SENTENCIA 2004-05433/40451 DE SEPTIEMBRE 21 DE 2016

 

Sentencia 2004-05433 de septiembre 21 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 76001-23-31-000-2004-05433-01 (40.451)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Ancir Valencia Ambuila y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008(18), de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

Oportunidad de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(19), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o queda ejecutoriada la providencia absolutoria —lo último que ocurra—(20).

En este caso, no obra la constancia de ejecutoria de la providencia por medio de la cual se absolvió a Ancir Valencia Ambuila; sin embargo, se encuentra que ésta se notificó por edicto que permaneció fijado hasta el 8 de julio de 2003(21). Teniendo en cuenta esta fecha, se observa que, para el momento en que los demandantes presentaron la demanda —15 de diciembre de 2004—, la acción no había caducado.

Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso, el objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad de Ancir Valencia Ambuila, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad (reiteración de jurisprudencia)

En cuanto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —anterior Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

Bajo este escenario, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone la declaración de ésta en todos los eventos en los cuales quien ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación en su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió o iii) la conducta era atípica.

De igual forma, la posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado contempla la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva en aquellos eventos en los cuales se aplica, dentro del proceso penal respectivo, el principio universal de in dubio pro reo(22).

Así, pues, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e, incluso, así se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si se da alguna de las causales recién mencionadas o se estructura una falla en el servicio se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados, siempre que quien demande no tenga el deber jurídico de soportarlos.

Caso concreto

El 24 de septiembre de 1997, el Juzgado Ochenta y Ocho de Instrucción Penal Militar dejó a disposición de la Fiscalía Seccional de Zarzal a Ancir Valencia Ambuila, así:

“… me permito enviar a ese Estrado Judicial las diligencias que hacen relación a un procedimiento policial llevado a cabo en el municipio de Zarzal en el día de ayer 230997 a las 15:00 horas, del cual se derivó la captura de los agentes YESID MARTÍNEZ PIEDRAHITA y ANCIR VALENCIA AMBUILA, en momentos en que se disponían a recibir la suma de SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000) producto de una extorsión de la cual venía siendo objeto la señora ALBA ROSA PELAEZ (sic) JIMENEZ (sic).

“Lo anterior teniendo en cuenta que la competencia radica en esa Fiscalía, porque los Policiales (sic) en el momento de su captura no prestaban ningún servicio policial, al parecer estaban disfrutando del turno de franquicia”(23).

El 25 de septiembre de 1997, la Fiscalía Seccional Treinta y Cinco Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Zarzal declaró abierta la investigación contra Ancir Valencia Ambuila y ordenó su vinculación mediante diligencia de indagatoria(24).

El 3 de octubre de 1997, la Fiscalía Seccional Treinta y Cinco Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Zarzal impuso a Ancir Valencia Ambuila medida de aseguramiento de detención preventiva, por los delitos de concusión(25), falsedad en documentos y porte ilegal de armas y solicitó al Director de la Policía Nacional suspender en el ejercicio de su cargo al señor Valencia Ambuila(26).

El 2 de diciembre de 1997, la Fiscalía Seccional Treinta y Cinco Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Zarzal negó el beneficio de libertad provisional a Ancir Valencia Ambuila, por no encontrar reunidos los requisitos exigidos por la ley para ello(27).

El 24 de diciembre de 1997, la Fiscalía Seccional Treinta y Cinco Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Zarzal dispuso: i) revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta a Ancir Valencia Ambuila, respecto del delito de extorsión, b) imponerle dicha medida de aseguramiento por el delito de constreñimiento ilegal en concurso con los de porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documentos y c) conceder al sindicado el beneficio de la libertad provisional bajo caución juratoria y previa suscripción de acta compromisoria(28). Para el efecto, sostuvo (se transcribe como obra en el expediente):

“… estimamos que la conducta extorsiva que se les ha venido endilgando a los dos encartados, en cambio de fortalecerse ha ido perdiendo su validez y más bién (sic) diríase que el dicho de éstos en cuanto a que su intención era la de dar captura al hijo de la presunta víctima, se abre campo en esta investigación, de tal manera que si presionaron a la señora PELÁEZ JIMÉNEZ, para que se presentara en esta localidad en compañía de su descendiente, resulta claro que la conducta encuadra dentro de los parámetros establecidos en el artículo 276 del Código Penal, porque como se dijo la exigencia económica que constituiría el provecho ilícito ha perdido su validez, y en razón de ello habrá de revocarse la medida asegurativa en cuanto atañe a la sindicación del cometimiento del ilícito de EXTORSIÓN, y en su defecto se proferirá por el contemplado en la norma precitada … la que con las señaladas para los ilícitos de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal y Falsedad en Documentos, en concurso, no sobrepasaría los tres años de prisión, si tenemos en cuenta lo establecido en el artículo 26 del Código Penal; Pero por otra parte, debemos señalar que si bien al momento de la comisión de los hechos que se les imputan, los encartados eran miembros activos de la Policía Nacional, como se vio no actuaron en ejercicio de sus funciones, sino a título personal, sin que hubiesen tampoco que se diga que requieran tratamiento penitenciario, de tal manera que encontrándose reunidos a cabalidad los requisitos del artículo 68 del Código Penal, para suspender en su favor la ejecución de la sentencia, en caso de ser condenados, procede igualmente la concesión del beneficio de la libertad provisional …”(29).

El 14 de enero de 2002, la Fiscalía Seccional Treinta y Cinco Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Zarzal profirió resolución de acusación contra Ancir Valencia Ambuila y dispuso que podía continuar gozando del beneficio de la libertad provisional(30).

El 27 de junio de 2003, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Roldanillo absolvió a Ancir Valencia Ambuila de los delitos de falsedad material de particular en documento público, constreñimiento ilegal y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, en los siguientes términos (se transcribe como obra en el expediente):

Hechos

“Se desprende del contenido de los informes policivos visibles a los folios 3 y 4 de este proceso, que a las tres de la tarde del día 23 de Septiembre de 1997, fueron capturados en el parque Santander de la localidad de Zarzal Valle, los señores YESID MARTÍNEZ PIEDRAHITA y ANCIR VALENCIA AMBUILA, cuando ‘se disponía a recibir la suma de $ 6.000.000 =, producto de una extorsión de la que venía siendo víctima la señora ALBA ROSA PELÁEZ JIMÉNEZ’. Se dice igualmente en los referidos informes, que a los aprehendidos les fue decomisado un revólver marca Smitch & Wesson, calibre 38 largo, sin munición y una orden de captura número 1721, sin fecha, de la Fiscalía 24 Local de Tuluá Valle,

(…).

“Falsedad Material de Particular en Documento público…

“Al respecto, al folio 9 del plenario se allegó por la Policía de este Distrito, un formato de orden de captura, en fotocopia, del Despacho de la Fiscalía 24 Local de Tuluá Valle, sin fecha, carente de los datos indispensables para actuar con la seguridad que la persona señalada o capturada es la misma requerida por la justicia. Además, en él se hace figurar como Fiscal del proceso, al doctor…, sin que aparezca el supuesto Funcionario estampando su firma avalando lo allí escrito. Únicamente de forma somera, se insertan algunos datos del supuesto procesado y requerido JOSÉ DAVID GIRALDO, ignorándose su segundo apellido, número de cédula de ciudadanía, el nombre de sus padres, fecha de nacimiento … En consecuencia, dedúcese que el folio 9 de la presente causa, carece de los elementos estructurales mínimos necesarios para considerarlo como documento público, no solo por la ausencia de originalidad, sino también por las falencias que presenta … Por lo demás, y como quiera que la norma represiva aquí aplicada exige que el documento falsificado puedan servir de prueba (resalta el Despacho), requisito que en momento alguno se llenó en el caso a estudio por cuanto que no produjo efecto cualquiera toda vez que hasta donde se sabe, JOSÉ DAVID GIRALDO, continúa prófugo de la justicia …

“Por otra parte, injusto resultaría que en tal caso se responsabilizara de la autoría material del ilícito de Falsedad a los encausados, si en cuenta se tiene que los mismos son enfáticos en afirmar haberlo recibido del señor conocen como ROBERTO, individuo que llegó a ellos manifestando ser familiar de la occisa cuyo nombre se desconoce, porque nada se hizo para establecer la existencia de aquel proceso de HOMICIDIO, como tampoco acerca de la procedencia de la fotocopia en cuestión, con lo cual se hubiera podido comprobar si se trataba o no de fiel reproducción y mucho menos si quien aparece como Funcionario responsable de la presunta orden, en realidad pertenece o perteneció al grupo de Fiscales de la ciudad de Tuluá, Valle.

“ART. 276.—Constreñimiento Ilegal…

“Fue finalmente la ubicación jurídica del comportamiento de los encausados dedujo la Fiscalía del proceso, pues inicialmente se pregonaba extorsión, calificándose en la parte pertinente de la Medida de Aseguramiento como concusión. Pero resulta que la calificación en tales términos adoptada, se encuentra cuestionada frente a la versión vertida a folios 124 del cuaderno original por el señor MARINO PARRA PELÁEZ, sobrino de la presunta ofendida ALBA ROSA PELÁEZ JIMÉNEZ, dado que allí corrobora en un todo las exculpaciones dadas por los acusados en los actos de injurada, esto es, que quien ofreció dinero para que dejaran a su hijo tranquilo fue la aquí pretendida ofendida, ofrecimiento que al ser rechazado por los uniformados la hizo cambiar de parecer, para en cambio darles el revólver de autos como garantía de entrega del presunto prófugo, diligencia que se cumplirá en determinado lugar del municipio de Zarzal, Valle, cuando regresaría a su poder el arma de fuego en referencia, pacto incumplido por no haberse hecho presente la susodicha señora al sitio de la entrega de su hijo y la devolución del arma.

“A lo anterior se suma la falencia policiva consistente en no haber esperado el momento preciso en que sucediera la entrega del dinero de que habla la denunciante, de haber sido cierto el acuerdo entre ella y los policiales acusados. De ahí, que el Ente investigador se mostrara indeciso para adecuar en ese sentido la conducta que se dice desplegaron los incriminados en la residencia de la presunta víctima, puesto que como quedó atrás dicho, en las primeras foliaturas se habla del hecho punible de Extorsión, luego de Concusión y finalmente Constreñimiento Ilegal, ilicitud en la cual se incurre según la norma transcrita, cuando una persona psicológicamente es sometida a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, circunstancias que de acuerdo con el testimonio del sobrino de la pretensa constreñida, no se dieron en el comportamiento de los por esa época agentes de la Policía Nacional YESID MARTÍNEZ PIEDRAHITA y ANCIR VALENCIA AMBUILA, toda vez que como lo precisan en sus injuradas, rechazaron el ofrecimiento en sus injuradas, rechazaron el ofrecimiento en referencia.

(…).

“En verdad, los planteamientos esbozados en la vista pública por la ilustre togada defensora de los aquí procesados, llevan a la reflexión sobre este tópico, porque frente al testimonio rendido por MARINO PARRA PELÁEZ ya analizado renglones atrás y el cual poca o ninguna importancia ofreció a la Fiscalía y toda al dicho de EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO, como el anterior sobrino también de la señora ALBA ROSA, no obstante ser testigo de oídas puesto que formuló la denuncia a nombre de aquella, el concepto que hasta ese momento se tenía sobre la responsabilidad de los encartados en el hecho investigado, obviamente tenía que variar considerablemente, mucho más cuando solo se cuenta con el huérfano concepto de la señora tantas veces nombrados, dado que no fueron llamadas a declarar las señoras CARMENZA GIRALDO Y LUZ DELIA GIRALDO, citados como testigos presenciales de los hechos.

“… Por tanto, son de recibo las argumentaciones de la Defensa expuestas para cada uno de los casos determinados por la Fiscalía del proceso como violatorios de las normas penales acápites atrás transcrita, debiéndose decir entonces, que el porte ilegal de armas de fuego tampoco existió porque en puridad de verdad los encartados, por esa época miembros activos de la Policía Nacional, en el peor de los casos estaban con la facultad de decomisar el revólver que ahora hace parte del armerillo correspondiente. Pero como quedó claro, no fue ese el procedimiento policial que realizaron dentro de la residencia de ALBA ROSA PELÁEZ en la ciudad de Pereira Risaralda, porque como lo afirman los incriminados y corrobora el testigo PARRA PELÁEZ …, lo recibieron como contraprestación o cumplimiento de lo pactado con aquella señora, y prueba de ello es el hecho de no haber dispuesto de la cosa, de una parte, y conservarla sin carga o munición, de la otra, tal como se dejó constancia en uno de los informes policivos que dieron origen a esta causa.

En razón de los vacíos investigativos que afloran en este expediente, y en la ausencia de la prueba exigida por el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal para condenar, es menester aplicar el principio constitucional consagrado en el artículo 7º, de la citada obra … desvinculando de forma definitiva de este proceso a los aquí encausados, absolviéndolos de los cargos formulados …”(31) (se resalta).

De lo anterior, se colige que las razones que llevaron a la absolución se contraen a la inexistencia de elementos de juicio que permitieran incriminar al señor Valencia Ambuila como responsable de los delitos que le fueron imputados; por tanto, la absolución devino del hecho consistente en que no se logró establecer ni, mucho menos, probar la responsabilidad penal del mencionado señor.

Mediante escrito del 4 de marzo de 2004(32), el Director de la Cárcel Municipal de Zarzal (Valle del Cauca) certificó:

“… el Señor (sic) ANCIR VALENCIA AMBUILA …, estuvo detenido en este centro carcelario por el presunto delito de CONCUSION (sic) FALSEDAD EN DOCUMENTO, PORTE ILEGAL DE ARMAS, desde el 24 de Septiembre (sic) de 1997 hasta el 24 de Diciembre (sic) de 1997, por orden de la Fiscalía Seccional 35 de esta ciudad, según orden de Encarcelación (sic) Número (sic) 033”.

Así, es claro que se configura una de las circunstancias en que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala, quien ha sido privado de la libertad tiene derecho a ser indemnizado, pues, según la administración de justicia, no se probó la responsabilidad penal de Ancir Valencia Ambuila, lo cual equivale a que éste no cometió los delitos por los que fue vinculado a un proceso penal.

Desde esa perspectiva, resulta por completo desproporcionado pretender que se le exija al citado señor que asuma, como si se tratase de una carga pública que todos los administrados deben asumir en condiciones de igualdad, la privación de su libertad.

Por consiguiente y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que el señor Valencia Ambuila no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que éste debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, de indemnizar o resarcir los perjuicios causados, teniendo en cuenta que su actuación constituyó la causa eficiente de la injusta detención.

La Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(33), causales que no fueron acreditadas en el plenario.

La Fiscalía General de la Nación alegó como eximente de responsabilidad el hecho de un tercero, por cuanto la investigación penal se adelantó por la denuncia que presentó Edilson Antonio Peláez y por la declaración de Alba Rosa Peláez.

En relación con el hecho de un tercero como supuesto de exoneración de responsabilidad, esta Subsección ha dicho(34):

“… En ese mismo sentido, en cuanto al hecho de un tercero igualmente alegado como causal de exoneración de responsabilidad en el recurso de apelación que ahora se examina, todo por cuanto en el reconocimiento en fila de presos y fotográfico que hicieron las denunciantes señalaron a la víctima directa del daño como autor de la (sic) hecho punible que se investigó, conducta que habría dado lugar a la privación de su libertad, la Subsección advierte que la constitución de esta causal exige que la actuación alegada como tal sea exclusiva y determinante en la producción del daño y que además resulte imprevisible e irresistible para la Administración, para cuyo propósito debe acreditarse que el tercero participó de forma preponderante y exclusiva en la realización del injusto. Así, de probarse cada uno de estos elementos, deberá absolverse al demandado e imputarse el daño al tercero(35).

“Así las cosas, se tiene que en el presente asunto no es posible predicar la existencia del hecho de un tercero (sic) puesto que en el sub examine resulta fuera de toda duda que fue la Fiscalía General de la Nación la que a través de sus decisiones determinó la privación de la libertad al ahora demandante (sic) la cual finalmente devino en injusta; en esa medida (sic) la demandada Fiscalía General de la Nación era la única responsable de producir el daño, razón por la cual las consecuencias de ello sólo le son imputables a ella.

“A lo anterior se debe añadir que (sic) si bien fue con ocasión de la denuncia y del reconocimiento en fila de presos y fotográfico que realizaron las mismas denunciantes que se vinculó al ahora demandante a la investigación penal, lo cierto es que la Fiscalía General de la Nación fue la que en el marco de sus competencias adelantó toda la investigación penal y fue ella a través de sus decisiones la que ocasionó el dañó al señor…, razón por la cual dicho argumento no está llamado a prosperar…”.

Conforme a todo lo anterior, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto Ancir Valencia Ambuila.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Por dicho concepto, en la demanda se solicitaron 200 SMLMV para cada uno de los señores Ancir Valencia Ambuila (afectado) y Yenny Loboa Mancilla (compañera permanente) y 100 SMLMV para cada uno de los señores Brayan Stiven Valencia Loboa, Julián Andrés Valencia Cantoñi y Nasly Yuliana Valencia Mina (hijos).

Pues bien, en relación con el parentesco de los demandantes con Ancir Valencia Ambuila, obran en el proceso las siguientes pruebas:

1. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Julián Andrés Valencia Cantoñi y de Brayan Stiven Valencia Loboa y copia del certificado del registro civil de nacimiento de Nasly Yuliana Valencia Mina, en los que consta que son hijos de Ancir Valencia Ambuila (fls. 5 a 7, cdno. 1).

2. En relación con la señora Yenny Loboa Mancilla, quien acudió en calidad de compañera permanente de Ancir Valencia Ambuila, no obra prueba alguna en el plenario que demuestre dicha calidad.

Si bien en el registro de nacimiento de Brayan Stiven Valencia Loboa aparece que la señora Loboa Mancilla es su madre (fl. 7, cdno. 1), dicha circunstancia, por sí sola, no demuestra que esta última es la compañera permanente del señor Valencia Ambuila; al respecto, se echa de menos prueba testimonial u otra prueba que acredite la calidad alegada por la citada señora, a lo cual se suma que tampoco obra prueba alguna que demuestre que tiene la condición de tercera damnificada.

Aunque se aportó la declaración rendida por Yenny Loboa Mancilla ante la Inspección de Policía Municipal de Guachené(36), se advierte que ella actúa en este proceso en calidad de demandante; por tanto, no puede dársele valor probatorio.

Por consiguiente, la Sala no reconocerá indemnización alguna por este perjuicio a favor de Yenny Loboa Mancilla.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en los eventos en los cuales una persona es detenida, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad(37); así mismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(38).

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, en caso de privación injusta de la libertad, la Sala de la Sección Tercera, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(39), estableció los siguientes parámetros:

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ver tabla
 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa o compañero (a) permanente y parientes en el 1° de consanguinidadParientes en el 2° de consanguinidadParientes en el 3° de consanguinidadParientes en el 4° de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Ahora, como lo ha manifestado esta Subsección, si bien es cierto que toda persona sometida a una medida de aseguramiento o que se le haya impuesto una restricción jurídica de su libertad en virtud de un proceso penal tiene derecho a una reparación, cuando resulta absuelta o la investigación precluye a su favor, también es cierto que, con el fin de calcular el monto indemnizatorio por perjuicios morales, se debe tener en cuenta qué tipo de medida la afectó, esto es, si se trató de una privación de su libertad en establecimiento carcelario, detención domiciliaria o si se le impuso una privación jurídica de la libertad, pues la indemnización a reconocer frente a una persona que ha sufrido una privación injusta de su libertad en establecimiento carcelario no será la misma que se le deba reconocer a quien, pese a padecer una restricción de su libertad, no la padece allí.

Esta Subsección se pronunció sobre la reducción del quantum indemnizatorio en casos de privación jurídica de la libertad así:

“… cada vez que una persona sindicada de un delito y que ha sido vinculada a un proceso penal, por cuya virtud le ha sido impuesta una medida de aseguramiento y, además, fue (sic) objeto de una restricción jurídica de su libertad (sic) amerita ser indemnizada cuando resulta absuelta o se precluye a su favor la investigación, esta Subsección considera pertinente precisar que tal situación sí estará llamada a incidir en la indemnización del perjuicio moral.

“Dicho de otra manera, el quantum indemnizatorio a reconocer frente a una persona que ha sufrido una privación injusta y física de su libertad, no será siempre el mismo que se le deba reconocer a quien, pese a padecer una restricción de su libertad, no la afronta de manera física en un establecimiento carcelario.

“Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que la finalidad de la medida de aseguramiento no es la de sancionar al sindicado sino la de asegurar su comparecencia al proceso, quien seguirá gozando de la presunción de inocencia, pero debe permanecer a disposición de la Administración de Justicia:

“(…).

“En virtud de esa expresión punitiva del Estado surge una total subordinación del recluso frente a aquel, pues el interno queda sometido a un régimen jurídico especial, con una restricción de sus derechos fundamentales mucho más amplia frente a quienes son objeto de una medida cautelar o preventiva, como lo es la medida de aseguramiento sin detención física, tal como ocurrió en este caso.

“Entre esa amplia gama de derechos fundamentales que resultan afectados se destacan la intimidad, la reunión, el trabajo, la educación, entre otros no menos importantes, al punto que la referida relación de subordinación en la que se ubica, per se, el privado físicamente de su libertad en centro penitenciario, ha sido considerada por la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo como una relación de especial sujeción(40).

“Así pues, dadas las diferencias evidentes que existen entre una y otra restricción a la libertad, es decir, aquella que comporta la privación física dentro de un centro carcelario y la que surge como consecuencia de una medida de aseguramiento de carácter preventivo o cautelar, la Sala advierte que la indemnización a reconocer por concepto del perjuicio moral frente a los daños antijurídicos producidos a causa de estas últimas no debe ser la misma a la que se accede frente a personas que sí contaron con una limitación de su libertad en la totalidad de su expresión o dimensión.

“Es más, la Sección Tercera de la Corporación ya había considerado y admitido esta postura, tal como lo refleja el siguiente pronunciamiento:

‘Está, pues, demostrado que el daño infligido al demandante, vale decir, su limitación a la libertad de locomoción y residencia reviste el carácter de antijurídico en tanto injusto por cuanto la víctima no estaba en la obligación de soportarlo, dado que … fue objeto de una medida de aseguramiento que entrañaba limitantes a su libertad por motivo de la sindicación del delito de prevaricato por omisión, cuando posteriormente el Tribunal Superior de Ibagué decidió absolverlo en tanto no cometió el hecho endilgado en su contra.

‘En tal virtud, la Sala reconocerá a favor del demandante (sic) a título de indemnización por el daño moral, 20 salarios mínimos legales mensuales, toda vez que las obligaciones aparejadas a la medida cautelar soportada no provocan todas las secuelas de desarraigo de quienes padecen detenciones preventivas de la libertad en un centro carcelario, aunque en todo caso comportó una clara violación del derecho fundamental de la libertad personal’(41) (se resalta).

“Sin que lo anterior constituya, desde luego, una regla absoluta e inmodificable, pues se precisa que en cada caso el juez deberá analizar la restricción jurídica a la libertad que sufrió el procesado que posteriormente resulta absuelto como consecuencia de una medida de aseguramiento, lo cierto es que la indemnización que se reconozca a los afectados no deberá ser, desde el punto de vista pecuniario, idéntica a la que se le reconoce a quienes sí fueron víctimas de una privación física de tan esencial derecho fundamental y la padecieron, además, en un centro de reclusión o cárcel.

“Con base en lo expuesto, la Subsección reducirá la indemnización por perjuicios morales a favor de los actores en este proceso en un 50%, pues como se indicó anteriormente, en el presente litigio se acreditó que el actor nunca estuvo privado físicamente de su libertad.

“A lo anterior se adiciona que, según la propia parte actora, la detención preventiva ‘en contra del Doctor … no se hizo efectiva, por cuanto se encontraba hospitalizado en la Clínica Fray Bartolomé de las Casas’, amén de señalar que incluso las restricciones que le fueron impuestas a esa persona no fueron absolutas, pues podía cambiar de domicilio mediante una comunicación al funcionario que conocía de su proceso y también podía salir del país con autorización previa(42).

“Se precisa, además, que la referida reducción de la indemnización está llamada a efectuarse únicamente respecto del perjuicio moral y no frente al rubro material, pues este (sic), al tratarse de un perjuicio cuya cuantificación debe acreditarse en el proceso, resultaría claramente arbitrario que se disminuya el reconocimiento que la parte actora demuestre que sufrió como consecuencia de la restricción jurídica de su libertad”(43).

En este caso, se encuentra que el señor Valencia Ambuila estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario desde el 24 de septiembre hasta el 24 de diciembre de 1997 (3 meses)(44) y que, posteriormente, se le concedió la libertad provisional, bajo caución juratoria —medida que duró 5 años, 6 meses y 2 días (desde dic. 25/97 hasta jun. 27/2003(45))—; por tanto, la Sala liquidará este perjuicio, así: respecto del primer período, se ceñirá a los parámetros jurisprudenciales acogidos por esta Corporación y, en cuanto al último período, es decir, los 5 años, 6 meses y 2 días que duró la privación jurídica de la libertad, se reducirá el 50% del valor de la condena —de acuerdo con la sentencia antes transcrita en lo pertinente—; pero, se advierte que, en todo caso, el valor total de la indemnización no podrá superar los topes máximos establecidos para asuntos de privación injusta de la libertad, salvo que se demuestre una condición particular que así lo amerite(46).

Teniendo en cuenta que el señor Valencia Ambuila estuvo privado de su libertad en establecimiento carcelario 3 meses, habrá lugar a reconocer treinta y cinco (35) SMLMV para cada uno de los señores Ancir Valencia Ambuila, Brayan Stiven Valencia Loboa, Julián Andrés Valencia Cantoñi y Nasly Yuliana Valencia Mina.

Ahora, la tasación de los perjuicios morales por la privación jurídica de la libertad de que fue objeto el señor Valencia Ambuila durante 5 años, 6 meses y 2 días será la siguiente (aplicando la reducción del 50% del quantum indemnizatorio): 50 SMLMV para cada uno de los señores Ancir Valencia Ambuila, Brayan Stiven Valencia Loboa, Julián Andrés Valencia Cantoñi y Nasly Yuliana Valencia Mina.

Así, como la indemnización total para cada uno de los demandantes no supera los valores máximos establecidos para estos asuntos, la Sala reconocerá ochenta y cinco (85) SMLMV a favor de cada uno de los señores Ancir Valencia Ambuila, Brayan Stiven Valencia Loboa, Julián Andrés Valencia Cantoñi y Nasly Yuliana Valencia Mina.

Perjuicios materiales

a) Daño emergente

Se solicitó por este concepto a favor de Ancir Valencia Ambuila la suma de $ 20.000.000, que —dice— canceló al abogado que asumió su defensa dentro del proceso penal.

Al respecto, encuentra la Sala que este perjuicio no se acreditó en debida forma, pues no se allegó al expediente ninguna prueba del pago realizado por concepto de honorarios profesionales; por consiguiente, no habrá lugar a reconocimiento por este concepto.

b) Lucro cesante

Por este concepto, se solicitó la suma de $ 50.000.000 a favor de Ancir Valencia Ambuila, por la pérdida de su empleo, “producto de la solicitud de suspensión por mas (sic) de 180 días”(47).

Pues bien, se allegó al expediente la Resolución 3512 del 2 de diciembre de 1997(48), proferida por el Director General de la Policía Nacional, en la que consta que Ancir Valencia Ambuila fue retirado del servicio activo de la referida entidad policial.

Sin embargo, se encuentra que el retiro del señor Valencia Ambuila de dicha institución se dio por “razones del servicio” y “por voluntad de la Dirección General”(49), mas no por su vinculación a la investigación penal.

Ahora, obra también en el plenario la Resolución 3341 del 18 de noviembre de 1997(50), por medio de la cual el Director General de la Policía suspendió del ejercicio de sus funciones a Ancir Valencia Ambuila, por solicitud del Fiscal Treinta y Cinco Seccional de Zarzal.

Al respecto, debe precisarse que, en cuanto a la medida de suspensión derivada del acatamiento de una orden judicial, la Sección Segunda de esta Corporación ha manifestado que ella no comporta la extinción del vínculo laboral, toda vez que tal medida consiste en una condición resolutoria que, posteriormente, será determinada con las consecuencias del proceso penal, razón por la cual, en los eventos donde el trabajador resulte favorecido, la suspensión del cargo desaparece de manera retroactiva, debiendo el empleador cancelar los salarios y prestaciones sociales por todo el tiempo que duró la suspensión.

Con fundamento en el anterior criterio esta Subsección ha considerado:

“En este sentido, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de 25 de enero de 2007(51), al recoger la posición sentada en la sentencia proferida dentro del proceso radicado con el Nº 730012331000199613147-01 (IJ-004) señaló:

‘El levantamiento de la suspensión - Efectos.

‘En el momento en que la medida judicial se levante, decisión que la autoridad judicial debe comunicar a la respectiva autoridad administrativa, cesan los efectos de la suspensión.

Ahora en eventos como el de autos, en el que el funcionario suspendido no fue condenado, debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante dicha etapa, retrotrayéndose la situación al momento en que fue suspendido del cargo, es decir (sic) como si nunca hubiera sido separado del servicio, y por ende tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir (sic) como si el trabajador efectivamente hubiera prestado el servicio por efectos de la función legal. En otras palabras vuelven las cosas al estado anterior.

‘(…).

La administración debió reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales correspondientes al término en cuestión, no siendo de recibo el argumento esgrimido por ella en el sentido de que no hubo prestación del servicio, pues ese era el efecto lógico y jurídico del acto de suspensión que expidió y con el cual autorizó, en forma implícita, la no prestación del servicio.

‘Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.

‘Si bien es cierto que la suspensión del actor no fue iniciativa del ente territorial con el que estaba vinculado laboralmente, tal circunstancia no lo releva de su condición de empleador y por ende no lo exonera del reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia del acto de suspensión’:

“Este criterio fue reiterado, en sentencia de 22 de marzo de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, en los siguientes términos(52):

‘De otra parte, advierte la Sala que la jurisprudencia del Consejo de Estado(53) ha sostenido que la decisión judicial de suspender del cargo y en consecuencia el pago de salarios y prestaciones, no implica que la relación laboral haya finalizado, dicho acto contiene por una parte una condición resolutoria respecto de la vinculación laboral (CCA, art. 66, num. 4º), que depende del resultado del proceso y de otra parte una condición suspensiva en relación con el derecho a percibir la remuneración.

En ese orden, cuando la condición resolutoria desaparece su efecto es retroactivo, esto es, desde la fecha en la que se dispuso la suspensión, en consecuencia queda sin sustento el acto que impuso la suspensión del derecho a percibir los emolumentos económicos aunque no se haya prestado el servicio. En el momento en que la medida judicial se levante, cesan sus efectos.

En casos en los que el funcionario suspendido no fue condenado, el efecto lógico es que debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante el retiro temporal del cargo, su situación debe restablecerse a la que tenía al momento en que fue suspendido, es decir como si no hubiera sido separado del servicio, y en consecuencia tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir que vuelven las cosas al estado anterior.

‘Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.

‘(…).

‘En cuanto al restablecimiento del derecho de carácter laboral, la Entidad a la cual estaba vinculado el actor debe asumir tal carga, sin embargo el nominador tiene la posibilidad de repetir contra la Fiscalía General de la Nación, entidad que impartió la orden de suspensión del cargo’ (se resalta).

“Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que la aspiración indemnizatoria formulada por concepto de los intereses moratorios derivados de los emolumentos dejados de percibir por los señores Fernando Vera Garavito y Jaime Acevedo Santana, en calidad de servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, en su carácter de derechos procedentes de una relación laboral administrativa que no tuvo solución de continuidad —pues como quedó acreditado en el expediente fueron efectivamente reintegrados mediante Resolución 207 del 17 de febrero de 2004—, no pueden ser reclamados con fundamento en la responsabilidad extracontractual deprecada en la demanda, comoquiera que la entidad nominadora es la obligada a su pago, habida cuenta, se repite, de su naturaleza eminentemente laboral”(54) (se resalta).

En tal sentido, es claro que los perjuicios derivados de la suspensión en el cargo que pudo haber sufrido el señor Valencia Ambuila debieron ser reclamados a la institución a la cual prestaba sus servicios, tal como lo ha considerado esta Sala en sentencias como la que acaba de transcribirse.

Aunado a ello, debe advertirse que, en todo caso, no existe prueba alguna que acredite que, desde el día en que el señor Valencia Ambuila fue privado de la libertad y hasta cuando se le suspendió en el cargo, dicho señor dejó de recibir sus emolumentos.

Por consiguiente, se negará esta pretensión.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 2 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; en su lugar, se dispone:

a) DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Ancir Valencia Ambuila.

b) CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales:

• Para Ancir Valencia Ambuila, afectado, 85 SMLMV.

• Para Brayan Stiven Valencia Loboa, hijo, 85 SMLMV.

• Para Julián Andrés Valencia Cantoñi, hijo, 85 SMLMV.

• Para Nasly Yuliana Valencia Mina, hija, 85 SMLMV.

c) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

18 Expediente 2008-00009.

19 Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998.

20 Entre otras, sentencias del 14 de febrero de 2002 (exp. 13.622) y del 11 de agosto de 2011 (exp. 21.801).

21 Folio 55, cuaderno 1.

22 Tesis que el suscrito ponente de esta providencia no comparte.

23 Folio 67, cuaderno 1.

24 Folio 75, cuaderno 1.

25 Mediante Resolución 206 del 25 de noviembre de 1997 se modificó la calificación provisional de la conducta y se concluyó que el delito que se debía endilgar a los procesados era el de extorsión, en concurso con los de falsedad en documentos y porte ilegal de armas de fuego (así se señaló en la Res. de acusación de ene. 14/2002).

26 Folios 10 a 17, cuaderno 1.

27 Folios 18 a 20, cuaderno 1.

28 Folios 21 a 26, cuaderno 1.

29 Folio 25, cuaderno 1.

30 Folios 27 a 39, cuaderno 1.

31 Folios 48 a 52, cuaderno 1.

32 Folio 9, cuaderno 1.

33 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009 (exp. 17.517), reiterada en sentencia de abril 15 de 2011 (exp. 18.284) y en sentencia del 26 de mayo de 2011 (exp. 20.299).

34 Sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente 35.091.

35 Sentencia de 18 de marzo de 2010, expediente 18.357.

36 Folio 8, cuaderno 1.

37 Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, expediente 12.076.

38 Sentencia del 20 de febrero de 2.008, expediente 15.980.

39 Expediente 36.149.

40 Corte Constitucional, sentencias T-596 de 1992, T-065 de 1995, C-318 de 1995, T-705 de 1996, T-1190 de 2003, T-490 de 2004, T-881 de 2002 y T-134 de 2005, las cuales fueron acogidas y, por ende, citadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección A, en sentencia de 3 de abril de 2013, expediente 26.581.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, expediente 16.075.

42 Folio 79, cuaderno de pruebas.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, expediente 34.554.

44 Folio 9, cuaderno 1.

45 Desde el día siguiente a la expedición de la resolución que le concedió la libertad provisional al señor Valencia Ambuila hasta cuando se precluyó la investigación penal a su favor.

46 Al respecto, esta Corporación ha sostenido que, si bien es cierto que dichos topes corresponden a unos parámetros objetivos que no implican una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, también es cierto que, para apartarse de los mismos, el juez debe valorar las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente (ver sent. ago. 28/2013, exp. 25.022).

47 Folio 101, cuaderno 1.

48 Folios 58 a 60, cuaderno 1.

49 Folio 58, cuaderno 1.

50 Folios 56 y 57, cuaderno 1.

51 Original del texto: radicación 05001-23-31-000-1998-00883-01 (1618-03), C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

52 Original del texto: radicación 25000-23-25-000-2003-05439-01(0090-09), C.P. Alfonso Vargas Rincón.

53 Original del texto: Sentencias de 6 de marzo de 1997, expediente 12.310, C.P. Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, y de 25 de enero de 2007, expediente 1618-03, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

54 Sentencia del 12 de mayo de 2016, expediente 40.182.