Sentencia 2004-10006 de mayo 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 50001233100020041000601

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Demandante: William Valencia Campos

Demandada: Contraloría Municipal de Villavicencio

Asunto: fallo de segunda instancia

Nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de descongestión 357 de 5 de diciembre de 2017, así como en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos por los apoderados judiciales de Villavicencio y de la Contraloría de Villavicencio, contra la sentencia de 30 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.

2. Problema jurídico.

Le corresponde a esta sección resolver, en los precisos términos expuestos en los recursos de apelación, si acertó el Tribunal Administrativo del Meta, al acceder a las pretensiones de la demanda que el ciudadano William Valencia Campos instauró en contra del municipio de Villavicencio y la Contraloría de ese entre territorial o si, por el contrario, debían negarse.

Para lo anterior, la sala deberá establecer: (i) si como lo dice la apoderada de Villavicencio, el demandante no demostró la existencia de perjuicios por lucro cesante que le permitiera acceder a una condena en su favor y, (ii) si la Contraloría de Villavicencio no vulneró el debido proceso del señor Valencia Campos al momento de negar el decreto del dictamen pericial por él solicitado, único aspecto que hace parte de la apelación.

3. Caso concreto.

Con fines metodológicos y para mayor comprensión de la decisión que se adoptará, la sala empezará por estudiar la apelación del municipio de Villavicencio para descender a la de la Contraloría del ente territorial.

3.1. La apelación del municipio de Villavicencio.

La apoderada judicial de Villavicencio adujo, en síntesis, que la parte actora no demostró en el proceso el daño material, en la modalidad de lucro cesante que sufrió porque se le declaró responsable fiscal, pues no aportó prueba de que no pudo emplearse bien en cargo público o privado, este último, para el cual no existe la limitante de ingreso por encontrarse en el boletín de responsables fiscales.

Para resolver este argumento, la sala aprecia que en la sentencia de 30 de octubre de 2012 el Tribunal Administrativo del Meta, una vez determinó que los actos administrativos demandados por el señor William Valencia Campos debían anularse, procedió a referirse a la liquidación de los perjuicios a él causados.

Así, a folios 199 y 200 del cuaderno principal del expediente, el a quo negó los perjuicios morales, a la vida en relación y el daño emergente, al considerar que no se hallaban demostrados.

Ahora bien, en cuanto hace al lucro cesante, la corporación de primera instancia adujo que si bien la suma de dinero que dejó de percibir el demandante durante el tiempo que se encontró reportado en el boletín de responsables fiscales no se demostró, entendía que para el momento en que se dio el reporte, el señor William Valencia Campos se encontraba en edad productiva y se dedicaba a una actividad lícita, por lo que presumía que devengaba al menos el salario mínimo.

En concreto, el Tribunal Administrativo del Meta, sostuvo:

“La parte demandante solicitó el reconocimiento de esta clase de perjuicios, sin embargo esta situación fáctica no está corroborada en el haz probatorio, por lo que el monto de dinero dejado de percibir durante el lapso que estuvo reportado en el boletín de responsables fiscales no se encuentra demostrado.

No obstante lo anterior, la sala tiene por establecido que el demandante se encontraba al momento en que fue reportado por la Contraloría Municipal de Villavicencio en el boletín de responsables, en edad productiva y se dedicaba a una actividad lícita, presumiéndose así que devengaba al menos el salario mínimo legal mensual, por lo que se procederá a reconocer dicha suma desde el momento en que fue declarado responsable fiscalmente hasta el momento en que se excluyó al actor del boletín de responsables”.

Como se aprecia el a quo, amparado bajo tal presunción, liquidó el lucro cesante del demandante desde el momento en que fue reportado, hasta el día en el cual se le excluyó del boletín de responsables fiscales, esto es, del 17 de marzo de 2003 al 13 de mayo de 2005.

Para lo anterior tomó como referencia el salario mínimo del año 2012, cuya suma ascendía a $ 566.700 y adicionó un 25% por concepto de prestaciones sociales, para un total de $ 708.375.

Señaló que si la suma a reconocer de $ 708.375, se multiplicaba por 25,86 meses, el monto total de la indemnización por lucro cesante que debían reconocer las entidades demandas al señor Valencia Campos era de $ 18.318.578.

Por lo anterior, en el ordinal segundo de la parte resolutiva, dispuso:

“2. CONDÉNESE al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, a pagar a WILLIAM VALENCIA CAMPOS o a quienes sus derechos legalmente represente, la suma de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 18.318.578,00), a título de LUCRO CESANTE.”. (Negrita es original del texto).

Ahora bien, jurisprudencialmente se ha entendido que el lucro cesante es aquella “(…) ganancia o provecho que dejó de reportarse a consecuencia de la concreción del daño antijurídico”(25), sin embargo, como todo perjuicio, no puede ser hipotético y debe demostrarse, incluso en aquellos eventos en que se acude a la presunción de percibir un salario mínimo, pues esta se configura cuando la persona acredita ejercer determinada labor, pero no puede demostrar en realidad a cuánto ascendían sus ingresos mensuales.

Sobre el particular, la Sección Primera de esta corporación, en providencia de 16 de febrero de 2017, dentro del expediente 2007- 00379-01(26), expresó:

Ahora bien, el carácter resarcible del daño depende, fundamentalmente, de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente, no pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede generar una indemnización. Ello no obsta para que se tengan como ciertos aquellos daños futuros que, a pesar de no haberse consolidado todavía, no ofrecen duda acerca de su advenimiento”. (Negrita no es original del texto).

De acuerdo con lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado observa que el Tribunal Administrativo del Meta reconoció perjuicios por lucro cesante al demandante, se reitera, al presumir que durante el tiempo que permaneció su nombre en el boletín de responsables fiscales, devengó cuando menos el salario mínimo, toda vez que se encontraba en edad productiva y se dedicaba a una actividad lícita.

No obstante lo anterior, estima la sala que dicha presunción no es aplicable en el caso bajo examen, pues para ello el juez de la primera instancia debió analizar las circunstancias particulares que rodeaban el asunto, en específico, si como lo dijo la apelante, el reporte en el boletín de responsables fiscales le impidió al demandante acceder a un empleo público o privado, circunstancia que no está demostrada.

En efecto, según se observa a folio 175 del cuaderno principal del expediente, la Contraloría General de la República, con el oficio 2151 de 29 de septiembre de 2009, certificó que el demandado se reportó en el boletín de responsables fiscales Nº 35 con corte a 30 de septiembre de 2003, publicado en el diario oficial 45.367 de 10 de noviembre de la misma anualidad, del cual fue excluido a través de la Resolución 104 del 13 de mayo de 2005, expedida por la Contraloría de Villavicencio.

Ahora bien, no obstante que el demandante estuvo reportado durante más de 1 año como responsable fiscal, en el expediente no obra prueba, siquiera sumaria, de la cual se pueda derivar que durante este tiempo el demandante no estuvo empleado o que, pudiendo acceder a un empleo en una sociedad de derecho privado, no lo pudo hacer como consecuencia de su reporte como responsable fiscal.

Para la sala es cierto, como lo señala la entidad territorial apelante, que el sector público no es la única fuente de empleo en Colombia, donde sí sería exigible al demandante el certificado de antecedentes fiscales para acceder a un cargo, pero dicha circunstancia, de manera alguna, podía llevar a que el a quo presumiera la configuración de un lucro cesante en cabeza del señor William Valencia Campos, pues para ello tenía que existir prueba, se reitera, aunque fuera sumaria, de que el reporte impidió al demandante incluso acceder a un empleo en el sector privado.

En criterio de esta sala, el tribunal no señaló de manera concreta las razones que lo llevaban a reconocer al demandante una indemnización por lucro cesante bajo la presunción de ganar un salario mínimo y, por el contrario, pese a que reconoció que aquel no se demostró en el curso del proceso, accedió a su reconocimiento.

Así las cosas, como en el transcurso del proceso no se comprobó la configuración de un lucro cesante a favor del demandante, la sala considera que los argumentos expuestos por el municipio de Villavicencio están llamados a prosperar y, en esa medida, revocará el ordinal segundo de la sentencia de 30 de octubre de 2012, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Meta condenó a las demandadas a pagar, a favor del señor William Valencia Campos la suma de $ 18.318.578.

3.2. La apelación de la Contraloría de Villavicencio.

Afirmó la apoderada del ente de control fiscal, que su representada no vulneró el derecho fundamental al debido proceso del demandante, porque le permitió interponer los recursos en contra de sus decisiones y los decidió oportunamente.

Expresó que la prueba técnica que solicitó el señor Valencia Campos no era procedente porque la ley impide decretar un peritaje cuando dentro del proceso ya existe uno que versa sobre el mismo punto que se pretende demostrar.

Señaló que el fundamento para obrar en tal sentido fue el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil; que, además, el demandante contó con la posibilidad de controvertir la prueba técnica que se practicó dentro del proceso de responsabilidad fiscal y, sin embargo, no lo hizo.

Visto lo anterior, para la sala es diáfano que los argumentos de la apelación que presentó la Contraloría de Villavicencio, se dirigen únicamente a cuestionar las conclusiones del Tribunal Administrativo del Meta, respecto de la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del señor William Valencia Campos por habérsele negado, en el procedimiento de responsabilidad fiscal, el dictamen pericial que solicitó.

Así las cosas, como la apelante no censura el estudio que realizó el a quo respecto de las demás pruebas que se negaron en sede administrativa, en específico sobre los testimonios, aspecto que también sirvió de sustento para decretar la nulidad de los actos demandados, la Sección Quinta del Consejo de Estado aclara que de prosperar la alzada de la Contraloría de Villavicencio, tal circunstancia de manera alguna afectará la nulidad que declaró el Tribunal Administrativo del Meta, pues, se reitera, el estudio que se efectuará solo recaerá en los argumentos expuestos en la apelación.

Dicho lo anterior y para abordar el estudio que corresponde, se debe precisar si la prueba en la que se apoyó la Contraloría de Villavicencio, para atribuir responsabilidad fiscal al demandante, era un informe técnico o un dictamen pericial, pues a partir de allí será posible concluir si la demandada acertó al negar la prueba que el demandante reclamó practicar en el trámite administrativo.

Para el fin anotado, es pertinente señalar que el apoderado del demandante, dentro de la actuación administrativa y mediante escrito de 9 de julio de 2001(27), solicitó, entre otras, el decreto y práctica de la siguiente prueba:

“Solicito se pida concepto técnico a la Asociación de Ingenieros del Meta o a la Asociación Colombiana de Ingeniería, ambas con sede en Villavicencio, sobre los siguientes puntos:

Si los materiales empleados en la construcción del muro cumplen con los márgenes de calidad, si la gravilla y arena empleada para la fundición del muro era material de planta debidamente certificado o si simplemente se construyó con material de río.

Si la forma constructiva en que se fundió el muro fue realizada con concreto de planta o si fue fundido en el sitio de la obra y si este concreto cumplía con los márgenes de resistencia para un concreto de 3.000 PSI.

Si la cimentación de zarpa del muro estaba por encima del lecho del río, para reafirmas lo manifestado por los ingenieros de la contraloría en el acta (…)”.

La Contraloría de Villavicencio, con auto de 21 de septiembre de 2001(28), negó el decreto de la prueba con los siguientes argumentos:

“Con relación a la petición de solicitar informe técnico a la Asociación de Ingenieros del Meta, considera la Dirección que no es procedente porque como lo determina el art. 233 del CPC, es procedente ordenar un dictamen pericial, para verificar hechos que interesen al proceso, que versen sobre situaciones diferentes, pero sobre el mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino un solo dictamen pericial. Se observa a folio 88 a 93 un informe técnico”. (Negrita no es original del texto).

Ahora bien, la sala observa a folios 83 y 84 del cuaderno de antecedentes administrativos, un documento suscrito por tres funcionarios de la Contraloría de Villavicencio, denominado “ACTA DE INSPECCIÓN FISCAL AL SITIO DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN BARRIO COMUNEROS”, en el cual se dejan las siguientes constancias:

“Se observa que el muro está totalmente caído, de acuerdo a lo manifestado por los ingenieros el vástago del muro se fracturó sobre la zapa, se puede apreciar que esta última se encuentra por encima del nivel de aguas del caño, lo cual originó falla por estabilidad debido a la interacción del sistema suelo-estructura (…).

En el terreno se aprecia que la longitud total del muro es de 20 mts., un ancho de replanteo de 2.0 mts., pero la profundidad, según lo manifestado por la comunidad 1 mt. aproximadamente, lo que pudo ocasionar la probabilidad de falla por estabilidad.

Dentro de las fuerzas y movimientos que actúan sobre las estructuras de contención, se deben tener en cuenta las siguientes acciones:

— Peso propio de las estructuras de contención.

— Esfuerzos laterales del suelo y rodas (empuje o presiones de tierra).

— Presiones del agua subterránea libres o embalsadas.

— Sobrecargas (estructuras cercanas).

Todos estos aspectos debieron ser tenidos en cuenta para el respectivo diseño de la estructura, para evitar así someterlas a sobrecargas que ocasiones esfuerzos laterales.

Para poder corroborar lo anterior se debe tomar niveles en el terreno para determinar la cota de fundación y a su vez realizar excavación en la base del muro para obtener la altura libre en la cual se debió fundir el vástago del muro.

Además es importante saber quién fue la persona encargada de localizar y replantear el muro y dar nivel de fundación y verificar la estabilidad del relleno del lecho del río”.

De igual manera, a folios 87 a 93 del cuaderno de antecedentes administrativos, aparece otro documento titulado “INFORME INVESTIGACIÓN PRELIMINAR”, suscrito por la señora Zuleny Peña Ospina, profesional universitario de la Contraloría de Villavicencio, en el que se indicó:

“Esta Unidad de Interventoría, teniendo en cuenta los Modelos de Muros de Contención en concreto ciclópedo de la Dirección de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, se establecen las dimensiones de diseño para el tipo de relleno con el que se va a cargar el muro.

En este caso el tipo de relleno para el cual se diseñó el muro corresponde a un Relleno Horizontal como se describe en el esquema y la fotografía, para este tipo de relleno y para la altura total del muro que es de 3.0 metros se establecen las siguientes dimensiones (…).

Comparado con el diseño contratado, existe una disminución notable en las dimensiones del muro especialmente en el punto donde colapsó o falló la estructura que es la unión o empate del muro con la zapata o base, siendo el ancho del alma del cuerpo de la base según diseño de solo 0.60 metros cuando lo establecido debe ser mínimo de 1.20 metros por lo menos el doble, razón por la cual el esfuerzo que se ejerce en la base o alma del cuerpo del muro es inferior al momento producido por el relleno aplicado al muro, efectivamente este fue el punto crítico por donde falló el muro y se efectuó el volcamiento.

El espesor del cuerpo del muro no corresponde a un muro en concreto ciclópedo, corresponde a un muro totalmente reforzado, que no está en capacidad de soportar el relleno que se le aplicó, aparte de esto en este sector por ser zona baja es un punto de convergencia de varias calles y al no existir ningún tipo de disipadores de aguas lluvias todas llevan al terraplén que sostiene el muro ejerciendo una sobrecarga al muro el cual no está diseñado para estas eventualidades”.

De acuerdo con lo transcrito, en criterio de la Sala los documentos suscritos por los funcionarios de la Contraloría de Villavicencio no son dictámenes periciales sino informes técnicos que, en cuanto a sus conclusiones, estaban sujetos a verificación.

En efecto, los documentos a los que la Contraloría de Villavicencio dio la naturaleza de experticio, en realidad no reúnen las características propias del dictamen pericial pues para ello, entre otras circunstancias, debe existir el nombramiento de un tercero experto imparcial, quien, además, debe tomar posesión del cargo, trámite que en el presente asunto no existió.

Para la Sección Quinta del Consejo de Estado, las actas de visita suscritas por los funcionarios de la Contraloría de Villavicencio, son verdaderos informes técnicos, regulados para su decreto y práctica en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, norma vigente para la época de los hechos.

Es por lo anterior que las conclusiones de los informes técnicos bien podían ser controvertidas a través de un dictamen pericial; otro informe técnico o a través de solicitud de aclaración o complementación, oportunidad que fue cercenada al demandante con argumentos que no se ajustaban al ordenamiento jurídico.

En efecto, el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, norma vigente para la época de los hechos consagraba, lo siguiente:

“La peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino un dictamen pericial, salvo en el incidente de objeciones al mismo, en el que podrá decretarse otro. Tampoco se decretará el dictamen cuando exista uno que verse sobre los mismos puntos, practicado fuera del proceso con audiencia de las partes. Con todo, cuando el tribunal o el juez considere que el dictamen no es suficiente, ordenará de oficio la práctica de otro con distintos peritos, si se trata de una prueba necesaria para su decisión (…)”. (Negrita no es original del texto).

Por su parte el artículo 243 ídem, establecía todo lo relacionado con los informes técnicos y los peritajes de las entidades oficiales, de la siguiente manera:

“Los jueces podrán solicitar, de oficio o a petición de parte, informes técnicos o científicos sobre avalúos y otros hechos de interés para el proceso, a los médicos legistas, a la Policía Judicial, al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” y en general a las entidades y dependencias oficiales que dispongan de personal especializado, y a las que tengan el carácter de consultoras del Gobierno.

Tales informes deberán ser motivados y rendirse bajo juramento, que se entenderá prestado por el solo hecho de la firma, y se pondrán en conocimiento de las partes por el término de tres días para que puedan pedir que se complementen y aclaren.

También podrá el juez utilizar los servicios se dichas entidades y dependencias oficiales, para peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad de aquellas, con tal fin las decretará y ordenará librar el oficio respectivo para que el Director de las mismas designe el funcionario o los funcionarios que deben rendir el dictamen, de lo cual se dejará constancia escrita.

(…)”. (Negrita no es original del texto).

Como se observa, tanto el dictamen pericial, como el informe técnico, se consagraron en el ordenamiento jurídico para que se diluciden hechos que interesan a un determinado proceso, debido a que para el esclarecimiento se requieren especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos.

La diferencia entre uno y otro radica en su trámite, pues mientras que el peritaje, a título enunciativo necesita del (i) nombramiento de un perito, que puede ser un particular o una entidad del Estado, el informe técnico es rendido por las entidades oficiales; (ii) el perito necesita tomar posesión del cargo y, en el informe técnico tal posesión no es necesaria; (iii) una vez presentado el dictamen pericial debe ser objeto de traslado por tres días, término dentro del cual se puede pedir su aclaración, complementación o ser objeto de objeción por error grave; el informe técnico solo está sujeto a traslado por tres días, plazo dentro del cual se puede solicitar aclaración o complementación; (iv) solo es posible un dictamen pericial sobre un mismo punto de interés al proceso, mientras que el informe técnico no encuentra tal limitante y, (v) no es posible decretar un dictamen cuando se practicó uno por fuera del proceso, siempre que verse sobre los mismos puntos ya definidos y para su producción hayan participado las partes interesadas.

Así las cosas, para esta sección la Contraloría de Villavicencio sí vulneró el derecho al debido proceso del señor William Valencia Campos, tal y como lo concluyó el Tribunal Administrativo del Meta, pues aunque las pruebas técnicas en que apoyó su fallo de responsabilidad fiscal eran informes, les dio la connotación de dictamen pericial y, con sustento en ello, impidió que el demandante controvirtiera las conclusiones a las que llegó el mismo ente de control a través de sus funcionarios.

Véase como, si la entidad demandada consideraba que los informes que presentaron sus funcionarios eran dictámenes periciales, debió respetar al demandante el trámite que la ley consagraba para este medio de prueba, esto es, de haberse practicado por fuera del proceso, sin su participación, como en efecto sucedió porque se realizó en la etapa preliminar, era su deber decretar la que se pidió dentro del juicio de responsabilidad fiscal y permitir que presentaran objeciones por error grave o se pidiera su complementación o aclaración, sin embargo no lo hizo y procedió a negar la práctica de la prueba solicitada en contra del procedimiento legalmente establecido.

De otra parte, siendo informes técnicos, también debió permitir su contradicción por medio de la prueba que el demandante solicitó, además, olvidó correr traslado de los documentos para que el interesado pudiera solicitar, de considerarlo, su complementación o aclaración, sin embargo no obró en ese sentido.

Para la sala las falencias anotadas reafirman que la Contraloría de Villavicencio vulneró los derechos de defensa y contradicción del demandado, sin contar que como lo estableció el a quo, la demandada obró como juez y parte en el proceso de responsabilidad fiscal porque fueron sus funcionarios quienes rindieron los informes técnicos sobre los cuales se edificó la decisión cuestionada.

En un asunto de similares características, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de julio de 2016, dictada dentro del expediente 1996-17351-01, con ponencia del consejero Hernán Andrade Rincón, señaló:

“De conformidad con lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, la prueba pericial es un medio para verificar hechos que interesan al proceso y que requieran conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

La peritación se caracteriza por: i) expresar conceptos cualificados de expertos en materias científicas, técnicas o artísticas, ii) es un concepto especializado imparcial, puesto que el hecho de que los peritos están sometidos a las mismas causales de impedimentos y recusaciones que los jueces muestra que deben ser terceros ajenos a la contienda (art. 235); iii) no es una manifestación de conocimientos espontánea ni su contenido puede corresponder a la voluntad de una de las partes (art. 236, numeral 2º); iv) debe ser motivado en forma clara, oportuna, detallada y suficientemente (art. 237) y, v) para que pueda ser valorado judicialmente, esto es, para que pueda atribuírsele eficacia probatoria requiere haberse sometido a las condiciones y al procedimiento establecido en la ley y, en especial, a la contradicción por la contraparte (arts. 236 a 241)(29).

Ahora, en cuanto al informe de la visita técnica que se realizó en el área objeto de la solicitud Nº T- 1634, observa la sala que no reviste las características propias de un dictamen pericial, toda vez que la finalidad de la visita no es otra que la misma administración verifique si el solicitante reúne, o no, las condiciones exigidas en la ley para que sea viable legalizar la explotación minera.

Del mismo modo, observa la sala que, a diferencia del dictamen pericial, en cuyo caso quien lo elabora tiene la condición de un tercero imparcial, en la visita técnica quien la realiza es un funcionario comisionado de la administración, mismo que elabora el informe que posteriormente deberá ser entregado a la autoridad encargada de decidir acerca de la solicitud de legalización radicada.

En ese contexto, encuentra la sala unas diferencias significativas entre el informe de una visita técnica al área de una solicitud de legalización minera y un dictamen pericial que pudiera en un momento dado producirse, en tanto que, el informe reviste las características propias de un concepto técnico, en el que se consignaron los hechos observados en la vista que funcionarios de Ecocarbón realizaron en el área materia de la solicitud T-1634, aspecto que dista de un dictamen pericial, dado que este último como se señaló anteriormente se caracteriza por ser un concepto especializado imparcial elaborado por terceros ajenos a la disputa.

Así las cosas, no es cierto que los informes de las visitas técnicas tengan la naturaleza de un dictamen pericial y, por ello, no es procedente aplicar respecto de ellos las normas que regulan la prueba pericial”. (Negrita no es original del texto).

En consecuencia, como la Contraloría de Villavicencio vulneró los derechos de defensa y contradicción del señor William Valencia Campos, al haber negado la práctica de las pruebas que este solicitó decretar y practicar dentro de la actuación administrativa que cuestiona, la sala confirmará, en este aspecto, la sentencia de 30 de octubre de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta.

Acreditado que no se reunían los requisitos para que el Tribunal Administrativo del Meta accediera a una condena por lucro cesante a favor del señor William Valencia Campos y, de otra parte, que la Contraloría de Villavicencio no demostró que respetó el derecho fundamental al debido proceso del demandante, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocará parcialmente la sentencia de primera instancia y dispondrá lo siguiente:

(i) Revocar el ordinal segundo de la sentencia de 30 de octubre de 2012, mediante el cual se condenó al municipio de Villavicencio y a la Contraloría de ese ente territorial a pagar al demandado, por concepto de lucro cesante, la suma de $ 18.318.578.

(ii) Confirmar en los demás la sentencia de 30 de octubre de 2012, mediante el cual se declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA

1. REVÓCASE el ordinal segundo de la sentencia de 30 de octubre de 2012, mediante el cual se condenó al municipio de Villavicencio y a la Contraloría de ese ente territorial, a pagar al demandado, por concepto de lucro cesante, la suma de $ 18.318.578, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. CONFÍRMASE, en lo demás, la sentencia de 30 de octubre de 2012, mediante el cual se declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

25 Sentencia del 14 de junio de 2014, Sección Tercera del Consejo de Estado, exp. 2001-02730- 01, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

26 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

27 Folios 346 y 347 del cuaderno de antecedentes administrativos.

28 Folios 349 a 352 del cuaderno de antecedentes administrativos.

29 Sentencia de la Corte Constitucional T-274 de 2012.