Sentencia 2004-08539 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 250002325000200408539 01-

Nº Interno: 1540-2011-

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E)

Actor: Alberto Pereira Suárez-

Autoridades nacionales

Recurso extraordinario de revisión

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De la competencia.

Esta corporación es competente para resolver la revisión presentada, en este caso, contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque el artículo 185 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, señala que el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas.

En este orden, cabe precisar, que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009(8), declaró inexequible la expresión “dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los tribunales administrativos, en única o segunda instancia” contenida en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 185 del Código Contencioso Administrativo, porque consideró que con dicha disposición se limitaba el ejercicio del recurso extraordinario de revisión en desmedro de los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

En efecto, el aparte del artículo declarado inconstitucional impedía la procedencia del recurso extraordinario de revisión para las sentencias proferidas en procesos de única instancia de competencia de los jueces administrativos; las sentencias no apeladas proferidas en los procesos conocidos por los jueces administrativos en primera instancia; y, las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

En esa oportunidad, el Tribunal encargado de la guarda de la Constitución consideró:

“(...).

La disposición cuestionada niega la posibilidad a quien se ha visto perjudicado con una sentencia fundada en pruebas o hechos fraudulentos o erróneos, de obtener la tutela judicial efectiva. Las causales que dan lugar al recurso extraordinario de revisión en lo contencioso administrativo, pueden configurarse en cualquier clase de proceso cuya naturaleza permita su ocurrencia. No obstante, la norma cuestionada excluye del recurso de revisión ciertas sentencias, sin que tal exclusión tenga justificación constitucional”(9).

(...).

“Por tanto, no encuentra la Corte que exista un principio de razón suficiente, que justifique que una norma como la acusada, excluya a determinadas sentencias de ser revisadas mediante este recurso extraordinario, a pesar de haberse configurado una de las causales analizadas, y en esa medida resulta contraria al derecho a acceder a la justicia, al derecho a la igualdad y al debido proceso.

(...)”(10).

Así, ante la ausencia de disposiciones que regularan la competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias que no fueron estipuladas inicialmente en el artículo 57 de la Ley 448 de 1998, la Corte Constitucional dijo que se debía acudir a las normas procesales civiles aplicables al asunto, en atención al mandato expreso contendido en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo que determina:

“(...).

En esa medida, dado que el recurso extraordinario de revisión tiene una naturaleza distinta a la de un proceso administrativo o de una acción contenciosa, la norma que permite llenar el vacío se encuentra en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, que remite al Código de Procedimiento Civil.

(...)”.

En consideración a lo preceptuado y en aplicación de las normas que regulan la competencia funcional de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales superiores de distrito judicial para conocer del recurso extraordinario de revisión, se tiene que el mismo debe ser resuelto por el superior jerárquico del funcionario que profirió la sentencia objeto de impugnación.

Cuando se interpone el recurso extraordinario de revisión contra una sentencia dictada por un juez administrativo, bien sea en única, primera o segunda instancia, el competente para resolverlo es el tribunal administrativo del distrito judicial al cual pertenece el juez que profirió el fallo recurrido. Si la sentencia objeto de revisión fue proferida por un tribunal administrativo (como en este caso) o una sección o subsección del Consejo de Estado, el competente para conocer del recurso extraordinario es el Consejo de Estado, observando las normas de competencia aplicables al caso.

Ahora bien, en el sub lite, el fallo recurrido lo profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo cual, se aplica el numeral 2º del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999(11), modificado por el artículo 1º del Acuerdo Nº 55 de 2003, que le atribuye la competencia a la Sección Segunda del Consejo de Estado para conocer del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta Sección.

En conclusión, esta Sala es competente para resolver el recurso formulado, no solo porque fue interpuesto contra una providencia dictada por un tribunal administrativo, sino, además, porque su materia es de carácter laboral, no proveniente de un contrato de trabajo.

2. Del recurso extraordinario de revisión.

El recurso extraordinario de revisión es un medio excepcional de impugnación, cuyo ejercicio debe sujetarse a las normas que lo regulan, contenidas en los artículos 185 a 193 del Código Contencioso Administrativo, las cuales señalan unos requisitos que restringen su ejercicio a unas precisas decisiones judiciales; determinan el plazo para intentarlo y señalan las causales por las cuales procede.

En la medida en que el propósito del Recurso Extraordinario de Revisión es invalidar las sentencias ejecutoriadas, por haberse proferido con desconocimiento de la garantía de la justicia, el recurrente debe demostrar que la decisión impugnada no se aviene a la realidad fáctica o jurídica del proceso y que se configura una de las ocho (8) causales de revisión taxativamente señaladas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, luego de lo cual se abre el camino para analizar nuevamente el caso objeto del litigio y es cuando procede a decidirlo conforme a derecho.

Mediante el recurso extraordinario de revisión solo se pueden impugnar las sentencias ejecutoriadas proferidas en esta Jurisdicción; el plazo para interponerlo es de los dos (2) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia que se impugna y su prosperidad depende de que el recurrente no solo invoque, sino que demuestre la configuración de cualquiera de las causales que con criterio restrictivo establece el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.

Si el medio extraordinario de impugnación que se analiza solo procede cuando se configura una de las ocho (8) causales, que para el efecto señala el artículo precitado, ello quiere decir que esa forma de impugnación no es una nueva instancia judicial y que mediante su ejercicio no se pueden poner a consideración del Juez de la revisión asuntos de hecho o de derecho resueltos en el proceso que precedió la sentencia impugnada, como tampoco es la oportunidad adecuada para corregir los yerros jurídicos y probatorios en que hubiesen incurrido las partes.

Las causales de revisión son taxativas y si bien el recurrente puede invocar los hechos que las constituyen, no por ello puede utilizarlas como si se tratara de una instancia adicional para controvertir los juicios y conclusiones contenidos en la providencia que impugna.

3. De la causales de revisión invocadas.

El demandante solicitó la revisión del fallo de instancia con fundamento en las causales previstas en los numerales 2º y 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, que corresponden a las siguientes:

(...)”.

2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria

(...).

6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

(...)”.

En primer lugar, para que proceda la primera de las causales invocadas es necesario que:

• Se recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia;

• Con ellas se hubiera podido proferir una decisión diferente;

• El recurrente no las hubiera podido aportar al proceso, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

Al respecto, esta corporación mediante reiterada Jurisprudencia ha sostenido que la prueba adquiere la calidad de recobrada cuando no fue posible allegarla al proceso contencioso administrativo por caso fortuito, fuerza mayor o por obra de la parte contraria, siendo decisivas para resolver la controversia. En sentencia de 26 de julio de 2005, radicación: 11001-03-15-000-2000-00031-01(REV), M.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero, este Alto Tribunal sostuvo lo siguiente:

“(...).

Respecto de la causal que alega el recurrente, consagrada en el numeral 2º del citado artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, la Sala precisa que ella ocurre cuando se recobran, luego de proferida la sentencia, pruebas documentales que no fueron aportadas al proceso por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria, y que tienen el carácter de decisivo.

Solo tienen carácter decisivo, los documentos en los cuales aparecen circunstancias que de haber sido conocidas por el juzgador, hubieran variado la decisión que tomó en la providencia recurrida.

(...)”.

En segundo lugar, debe precisarse en cuanto a la segunda causal invocada, que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia de quien hoy redacta la presente(12), indicó que las nulidades procesales no pueden confundirse con las que se originan en la sentencia, pues mientras las primeras se estructuran cuando se dan los motivos consagrados taxativamente en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, las segundas deben interpretarse restrictivamente con unos determinados supuestos fácticos que esta corporación ha precisado y que conducen a determinar que la nulidad originada en la sentencia puede ocurrir:

a) cuando el juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece de jurisdicción o competencia;

b) cuando, sin ninguna actuación, se dicta nuevo fallo en proceso que terminó normalmente por sentencia en firme;

c) cuando sin más actuación, se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual se aceptó el desistimiento, aprobó la transacción, o, declaró la perención del proceso, pues ello equivale a revivir un proceso legalmente concluido;

d) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el trámite previo correspondiente, toda vez que ello implica la pretermisión íntegra de la instancia;

e) cuando el demandado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente de la invocada en esta,

f) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello también se pretermite íntegramente la instancia;

g) cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida

Respecto del asunto en análisis, la misma Sala se pronunció en los siguientes términos:

“(...)

De acuerdo con los términos del recurso extraordinario especial de revisión interpuesto, se pretende configurar la causal de revisión prevista en el numeral 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo:

“Son causales de revisión:

(...).

“6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación".

“Sobre la causal sexta de revisión ha precisado la Sala que no se trata de controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician su validez.

La Sala observa que las razones planteadas en el recurso interpuesto sugieren un cuestionamiento a la apreciación de los hechos y valoración de las pruebas, y una errada interpretación de las normas constitucionales que le permitieron al fallador configurar la causal de pérdida de investidura decretada en la sentencia impugnada, lo cual no corresponde a ninguno de los eventos, que según el criterio expuesto, permiten tipificar la causal de nulidad originada en la sentencia invocada en la demanda de revisión.(13) (Lo subrayado y en negrillas corresponde a la Sala).

Primer cargo

Aseguró el actor que mientras se adelantó el proceso ordinario, encontró un Informe presentado por el Comisionado Nacional para la Policía (E), en el que hizo referencia al buen manejo de los recursos públicos y a la transparencia de las operaciones dentro de la entidad; lo que denota que mientras estuvo a interior del ente demandado, prestó sus servicios de manera honrada y eficiente.

Para determinar si dicho documento tiene la capacidad de enervar la providencia de tribunal, es necesario examinar si se cumplen los presupuestos que fueron señalados al comenzar este acápite, entorno a los requisitos para que se configure la causal del numeral 2º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo:

1º. Que después de dictada la sentencia se recobren pruebas decisivas.

El recurrente pretende que se tenga en cuenta: el Informe que fue presentado al Congreso por el Comisionado Nacional (E), la solicitud del comandante de la Fuerza Aérea donde solicitó su traslado y la Comunicación en la cual se da la respuesta a lo anterior.

Al respecto, la Sala observa que los mencionados documentos no gozan de la calidad de prueba recobrada, por cuanto además de que fueron suscritos dentro del trámite de la primera instancia, pues datan de los años 2004 y 2005, en ningún momento adquieren la calidad de extraviados; más bien lo que se evidencia, es un descuido del demandante de no allegarlas dentro de las oportunidad probatoria que le otorga la ley. En ese sentido, y tal como lo advirtió el ente demandando, el recurso extraordinario de revisión no tiene la finalidad de suplir la inactividad del accionante.

Tanto que, no demostró la ocurrencia de hechos diferenciadores a los conocidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues cuando fueron examinadas cada una de las pruebas que fundamentaron la decisión, se tuvieron presente las calidades humanas y profesionales del demandante, lo que aconteció entonces, fue que para el Juez de Instancia recobró mayor importancia el hecho de la falta de confianza para el nuevo nominador y la actitud conflictiva que mantenía en su entorno laboral, en consonancia con el ejercicio de la facultad discrecional en relación con los cargos de libre nombramiento y remoción.

2º. Que con ellas se hubiera podido proferir una decisión diferente.

Ni el informe suscrito por el comisionado nacional (E) ni mucho menos la solicitud del comandante de la Fuerza Aérea donde solicitó su traslado aportan elementos de juicio convincentes y diferentes a los expuestos en el libelo introductorio, los cuales sean capaces de cambiar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En efecto, tal como se advirtió anteriormente, el tribunal en la sentencia atacada analizó todos los argumentos expuesto por el actor, pero estos fenecieron frente a otros razonamientos más relevantes, como por ejemplo, la facultad discrecional con la que cuenta el nominador para declarar insubsistente y sin motivación alguna la designación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, la falta de probanzas necesarias en aras a demostrar la supuesta retaliación y, la clara mejoría en la prestación del servicio una vez se retiró.

3º. Que el recurrente no las hubiera podido aportar al proceso, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

El recurrente sostiene que el informe no lo pudo acompañar oportunamente porque fue posterior a la presentación de la demanda; no obstante, para la Sala dicha afirmación no es cierta, ya que la pudo haber solicitado para que se remitiera con destino al expediente.

Vale la pena afirmar sobre esta particularidad, que el principio de la carga de la prueba impone al demandante el deber de acreditar los hechos que sirven de soporte a las pretensiones conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Pero si ello no fuese suficiente, está autorizado para reclamar la exhibición de libros y papeles en poder de la parte contraria o de un tercero y el acceso a todos los documentos públicos como manda el artículo 74 de la Constitución Política. Igualmente puede solicitar el decreto de una inspección judicial como instrumento para examinar y acopiar documentos.

De todo ello se sigue que el demandante tiene instrumentos suficientes para lograr que lleguen al proceso las pruebas documentales que pretenda hacer valer, y debe hacerlo en la oportunidad procesal, pues de no ser así, sorprendería a la parte contraria con documentos guardados deliberadamente o hallados a última hora, cuya aparición causaría la ruptura de las sentencias ejecutoriadas y la inseguridad jurídica. Por lo anterior, el legislador puso como condición del recurso de revisión, acreditar que el demandante en revisión estuvo imposibilitado para aportar los documentos “por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, y no por el simple olvido, incuria o abandono de la parte. Al respecto la Jurisprudencia de esta corporación ha sostenido lo siguiente(14):

“(...).

En cuanto a la causal 2ª de revisión, se ha dicho que para que se estructure, se requiere que existiendo documentos, no hubieran podido ser aportados oportunamente por circunstancias ajenas a la voluntad del recurrente, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, eventos que deben encontrarse debidamente probados además, dicho documento y que el documento o documentos, deben ser decisivos, detal forma hubieran podido conducir a una decisión diferente.

(...).

Ha entendido la jurisprudencia de esta corporación, que la prueba recobrada es un elemento probatorio nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la decisión, no fue tenido en cuenta, porque el interesado no pudo presentarla oportunamente dentro del proceso, pues solo fue recuperado luego de proferida la sentencia.

Esto implica, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el Juez, porque solo llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello.

(...)” (Lo destacado es de la Sala).

Segundo cargo:

Manifestó el demandante, a través de su apoderado, que él tenía derecho a que su retiro se produjera por motivos de mejoramiento del servicio, y no, como consecuencia de una retaliación por parte del comisionado nacional (E); es más, existe una sentencia(15) del mismo tribunal donde accedió a las pretensiones, teniendo como fundamento los mismos argumentos que se expusieron en el presente caso.

Al examinar tales razonamientos se puede concluir que el señor Pereira Suárez pretende que se reexaminen las razones por las cuales discrepa de la sentencia impugnada, frente a las motivaciones consignadas en dicho proveído, partiendo nuevamente de la supuesta discordancia que mantenía con el comisionado nacional (E) desde que este era director de la regional centro y de las excelsas capacidades con las que contaba, sin tener en cuenta que el recurso extraordinario de revisión no es la vía indicada para poner en consideración del juez los motivos de disentimiento del recurrente frente a la sentencia que impugna.

De hecho, al estudiar el contenido de la decisión objeto del recurso interpuesto por el accionante, se observa que la misma realiza un análisis juicioso en relación con los extremos de la controversia, comenzando por el marco normativo aplicable, en consideración al cargo que ostentaba en el momento en que fue declarado insubsistente su nombramiento y analizando cada una de las pruebas recaudadas, para luego concluir que además de existir razones para retirarlo, la decisión estaba cobijada por la facultad discrecional con la que cuenta el nominador.

Adicionalmente, no solo analizó los requisitos necesarios para ocupar el cargo que venía siendo desempeñado por el accionante, sino también, la hoja de vida de quien lo remplazó; es decir, fueron estudiados todos y cada uno de los argumentos expuestos en su oportunidad y frente a los cuales no estaba de acuerdo.

Por lo anterior, se advierte que los argumentos sobre los cuales el actor edifica el recurso no generan una nulidad de la sentencia, sino que guardan relación con un ámbito legítimo de decisión e interpretación del fallador de instancia, sin que se evidencie un irrespeto a los derechos y garantías de los sujetos procesales, es decir que conciernen a aspectos propios del fondo de la controversia, tales como el mejoramiento del servicio y la inmediatez, asuntos que no pueden ser debatidos en esta actuación, por cuanto no guardan relación con la causal de revisión invocada, y además porque esta no es una tercera instancia.

Y aun cuando las razones referidas serían suficientes para despachar el cargo de forma adversa, ello no obsta para que se reitere en esta ocasión el derrotero jurisprudencial que en materia de calidades profesionales y personales, ha trazado esta Sala en varias providencias, una de las cuales expuso(16):

“... según lo plantea el actor, su hoja de vida demuestra las altas capacidades y logros académicos con que cuenta, y que su desempeño fue excelente, eficiente y exigente, al punto de llevar las más importantes investigaciones; empero, tales circunstancias, tratándose de decisiones discrecionales como la acusada, no generan por sí solas fuero alguno de estabilidad ni pueden limitar la potestad discrecional que el ordenamiento le concede al nominador, mucho menos constituyen plena prueba de la desviación de poder, pues ha sido criterio de la corporación que la idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones, no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, pues lo normal es el cumplimiento del deber por parte del funcionario. En efecto, así lo ha puntualizado la corporación(17):

“... en lo que respecta al buen desempeño del actor durante el tiempo que laboró para la entidad, ha de decir la Sala que tal circunstancia no genera para los empleados que puedan ser retirados del servicio por discrecionalidad del nominador; fuero de estabilidad, ni es obstáculo para que la administración ejercite la facultad que le ha sido asignada por ley, como en el caso sub-examiné (sic), la que se presume ejercida en aras del buen servicio”.

En otras palabras, por más de que se requiera, para el desempeño del cargo de magistrado auxiliar de una alta corporación, calidades excelsas y condiciones especiales, como las que ostentaba el demandante, estas circunstancias no enervan la potestad discrecional del nominador de relevar a sus empleados ya que el primero puede tener razones objetivas del servicio para prescindir de sus servicios

(...)”.

Vistas así las cosas, resulta válido afirmar que el escrito que sustenta el recurso extraordinario de revisión se orientó a reabrir el debate de un asunto que ya hizo tránsito a cosa juzgada, como lo fue el proceso que culminó con la providencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

De otro lado, no es de recibo que se tenga que acoger una sentencia proferida por el mismo tribunal en donde presuntamente se accedieron a las pretensiones, ya que el juez al decidir sobre las demandas es autónomo en la valoración de las circunstancias del caso, como de la norma aplicable al mismo, sin que exista obstáculo para que comparta aquellas interpretaciones que sobre una determinada norma y similares circunstancias ha desarrollado la jurisprudencia, y sin que pueda ingerirse que por el hecho de invocar esta jurisprudencia esté violando o desconociendo la ley.

Además, la mencionada providencia fue expedida en segunda instancia dentro del procedimiento ordinario y no al decidir un recurso extraordinario de revisión, donde el examen de legalidad por parte del operador judicial se encuentra restringido en aras de garantizar la cosa juzgada y la seguridad jurídica.

Para la Sala lo anterior es suficiente para declarar que la prueba que el actor pretende hacer valer como recobrada no tiene tal calidad, de suerte que no es procedente reabrir el proceso y analizar el fundamento legal que tuvo en cuenta el tribunal para atender desfavorablemente las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NO PROSPERA el Recurso Extraordinario de Revisión propuesto por la parte actora, contra la sentencia de 2 de julio de 2009, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó el fallo de 16 de mayo de 2007 emitido por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Alberto Pereira Suárez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Comisionado Nacional para la Policía.

Cópiese, notifíquese y una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al juzgado dieciocho administrativo del circuito judicial de Bogotá D.C.(18) Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha precitada».

(8) Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa.

(9) Corte Constitucional. Sala Plena. MP: Dra. María Victoria Calle Correa. Sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 57 (parcial) de la Ley 446 de 1998. Accionante: Javier Domínguez Betancur.

(10) Ibídem.

(11) Por el cual “La Sala plena del Consejo de Estado, en ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo 237, numeral 6º, de la Constitución Política y de conformidad con lo aprobado en la sesión de febrero 16 del año en curso; Acuerda, La Corporación se regirá por el siguiente reglamento: (...)”.

(12) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 25 de noviembre de 2008.Radicación 110010315000200300135-01. Recurrente: Jaime Lozada Perdomo. Actor P.I.: Luís Gerardo Ochoa Sánchez. Recurso Extraordinario Especial de Revisión de Pérdida de Investidura, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(13) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de octubre de 2005. Consejera Ponente: Ligia López Díaz. Radiación: 11001-03-15-000-2003-00794-01(REVPI)

(14) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “A”. Sentencia de 28 de junio de 2012. Radicación: 860013331001200000861 01. Número Interno: 1308-2010. Actor: Ciro René Eraso Pastas. C. P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

(15) “Ref: 2004-08538, actor: William Ernesto Montaña, demandada: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional”.

(16) Consejo de Estado, sentencia de 8 de marzo de 2012, Ref: 250002325000200801067 01, C. P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(17) Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 31 de julio de 1997, radicado 16128, Actor: Manuel Salamanca.

(18) Mediante Auto de 16 de agosto de 2011, este despacho ordenó oficiar al Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., para que remitiera con destino a este proceso el expediente de la referencia (fl. 18).