Sentencia 2004-05632 de agosto 28 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA – SUBSECCION “B”

CONSEJERA PONENTE:

DRA. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ

Rad.: 05001-23-31-000-2004-05632-01

Exp. 0341-2014

Actor: Rocío del Socorro Quiroz Cañas

Autoridades Nacionales

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar si la demandante tiene derecho a ser reintegrada al cargo que fue suprimido, porque a su juicio, no hubo supresión de cargos y la incorporación operaba de manera oficiosa teniendo en cuenta que se trata de una funcionaria con derechos de Carrera Administrativa.

ACTOS ACUSADOS

Resolución 687 de 26 de abril de 2004 (fls. 48-63), por medio de la cual el Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en el artículo 1° dispuso incorporar a la planta de personal adoptada para la entidad mediante Decreto 250 de 28 de enero de 2004, los siguientes funcionarios, en la Regional Antioquia:

DependenciaApellidos y nombresCédulaCargoGrado
Despacho de la DirecciónEcheverry Maya, Aracelly32‘475.389Secretaria03
Nacional de MaderaSaldarriaga Restrepo, Beatriz A.43‘682.030Secretaria03
Nacional de MaderaArango Ríos, Silvia del Socorro42‘871.187Secretaria03
Nacional TextilVillada Vásquez, Olga Patricia32‘544.529Secretaria03
Multisectorial de UrabáQuejada Durán, Ofelia María39‘306.085Secretaria03
Multisectorial de RionegroVelandia Marín, Gladys Adiela43‘062.290Secretaria03
Multisectorial de Puerto BerríoLozano Herrara, Gladys43‘000.551Secretaria03
Multisectorial de CaucasiaMolina López, Beatriz Elena39‘438.062Secretaria03
Multisectorial de Caucasia (S. Rosa)Gallego Ruiz, Fanny del Socorro32‘018.114Secretaria03
MetalmecánicaMejía de Pino, Olga Lucía32‘343.443Secretaria03
De Servicio de SaludMejía Cortes, Nubia Stella42‘754.921Secretaria03
De la ConstrucciónRodríguez Jiménez, María Lucía24‘837.406Secretaria03
De la ConstrucciónBarrera Chavarriaga, María del Carmen21‘394.472Secretaria03
De ConfeccionesHincapié Corrales, Martha Lucía43‘039.106Secretaria03
De Comercio Pinillos Tuberquía, Rosalba Elena32‘016.288Secretaria03
De Calzado y Manufactura de CueroCasallas de Rojas, Rosalba41‘492.012Secretaria03
Agropecuario La SaladaBalbín Velásquez, Luz Marina32‘505.100Secretaria03
Agropecuario La SaladaLondoño Echeverry, Sonia24‘494.840Secretaria03
Agropecuario La SaladaGarzón Barbosa, Alba21‘929.534Secretaria03

Comunicación 2020-13057 de 26 de abril de 2004, por el cual el Director General del SENA, le informó a la actora la supresión del cargo que desempeñaba (Fls. 64-65).

DE LO APROBADO EN EL PROCESO

Vinculación de la actora y derechos de carrera

Conforme a la certificación expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA Regional Antioquia (fls. 69), quedó acreditado que la demandante prestó sus servicios a la entidad, desde el 18 de enero de 1993 hasta el 30 de abril de 2004, desempeñando el cargo de Secretaria, Grado 3.

A folio 68 obra la Resolución 14851 de 26 de abril de 2004, mediante la cual la Comisión Nacional de Servicio Civil, inscribió a la accionante en Carrera Administrativa, en el cargo de Secretaria, Grado 03, al servicio del SENA.

Mediante la Comunicación 2020-13057 de 26 de abril de 2004, el Director General del SENA, le informó a la demandante la supresión del cargo de Secretaria Grado 3, que desempeñaba (fls. 64-65)

Por Resolución 00980 de 13 de mayo de 2004, el Director General del SENA, ordenó el reconocimiento y pago de la suma de 20‘190.189 por concepto de indemnización por supresión del cargo (fls. 581-583)

Actos Previos a la Supresión de Cargos en el SENA

Mediante Resolución 01512 de 3 de diciembre de 2002, el Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, conformó un equipo de trabajo interdisciplinario, para que realizaran el Estudio Técnico de la planta de personal de la entidad (fls. 178-179)

El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en enero de 2004, a través de dicho equipo efectuó el correspondiente estudio técnico visible de folios 181 a 492.

El 21 de enero de 2004, mediante Oficio 00157, suscrito por el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió Concepto Técnico, con el siguiente contenido literal: “(...) Así entonces los proyectos de decretos de estructura y planta de Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, derivado del estudio técnico, se ajusta a las previsiones en mejora de organización y funcionamiento de la administración pública, siguiendo los principios de eficiencia y racionalidad de la gestión pública (...)” (fls. 524-526).

Por Acuerdo 0002 de 28 de enero de 2004, el Concejo Directivo Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, modificó el presupuesto de funcionamiento para la vigencia Fiscal de 2004.

A través del Decreto 250 de 28 de enero de 2004, el Gobierno Nacional (fls. 114-115)(2), adoptó la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, disponiendo:

“ART. 1°. Suprímase de la planta global de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA los siguientes cargos de empleados públicos:

Nº de CargosDenominación del cargoGrado
138 (Ciento y Ocho)Secretaria3

(…).

ART. 3°—Las funciones propias de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, serán cumplidas por la planta de personal de empleados públicos que se establece a continuación:

Nº de CargosDenominación del cargoGrado
98 (Noventa y Ocho)Secretaria3

Por Resolución 00647 de 2004, el Director General del SENA efectuó la distribución general de cargos de la planta global de personal para la entidad, correspondiéndole a la Regional Antioquia un total de diecinueve (19) cargos de Secretaria, Grado 03 (fls. 45-63)

De folios 106 a 114 obra la Resolución No. 0081 de 30 de enero de 2004, por la cual el Director General del SENA, aprobó el Manual de Funciones y Requisitos para las diferentes categorías de los Empleados Públicos de la entidad.

ANÁLISIS DE LA SALA

DE LA NULIDAD DEL OFICIO 2021-13057 DE 26 DE ABRIL DE 2004

El Oficio 2021-13057 de 26 de abril de 2004, fue expedido por el Director General del SENA, con la finalidad de comunicarle a la actora que su cargo había sido suprimido de la planta global del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, con el siguiente tenor literal: “(…) Con base en lo anterior, le comunico que el cargo que usted desempeñaba en titularidad en el SENA de secretaria G03 del Centro de Servicios de Salud, de la Regional Antioquia, con derechos de carrera administrativa, ha sido suprimido, por lo cual no fue incorporada a la nueva planta de personal para la entidad por el Decreto 250 de 2004. (…)” (fls. 64-65).

Para la recurrente el oficio que le comunicó la supresión del cargo y produjo su retiro, es el acto particular que se efectuó de manera ilegal y arbitraria por no incorporarla preferencialmente en los restantes cargos de la planta de personal de la demandada.

La Sala en reiteradas ocasiones ha afirmado que el oficio por medio del cual se comunica la decisión asumida por una determinada autoridad pública no tiene el carácter de acto administrativo.

Este despacho, en Sentencia de 15 de marzo de 2007, expediente 3020-04, actora Sara Rodríguez Ospina, se expresó así:

“Como bien se observa la comunicación de supresión del cargo se limitó a informarle que fue desvinculada del servicio a partir del 3 de abril de 2000 como consecuencia de la supresión del cargo de jefe de programas dispuesta por el Decreto 411 de 2000, oficio que no crea, extingue o modifica una situación jurídica”.

En esas condiciones, el citado oficio no es enjuiciable, debido a que esta jurisdicción está facultada para juzgar actos administrativos; y si en gracia de discusión pudiera anularse la comunicación, ello resultaría infructuoso, pues no tendría ningún efecto jurídico respecto a los actos que determinaron la supresión de cargos y los que dispusieron la incorporación, toda vez que continuarían vigentes, de tal manera que no procede emitir pronunciamiento de mérito en relación con el oficio impugnado.

DE LAS REFORMAS A LAS PLANTAS DE PERSONAL

El inciso 1° del artículo 209 de la Constitución Política estableció el fin y principios de cumplir la función administrativa, con el siguiente tenor literal:

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (…)”.

En otras palabras, para el ejercicio de la función administrativa se debe consultar el bien común; esto es, persiguiendo esos objetivos de carácter general, que se encuentran consignados en la Constitución Política y en la ley, en especial en el artículo 2° de la Carta Política; que señala los fines esenciales del Estado, así.

“son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…)”.

Quiere decir que la Constitución le confiere a las autoridades un poder reglado para el ejercicio de la función administrativa, de acuerdo con postulados característicos del Estado de Derecho, pero en materias, como las relativas a la gestión económica y social, se deja un margen de discrecionalidad para que la administración, en forma eficaz, procure la satisfacción del interés colectivo, imprimiéndole el carácter social del Estado de derecho, donde la función administrativa se encuentra al servicio del interés general, y se basa en principios como la eficacia y la celeridad(3).

De tal manera que cuando las reformas de las plantas de personal conllevan la supresión de empleos, se erigen en criterios y condiciones relacionados con las necesidades del servicio o modernización de la administración, siendo objetivas las razones que justifican la reforma.

La decisión de retirar a un empleado de la planta de cargos, como consecuencia de una supresión, puede originarse bien porque todos los cargos de su categoría fueron suprimidos por el acto general, o bien porque en la nueva planta de personal no se creen cargos con funciones iguales o equivalentes en uno de los cuales pudiera incorporarse(4).

En el sub examine, el demandante considera que con la supresión del cargo que venía desempañando en la entidad demandada se le desconocieron sus derechos de carrera. Al respecto es preciso tener en cuenta, que:

El artículo 39 de la Ley 443 de 1998(5), prevé que la supresión de un cargo de carrera administrativa puede ocurrir por diferentes razones, verbi gracia fusión o liquidación de una entidad pública; la reestructuración; por modificación de la planta personal; por reclasificación de los empleos; traslado de funciones de una entidad a otra; o simplemente por políticas de modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la prestación del servicio público, que trae consigo las consecuencias jurídicas que de ella se derivan, como son la opción de ser incorporado a un empleo equivalente o ser indemnizado en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional(6).

El artículo 41 de la Ley 443 de 1998 con relación a la reforma de las plantas de personal, dispuso:

“Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva(7) de los órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera deberán motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en estudios técnicos que así lo demuestren elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en Administración Pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con la reglamentación que para que el efecto expida el Gobierno Nacional.

Toda modificación a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, incluidos sin excepción los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales(8), y las plantas de personal de empleos públicos que formen parte de las empresas industriales y comerciales del Estado, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El Departamento Administrativo por la Función Pública llevará el balance de cargos deficitarios que, requiriéndose para el cumplimiento de los fines de las entidades nacionales, no hubiere sido posible crearlos en las respectivas plantas de personal por razones de orden presupuestal. Dicho balance se justificará en estudios técnicos de planta consultando exclusivamente las necesidades del servicio y las técnicas de análisis ocupacional con prescindencia de cualquier otro concepto(9)”.

El artículo 148 del Decreto 1572 de 1998, con relación a la modificación de las plantas de personal, dispone:

“Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse expresamente y fundarse en las necesidades del servicio o en razones que propendan por la modernización de la institución, las cuales estarán soportadas en estudios técnicos que así lo demuestren”.

A su vez los artículos 149 y 154 del Decreto 1572 de 1998, contienen las razones en las cuales se fundamenta o justifica la modificación de las plantas de personal y los estudios técnicos modificados por los artículos 7º y 9º del Decreto 2504 de 1998, con el siguiente contenido literal:

“ART. 7º—Modificarse el artículo 149 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el cual quedará así:

Se entiende que la modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otros, de:

1. Fusión o supresión de entidades.

2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.

3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.

4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones.

5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o prestación de servicios.

6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.

7. Introducción de cambios tecnológicos.

8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad.

9. Racionalización del gasto público.

10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas.

PAR. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general.

ART. 9º—Modifícase el artículo 154 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el cual quedará así:

Los estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal deberán estar basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos:

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.

2. Evaluación de la prestación de los servicios.

3. Evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleos”.

Para la fecha de expedición de los actos acusados (Ordenanza 004 y Resolución 83 de 2 de marzo de 2001), se hallaba vigente la Ley 443 de 1998, y su artículo 41 ya había sido reglamentado por el Decreto 1572 del mismo año, normatividad que fijó los parámetros y procedimientos para la modificación de plantas de personal, el que a su vez fue modificado, en algunas de sus disposiciones, por el Decreto 2504 de 1998.

La entidad demandada debió acatar las disposiciones aludidas al expedir los actos administrativos acusados, más aun tratándose de la supresión de empleos de carrera administrativa como el de la actora, ya que las referidas disposiciones legales exigen la elaboración de un Estudio Técnico previo como sustento de la reforma a las plantas de personal.

DEL DERECHO PREFERENCIAL DE INCORPORACIÓN

A juicio de la demandante por encontrarse amparada por los derechos de carrera administrativa, la incorporación debió operar en forma automática, porque el cargo de Secretaria Grado 01, no fue suprimido de la planta de personal del SENA. En relación con el derecho preferencial de incorporación la Sala puntualiza:

El inciso 1° del artículo 209 de la Constitución Política estableció el fin y principios con los cuales debe cumplir la función administrativa, con el siguiente tenor literal:

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (…)”.

En otras palabras, para el ejercicio de la función administrativa se debe consultar el bien común; esto es, persiguiendo esos objetivos de carácter general, que se encuentran consignados en la Constitución Política y en la ley, en especial en el artículo 2° de la Carta Política; que señala los fines esenciales del Estado, así.

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (…)”.

Quiere decir que la Constitución le confiere a las autoridades un poder reglado para el ejercicio de la función administrativa, de acuerdo con postulados característicos del Estado de derecho, pero en materias, como las relativas a la gestión económica y social, se deja un margen de discrecionalidad para que la administración, en forma eficaz, procure la satisfacción del interés colectivo, imprimiéndole el carácter social del Estado de derecho, donde la función administrativa se encuentra al servicio del interés general, y se base en principios como la eficacia y la celeridad(10).

De tal manera que cuando las reformas de las plantas de personal conllevan la supresión de empleos, se erigen en criterios y condiciones relacionados con las necesidades del servicio o modernización de la administración, siendo objetivas las razones que justifican la reforma.

La decisión de retirar a un empleado de la planta de cargos, como consecuencia de una supresión, puede originarse bien porque todos los cargos de su categoría fueron suprimidos por el acto general, o porque en la nueva planta de personal no se creen cargos con funciones iguales o equivalentes en uno de los cuales pudiera incorporarse. Sobre este tema la Sección Segunda de esta corporación, ha dicho:

“Por ello la planta de personal de una entidad puede estipular cargos de igual denominación que no obstante serán diferentes empleos cuando el manual específico les asigne funciones, requisitos y/o responsabilidades distintas; y la supresión del empleo no ocurrirá cuando subsistan en la planta de la entidad igual o superior número de cargos de la misma o distinta denominación, cuando las funciones asignadas, los requisitos y la responsabilidad inherente a dichas funciones sea idéntica. Por el contrario, si el número de cargos se reduce en las mismas condiciones, habrá ocurrido una real supresión de empleos(11)”.

En el sub examine, la demandante considera que con la supresión del cargo que venía desempeñando en la entidad demandada se le desconocieron sus derechos a la igualdad y al trabajo.

La Sala observa que la supresión de un cargo de Carrera Administrativa puede ocurrir por diferentes razones, verbi gracia fusión o liquidación de una Entidad Pública; la reestructuración; por modificación de la planta de personal; por reclasificación de los empleos, o simplemente por políticas de modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la prestación del servicio público.

La demandante insiste en que en la nueva planta de personal del SENA, regional Antioquia, existen diecinueve (19) cargos con las mismas funciones de Secretaria, Grado 3, razón por la cual reclama el derecho a ser reincorporada en cualquiera de los citados empleos de manera preferencial, de lo contrario se le están quebrantando claros derechos constitucionales y legales que le causan perjuicios labores.

Debe tenerse en cuenta que el derecho de preferencia es una garantía instituida a favor de quienes se encuentran inscritos en carrera administrativa cuando sus empleos han sido suprimidos de la planta de personal, es decir, que es una opción que el legislador les da para ser incorporados a un cargo equivalente en la nueva estructura de la entidad oficial y conforme a las reglas previstas en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998; en este caso, no podrán pedirse requisitos adicionales o distintos a los exigidos al momento de ingresar al empleo de carrera que es objeto de supresión, tal y como lo prevé el artículo 40 ibídem.

En esta instancia se desestimará el argumento consistente en que se desconoció la protección especial derivada de su situación de escalafonada en carrera administrativa, en el cargo de Secretaria, Grado 3, al considerar que unos se suprimieron y otros subsisten bajo el mismo grado; porque como quedó establecido, las personas que fueron incorporada se encontraban en condiciones que exigen su protección especial, como son el hecho de ser madres cabeza de familia, discapacidad generada por la edad, o que se encuentran en retén social, por estar próximos a adquirir la edad de retiro forzoso razón por la cual, la demandante quedó excluida. Al respecto la Institución mediante Memorando 2021-046739 de 22 de noviembre de 2005, indicó lo siguiente:

“(…) Caso de la señora Rocío del Socorro Quiroz Cañas:

Analizado el caso específico de la demandante, observamos que ella ocupaba en titularidad el cargo de Secretaria, Grado 03 con derechos de carrera administrativa en la Regional Antioquia.

El artículo primero del Decreto 250 de 2004, suprimió 138 cargos de Secretaria, Grado 03 quedando en la nueva planta de personal 98 cargos, como se evidencia en el artículo tercero del mismo decreto; de estos 98 cargos, 19 fueron ubicados en la Regional Antioquia, en los cuales una vez hecho el análisis correspondiente, fueron incorporadas 19 funcionarias todas con derechos de carrera administrativa, entre ellas 5 madres cabeza de familia (Martha Lucía Hincapié Corrales, María Lucía Rodríguez Jiménez, Nubia Stella Mejía Cortés, Ofelia María Quejada Durán y Silvia del Socorro Arango Ríos) y 2 prepensionadas (Rosalba Casallas de Rojas y Olga Lucía Mejía de Pinto), que no podían ser retiradas en el rediseño institucional por disposición del artículo 12 de la Ley 790 de 2002 y el literal d) del artículo 8° de la Ley 812 de 2003; de las 12 funcionarias restantes, 9 tenían mayor de edad y tiempo de servicio que la demandante que tenía 45. años de edad 11.3 años de servicio en el SENA (Lu Marina Balbín Velásquez, con 51.6 años de edad y 27.3 años de servicios; Sonia Londoño Echeverri que tenía 50.0 años de edad y 26.2 años de servicios; Alba Garzón Barbosa con 48.1 años de edad y 27.1 años de servicios; Gladys Lozano Herrara que tenía 49.7 años de edad y 29.8 años de servicios; Rosalba Ele Pinillos con 47.0 años de edad y 22.8 años de servicios; María Barrera Chavarriaga que tenía 49.2 años de edad y 27.5 años de servicio; Olga Echeverri Maya con 52.6 años de edad y 26.3 años de servicios); las 3 incorporadas restantes tenían mayor tiempo de servicio en la entidad que la demandante (Beatriz Elena Molina López, con 18.1 años de servicio; Beatriz Saldarriaga Restrepo, con 13.3 años; y Gladys Adiela Velandia Marín con 14.3 años de servicio). (…)” (fls. 524-526)

El Consejo de Estado(12) ha sostenido respecto a la llamada incorporación inmediata por equivalencia de las funciones, ya sea porque hubo una reducción en el número de cargos o eliminación de la totalidad, que “(...) la entidad goza de una facultad discrecional para decidir a quienes incorpora y a quienes retira del servicio, entendiendo tal discrecionalidad como la facultad para expedir los actos que niegan la incorporación sin motivación expresa (...)”.

Aunque la discrecionalidad no puede ser entendida como arbitrariedad, en el proceso no obra prueba alguna de la que se pueda inferir que las decisiones no fueron adecuadas y proporcionales a las necesidades de la administración, antes por el contrario el artículo 12 de la Ley 790 de 2002(13), le brinda una protección especial a las madres cabeza de familia sin alternativa económica y a las personas con limitaciones físicas(14), de suerte que la decisión del ente acusado de no incorporar a la demandante no obedeció a un capricho, sino que tuvo como sustento la incorporación de personas de especial protección(15).

DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ACUSADO

La demandante alega una falta de motivación en el acto acusado, que concluyó con el retiro.

La Sala observa que en el proceso de supresión de cargos en el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, se realizó el Estudio Técnico como manda la Ley 443 de 1998 y en los artículos 148 y s.s. del Decreto 1572 de 1998, referidos a los requisitos y procedimientos para las modificaciones de plantas de personal de entidades nacionales y territoriales, entre los cuales resaltan su motivación expresa, el fundamento de necesidades del servicio o razones de modernización de la institución, con el soporte del estudios técnicos que lo demuestren, requisitos que se cumplieron en el sub lite, toda vez que de folios 181 a 492 obra el estudio técnico, el cual se refiere al proceso de reestructuración de la planta de personal para el mejoramiento de la calidad del servicio y la racionalización de los costos operativos, que puntualmente al cargo de Secretarias, grado 3, indicó lo siguiente:

“3.7. PLANTA PROPUESTA - NIVEL ADMINISTRATIVO […]

a. Por efecto inmediato de la reestructuración de la entidad:

El estudio técnico sobre la prestación de los servicios que desarrollará el SENA con personal de planta y las cargas de trabajo demostró en este nivel la necesidad de reducir un número de cargos de la planta actual que hay en los grados activados por el Decreto 2603 de 1998, que en Secretarías son: grado 10-4, grado 09-25, grado 06-92, grado 03-236 y grado 01-124.

Esta tendencia generalizada a la reducción de los cargos de secretaría en los diferentes sectores, obedeced también a las nuevas exigencias de la oferta laboral que obliga a técnicos, profesionales, ejecutivos, asesores y directivos a saber desarrollar y asumir funciones que antes estaban reservadas para las secretarías; igualmente ha contribuido a la implementación de nuevas tecnologías de informática, que en el rediseño de la entidad es in aspecto fundamental, el cual demandará de los funcionarios mayores conocimientos, habilidades y destrezas a las que se les exige a las secretarias.

Por eso estamos proponiendo reducir 277 de secretarias a las actuales 481 que hay, quedando la planta propuesta con 204 cargos secretariales, discriminados así: grado 10-3, grado 9-16, grado 6-41, grado 03-98 y grado 1-46.

La determinación global del número de cargos secretariales corresponde a los estudios de evaluación del servicio y cargas de trabajo. (…).

Para determinar las personas que ocuparán los cargos de secretarias y oficinistas se tendrá en cuenta las normas y directrices sobre reten social y protección legal vigentes al momento de la incorporación”.

En esas condiciones el estudio técnico aducido como soporte para la reestructuración del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, se ajusta a la normatividad que gobierna la materia, y de su contenido se concluye que la profesionalización y racionalización del gasto, fueron determinantes en la modificación de la planta de personal, y que además fue elaborado por un equipo de trabajo conformado por el director de la entidad, mediante Resolución 01512 de 3 de diciembre de 2002, profesionales en la materia que acreditaron su formación relacionada con los procesos técnico misionales de la entidad, y contiene, además, por lo menos alguno de los aspectos relacionados en el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998 (Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo), razón por la cual este cargo tampoco está llamado a prosperar.

En conclusión se mantiene la presunción de legalidad del acto acusado, que impone la confirmación del fallo de primera instancia que negó las súplicas y se inhibió de pronunciarse respecto del Oficio 2021-13057 de 26 de abril de 2004, por el cual se comunicó el retiro de la actora, pues se trata de una comunicación y no un acto administrativo posible de demandar ante esta jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 31 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, que se declaró inhibida para emitir pronunciamiento respecto del Oficio No. 2021-13057 de 26 de abril de 2004 y NEGÓ las suplicas de la demanda incoada por Rocío del Socorro Quiroz Cañas contra el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Magistrados: BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ—GERARDO ARENAS MONSALVE —GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN (E).

(2) Suscrito por el Presidente de la República, los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje.

(3) Corte Constitucional, Sentencia T-1701 de 7 de diciembre de 2000, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(4) Así lo ha expresado la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de 6 de julio de 2006, Actor Omar Benito Páez Jaimez, M.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero, que dijo: “[…] Por ello la planta de personal de una entidad puede estipular cargos de igual denominación que no obstante serán diferentes empleos cuando el manual específico les asigne funciones, requisitos y/o responsabilidades distintas; y la supresión del empleo no ocurrirá cuando subsistan en la planta de la entidad igual o superior número de cargos de la misma o distinta denominación, cuando las funciones asignadas, los requisitos y la responsabilidad inherente a dichas funciones sea idéntica. Por el contrario, si el número de cargos se reduce en las mismas condiciones, habrá ocurrido una real supresión de empleos. […]”

(5) Derogada, salvo los artículos 24, 58, 81 y 82, por el artículo 58 de la Ley 909 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.680, de 23 de septiembre de 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”

(6) Sentencia C-370 de 1999, Referencia Expedientes D-2219 y D-2225 (acumulados), demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5°, parcial, 39, parcial, 41, 48-2 y 56 de la Ley 443 de 1998, demandantes: Carlos Alberto Lozano Velásquez, Rubén Darío Díaz Rueda y otros, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, sentencia de 27 de mayo de 1999. En el proveído en mención, se declaró exequible la expresión “o a recibir indemnización” contemplada en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998.

(7) El texto subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sala Plena, mediante Sentencia C-994 de 2 de agosto de 2000, Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(8) El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena, mediante Sentencia C-994 de 2 de agosto de 2000, Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(9) El parágrafo del artículo fue declarado inexequible por Corte Constitucional en Sala Plena, mediante Sentencia C-372 de 26 de mayo de 1999, Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

(10) Corte Constitucional, Sentencia T-1701 de 7 de diciembre de 2000, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(11) Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 6 de julio de 2006, M.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero.

(12) Consejo de Estado, Sentencia de 29 de septiembre de 2009, expediente 3315-04, M.P. Dr. Jaime Moreno García.

(13) Congreso de la República, Ley 790 de 2002, artículo 12, preceptúa. “Protección Especial. De conformidad con las reglamentaciones que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, metal, visual o auditiva y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años, contados a partir de la promulgación de la presente ley.” (Resaltado fuero de texto)

(14) Corte Constitucional, Sentencia T-768 de 2005, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentaría, ha sostenido que:

“Aunque la protección laboral reforzada que el legislador otorgó a aquellas personas que se encontraban en la condiciones descritas por el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, se circunscribe a aquellos trabajadores que eventualmente pudieran verse afectados en desarrollo del programa de renovación de la administración pública, no obstante, dicha protección no se agota allí, como quiera que la disposición referida es simplemente una aplicación concreta de las garantías constitucionales, las cuales están llamadas a ser aplicadas cuando quiera que el ejercicio del derecho fundamental pueda llegar a verse conculcado. En este orden de ideas, debe tenerse en presente que la implementación de este tipo de medidas responde a imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos 13, 42, 43 y 44 superiores, entre otros, y que constituyen en sí mismos fines esenciales en el Estado Social de Derecho.”

(15) Tesis que fue reiterada mediante sentencia de 4 de febrero de 2010, expediente 0787-09, M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.