Sentencia 2004-07161/45250 de junio 9 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 05001-23-31-000-2004-07161-01(45250)

Actor: A.H.B. y otros

Demandado: Nación-rama judicial, Fiscalía General de la Nación

Referencia: acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Bogotá D.C., nueve de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales.

Jurisdicción y competencia.

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente.

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo(3), en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 C.C.A.).

Caducidad.

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la sección tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño(4).

La demanda se interpuso en tiempo —7 de octubre de 2004— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 19 de noviembre de 2002, fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia de segunda instancia que absolvió al demandante [hecho probado 6.9].

Legitimación en la causa.

4. A.H.B. y E.B.C. son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y la otra conforma su núcleo familiar [hecho probado 6.11].

La Nación-Fiscalía General de la Nación, rama judicial está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación, acusación y juzgamiento.

II. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la absolución con fundamento en que el procesado no cometió el delito, torna en injusta la privación de la libertad.

III. Análisis de la Sala.

5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandada, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Hechos probados.

6. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1. El 29 de julio de 1999, la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Medellín inició investigación en contra de J.F.H.A. por los delitos de extorsión y rebelión, según da cuenta copia auténtica de la providencia de la misma fecha (fls. 25-27 c. 3).

6.2. El 29 de julio de 1999, la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Medellín vinculó a A.H.B. a la investigación y ordenó su captura, según da cuenta copia auténtica de la providencia de la misma fecha (fl. 64 c. 3).

6.3. El 15 de septiembre de 1999, la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Medellín decretó la ruptura de la unidad procesal por la aceptación de cargos que hizo J.F.H.A. por el delito de extorsión en la modalidad de tentativa, según da cuenta copia auténtica de la providencia de la misma fecha (fl. 86 c. 3).

6.4. El 5 de noviembre de 1999, la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Medellín declaró persona ausente a A.H.B. por el delito de extorsión en la modalidad de tentativa, según da cuenta copia auténtica de la providencia de la misma fecha (fl. 90 c. 3).

6.5. El 11 de noviembre de 1999, la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Medellín dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de A.H.B. por el delito de extorsión en la modalidad de tentativa, según da cuenta copia auténtica de la providencia de la misma fecha (fls. 95-97 c. 3).

6.6. El 28 de febrero de 2000, la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Medellín dictó resolución de acusación en contra de A.H.B. por el delito de extorsión en la modalidad de tentativa, según da cuenta copia auténtica de la providencia de la misma fecha (fls. 133-142 c. 3).

6.7. El 28 de septiembre de 2001, agentes de la Policía del municipio de Amagá, Antioquia capturaron a A.H.B. y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, según da cuenta copia auténtica del oficio nº 575 del 1 de octubre de 2001 del comandante de la Estación de Policía de ese municipio (fls. 204-205 c. 3).

6.8. El 14 de junio de 2002, el juzgado cuarto penal del circuito especializado de Medellín condenó a A.H.B. por el delito de extorsión en la modalidad de tentativa, según da cuenta copia auténtica de esa providencia (fls. 240-268 c. 3).

6.9. El 10 de octubre de 2002, el Tribunal Superior de Medellín absolvió a A.H.B. porque no cometió el delito, según da cuenta copia auténtica de esa providencia (fls. 292-299 c. 3). La providencia quedó ejecutoriada el 19 de noviembre de 2002, según da cuenta certificación del centro de servicios administrativos de los juzgados penales del circuito especializado de Medellín (fl. 315 c. 3).

6.10. El 11 de octubre de 2002, A.H.B. recuperó su libertad, según da cuenta copia auténtica de la boleta de libertad (fl. 301 c. 3).

6.11. A.H.B. es padre de E.B.C., según da cuenta copia auténtica del certificado del registro civil de nacimiento (fl. 3 c. 2).

La privación de la libertad fue injusta porque se absolvió porque no cometió el delito.

7. El daño antijurídico está demostrado porque A.H.B. estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 28 de septiembre de 2001 hasta el 11 de octubre de 2002 [hechos probados 6.7 y 6.10]. Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

8. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(5) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo(6), con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 CN(7).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(8).

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

9. La fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Medellín impuso medida de aseguramiento a A.H.B. con fundamento en el testimonio de J.F.H.A., quien luego de aceptar los cargos, lo señaló como determinador del delito, ya que estuvo presente en el domicilio de las víctimas el día en que iniciaron los actos extorsivos [hecho probado 6.5].

Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín lo absolvió porque los señalamientos que lo incriminaban no eran creíbles y su presencia en la empresa donde había trabajado, de propiedad de las víctimas de la extorsión, obedeció a su calidad de informante del Ejército Nacional y de infiltrado en una organización criminal [hecho probado 6.9]. Así lo puso de relieve la providencia al indicar:

[…] Lo que nos demuestra entonces el haz probatorio es que A.H.B. se infiltró en los planes extorsivos que estaba llevando a efecto J.F.H.A., que como informante del Ejército Nacional pasó a delatarlo y que en razón de tal no se hizo esperar la retaliación del delatado y sus compinches, al caer asesinada su esposa después de que en una de sus visitas a la cárcel de Bellavista la siguieron hasta el lugar donde vivía […].

[…] Tenemos que concluir diciendo que el justiciable A.H.B. no ejecutó ni ayudó a ejecutar la conducta extorsiva de que se pretendió hacer objeto a la empresa C. y que como su actuación simple y llanamente se dirigió a enterarse de todos y cada uno de los pasos que daba su ejecutor para lograr su consumación a fin de delatarlo, es que se impone revocar el fallo condenatorio recaído en su contra. (fl. 298 c. 3).

Así las cosas, como la absolución del demandante fue con fundamento en que no cometió el delito, el título de imputación aplicable es el objetivo de daño especial, lo que torna en injusta la privación de su libertad.

En tal virtud, el daño es imputable a la Nación-rama judicial, Fiscalía General de la Nacióny, por ello, se confirmará la sentencia apelada.

Indemnización de perjuicios.

10. La demanda solicitó el reconocimiento del lucro cesante a favor de A.H.B., por los dineros dejados de percibir durante el tiempo de reclusión. La sentencia de primera instancia le reconoció $ 11.930.070 por este concepto.

El despacho comisorio 23 FGN.DSCTI.GC.I-6 del 3 de septiembre de 2001, con el que la coordinadora del grupo de capturas del CTI solicitó al comandante de la Estación de Policía del municipio de Amagá, Antioquia, la captura de A.H.B., da cuenta que este trabajaba en la empresa C.S.F., ubicada en la vereda P. de Amagá y que era cotizante en el sistema de salud (fls. 201-202 c. 3).

Como quedó demostrado que A.H.B. ejercía una actividad laboral productiva, sin que pudiera establecerse el monto devengado, se debía liquidar con el salario mínimo vigente(9) y adicionar el 25% correspondiente a las prestaciones sociales(10) por el periodo de la detención más 8.75 meses, correspondientes al tiempo que según las estadísticas requiere una persona en Colombia para conseguir trabajo luego de haber salido de la cárcel(11).

La sentencia de primera instancia liquidó el perjuicio sin aumentar el porcentaje por prestaciones sociales y, si se liquida en esta instancia, el monto concedido por el tribunal aumentaría. La Nación-rama judicial, Fiscalía General de la Nación está amparada por el principio de la non reformatio in peius, según el cual el superior no puede agravar la condena impuesta al apelante único (art. 31 C.N.). Por lo anterior, se confirmará el monto reconocido, suma que será actualizada de conformidad con la siguiente fórmula:

VP=
 

Donde:

Vp = Valor presente

Vh = Valor histórico

índice(12) final a la fecha de esta sentencia: 137,87 (junio de 2017)

índice inicial a la fecha de la sentencia de primera instancia: 109,95 (enero de 2012)

1
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia del 25 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE que la Nación-Fiscalía General de la Nación, rama judicial es patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad de A.H.B., ocurrida entre el 28 de septiembre de 2001 y el 11 de octubre de 2002.

2. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación, rama judicial a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a A.H.B., catorce millones novecientos cincuenta y nueve mil quinientos dieciséis pesos moneda corriente ($ 14.959.516).

3. DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias pertinentes conforme a la ley.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 El consejero ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala plena de lo contencioso administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 1].

3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].

4 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425.

5 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.2.2].

6 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, Rad. 13.168 [fundamento jurídico 5] y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354 [fundamento jurídico 2.3.2].

7 El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 3].

8 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 18.960 [fundamento jurídico 3.3].

9 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 24 de febrero de 1994, Rad. 8.576. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y lo acoge. Los argumentos de inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 14 de marzo de 2016, Rad. 40.286.

10 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 4 de julio de 1997, Rad. 10.098 [fundamento jurídico 4.1].

11 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168 [fundamento jurídico 6.3.1.1]. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 15 de octubre de 2015, Rad. 34.952 [fundamento jurídico 1].

12 Estos factores corresponden a los índices de precios al consumidor que pueden ser consultados en el Banco de la República: http://www.banrep.gov.co/es/ipc.