Sentencia 2004-10421 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 37 245

Radicación: 50001-2331-000-2004-10421-01

Actor: Alexander Olaya Gutiérrez y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 27 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. La sentencia será confirmada.

Bogotá, D.C., 30 de noviembre de 2017

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Meta dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la administración de justicia(2).

II. Hechos probados

7. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

7.1. La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero Mediante —Caja Agraria— fue declarada disuelta y entró en proceso de liquidación mediante el Decreto 165 de 26 de junio de 1999, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Luego, concretamente el 19 de noviembre del mismo año, el superintendente bancario, expidió la Resolución 1726 de 1999 mediante la cual dispuso “tomar inmediata posesión de los bienes, haberes y negocios de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero”, al tiempo que ordenó la liquidación de los bienes, haberes y negocios de la Caja Agraria (copia auténtica del certificado de existencia y representación legal de la Caja Agraria —fl. 248, cdno. 1—).

7.2. El señor Alexander Olaya Gutiérrez estuvo vinculado a la Caja Agraria, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 17 de mayo de 1988 hasta el 27 de junio de 1999, cuando se dio por terminado “de forma unilateral y con justa causa por supresión del cargo”. El último empleo desempeñado por el trabajador fue el de cajero operador II grado 05, con una asignación básica mensual de $557 800 (original de la certificación expedida por la coordinadora del área de historias laborales de la Caja Agraria —fl. 129, cdno. 1—; copia auténtica del oficio mediante el cual se le comunica al actor la terminación del contrato —fl. 177, cdno. 1—).

7.3. Al momento de su desvinculación, la Caja Agraria canceló al actor una suma $20 588 125,84, correspondiente a la indemnización por despido injusto pactada en la convención colectiva de trabajo (copia auténtica de las sentencias proferidas el 5 de septiembre de 2001 y el 11 de abril de 2002 por el Juzgado Segundo Laboral de Villavicencio y por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad —fl. 424, 447, cdno. 1—)(3).

7.4. El 28 de octubre de 1996, mediante la Resolución 00117 emanada de la inspectora de trabajo del Ministerio de la Protección Social, se inscribió al demandante como miembro de la junta directiva, en calidad de tesorero, de la seccional Meta del sindicato de base de la empresa, denominado Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero (original de la certificación expedida por el coordinador del grupo de archivo sindical del Ministerio de la Protección Social —fl. 142, cdno. 1—).

7.5. El 22 de julio de 1999 el Tribunal Administrativo del Meta, que conoció de la acción de tutela interpuesta por el actor, amparó su derecho al trabajo y ordenó el Banco Agrario S.A, reintegrar al trabajador al mismo cargo que ocupaba en momento en que fue retirado de la Caja Agraria, o a otro de igual o superior categoría con fundamento en que entre las dos entidades había operado el fenómeno de la sustitución patronal y que se había producido una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador (copia auténtica del fallo de tutela —fls. 281-291, cdno. 1—)(4):

El despido masivo de los empleados de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero se basó en lo dispuesto en el Decreto 1065 de 1999, que en su artículo 5º trata de la cesión de activos y pasivos que hace la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero al Banco Agrario de Colombia S.A. (...).

El artículo 16 del Decreto 1065 habla del traslado de la función de recepción de los depósitos judiciales, consignaciones, multas y su administración de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero al Banco Agrario de Colombia S.A., sustituyéndolo en sus derechos y obligaciones.

(...).

De conformidad con las normas aludidas, lo que se ha presentado es una sustitución patronal, pues se presentó un cambio de patrono por otro, por cualquier causa, subsistiendo la identidad del establecimiento, ya que el Banco Agrario no varía el giro esencial de las actividades que realizaba la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.

(...).

La H. Corte Constitucional ha sido reiterativa en su jurisprudencia en lo relativo a la intangibilidad de los derechos fundamentales de los trabajadores y del postulado constitucional que exige condiciones dignas y justas en toda relación laboral, los cuales deben permanecer incólumes en el curso de cualquier proceso de privatización, reorganización, reestructuración, transformación y cambio de estatutos de entidades públicas (...).

Igualmente ha dicho que no se puede utilizar la figura de la transformación o privatización de una empresa como excusa para atropellar o ignorar los derechos básicos de los trabajadores, su dignidad y estabilidad en el empleo (...).

En el caso en estudio no se presentó supresión de cargos porque las funciones que realizaba la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero las continúa desempeñando el Banco Agrario, utilizándose éste como medio válido para obtener el retiro inmediato o futuro de un trabajador.

7.6. El 26 de agosto de 1999 el señor Alexander Olaya Gutiérrez, actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción de reintegro contra la Caja Agraria en liquidación y el Banco Agrario de Colombia S.A., a fin de obtener su reincorporación al cargo que venía desempeñando al interior de la entidad por “haber sido desvinculado cuando se encontraba amparado por la garantía de fuero sindical [y] sin sujeción a una justa causa”, así como los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir (copia simple de la demanda —fls. 167-174, cdno. 1—). El conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, que el 5 de septiembre de 2001 profirió sentencia, mediante la cual resolvió lo siguiente (copia auténtica de la sentencia —fls. 410-427, cdno. 1—):

Primero: DECLARAR que entre el señor Alexander Olaya Gutiérrez y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero se configuró un contrato de trabajo a término indefinido desde el 17 de mayo de 1988 hasta el 30 de junio de 1999, fecha en la cual fue despedido sin justa causa, aun gozando de la garantía de fuero sindical.

Segundo: DECLARAR que el Banco Agrario de Colombia S.A. es solidariamente responsable de los derechos y acreencias laborales causadas en virtud de la citada relación contractual.

(...).

Cuarto: CONDENAR al Banco Agrario de Colombia S.A. a reintegrar al señor Alexander Olaya Gutiérrez al cargo [y al pago] de salarios conforme a la ley a la convención colectiva vigente para la época, dejados de percibir desde el momento de su involuntaria desvinculación, o sea, desde el 30 de junio de 1999 hasta la fecha en que sea efectivamente reintegrado, teniendo en cuenta para tal efecto que no existe solución de continuidad en la relación laboral.

(...).

7.7. Para adoptar esta decisión, el juzgado consideró que el Banco Agrario sustituyó en todos sus derechos y obligaciones a la Caja Agraria y que el despido del señor Olaya Gutiérrez había sido injusto dado que no se siguió el trámite previsto en la ley para la desvinculación de un trabajador aforado, como lo era el demandante (copia auténtica de la sentencia —fls. 410-427, cdno. 1—).

7.8. Apelada la anterior decisión por el Banco Agrario de Colombia S.A. (copia del escrito de apelación —fl. 428, cdno. 1—), la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Meta decidió revocarla el 11 de abril de 2002 y, en su lugar, declarar probadas las excepciones de inexistencia del contrato de trabajo entre el señor Alexander Olaya y el Banco Agrario, falta de título y de causa del demandante, cobro de lo no debido, inexistencia de sustitución patronal e inexistencia de la obligación, y absolver a las entidades demandadas de todas y cada una de las pretensiones contenidas en la demanda. Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones (copia auténtica de la sentencia —fls. 441-450, cdno. 1—):

Del contenido de la sentencia transcrita [se refiere a la sentencia de 11 de febrero de 1981, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia] se infiere claramente que cuando ocurre la terminación del contrato existente entre trabajador y el patrono sustituido, no puede operar la sustitución patronal con el patrono sustituto, pues de ser así se actuaría contrario al sentido de la ley, que daría lugar a obligaciones que solamente están a cargo del primero de los patronos mencionados. También, se extracta de dicha providencia (y así lo ha venido reiterando la Alta Corporación hasta ahora) que son tres los requisitos indispensables para que opere la sustitución patronal, a saber: 1. Cambio de patrono; 2. Continuidad de la empresa y; 3. Continuidad del trabajador en el servicio.

(...).

Dentro del asunto cuestionado, se observa que el actor pretende la sustitución patronal respecto de las sociedades demandadas "Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero" y "Banco Agrario de Colombia S.A.", habida cuenta que éste último sustituyó a la primera en el desarrollo y cumplimiento de su objeto social y la subrogó en sus derechos, privilegios y obligaciones, haciendo uso de las mismas instalaciones y traspasando operaciones comerciales, usuarios, depósitos en cuentas corrientes y de ahorros, c.d.a.t., c.d.t., cartera productiva, activos, etc., sin que haya cambiado la entidad en el giro de sus actividades o negocios (véanse hechos 7 y 8 de la demanda); empero, pretende desconocer el mismo -el extrabajador- que la desvinculación se originó precisamente en la disolución y liquidación de la Caja Agraria, según lo determinó el Gobierno Nacional a través del Decreto 1065 de 1.999; siendo desde luego, en aras de discusión, inocua y carente de sentido lógico la sustitución que ahora es invocada, porque como se ha visto, el contrato de trabajo fue terminado por la entidad liquidada, sin que el trabajador continuara al servicio del Banco Agrario de Colombia S.A., que sería en últimas uno de los requisitos exigidos para que se fiera la figura pretendida.

(...).

Pasando a otro tópico, en el debate está corroborado que el demandante Alexander Olaya Gutiérrez fue trabajador oficial y que estaba amparado por la garantía del fuero sindical por ser miembro de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero "Sintracreditario", Seccional del Meta, de lo cual dan fe las pruebas correspondientes obrantes en el proceso. Y en la misma forma, que ese instituto descentralizado (Caja Agraria), adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fue suprimido y liquidado mediante el Decreto 1065 de 1.999 que se dictó por el Ejecutivo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1.998; y que, además, se suprimió el cargo que desempeñaba el demandante. También, en el litigio se demostró que al actor por la supresión del cargo que ocupaba en la Caja Agraria se le reconoció y canceló un monto superior a los veinte millones de pesos m/cte., correspondiente a la indemnización pactada en la Convención Colectiva de Trabajo.

Sobre los hechos relacionados con la pretensión de reintegro, la H. Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades ha considerado improcedente el mismo cuando un empleo ha sido suprimido o se ha efectuado el cierre parcial o total de una entidad, tal y como puede apreciarse en las sentencias de Diciembre 2/97 (radicación 10157) y Julio 17/98 (radicación 10779).

(...).

Por manera que los argumentos expuestos en la sentencia transcrita están llenos de lógica y de razón, al hablar sobre la improcedencia de restablecer los contratos de trabajo cuando se ha dado la supresión de cargos y reestructuración de las entidades públicas, pues ello además de causar traumatismos de orden administrativo, implica desconocimiento de las reestructuraciones o supresiones que pueden realizarse de las mismas, que se entienden promulgadas en el interés general y que prima sobre el particular.

De otro lado, no sobra advertir que como la demanda se dirigió también contra el Banco Agrario de Colombia S.A., que se subrogó en las obligaciones y derechos que tenía la Caja Agraria, a juicio de la Sala, las pretensiones no son procedentes precisamente porque si la garantía del fuero sindical tiene por objeto, como lo ha predicado la mayoría de la doctrina, no el proteger a los dirigentes del sindicato, considerados individualmente, sino a la agremiación misma, en su propósito de defender los derechos de los agremiados (véase la obra EL FUERO SINDICAL de Augusto Conti Parra - Ed. Temis 1.981, pag. 49), no se ve cuál el objeto por el que los miembros del sindicato de la entidad suprimida (entre ellos el demandante) tuvieran que reintegrarse al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., cuando ya no hay trabajadores de ese establecimiento (Caja Agraria) que proteger. En otros términos, quedaría sin base ni objeto la razón por la cual la ley laboral ha instituido la garantía del fuero sindical, cual es la de proteger el derecho de asociación, pues éste ya ha desaparecido al extinguirse la empresa o institución donde operaba aquél.

7.9. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de casación (copia auténtica del recuso —fl. 451, cdno. 1—), pero el mismo fue rechazado de plano el 18 de abril de 2002 por la Sala Civil Laboral del Tribunal por considerarlo improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 204 de 1997 (copia auténtica del auto —fl. 453, cdno. 1—).

7.10. Los jóvenes Laura Cristina y Juan Sebastián Olaya Mosquera son hijos del señor Alexander Olaya Gutiérrez, en tanto que la señora María Eugenia Rojas Vargas es su compañera permanente (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento —f. 34-35 c. 1—; testimonios rendidos ante el a-quo por los señores Rafael Antonio Pava y Armando Meléndez —fls. 153-159 c. 1—).

III. Problema jurídico

8. Teniendo en cuenta que la acción resultó oportuna, en tanto el término de caducidad empezó a correr a partir del día siguiente a la fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia rechazó de plano el recurso de casación interpuesto por el actor(5), corresponde a la Sala determinar si la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio incurrió en un error judicial al revocar la sentencia proferida por Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, que accedió a las pretensiones de la demanda promovida en ejercicio de la acción de reintegro por el señor Alexander Olaya Gutiérrez contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y el Banco Agrario de Colombia S.A. En concreto, tendrá que establecer si, como lo afirma la parte actora, el Tribunal se equivocó al declarar (i) que entre las dos empresas no operó la sustitución patronal, (ii) que con la liquidación de la Caja Agraria desapareció la protección derivada del fuero sindical y (iii) que no era procedente el reintegro del trabajador.

IV. Análisis de la Sala

9. Los presupuestos que deben reunirse en cada caso concreto para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, se encuentran establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, en los siguientes términos:

ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

10. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera de Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los “recursos de ley” pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; “en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado”(6). Y de otra parte, que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(7).

11. En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

12. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria. Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(8).

13. Se advierte que no es necesario que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional identifique en su demanda el tipo de error cometido en los términos anteriormente enunciados, ni que demuestre que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo(9), ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial(10).

14. Adicionalmente, es necesario analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (...)”(11).

15. Ahora bien, determinar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues si bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre ésta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferentes, merced a distintos y válidos entendimientos de lo jurídico.

16. Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tienen en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes —que llevan a juicios concretos distintos—, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

17. Para darle sentido y justificación a una norma como el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que ve materializado el error judicial “a través de una providencia contraria a la ley”, la concepción del derecho que mejor explica el fenómeno es el iusnaturalismo en su versión moderna iusracionalista que apuesta por la corrección de las decisiones jurídicas sobre la base de una argumentación razonada. Como es sabido, la tesis de la única respuesta correcta desarrollada por la concepción iusracionalista del derecho, con Dworkin a la cabeza(12), tiene como su variante más influyente la propuesta de Alexy sobre la respuesta correcta como idea regulativa, la que a su turno es un desarrollo de su tesis filosófica sobre moral correcta(13). En palabras de Alexy:

En todo caso, está claro que en la realidad no existe ningún procedimiento que permita, con una seguridad intersubjetivamente necesaria llegar en cada caso a una única respuesta correcta. Esto último no obliga, sin embargo, a renunciar a la idea de única respuesta correcta sino que únicamente da ocasión para determinar su estatus con más precisión. El punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente de si existe o no una única respuesta correcta, elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. Esto significa que deben presuponer la única respuesta correcta como idea regulativa. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Sólo presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así, de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta(14).

18. De modo que a diferencia de la corrección sustancial a la que sería capaz de llegar el juez Hércules de Dworkin, en Alexy se propone una corrección como idea regulativa y a la que es posible llegar en un escenario ideal de diálogo, a partir del cumplimiento de las reglas y formas de la argumentación jurídica, teniendo en cuenta que ésta no es más de un caso especial de la argumentación general, caracterizada por la racionalidad, esto es, por el uso de la razón práctica(15).

19. En suma, mejor que otras concepciones del derecho, la iusracionalista permite justificar la existencia y sentido de normas sobre el error judicial y explicar adecuadamente las propiedades mismas de éste fenómeno jurídico en el que eventualmente pueden incurrir las autoridades judiciales, independientemente de su nivel jerárquico.

20. En el caso concreto, se cumplen los dos primeros presupuestos del error judicial pues la sentencia de la cual éste se predica no era susceptible de recurso alguno y se encuentra en firme(16). Empero, el último requisito, relativo a que la providencia sea contraria a derecho, no se cumple. Ciertamente el actor no logró demostrar que la sentencia proferida el 11 de abril de 2002 por la Sala Civil Laboral del Distrito Judicial de Villavicencio carece de justificación o presenta algún defecto que la ponga en contradicción con el ordenamiento jurídico.

21. Al contrario, todo su esfuerzo argumentativo estuvo orientado a controvertir las razones por las cuales el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio declaró que entre la Caja Agraria y el Banco Agrario no había operado la sustitución patronal y que el reintegro del trabajador resultaba improcedente. De esta forma, el demandante no pretende nada distinto a que se reabra la discusión que tuvo lugar dentro del proceso ordinario laboral y que se revise la sentencia que le puso fin, lo cual resulta incompatible con el objeto de la acción de reparación directa.

22. En cualquier caso, cabe señalar que la Sala no encuentra que las decisiones adoptadas por el Tribunal en la sentencia de la cual se predica el error carezcan de justificación. Al contrario, todas ellas encuentran apoyo en la normatividad vigente y en reiterados pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, tal como pasa a explicarse:

23. El artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo define la sustitución patronal como “todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios”(17). Se trata de un “fenómeno jurídico tendiente a amparar a los trabajadores contra una terminación intempestiva de los contrato de trabajo, a raíz del traspaso o mutación del dominio de una empresa”(18).

24. Uno de los propósitos de esta figura es el de mantener la unidad de los contratos. Así lo establece el artículo 69 ibídem, que reza: “La sola sustitución de empleadores no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes”. En materia de jubilación su propósito es el de “garantizar el pago de dicha prestación a su titular por parte de la entidad económica respectiva, cualquiera que sea el empresario y sin que importe que la unidad empresarial haya tenido uno o varios gestores, siempre que mantenga el mismo giro de actividades”(19).

25. El otro propósito es el de asegurar los derechos prestacionales de los trabajadores, dado que cuando se configura la sustitución patronal, tales derechos “deben ser exigidos por el trabajador directamente al nuevo patrono, quien deberá garantizarlos de forma inmediata con la posibilidad cierta, a su favor, de repetir por el valor total de los pagos que realice a tal efecto, contra el antiguo patrono. Se trata aquí de una verdadera obligación legal, fundada en normas Superiores, que no puede ser desconocida, ni menos aún contrariada, por ninguna disposición convencional”(20).

26. A su turno, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado —incluso en casos de antiguos trabajadores de la Caja Agraria— que para que opere la sustitución patronal en relación con los trabajadores oficiales —como lo era el demandante— deben reunirse tres requisitos, a saber: (i) cambio patronal, (ii) continuidad en el desarrollo de las labores del establecimiento y (ii) continuidad en la prestación del servicio por parte del trabajador. Veamos:

Lo que fundamentalmente plantea el recurrente es que en este caso operó la sustitución patronal.

Es tema indiscutido que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom desapareció y que el contrato de trabajo de Galo Humberto Cabana Herrera terminó por la liquidación de la entidad, y por la autorización de la supresión de cargos ordenada por los decretos 1615 y 2062 de 2003, a partir del 26 de julio de 2003. La censura muestra total conformidad respecto de lo que consignó el ad quem, en cuanto a que la terminación del contrato, aunque legal, constituyó un despido injusto que generó el pago de una indemnización convencional por la suma de $82.268.896,oo. Así las cosas, no queda duda que el contrato del actor no continuó con la nueva empresa, sino que finalizó por la liquidación de Telecom, y que con el pago de la indemnización quedaron resarcidos los perjuicios causados al demandante.

La decisión del Tribunal en este específico tema, se adecua a la línea que de tiempo atrás ha trazado la corporación, en el sentido de que, para que se configure la sustitución patronal, se requiere que el trabajador continúe prestando efectivamente sus servicios al nuevo patrono, situación que en este caso no se presenta, pues no hay elementos probatorios que así lo indiquen. Además, valga recordarlo, la confirmación que le impartió el ad quem a la sentencia de primera instancia, también abarcó la declaratoria de encontrar probada la excepción de “inexistencia del contrato de trabajo con Colombia Telecomunicaciones S.A.”.

Resulta irrelevante profundizar entonces para el caso en estudio, sobre el tema de la sustitución empresarial que plantea la censura, porque de todos modos, el actor no continuó prestando servicios con la nueva empresa, toda vez que, se reitera, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom terminó el contrato de trabajo, aunque de manera injusta, pero lo indemnizó con la suma de $82.268.896,oo, bajo los parámetros de la Convención Colectiva vigente y, por consiguiente, la nueva entidad “Colombia Telecomunicaciones” resulta ajena a cualquier pretensión de quien jamás le prestó servicios(21).

27. Asimismo, esa corporación ha señalado que cuando el empleo ha sido suprimido o se ha efectuado el cierre parcial o total de la entidad, el reintegro resulta improcedente, así el despido haya sido injusto y aquél se encuentre consagrado en la ley o en la convención colectiva de trabajo:

Las pretensiones de los actores se circunscriben a obtener su reintegro al cargo que desempeñaban o a otro de similares o superiores condiciones, con el consecuente pago de salarios y prestaciones.

Según se informa en la demanda y lo reconoce la demandada, la terminación de los contratos de trabajo de los demandantes obedeció a la supresión de sus cargos, como consecuencia de la reestructuración del ente demandado, ordenada por el gobernador, mediante Decreto 0325 de 2002, en ejercicio de las especiales facultades conferidas por la Asamblea Departamental, mediante la Ordenanza 473 de 2001.

En tratándose de la supresión de cargos proveniente de la reestructuración de las entidades del Estado, ha dicho la jurisprudencia de esta Sala que la desvinculación contractual del trabajador por tal circunstancia puede ser legal pero no constituye justa causa y, por ende, es indemnizable.

Sobre este particular resulta oportuno recordar lo precisado por esta Corporación en sentencia de 18 de julio de 2003 (Rad. 20578) ratificada en pronunciamientos más recientes, como, entre otros, en la sentencia del 1º de marzo del corriente año (Rad. 27148) en donde se dijo:

“... en cumplimiento de la función pedagógica que le compete a la Corte, de tiempo atrás, tiene sentado el criterio de que en los eventos de supresión del cargo, como es aquí el caso, la reinstalación es improcedente”.

“El problema jurídico que se presenta de la aplicación preferente de disposiciones convencionales que prevén el reintegro por despido sin justa causa de los trabajadores oficiales, en los excepcionales casos en que la extinción unilateral del vínculo laboral se dé como consecuencia de la supresión del cargo, en virtud de la liquidación o reestructuración de la empresa o entidad pública dispuesta con apoyo en preceptos que lo permiten, ha sido resuelto por la Corte en el sentido de que si bien es cierto por no estar estos motivos consagrados en la ley como justa causa de despido, éste de todos modos es injusto; pero por estar soportado en una norma jurídica que lo autoriza es legal, y en esa medida daría lugar a la indemnización de perjuicios, más no haría operar la cláusula convencional que previera el reintegro porque sería una obligación imposible de cumplir”.

“En sentencia de 2 de diciembre de 1997, rad. 10157, dijo sobre el tema lo siguiente:

“...para que una obligación exista es necesario que sea física y jurídicamente posible, de manera que una persona no puede obligarse por un acto o declaración de voluntad a cumplir lo imposible y de la misma manera el juez no puede gravar al demandado, con una decisión judicial suya a que cumpla un hecho o un acto materialmente imposible. Cuando el hecho debido se torna imposible la obligación original (de dar, hacer o no hacer) se resuelve en una de indemnizar perjuicios, de modo que lo jurídicamente procedente es la demanda judicial de los perjuicios...”.

“Y luego añadió:

“...si el empleador, con desconocimiento de la ley, procede a efectuar un cierre parcial o total de la empresa y esta circunstancia da lugar a la terminación de contratos de trabajo, resulta jurídicamente inadmisible pretender el reintegro, así él se encuentre consagrado en la ley, en pacto colectivo o en convención colectiva. El trabajador perjudicado sólo tiene la opción indemnizatoria, que en el caso de los trabajadores oficiales puede ser plena, como lo señala el artículo 11 de la Ley 6a. de 1945 y lo dice su Decreto Reglamentario 2127, pero no le está dado pretender un reintegro imposible, pues con ello desnaturalizaría el objeto del proceso y eventualmente podría crear artificialmente la posibilidad de recurrir al proceso ejecutivo para el cumplimiento de la obligación de hacer, a sabiendas de su imposibilidad y con la pretensión de obtener ventaja con el juramento estimatorio de los perjuicios, o sea, para pasar por alto el objeto de la pretensión que efectivamente debió hacer valer en el juicio ordinario, con el onus probandi de los perjuicios...”(22).

28. También la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado sobre la improcedencia de reintegro en los eventos de supresión de cargos por liquidación o restructuración de la entidad en los siguientes términos:

(...) si el empleador ha desaparecido del orden jurídico e institucional conforme lo ordenó la ley, como ocurre en el caso concreto de Puertos de Colombia (Ley 01 de 1991 y Decreto 035 de 1992), el juez procederá a efectuar un análisis con relación a la eventualidad de decretar una indemnización y si estas circunstancias de la liquidación de una empresa estatal ordenada por una norma jurídica, apareja naturalmente la terminación del contrato de trabajo, resulta jurídicamente imposible pretender un reintegro. Luego a juicio de la Corte, los trabajadores aforados o no, sólo tienen la opción indemnizatoria plena, la cual debe ser decretada bajo el ejercicio de un proceso ordinario de carácter laboral conforme lo establece el Código de Procedimiento Laboral (...)(23).

29. De manera que, según la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, la decisión de no otorgar el reintegro no conlleva el desconocimiento del fuero sindical ni los derechos derivados de la convención colectiva de trabajo, sino que responde a la imposibilidad fáctica de acceder a tal pretensión, por la desaparición del cargo. Lo anterior, desde luego, no implica que en estos casos el despido esté justificado. Al contrario, ambas corporaciones han indicado que la disolución o liquidación de la empresa no constituye una justa causa de terminación de los contratos, por lo que los trabajadores que pierden sus empleos por esta situación tienen derecho a que se les indemnicen plenamente los perjuicios causados.

30. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio ajustó su decisión a este marco normativo y jurisprudencial y por ello concluyó, de una parte, que entre el demandante y el Banco Agrario no existía ninguna relación laboral dado que esta entidad no había sustituido, desde el punto de vista patronal, a la Caja Agraria; y de otra, que aunque el despido había sido injusto, la supresión del cargo ocupado por el actor por virtud de la liquidación de la empresa hacía improcedente el reintegro.

31. A juicio de la Sala, ningún error surge de la anterior apreciación pues ciertamente el demandante no probó que hubiera seguido laborando al servicio de la nueva empresa, el cual —según ya se vio— es uno de los requisitos que definen la sustitución patronal. Además, se demostró que a la terminación de su contrato de trabajo, el actor recibió una indemnización por despido injusto y que la desvinculación se produjo porque la Caja Agraria entró en un proceso de la liquidación que condujo a la toma de posesión por parte de la Superintendencia Bancaria y a la supresión de los distintos cargos que integraban su planta de personal.

32. Ahora, es cierto que el juez que conoció de la acción de tutela llegó a una conclusión distinta y por ello ordenó el reintegro del trabajador. Sin embargo, este hecho no es en sí mismo demostrativo de que el Tribunal incurrió en un error judicial pues la decisión estuvo razonablemente motivada, amén de que se ciñó estrictamente al precedente fijado por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, el cual, conforme reiterada jurisprudencia constitucional, resulta obligatorio para las autoridades judiciales(24). Por el contrario, la decisión del juez de tutela, si bien estuvo motivada, no tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el particular, pues consideró que para que operara la sustitución patronal bastaba como demostrar que la nueva empresa continuó desarrollando las mismas labores que cumplía la empresa en liquidación.

33. Además, considera la Sala que el actor no demostró que en este caso existían razones jurídicas o fácticas que obligaran al Tribunal a apartarse del precedente vertical(25) porque, por ejemplo, se verificaba alguna de las siguientes hipótesis: (i) concurrían hechos o elementos normativos o doctrinarios relevantes, no valorados por el juez superior en su momento, que alteraban la admisibilidad del precedente para el nuevo caso; (ii) la Corte Constitucional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron de manera contraria a la interpretación del superior jerárquico; u (iii) ocurrieron cambios normativos que hicieron incompatible el precedente con el nuevo ordenamiento jurídico(26).

34. Es que en la medida en que el precedente vertical es —se insiste— obligatorio y su desconocimiento constituye causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala considera que su aplicación estricta por parte de los jueces no puede comprometer la responsabilidad administrativa del Estado a título de error judicial a menos de que se demuestre que el precedente no era aplicable al caso concreto o que existían razones fácticas o jurídicamente relevantes que obligaban al juez a separarse del mismo.

35. Entonces, como el actor no logró demostrar que tras la liquidación de la Caja Agraria continuó laborando al servicio del Banco Agrario ni que los precedentes de la Corte Suprema de Justicia en materia de sustitución patronal e improcedencia del reintegro del trabajador cuando opera la supresión de cargos no eran aplicables a su caso, o que existían razones que justificaban dejarlos de lado, no puede afirmarse que el Tribunal Superior de Villavicencio incurrió en un error judicial al haber revocado la sentencia del Juzgado Segundo Laboral y, en su lugar, haber denegado las pretensiones formuladas en el ejercicio de la acción de reintegro por el señor Alexander Olaya Gutiérrez contra la Caja Agraria y el Banco Agrario de Colombia.

36. Ahora bien, la parte actora, en el escrito de demanda, cuestionó que el tribunal no hubiera tenido en cuenta que la terminación unilateral del contrato de trabajo del señor Alexander Olaya se cumplió sin adelantar previamente el procedimiento de levantamiento de fuero sindical, el cual es obligatorio y se encuentra regulado en el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo(27). Sin embargo, tal hecho no puede llegar a comprometer la responsabilidad del Estado a título de error judicial por la sencilla razón de que el mismo no fue controvertido dentro del proceso laboral, ya que no se incluyó dentro de la causa petendi, de manera que el juez ordinario no estaba obligado a pronunciarse sobre el particular.

37. En cualquier caso, conviene señalar que el despido de un trabajador aforado sin autorización judicial, genera a cargo del empleador la obligación de reintegrarlo en las mismas condiciones laborales que tenía al momento de la desvinculación, pero siempre que ello sea posible. Y en este caso, según ya se señaló, tal reintegro resultaba imposible por supresión del empleo y liquidación de la entidad, de manera que la consideración de este hecho por parte del tribunal no hubiera modificado el sentido de la decisión.

38. Pero, además, el reintegro tampoco hubiera procedido habida cuenta de que cuando se profirió la sentencia de 11 de abril de 2002, la jurisprudencia constitucional tenía establecido que no era necesario levantar el fuero sindical en los casos de liquidación o reestructuración de la empresa(28). Así, en la Sentencia T-575 de 2002(29) la Corte manifestó:

En el caso del representante legal del sindicato, señor Edgar Mercado Campo, esta Sala verificó que previo a la supresión del cargo, la Universidad obtuvo el permiso judicial de levantamiento del fuero sindical. Ello, a pesar de que cuando se trata de suprimir empleos a raíz de un proceso de reestructuración, es innecesario solicitar el levantamiento del citado fuero. Así, esta Corporación ha expuesto que:

"..., se observa que las garantías constitucionales y legales sobre el fuero sindical y la estabilidad laboral, no son afectadas con las disposiciones acusadas, ya que las consecuencias jurídicas, relacionadas con el vínculo laboral que se impugna por el actor se desprenden de una definición legal de carácter general, se hace por ministerio de la ley, y porque la facultad constitucional de reestructurar una entidad pública implica entre otras consecuencias, la atribución jurídica de suprimir cargos; en este mismo sentido se encuentra que no asiste razón al actor en cuanto a la supuesta violación del derecho constitucional al fuero sindical de los trabajadores vinculados al sindicato de trabajadores de la CVC, puesto que la debida supresión de un empleo, verificada de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, hace innecesario acudir a la definición judicial del fuero sindical como lo determina la disposición acusada; éste no es un límite absoluto que pueda enervar las decisiones ordinarias del legislador en materia de la estructura de la Administración Nacional....”(30) (subrayas originales).

39. Por lo tanto, en el evento de que el tribunal hubiera valorado el hecho de que el despido se produjo sin que la autoridad competente lo autorizara, seguramente hubiera llegado a la conclusión de que tal permiso resultaba innecesario, en aplicación del precedente constitucional vigente y, en consecuencia, que no había lugar a ordenar el reintegro del trabajador.

40. Por las razones anotadas, se confirmará la sentencia apelada.

V. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: CONFIRMAR la sentencia 27 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La demanda también fue presentada a nombre de la señora Cristina Gutiérrez viuda de Olaya. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto del 27 julio de 2004, resolvió inadmitirla a efectos de que la parte actora allegara el respectivo poder para actuar, so pena de no tenerla a ella como demandante (f. 40 c.1). Expirado el plazo otorgado para subsanar la demanda, el apoderado de la parte actora no aportó el poder, por lo que el Tribunal, mediante auto de 25 de agosto de 2004, sólo admitió la que presentaron los demás demandantes (f. 52 c. 1).

2 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.

3 De acuerdo con lo dispuesto en el artículos 45 y 58 de la convención colectiva de trabajo, en caso de despido sin justa causa, los trabajadores de la Caja Agraria vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido y con más de diez años continuos al servicio de la entidad, tenían derecho a reclamar el reintegro, mediante demanda laboral, en las mismas condiciones de empleo, o una indemnización equivalente a 167 días de salario y 48 días adicionales por año subsiguiente al primero y proporcionalmente por fracción (f. 481, 486 c. 1).

4 Aunque dentro del expediente no obra copia de la decisión, en los hechos de la demanda se afirma que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta fue revocada por la Corte Constitucional.

5 La providencia que rechazó el recurso de casación se profirió el 18 de abril de 2002 y la demanda se interpuso el 14 de abril de 2004.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

7 Ibíd.

8 De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo.

9 No obstante, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 5 de diciembre de 2007, exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo.

12 En “Los casos difíciles”, Ronald Dworkin defendió la tesis de la única respuesta correcta, para lo cual creó al juez Hércules capaz de hallarla (en Los derechos en serio, pp. 147 a 208, trad. del inglés de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 1984).

13 En “validez del derecho”, una vez justificada la relación derecho y moral, Robert Alexy concluye afirmando la moral correcta como una idea regulativa (ver Concepto y validez del derecho, Barcelona, Ariel, 1994).

14 Robert Alexy, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, traducción de Manuel Atienza, y Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5, Alicante, 1988, cit., p. 151 y ss.

15 Robert Alexy, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 302-303. Sobre el aporte de la teoría jurídica a la reflexión sobre el error judicial, la Sala ha dicho: “(…) el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables –en cuanto correctamente justificadas- pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento –una justificación o argumentación jurídicamente atendible- pueden considerarse incursas en error judicial (…). Por tanto, sólo las decisiones judiciales que –sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales- resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (…). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576. En el mismo sentido véanse las sentencias de noviembre 30 de 2006, exp. 18059, C.P. Alier Eduardo Hernández; 11 de mayo de 2011, exp. 22322, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo.

16 La firmeza de la decisión se cuenta a partir de la ejecutoria del auto de 18 de abril de 2002, que denegó de plano el recurso de casación interpuesto en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331 del C.P.C., aplicable por analogía al procedimiento laboral, confirme a lo previsto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo.

17 La Corte Constitucional, en sentencia T-395 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, destacó los antecedentes históricos y la autonomía entre las negociaciones sobre la empresa y la suerte de los trabajadores: “En la legislación colombiana, se estableció la sustitución patronal desde 1935 (artículo 27 del decreto 652 de tal año), reglamentario de la ley 10 de 1934, que dijo: ‘Para los efectos de la ley que se reglamenta, se considerará como una misma empresa, la que haya conservado en sus líneas generales el mismo giro del negocio u ocupaciones con las variaciones naturales del progreso, ensanche o disminución, aun cuando hubiere cambiado de nombre, patrono o dueño’. Posteriormente, el inciso 3° del artículo 8° de la ley 6ª de 1945 estatuyó que la sola sustitución del patrono no extingue los contratos de trabajo. Esta ley fue desarrollada por el decreto 2127 de 1945 que en su artículo 53 definió la sustitución de patronos como ‘toda mutación del dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración sea por muerte del primitivo dueño, o por enajenación a cualquier título, o por transformación de la sociedad empresaria o por contrato de administración delegada o por otras causas análogas. Posteriormente se expidió la ley 64 de 1946 en el mismo sentido. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 67 indicó que “Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones en el giro de sus actividades o negocios”, y es perentoria la determinación del artículo 68: “La sola sustitución de patronos no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes”. El profesor Guillermo González Charry al comentar este artículo dice que “El artículo 68 establece, siguiendo este criterio, que la sola sustitución de patronos no extingue, suspende o modifica los contratos de trabajo existentes; es decir, que lo que se ha querido establecer es una desconexión completa entre la suerte de los trabajadores y las operaciones financieras o mercantiles que puedan ocurrir en relación con la empresa. No siendo parte en la negociación, los trabajadores tampoco pueden ser sus víctimas” (Derecho del Trabajo, p. 231)”.

18 Corte Constitucional, sentencia T-768 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.

19 Cfr. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia de marzo 5 de 1981.

20 Corte Constitucional, sentencia T-205 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 29 de octubre de 2014, rad. 39909, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 18 de junio de 2004, rad. 22859, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza, de 19 febrero de 2008, rad. 30815, M.P. Camilo Tarquino Gallego; y de 14 de julio de 2009, rad.34437, M.P. Isaura Vargas Díaz, entre otras.

22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 10 de junio de 2008, rad. 32791, M.P. Eduardo López Villegas. En similar sentido, véanse las sentencias de 18 de febrero de 20098, rad. 34656, M.P. Luis Javier Osorio López y de 13 de marzo de 2007, rad. 27807, M.P. Isaura Vargas Díaz, entre otras.

23 Corte Constitucional, sentencia T-555 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz. En similar sentido, véanse las sentencias T-876 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-809 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao.

24 Corte Constitucional, sentencia T-446 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-698 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, entre otras.

25 La jurisprudencia constitucional ha distinguido entre los precedentes verticales y horizontales. Los primeros se refieren a precedentes de autoridades judiciales con claras atribuciones superiores, en tanto que los otros, se refieren a precedentes fijados por autoridades de la misma jerarquía institucional.

26 Corte Constitucional, sentencias T-698 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-934 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.

27 Artículo 408. “El Juez negará el permiso que hubiere solicitado el {empleador} para despedir a un trabajador amparado por el fuero sindical, o para desmejorarlo, o para trasladarlo, si no comprobare la existencia de una justa causa.// Si en el caso de que trata el inciso primero del artículo 118 del Código Procesal del Trabajo se comprobare que el trabajador fue despedido sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, se ordenará su reintegro y se condenará al {empleador} a pagarle, a título de indemnización, los salarios dejados de percibir por causa del despido.// Igualmente, en los casos a que se refiere el inciso tercero del mismo artículo, se ordenará la restitución del trabajador al lugar donde antes prestaba sus servicios o a sus anteriores condiciones de trabajo, y se condenará al {empleador} a pagarle las correspondientes indemnizaciones”.

28 En la sentencia T-809 de 2010, la Corte Constitucional puso de presente que esta postura cambió en las sentencias T-203 de 2004 y T-1079 de 2004, donde se dijo que: “en los casos de liquidaciones o de reestructuraciones administrativas de entidades públicas, se debe acudir de manera previa ante el Juez Laboral para que éste determine si tales procesos pueden ser considerados como una justa causa para despedir, trasladar o desmejorar a un trabajador amparado por la garantía del fuero sindical, y, en consecuencia, conceda o no el permiso correspondiente. Por tanto, el despido, el traslado o la desmejora en esos casos sin obtener dicho permiso, constituye una omisión de la Administración que vulnera los derechos al debido proceso y de libertad y asociación sindical”.

29 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

30 [21] Sentencia C-262 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.