Sentencia 2004-05314 de diciembre 2 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001-23-31-000-2004-05314-01(18052)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Constructora Norberto Odebrecht de Colombia LTDA.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., dos de diciembre de dos mil diez.

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la constructora Norberto Odebrecht de Colombia LTDA. contra la sentencia del 27 de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes procesales.

La demanda

La constructora Norberto Odebrecht de Colombia LTDA., a través de apoderado judicial, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Declarar nula la Resolución 83 del 16 de septiembre de 2003 proferida por la División de Recaudación de la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura en contra de mi poderdante para negar la solicitud de devolución del impuesto sobre las ventas pagado en exceso por las declaraciones de importación.

2. Declarar nula la Resolución 598 del 16 de julio de 2003 proferida por la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura en contra de la demandante, mediante la cual se confirmó la Resolución mencionada en la pretensión anterior.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a mi poderdante, mediante el reconocimiento de la existencia de un pago de lo no debido en cuantía de un mil ochocientos catorce millones ciento noventa mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte. ($ 1.814.190.448.oo), por concepto del impuesto sobre las ventas relacionado con las declaraciones de importación atrás enunciadas, el reconocimiento de su derecho sobre dicho valor y ordenando a la administración especial de aduanas de buenaventura su inmediata devolución.

4. Que se actualice la suma pretendida, desde el día en que se hizo exigible la obligación hasta que se realice el pago total de la misma, utilizando el índice de precios al consumidor, que mes a mes certifica el DANE, por fracción de año.

5. Que se disponga en la sentencia, que las sumas anteriores devenguen intereses comerciales durante los treinta (30) días siguientes a la fecha del fallo y moratorios después de este término.

6. Que se ordene que la sentencia se cumpla dentro de los treinta (30) días siguientes a que esta se profiera.

7. Que se ordene a la parte demanda (sic), a la suma que se determine y liquide por concepto de costas y agencias en derecho que se causen en el presente proceso”.

Invocó como disposiciones violadas las siguientes:

Artículos 428, literal e) y 683 del estatuto tributario.

• Artículos 10 y 66 del Código Civil.

• Artículos 2º y 150 del Decreto 2685 de 1999.

• Artículos 29; 58; 150, numeral 12 y, 338 de la Constitución Política artículo 14 de la Ley 223 de 1995.

En síntesis, la demandante propuso los siguientes cargos:

a)“Violación del literal e) del artículo 428 del E.T., del artículo 10 del Código Civil subrogado por el artículo 5º de la Ley 57 de 1887, y del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999 por falta de aplicación”.

Indicó que el argumento de la DIAN invocado en los actos acusados, para fundamentar el rechazo de la devolución del IVA pagado en varias declaraciones de importación, por haberse producido la modificación de las declaraciones de importación de la maquinaria pesada de temporal a ordinaria, no es válido.

Precisó que para el momento en que la constructora logró la adjudicación y celebró el contrato para la construcción de la Hidroeléctrica La Miel, el literal e) del artículo 428 E.T. no distinguía entre importación temporal y ordinaria, para amparar con la exclusión del IVA la importación de maquinaria pesada para industrias básicas no producidas en el país.

Dijo que la finalidad del literal e) del artículo 428 del E.T. no era otra que la de permitir y facilitar la introducción al país de maquinaria pesada, que no tenga producción en el país, requerida para el desarrollo de las industrias básicas nacionales, y en condiciones de menor costo. Además, añadió, la norma persigue facilitar la realización de tales obras, mediante la utilización de herramientas financieras, tales como el leasing internacional.

Manifestó que no era válido pensar que cuando la maquinaria pesada, sin producción nacional, se importó para el fin señalado por el literal e) ibídem, mediante la modalidad de importación temporal, el estímulo tributario se pierde en el momento en que dicha modalidad finaliza, porque definitivamente los bienes importados se quedan en el país.

Añadió que no existe norma que indique que el cambio de modalidad de importación temporal a ordinaria, conlleve la pérdida del beneficio de exclusión del IVA para tales importaciones.

Precisó que de la interpretación del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999 se deduce que el hecho de haber modificado la declaración de importación temporal a ordinaria, no elimina el beneficio de exclusión del IVA que amparaba la maquinaria importada; razón por la que la devolución de lo pagado indebidamente por dicho concepto era procedente.

Indicó que la deuda inicialmente originada en las importaciones temporales de la maquinaria pesada excluía del concepto de los tributos aduaneros causados el respectivo impuesto sobre las ventas, por disposición expresa del literal e) del artículo 428 del E.T.

Agregó que el Concepto 01 de 2003, que contempla la interpretación en que se fundamentaron los actos acusados de considerar que no era procedente la devolución cuando la modalidad de importación se cambia a ordinaria, no puede aplicarse al presente asunto, ya que no se está frente a cualquier clase de importación temporal, sino frente a una “importación temporal de largo plazo que cambia a ordinaria”, la cual encuentra su regulación en el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

Por último, concluyó que por la importación de la maquinaria pesada destinada al Proyecto Hidroeléctrico La Miel, la constructora pagó sin justa causa un impuesto sobre las ventas y, por tanto, tiene derecho a que le sea devuelto.

b) “Violación de los artículos 58, 150 numeral 12 y 338 de la Constitución Política, por afectar el derecho de propiedad de la demandante y por obligarla a cubrir un impuesto sin respaldo legal”.

Dijo que con la negativa de la DIAN de devolver las sumas pagadas en exceso, se afectó el derecho de propiedad de la constructora, porque con su omisión se ha impedido la recuperación de los valores entregados al Estado sin justa causa.

Indicó que los actos demandados contrarían lo considerado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-796 del 29 junio de 2000, mediante la cual se declaró inexequible el aparte final del artículo 47 de la Ley 488 de 1998.

c) “Violación del artículo 29 de la Constitución Política, del artículo 66 del Código Civil, del artículo 2º del Decreto 2685 de 1999 y del artículo 683 del estatuto tributario”.

Manifestó que ninguna norma contempla la consecuencia sancionatoria que se aplicó a la demandante y que, por tanto, en su caso se vulneró el principio de legalidad, según el cual, nadie puede ser sancionado sin previa norma que establezca la sanción.

Que, así mismo, se violó el artículo 66 del Código Civil porque los funcionarios no pueden crear presunciones. Dijo que la DIAN creó una presunción al rechazar la devolución. Que, en consecuencia, se vulneró el artículo 29 de la Carta Política.

Sostuvo que la decisión recurrida contrarió el principio de equidad y justicia establecido en los artículos 683 del estatuto tributario y 2º del estatuto aduanero, pues de conformidad con esas normas no se puede exigir al contribuyente o al usuario aduanero importador más de aquello que la ley estipula.

d) “Violación de los artículos 428 literal e) del estatuto tributario en su texto vigente con anterioridad a la expedición de la Ley 223 de 1995 y del parágrafo 4º del artículo 14 de la Ley 223 de 1995, por no aplicación”.

Precisó que en el caso bajo análisis, para el momento en que fue adjudicada la Licitación Pública MI-100, proyecto Hidroeléctrico Miel I, al consorcio Miel, del que hace parte la actora, se encontraba vigente el artículo 428 del estatuto tributario antes de ser modificado por la Ley 223 de 1995. Que, en consecuencia, en atención de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 223 de 1995, aquél debió ser aplicado.

Explicó que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante certificación del 10 de abril de 2003, certificó que la maquinaria pesada relacionada en la certificación, para la fecha en que ingresó al país, no tenía registrada producción nacional y que la misma poseía la calidad de partes y piezas para maquinaria pesada para un proyecto de industria básica. Que, en consecuencia, esas importaciones estaban excluidas del impuesto.

Contestación de la demanda

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que si bien el artículo 428 del estatuto tributario señala las importaciones que no causan impuesto, entre las cuales se encuentra la importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas, no es menos cierto que dicha norma también señala que cuando se modifique la declaración de importación temporal de maquinaria pesada a importación ordinaria, debe liquidarse el impuesto sobre las ventas a la tarifa vigente al momento de la modificación.

Además, concluyó que como la importación ordinaria se encontraba gravada, la demandante debió pagar el IVA en el momento de la nacionalización del bien, en conjunto con los derechos de aduana que se generen por la importación.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, porque consideró que “a pesar de que las exenciones en el pago del IVA se encuentran establecidas en el estatuto tributario, estas solo son aplicables a los bienes importados bajo la modalidad de importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas, y no cuando esta modalidad ha sido modificada a definitiva u ordinaria, (...) esto debido a que en el momento del cambio, se convierte en una operación de importación nueva que debe cumplir con los requisitos exigidos especialmente en materia aduanera, respecto del momento de la nacionalización de esos bienes”.

Concluyó que “no es procedente lo pretendido por la parte demandante cuando indica que sus importaciones (que pasaron de la modalidad de temporal a ordinario o definitiva), estaban excluidas del impuesto a las ventas, y que al sufragar lo no debido tenía derecho a la devolución; ya que existe clara causa legal que genera la obligación discutida y no hay lugar a interpretaciones legales erróneas o confusas”.

Recurso de apelación

La parte demandante, inconforme con la decisión proferida por el tribunal, interpuso recurso de apelación.

Los motivos de inconformidad se resumen así:

1. Inconformidad con la sentencia, al haber desestimado el primer cargo de la demanda, porque el haber cambiado la modalidad de importación se debía cubrir el impuesto sobre las ventas vigente al momento en que ocurrió éste hecho.

Dijo que el a quo interpretó equivocadamente el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, ya que, de acuerdo con este, el hecho de haber modificado la declaración de importación temporal a ordinaria, no elimina el beneficio de exclusión del impuesto sobre las ventas que amparaba la maquinaria importada. En consecuencia, la devolución de lo pagado indebidamente por la constructora es procedente.

En lo demás reiteró los planteamientos de la demanda.

2. Inconformidad con la sentencia al haber desestimado el cuarto cargo de la demanda con el argumento de la no existencia de derechos adquiridos en materia tributaria.

Manifestó que las importaciones de maquinaria pesada efectuadas por Odebrecht, con destino a la obra mencionada, mantienen su carácter de excluidas del impuesto sobre las ventas, por disposición del parágrafo 4º del artículo 14 de la Ley 223 de 1995. Por tanto, los actos demandados, al desconocer esta situación, incurren en violación de dicha norma y del literal e) del artículo 428 E.T., anterior a la Ley 223 de 1995.

Consideró que no le asiste razón alguna al a quo, y que, por el contrario, es evidente que la constructora efectuó un pago de lo no debido al liquidar el IVA al momento de nacionalizar los bienes importados.

En lo demás reiteró los argumentos de la demanda.

3. Inconformidad con la sentencia al no haberse ocupado del segundo cargo referido a la violación de los artículos 58, 150 numeral 12 y 338 de la Constitución Política, por haber afectado el derecho de propiedad de la demandante y por obligarla a cubrir un impuesto sin respaldo legal.

Indicó que el a quo omitió pronunciarse frente al segundo cargo de violación invocado en la demanda, referente a la violación de los artículos 58, 150 numeral 12 y 338 de la Constitución Política.

Reiteró la afectación del derecho de propiedad de la constructora, porque con la negativa de la DIAN de devolver las sumas pagadas en exceso se ha impedido su recuperación.

Indicó que los actos demandados contrarían lo considerado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-796 del 29 junio de 2000, mediante la cual se declaró inexequible el aparte final del artículo 47 de la Ley 488 de 1998.

4. Inconformidad con la sentencia por haber desestimado el tercer cargo con el argumento de que en los actos demandados no aparece aplicada ninguna sanción.

Dijo que el a quo hizo un análisis simplista de los argumentos que soportaban la violación de los artículos 29 de la Constitución Política, 66 del Código Civil, 2º del Decreto 2685 de 1999 y 683 del estatuto tributario.

Reiteró que ninguna norma contempla la consecuencia sancionatoria que se aplicó a la demandante y que, por tanto, en su caso se vulneró el principio de legalidad, según el cual, nadie puede ser sancionado sin previa norma que establezca la sanción.

Que, así mismo, se violó el artículo 66 del Código Civil porque los funcionarios no pueden crear presunciones. Dijo que la DIAN creó una presunción al rechazar la devolución. Que, en consecuencia, se vulneró el artículo 29 de la Carta Política.

Que la decisión recurrida contrarió el principio de equidad y justicia establecido en los artículos 683 del estatuto tributario y 2º del estatuto aduanero, pues de conformidad con esas normas no se puede exigir al contribuyente o al usuario aduanero importador más de aquello que la ley estipula.

Alegatos de conclusión

La demandante presentó sus alegatos de conclusión, en los que además de reiterar los argumentos de la demanda y del escrito de apelación puntualizó lo siguiente:

Que la sentencia apelada aplicó retroactivamente en su caso la Ley 223 de 1995 a hechos acontecidos el 9 de diciembre de 1994, fecha en que se produjo la adjudicación por la empresa Hidromiel S.A. de la Licitación Pública MI-100 proyecto hidroeléctrico Miel I al Consorcio Miel.

Que al abordar el tema de los derechos adquiridos y al concluir que en materia tributaria no aplican los derechos adquiridos, desconoció la realidad de la situación objeto de litis, pues los argumentos relacionados con el derecho a la exclusión del IVA de los bienes importados, sobre los que se realizó el pago de lo no debido, más no exención como erradamente lo entiende el tribunal, no se fundaron “en una situación fáctica que deriva en derechos adquiridos, sino de lo dispuesto por la misma Ley, que quiso en forma expresa, para facilitar la realización de los grandes proyectos de infraestructura en Colombia, congelar en el tiempo dicho beneficio de no causación del tributo para los contratos públicos adjudicados con anterioridad a la vigencia de la Ley 223 de 1995”.

Que el a quo desconoció el hecho cierto consistente en que el cambio de la modalidad de la importación fue un hecho posterior al momento de nacionalización de los bienes importados, supuesto fáctico que determinaría el hecho generador del IVA. Este supuesto, añadió, por ser parte de la ejecución del contrato cuya licitación y adjudicación se habían producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 223 de 1995, no conlleva la generación del IVA, por estar amparado en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 223 de 1995, que lo excluía de su pago.

Que desconoció conceptos propios del ámbito tributario, al afirmar que la constructora confundió los tributos aduaneros con el impuesto sobre las ventas. Esta afirmación, dijo, desconoce el contenido de las normas que rigen las obligaciones aduaneras.

Que el a quo no se refirió puntualmente a los cargos de violación planteados en la demanda. Del análisis del fallo se advierte que el tribunal solo trató con alguna extensión el primer cargo, al haber limitado la controversia al punto relacionado con la no procedencia de la devolución por el cambio de la modalidad de importación. No dijo nada sobre el segundo cargo, y sobre los cargos 3 y 4 se ocupó de manera somera.

La demandada presentó alegatos de conclusión, en los que precisó que la reflexión del tribunal, frente al primer cargo de violación invocado por la demandante, es correcta, porque conforme al artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, cuando en una importación temporal se decida dejar la mercancía en el país, el importador deberá, antes del vencimiento del plazo de la importación temporal, modificar la declaración de temporal a ordinaria, y obtener el correspondiente levante o reexportar la mercancía. En cualquiera de los dos casos, deberá pagar la totalidad de los tributos aduaneros correspondientes a las cuotas insolutas, más los intereses correspondientes y la sanción a que haya lugar.

Dijo que no se observa violación alguna de las disposiciones invocadas en el cargo cuarto de violación, porque de ninguna manera se afectó la propiedad de la importadora, porque el artículo 150, numeral 12, hace referencia a una de las facultades del Congreso y, porque el IVA no es una creación de la DIAN, sino del legislador.

Agregó que las declaraciones de importación fueron presentadas por la demandante, bajo la modalidad de importación temporal, sin que en la casilla de descripción de la mercancía hubiera anotado que se acogían a un régimen o tratamiento especial.

En relación con la sanción, manifestó que en este caso no se trata propiamente de una sanción, sino de la concreción de una obligación que asiste por igual a todos los usuarios aduaneros, y que no es otra que la de acatar todas y cada una de las disposiciones que son muy claras, aun cuando no lo quiera admitir la apelante.

Por último, precisó que respecto de situaciones idénticas entre las mismas partes, la Sección ya se ha pronunciado en sentencias recientes (exps. 17192 y 17444); razón para confirmar la sentencia apelada.

El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia apelada, porque el parágrafo 4º del artículo 14 de la Ley 223 de 1995, referido a la tarifa general del IVA, no conlleva a que se aplique la exención del literal e) del artículo 428 del E.T., en los términos en que estaba redactado antes de la modificación introducida por el artículo 6º de la Ley 223, según la cual la exención del IVA solo opera para la modalidad de importación temporal de la maquinaria pesada a que hizo alusión la demandante.

Indicó que no son procedentes los argumentos de violación de los artículos 58, 150-12 y 338 de la Constitución Política, invocados por la demandante, pues al ser legal el pago del IVA efectuado por la demandante, no se afecta su derecho de propiedad, no existe un enriquecimiento ilegítimo para el Estado y no se vulneran los principios de equidad y justicia contemplados en los artículos 683 del E.T. y 2º del estatuto aduanero.

2. Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala debe determinar si se ajustan a derecho los actos administrativos demandados, mediante los cuales la DIAN negó la devolución del IVA pagado por la importación de maquinaria pesada para industrias básicas.

Para el efecto, la Sala debe resolver: i) Si está excluida del impuesto sobre las ventas la maquinaria pesada para industria básica importada con posterioridad a la vigencia de la Ley 223 de 1995, cuando esa importación se hace en virtud de un contrato con entidades públicas y, ii) Si es procedente la devolución del impuesto sobre las ventas, por pago de lo no debido, cuando con la solicitud de devolución se acredita que la maquinaria cumple los requisitos exigidos en la ley, para gozar del beneficio.

Habida cuenta de que conforme al caso concreto, las operaciones de importación de la maquinaria respecto de la cual se solicitó la devolución del impuesto sobre las ventas se hicieron en vigencia de los decretos 1909 de 1992 y 2685 de 1999, la Sala analizará, en lo pertinente, las dos normas, para resolver los problema jurídicos planteados.

El artículo 32 del Decreto 1909 de 1992 establecía que el importador estaba obligado a conservar por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de presentación de la declaración de importación, entre otros documentos, todos aquellos requeridos por normas especiales, con el fin de ponerlos a disposición de la autoridad aduanera, cuando esta así los requiriera.

El literal e) del artículo 428 del E.T. consagró la exclusión del impuesto sobre las ventas para la importación de maquinaria pesada para industria básica, en los siguientes términos:

“ART. 428.—Importaciones que no causan impuesto. Las siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas:

(...).

e) La importación de maquinaria pesada para industrias básicas, siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se consideran industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica, y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno”.

Mediante el Decreto 1803 de 1994, el Gobierno Nacional reglamentó la forma en que debía acreditarse que el bien importado era maquinaria pesada para industria básica y que, además, no se producía en el país, así:

“ART. 1º—Para los efectos de la exclusión establecida en el literal e) del artículo 428 del estatuto tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, exigirá al interesado al momento del levante de las mercancías, la certificación expedida por el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, en la que conste como mínimo lo siguiente:

a) Que los bienes importados poseen la calidad de maquinaria pesada no producida en el país.

b) Que los bienes importados se usarán en las industrias básicas enumeradas en el literal e) del artículo 428 del Estatuto Tributario.

(...)”

“ART. 6º—Cuando la maquinaria pesada se vaya a someter a la modalidad de importación temporal de largo plazo; el importador deberá obtener del Incomex, la certificación a que se refiere el presente decreto, la cual deberá adjuntarse a la declaración de importación para obtener la autorización de levante.

(...)”.

Como se puede apreciar, tanto el artículo 2º como el artículo 6º del Decreto 1803 de 1994 son claros en cuanto precisan que era obligación del importador acreditar el certificado del Incomex, para efectos de obtener el levante en las declaraciones de importación de maquinaria pesada para industrias básicas con exclusión del IVA.

Esta sección, incluso, mediante sentencia del 13 de octubre de 2005(1) declaró ajustado a derecho el artículo 1º del decreto citado, y aunque el análisis que se hizo en esa sentencia se fundamentó en el Decreto 2685 de 1999, a la misma conclusión habría arribado la Sala con fundamento en el Decreto 1909 de 1992, toda vez que, tanto en ese decreto, como con el nuevo estatuto aduanero, los vistos buenos y demás documentos requeridos por disposiciones especiales siempre se han exigido como requisito para ser acreditados previamente a la obtención de la autorización de levante.

El hecho de que la mercancía no se seleccione para inspección documental o física, en virtud de los criterios de selectividad para el ejercicio del control aduanero, no implica que el documento requerido en la norma especial no sea exigible y que el importador o declarante no lo deba obtener antes de la presentación de la declaración de importación y conservar después de ese momento.

En consecuencia, el Decreto 1803 de 1994 es claro en cuanto exige a los importadores o declarantes presentar el certificado del Incomex, cuando pretendan acreditar en el momento de la importación la exclusión del impuesto sobre las ventas de maquinaria pesada para industria básica, en las condiciones del literal e) del artículo 428 del E.T.

En virtud del principio de legalidad tributaria, tanto la imposición del tributo del orden nacional, como la exclusión o exención y demás beneficios atinentes a este, están reservados a la Ley, en sentido formal(2).

Por eso, para que se imponga un tributo o se reconozca un beneficio tributario, basta que se acrediten los requisitos que establece la Ley, para el efecto.

Conforme se precisó anteriormente, el literal e) del artículo 428 del E.T. Consagró la exclusión del impuesto sobre las ventas para la importación de la maquinaria pesada para industria básica que no se produjera en el país. Como las condiciones de maquinaria pesada, de destinación a la industria básica y de no producción en el país, no se pueden advertir con la sola presentación de la declaración de importación, esta Sala avaló que el Gobierno Nacional hubiera reglamentado la norma, en el sentido de que era procedente que se exigiera una certificación que diera cuenta de esos hechos al momento de la importación.

Sin embargo, la Sala también advierte que ni el estatuto tributario, ni el Decreto 1803 de 1994 disponen que cuando el importador paga el impuesto sobre las ventas respecto de una maquinaria que cumple las condiciones para ser excluida del impuesto, pierda el beneficio de la exclusión(3).

En esa medida, resulta pertinente analizar si es procedente la devolución del impuesto sobre las ventas, por pago de lo no debido, cuando con la solicitud de devolución se acredita que la maquinaria cumple los requisitos exigidos por la Ley, para gozar del beneficio.lo(sic)

Pues bien, el artículo 2313 del Código Civil dispone que si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado.

Así mismo, el artículo 2316 dispone que si el demandado confiesa el pago, el demandante debe probar que no era debido. Pero, que si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo; y probado, se presumirá indebido(4).

Por otra parte, se entiende que se ha efectuado un pago por error cuando el que pagó, pagó sin causa legal pero sin conocimiento de esa causa (CSJ, Cas. Civil, Sent. mayo 23/77).

En ese orden de ideas, y conforme se precisó anteriormente, si tanto la imposición del tributo como su exclusión, exención o cualquier otro beneficio, deben estar previstos en la ley, cuya promulgación es obligatoria y su conocimiento también(5), no es pertinente presumir que el contribuyente o usuario que paga el tributo lo paga por error. No hay error de derecho, en principio, frente a una ley que se presume conocida por todos, máxime por profesionales de actividades económicas pasibles de impuestos.

Por eso, el artículo 768 del Código Civil(6) dispone que se presume la mala fe cuando se incurre en error en materia de derecho, presunción que, además, no admite prueba en contrario. Y, así mismo, se presume que alguien ha recibido un pago de buena fe cuando lo recibe con la firme convicción de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio.

De todas maneras, de conformidad con el artículo 2319 del Código Civil, el que recibe el pago de buena fe, adquiere las obligaciones del poseedor de mala fe, a partir del momento en que se entera que recibió un pago no debido y, en consecuencia, se obliga a restituir el capital y los intereses del mismo. (C. C. arts. 961, 964 y 717)(7).

En vigencia del Decreto 1909 de 1992, habida cuenta de que el importador no podía corregir la declaración de importación para disminuir los tributos aduaneros y que no había norma especial que regulara la devolución, esta se regía por el artículo 850 del E.T. y el Código Contencioso Administrativo. De manera que el importador debía iniciar la actuación mediante solicitud presentada dentro del término de firmeza de la declaración, tratándose de pagos en exceso, o dentro del término de prescripción ordinaria, tratándose de pagos de lo no debido.

El Decreto 2685 de 1999, por su parte, reguló el procedimiento que hay que seguir para probar el derecho a la devolución(8). Conforme con ese decreto, el importador, en la actualidad, debe solicitar a la Dirección de Aduanas o de Impuestos y Aduanas competente que profiera la liquidación oficial de corrección, para que, con fundamento en esta, el importador pueda solicitar, a la Dirección de Impuestos competente(9) la devolución del mayor valor pagado en exceso o el valor que se pagó de manera indebida.

En ese contexto, habida cuenta de que la importación de maquinaria pesada para industrias básicas, conforme se comentó, estaba excluida del impuesto sobre las ventas, el pago del impuesto será indebido si el importador prueba que incurrió en error, sea de hecho o de derecho. Pero en este último caso, el derecho a la devolución solo nace a partir del momento en que quien recibió de buena fe, se entera de que recibió un pago no debido.

Y se entiende que se ha recibido de buena fe cuando se tiene la firme convicción de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio. (C.C., art. 678).

Ahora bien, con respecto a que si está excluida del impuesto sobre las ventas la maquinaria pesada para industria básica importada con posterioridad a la vigencia de la Ley 223 de 1995, cuando esa importación se hace en virtud de un contrato con entidades públicas, cuya adjudicación se hizo con anterioridad a esa ley; debe tenerse en cuenta que el literal e) del artículo 428 del estatuto tributario, antes de la Ley 223 de 1995, consagraba la exclusión del impuesto sobre las ventas para la importación de maquinaria pesada para industrias básicas, sin distinguir la modalidad por la cual se importaba, esto es, importación temporal u ordinaria.

Es decir que, con la Ley 223 de 1995 se restringió el beneficio de la exclusión a las importaciones temporales. Adicionalmente, el artículo 50 de la citada ley adicionó el estatuto tributario con el artículo 258-2 del E.T. Conforme con esa adición, el impuesto sobre las ventas que se cause en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas, debe liquidarse y pagarse con la declaración de importación, pero que cuando la maquinaria importada tenga un valor CIF superior a quinientos mil dólares (US$ 500.000), el pago del impuesto sobre las ventas puede realizarse de la siguiente manera: 40% con la declaración de importación y el saldo en dos (2) cuotas iguales dentro de los dos años siguientes. Adicionalmente, para el pago de dicho saldo, el importador debe suscribir acuerdo de pago ante la administración de impuestos y aduanas respectiva, en la forma y dentro de los plazos que establezca el Gobierno Nacional.

Respecto de la maquinaria que ingresó al país antes de la Ley 223 de 1995, el parágrafo del artículo 50 dispuso que se le aplicaran las normas en materia del impuesto sobre las ventas vigentes al momento de su introducción al territorio nacional.

Por otra parte, el artículo 14 de la Ley 223 de 1995, que modificó el artículo 468 del E.T., referido a las tarifas del impuesto sobre las ventas, en el parágrafo 4º dispuso:

“ART. 14.—El artículo 468 del estatuto tributario quedará así:

"ART. 468.—Tarifa general del impuesto sobre las ventas.

(...)

PAR. 4º—En el caso de contratos con entidades públicas, cuyas licitaciones hayan sido adjudicadas con anterioridad a la vigencia de esta ley, se continuará aplicando la tarifa vigente en la fecha de adjudicación de la licitación”.

En ese contexto, la Sala precisa que a las operaciones “gravadas con el impuesto sobre las ventas” que se realicen en virtud de contratos con entidades públicas cuyas licitaciones hayan sido adjudicadas con anterioridad a la Ley 223 de 1995, se les aplicarán las tarifas vigentes a la fecha de adjudicación de la licitación. En ese sentido se pronunció la Sala en la sentencia del Consejo de Estado del 12 de diciembre de 2006, Código Penal Germán Ayala Mantilla, que citó el demandante.

Así mismo, si en ejecución del contrato adjudicado se importa maquinaria pesada para industria básica, de conformidad con el parágrafo del artículo 50 de la Ley 223 de 1995, esa maquinaria seguirá con el régimen de la exclusión del impuesto sobre las ventas si se introdujo al territorio nacional antes de la entrada en vigencia de la Ley 223 de 1995, independientemente de la modalidad de importación que haya declarado, esto es, importación temporal o

importación ordinaria.

Caso concreto

En el caso in examine se encuentra probado lo siguiente:

— La sociedad actora presentó las siguientes declaraciones de importación, en las que liquidó por concepto de IVA la suma de $ 1.814.190.448, por la importación de maquinaria pesada para industria básica no producida en el país. Además, se encuentra probado que esa maquinaria se declaró, inicialmente, bajo la modalidad de importación temporal, modalidad que fue modificada por el importador a importación ordinaria.

Declaración inicial Modificaciones
1319810619814 del 5 de diciembre de 1997 13198010735884 del 20 de noviembre de 2000 y 34520010600986 del 26 de diciembre de 2001
13198010619807 del 5 de diciembre de 1997 1319801073587 del 20 de noviembre de 2000 y 34520010600993 del 20 de diciembre de 2001
01186010807661 del 13 de febrero de 1998 01186011060841 del 20 de noviembre de 2000 y 921-7 del 20 de febrero de 2002 (ilegible)
23030030864337 del 13 de febrero de 1998 23030031249451 del 20 de noviembre de 2000 y 939-1 del 20 de febrero de 2002 (ilegible)
2303003089627 del 5 de mayo de 1998 09013010655357 del 22 de noviembre de 2000
09013010513786 del 14 de mayo de 1998 09013010655357 del 22 de noviembre de 2000
01186010890389 del 16 de diciembre de 1998 01186011061445 del 22 de noviembre de 2000 y 01186011412054 del 21 de marzo de 2003
090013020510262 del 14 de abril de 1998 01186011366784 del 13 de diciembre de 2002
01186011259172 del 29 de abril de 2002 01186011263971 del 9 de mayo de 2002 (corrección)
09013010655357 del 29 de abril de 2002 01186011259172 del 29 de abril de 2002 (corrección)

— Mediante escrito del 31 de julio de 2003, la Constructora Norberto Odebrecht S.A. solicitó a la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura la devolución del IVA que liquidó y pagó, por esas declaraciones de importación. Para justificar la petición, aportó la certificación del Ministerio de Comercio Exterior 2-2003-009849 del 10 de abril de 2003. Conforme con esa certificación, para la fecha en que ingresaron los bienes que se relacionan en la certificación, el Ministerio no tenía registrada producción nacional. Así mismo, certificó que los bienes poseen la calidad de partes y piezas para maquinaria pesada, que se utilizarán en el proyecto hidroeléctrico de la Miel I, enmarcado dentro de industria básica de generación y transmisión de energía eléctrica.

— El 8 de agosto de 2003, la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura profirió la Resolución 83 del 16 de septiembre de 2003(10), en la que rechazó la devolución solicitada,

— El 10 de octubre de 2003(11), el representante legal de la contribuyente presentó recurso de reconsideración contra la resolución mencionada.

— El 16 de julio de 2004, la Administración de Aduanas de Buenaventura, mediante Resolución 598(12), confirmó el rechazo de la devolución solicitada.

Conforme con los hechos probados, la Sala pasa a resolver las inconformidades del demandante contra la sentencia del tribunal a quo, en el recurso de apelación.

En el caso concreto está probado que la demandante presentó las declaraciones de importación en los años 1997, 1998 y 2002 bajo la modalidad de importación temporal y que luego las modificó a importación ordinaria en los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

También está probado que la DIAN aceptó las declaraciones y autorizó el correspondiente levante, porque para ninguna de las dos modalidades la demandante invocó el beneficio. Por eso, también está probado que la demandante no obtuvo el certificado correspondiente antes de presentar las respectivas declaraciones, como era su deber, sino que lo hizo posteriormente para efectos de solicitar la devolución.

Sobre el particular, conforme lo explicó la Sala, sí constituye un requisito para acreditar la exclusión del impuesto sobre las ventas por la importación de maquinaria pesada para industria básica, obtener, previo a la presentación de la declaración de importación y para efectos del levante, el certificado de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (antes Incomex), que certifique que el bien a importar tiene las condiciones que prevé el estatuto tributario para gozar de la exclusión.

Conforme se precisó, el hecho de que la DIAN pueda, de manera selectiva, exigir los documentos soporte de la declaración de importación, no constituye un aval para que el importador los obtenga cuando a bien tenga. El Decreto 1803 de 1994, el Decreto 1909 de 1992, en su momento, y el Decreto 2685 de 1999, en la actualidad, consagraron la obligación de manera clara, al punto que, como lo reconoce la demandante, su incumplimiento deriva en la no aceptación de la declaración de importación hasta que se entregue el documento o se corrija la declaración de importación en el sentido de liquidar el impuesto correspondiente.

En ese estado de cosas, es evidente que la DIAN estaba en la obligación de verificar que los impuestos declarados eran los correspondientes. Por lo tanto, la decisión de la administración se ajustó a la ley, porque, precisamente, en virtud del principio de coordinación de la función pública, el Decreto 1803 de 1994 ordenó que el importador obtuviera la certificación ante el Ministerio de Comercio y la presentara ante la DIAN, para que esta entidad, en coordinación con el Ministerio, verificara el cumplimiento de los requisitos legales para tener derecho a la exclusión.

La Sala reitera que si bien no existe norma que establezca la pérdida del beneficio, no es pertinente alegar que un pago se hizo de manera indebida cuando este se paga a sabiendas de que no se debe. Conforme al régimen general de las obligaciones, se reitera, el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario.

Por lo tanto, el derecho a la devolución solo surge a partir del momento en que quien recibe de buena fe, se entera que recibió un pago no debido.

En esa medida, se procede a analizar si para el caso concreto era procedente la devolución.

La demandante manifestó su inconformidad con el fallo del tribunal a quo en la interpretación que el tribunal hizo de la Ley 223 de 1995 y los artículos 145 y 150 del Decreto 2685 de 1999.

Insistió en que para el caso concreto las normas sobre el impuesto sobre las ventas que se aplican al caso concreto son las vigentes al momento en que se le adjudicó la licitación Pública MI-100 Hidromiel S.A. al Consorcio Miel.

Que lo anterior implica que la demandante tenía el derecho a la exclusión del IVA, independientemente de la modalidad de importación, porque la licitación pública se adjudicó antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995 y, por tanto, al caso concreto se le aplica el parágrafo 4º del artículo 14 de esa ley y el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

La Sala considera que no le asiste razón a la demandante, porque si bien demostró que la Licitación Pública MI-100 proyecto Hidroeléctrico Miel I le fue adjudicada al Consorcio Miel, ese hecho solo es relevante para probar el derecho a que se le respetara el régimen de tarifas del impuesto sobre las ventas para “operaciones gravadas”, conforme a las normas vigentes a la fecha de adjudicación.

En cambio, para probar el derecho a la exclusión del IVA, sea por la importación temporal o por la importación ordinaria de la maquinaria pesada para industria básica, respecto de la que pagó el impuesto, debía probar que la maquinaria se introdujo antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995. Sin embargo, de las declaraciones de importación que se aportaron como prueba quedó en evidencia que la maquinaria se introdujo al país después de la vigencia de esa ley, exactamente en los años 1997, 1998 y 2002.

Ahora bien, aunque para el año 1998 la importación temporal de maquinaria pesada para industria básica estaba excluida del impuesto sobre las ventas, la demandante reconoce que no invocó el beneficio en las declaraciones presentadas bajo esa modalidad, ni presentó la correspondiente certificación, porque no conocía el alcance del beneficio.

Consecuente con lo anterior, también reconoce que pagó el impuesto en cuotas periódicas, conforme a las reglas de la importación temporal de largo plazo vigentes para el año 1998(13). En esa medida, cuando la demandante modificó las declaraciones, lo pertinente era pagar, únicamente, las cuotas insolutas, conforme lo indica el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.

La demandante interpretó que en virtud de lo previsto en el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999 tiene derecho a la exclusión, porque conforme con esa norma, cuando se modifica la declaración de importación temporal de largo plazo a ordinaria, se conserva el régimen jurídico tributario vigente al momento de la declaración inicial.

Sobre el particular, la Sala precisa que si bien es cierto que cuando se invoca la modalidad de importación de largo plazo los tributos aduaneros corresponden a los vigentes al momento de la presentación y aceptación de la declaración de importación (D. 2685/99, art. 145), de tal manera que cuando se modifica la declaración a importación ordinaria, por regla general se deben pagar, únicamente, las cuotas insolutas (art.150 ibíd.); por excepción, tratándose del impuesto sobre las ventas, la Ley 223 de 1995 dispuso otra regla, porque gravó la importación ordinaria de la maquinaria pesada para industria básica. En consecuencia, en esos eventos se aplica de preferencia esa ley.

En cuanto al cargo de violación del principio de equidad tributaria, la Corte Constitucional ha precisado que este principio es “(...) la manifestación del derecho fundamental de igualdad en esa materia y por ello proscribe formulaciones legales que establezcan tratamientos tributarios diferenciados injustificados tanto por desconocer el mandato de igual regulación legal cuando no hay razones para un tratamiento desigual, como por desconocer el mandato de regulación diferenciada cuando no hay razones para un tratamiento igual. (...)”(14).

La Sala precisa que en el caso concreto los actos demandados no vulneraron el principio de equidad tributaria, porque fue la ley la que excluyó del impuesto a las importaciones temporales.

Precisamente, conforme lo afirmó la demandante, en virtud del principio de reserva de ley, le corresponde al legislador determinar en qué condiciones se otorga un beneficio tributario y en qué condiciones lo modifica.

Para el caso concreto, es claro que no fueron los conceptos que se invocaron en los actos demandados, ni los actos en sí mismos, los que modificaron las condiciones de la exclusión. Las condiciones de la exclusión las modificó el legislador, mediante la Ley 223 de 1995, Ley que además estableció unas condiciones favorables para aquellos importadores que pretendieran despachar para consumo la maquinaria pesada para industria básica y, reguló un régimen de transición para los que habían importado con el tratamiento especial, antes de la vigencia de la ley.

Por lo tanto, la demandante no tenía derecho a la devolución. En esa medida, tampoco se vulneró el principio de justicia, porque la demandante pagó el impuesto que por ley le correspondía.

Por las anteriores razones, la Sala confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería al doctor Antonio Granados Cardona, como apoderado de la UAE DIAN, en los términos del poder conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia, Presidente—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—William Giraldo Giraldo—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

Este documento fue creado a partir del original obtenido en el Consejo de Estado.

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejera ponente: Ligia Lopez Díaz. Bogotá, D. C., trece (13) de octubre de dos mil cinco (2005). Radicación: 11001-03-27-000-2004-00072-00(14822). Actor: Gustavo Pardo Ardila. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Según el artículo 1º del Decreto 1803 de 1994, reglamentario del precepto legal que consagra el beneficio de la exclusión del IVA en la importación de maquinaria pesada, —art. 428 lit. e)— corresponde al Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, certificar que los bienes importados poseen la calidad de maquinaria pesada, no producida en el país, y que los bienes importados se usarán en las industrias básicas enumeradas en la norma. La aludida certificación constituye la prueba idónea para excluir del IVA la importación temporal. En consecuencia, debe ser puesta a consideración de la autoridad aduanera, al momento de la presentación y aceptación de la declaración de importación, teniendo en cuenta que esta se soporta en documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales, tal como está previsto en el artículo 121 del estatuto aduanero (D. 2685/99). Adicionalmente, porque según el artículo 122 del mismo estatuto, es causal de no aceptación de la declaración de importación, entre otras, “e) Cuando de la información suministrada por el declarante se infiera que la mercancía declarada no está amparada con los documentos soporte a que hace referencia el artículo 121 del mismo decreto, según corresponda”. Ahora bien, al exigencia de presentar la certificación del Incomex al momento del levante de la mercancía, prevista en el reglamento acusado, surge de la necesidad de dar efectivo cumplimiento a la ley, pues solo cuando sea presentada y aceptada la declaración de importación y se acredite el pago de los tributos aduaneros en ella determinados, procede la autorización de levante de la mercancía, por la autoridad aduanera, tal como se infiere de las disposiciones previstas en los artículos 124, 125 y 128 del estatuto aduanero, y de la definición de “levante” que expresa el artículo 1º del mismo estatuto, así: “El acto, por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar”.

(2) Conforme con el criterio orgánico, se entiende por ley en sentido formal, la que se expide por el Congreso de la República.

(3) De hecho, esta Sección, mediante sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil cuatro (2004). Radicación: 11001-03-27-000-2002-0100-01(13533). Consejero ponente: Juan Ángel Palacio Hincapie. Bogotá, D.C., Actor: María Carolina Suarez Visbal. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, declaró la nulidad del Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas 003 de julio 12 de 2002 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en cuanto interpretó que la única oportunidad para allegar cualquier certificado o documento que se requiera para acreditar el derecho a la exclusión del IVA, era el de la presentación de la declaración de importación. La decisión se fundamentó en que esa restricción no se podía derivar del artículo 89 del Decreto 2685 de 1999, norma que sirvió de fundamento al concepto.

(4) El Código Civil impone, además, otras reglas relacionadas con el pago de lo no debido, así: El artículo 2317 establece una presunción de hecho que admite prueba en contrario, en el siguiente sentido: “Del que da lo que no debe no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho”.

Por otra parte, el articulo 2318 estipula que “El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad”. El inciso segundo de esta norma, dispone incluso, que si “ha recibido de mala fe debe también los intereses corrientes”.

Las reglas a que se sujeta el que ha recibido de buena, están reguladas en el artículo 2319. Según esta disposición “El que ha recibido de buena fe no es responsable de los deterioros o pérdidas de la especie que se le dio en el falso concepto de debérsele, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya; salvo en cuanto le hayan hecho más rico.

Pero desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, contrae todas las obligaciones del poseedor de mala fe”.

(5) La ignorancia de la ley no sirve de excusa. artículo 9 del Código Civil

(6) ART. 768.—La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio.

Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.

Un junto error en materia de hecho, no se opone a la buena fe.

Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario.

Sobre la constitucionalidad de esta disposición, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-544 del 1º de diciembre de 1994, C.P. Jorge Arango Mejía, dijo:

“¿En qué consiste la alegación del error de derecho? En general, en invocar la ignorancia de la ley como excusa para su incumplimiento. El error de derecho, en consecuencia, tiene una relación directa con una de las bases del orden jurídico, plasmada en el artículo 9º del Código Civil: "La ignorancia de las leyes no sirve de excusa". La vigencia del orden jurídico implica la exigencia de que nadie eluda el cumplimiento de la ley so pretexto de ignorarla. Con razón escribió G. del Vecchio: "El ordenamiento jurídico no podría fundarse sobre una base tan precaria cual sería el conocimiento de la ley, cuya demostración se tuviera que aportar de caso singular en caso singular para cada ciudadano". (Filosofía del Derecho, tomo I, pág. 256, ed. UTEHA, México, 1946).

En armonía con el principio consagrado en el Código Civil, el artículo 4o. de la Constitución impone a los nacionales y extranjeros residentes en Colombia, el deber de "acatar la Constitución y las leyes".

El error de derecho recae sobre la existencia, contenido y alcance de las normas jurídicas. La ley puede, en ciertos casos, darle relevancia jurídica. En todo caso, sin embargo, salvo que la ley disponga lo contrario, esta se aplica con prescindencia del conocimiento que sobre la misma tengan sus destinatarios.

En síntesis: alegar el error de derecho, equivale a invocar como excusa la ignorancia de la ley. Y en el caso concreto de la persuasión que prevé el artículo 768, aceptar que ella puede basarse en la afirmación de la ignorancia de la ley.

Por el contrario, el "justo error en materia de hecho", que no se opone a la buena fe, es el error excusable.

En punto al régimen de posesión, la ley establece el principio general que prevalece en el ordenamiento jurídico y que consiste en no admitir, por razones de seguridad jurídica y en virtud del atributo de coactividad inherente a la norma jurídica, la procedencia del error de derecho.

Allí donde no sea posible alegar error de derecho, no cabe invertir ni modificar las consecuencias jurídicas que se derivan de esa situación, recurriendo a los principios de la buena fe, pues, se entiende que se tiene por parte de la persona el deber y la carga inexcusables de conocer la ley.

En conclusión: al prohibir invocar el error de derecho, es decir, la ignorancia de la ley, como elemento de la buena fe, la norma demandada se limita a afirmar uno de los supuestos del orden jurídico: que la ley es conocida por todos y rige para todos. En consecuencia, en nada contraría la Constitución, y así lo declarará la Corte.

La norma demandada, interpretada a la luz de la Constitución, y despojada del efecto estigmatizante de la mala fe, significa que el legislador, simplemente, ha querido reiterar, en esta materia, la negativa general a admitir el error de derecho. La alusión a la mala fe es un recurso técnico para ratificar el anotado principio y, en este sentido, no puede ser inconstitucional.

Es bueno advertir que la presunción de mala fe consagrada en esta norma no tiene una connotación denigrante ni implica un juicio de carácter psicólogico. Apenas significa, en relación con la posesión, que "la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio", no puede basarse en un error de derecho, es decir, en alegar la ignorancia de la ley. Dicho en otras palabras, la buena fe no puede partir del desconocimiento de la ley.

De otra parte, conviene dejar en claro lo siguiente:

a) La regla general es la presunción de la buena fe, según el artículo 769 del Código Civil: "La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.

“En todos los otros casos, la mala fe deberá probarse".

b) La ley no permite invocar el error de derecho como excusa, como consecuencia del principio consagrado en el artículo 9º del Código Civil.

c) Pero, excepcionalmente puede alegarse el error de derecho, como ocurre en el pago de lo no debido, según el artículo 2315; y en el caso del que “da lo que no debe”, previsto por el artículo 2317”.

(7) ART. 961.—Restitución—. Si es vencido el poseedor, restituirá la cosa en el plazo fijado por la ley o por el juez, de acuerdo con ella; y si la cosa fue secuestrada, pagará el actor al secuestre los gastos de custodia y conservación, y tendrá derecho para que el poseedor de mala fe se los reembolse.

ART. 964.—Restitución de frutos. El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder.

Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o hubieran tenido al tiempo de la percepción; se considerarán como no existentes lo que se hayan deteriorado en su poder.

El poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda; en cuanto a los percibidos después, estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores.

ART. 717.—Frutos civiles. Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido.

Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos desde que se cobran.

(8) Artículos 513 y 548 del Decreto 2685 de 1999. Artículo 438 de la Resolución 4240 de 2000.

(9) Excepcionalmente a las direcciones de aduanas.

(10) Folios 99 a 105 del cuaderno principal.

(11) Folios 106 a 121 del cuaderno principal.

(12) Folios 124 a 133 del cuaderno principal.

(13) Para el año 1998, el artículo 41 del Decreto 1909 de 1992.

(14) Sentencia C-664 de 2009