante, nacido el 19 de septiembre de 1987 (certificado de registro de matrimonio, copia auténtica de registro de nacimiento, certificado de registro de nacimiento, fls. 3, 4, 5, cdno. 1).

17.2. Miguel Alejandro Quiroga Bustamante(9) murió violentamente por arma de fuego el 14 de octubre de 2002 en Medellín, Antioquia (copia auténtica de registro de defunción, fl. 6, cdno. 1). El deceso se produjo aproximadamente a las 11 a.m. por un proyectil de fusil, de lejana y desconocida procedencia, cuya trayectoria perpendicular impactó mortalmente al joven en el hombro minutos antes mientras se encontraba estudiando en una habitación de su domicilio (copia del acta de diligencia de inspección judicial con levantamiento de cadáver realizada el 14 de octubre de 2002 en la clínica Las Américas por la Fiscalía Seccional 187 de Medellín, fl. 2-4, cdno. proceso penal 620620(10); copia de la necropsia practicada al cadáver de Miguel Alejando Quiroga Bustamante, fl. 76-79, cdno. proceso penal 620620(11); testimonios rendidos ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de octubre de 2006 por María Inés Rivillas Cardona (fl. 99-101, cdno. 1(12)), Rubby del Socorro Rivillas Cardona (fl. 102-104, cdno. 1(13)), José Orlando Gómez (fl. 105-106, cdno. 1(14)) y Dora Helena Restrepo Gallego (fl. 107-109, cdno. 1(15)), vecinos del occiso Miguel Alejandro Quiroga Bustamante).

17.3. Para la época de los acontecimientos en que perdió la vida Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, se presentaba una grave alteración del orden público en la ciudad de Medellín, situación que conllevó a que las autoridades estatales, especialmente el Ejército, la Policía, la Fiscalía, entre otros, acordaran y pusieran en marcha una gran ofensiva militar conocida como operación “ORIÓN” en contra de las milicias urbanas de las FARC presentes en la zona. En desarrollo de la mencionada actividad, que se comenzó a ejecutar desde el día siguiente en que se produjo el deceso ahora discutido (“1519:00-OCT-02”), eran habituales los enfrentamientos armados entre la fuerza pública y guerrilleros ubicados en el sector (orden de operaciones fechada el 15 de octubre de 2002(16) e informe táctico elaborado el 14 de noviembre de la misma anualidad(17), ambos documentos del Ejército Nacional y correspondientes al plan militar “ORIÓN”; certificación expedida por la autoridad judicial que realizó el levantamiento del cadáver de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante(18); declaraciones juramentadas practicadas por el tribunal a quo —supra notas al pie 12, 13, 14 y 15—).

17.4. Particularmente el 14 de octubre de 2002, además de la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, se presentó un hostigamiento armado en el que se vieron involucrados guerrilleros y agentes de la Policía Nacional —no miembros del Ejército(19)—, estos últimos que también resultaron lesionados (copia de las declaraciones juramentadas de los policiales involucrados en el hostigamiento, practicadas con el fin de corroborar lo acontecido, fl. 100-105, 106-109, cdno. proceso penal 620620; copia del oficio de la Policía emitido en respuesta al requerimiento realizado por la Fiscalía, reafirmando que el 14 de octubre de 2002 se presentó un hostigamiento en contra de agentes, tal como se registró en la correspondiente minuta de servicio, fl. 95-96, cdno. proceso penal 620620(20)):

FechaHoraAsuntoAnotaciones
14-10-02 12:00 Anotación 901 X 911 C.
INC #
35677
A la hora de ingreso el Joven Miguel Alejandro Quiroga Bustamante con c.c. 8.101.024 de Medellín. Soltero. Hijo de Miguel y Nancy. Estudiante de sistemas. Con un impacto de arma de fuego a la altura del pecho, lado derecho, el cual le causó la muerte. Realizado el levantamiento, ingresó de la calle 39 Nº 88-110, apartamento 202, teléfono 4967923, sur. [Ilegible] del 20 de julio. Realizado el levantamiento en la clínica Américas, el señor fiscal de turno Alberto Álvarez Duque Nº 187 Seccional (…)
14-10-0214:30HostigamientoA la hora y fecha se deja constancia del enfrentamiento que se tuvo con los CAP guerrilleros en el sector alto de la torre, terminal de belencito corazón, gallera plan de foronda. Así mismo se deja constancia que al tomar [ilegible] posiciones la reacción Cóndor fue sujeto de atentados con granadas, [ilegible], cargas explosivas en el sector de la gallera y plan de foronda. Como consecuencia de ello, resultaron [ilegible] (3) unidades policiales, entre ellos de gravedad (…).

(minuta de vigilancia del 14 de octubre de 2002 referente a los hechos acontecidos el 14 de octubre de 2002 en el barrio Cristóbal, remitida por el comandante de la Estación de Policía de Belén, fl. 47, 48, cdno. 1).

17.5. Miguel Alejandro Quiroga Bustamante “estuvo matriculado [en la Universidad Eafit] en el programa de ingeniería de sistemas durante los semestres 2001-1, 2001-2, 2002-1 y hasta el 14 de octubre de 2002-2” (certificación expedida el 2 de diciembre de 2002 por el jefe de admisiones y registro de la Universidad Eafit de Medellín, fl. 8, cdno. 1; certificado de calificaciones emitido el 15 de agosto de 2002, correspondiente al periodo 2002-1, fl. 9, 10, cdno. 1; testimonios rendidos ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de octubre de 2006 por los entonces vecinos del occiso: María Inés Rivillas Cardona(21), Rubby del Socorro Rivillas Cardona(22), José Orlando Gómez(23) y Dora Helena Restrepo Gallego(24)).

17.6. La relación que sostenía el occiso Miguel Alejandro Quiroga Bustamante con sus familiares (padre, madre y hermano), conviviendo bajo el mismo techo, era de cercanía y afecto (testimonios rendidos ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de octubre de 2006 por los entonces vecinos del occiso: María Inés Rivillas Cardona(25), Rubby del Socorro Rivillas Cardona(26), José Orlando Gómez(27) y Dora Helena Restrepo Gallego(28)).

VI. Problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala determinar si la parte demandada es patrimonialmente responsable por la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, quien falleció el 14 de octubre de 2002 producto de una bala perdida de fusil que lo impactó mortalmente. Para el efecto, deberá estudiarse si se configuró la falla del servicio que se alega en la demanda, esto es, la omisión de prevención y la falta de precaución de las entidades castrenses involucradas en el asunto o si, en atención del principio del iura novit curia, es posible aplicar para el caso concreto un régimen de imputación de carácter objetivo.

VII. Análisis de la Sala

19. Esta corporación encuentra debidamente acreditado el daño argüido por la parte demandante, teniendo en cuenta que el material probatorio obrante en el plenario señala que Miguel Alejandro Quiroga Bustamante falleció el 14 de octubre de 2002 en Medellín, Antioquia. Esto como consecuencia de un disparo de arma de fuego tipo fusil que, por su trayectoria perpendicular, lo impactó mortalmente en el hombro minutos antes mientras se encontraba estudiando en una habitación de su domicilio (supra párr. 17.2). Asimismo, se advierte que el occiso era el hijo y hermano de los accionantes (supra párr. 17.1).

20. En cuanto al título de imputación, la Sala advierte que la parte actora fundó la responsabilidad del Estado en la falla del servicio de las entidades demandadas consistente, por una parte, en no alertar a los pobladores del sector acerca del operativo militar que realizarían y, de otro lado, por cuanto no detentaron la debida precaución al momento de ejecutar efectivamente la actuación militar.

21. Ciertamente, en el libelo introductorio se sostuvo que la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, producto de una bala perdida, se dio en el marco de una confrontación armada entre milicianos de las FARC y agentes del Ejército y la Policía Nacional, estos últimos que, junto a otras autoridades públicas, desarrollaban una operación militar con el fin de reducir a los primeros. Operativo conjunto que, se aseveró, se ejecutó sin adoptar las debidas precauciones, atendiendo a las condiciones urbanísticas de la zona, y sin proteger sus habitantes de los riesgos asociados al desarrollo de la acción bélica (supra párr. 1.1.4).

22. Al respecto, se recuerda que de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, la razón de ser de las autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser reiterada pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las otras autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos(29).

23. En cuanto al Ejército y la Policía Nacional, cabe advertir que si bien constitucionalmente están obligados, el primero, a garantizar “(…) la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” —artículo 217—; y la segunda, a mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” —artículo 218—, deben acometer dicho deber con absoluto cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que protegen a los combatientes y a los no combatientes, en el marco de un conflicto armado no internacional, como el colombiano(30).

24. En especial, al Ejército y a la Policía les corresponde velar por el cumplimiento de lo señalado en el Protocolo II Adicional a los convenios de Ginebra —aprobado por el Congreso mediante Ley 171 de 1994—, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados no Internacionales, que en su artículo 4º establece: “[t]odas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de la libertad, tienen derecho a que se respete su honra, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes (…)”.

25. En lo que atañe al deber específico de protección a la población civil, el artículo 13 agrega: “1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. (…). // 2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”.

26. Cabe señalar que si bien es cierto que el Estado tiene la obligación de cumplir a cabalidad con dichos deberes, sin que le sea dable excusar su incumplimiento en la falta de medios materiales, también lo es que esta corporación ha establecido que el análisis de la falla del servicio no se puede realizar desde una concepción ideal y abstracta de la administración, sino que debe ceñirse a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del caso concreto:

Bajo esa perspectiva, es menester señalar que, a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(31), en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(32), aunque se destaca que esta misma corporación, en providencias posteriores, ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si, en efecto, fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían(33).

De conformidad con lo anterior, se observa que la falla del servicio no puede ser analizada desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta, del funcionamiento del servicio, sino que debe ser estudiada desde un ámbito real, que consulte las circunstancias de tiempo, modo, lugar y capacidad operativa o funcional de la administración pública al momento de producción del daño (…)(34).

27. Así pues, realizado el ejercicio de valoración probatoria respecto de los medios de convicción relacionados en el acápite de hechos probados, debidamente incorporados al plenario, se advierte como circunstancia fáctica demostrada que para la época en que perdió la vida Miguel Alejandro Quiroga Bustamante a causa de una bala perdida de fusil, esto es, el 14 de octubre de 2002, se presentaba una difícil situación de orden público en Medellín, Antioquia, propiciada esencialmente por la fuerte presencia de grupos subversivos al margen de la ley en la ciudad, quienes se enfrentaban a la fuerza pública. Adicionalmente, se denota que, precisamente en atención a las condiciones de seguridad existentes en la ciudad, se hizo necesario el diseño y puesta en ejecución de la operación militar “ORIÓN” a partir de la noche del 15 de octubre de 2002, involucrando para el efecto múltiples entidades estatales.

28. De lo anterior, específicamente de la forma en que se produjo el deceso de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante dan cuenta los siguientes medios de prueba i) la correspondiente copia auténtica del registro de defunción (supra párr. 17.2), ii) la copia del acta de inspección judicial con levantamiento de cadáver realizada por la Fiscalía (supra nota al pie 10), iii) la copia de la necropsia practicada (supra nota al pie 11) y iv) los testimonios rendidos en el proceso de la referencia por los entonces vecinos del fallecido, cuyo dicho resulta imparcial y sustentado en su conocimiento directo de lo acontecido sobre el particular(35) (supra notas al pie 12, 13, 14 y 15).

29. Ahora, respecto del contexto en que ocurrió la referida muerte, caracterizado por los constantes enfrentamientos armados entre la fuerza pública y militantes de grupos alzados en armas, existe la siguiente evidencia: i) los documentos tácticos militares atinentes a la operación “ORIÓN”, acción coordinada cuya puesta en marcha desde la noche del 15 de octubre de 2002 se justificó solo por la existencia misma de amenaza frente a la institucionalidad estatal (supra notas al pie 16, 17 y 19); ii) la certificación emanada de la autoridad judicial que inicialmente conoció de la defunción ahora discutida, que en su contenido precisamente refirió el “grave conflicto urbano armado” acaecido en la zona (supra nota al pie 18); y iii) las declaraciones juramentadas realizadas en el presente asunto por los vecinos del occiso, que por lo demás merecen plena credibilidad al analizarse en su conjunto (ut supra), las cuales evocaron de forma uniforme el cruce habitual de disparos que sostenían los actores armados referenciados (supra nota al pie 12, 13, 14 y 15).

30. Las pruebas obrantes en el plenario, especialmente i) el oficio y ii) la minuta de vigilancia suscritos por la Policía Nacional, que refirieron el intenso hostigamiento armado sostenido durante horas por guerrilleros y agentes de dicha entidad, en el cual resultaron lesionados algunos de estos últimos (supra nota al pie 20 y párr. 17.4); así como iii) la comunicación emanada del Ejército, cuyo contenido relata que sus militares, a pesar del contexto de inicio de ejecución —el día siguiente— de la operación “ORIÓN”, no registraron actividad bélica realizada (supra nota al pie 19)(36); permiten inferir igualmente que el 14 de octubre de 2002, día de la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, la Policía Nacional —no el Ejército— y subversivos, se vieron involucrados en acciones bélicas que necesariamente derivaron en el accionar de las armas de fuego que portaban.

31. Está acreditado también, a partir de los imparciales, justificados y unánimes testimonios de María Inés Rivillas Cardona(37), Rubby del Socorro Rivillas Cardona(38), José Orlando Gómez(39) y Dora Helena Restrepo Gallego(40), habitantes del sector en que se produjo la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante; que, tal y como se sostuvo en el libelo introductorio, hubo omisión por parte del Ejército y la Policía en alertar a los pobladores de la zona acerca del significativo operativo militar conjunto que realizarían —“ORIÓN”—.

32. Sin embargo, esa circunstancia, contrario a lo que pretende la parte demandante, no puede considerarse como una falla del servicio relacionada con la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, puesto que i) en términos generales, una acción institucional en sí misma se mostraba como necesaria teniendo en cuenta la grave alteración del orden público entonces existente (infra nota al pie 41); ii) genéricamente, el hecho que se publicite una actuación militar antes de ejecutarse, ciertamente carece de cualquier sustento si lo pretendido es conjurar una amenaza institucional, que de lógica inferencia no se logra previniendo de su ocurrencia, entre otros, a los destinatarios de la operación (infra nota al pie 41); y iii) particularmente en el presente asunto, el 14 de octubre de 2002, día de la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, no se realizó ninguna actuación bélica premeditada atinente al acordado plan institucional “ORIÓN”, ejecutado a partir del día siguiente, sino únicamente se presentó un hecho previo a este consistente en el hostigamiento armado que debieron contener, por varias horas, agentes de la Policía Nacional(41).

33. Lo último, dado que así se extrae de los medios de convicción obrantes en el plenario, los cuales permiten advertir, además de la no configuración de la falla del servicio relacionada con este aspecto, la inexistente relación de causalidad entre la muerte ahora reclamada y la omisión de prevención alegada por la parte actora (supra párr. 30).

34. Adicional a lo anterior, cabe notar que del material probatorio incorporado iv) no se puede determinar la procedencia —distante— de la bala de fusil que le quitó la vida a Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, sobre todo porque v) se ignora el lugar exacto en que el 14 de octubre de 2002 se presentó el enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y guerrilleros —único hecho corroborado en tal fecha—, así como tampoco es conocida la ubicación específica que abarcaba cada uno de estos actores en el sector; vi) las pesquisas penales realizadas no condujeron a la individualización del individuo que accionó el arma de fuego (supra nota al pie 7), vii) la trayectoria perpendicular —de arriba hacia abajo— que efectivamente siguió el mortal disparo no es diciente al respecto y viii) se desconocen las particularidades urbanísticas de la zona y del inmueble en que se encontraba el occiso, lo que ni siquiera avala un intento de suposición indiciaria.

35. Para la Sala tampoco se vislumbra el segundo hecho alegado en la demanda presuntamente constitutivo de falla del servicio, cual fue que el Ejército y la Policía no detentaron la debida precaución al momento de ejecutar efectivamente la significativa acción militar acordada, lo que supuestamente implicó la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante. Esto por cuanto, como se dijo, la procedencia del disparo que lesionó de muerte a Miguel Alejandro Quiroga Bustamante es incierto, y especialmente en razón a que se verificó que el 14 de octubre de 2002 ni siquiera las autoridades estatales involucradas propiciaron una confrontación armada en el marco de ejecución de la operación “ORIÓN” —iniciada posteriormente a este suceso—, excepto el prolongado enfrentamiento —previo a “ORIÓN”— que ese día sostuvo la Policía Nacional con insurgentes.

36. En esas circunstancias, se considera que no está acreditada la falla del servicio atribuida a las entidades demandadas, teniendo en cuenta que los hechos advertidos presuntamente constitutivos de esta, como se explicó, ciertamente no pueden catalogarse como irregularidades que comprometan la responsabilidad estatal relacionada con la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, principalmente puesto que no resulta dable considerar que por acción se lesionó el derecho a la vida que le asistía a Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, precisamente porque no se demostró tal aspecto, ni siquiera que el día del lamentable suceso las entidades accionadas promovieran motu proprio, en cumplimiento del plan “ORIÓN” —ejecutado desde el día siguiente-, un enfrentamiento armado con los rebeldes ubicados en la zona, salvo la confrontación con estos que el 14 de octubre de 2002 promovieron, por un periodo considerable de tiempo, los agentes de la Policía Nacional.

37. No obstante lo anterior, se advierte que nada obsta para que en el presente asunto se estudie de oficio la responsabilidad de la parte accionada. Esto con base en otro régimen de imputación, fundamentado en el principio del iura novit curia, según el cual, le es posible al juez de reparación directa interpretar el fundamento jurídico que se aduce en la demanda, a fin de estudiar la responsabilidad desde la óptica que considere pertinente, siempre y cuando con ello no altere las pretensiones y los hechos invocados en el libelo introductorio. Al respecto ha dicho esta corporación:

De acuerdo con lo anterior, la Sala reitera la tesis de que la justicia administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio iura novit curia, pero precisa con relación a dicha característica una excepción: en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la Administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es el caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante.

En las controversias sobre responsabilidad extracontractual del Estado, materia en la cual, si bien existen algunas normas generales consagradas en la legislación positiva, aplicables que pueden ser invocadas en la demanda, tales como el artículo 90 de la Constitución Nacional, que de manera abstracta sirve de fundamento jurídico a la responsabilidad del Estado, lo cierto es que no existe un régimen legal positivo que regule de una manera precisa y detallada dicho tema, lo que hace que el juez pueda encontrar fundamentos de derecho diferentes a los propuestos en la demanda, pero sin que pueda modificar la causa petendi de la misma, que como ya se precisó la constituyen los hechos mismos en que se fundamenta.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, la Sala precisa que sí es posible en materia de juicios de responsabilidad extracontractual del Estado, la aplicación del principio iura novit curia, pero siempre teniendo en cuenta que a través de él no se puede llegar a la modificación de los fundamentos fácticos de la pretensión, expuestos en el libelo, los cuales constituyen su causa petendi y son los precisados por el actor, y no otros.

Así en esta materia, lo importante es la realidad y naturaleza de los hechos y no la calificación jurídica que les pueda dar el demandante, todo lo cual coincide con lo dispuesto con nuestra legislación positiva, concretamente por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la sentencia debe analizar “los hechos en que se funda la controversia” (resaltado del texto)(42).

38. Pues bien, se advierte que en el caso concreto las pretensiones de la demanda están dirigidas a que se declare la responsabilidad del Estado por la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, con ocasión de las acciones armadas desplegadas por la Policía y el Ejército Nacional contra miembros de grupos armados ubicados en zonas específicas de Medellín, Antioquia (supra párr. 1). Así las cosas, nada obsta para que la Sala abandone el fundamento jurídico de la imputación que se aduce en la demanda, esto es, la falla de servicio por la omisión de prevención y la falta de precaución de las entidades castrenses involucradas en el asunto, para analizar la responsabilidad de la administración desde un régimen de responsabilidad objetivo, sin que esto comporte una alteración de los hechos narrados en la demanda (supra párr. 1.1.1 a 1.1.7).

39. Para ese fin, resulta pertinente recordar que con independencia de la probidad de la actuación de la administración, esta se encuentra obligada a indemnizar objetivamente los perjuicios causados a la población civil a raíz de la consumación del riesgo derivado de los ataques perpetrados por los grupos insurgentes contra bienes e instalaciones claramente identificadas como Estado. Esto en aplicación del título de imputación que se ha denominado riesgo excepcional (riesgo-conflicto)(43). Al respecto ha dicho el Consejo de Estado:

9.2. Esta categoría de riesgo, desde aquella oportunidad denominada riesgo-conflicto, parte de reconocer que dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento del Estado de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques armados que los grupos guerrilleros dirigen contra sus bienes e instalaciones(44)[8].

9.3. Así, los atentados cometidos por actores contra un “objeto claramente identificable como Estado” en el marco del conflicto interno armado, tales como estaciones de policía, cuarteles militares u oleoductos, pueden ser endilgados a la administración a título de riesgo excepcional no porque estos bienes e instalaciones sean peligrosos en sí mismos, sino porque la dinámica misma del conflicto armado implica que su cercanía a ellos genera para los civiles el riesgo de sufrir afectaciones en su vida y menoscabo en su integridad personal y patrimonio, dado que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la subversión que los considera objetivos militares(45).

40. Si bien el tribunal de primera instancia estimó que la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante le resultaba atribuible exclusivamente a la Policía Nacional bajo el título de daño especial, argumento compartido por el Ministerio Público (supra párr. 5.3 y 12.1), lo cierto es que como el juez puede válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas para aplicar un título o una motivación diferente, entonces el presente asunto, por las particularidades que lo circunscriben: muerte de un civil por una bala perdida en el marco del conflicto armado interno (confrontación bélica de guerrilleros contra el Estado, representado en ese caso por agentes de la Policía Nacional); es plausible de abordarse conforme al precitado criterio de riesgo excepcional (riesgo-conflicto). En similares términos se ha pronunciado la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(46).

41. No obstante el título de imputación utilizado en la sentencia transcrita fue el de daño especial, se insiste que, considerando los mismos argumentos allí expuestos, ello no es razón para que todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de ataques o tomas guerrilleras tengan que resolverse de la misma forma(47), siendo plausible, como ahora se hace, acudir a un título de imputación diferente, como el de riesgo excepcional (riesgo-conflicto), atendiendo a las particularidades del asunto analizado.

42. En lo que respecta a la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, no hay duda que, al igual que lo definió el Tribunal Administrativo de Antioquia, se ve comprometida la responsabilidad de la Policía Nacional —no del Ejército— pero bajo el referido supuesto, teniendo en cuenta que está debidamente probado que el daño antijurídico sufrido por los demandantes se produjo a raíz del riesgo excepcional (riesgo-conflicto) creado por dicha entidad, que, al legítimamente confrontar el hostigamiento armado perpetrado el 14 de octubre de 2002 por guerrilleros ubicados en una comuna de la ciudad de Medellín, Antioquia, presuntamente pertenecientes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, promovió un enfrentamiento armado que se prolongó por horas, en el marco del cual es dable presumir que se le quitó la vida al civil Miguel Alejandro Quiroga Bustamante por un disparo de arma de fuego, menoscabo que claramente no estaba obligado a soportar (supra párr. 17.2, 17.3, 17.4, 27, 28, 29 y 30).

43. Ciertamente, la Sala, bajo el entendido de que el 14 de octubre de 2002, a la par que resultaba mortalmente herido Miguel Alejandro Quiroga Bustamante por una bala perdida de fusil se presentaba un enfrentamiento bélico en un sector próximo que involucró exclusivamente agentes de la Policía Nacional e insurgentes, considera que el daño antijurídico causado le es imputable solo al cuerpo civil armado referenciado. Esto especialmente en atención a que la ejecución de la operación militar “ORIÓN” se dio hasta las horas de la noche del día siguiente y a que es dable inferir que el proyectil de arma de fuego que produjo el menoscabo ahora demandado, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar previamente aducidas(48), fue emanado de esa confrontación —de guerrilleros y policiales— específicamente.

44. En respuesta a los argumentos elevados por las entidades demandadas relacionados con la configuración del eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero (supra párr. 2.1, 4.1 y 8.2), se advierte que indistintamente de que no se tenga certeza acerca del individuo —policía o guerrillero— que accionó su arma de fuego en detrimento de la vida de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, esto es indiferente para la atribución de la responsabilidad que aquí se depreca respecto de la Policía Nacional, ya que, confrontado lo acontecido con la cláusula de responsabilidad estatal determinada en el artículo 90 de la Constitución Política, el menoscabo antijurídico suscitado le es imputable, teniendo en cuenta especialmente que esta entidad, en el marco del conflicto armado interno, ejecutó una actividad riesgosa para la población civil habitante de un sector urbano, materializada en la respuesta armada que acometió con el fin de reducir a los guerrilleros agresores ubicados en el sector. En un asunto con similitud fáctica al ahora analizado, esta Sala recientemente concluyó:

Para el caso concreto, no hay duda que se ve comprometida la responsabilidad del Ejército Nacional bajo este supuesto, teniendo en cuenta que está debidamente probado —ver párrafos 55 a 62— que el daño antijurídico sufrido por los demandantes se produjo a raíz del riesgo excepcional creado por dicha entidad, la cual, al adelantar un operativo legítimo en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, produjo un enfrentamiento armado, en el marco del cual se segó la vida del señor Alcibíades Molano Lasso por la herida causada por un disparo de arma de fuego, daño que no estaba obligado a soportar, por no tratarse de un combatiente —como se profundizará más adelante—.

Si bien es cierto que se desconoce quién le propinó al señor Molano el disparo que le produjo la muerte, lo cierto es que para efectos de atribuir la responsabilidad al Ejército Nacional dicho hecho resulta irrelevante, teniendo en cuenta que jurídicamente su muerte le resulta imputable a dicha entidad, pues fue ella la desplegó una actividad riesgosa, concretada en el operativo militar que se practicó con el propósito de neutralizar a los efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que allí se encontraban(49).

45. En ese entendido, por las consideraciones expuestas, toda vez que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, emitió sentencia que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, entonces la Sala pasa a verificar la liquidación de los perjuicios realizada por el a quo, teniendo en cuenta que pueden variar los montos de la condena, comoquiera que ambas partes —demandante y Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional— impugnaron la decisión de primera instancia, circunstancia en la cual hay lugar, como ya se dijo, a dar aplicación a lo señalado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, el cual le permite al juez analizar el sub judice sin limitaciones, pero en el marco de las inconformidades manifestadas(50).

VIII. Liquidación de perjuicios

46. En la demanda se solicitó el pago de una indemnización por concepto de perjuicios morales estimada en mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los actores (padre, madre y hermano del occiso).

47. El tribunal de primera instancia, fundamentado en que los demandantes ciertamente detentaban la calidad invocada en el libelo introductorio (de progenitores y hermano de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante), así como que se encontraba demostrada la aflicción por ellos padecida derivada de la muerte de su ser querido, reconoció por menoscabo moral el equivalente a 100 SMLMV para cada uno de los padres del fallecido, y 50 SMLMV a favor de su hermano.

48. Al respecto, la Sala recuerda que, según la jurisprudencia de esta corporación, basta la acreditación del parentesco para que pueda inferirse su causación a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad(51) y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos, abuelos, hijos y cónyuge o compañero(a) permanente de la víctima principal.

49. Las razones que sustentan el paso del hecho indicador del parentesco, a la circunstancia de que el daño causado a una persona afecta moralmente a sus parientes, se fundamentan en que: a) la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y ayuda mutua, y b) la importancia que tiene la familia como núcleo básico de la sociedad (C.P., art. 42)(52). En caso de no llegar a demostrarse el parentesco, quienes se consideren afectados moralmente por la muerte de alguien, corren con la carga de demostrar el dolor que dicen haber sufrido por esta causa(53).

50. Ahora bien, en sentencia de unificación de jurisprudencia, la Sección Tercera(54) estableció montos indemnizatorios en consideración al nivel de cercanía afectivo existente entre la víctima directa y aquellos que actúan en calidad de demandantes, así:

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ver tabla
Reparación del daño moral en caso de muerte
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelación afectiva conyugal y paterno-filialRelación afectiva del 2º grado de consanguinidad o civil Relación afectiva del 3er grado de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4º grado de consanguinidad o civil.Relación afectiva no familiar (terceros damnifica-dos)
Porcentaje 100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

51. En el caso concreto está acreditado no solo que los señores José Miguel Quiroga Torres y Nancy del Socorro Bustamante Fontecha eran los padres del fallecido Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, y que el entonces menor de edad Pablo Andrés Quiroga Bustamante era su hermano, sino también que estos actores, en atención de su relación afectiva cercana, padecieron la aflicción propia derivaba de la muerte violenta de su ser querido (supra párr. 17.1, 17.6).

52. En consecuencia, siguiendo los baremos fijados en la precitada providencia de unificación, es procedente, como lo hizo el a quo, concederles a cada uno de los progenitores del occiso la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a favor del hermano de este el monto equivalente a cincuenta (50) SMLMV. Esto por cuenta del sufrimiento que padecieron a raíz de la muerte de su hijo y hermano, respectivamente.

53. En lo que atañe a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala advierte que se pidió una indemnización a favor de la totalidad de los demandantes consistente en “lo dejado de percibir por el trabajo de su hijo y hermano de quien tenían puestas todas sus esperanzas para depender de este durante los 53 años más de vida probable, teniendo en cuenta que para el momento de la muerte solo tenía 19 años de edad, y que la vida probable del pueblo colombiano es de 72 años”.

54. En la sentencia del a quo fue denegada la referida pretensión bajo el argumento que, conforme al material probatorio allegado, los padres y hermano del occiso no percibían —ni dejaron de hacerlo— suma alguna de dinero emanada de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, especialmente en razón de que era este último, por su calidad de estudiante universitario, quien dependía económicamente de sus progenitores.

55. En contravía de lo argüido por la parte actora y lo conceptuado por el Ministerio Público (supra párr. 7, 12, 12.1), la Sala considera acertada la conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo de Antioquia en lo que al concepto material discutido se refiere. Esto por cuanto no existe ningún medio de convicción que refiera efectivamente que Miguel Alejandro Quiroga Bustamante desarrollaba una actividad productiva de la que percibiera algunos ingresos, ni mucho menos que estos se destinaran específicamente para la manutención de sus padres y hermano —o del hogar que habitaba. Además, se encuentra demostrado es que, contrario a laborar, el occiso precisaba una dedicación exclusiva los estudios universitarios que atendía en ingeniería de sistemas, lo que en detrimento de la pretensión elevada permite inferir su dependencia económica respecto de sus padres, no a la inversa, como se sostuvo en la demanda (supra párr. 17.5).

56. A lo anterior, cabe agregar que no puede avalarse la indemnización solicitada considerando, por una parte, el término de expectativa de vida que detentaba Miguel Alejandro Quiroga Bustamante y, de otro lado, la “esperanza” de dependencia económica que supuestamente le asistía al núcleo familiar ahora accionante por el referido periodo. Esta petición pecuniaria así elevada no cumple con las características propias de un perjuicio susceptible de ser indemnizado judicialmente, pues resulta eventual, incierto e indeterminable. Además, no es desconocido que, relacionado con el menoscabo material por lucro cesante discutido, la jurisprudencia contencioso administrativa ha cobijado la presunción de que el hijo dependerá de sus progenitores generalmente hasta los 25 años(55), sin embargo, —acertadamente— nunca se ha considerado la suposición de que los padres —o un hermano— recibirán ayuda de sus hijos mayores por el interregno de la vida de estos, como de forma imprecisa lo quiso hacer notar la parte actora.

57. Por los motivos anteriormente explicados, se confirmará la decisión del a quo en cuanto a la denegatoria del perjuicio material por lucro cesante pretendido en la demanda.

IX. Costas

58. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, como en este caso, ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia del 6 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, la cual quedará así:

1. DECLÁRESE patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional por los perjuicios ocasionados a los demandantes a causa de la muerte de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional a pagar las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicios morales:

— A favor de José Miguel Quiroga Torres, padre del fallecido Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, 100 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.

— A favor de Nancy del Socorro Bustamante Fontecha, madre del fallecido Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, 100 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.

— A favor de Pablo Andrés Quiroga Bustamante, hermano del fallecido Miguel Alejandro Quiroga Bustamante, representado en el presente proceso por sus padres José Miguel Quiroga Torres y Nancy del Socorro Bustamante Fontecha, 50 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.

3. NIÉGUENSE las restantes súplicas de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Por secretaría, EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

2 La Sala encuentra que el presente asunto, tal y como ya fue definido en el proveído admisorio de los recursos de apelación presentados (supra párr. 9), es de doble instancia ante esta Corporación, comoquiera que su cuantía (supra párr. 1), establecida por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010, resulta superior a los 500 S.M.L.M.V. exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para los procesos iniciados en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 2004.

3 En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 6 de julio de 2017, expediente 20090129601 (49636), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

4 “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. // El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

5 “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (…)”.

6 Esta disposición consagra: “[l]as pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

7 Proceso penal que fue suspendido provisionalmente para su archivo el 26 de febrero de 2004, cobrando ejecutoria la providencia con ese fin emitida el 9 de marzo de la misma anualidad (copia de las providencias, fls. 112-113, 114, cdno. proceso penal 620620).

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 11 de septiembre de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicado 41001-23-31-000-1994-07654-01 (20601), actor: María del Carmen Cubides Chacón y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional.

9 Quien no detentaba órdenes de captura, sentencias, retenciones, medidas de aseguramiento y/o detenciones pendientes (certificación expedida el 25 de agosto de 2005 por la Seccional de Policía Judicial e Investigación de la Policía Nacional, fl. 65, cdno. 1).

10 “Se llega al lugar a las 11:35 horas, se inicia la diligencia con los siguientes resultados: (…) DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y VERSIÓN: El despacho se desplaza hacia la residencia ubicada en la calle 39 Nº 88-110 Barrio Cristóbal - La América donde el occiso murió presuntamente a causa de una bala perdida que penetró perpendicularmente a la región infraclavicular derecho con borde regular. Por el ingreso de proyectil se sugiere una dirección de arriba hacia abajo en caída libre. Estando en el lugar de los hechos se ingresa a la residencia, se busca el cuarto donde fue herido de muerte el occiso y se constata que efectivamente la trayectoria del proyectil no pudo provenir de un lugar más bajo del segundo piso como tampoco al nivel de altura del balcón-ventana y se descarta de plano que la bala viniera de un lugar muy cercano en razón que alrededor no existe edificio donde pudiera originarse una trayectoria que hubiera permitido el ingreso perpendicular del proyectil tal como se observó en el orificio del occiso. Es decir, el proyectil debió venir de un lugar bastante lejano donde al hacer una trayectoria parabólica impactó el cuerpo del joven MIGUEL QUIROGA (…)”.

11 “Orificio de entrada de 0.7 x 0.8cms, con bandeleta contusiva, sin tatuaje ni ahumamiento en hombro, infraclavicular, derecho tercio distal de la clavícula, produce un roce al ingresar de 2.8 x 0.8cms en forma vertical de arriba hacia abajo, ingresando el proyectil en la parte inferior del roce; se recupera el proyectil en región anterior de la aorta abdominal, inmediatamente debajo del diafragma, trayectoria hacia abajo, hacia atrás y de derecha a izquierda. (…) // La muerte de quien en vida respondió al nombre de MIGUEL ALEJANDRO QUIROGA BUSTAMANTE fue consecuencia natural y directa de: SHOCK TRAUMÁTICO SECUNDARIO A LESIONES TORACO-ABDOMINALES POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO DE CARGA MÚLTIPLE [fusil calibre 7.62]. Lesiones que tuvieron un efecto de naturaleza esencialmente mortal. // ESPERANZA DE VIDA: 47.6 años más. // Considerando los signos de muerte, la fecha y hora de la necropsia (oct. 14/2002, a las 13:30) la muerte se produjo entre dos y dos horas y media antes de la necropsia”.

12 “La causa [de la muerte] fue del problema de la comuna 13 de una bala perdida. (…) en ese momento el joven estaba estudiando en el apartamento, se levantó a tomar el desayuno en la alcoba de la mamá al rato, como en toda la noche y el día se había sentido bala en la comuna trece, yo estaba con otra hermana, en el comedor cuando sentimos un grito, y Rubby me dijo que era un grito, yo le dije que estaban jugando play, y ella me dijo eso no es, cuando sentimos que él dijo, me dieron, me dieron, pero nosotras quedamos ahí, ahí se encontraba el hermano dormido Pablo Andrés, porque la mamá no hacía 10 minutos había salido, pero nosotros no sabíamos que estaban solos, cuando ya Pablo Andrés salió al corredor y gritó muy asustado (…), entonces nosotros nos tiramos a mirar qué le pasaba cuando entramos a la pieza Miguel estaba ahí extendido pero todavía con vida, Miguel le dijo a Pablo: en el hombro, en el hombro, entonces Rubí y Pablo Andrés le prestaron los auxilios y yo fui a buscar gente para sacarlo y llevarlo a una clínica, fui a los otros apartamentos a pedir auxilio, ya llegó la gente y lo sacaron en el carro de don Felipe Agudelo, entre otros vecinos lo sacaron, ya llegó a la clínica y murió en la clínica Las Américas por ahí a las 11 de la mañana. (…) [El lugar donde ocurrieron los hechos] fue en el apartamento de doña Nancy, en el cuarto de los papás. Es en el barrio Cristóbal, es muy poblado, (…) la bala cayó a la teja y rebotó.

13 “Yo lo conocí [a Miguel Alejandro Quiroga] desde pequeño, desde niño porque han vivido siempre en el apartamento 202 y yo vivo en el 201. (…) el joven murió accidentalmente por el impacto de un proyectil, de una bala que se entró por la ventana de la habitación de los padres y le impactó en el cuello, me di cuenta de esto porque yo personalmente lo auxilié, fui la primera que le presté ayuda ante los gritos del hermano. (…) en la comuna trece arriba había una confrontación armada, desde el día anterior eso estaba al rojo, el día domingo 14 a las 10 de la mañana yo estaba en mi casa con la puerta abierta leyendo la prensa cuando sentí los gritos y le dije a mi hermana: Inés pasa algo donde Nancy, ella me dijo: no, los niños deben estar jugando, cuando ya sentí los gritos del otro niño, el hermanito, pidiendo auxilio, entonces yo salí de la casa e inmediatamente descargué la prensa y le dije: qué pasó, y él dijo: mi hermano, yo entré a la alcoba donde él estaba tendido en un charco de sangre, yo intenté levantarlo y vi que era imposible así que lo examiné y vi que había un impacto ahí en el cuello, le dije al niño que pidiera un carro, una ambulancia, que era que estaba herido, entonces él se tiró encima para tratar de ayudarlo, así que pidió auxilio y llegaron otras personas. (…) // había un enfrentamiento, saber de dónde [provino la bala] era imposible, el enfrentamiento era entre la fuerza pública y los grupos fuera de la ley, alzados en armas, la fuerza pública constantemente subía, bajaba en motos, en esos carros, pero decir de quién provino el proyectil no”.

14 “Claro que lo conocí [a Miguel Alejandro Quiroga], era vecino. (…) [La causa de la muerte] fue un tiro, cuando estaba en el apartamento le llegó un tiro, e infortunadamente le cayó a él. (…) yo estaba en el apartamento, sentimos la bulla que habían aporreado a Alejandro, entonces salimos y cuando entramos al apartamento lo encontramos tirado en el apartamento. (…) // No sé de quién [provino la bala]. El Ejército, Policía, pasan por ahí armados en motos, en patrullas”.

15 “Lo conocí [a Miguel Alejandro Quiroga], si claro, porque vivía en el edificio que yo vivía, yo fui una de las personas que lo recogió y mi cuñado también. (…) [A Miguel Alejandro Quiroga] le entró una bala en forma de parabólica y lo mató. (…) la bala entró por la ventana en la alcoba de la mamá, él estaba ahí estudiando y le entró en el corazón. (…) // no, por ahí no se veía nada de [dónde provino la bala], solo oíamos como bulla de pólvora”.

16 “(…) // MISIÓN. // La Cuarta Brigada en apoyo a la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, CTI-DAS-PROCURADURÍA a partir del día 1519:00-OCT-02, efectúa cierres y bloqueo de vías principales y alternas que comunican a la comuna 13 de la ciudad de Medellín con el fin de que los organismos de seguridad del Estado realicen los respectivos registros y allanamientos sobre los diferentes inmuebles con el propósito de ubicar terroristas de las ONT-FARC-ELN-MILICIAS URBANAS-CAP, bandas de delincuencia común y autodefensas ilegales, con el fin de aprehender en flagrancia y contrarrestar su accionar delictivo, de esta manera garantizar la paz y convivencia ciudadana en la comuna 13 de la ciudad de Medellín. // (…). // CONCEPTO DE LA OPERACIÓN. // La operación consiste en efectuar una operación militar continuada (72 horas), de ocupación de registro ofensivo, control militar y consolidación en apoyo a la Policía Nacional, DAS, CTI, FISCALÍA y demás organismos de seguridad del Estado contra las diferentes organizaciones armadas al margen de la ley (OAML), que delinquen en el área general de la comuna 13 de la ciudad de Medellín con el fin de preservar la seguridad e integridad física de la fuerza y en especial la de la población civil que habita en el sector” (copia de la orden de operaciones “secretas” ORIÓN Nº 49 del 15 de octubre de 2002 en Medellín Antioquia, elaborada por el Ejército Nacional, fl. 81-90, cdno. 1).

17 “I. SITUACIÓN. a. Enemigo: Terroristas de las milicias bolivarianas de las ONT-FARC grupos de autodefensas ilegales, pandillas y bandas delincuenciales vienen adelantando acciones terroristas contra la población civil, a través de la extorsión, secuestro y posterior asesinato, así mismo, están en capacidad de atacar a Unidades Militares que se desplazan a pie o motorizadas en la ciudad de Medellín y el área metropolitana. (…). II. MISIÓN: La Cuarta Brigada con sus unidades tácticas, a partir del día 1501:00-NOV-2002 (sic), en apoyo a la Policía Metropolitana, CTI, Fiscalía y DAS, adelanta operaciones militares de cierre y control militar contra las diferentes organizaciones armadas al margen de la ley que delinquen en el sector de la Comuna 7 de la ciudad de Medellín, con el fin de capturar en flagrancia y/o en caso de resistencia armada combatirlos, para contrarrestar su actuar delictivo y de esta manera garantizar la paz y convivencia ciudadana en la ciudad de Medellín (…)” (copia informe táctico de la operación ORIÓN elaborado bajo “secreto” por la Primera División de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional ubicada en Medellín, fl. 68-70, cdno. 1).

18 “Que esta autoridad judicial practicó diligencia de levantamiento del cadáver de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante según acta 3635 del día 14 de octubre de 2002. // Igualmente certifica que su muerte según tiempo, modo y lugar de los acontecimientos fue a causa de una bala perdida que al parecer provino de un indeterminado sector de la Comuna 13, donde se desarrollaba para ese momento grande operación militar del Estado contra milicias de las FARC que llevaron a la ciudad de Medellín a vivir grave conflicto urbano armado” (certificación original expedida el 25 de enero de 2003 a petición de los padres del fallecido por la Fiscalía Seccional 187 de la Unidad Única de Reacción Inmediata de Medellín, autoridad que realizó la diligencia de levantamiento de cadáver, fl. 7, cdno. 1).

19 Entidad que no registró actividad militar ejecutada el 14 de octubre de 2002. Al respecto, certificó: “[s]obre la legalidad de las operaciones de registro y control cumplidas en la comuna 13 (…). // Las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía Nacional y demás organismos de seguridad del Estado, contribuyen a la persecución de una forma especial de delincuencia y particularmente relacionada con los delitos que causan amenaza a la seguridad y/o existencia del Estado y del régimen constitucional, como es el caso de las acciones de los terroristas y del narcotráfico. // Así mismo, adelantadas las averiguaciones con las unidades adscritas a esta brigada, no se tuvo conocimiento de los hechos registrados el 14 de octubre de 2002, en el barrio San Cristóbal, donde falleció el joven MIGUEL ALEJANDRO QUIROGA” (comunicación fechada sep. 16/2005 por la Jefatura de Operaciones de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, fl. 67, cdno. 1).

20 “Revisada la minuta de la población, para la fecha mencionada no aparece radicado ninguna clase de operativo programado con anterioridad, pero sí se encuentra una anotación sobre el hostigamiento del cual fue objeto el grupo CONDOR desde que llegaron a instalar el servicio, al llegar al apoyo la patrulla Gama 2, el señor A.G. Cuenca Noriega Harold, recibió un impacto con arma de fuego en la cabeza, falleciendo posteriormente. Igualmente el señor S.I. Ríos Pineda Juan Carlos del CEAT, fue lesionado durante el enfrentamiento. Es de anotar, que el hostigamiento se prolongó hasta las horas de la tarde”.

21 “(…) [Miguel Alejandro Quiroga] era universitario, no me acuerdo en este momento, no sé si era en la de Antioquia”.

22 “[Miguel Alejandro Quiroga era] estudiante universitario, primer o segundo semestre (…)”.

23 “(…) [Miguel Alejandro Quiroga] era universitario, cursaba cuarto semestre en la universidad EAFIT, ingeniero”.

24 “sí, [Miguel Alejandro Quiroga] él estaba en el cuarto semestre de ingeniería de sistemas, sé que estaba becado por la Universidad EAFIT, era un niño muy inteligente”.

25 (…) [Las relaciones del occiso con su familia y amigos] eran súper excelentes, intachable, ejemplar, hogareño, era un modelo, tanto en la universidad como con los amigos, muy lamentable lo sucedido. (…) [Los perjuicios causados a su familia fueron] la pérdida de su hijo, tanto moral como material y económico, pérdida total de su hijo (…) [Los progenitores y el hermano] estuvieron de clínica, estuvieron muy enfermos de clínica, totalmente afectados porque fue una cosa inesperada de momento”.

26 “[Las relaciones del occiso con sus familiares y amigos eran] excelentes, un muchacho increíble en esta época (…) con su don de gente, su dedicación al estudio, nada de calle, muy dedicado al estudio. (…) A mí personalmente me parece que hubo muchos perjuicios [para la familia del joven fallecido], emocionalmente, desubicados del todo, muchos problemas, mucho trauma, muchos gastos, hasta el punto que tuvieron que salir del edificio por la salud emocional más que todo de los papás de los dos señores (…) este pelado estuvo muy mal psicológicamente (el hijo menor) porque a él le tocó vivir la situación cuando él lo vio ahí tendido, entonces empezó a gritar y a gritar y ahí fue cuando yo acudí, quedó muy mal”.

27 “(…) [Las relaciones del occiso con su familia y amigos] según lo que escuché [eran] muy buenas, era un muy buen muchacho (…) era muy respetuoso, muy formal, se integraba mucho con los niños, por ejemplo el hijo mío jugaba mucho con él. (…) perjuicios [para la familia] todos, la pérdida de un hijo. (…) [Los padres y hermano quedaron] muy tristes, muy afligidos, muy desanimados, pensativos”.

28 “(…) [Las relaciones con sus familiares y amigos eran] excelentes, (…) ese muchacho era de la casa a la universidad y de la universidad a la casa, no tenía muchas relaciones con la comunidad. (…) [La familia de Miguel Alejandro sé] que se fueron de ahí, no eran capaces de seguir viviendo ahí en ese apartamento por la frustración moral, no se lo permitía la idiosincrasia de ellos, porque habían conseguido con mucho sacrificio ese apartamento (…) es tanto el trauma psicológico que tienen [los padres y hermano del fallecido] que ni siquiera hablan ni se comenta del tema, solo lloran, y no hablan, es tanta la frustración, no me explico por qué no se han enloquecido (…)”.

29 “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de febrero de 1996, expediente 9940, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

30 A la Policía Nacional, no obstante su condición de “cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación” —artículo 218 de la Constitución Política—, le asiste el deber de observancia de la referida normativa internacional cuando actúa, atendiendo las particularidades de nuestro conflicto interno, como actora armada de este.

31 [10] “Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, expediente 11.585, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez”.

32 [11] “Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, expediente 5737, dijo la Sala: “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente (sic) la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes (sic) pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos (sic) así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que ‘nadie es obligado a lo imposible’. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde dijo: ‘Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones (sic) actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio’’”.

33 [12] “Al respecto, ver sentencia de 14 de mayo de 1998, expediente 12.175, C.P. Daniel Suárez”.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente 2003-01249 (29332), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

35 Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dicho: “Para apreciar el valor de convicción de las declaraciones de los testigos, debe tenerse en cuenta la razón del dicho, la concordancia entre unas y otras, la precisión o vaguedad de lo que exponen, su imparcialidad frente a su particular situación, y, por supuesto, deben desecharse los juicios de valor o conceptos referentes a las causas o efectos de los hechos que conocieron basados en simples deducciones personales”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, providencia del 8 de abril de 1999, expediente 15258, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. En ese mismo sentido, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de agosto de 1992. Dicha providencia aparece citada por la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia del 19 de julio de 2007, expediente 2006-02791 (PI), C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, providencia del 2 de marzo de 2017, expediente 20090001301 (43905), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

36 Sobre todo por cuanto, según los documentos obrantes en el plenario correspondientes a la operación “ORIÓN” (supra nota al pie 16, 17 y 19), dicha acción institucional inició su ejecución a partir de la noche del 15 de octubre de 2002, día siguiente en que se produjo el deceso de Miguel Alejandro Quiroga Bustamante.

37 “(…) no [existió alerta del Ejército y la Policía acerca del operativo que realizarían ese día] (…)” (testimonio rendido ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de octubre de 2006 (fl. 99-101, cdno. 1)).

38 “(…) en absoluto, [del operativo que se iba a realizar por el Ejército y la Policía en el sector] no se supo, no hubo ninguna alerta sino que ellos pasaban allá a Belencito el domingo, el día del incidente, hubo mucho enfrentamiento (…)” (testimonio rendido ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de octubre de 2006 (fl. 102-104, cdno. 1)).

39 “(…) no, ningún operativo que han hecho todo el tiempo que hemos vivido por allá, [el Ejército o la Policía] han informado sobre un operativo (…)” (testimonio rendido ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de octubre de 2006 (fl. 105-106, cdno. 1)).

40 “(…) no [alertaron el Ejército o la Policía acerca del operativo que realizarían] (…) el barrio se compuso un poco hasta los hechos de las balaceras en Belencito, porque no nos informaron de nada, tanto que pensamos que era pólvora, y como los policías no decían nada” (testimonio rendido ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de octubre de 2006 (fl. 107-109, cdno. 1)).

41 Las consideraciones i) y ii), se advierte, son referidas en términos genéricos y de forma independiente a lo que constituyó la operación “ORIÓN” y la reprochable forma en que fue ejecutada. Al respecto, ver: Sentencia de 22 de noviembre de 2016, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Caso Yarce y Otras VS. Colombia, Corte Interamericana de Derechos Humanos.

42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de febrero de 1995, expediente S-123, C.P. Consuelo Sarria Olcos.

43 En este sentido ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 29 de octubre del 2012, expediente 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth y sentencia del 30 de octubre de 2013, expediente 29635, del mismo ponente. En el primer caso se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol por los daños materiales causados a la sociedad Fierro Ávila y compañía, ocurridos el 17 de marzo de 1991, en la vereda El Entable del municipio de Albán, Cundinamarca, con ocasión de la activación de una carga explosiva por parte de guerrilleros de las FARC contra un tramo del poliducto de propiedad de la empresa demandada, que produjo una explosión de gas propano y un incendio que afectó los bienes muebles e inmuebles ubicados en los predios rurales de la sociedad actora. En el segundo caso, se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional y Policía Nacional por la muerte del señor Mario Fernández Pérez, quien se desplazaba al interior de una chalupa, durante el enfrentamiento que tuvo lugar entre la fuerza pública y los subversivos, el 4 de agosto de 1998 en el municipio de Miraflores, Guaviare.

44 [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 18536, C.P. Ruth Stella Correa].

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente 20020015101 (30181), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 23.219, C.P. Hernán Andrade Rincón. Ambas sentencias declararon la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional por los daños causados a inmuebles de propiedad de particulares durante el ataque perpetrado por la guerrilla de las FARC a la estación de policía del municipio de Silvia, Cauca, el 19 de mayo de 1999.

47 Al respecto, el suscrito magistrado, en lo que concierne a las providencias emitidas —de 19 de abril y de 23 de agosto de 2012— (supra nota al pie ibíd.), presentó aclaración de voto con fundamento en argumentos similares a los que se recogen en el presente proveído.

48 Sobre todo por cuanto los medios de convicción dieron cuenta únicamente de la ocurrencia de ese hecho el 14 de octubre de 2002 y, especialmente, en razón de que la confrontación que sostuvieron los agentes de la Policía Nacional y guerrilleros del sector, no obstante fue registrada en la minuta correspondiente a las 2:30 p.m. de ese día (supra párr. 17.4), puede presumirse, conforme a los medios de convicción existentes (supra notas al pie 13, 14, 15, 20), que inició con anterioridad a ese momento, incluso desde tempranas horas del día, así como también resulta dable considerar que existía proximidad geográfica entre el inmueble del occiso y el lugar en que se desarrollaba el accionar bélico referenciado.

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 2 de marzo de 2017, expediente 200900013 01 (43905), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

50 Lo que obliga a la Sala a verificar, primero, la procedencia y —si es el caso— el quantum del perjuicio moral reclamado por todos los demandantes. Y segundo, la posibilidad de reconocer el menoscabo material por lucro cesante a favor de los familiares del occiso.

51 El artículo 37 del Código Civil consagra: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”.

52 Sección Tercera, sentencias de 10 de abril de 2003, expediente 13834, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 10 de julio de 2003, expediente 14083, C.P María Elena Giraldo Gómez; 12 de febrero de 2004, expediente 14955, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 24 de febrero de 2005, expediente 14335, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 10 de marzo de 2005, expediente 14808; 8 de marzo de 2007, expediente 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 23 de abril de 2008, expediente 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 19 de noviembre de 2008, expediente 28259, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. De la Subsección “B”, ver por ejemplo, sentencia de 8 de febrero de 2012, expediente 23308, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

53 Sobre el particular ver, por ejemplo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 29 de marzo de 2012, expediente 16448, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

54 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano.

55 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 13 de julio de 2017, expediente 20010343001 (43022), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.