Sentencia 2004-05315 de enero 28 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Ref. Expediente: 05001-23-31-000-2004-05315-01 (1026-07)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Amelia de Jesús Hernández Ríos y otro

Apelación sentencia

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de carácter laboral los señores Amelia de Jesús Hernández Ríos y Edwin Orlando Gutiérrez a través de apoderado judicial, demandaron la nulidad de las Resoluciones 09130 del 8 de mayo de 2002 y 01531 del 27 de febrero de 2004 mediante las cuales la Caja Nacional de Previsión Social les negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación post mortem con ocasión del fallecimiento del señor Orlando Alberto Gutiérrez Zapata, por cuanto no demostraron el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, es decir, 20 años de servicio en la docencia oficial y se resolvió el recurso de apelación, respectivamente.

El asunto se contrae a establecer si le asiste derecho a los actores al reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación post mortem a la que dicen tiene derecho por ser beneficiarios sustitutos del señor Orlando Alberto Gutiérrez Zapata (QEPD) en cuanto este laboró al servicio de la educación oficial con vinculación de carácter departamental.

La entidad demandada denegó la mencionada prestación bajo el entendido de que el causante no cumplió con el requisito de los 20 años de servicio en la docencia oficial del orden territorial.

1. La pensión gracia.

En primer lugar es preciso anotar, que la pensión gracia tiene un carácter especial y aparece reglada en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933. La primera creó el derecho y fijó sus paramentos: titulares, tiempo de servicio, edad, requisitos adicionales, cuantía y sujeto obligado a pagarla. La segunda y tercera leyes ampliaron los titulares y el tiempo de servicio computable para esta prestación, tal como se ha concretado en las sentencias de esta jurisdicción.

La Ley 114 de 1913 consagró esta prestación excepcional en beneficio de los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años (art. 1º). El artículo 3º determinó: “Los veinte años de servicio a que se refiere el artículo 1º podrán contarse computando servicios prestados en diversas épocas, y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la presente ley”.

La Ley 116 de 1928 extendió con las limitaciones necesarias, la anterior prestación excepcional a otros docentes, esto es, a los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública, para que posteriormente la Ley 37 de 1933 la extendiera a los maestros que hubieran completado los 20 años de servicio, en establecimientos de enseñanza secundaria.

De lo anterior se infiere que la pensión gracia no puede limitarse a los maestros de primaria, como se concibió en un principio, sino que ella cobija a aquellos que hubieren prestado 20 años de servicios como normalistas o inspectores educativos, parcialmente, y que el tiempo de servicios puede completarse, en todos los casos, con el prestado en educación secundaria o, incluso, puede haberse laborado solo en este nivel.

Es preciso anotar que, como lo manifestó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 26 de agosto de 1997, Expediente S-699, actor: Wilberto Therán Mogollón, criterio jurisprudencial que reitera de nuevo ahora la corporación, la pensión gracia, establecida por virtud de la Ley 114 de 1913, comenzó siendo una prerrogativa gratuita que reconocía la Nación a cierto grupo de docentes del sector público: los maestros de educación primaria de carácter regional o local; grupo que luego, cuando se expidieron las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, se amplió a los empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de instrucción pública y a los maestros de enseñanza secundaria de ese mismo orden. Y se dice que constituye privilegio gratuito porque la Nación hace el pago sin que el docente hubiese trabajado para ella.

En el presente caso, la Sala observa a folio 15 del expediente, certificación expedida por el auxiliar de posesiones y certificados de la secretaría del recurso humano del departamento de Antioquia, en la que consta que el señor Orlando Antonio (sic) Gutiérrez Zapata quien en vida se identificaba con la C.C. 8.246.853 prestó sus servicios como docente de tiempo completo desde el 16 de julio de 1980 en el Liceo del municipio de Anorí hasta el 15 de marzo de 1981. Fue trasladado a la Normal de María del Municipio de Rionegro desde el 16 de marzo de 1981 hasta el 7 de noviembre de 1994 y posteriormente al Liceo Lorenza Villegas del municipio de Medellín desde el 8 de noviembre de 1994 hasta el 19 de octubre de 1999.

Del análisis de las pruebas allegadas al expediente se concluye que el señor Gutiérrez Zapata (QEPD) estuvo vinculado con el departamento de Antioquia como docente, a partir del 16 de julio de 1980; de tal suerte que para todos los efectos debe considerarse como docente con carácter departamental, teniendo en cuenta que al tenor de lo dispuesto en el literal a) del numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, quedó comprendido dentro del proceso de nacionalización de la educación iniciado con la Ley 43 de 1975, por encontrarse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 y a quien le cobija la prescripción del literal a) del numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

2. Pensión gracia post mortem.

Ahora bien, se hace necesario precisar, si la pensión gracia por ser una prestación de carácter especial, es pasible de sustitución a los beneficiarios del docente fallecido.

Esta corporación, en sentencia de fecha 17 de mayo de 2007 en un caso de similares contornos, respecto a la pensión gracia post  mortem, sostuvo:

(...).

La pensión gracia post mortem

La finalidad de la sustitución pensional, es precisamente garantizarle a los beneficiarios del pensionado la posibilidad de su congrua subsistencia, en otras palabras, que la esposa o esposo, o compañero permanente, y los hijos menores de edad o que continúen sus estudios hasta los 25 años, tengan la seguridad, al menos económica, que recibían del pensionado fallecido quien aportaba al sostenimiento del hogar.

Sobre el particular, esta subsección en sentencia de 3 de abril de 2003, Expediente 1999-027301, Magistrado Ponente Jesús María Lemos Bustamante, dijo lo siguiente:

“Por último, es de anotar que la presente acción fue instaurada por la señora Mariana de Jesús Torres de Osorio, en calidad de cónyuge supérstite del señor Abraham David Osorio Franco.

De conformidad con el material probatorio allegado al expediente se demostró su legitimación por activa y su condición de cónyuge supérstite con derecho a la pensión de sobreviviente. En efecto obran en el plenario las siguientes pruebas:

• Certificado del registro civil del matrimonio celebrado entre el señor Abraham David Osorio Franco y la señora Mariana de Jesús Torres Ruiz, el 30 de enero de 1963 (fl. 39).

• Certificado del registro de defunción del señor Osorio Franco (fl. 31).

• Declaraciones juramentadas de las siguientes personas: Juan Rodríguez Rivera (fl. 149), Euclides Rafael Castro (fl. 150), Soyra Gómez de Iglesias (fl. 169) y José Antonio Sarmiento (fl. 170). Estas dos últimas, dan fe que la señora Torres de Osorio, en su calidad de cónyuge del señor Osorio Franco, convivió con él hasta su fallecimiento, es decir, el 27 de mayo de 1997.

Visto lo anterior, se dan los supuestos del artículo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993, que al respecto dice:

“ART. 47.—Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido” (negrillas del texto).

Por lo expuesto, la señora Torres de Osorio tiene derecho a sustituir a su cónyuge, señor Abraham David Osorio Franco, en el derecho de la pensión gracia post mortem que se reconoció a favor de él.

La Corte Constitucional en Sentencia C-461 de 12 de octubre de 1995, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, en tratándose del derecho a la igualdad de los pensionados, adujo:

El establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, comoquiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija.

Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se torga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta...”.

Queda establecido que el ordenamiento jurídico permite la pensión gracia post mortem para el cónyuge o compañero permanente que acredite los requisitos establecidos en la Ley, evitando desde luego, tratamientos inequitativos o desfavorables al momento de su reconocimiento, siendo entonces pertinente revisar su cumplimiento en el sub examine.

(...)”(1).

Corolario de lo expuesto, si bien la normatividad relativa a la pensión gracia de jubilación no contempla en caso de fallecimiento del docente la sustitución pensional en cabeza de sus posibles beneficiarios, como se observa, esta jurisdicción en diversos pronunciamientos ha hecho referencia a lo aquí planteado, haciendo procedente la sustitución de la pensión gracia de jubilación.

3. Aplicación del artículo 7º del Decreto 224 de 1972.

Ahora bien, el recurso de alzada gira en tomo a determinar si para el presente caso es posible dar aplicación a lo establecido en el artículo 7º del Decreto 224 de 1972, que preceptuaba:

“En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años”.

Por su parte, la honorable Corte Constitucional a través de un fallo inhibitorio consideró que dicho precepto legal se encontraba derogado tácitamente por los artículos 1º, 2º y 4º de la Ley 33 de 1973. En efecto, en Sentencia C-480 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), se precisó:

(...).

En efecto, a juicio de la corporación, la disposición acusada forma parte del Decreto-Ley 224 de 1972, expedido en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, mediante la Ley 14 de 1971 artículo 2º, al amparo de la Constitución Política de 1886. El referido decreto: “por el cual se señalan las asignaciones a los rectores o directores, prefectos y profesores de enseñanza primaria, secundaria o profesional normalista, al servicio del Ministerio de Educación Nacional y se establecen estímulos de diversa índole para los mismos funcionarios” en su artículo 7º, consagró dos hipótesis jurídicas para el disfrute de la sustitución pensional del cónyuge supérstite y de los hijos menores de los docentes; por lo tanto, según la disposición atacada, para su goce el cónyuge no debe contraer nuevas nupcias y en cuanto al hijo menor este tendrá derecho a recibir una mesada pensiona, hasta por un periodo de cinco (5) años o cuando llegue a la mayoría de edad.

“Para la corporación es ilustrativo observar cómo en relación con el límite temporal del derecho para ser titular de la pensión de sobrevivientes, el parágrafo 2 del artículo 1º de la ley 33 de 1973, derogó tal limitación, al disponer que:

“ART. 1º—fallecido un trabajador particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez o un empleado o trabajador del sector público, sea este oficial o semioficial con el mismo derecho su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia”.

(...).

PAR. 2º—A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan derecho causado a disfrutar de los cinco (5) años de sustitución de pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta ley”.

Entonces, para la Sala se puede colegir que, por virtud de este último parágrafo, las cónyuges titulares de la referida pensión, que al momento de la expedición de la Ley 33 de 1973, gozaban de la prestación social, les es modificado su derecho por la nueva ley, en forma vitalicia. En consecuencia, en criterio de la Corte, la norma atacada no está produciendo ningún efecto jurídico, por lo tanto, la Corte se inhibirá de pronunciarse en relación con la expresión atacada y así se declarará en la parte resolutiva de esta sentencia.

“De otra parte, en relación con el derecho de los hijos menores al disfrute de la pensión, el artículo 1º de la ley 33 de 1973, en su parágrafo 1º, dispuso: “los hijos menores del causante incapacitados para trabajar en razón de sus estudios o por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a recibir en concurrencia con el cónyuge supérstite, la respectiva pensión hasta cumplir la mayoría de edad o al terminar sus estudios, o al cesar la invalidez. En este último caso se aplicarán las reglas contempladas en el artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y en las disposiciones que lo modificaron o aclararon”, por lo tanto, en opinión de la Corte, tal norma amplió los términos para disfrutar el derecho a la sustitución pensional, incluyendo, naturalmente a los incapacitados, o por razón de sus estudios o por invalidez, en este último evento, deben aplicarse las reglas contempladas en el artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y las disposiciones que lo modificaron y aclararon, por lo que se colige que la norma acusada quedó derogada tácitamente por la nueva ley.

Ahora bien, con la restricción del derecho a la sustitución pensional del cónyuge supérstite por contraer nuevas nupcias, la Corporación reiterará lo expresado en las sentencias C-309 de 1996, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual se declararon inexequibles las expresiones: “o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital, contenidas en el artículo 2º de la Ley 33 de 1973, que a su vez derogó el artículo 7º del decreto Ley 224 de 1972 como quiera que, el artículo 4 de la referida ley dispuso que: “Esta ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias” (subraya el despacho).

En conclusión, la Corte considera que el artículo 7º del decreto Ley 224 de 1972, no está produciendo efectos jurídicos en virtud de la derogatoria tácita dispuesta en los artículos 1º, 2º y 4º de la ley 33 de 1973” (resaltado fuera del texto).

Luego se expidió la Ley 71 de 1988, en cuyo artículo 3º se estableció:

“Extiéndense las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973 de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, en las condiciones que a continuación se establecen:

El cónyuge sobreviviente o compañero permanente, tendrán derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores o inválidos por mitades la sustitución de la pensión con derecho a acrecer cuando uno de los dos órdenes tenga extinguido su derecho. De igual manera respecto de los hijos entre sí.

Si no hubiere cónyuge o compañero o compañera permanente, la sustitución de la pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores o inválidos por partes iguales.

Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero permanente, ni hijos menores o inválidos, la sustitución de la pensión corresponderá a los padres.

Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, ni padres, la sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante”.

Y en el artículo 11 ibídem se dispuso:

“Esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4ª de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contiene los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán a favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez” (subraya la Sala).

Posteriormente, con la expedición de la Ley 100 de 1993, se modificó íntegramente el régimen de seguridad social para los empleados del sector público, oficial, semioficial y privado, derogando las disposiciones antes citadas, y en el artículo 279 ibídem, se exceptuó del sistema integral de seguridad social a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989 y se protegió la expectativa legítima pensional de docentes territoriales vinculados antes del 31 de diciembre de 1980.

Para la Sala, los requisitos, beneficiarios y monto de la sustitución pensional señalados en el régimen general, también son aplicables a los servidores a que hace referencia el mencionado artículo 279, quienes a pesar de hallarse excluidos del régimen general que consagra la ley de seguridad social, tienen derecho a que no se les desconozcan las garantías y beneficios adquiridos, máxime cuando el régimen especial no ha previsto nada con relación a la sustitución pensional.

De tal suerte que al establecer que las disposiciones que contemplan el derecho a reclamar la pensión gracia de jubilación (L.114/13, 116/28 y 37/33) no hacen relación alguna en el evento del fallecimiento de un docente antes de cumplir los 20 años de servicios, para efectos del reconocimiento de la prestación aludida, y por encontrarnos ante una pensión con carácter especial como lo es la pensión gracia, se debe dar aplicación a las normas que contempla dicha prestación; sin embargo, frente al vacío de la ley y ante las circunstancias especiales y particulares, como en este caso es el fallecimiento del docente en forma violenta antes de cumplir con los 20 años de labores, como es el aquí controvertido, la Sala acudirá no sólo al sentido común, sino a la aplicación de los principios de favorabílidad, equidad y proporcionalidad dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 224 de 1972, teniendo en cuenta que por no encontrarse regulado este evento por las normas especiales de la pensión gracia, esta encaja dentro de las circunstancias particulares de los actores.

Así las cosas, esta Sala disiente de la perspectiva objetiva manejada por el juez de primera instancia al denegar el reconocimiento de la pensión gracia post mortem en cabeza del señor Gutiérrez Zapata, al ceñirse al simple texto de la ley, esto es, les negó el derecho por no haber completado los 20 años de servicios exigidos, desconociéndoles las garantías y beneficios mínimos adquiridos con anterioridad.

Como quiera que el señor Gutiérrez Zapata fue vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 como docente con carácter departamental, era un posible candidato a hacerse acreedor al beneficio de la pensión gracia, por ser una prerrogativa gratuita que otorgaba la Nación a cierto grupo de maestros sin que hubiese trabajado para ella ni hubieran hecho algún tipo de aporte.

De acuerdo a lo anterior, dentro del expediente se encuentra probado que el señor Gutiérrez Zapata (QEPD) laboró en planteles oficiales al servicio del Departamento de Antioquía desde el 16 de julio de 1980 hasta el 19 de octubre de 1999, pues el día 20 de octubre de 1999, ocurrió su fallecimiento. De lo anterior se desprende que laboró por un lapso superior a los dieciocho (18) años de servicio que el artículo 7º del Decreto 224 de 1972 contempla, por lo que en aras de la protección del derecho al mínimo vital, en armonía con los principio de favorabilidad y equidad que las leyes contemplan, la Sala ha de manifestar sin lugar a dudas que habrá lugar en este caso, al reconocimiento de la pensión gracia de jubilación solicitada, teniendo en cuenta que se acreditaron los requisitos consagrados en la Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 en armonía con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 224 de 1972, por encontrarse los actores en las circunstancias contempladas en esta normatividad.

Del material probatorio allegado al expediente, se observa a folio 21 del expediente copia del registro civil de defunción en el cual consta que el deceso del señor Orlando Alberto Gutiérrez Zapata ocurrió el día 20 de octubre de 1999. Con fundamento en lo anterior, el cargo fue declarado vacante por fallecimiento mediante Decreto 2737 del 19 de noviembre de 1999, a partir del 20 de noviembre de 1999 (fl. 15).

También obra a folio 114 del expediente certificado del registro civil de matrimonio, en el que se observa que el señor Orlando Alberto Gutiérrez Zapata contrajo matrimonio católico con la señora Amelia de Jesús Hernández Ríos el 22 de diciembre de 1984, así como copia del registro civil de nacimiento de Edwin Orlando Gutiérrez Hernández en el que consta que además de ser hijo de los antes mencionados nació el 25 de febrero de 1986, documentos que demuestran el parentesco con el docente fallecido.

Dentro del anterior contexto, habrá de revocarse la providencia apelada y, en su lugar, se accederá a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenando el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación post mortem a favor del señor Orlando Alberto Gutiérrez Zapata (QEPD) a partir del 20 de octubre de 1999, fecha en que ocurrió su deceso y se ordenará la sustitución a favor de los demandantes, de acuerdo con las previsiones de ley. La liquidación de ésta prestación se realizará tomando en cuenta el promedio de los últimos factores salariales percibidos por el señor Gutiérrez Zapata antes de ocurrido su fallecimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

REVOCASE la sentencia del trece (13) de marzo de dos mil siete (2007), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las súplicas de la demanda promovida por los señores Amelia de Jesús Hernández Ríos y Edwin Orlando Gutiérrez Hernández en su condición de beneficiarios sustitutos del señor Orlando Alberto Gutierrez Zapata contra la Caja Nacional de Previsión Social. En su lugar se dispone:

DECLÁRASE LA NULIDAD de las resoluciones 09130 del 8 de mayo de 2002 y 01531 del 27 de febrero de 2004, emanadas de la Caja Nacional de Previsión Social, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación post mortem a los señores Amelia de Jesús Hernández Ríos y Edwin Orlando Gutiérrez Hernández.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, condénese a la Caja Nacional de Previsión Social, a reconocer y pagar a los señores Amelia de Jesús Hernández Ríos y Edwin Orlando Gutiérrez Hernández en su calidad de beneficiarios sustitutos del señor Orlando Alberto Gutiérrez Zapata la pensión gracia de jubilación a partir del 20 de octubre de 1999, teniendo en cuenta para su liquidación el promedio de lo que haya percibido por todo concepto, durante el año inmediatamente anterior al momento de su fallecimiento.

Las sumas que resulten en favor de la actora, se ajustarán en su valor, dando aplicación a la siguiente fórmula:

R= Rh x Índice final

Índice inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el valor correspondiente a la mesada pensional, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de la providencia).

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada pensional y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

A la sentencia se dará cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Sentencia del 17 de mayo de 2007. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Actor: Gloria Stella Scott de Serrano. Radicado 1999 - 02169 - 01(1922 - 06).