Sentencia 2004-05563 de mayo 7 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 760012332000200405563-01

Consejera Ponente:

Dra. Maria Claudia Rojas Lasso

Actor: Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza S.A.”

Autoridades nacionales

Bogotá, D. C., siete de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Procede la Sala a examinar los argumentos expuestos por la actora en el recurso de apelación y de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 320 del Código General del Proceso se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

La recurrente manifiesta en su escrito de inconformidad con la sentencia de primera instancia, que el Tribunal con base en los antecedentes administrativos de los actos acusados demuestra que los contratos de leasing de compraventa de equipos fueron renegociados, luego el plazo desde el que se debió contar la prescripción de la póliza, se corre automáticamente para ser contado a partir de las nuevas fechas pactadas.

Indica la apelante que de conformidad con el artículo 1081 del Código de Comercio, el término de los 2 años para que opere la prescripción de la garantía otorgada a favor de la Dian, para una importación temporal de largo plazo, se cuenta desde el momento en que el interesado, en este caso la Dian, haya tenido conocimiento del siniestro; para el presente caso el incumplimiento se generó desde la primera cuota dejada de pagar por la sociedad Bugatel, esto es desde el 9 de marzo de 1999, momento en el cual se da el supuesto normativo para ejecutar la póliza.

Expresa que está probado dentro del proceso que para el año 2001 la Dian estaba más que enterada del siniestro que implicaba el incumplimiento de una cualquiera de las cuotas de los tributos aduaneros ya que la misma administración solicitó a la sociedad Bugatel el 30 de abril de 2001, la remisión de los recibos de pago de las cuotas de los tributos aduaneros, solicitud a la que se dio respuesta el 19 de julio de 2001 y en la que se señala no haber pagado canon de arrendamiento alguno correspondiente al contrato de leasing.

Señala que de conformidad con el Decreto 2685 de 1999 existe la obligación de constituir garantía por el 100% de los tributos y que bajo el mismo marco normativo, en el artículo 46, se establece que la importación temporal se termina por la presentación de uno cualquiera de los siguientes eventos: “(…) c) (…) o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones inherentes a la importación temporal”; luego en armonía con el artículo 42 ibídem, el pago oportuno de los tributos, esto es, el pago de las cuotas semestrales (todas y/o una cualquiera de ellas), es una de las obligaciones inherentes, cuyo incumplimiento genera la terminación de la modalidad y por tanto la ejecución de la póliza otorgada para el amparo de tales fines.

Manifiesta que convalidar jurídicamente que un importador bien puede incumplir el pago parcial semestral de los tributos desde la primera hasta cualquier otra cuota y años después renegociar los contratos y fechas de pago, y por ello se extienda ipso facto el término de prescripción de las garantías prestadas, no está consagrado en ninguna norma aduanera.

Caso concreto

La compañía Bugatel S.A. realizó una importación temporal a largo plazo de mercancías en arrendamiento bajo el sistema de leasing, consistentes en “aparatos eléctricos de telefonía con hilos, central telefónica para 17.944 líneas cuyos componentes básicos constituyen una Unidad Funcional”, con el propósito de instalar éstas en lo que denominó proyecto BT-2, para lo cual celebró contrato de leasing internacional el 28 de julio de 1997 en el que se estableció que los cánones de arrendamiento generados por la importación de mercancías, se cancelaría semestralmente durante doce años(1).

En los antecedentes administrativos, respecto al contrato de leasing internacional, aparece acreditado lo siguiente:

— El proyecto fue autorizado por la Resolución 7 de 20 de noviembre de 1997(2) concediendo la prerrogativa de cancelar los tributos aduaneros en 10 cuotas semestrales, es decir en 5 años; y el plazo para contabilizar los semestres en los que se causa el pago de cada canon de arrendamiento y a la vez el pago de cada cuota correspondiente a los tributos aduaneros, sería a partir de la autorización de levante de la última declaración de importación presentada para el proyecto.

Para este caso, la aseguradora Seguros Confianza S.A. afianzó el cumplimiento de las obligaciones aduaneras derivadas de la importación temporal a largo plazo de mercancías en arrendamiento, al expedir las pólizas cuya efectividad se ordenó mediante los actos acusados.

— El contrato de Leasing suscrito el 28 de julio de 1997 entre Global Telecomunications Operations y Bugatel S.A. ESP(3) tuvo modificaciones mediante varios -otrosí- de fechas mayo 12 de 1999(4), septiembre 21 de 1999(5), diciembre 15 de 2000(6) y septiembre de 2001(7), como se establece del oficio de septiembre 3 de 2003(8) suscrito por el Representante Legal de Bugatel y dirigido al Jefe de División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración de Aduanas de Cali, en el que no solo solicita la prórroga de las declaraciones de importación temporal a largo plazo en la modalidad de leasing, sino que explica en 3 puntos el retraso en la ejecución del proyecto, así: “1.- Retraso de la ejecución del proyecto y puesta en servicio de los equipos y redes de fibra por parte de Siemens, que no permitieron el cumplimiento del cronograma de puesta en servicio de los equipos importados, causando perjuicios económicos a Bugatel S.A. ESP por pérdida de ingresos y de mercado, con respecto a su plan de negocios. (…)” “2.- Conflicto con la empresa regional de telecomunicaciones (ERT), que han causado graves perjuicios económicos y pérdida de mercado a Bugatel S.A. ESP, lo cual ha afectado su plan de negocios.(…)” y “3.- Incremento de la devaluación la cual afectó el plan de negocios (…)” . Además menciona que “Bugatel S.A. ESP dando cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 42 del Decreto 1909 de 1992 ha efectuado la ampliación de la vigencia de las pólizas hasta el año 2008, las cuales garantizan el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la finalización de la importación temporal y el pago de los Tributos Aduaneros según lo dispuesto en el decreto antes citado”.

En las todas las modificaciones del contrato inicial se puede observar el cambio en el plan de pagos de los cánones de arrendamiento, y especialmente en la última modificación realizada antes de la expedición de los actos acusados, contenida en un oficio de 10 de septiembre de 2001(9), al que denominaron —otrosí—, las nuevas fechas indican que la primera cuota del canon de arrendamiento se pagaría en septiembre de 2002 y la última, es decir la número 24 en septiembre de 2010, igualmente aparece que la cuota 10 (año 5) se pagaría en marzo de 2007.

Respecto al pago de los tributos aduaneros aparece acreditado lo siguiente:

— Se determina en los antecedentes de los actos acusados que el revisor fiscal de la sociedad Bugatel certifica en oficio de 3 de enero de 2001(10) que a noviembre 30 de 2000, la sociedad no ha cancelado a Global Telecomunications Operations Inc., cánones de arrendamiento por concepto de bienes recibidos en leasing internacional.

— Además en respuesta a la información requerida por la Dian el 7 de abril de 2003(11), la empresa Bugatel S.A. por oficio de 14 de abril de 2003(12), comunica nuevamente por medio de su representante legal que “La razón por la cual no se ha pagado los tributos aduaneros (…) no es otra diferente a que no se ha remesado ningún canon de arrendamiento en todo el año 2002, ni en lo transcurrido en el año 2003”.

— Por oficio de 10 de octubre de 2003(13) la DIAN, vencido el término de 5 años para el pago total de los tributos aduaneros (octubre 1 de 2003) de conformidad con el contrato de leasing de 28 de julio de 1997, solicita a la Sociedad Bugatel la remisión de la copia original del “Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros – Sanciones Cambiarias” correspondiente a las 24 cuotas (semestrales – duración del contrato de leasing), por valor de US$1.377.379.00, más los intereses de mora.

— Bugatel S.A. por su parte, el día 21 de noviembre de 2003(14), informó a la Dian que el día 20 de noviembre de 2003, radicó en la DIAN formato de “Solicitud de facilidad de pago” Nº 48753.

Bugatel S.A. durante el periodo comprendido entre el 1º de octubre de 1998 al 1º de octubre de 2003 no realizó pago de tributo aduanero alguno.

Problema jurídico

De conformidad con los argumentos del recurso de apelación, la Sala deberá determinar si dentro de la modalidad de importación temporal a largo plazo, al que le antecede un contrato de leasing, el incumplimiento de las cuotas para el pago de los tributos aduaneros, a fin de hacer efectiva la garantía, debe contabilizarse desde la configuración del primer incumplimiento de pago de cualquiera de las cuotas de los tributos aduaneros o desde el momento del vencimiento final para el pago de todas la cuotas de los tributos.

Además se deberá determinar si, en el presente caso, las modificaciones al contrato de leasing, en lo que respecta al plan de pagos de los cánones de arrendamiento, afectó el pago de tributos aduaneros, permitiendo extender su pago tanto como las modificaciones al pago de los cánones de arrendamiento de la mercancía.

Normas relativas a la importación temporal a largo plazo

Al momento de la expedición de los actos acusados eran las siguientes:

“DECRETO 2685 DE 1999

(Diciembre 28)

“(…)

“Sección V

Importación temporal para reexportación en el mismo estado

‘ART. 142.—Importación temporal para reexportación en el mismo estado.

Es la importación al territorio aduanero nacional, con suspensión de tributos aduaneros, de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada en el uso que de ellas se haga, y con base en la cual su disposición quedará restringida.

No podrán importarse bajo esta modalidad mercancías fungibles, ni aquellas que no puedan ser plenamente identificadas.

‘ART. 143.—Clases de importación temporal para reexportación en el mismo estado.

Las importaciones temporales para reexportación en el mismo estado podrán ser:

a) De corto plazo, cuando la mercancía se importa para atender una finalidad específica que determine su corta permanencia en el país. El plazo máximo de la importación será de seis (6) meses contados a partir del levante de la mercancía, prorrogables por la autoridad aduanera por tres (3) meses más o,

b) De largo plazo, cuando se trate de bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento, que vengan en el mismo embarque. El plazo máximo de esta importación será de cinco (5) años contados a partir del levante de la mercancía.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinará, conforme a los parámetros señalados en este artículo, las mercancías que podrán ser objeto de importación temporal de corto o de largo plazo.

PAR.—En casos especiales, la autoridad aduanera podrá conceder un plazo mayor a los máximos señalados en este artículo, cuando el fin al cual se destine la mercancía importada así lo requiera; de igual manera, podrá permitir la importación temporal a largo plazo de accesorios, partes y repuestos que no vengan en el mismo embarque, para bienes de capital importados temporalmente, siempre y cuando se importen dentro del plazo de importación del bien de capital.

En estos eventos, con anterioridad a la presentación de la Declaración de Importación, deberá obtenerse la autorización correspondiente.

‘ART. 144.—Declaración de Importación temporal de corto plazo.

En la Declaración de Importación temporal de corto plazo se señalará el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional y se liquidarán los tributos aduaneros a las tarifas vigentes a la fecha de su presentación y aceptación, para efectos de la constitución de la garantía, si a ello hubiere lugar.

En la Declaración de Importación temporal de corto plazo no se pagarán tributos aduaneros.

‘ART. 145.—Declaración de Importación temporal de largo plazo.

En la Declaración de Importación temporal de largo plazo se liquidarán los tributos aduaneros en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a las tarifas vigentes en la fecha de su presentación y aceptación y se señalará el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional.

Los tributos aduaneros así liquidados se distribuirán en cuotas semestrales iguales por el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Las cuotas se pagarán por semestres vencidos, para lo cual se convertirán a pesos colombianos a la tasa de cambio vigente, para efectos aduaneros en el momento de su pago.

‘ART. 146.—Pago de las cuotas correspondientes a los tributos aduaneros.

El pago de las cuotas correspondientes a los tributos aduaneros deberá efectuarse en los términos señalados en este Decreto, en los bancos o entidades financieras autorizadas para recaudar por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El pago oportuno de las cuotas permite al interesado la utilización de la mercancía en cualquier obra de su interés. Si el pago no se realiza oportunamente, el interesado podrá cancelar la cuota atrasada dentro de los tres (3) meses siguientes a su vencimiento, liquidándose los intereses moratorios de que trata el artículo 543º de este Decreto. Vencido este término sin que se hubiere producido el pago, la autoridad aduanera declarará el incumplimiento de la obligación y dispondrá la efectividad de la garantía y la aprehensión de la mercancía.

‘ART. 147.—Garantía.

Con el objeto de responder por la finalización de la importación temporal dentro de los plazos señalados en la Declaración y por el pago oportuno de los tributos aduaneros, la autoridad aduanera exigirá la constitución de garantía a favor de la Nación, hasta por el cien por ciento (100%) de dichos tributos, en las condiciones, modalidades y plazos que señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Para la importación temporal de mercancías que vengan destinadas a eventos científicos, culturales o recreativos no se exigirá la constitución de garantía.

“(…)

ART. 153.—Importación temporal de mercancías en arrendamiento.

Se podrán importar temporalmente al país bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan en un mismo embarque, cuando sean objeto de un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra, ingresen por un plazo superior a seis (6) meses y liquiden los tributos aduaneros vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la Declaración.

El total de los tributos aduaneros liquidados a que haya lugar, se dividirá en tantas cuotas como cánones de arrendamiento se hayan pactado en el contrato de arrendamiento, con o sin opción de compra. El pago de cada cuota deberá realizarse con una anticipación de quince (15) días a la fecha en que deban remesarse al extranjero los pagos por concepto del respectivo canon de arrendamiento.

Cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, con la última cuota correspondiente a este período, se deberá pagar el saldo de tributos aduaneros aún no cancelados. La mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato.

Se podrán celebrar contratos de arrendamiento financiero «leasing» sobre bienes importados al país bajo la modalidad de importación temporal de largo plazo, sin que se genere la terminación de dicha modalidad de importación, ni la pérdida de los beneficios obtenidos con la misma. En los eventos consagrados anteriormente, el respectivo contrato deberá conservarse por el declarante, conforme al artículo 155º del presente Decreto.

PAR. 1º—En casos especiales, la autoridad aduanera podrá permitir la importación temporal a largo plazo de accesorios, partes y repuestos que no vengan en el mismo embarque, para bienes de capital importados temporalmente, siempre y cuando se importen dentro del plazo de importación del bien de capital.

En estos eventos, con anterioridad a la presentación y aceptación de la Declaración de Importación, deberá obtenerse la autorización correspondiente.

Durante el plazo de la importación temporal de aeronaves destinadas al transporte aéreo de carga o pasajeros, se podrán importar temporalmente, con el cumplimiento de los requisitos previstos en las normas aduaneras, los accesorios, partes y repuestos que se requieran para su normal funcionamiento, sin que deba obtenerse la autorización a que se refiere el inciso anterior.

PAR. 2º—En caso de importación de helicópteros y aerodinos de servicio público y de fumigación por el sistema de leasing, sólo se causará impuesto sobre las ventas cuando se ejerza opción de compra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 2816 de 1991.

‘ART. 157.—Reexportación.

La mercancía importada temporalmente a largo plazo podrá ser reexportada en cualquier momento durante la vigencia del plazo señalado en la Declaración de Importación de que trata el artículo 145o. de este Decreto, siempre que no haya sido aprehendida, y el declarante se encuentre al día en las cuotas correspondientes al término que efectivamente haya permanecido en el territorio nacional. En ningún caso la reexportación antes del vencimiento del plazo señalado, generará el pago de las cuotas semestrales futuras liquidadas en la Declaración de Importación, ni dará derecho a devolución de los tributos aduaneros que se hubieren cancelado”.

El artículo 146 del Decreto 2685 de 1999 es aplicable para la modalidad de importación temporal a largo plazo; respecto del pago de tributos aduaneros en la modalidad de importación temporal a largo plazo de “mercancías en arrendamiento”, sin embargo, para el presente caso se debe aplicar la norma contenida en el artículo 153 ibídem por ser norma especial para la modalidad de importación temporal a largo plazo que para su ejecución depende de la existencia de un contrato de arrendamiento de mercancías con o sin opción de compra. Por ello, de conformidad con el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, cuando la duración de un contrato de arrendamiento de mercancías bajo la modalidad de leasing, sea superior a 5 años, con la última cuota del pago de tributos correspondiente a este periodo, se deberá pagar el saldo de los mismos aun no cancelados.

En el presente caso, la duración del contrato de leasing para el proyecto BT-2 fue de 12 años y dado que el proyecto fue aprobado por Resolución 7 de 20 de noviembre de 1997, se debe entender que si vencido el término para el pago de la última cuota de tributos aduaneros del proyecto, es decir al vencimiento del quinto año contado de acuerdo con la autorización de levante de la última declaración de importación, la sociedad Bugatel no ha pagado el saldo de los tributos, en ese momento se presentaría el incumplimiento para este especial régimen, y la administración tendría los dos años de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio, respecto de la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro, para declarar dicho incumplimiento y ordenar hacer efectivas las pólizas de garantía, constituidas para garantizar la finalización del régimen aduanero y el cumplimiento oportuno del pago de los tributos aduaneros.

Así lo estableció esta Sala en Sentencia de 17 de octubre de 2013 (C.P. Marco Antonio Velilla Moreno), en el que también la aseguradora Seguros Confianza S.A. fue la demandante, pronunciamiento que se prohíja en el presente caso:

“(…)

“Obsérvese que la operación en cuestión se rige por lo previsto en el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, referente a la importación temporal de mercancías en arrendamiento, que en sus apartes pertinentes dispone:

‘ART. 153.—Importación temporal de mercancías en arrendamiento. Se podrán importar temporalmente al país bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan en un mismo embarque, cuando sean objeto de un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra, ingresen por un plazo superior a seis (6) meses y liquiden los tributos aduaneros vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la Declaración.

En la declaración de importación temporal de mercancías en arrendamiento se liquidarán los tributos aduaneros en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a las tarifas vigentes en la fecha de su presentación y aceptación y se señalará el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional, de acuerdo con el contrato.

Los tributos aduaneros así liquidados se distribuirán en cuotas semestrales iguales por el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Las cuotas se pagarán por semestres vencidos, contados a partir de la fecha de obtención del levante, para lo cual, se convertirán a pesos colombianos a la tasa de cambio vigente en el momento de su pago.

Cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, con la última cuota correspondiente a este período, se deberá pagar el saldo de tributos aduaneros aún no cancelados. La mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato(15)’”.

Igualmente en Sentencia de 31 de octubre de 2013 (C.P. Marco Antonio Velilla Moreno), en el que también la aseguradora Seguros Confianza S.A. fue la demandante, se consideró:

“(…)

“En el presente caso, según se anotó, resultaba factible para la Dian perseguir las garantías relacionadas en los actos acusados, ante el incumplimiento advertido en el momento de definir la liquidación de la totalidad de los tributos aduaneros, al cumplirse la finalización del régimen autorizado al importador en el quinto año, esto es, el 25 de enero de 2006, fecha en la que debía pagar la última cuota y las demás impagadas, según el artículo 153 del E.A., que para el caso, equivalían a todas las cuotas causadas en el marco de la importación temporal a largo plazo autorizada a Unitel S.A. ESP. Era aquella, entonces, la fecha a partir de la cual resultaba viable contabilizar los dos años de la prescripción ordinaria de que trata el artículo 1081 del C. de Co., por corresponder al momento en que la administración estableció la ocurrencia del incumplimiento del régimen garantizado mediante las pólizas constituidas por la empresa demandante. De este modo, se observa que al expedirse la Resolución No. 2991 de junio 7 de 2006, por la cual se declaró el incumplimiento y ordenó hacer efectivas las garantías, no había operado la mencionada prescripción respecto de las pólizas allí relacionadas(16) a cargo de Seguros Confianza S.A., toda vez que no habían transcurrido los dos (2) años requeridos para el efecto, desde el incumplimiento arriba expuesto”.

De acuerdo con lo preceptuado en la norma, para la Sala es claro que aun cuando el régimen se comenzó a incumplir desde la primera cuota, el deber de cancelar la totalidad de los tributos aduaneros adeudados se concretó al momento de su finalización en el quinto año, al ser esta la oportunidad conclusiva con que cuenta el importador para sanear la totalidad de la obligación insoluta; y, el mecanismo de pago previsto en esta disposición, se halla necesariamente cubierto por las pólizas constituidas pues las mismas están llamadas a amparar el cumplimiento del respectivo régimen de importación temporal en su integralidad.

De este modo, el artículo 147 del estatuto aduanero es claro en señalar que en la importación temporal a largo plazo la constitución de la póliza tiene como objeto garantizar la finalización del régimen y el cumplimiento oportuno del pago de los tributos aduaneros, de forma tal que la inobservancia de la obligación así garantizada puede ocurrir en cualquier momento durante el mencionado régimen hasta su terminación, que para el presente caso, y respecto del pago de los tributos aduaneros, se verificó por parte de la Dian cuando se cumplió el quinto año de permanencia de la mercancía en el país. En efecto, la norma en su versión vigente para la época de la expedición de la última póliza(17) disponía:

“ART. 147.—Garantía. Con el objeto de responder por la finalización de la importación temporal dentro de los plazos señalados en la Declaración y por el pago oportuno de los tributos aduaneros, la autoridad aduanera exigirá la constitución de garantía a favor de la Nación, hasta por el cien por ciento (100%) de dichos tributos, en las condiciones, modalidades y plazos que señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Ahora bien, el Tribunal consideró que no se puede dejar de lado el hecho de la existencia de la suscripción de contratos adicionales al contrato de leasing inicial, pues en estos se modificaron completamente los plazos para el pago de los cánones de arrendamiento, situación que, al contrario de lo sostenido por la administración aduanera, incide directamente en el pago de los tributos aduaneros de conformidad con el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999 vigente para la época de los hechos, soportando su afirmación con jurisprudencia(18) de esta Sección en la que se consideró:

“El artículo 222 del Decreto 2666 de 1984, prevé en su inciso 3º que la liquidación total de los derechos de importación a que haya lugar se dividirá en tantas cuotas como haya sido pactado el arrendamiento o el leasing y su pago se realizará 15 días antes de que deban remesarse al extranjero los pagos de arrendamiento.

En consecuencia, no cabe duda alguna a la Sala en cuanto a que al haberse modificado las fechas de pago de los cánones de arrendamiento, de suyo se modificaron los plazos previstos para el pago de los tributos aduaneros, ya que el artículo 222 del Decreto 2666 de 1984 condiciona la fecha de dicho pago al de los cánones. 

Siendo ello así, resulta lógico concluir que para efecto de las obligaciones aduaneras contraídas entre la actora y la Dian, era menester que la entidad estuviera enterada de las modificaciones efectuadas al contrato de leasing, no solamente porque la póliza otorgada por aquélla pretendía garantizar la finalización del régimen de importación temporal a largo plazo, autorizado por la Declaración 0704625064124-3, sino también el pago oportuno de los tributos aduaneros.

En relación con el otorgamiento de garantía para el pago oportuno de los tributos aduaneros, esta Corporación, en sentencia de 4 de febrero de 1999 (Expediente 4935, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz), al estudiar la demanda de nulidad del Concepto 0073 de 2 de septiembre de 1996, expedido por la División de Doctrina de la Subdirección Jurídica de la DIAN, precisó:

‘El artículo 40 del Decreto 1909 de 1.992 consagra dos clases de importación temporal: a corto y a largo plazo.

El artículo 41, inciso 2º, ibídem prevé que para la importación temporal a largo plazo se liquiden tributos aduaneros en dólares de los Estados Unidos de Norte América que se distribuirán en cuotas semestrales iguales por el término de duración de la importación.

El artículo 42 ibídem prevé que con el objeto de responder por la finalización de la importación temporal en los plazos señalados en la declaración y por el pago oportuno de los tributos se constituya garantía a favor de la Nación.

Los artículos 43, 44 y 45 ibídem prevén, que en caso de prórroga del término de importación se modifique la declaración reliquidando el saldo de los tributos aduaneros teniendo en cuenta las nuevas cuotas que se generen y se amplíen las garantías inicialmente otorgadas; que en el evento de sustitución del importador en ningún caso la sustitución conlleva a prórroga del plazo o modificación de las cuotas; y que en caso de modificación de la modalidad de importación deben liquidarse y pagarse los tributos aduaneros correspondientes y cancelarse las cuotas que se encuentren vencidas.

Del contenido de las disposiciones antes reseñadas se deduce que uno de los aspectos más importantes en el trámite de la importación lo constituye el pago oportuno de los tributos aduaneros, lo cual se justifica en la medida de que éstos son una de las principales fuentes para la financiación de los gastos e inversiones del Estado y que es un deber de todo colombiano contribuir con tal financiación, conforme lo ordena el artículo 95, numeral 9, de la Carta Política, y lo destaca el Agente del Ministerio Público.

Por tal razón, al exigir el artículo 42 del citado Decreto 1909 que se constituya una garantía, no sólo la está refiriendo al simple pago de los tributos sino al pago oportuno de los mismos, lo cual quiere significar que dicha garantía se hace exigible por el mero hecho de la mora en el pago (…)”.

Concluye, pues, la Sala, que al no haber enterado la actora a la DIAN de las modificaciones que se le hicieron al contrato de leasing y que incidían en el pago oportuno de los tributos aduaneros cuya obligación contrajo con ella, se colocó en el incumplimiento que le endilgó la demandada, en este caso mora en el pago, y, por ende, era menester declararlo así y hacer efectiva la garantía constituida para tal fin.

Es de resaltar que no se trata de desconocer la autonomía de la voluntad de las partes plasmada en el contrato de leasing, sino de reconocer que si un contrato celebrado entre particulares lleva implícito el cumplimiento de obligaciones con el Estado, las modificaciones que libremente pueden establecer los contratantes, pero que afecten el término para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con éste, deben ser puestas en su conocimiento, máxime si, como en este caso, y, concretamente, en lo que al otorgamiento de garantías se refiere, las condiciones, modalidades y plazos siempre son señalados por la DIAN, como se desprende del texto del artículo 43 del Decreto 1909 de 1992” (subraya y resaltado fuera de texto).

Sin embargo, en este caso, a pesar de haberse modificado las fechas de pago de los cánones de arrendamiento en diferentes ocasiones, de haber informado de tal situación a la administración y de que este hecho, de suyo pueda modificar los plazos previstos para el pago de los tributos aduaneros, lo cierto es que no puede pretender el usuario aduanero, modificar continuamente el plan de pagos de los cánones de arrendamiento, sin siquiera pagar uno de ellos, máxime cuando las fechas de la última modificación del plan de pagos superaron las del vencimiento que inicialmente se había definido para el pago total de tributos aduaneros (5 años), por la importación temporal a largo plazo de la mercancía en la modalidad de leasing; mercancía que se encontraba, al momento de la expedición de los actos acusados, dentro del territorio nacional y a disposición de la sociedad actora hacía más de cinco años, sin el pago de ninguna de las cuotas de los tributos aduaneros.

Cualquier modificación al contrato de leasing entre las partes, debe contar con la aquiescencia de la DIAN para los efectos del pago de tributos aduaneros y con la respectiva prórroga de las garantías que amparen el pago de los mismos dentro de los nuevos plazos.

Para la Sala, el criterio de razonabilidad a tomar en cuenta, en estos casos, debe valorarse observando la actitud del administrado frente al pago de los tributos aduaneros a pesar de los conflictos que se le presenten para la ejecución del contrato y la consecuente falta de pago de los cánones de arrendamiento, dado que la mercancía se encuentra en manos del administrado y disponiendo de ella durante mucho tiempo. En efecto, siendo un hecho indiscutible que el usuario se encuentra en la obligación de cancelar los tributos aduaneros que se generen durante el tiempo en que efectivamente se encuentre la mercancía en territorio nacional, además como un requisito para su reexportación de conformidad con el artículo 157 del Decreto 2685 de 1999, el no cancelar los cánones de arrendamiento por los conflictos que se generen de la ejecución del contrato o el incumplimiento total del contrato por una cualquiera de las partes, no exime al usuario aduanero del pago de los tributos que se causaron con la introducción de la mercancía al país, especialmente si ha vencido el término para el pago total de ellos.

Claramente, no se trata de desconocer la autonomía de la voluntad de las partes plasmada en el contrato de leasing, pero esa autonomía tiene sus límites en el bien común, porque el incumplimiento de las obligaciones con el Estado, en este caso el pago de tributos, representan una de las principales fuentes para la financiación de los gastos e inversiones del mismo.

Es así, que para la Sala fue acertado y prudente el razonamiento de la administración al tomar como fecha cierta para la liquidación de las cuotas de los tributos aduaneros, la establecida en el contrato inicial.

Así las cosas, y de conformidad con la ya expuesto, las pólizas CDL01010848979 – CMODF011733339 expedidas por la actora con vigencia hasta el 5 de diciembre de 2008 corresponden a la última declaración de importación 02583010524021, cuya fecha de levante de la mercancía fue el 10 de octubre de 1998; y al constatar la Dian el incumplimiento de todas las cuotas de los tributos aduaneros a la finalización del quinto año del levante de la mercancía correspondiente a la última declaración de importación presentada en este especial régimen de importación, le fue viable perseguir las garantías para cubrir la totalidad del mismo, como en efecto lo hizo mediante la primera de las resoluciones acusadas.

La Dian, dentro de los actos acusados estableció la fecha del último levante de las mercancías, que para el presente caso fue el 10 de octubre de 1998 y, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, estableció la fecha de vencimiento de la última cuota para el pago de los Tributos Aduaneros y esta fue el 9 de septiembre de 2003.

De conformidad con todo lo anterior, la Dian ante el incumplimiento por parte Bugatel S.A,, establecido en la liquidación de la totalidad de los tributos aduaneros, podía iniciar el trámite administrativo a fin perseguir las garantías relacionadas en los actos acusados, teniendo luego de la fecha de vencimiento para el pago de la última cuota de los tributos aduaneros, dos años para declarar el incumplimiento y ordenar la efectividad de las pólizas, para el presente caso hasta el 9 de septiembre de 2005. La Dian profirió los actos administrativos, Resolución 263 del 21 de mayo de 2004 (por la cual declaró el incumplimiento y ordenó hacer efectivas las pólizas), Resolución 14 de septiembre 7 de 2004 (mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 263 del 21 de mayo de 2004), y Resolución 359 de octubre 22 de 2004 (por la cual resolvió el recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución 263 de 2004), dentro de los dos años de la prescripción ordinaria de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio, no operando el fenómeno de la prescripción respecto de las pólizas constituías a favor de la Nación.

En consecuencia, la Sala Concluye que las resoluciones acusadas se ajustaron a derecho y, por lo tanto, deberá confirmarse la sentencia de primera instancia pero por las consideraciones expuestas en esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia de 30 de abril de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por las consideraciones expuestas en esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

1 Resolución 0263 de 2004 acusada (folio 43 del C.P.).

2 Folio 776 del cuaderno 2C.

3 Folio 622 del cuaderno 2C.

4 Folio 634 del cuaderno 2C.

5 Folio 834 del cuaderno 2C.

6 Folio 647 del cuaderno 2C.

7 Folio 893 del cuaderno 2D.

8 Folio 603 del cuaderno 2C.

9 Folio 893 del cuaderno 2D.

10 Folio 883 del cuaderno 2C.

11 Folio 920 del cuaderno 2D.

12 Folio 924 de cuaderno 2D.

13 Folio 932 del cuaderno 2D.

14 Folio 937 del cuaderno 2D.

15 Esta norma fue modificada por el Decreto 4136 de 2004, artículo 9º. Sin embargo, el inciso cuarto era idéntico en su redacción respecto de la versión anterior de la norma.

16 Folios 16 a 18 del cuaderno 2 del expediente.

17 24 de enero de 2001.

18 Sentencia de 13 de septiembre de 2007, C.P. Marco Antonio Velilla. Expediente 25000-23-24-000-2001-00946-01.