Sentencia 2004-05618 de noviembre 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONJUECES

Radicación 25000-23-25-000-2004-05618-02

Nº Interno: 1664-2010

Conjuez Ponente:

Eurípides de Jesús Cuevas Cuevas

Actor: Eduardo de Jesús Campo Soto

Demandada: Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Apelación de sentencia.

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones

1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le corresponde al Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, resolver las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Ahora, una vez arribado el expediente al alto tribunal ‘ad quem’, y entrado al despacho para decisión, los consejeros de la Sección Segunda del Consejo de Estado se declararon impedidos con base en el numeral 1º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 160 del Código Contencioso Administrativo, el 18 de mayo de 2011. Éstos consideraron que tenían interés directo en el proceso, pues la prima especial de servicios reclamada también beneficia a los magistrados auxiliares que están bajo la dependencia de cada uno de ellos (fls. 230 a 232).

La Subsección “A” de la Sección Tercera de esta honorable corporación, mediante auto de 29 de julio de 2011, procedió a decidir sobre el impedimento manifestado por los señores consejeros de la Sección Segunda, aceptándolo y ordenando el correspondiente sorteo de conjueces (fls. 253 a 257).

El 20 de septiembre de 2011 se realizó el sorteo de conjueces y de conjuez ponente, por orden del presidente de la Sección Segunda (fl. 259).

Entonces, una vez asumida la competencia, y existiendo quórum para deliberar, entonces, se continuará con el trámite de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. El caso concreto.

De acuerdo con el recurso de alzada interpuesto por el apoderado del señor Campo Soto, lo que persigue la parte actora es que se revoque en su totalidad la Sentencia de 7 de abril de 2010, por medio de la cual la Sala de Conjueces de la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, despachando desfavorablemente las pretensiones esgrimidas por el aquí accionante, se abstuvo de declarar la nulidad de Resolución 1596 de 20 de febrero de 2004. Y que, en consecuencia, una vez desautorizada dicha declaración, se condene a la dirección ejecutiva de administración judicial a que le reconozca y le pague las diferencias que le adeuda por concepto de prima especial de servicios entre el 8 de marzo de 2000 y la fecha de la demanda, inclusive.

En el presente caso, se tiene demostrado, que el señor Campo Soto se desempeñó en propiedad en el cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura entre el 8 de marzo 2000 y la fecha de la demanda, de forma continua e ininterrumpida; teniendo en cuenta que se período culminaría el 8 de marzo de 2008 (fl. 72).

También, se arribó al convencimiento razonable sobre que al demandante se le pagaron y se abonaron al fondo al que estaba afiliado, en el año 2001, la suma de $ 4’959.783; en 2002, la de $ 6’175.192; en 2003, la de $ 6’464.190; y finalmente, en 2004, la suma de $ 6’691.085. Lo anterior mediante las resoluciones 648 de 9 de enero de 2001, 726 de 10 de enero de 2002, 904 de 13 de enero de 2003 y 1239 de 26 de enero de 2004, de la Sección de Prestaciones Sociales de la dirección ejecutiva de administración judicial; respectivamente (fl. 147).

De la misma forma, obra en el plenario, a folio 95, la liquidación de las cesantías de los Congresistas de la República, entre las que se incluye, como factores salariales para tales efectos, las asignaciones básicas, los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, la prima de salud, la prima de servicios o semestral y la prima de navidad. Además, consta todo lo que éstos funcionarios devengaron a título de prima de servicios durante los años 2000 a febrero de 2004 (fls. 86 a 93).

Ahora, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, “Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los ministros del despacho, los generales y almirantes de la fuerza pública” (el resaltado es de la Sala).

Por su parte, los artículos 1º a 3º del Decreto 10 de 1993 señalan, respectivamente, que “La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4a. de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho a ella”; que “Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de Navidad”; y por último, que “Ninguno de los funcionarios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 podrá tener una remuneración anual total superior a la de un miembro del Congreso” (el resaltado es de la Sala).

Teniendo en cuenta las normas transcritas, y lo que se acreditó en el expediente de marras, no cabe duda que las cesantías de los magistrados de las altas cortes, como prestaciones sociales de carácter remuneratorio destinados a cubrir el infortunio al que se pueden ver avocados por la pérdida del empleo(1), al igual que las que reciben los congresistas de la república, hacen parte de lo que el legislador y el ejecutivo han entendido por “ingresos laborales totales anuales” percibidos por unos y otros; recordando, de todos modos, que las cesantías son equivalentes a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año(2). Por consiguiente, al abrigo de una interpretación gramatical bajo el artículo 27 del Código Civil(3), es claro que éstas deben incluirse, inexorablemente, dentro de la liquidación de la prima especial de servicios de tales altos dignatarios de la Justicia, en cumplimiento de los mandatos legales y reglamentarios arriba reseñados.

Así lo ha aceptado la jurisprudencia de las Salas de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado; en especial, aquella fijada en la Sentencia de 4 de mayo de 2009. En esa oportunidad, se estableció, por parte de esta honorable corporación, que:

“(…) [L]a norma de la Ley 4ª de 1992, ordena igualar el monto de los ingresos laborales recibidos por congresistas y magistrados y el decreto 10 de 1993, determinó que se entendía como “ingresos laborales totales anuales”, aquellos percibidos por los miembros del Congreso en forma permanente, lo que quiere decir, que examinados los ingresos que año a año perciben los congresistas, deben aparecer indefectiblemente relacionados los mismos para darles ese carácter de permanencia y sin que la inclusión de la prima de navidad dentro de ellos, permita al intérprete determinar que las prestaciones sociales no pueden hacer parte de las sumas a incluir, por cuanto así no lo dispuso la ley.

(…).

En consecuencia, debe entenderse que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los congresistas son: el sueldo básico, los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, la prima de salud y la prima semestral, a los que se debe agregar el auxilio de cesantía, que como se vio, además de ser un ingreso laboral, por cuanto lo perciben los congresistas como consecuencia de la relación que ostentan con la entidad, es de carácter permanente por cuanto la reciben año tras año.

En las anteriores condiciones no queda duda para la Sala que las cesantías son un ingreso laboral de carácter permanente de los congresistas y que independientemente de su calidad de prestación social deben ser incluidas para la determinación de los ingresos laborales totales anuales percibidos por éstos, en cuanto la ley no distinguió”(4) (el resaltado es nuestro).

Los anteriores razonamientos, a juicio de quienes suscribimos la presente sentencia en reemplazo de los señores consejeros de Estado, resultan suficientes para revocar la sentencia de mérito recurrida en alzada y proceder a declaratoria de nulidad de los actos enjuiciados y la concesión del consecuente restablecimiento del derecho al demandante, que consiste en el pago de la diferencia entre lo que se le pagó a título de prima especial de servicios y lo que realmente se le debe por dicho concepto. Ello, por supuesto, una vez incluidas las cesantías como factor salarial para su liquidación.

No obstante lo arriba expuesto, en el sentir de la Sala de Decisión ‘ad quem’, también es claro que la petición del señor Campo Soto que agotó la vía gubernativa, hecha el 18 de febrero de 2004, suspendió, por un término igual, la prescripción trienal prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968(5) y 102 del Decreto 1848 de 1969(6). Por consiguiente, habiéndose demostrado la existencia de dicho medio exceptivo, en virtud del inciso 2º del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, la prosperidad de las pretensiones, en segunda instancia, se restringirá únicamente a la reliquidación y pago de las primas especiales de servicios producidos desde el 17 de abril del 2001.

Hechas estas precisiones, para los suscritos conjueces es claro que tales criterios hermenéuticos consignados en los actos acusados desmejoraron laboralmente los salarios y derechos prestacionales del actor, puesto que en ellos se desconoció el que las cesantías hacen parte de todos los ingresos laborales totales anuales percibidos por los Congresistas, que a su vez, hacen parte de los de los magistrados de las altas cortes, y que, por tanto, deben emplearse para el reconocimiento y pago líquido de dicho emolumento.

Entonces, en consecuencia, se revocará el fallo de mérito en comento, y en su lugar, se procederá a ordenar, a título de restablecimiento del derecho, la reliquidación y pago de la prima especial de servicios del señor Campo Soto con incidencia del auxilio de cesantías, pero únicamente desde el 17 de abril de 2001.

Al liquidar las sumas dinerarias en favor del demandante, los valores deberán ser ajustados en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, utilizando la siguiente fórmula:

s2004-05618.JPG
 

Es decir, el valor presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia, por el IPC inicial —el vigente para la fecha en que debería efectuarse el pago—.

Por contera, los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓQUESE TOTALMENTE la sentencia de 7 de abril de 2010, proferida por la Sala de Conjueces de la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En su lugar, DECLÁRESE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN en los términos referidos en la parte motiva de esta misma sentencia.

En consecuencia, CONDÉNESE A LA NACIÓN - Rama Judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial a reconocer y a pagar al señor Eduardo de Jesús Campo Soto la diferencia entre lo que se le pagó a título de prima especial de servicios, desde el 17 de abril de 2001 y hasta su desvinculación y lo que realmente debe pagársele por tal concepto durante ese lapso, teniendo en cuenta todos y cada uno de los ingresos laborales totales anuales devengados por los congresistas de la República; incluidas las cesantías.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) “Para la jurisprudencia la cesantía consiste en una prestación que responde a una clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre empleador y trabajador, “estableciéndose un mecanismo que busca, por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese de la actividad productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías-, permitir al trabajador satisfacer sus necesidades de capacitación y vivienda. Como prestación social, la cesantía constituye un derecho irrenunciable del trabajador (C.P., art. 53), dado su carácter remuneratorio, por ser retribución a una labor subordinada en desarrollo de un contrato de trabajo”. Corte Constitucional, Sentencia C-310 de 3 de mayo de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; Sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(2) Artículos 29 y 29, Decreto 3118 de 1968; artículo 7º, Ley 33 de 1985.

(3) “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. Artículo 27, inciso 1º, Código Civil.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. Segunda, Sala de Conjueces, radicado 25000-23-25-000-2004-05209-02 (0552-2007), sentencia de 4 de mayo de 2009, C.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.

(5) Artículo 41, Decreto 3135 de 1968: “Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual”.

(6) Artículo 102, Decreto 1848 de 1969: “1. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial, formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.