Sentencia 2004-90693 de agosto 8 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 25000232400020049069301

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Hernando Lineros Carrasquilla

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

6.1. Consideración previa.

La Sala considera que no resulta pertinente transcribir los actos administrativos demandados dada la naturaleza de la decisión que se adopta.

6.2. Examen del recurso de apelación.

Bien es sabido que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo remite a las normas del Código de Procedimiento Civil en caso de que el tema analizado no sea regulado de manera especial por las disposiciones de esta legislación. Para el presente estudio se debe tener como marco legal el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil que establece: “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme (...)”.

Relacionado con este tema resulta ilustrativo el siguiente aparte jurisprudencial:

“Es presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación de la referencia clara y concreta que el recurrente haga de las consideraciones de la sentencia apelada y de los argumentos tendientes a dejar sin sustento jurídico las mismas, pues precisamente al juzgador de segundo grado corresponde hacer dichas confrontaciones en orden a concluir si la sentencia merece o no su confirmación” (Sent. 3523, mar. 22/96, M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

De acuerdo con el anterior marco normativo y jurisprudencial encuentra la Sala que en el caso sub judice, de la simple lectura del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante, se observa que no se encuentra debidamente sustentado, por cuanto el mismo no contiene razones o motivos de oposición frente a los considerandos expuestos en la parte motiva del fallo apelado, razón por la cual al no tener la Sala argumentos jurídicos de disenso frente a los cuales pronunciarse, la decisión proferida por la primera instancia será confirmada.

Lo anterior por cuanto revisado el escrito mediante el cual el apoderado del demandante dijo haber sustentado el recurso de apelación (fls. 5 a 11, cdno. segunda instancia), se observa que el profesional del derecho lo que hizo fue transcribir los mismos argumentos contenidos en el escrito de alegatos de conclusión presentados en la primera instancia, pero de modo alguno se preocupó por refutar y menos contradecir los juiciosos argumentos planteados en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual denegó las pretensiones de nulidad de los autos contentivos del fallo de responsabilidad fiscal en contra del actor en el proceso 311 adelantado por la Contraloría General de la República.

En cuanto a la inexistencia de motivos de inconformidad del recurso de apelación resulta oportuno transcribir el siguiente aparte jurisprudencial:

“Así las cosas, salta a la vista la inconducencia y falta total de pertinencia de los motivos de inconformidad en que se fundamenta el recurso, con el objeto de la sentencia impugnada y con lo decidido en esta.

En efecto, al juez de cada instancia le está vedado pronunciarse sobre cuestiones o asuntos de fondo que no fueron objeto del debate procesal, toda vez que su competencia está circunscrita al ámbito del proceso, de suerte que el asunto susceptible de su conocimiento es el que hace parte de aquel, luego la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo alguno sobre ese motivo de inconformidad del apelante.

(...).

Síguese de lo atrás señalado que las razones en que se fundamenta el recurso no dan lugar a la revocación de la sentencia y que, por lo mismo, el presente recurso de apelación no tiene vocación de prosperar, de donde se ha de confirmar la sentencia apelada, como efectivamente se hará en la parte resolutiva de esta sentencia” (sent., mayo 27/2010, Exp. 68001-23-31-000-2004-01678-01, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta).

Siguiendo este mismo trazo jurisprudencial:

“Sin embargo de lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación ha sido constante en el sentido de que tal como la demanda determina el marco de juzgamiento dentro del cual se debe analizar la legalidad del acto cuya nulidad se depreca, la parte recurrente debe esgrimir en la sustentación del recurso los motivos de inconformidad respecto de las decisiones que apela y determinar las razones que debe atender el ad quem para modificar o revocar la decisión del a quo.

En consecuencia, en el recurso que se interponga no basta solicitar la revocatoria de determinada decisión, pues es indispensable exponer claramente los motivos en los que se finca, para que así el juez de segunda instancia pueda revisar los aspectos respecto de los cuales la recurrente manifiesta su inconformidad y determinar si le asiste o no razón a la misma” (sent., dic. 6/2007, Exp. 25000-23-24-000-2002-00257-01 (8686), M.P. Marco Antonio Velilla Moreno).

La Sala destaca que el apelante en el escrito de apelación, se limitó a reiterar y a transcribir sin efectuar cambio alguno, los mismos planteamientos expuestos en el escrito contentivo de los alegatos de conclusión, por lo que introdujo argumentos nuevos y distintos a los que fueron planteados en la demanda y en su contestación.

De aceptarse el planteamiento de temas nuevos que no fueron puestos de presente en la demanda y frente a los cuales no se refirió la parte demandada en la contestación, se le estaría violentando su derecho de defensa al sorprenderse con aspectos que no tuvo oportunidad de controvertir, como en el presente caso aconteció ya que la Contraloría General de la República al contestar la demanda (fls. 198-207, cdno. 1), solo se refirió a la supuesta vulneración al debido proceso del actor por falta de defensa técnica y de oficio en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, pero no frente a los otros temas expuestos en los alegatos de conclusión.

Analizado el material probatorio obrante en el expediente se observa que en el escrito de la demanda los cargos expuestos por el apoderado del actor, fundamentalmente se relacionaban con la violación al debido proceso del investigado en que incurrió la autoridad nacional demandada en el adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal.

Se edificó esta vulneración al afirmar que al actor, no se le había informado en la diligencia de exposición libre y espontánea de fecha mayo 16 de 2001, acerca del derecho que tenía a ser asistido por un defensor o en su defecto por no habérsele designado uno de oficio.

El otro argumento endilgado en la demanda consistió en que se evidenció la violación al debido proceso, al no haberse resuelto el incidente de nulidad propuesto antes de proferir la dirección de investigaciones fiscales el fallo de responsabilidad fiscal, de acuerdo con disposiciones del Código de Procedimiento Civil e incluso normas de tratados internacionales. Los anteriores fueron los únicos cargos expuestos por el apoderado del actor en el escrito de la demanda (fls. 1-13, cdno. primera instancia), que no fue adicionada ni modificada.

Pero en el recurso de apelación, no planteó ninguna controversia el recurrente frente a los argumentos expuestos por el a quo al descartar la supuesta violación al debido proceso y derecho de defensa del actor durante el proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de la República, al advertir que desde el momento en que se le citó a la diligencia de versión libre y espontánea así como en la misma diligencia, los investigadores le advirtieron que podía comparecer y estar asistido de un abogado si esa era su voluntad(8), a pesar de que el artículo 42 de la Ley 610 de 2000 dice que es facultativa la designación de apoderado para que represente al investigado durante el proceso fiscal.

Tampoco refutó el apelante la desestimación de la primera instancia a la violación al derecho de defensa del actor, porque la Contraloría no le había designado un defensor de oficio durante el procedimiento de responsabilidad fiscal, por cuanto no se cumplían los requisitos exigidos por el artículo 43 de la Ley 610 de 2000, relativos a la imposibilidad de localizar al investigado o cuando siendo citado no comparece a rendir versión.

Menos aún se refirió el recurrente a la posición del a quo respecto de la no vulneración al debido proceso del señor Hernando Lineros porque la Contraloría no tramitó la nulidad antes de proferir el fallo de primera instancia, dado que no se configuraron las causales de nulidad consagradas en el artículo 36 de la Ley 610 de 2000, de allí que al existir una normativa especial para el procedimiento fiscal no era dado aplicar las disposiciones del código de procedimiento civil, como lo esgrimió el demandante.

Los anteriores cargos fueron los únicos planteados en la demanda y frente a los cuales —se insiste— el recurrente no planteó controversia ni debate alguno en el recurso de apelación, motivo por el cual la Sala no tiene argumentos frente a los cuales discrepar.

De otra parte lo que se observa es que el apoderado del actor lo que reiteró en la apelación, fue el tema de la legalidad de las actuaciones del actor en su condición de gerente de la empresa Archipiélago’s Power & Light Co. S.A. ESP al condonar los intereses de la deuda que tenía el Hotel Caribe Centro hecho que dio origen al proceso fiscal por el daño patrimonial de la empresa; el de la falta de graduación de la culpa grave o dolo como requisito necesario para endilgar responsabilidad fiscal al actor y la falta de competencia de la Contraloría General de la República para ejercer control fiscal en empresas de servicios públicos domiciliarios, temas que fueron puestos en el debate procesal por el apoderado del actor, apenas en la etapa de los alegatos de conclusión.

Llama la atención de la Sala que precisamente los anteriores argumentos, fueron los mismos que sirvieron de fundamento a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el apoderado de la Compañía de Seguros La Previsora S.A. en contra de la Contraloría General de la República(9), con el fin de que se declarara la nulidad del fallo de responsabilidad fiscal 311 en el que se le declaró responsable en su calidad de tercero civilmente responsable por valor de cincuenta millones de pesos, conforme a la póliza global de manejo 0100269392 de enero 1º de 1996. Esta acción fue fallada mediante sentencia de agosto 2 de 2007, Expediente 2004-0630-01, M.P. William Giraldo Giraldo, denegando las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, no obstante que el a quo advirtió la irregularidad del apoderado del actor al señalar que los cargos sobre la falta de competencia de la Contraloría para ejercer control fiscal en la empresa Archipiélago’s Power & Light y, el de la ausencia de culpa grave o dolo en la conducta del actor al condonar los intereses, no habían sido aducidos en la demanda ni en la vía gubernativa, lo cierto es que se pronunció de fondo declarando la legalidad de los actos demandados y por contera denegando las pretensiones de la demanda.

Por lo anteriormente expuesto y luego de analizados los fundamentos del fallo recurrido frente al recurso de apelación, no observa la Sala debate o controversia alguna planteada por el demandante respecto de los fundamentos de la mencionada providencia que permitan un reexamen de los mismos, por cuanto el apelante lo que hizo fue transcribir sin cambiar si quiera una coma, lo expuesto en los alegatos de conclusión que como ya se puso de presente, no es esta etapa la que traba la litis del debate procesal.

En vista de la ausencia de planteamientos de inconformidad frente a los cuales rebatir la decisión de la primera instancia, el fallo apelado será confirmado en su integridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMASE en su integridad la sentencia de octubre 11 de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(8) Así lo confirma el acta de la diligencia de versión libre y espontánea del 16 de mayo de 2001 visible a folios 15 a 18 del cuaderno 1.

(9) Copia de la demanda reposa a folios 228 a 249 del cuaderno principal.