Sentencia 2004-09462 de febrero 7 de 2013

 

Sentencia 2004-09462 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Rad. 25000 23 25 000 2004-09462 01 (0496-09)

Apelación sentencia

Autoridades nacionales

Actor: Blanca Teresa Gaona de Rodríguez

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se trata de establecer la legalidad de las resoluciones 623 de abril 14 de 2004 y 1750 de noviembre 10 de 2004 expedidas por el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el departamento de Cundinamarca mediante las cuales se negó el reconocimiento de la indemnización por enfermedad profesional a la señora Blanca Teresa Gaona de Rodríguez.

La señora Gaona de Rodríguez laboró al servicio docente desde el 2 de febrero de 1962, como consta en el acta de posesión cuya copia obra a folio 188 y su vinculación laboral se prolongó hasta el 30 de septiembre de 2002, por la aceptación de la renuncia mediante Resolución 002883 de septiembre 10 de 2002 (fl. 30).

La demandante presentó dificultades de salud, razón por la cual asistió a consultas médicas en la especialidad de neumología, que se extendieron desde el mes de marzo de 1994 hasta el año 2006, según da cuenta su historia clínica, cuya copia se allegó de folios 58 a 99.

Debido a las afecciones sufridas, fue enviada por medicina laboral a valoración por parte de la junta interdisciplinaria de medicina laboral, que fue practicada el 4 de mayo de 2003 (fl. 38) y el 11 de febrero de 2004 en las que se determinó el 45% de la disminución de la capacidad laboral producida por una enfermedad profesional denominada silicoantracosis, según consta a folio 19 del expediente, por haberse expuesto a la utilización de tiza por más de 40 años.

A causa de la valoración médica que antecede, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización por enfermedad profesional, mediante escrito radicado el 5 de febrero de 2003 (fls. 9-11) que fue resuelta en forma desfavorable, a través de Resolución 623 de abril 14 de 2004 (fls. 3-5); contra ella se interpuso recurso de reposición (fls. 21 y 22) que se resolvió mediante Resolución 1750 de noviembre 10 de 2004 (fls. 6-8) que confirmó la decisión inicial.

La Ley 100 de 1993 en su artículo 11 revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales y en tal virtud, se expidió el Decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales.” cuya aplicación también está sujeta a las mismas excepciones contenidas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 que, entre otras cosas, establece:

“ART. 279.—Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. (...)”.

Es decir, a pesar de que la norma vigente al momento en que se determinó la disminución de la capacidad laboral de la demandante, que rige lo relativo a los riesgos profesionales, es la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1295 de 1994, no sería aplicable en su caso particular por estar excepcionada de su aplicación al tenor de lo dispuesto en la norma previamente citada, por encontrarse afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Lo anterior da lugar a remitirse a las disposiciones anteriores, que no fueron derogadas por el sistema de riesgos profesionales derivados de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, que consagran lo relativo a la indemnización por disminución de la capacidad laboral para los empleados públicos. Así, el artículo 14 del Decreto 3135 de 1968 “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales” establece:

“ART. 14º.—

Prestaciones a cargo de las entidades de previsión. La entidad de previsión social a la cual se halle afiliado el empleado o trabajador, efectuará el reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones:

1. A los empleados públicos y trabajadores oficiales:

(...)

f) Indemnización por enfermedad profesional;”.

No obstante, las disposiciones que desarrollaban lo relativo a dicha indemnización, contenidas en los artículos 22 del Decreto 3135 de 1968 y 11 a 18, que comprenden el capítulo VI del Decreto 1848 de 1998, fueron derogados por el artículo 98 del Decreto 1295 de 1994, que consagró:

“ART. 98. Derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación y deroga los artículos 199, 200, 201, 202, 203, 204 y 205 del Código Sustantivo de Trabajo, los artículos 20, 88 y 89 del Decreto 1650 de 1977, los artículos 24, 25 y 26 del Decreto 2145 de 1992, los artículos 22, 23, 25, 34, 35 y 38 del Decreto 3135 de 1968, los capítulos cuarto y quinto del Decreto 1848 de 1969, el artículo 2º y el literal b) del artículo 5º de la Ley 62 de 1989 y demás normas que le sean contrarias, a partir de la entrada en vigencia del sistema general de riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior”.

Las anteriores consideraciones impiden aplicar el Decreto 3135 de 1968, por haber sido derogadas las disposiciones que consagraban lo relativo a la definición y elementos necesarios para determinar si hay o no lugar al reconocimiento de la indemnización por enfermedad profesional.

No obstante lo anterior, la Sala debe señalar que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 que contiene la excepción de la aplicación del sistema de seguridad social integral a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue sometido a control de constitucionalidad(1) y en su estudio, la Corte Constitucional sostuvo:

“No puede ser admisible que se excluya a un grupo de pensionados de un beneficio que se otorga a la generalidad del sector y que tiende al desarrollo de un derecho constitucional, por simples consideraciones subjetivas, que no encuentran asidero en los principios y valores constitucionales. Como en forma reiterada lo ha manifestado la Corte, el derecho a la igualdad se traduce en una garantía que impide a los poderes públicos tratar de manera distinta a quienes se encuentran en iguales condiciones. En consecuencia, la norma que estudia la Corte, configura una discriminación que atenta contra el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política”.

Si bien es cierto en la demanda que dio origen a la precitada sentencia se reclamaba la presunta discriminación al impedir que los pensionados afiliados al mencionado fondo percibieran la mesada adicional —pagadera en junio de cada año—, la primacía del derecho a la igualdad allí amparada, a juicio de la Sala, debe prevalecer tratándose del reconocimiento de los beneficios mínimos consagrados en dicha ley, como, en este caso, la aplicación del régimen de riesgos profesionales con fines indemnizatorios.

Esta corporación ha sido garante del derecho a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos para los trabajadores en las normas laborales, tal como lo prevé el artículo 53 de la Constitución Política, razón por la cual dará aplicación al sistema general de riesgos profesionales a favor de la demandante, a pesar de estar excluida de su aplicación, por no existir, dentro de su régimen propio, disposiciones que consagren lo pertinente.

En las anteriores condiciones, la Sala se aparta de la interpretación efectuada por el a quo, según la cual se entiende que las derogatorias previstas en el artículo 98 del Decreto 1295 de 1994 no cobijan a los excepcionados de la aplicación del sistema de seguridad social integral, pues la derogatoria que contiene la norma no es parcial respecto de unos sectores y no respecto de otros.

No obstante, como ya se anotó, en aplicación del principio de igualdad, en el caso particular de la demandante, se aplicará el Decreto 1295 de 1994 en materia de indemnizaciones por concepto de enfermedad profesional y requisitos para su reconocimiento.

El artículo 11 de precitado decreto(2), define la enfermedad profesional en los siguientes términos:

“ART. 11.—Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional”.

La enfermedad dictaminada a la demandante fue “silicoantracosis” enlistada en el artículo 201 del Código Sustantivo del Trabajo como enfermedad profesional, provocada por polvos de carbón y sílice(3), es decir, en su caso se configura el requisito necesario para ser considerada enfermedad profesional, toda vez que está enlistada dentro de la tabla que el Gobierno Nacional determinó para tal fin.

Así mismo, la tabla de enfermedades adoptada por el Decreto 1832 de 1994, adoptó dicha enfermedad en su artículo 1º, numeral 2º en los mismos términos citados.

En el caso de la actora, fue valorada el 4 de mayo de 2003 y el 11 de febrero de 2004(4) por la Junta Interdisciplinaria de Medicina Laboral de Médicos Asociados S.A. y en ambas valoraciones se dictaminó un 45% de disminución de capacidad laboral por la enfermedad profesional ya referenciada y no se evidenció desacuerdo por parte de la entidad, respecto de la calificación de la enfermedad ni el porcentaje de la disminución laboral.

En cuanto al derecho a la indemnización por enfermedad profesional, el artículo 7º de la Ley 776 de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales” determinó:

“ART. 7º—Monto de la incapacidad permanente parcial. Todo afiliado al sistema general de riesgos profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales, en una suma no inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación”.

Las normas que definen la enfermedad profesional y consagran el derecho a percibir indemnización por tal concepto, en momento alguno exigen que el empleado deba estar vinculado al momento de la valoración y determinación de la disminución de su capacidad laboral, ni que el hecho de haber permanecido al servicio con miras a cumplir requisitos para acceder a la pensión de jubilación, sean razones que eximan del reconocimiento de la indemnización por ese concepto.

En consecuencia, al no existir razones de origen legal que impidan el reconocimiento de la indemnización reclamada por la demandante o exijan requisitos adicionales a ser valorada por la entidad competente y haber sido determinada una disminución de la capacidad laboral por concepto de una enfermedad profesional, mal puede la entidad pretender la exigencia de ese tipo de requisitos.

Entonces, como se determinó que la demandante cumplió los requisitos para el reconocimiento de la indemnización por concepto de la enfermedad profesional se hace necesario acudir al Decreto 2644 de 1994, en virtud del cual se determinó la tabla única de indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99%, en cuyo artículo 1º estableció:

“ART. 1º—Tabla de equivalencias. Se adopta la siguiente tabla de equivalencias para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral como parte integrante del manual único de calificación de invalidez:

Porcentaje de pérdida de la capacidad laboralMonto de indemnización en meses de ingreso base de liquidación
4924
4823.5
4723
4622.5
4522

Entonces, como la pérdida de la capacidad laboral de la demandante fue del 45%, le corresponde una indemnización correspondiente a 22 salarios devengados al momento del retiro del servicio.

En las anteriores condiciones, habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia que ordenó el reconocimiento de la indemnización a favor de la demandante en el equivalente a 22 salarios, pero de conformidad con las consideraciones de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del dos (2) de octubre de dos mil ocho (2008), proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Blanca Teresa Gaona de Rodríguez contra el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Sentencia C-461 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(2) Si bien el texto de dicha norma fue declarado inexequible mediante Sentencia C-1155 de 2008, estaba vigente al momento de la determinación de la disminución de la capacidad laboral de la demandante, elemento determinante para el reconocimiento de la indemnización pretendida.

(3) El enunciado de la norma es el siguiente: “2. Silicoantracosis (polvos de carbón y sílice): Trabajos en minas, carboneros, fogoneros, manipuladores de negro de humo”.

(4) Folios 19 y 38.